El próximo año, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley que modernizará el actual funcionamiento de las cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, y que tiene como objetivo agilizar las causas en la segunda instancia, acorde con los procesos de la reforma civil y laboral.
La iniciativa crea la tercera Corte en Santiago y especializa, respectivamente, a los tribunales de alzada capitalinos en materias civiles, penales y laborales (lo que además incluye lo tributario, de familia y lo contencioso administrativo).
El proyecto de ley será enviado el próximo año al Congreso, según confirmó a "El Mercurio" el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien explicó que se está trabajando en esta materia.
El pleno de la Corte Suprema aprobó esta iniciativa en las jornadas de reflexión 2010 que se desarrollaron en La Serena.
En el encuentro, el máximo tribunal acordó insistir al Ejecutivo con la conveniencia del proyecto de ley que crea la tercera Corte de Apelaciones, "ya que las condiciones actuales hacen propicia la ocasión para su discusión legislativa, aprovechando la creación de seis cargos de ministros tributarios y aduaneros para la Corte de Apelaciones de San Miguel y la de Santiago, y el traspaso de 10 fiscales judiciales al cargo de ministro de corte".
La normativa busca descongestionar las actuales cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, las que pasarían a ver materias específicas.
Una de las ideas de los supremos es que a la nueva Corte se le entregue el conocimiento de los asuntos del trabajo, tributarios y aduaneros, de familia, lo contencioso administrativo y los recursos de protección.
Mientras que a la actual Corte de Apelaciones de Santiago se le quiere entregar todos los asuntos de materia civil; y a la de San Miguel que se le entregue la decisión de las cuestiones de naturaleza penal y contravencional.
También habría algunos cambios para regiones. Así, las cortes de Valparaíso y Concepción funcionarían con salas especializadas en diversas materias.
Si bien la idea había sido anunciada por el gobierno pasado, finalmente no se envió al Congreso. El ministro de Justicia ha estudiado la iniciativa para realizar algunas modificaciones.
Tendencia
Según concluyó el pleno de la Suprema, la especialización "es una tendencia que se impone cada vez con mayor fuerza en nuestro país, tanto porque a ello conducen las reformas procedimentales de los últimos años, como por la conveniencia en el perfeccionamientos de los jueces, la agilización en la decisión definitiva de las materias puestas en su conocimiento y la necesaria y pretendida unificación de la jurisprudencia".
En la actualidad, el territorio jurisdiccional está dividido, lo que se eliminaría con el proyecto que pretende la especialización.
Por ejemplo, en San Miguel se revisan causas de determinadas comunas como San Bernardo, Puente Alto, Talagante, Buin, y Peñaflor. En la Corte de Santiago, se tramitan las del resto.
La posible ubicación
En el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial también se ha abordado el tema y se estima que la tercera Corte de Apelaciones de Santiago se debería ubicar en el edificio de Avenida España con Toesca. En ese espacio funcionaron los juzgados del crimen y ahora algunos civiles. Esto último, debido a los arreglos que se realizan en el edificio de estos tribunales luego que resultaran con daños por el terremoto.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/11/15/nacional/nacional/noticias/14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC.htm?id={14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC}(El Mercurio)
lunes, 15 de noviembre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
Pleno de la Corte Suprema propone suprimir el feriado judicial
Suprimir el feriado judicial para que el funcionamiento de los tribunales sea continuado durante todo el año es otra de las decisiones que adoptó el Pleno de la Corte Suprema durante las jornadas de reflexión que se desarrollaron el fin de semana en La Serena.
El llamado feriado judicial de febrero rige sólo para materias civiles, ya que lo laboral, penal y de familia funcionan ininterrumpidamente durante todo el año.
En el caso de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones del país, se dejan salas de verano que revisan causas más urgentes.
"Es una institución un poco obsoleta, y nada justifica que algunos asuntos tengan un feriado judicial y se paralice el tribunal por un tiempo determinado. Nuestra política es que no debiera haber nunca tribunales que no funcionen durante todo el año. Por lo tanto, el feriado judicial ya no es una necesidad, y hay que eliminarlo", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.
El titular del máximo tribunal sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, encuentro en el que se abordará este tema y las otras propuestas de las jornadas de reflexión, ya que para que se materialice la iniciativa es necesario un proyecto de ley.
Juica aseguró, además, que con esta idea también se evita la discriminación con los funcionarios del Poder Judicial que gozan "del feriado judicial respecto a los otros que no".
Por su parte, el ministro de Justicia adelantó a "El Mercurio" que respalda la iniciativa porque "hace más equitativa la distribución de cargas (...) y evita esos rezagos en materia civil, que en febrero paraliza".
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, también se mostró partidario de la eliminación del feriado judicial, porque "está acorde a la época (...) No se puede estar un mes privado de administración de justicia".
Explicó que si bien para muchos abogados es "cómodo" que estén paralizados los tribunales, porque aprovechan de tomar vacaciones, desde el punto de vista público no pueden "estar parados".
La Suprema también está de acuerdo con la materialización del proyecto de ley que crea una Tercera Corte de Apelaciones para la Región Metropolitana, y de la especialización de éstas.
Destacan eliminación de abogados integrantes
Una favorable acogida entre los expertos del sistema procesal penal tuvo la opinión de los ministros de la Corte Suprema, que en su jornada de reflexión realizada en La Serena se mostraron partidarios de eliminar a los abogados integrantes.
El académico Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, cree que esto permitirá sacar de los tribunales de alzada a abogados litigantes que, ejerciendo también privadamente la profesión, conocían y tenían "acceso privilegiado a la intimidad del sistema". También desaparece una figura que no está en la Constitución, dijo.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP, señaló que la figura del abogado integrante está cuestionada desde hace mucho tiempo, por el grado de independencia de su trabajo. Lo destacó como una nueva señal de transparencia de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentará en las próximas semanas el proyecto de ley que elimina a los abogados integrantes y que fue evaluado por la Suprema en las jornadas de reflexión. "Hemos llegado a grandes consensos con respecto a la forma de eliminar a los abogados integrantes. Y en aquellas materias en las que hay disensos, que son las menos, hubo votaciones divididas".
Bulnes explicó que evaluará si acoge la propuesta de que las subrogancias las hagan jueces y ministros, y no suplentes externos al Poder Judicial, como está en la iniciativa del Ejecutivo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/26/nacional/nacional/noticias/2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C.htm?id={2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C}(El Mercurio)
El llamado feriado judicial de febrero rige sólo para materias civiles, ya que lo laboral, penal y de familia funcionan ininterrumpidamente durante todo el año.
En el caso de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones del país, se dejan salas de verano que revisan causas más urgentes.
"Es una institución un poco obsoleta, y nada justifica que algunos asuntos tengan un feriado judicial y se paralice el tribunal por un tiempo determinado. Nuestra política es que no debiera haber nunca tribunales que no funcionen durante todo el año. Por lo tanto, el feriado judicial ya no es una necesidad, y hay que eliminarlo", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.
El titular del máximo tribunal sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, encuentro en el que se abordará este tema y las otras propuestas de las jornadas de reflexión, ya que para que se materialice la iniciativa es necesario un proyecto de ley.
Juica aseguró, además, que con esta idea también se evita la discriminación con los funcionarios del Poder Judicial que gozan "del feriado judicial respecto a los otros que no".
Por su parte, el ministro de Justicia adelantó a "El Mercurio" que respalda la iniciativa porque "hace más equitativa la distribución de cargas (...) y evita esos rezagos en materia civil, que en febrero paraliza".
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, también se mostró partidario de la eliminación del feriado judicial, porque "está acorde a la época (...) No se puede estar un mes privado de administración de justicia".
Explicó que si bien para muchos abogados es "cómodo" que estén paralizados los tribunales, porque aprovechan de tomar vacaciones, desde el punto de vista público no pueden "estar parados".
La Suprema también está de acuerdo con la materialización del proyecto de ley que crea una Tercera Corte de Apelaciones para la Región Metropolitana, y de la especialización de éstas.
Destacan eliminación de abogados integrantes
Una favorable acogida entre los expertos del sistema procesal penal tuvo la opinión de los ministros de la Corte Suprema, que en su jornada de reflexión realizada en La Serena se mostraron partidarios de eliminar a los abogados integrantes.
El académico Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, cree que esto permitirá sacar de los tribunales de alzada a abogados litigantes que, ejerciendo también privadamente la profesión, conocían y tenían "acceso privilegiado a la intimidad del sistema". También desaparece una figura que no está en la Constitución, dijo.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP, señaló que la figura del abogado integrante está cuestionada desde hace mucho tiempo, por el grado de independencia de su trabajo. Lo destacó como una nueva señal de transparencia de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentará en las próximas semanas el proyecto de ley que elimina a los abogados integrantes y que fue evaluado por la Suprema en las jornadas de reflexión. "Hemos llegado a grandes consensos con respecto a la forma de eliminar a los abogados integrantes. Y en aquellas materias en las que hay disensos, que son las menos, hubo votaciones divididas".
Bulnes explicó que evaluará si acoge la propuesta de que las subrogancias las hagan jueces y ministros, y no suplentes externos al Poder Judicial, como está en la iniciativa del Ejecutivo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/26/nacional/nacional/noticias/2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C.htm?id={2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C}(El Mercurio)
lunes, 25 de octubre de 2010
La Moneda propone nueve meses de estadía en Chile como requisito para votar en el exterior
Buena parte del gabinete ministerial arribará mañana a Valparaíso para reforzar la labor del Ejecutivo en la discusión de varios proyectos en el Congreso. Uno de ellos será el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, quien llegará al Parlamento con una misión clave: consolidar durante esta semana un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para otorgar el voto a los chilenos en el exterior.
En los últimos días, el ministro sostuvo una serie de reuniones privadas con los presidentes de los partidos de la Concertación y de la Alianza, reactivando así el interés del Gobierno por impulsar las reformas políticas anunciadas por Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo.
La primera de ellas permite que los conciudadanos avecindados en el exterior puedan votar en la elección presidencial. La propuesta del Ejecutivo establece como requisito una permanencia en Chile de al menos nueve meses -que podrán acumularse- en los 10 años previos a los comicios electorales.
Además, el Gobierno está abierto a incluir un reglamento especial para todas aquellas personas que acrediten su condición de exiliado durante el gobierno militar, ya sea por las comisiones Rettig o Valech o la Ley de exonerados políticos.
Esto último ha generado rechazo entre los parlamentarios de la UDI, quienes insisten en que los exiliados también deben acreditar algún vínculo con el país.
Por ello es que Larroulet -junto al subsecretario Claudio Alvarado- espera reunirse cuanto antes con los representantes del oficialismo para explicar la propuesta del Ejecutivo y contar con su apoyo.
Como respaldo, el Gobierno utilizará el informe entregado por la comisión técnica liderada por el experto electoral UDI Andrés Tagle, y que incluye las características de las distintas comunidades de chilenos en el extranjero.
Concertación dividida
En la oposición, el tema ha sido largamente analizado en el Senado, donde los parlamentarios DC Soledad Alvear y Patricio Walker -miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Alta- han liderado las conversaciones con el Ejecutivo.
Al interior del bloque sostienen que el requisito de nueve meses es "prácticamente imposible" de cumplir. Sin embargo, existen dos posiciones respecto a cómo destrabar este punto.
Una parte de los senadores -que incluye a algunos miembros de las bancadas del PPD y de la DC- es partidaria de llegar a un consenso para rebajar el período de acreditación de la vinculación a seis meses o menos.
Un segundo grupo, encabezado por parlamentarios del PS, insiste en rechazar cualquier condición para los chilenos que viven en el exterior, idea que es defendida al interior del conglomerado como una demanda histórica de la Concertación.
"Queremos que el proyecto sea lo más amplio posible; pero si hay que llegar a un consenso, vamos a buscar un punto de encuentro", afirmó el senador DC Andrés Zaldívar.
Agenda
El titular de la Segpres encabezará una semana clave para el Ejecutivo en el Congreso, en que retomará la agenda programática y defenderá el proyecto de Presupuesto 2011.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/politica/noticias/89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68.htm?id={89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68}(El Mercurio)
En los últimos días, el ministro sostuvo una serie de reuniones privadas con los presidentes de los partidos de la Concertación y de la Alianza, reactivando así el interés del Gobierno por impulsar las reformas políticas anunciadas por Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo.
La primera de ellas permite que los conciudadanos avecindados en el exterior puedan votar en la elección presidencial. La propuesta del Ejecutivo establece como requisito una permanencia en Chile de al menos nueve meses -que podrán acumularse- en los 10 años previos a los comicios electorales.
Además, el Gobierno está abierto a incluir un reglamento especial para todas aquellas personas que acrediten su condición de exiliado durante el gobierno militar, ya sea por las comisiones Rettig o Valech o la Ley de exonerados políticos.
Esto último ha generado rechazo entre los parlamentarios de la UDI, quienes insisten en que los exiliados también deben acreditar algún vínculo con el país.
Por ello es que Larroulet -junto al subsecretario Claudio Alvarado- espera reunirse cuanto antes con los representantes del oficialismo para explicar la propuesta del Ejecutivo y contar con su apoyo.
Como respaldo, el Gobierno utilizará el informe entregado por la comisión técnica liderada por el experto electoral UDI Andrés Tagle, y que incluye las características de las distintas comunidades de chilenos en el extranjero.
Concertación dividida
En la oposición, el tema ha sido largamente analizado en el Senado, donde los parlamentarios DC Soledad Alvear y Patricio Walker -miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Alta- han liderado las conversaciones con el Ejecutivo.
Al interior del bloque sostienen que el requisito de nueve meses es "prácticamente imposible" de cumplir. Sin embargo, existen dos posiciones respecto a cómo destrabar este punto.
Una parte de los senadores -que incluye a algunos miembros de las bancadas del PPD y de la DC- es partidaria de llegar a un consenso para rebajar el período de acreditación de la vinculación a seis meses o menos.
Un segundo grupo, encabezado por parlamentarios del PS, insiste en rechazar cualquier condición para los chilenos que viven en el exterior, idea que es defendida al interior del conglomerado como una demanda histórica de la Concertación.
"Queremos que el proyecto sea lo más amplio posible; pero si hay que llegar a un consenso, vamos a buscar un punto de encuentro", afirmó el senador DC Andrés Zaldívar.
Agenda
El titular de la Segpres encabezará una semana clave para el Ejecutivo en el Congreso, en que retomará la agenda programática y defenderá el proyecto de Presupuesto 2011.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/politica/noticias/89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68.htm?id={89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68}(El Mercurio)
Supremos acuerdan poner fin a figura de abogados integrantes
Tras un intenso debate, el pleno de la Corte Suprema se mostró por primera vez partidario de eliminar la figura de los abogados integrantes, quienes cumplen la función de reemplazar a los ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones cuando éstos no pueden asistir a las salas para revisar causas.
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
miércoles, 6 de octubre de 2010
Cámara aprobó bono a parejas que cumplan 50 años de matrimonio
La Cámara de Diputados aprobó el llamado proyecto "bodas de oro", que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio. La aprobación en general tuvo 96 votos a favor y una abstención, y posteriormente, en la votación en particular, se aprobó con 95 votos a favor una indicación que extiende de seis a doce meses el plazo para impetrar el beneficio ante el Instituto de Previsión Social.
La Comisión de Familia aprobó el otorgamiento del bono de 250 mil pesos a los matrimonios que pertenecen a los cuatro quintiles de menores ingresos, pero que cumplan 50 ó 60 años de casados a partir del 1 de enero de 2010, sin límite de tiempo hacia adelante, como asimismo a los que cumplan 61 o más años de casados durante el presente año.
De este modo, se beneficiará a todas las parejas que cumplan esos requisitos dentro del presente año y no sólo a partir de la aprobación de la ley. El beneficio que originalmente se extinguiría el año 2013 se hizo permanente y se otorgaría desde este año hasta el 2020, a los cónyuges que cumplan 50 y 60 años de matrimonio, respectivamente, cubriéndose así gradualmente un stock que no podría cubrirse de una sola vez dado que ello irrogaría un gasto superior a los 70 millones de dólares.
Las personas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir del 1 de enero de este año no tendrán derecho a este bono.
El bono se reajustará el 1 de octubre de cada año en el 100% de la variación que experimente el IPC. También se establece que podrán ser beneficiarios los cónyuges que cumplan con los requisitos exigidos en un segundo o posterior matrimonio.
Los beneficiarios del bono serán 30 mil personas por año entre las que cumplen 50 años de casadas a partir del 1 de enero de 2010; 14 mil por año entre las que cumplen 60 años de casadas desde esa misma fecha en adelante, y 40 mil entre las que cumplen 61 o más años de vida en común durante el año en curso, llegándose a un total de 84 mil personas beneficiadas el primer año de vigencia de la ley.
La estimación de costos de la iniciativa asciende a 19,6 millones de dólares para el año 2010; a 10,3 millones de dólares entre 2011 y 2019, y a poco más de 7 millones de dólares desde 2020 en adelante, suponiendo que para entonces se habrán beneficiado todas las parejas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir de este año.
Para cobrar el bono, que se pagará por mitades a cada cónyuge, éstos deberán concurrir en forma conjunta, personalmente o representados, a solicitarlo al Instituto de Previsión Social y acreditar el cumplimiento de los requisitos, dentro de un plazo de doce meses, tras el cual se entiende que el beneficiario ha renunciado al mismo.
Son acreedores al beneficio los matrimonios civiles legalmente celebrados o inscritos en Chile, excluyéndose por tanto aquellos contraídos sólo en ceremonia religiosa y los realizados en el extranjero que no hayan sido acreditados en nuestro país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439949(Emol)
La Comisión de Familia aprobó el otorgamiento del bono de 250 mil pesos a los matrimonios que pertenecen a los cuatro quintiles de menores ingresos, pero que cumplan 50 ó 60 años de casados a partir del 1 de enero de 2010, sin límite de tiempo hacia adelante, como asimismo a los que cumplan 61 o más años de casados durante el presente año.
De este modo, se beneficiará a todas las parejas que cumplan esos requisitos dentro del presente año y no sólo a partir de la aprobación de la ley. El beneficio que originalmente se extinguiría el año 2013 se hizo permanente y se otorgaría desde este año hasta el 2020, a los cónyuges que cumplan 50 y 60 años de matrimonio, respectivamente, cubriéndose así gradualmente un stock que no podría cubrirse de una sola vez dado que ello irrogaría un gasto superior a los 70 millones de dólares.
Las personas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir del 1 de enero de este año no tendrán derecho a este bono.
El bono se reajustará el 1 de octubre de cada año en el 100% de la variación que experimente el IPC. También se establece que podrán ser beneficiarios los cónyuges que cumplan con los requisitos exigidos en un segundo o posterior matrimonio.
Los beneficiarios del bono serán 30 mil personas por año entre las que cumplen 50 años de casadas a partir del 1 de enero de 2010; 14 mil por año entre las que cumplen 60 años de casadas desde esa misma fecha en adelante, y 40 mil entre las que cumplen 61 o más años de vida en común durante el año en curso, llegándose a un total de 84 mil personas beneficiadas el primer año de vigencia de la ley.
La estimación de costos de la iniciativa asciende a 19,6 millones de dólares para el año 2010; a 10,3 millones de dólares entre 2011 y 2019, y a poco más de 7 millones de dólares desde 2020 en adelante, suponiendo que para entonces se habrán beneficiado todas las parejas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir de este año.
Para cobrar el bono, que se pagará por mitades a cada cónyuge, éstos deberán concurrir en forma conjunta, personalmente o representados, a solicitarlo al Instituto de Previsión Social y acreditar el cumplimiento de los requisitos, dentro de un plazo de doce meses, tras el cual se entiende que el beneficiario ha renunciado al mismo.
Son acreedores al beneficio los matrimonios civiles legalmente celebrados o inscritos en Chile, excluyéndose por tanto aquellos contraídos sólo en ceremonia religiosa y los realizados en el extranjero que no hayan sido acreditados en nuestro país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439949(Emol)
Senado aprueba proyecto que modifica límites de la justicia militar
Permitir que los civiles sean juzgados por la justicia ordinaria y que los militares por los tribunales castrenses, es el objetivo central del proyecto que modifica el sistema de justicia militar que fue aprobado en forma unánime por la Sala del Senado.
No obstante, los senadores rechazaron con 5 votos a favor y 13 en contra y 4 abstenciones, una indicación presentada por el senador Alejandro Navarro que buscaba que en los casos de coautoría de civiles y militares en la comisión de delitos comunes, sean competentes los tribunales ordinarios.
Cabe recordar que con esto, la iniciativa que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo como una forma de colaborar al término del conflicto con comuneros mapuche, quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
Durante el debate de este proyecto, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Patricio Walker, Jaime Quintana y Hernán Larraín, además de los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa Jaime Ravinet.
Discusión
La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien informó sobre los alcances de la iniciativa y el trabajo que realizaron en conjunto las Comisiones de Constitución y Defensa Unidas.
En tal sentido, destacó que se estableciera explícitamente que a los menores de 18 años sólo se les aplique la ley de responsabilidad penal juvenil y no la justicia militar.
Asimismo, explicó que en los casos de co autoría y co participación de civiles y militares, serán competentes respecto de los civiles los juzgados ordinarios y respecto de los militares los juzgados castrenses.
También se estableció que las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares y deben ser resueltas por la Corte Suprema y al mismo tiempo se señaló que en esos casos el auditor militar quede excluido de la composición de esa sala.
En tanto, el Ministerio Público debe señalar en su acusación los medios de pruebas rendidos en el tribunal militar para que no se pierda la prueba, lo que según la senadora era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtió el Fiscal Nacional.
A su turno, el senador Navarro manifestó la voluntad positiva de avanzar en este proyecto que obedece a un acuerdo político que se buscó para avanzar en el término de la huelga de hambre de comuneros, pero lamentó que no se considerara una modificación más profunda que permitiera que los tribunales castrenses sólo tuvieran competencia para juzgar a militares que cometen delitos de índole militar y no comunes.
El senador Patricio Walker precisó que está disponible a avanzar en esa línea, antes de que el Ejecutivo envíe un proyecto, pues ya existe una iniciativa parlamentaria que apunta a que los tribunales castrenses conozcan de causas militares por delitos militares y no por delitos comunes.
En tanto, el senador Quintana manifestó que la iniciativa permite avanzar en la situación de los mapuche pero también terminar con el doble procesamiento. Agregó que en un sistema democrático no se sostiene un sistema como éste, más aun cuando una gran cantidad de los delitos que se ve en los tribunales militares no son delitos castrenses sino que comunes.
A su turno, el Ministro Bulnes agradeció el trabajo “rápido y eficaz” realizado en el Senado pues ello permitió realizar una serie de perfeccionamientos a la iniciativa.
Por su parte, el Ministro Ravinet reiteró el compromiso del Ejecutivo para impulsar una reforma más amplia y más profunda en materia de competencias; modificar el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales militares para asimilarlos a los de la reforma procesal penal y hacer una profunda revisión de los denominados delitos militares con el fin de adaptarlos al principio moderno del derecho.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=440008(Emol)
No obstante, los senadores rechazaron con 5 votos a favor y 13 en contra y 4 abstenciones, una indicación presentada por el senador Alejandro Navarro que buscaba que en los casos de coautoría de civiles y militares en la comisión de delitos comunes, sean competentes los tribunales ordinarios.
Cabe recordar que con esto, la iniciativa que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo como una forma de colaborar al término del conflicto con comuneros mapuche, quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
Durante el debate de este proyecto, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Patricio Walker, Jaime Quintana y Hernán Larraín, además de los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa Jaime Ravinet.
Discusión
La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien informó sobre los alcances de la iniciativa y el trabajo que realizaron en conjunto las Comisiones de Constitución y Defensa Unidas.
En tal sentido, destacó que se estableciera explícitamente que a los menores de 18 años sólo se les aplique la ley de responsabilidad penal juvenil y no la justicia militar.
Asimismo, explicó que en los casos de co autoría y co participación de civiles y militares, serán competentes respecto de los civiles los juzgados ordinarios y respecto de los militares los juzgados castrenses.
También se estableció que las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares y deben ser resueltas por la Corte Suprema y al mismo tiempo se señaló que en esos casos el auditor militar quede excluido de la composición de esa sala.
En tanto, el Ministerio Público debe señalar en su acusación los medios de pruebas rendidos en el tribunal militar para que no se pierda la prueba, lo que según la senadora era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtió el Fiscal Nacional.
A su turno, el senador Navarro manifestó la voluntad positiva de avanzar en este proyecto que obedece a un acuerdo político que se buscó para avanzar en el término de la huelga de hambre de comuneros, pero lamentó que no se considerara una modificación más profunda que permitiera que los tribunales castrenses sólo tuvieran competencia para juzgar a militares que cometen delitos de índole militar y no comunes.
El senador Patricio Walker precisó que está disponible a avanzar en esa línea, antes de que el Ejecutivo envíe un proyecto, pues ya existe una iniciativa parlamentaria que apunta a que los tribunales castrenses conozcan de causas militares por delitos militares y no por delitos comunes.
En tanto, el senador Quintana manifestó que la iniciativa permite avanzar en la situación de los mapuche pero también terminar con el doble procesamiento. Agregó que en un sistema democrático no se sostiene un sistema como éste, más aun cuando una gran cantidad de los delitos que se ve en los tribunales militares no son delitos castrenses sino que comunes.
A su turno, el Ministro Bulnes agradeció el trabajo “rápido y eficaz” realizado en el Senado pues ello permitió realizar una serie de perfeccionamientos a la iniciativa.
Por su parte, el Ministro Ravinet reiteró el compromiso del Ejecutivo para impulsar una reforma más amplia y más profunda en materia de competencias; modificar el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales militares para asimilarlos a los de la reforma procesal penal y hacer una profunda revisión de los denominados delitos militares con el fin de adaptarlos al principio moderno del derecho.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=440008(Emol)
Médico de Gendarmería confirma que Pilar Pérez quiso suicidarse
Hay días en que María del Pilar Pérez pasa inadvertida en el juicio en su contra. Pero ayer fue distinto. La mujer -quien junto a su supuesto sicario, José Ruz, está acusada de tres homicidios- estuvo especialmente intranquila, sobre todo con dos elementos de la audiencia.
El primero, el testimonio del psiquiatra de Gendarmería Rafael Vizuete, cuyas afirmaciones ella negaba con la cabeza. El segundo, mientras veía imágenes del interior de su casa de Seminario. Por primera vez en el proceso, lloró.
Pero a juicio del Ministerio Público, el mayor valor probatorio de la novena jornada del juicio estuvo en el testimonio de Vizuete. Éste señaló que Pérez le reconoció que quiso suicidarse con pastillas tras el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel y antes de su detención. "Dijo que estaba sobrepasada, que sentía que tocó fondo y que su idea era quitarse la vida", declaró Vizuete. Su testimonio contradice la defensa de Pérez, que argumenta que ella nunca pretendió quitarse la vida. El informe del doctor (al que tuvo acceso este diario) describe a la mujer como narcisista, fría y distante.
Además, revela una sospecha de la acusada: "Refiere que le hicieron magia negra, porque su hijo cambió mucho, era su brazo derecho, que su nuera le hizo brujería, por eso le salió todo mal y perdió la relación con su hijo". Pérez se refiere así a los problemas con su hijo Juan José, luego que éste decidiera casarse con Montserrat Hernando.
Contacto en un café
El Ministerio Público podría citar hoy al estrado de los testigos al comerciante Marcos Silva Ruz, primo de José Ruz y dueño de locales "café con piernas" en el centro de Santiago. Para los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, este hombre es clave para explicar cómo se generó el nexo entre Pilar Pérez y el presunto sicario.
Según la indagatoria, Silva y Ruz eran socios, y fue el primero quien presentó al segundo con Pérez. Ésta asesoraba a la organización de cafeteros en la remodelación de los locales, para que cumplieran con los requerimientos impuestos por la municipalidad. Hoy también prestarían declaración más peritos relacionados con el homicidio de Schmidt-Hebbel.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/06/nacional/nacional/noticias/E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83.htm?id={E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83} (El Mercurio)
El primero, el testimonio del psiquiatra de Gendarmería Rafael Vizuete, cuyas afirmaciones ella negaba con la cabeza. El segundo, mientras veía imágenes del interior de su casa de Seminario. Por primera vez en el proceso, lloró.
Pero a juicio del Ministerio Público, el mayor valor probatorio de la novena jornada del juicio estuvo en el testimonio de Vizuete. Éste señaló que Pérez le reconoció que quiso suicidarse con pastillas tras el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel y antes de su detención. "Dijo que estaba sobrepasada, que sentía que tocó fondo y que su idea era quitarse la vida", declaró Vizuete. Su testimonio contradice la defensa de Pérez, que argumenta que ella nunca pretendió quitarse la vida. El informe del doctor (al que tuvo acceso este diario) describe a la mujer como narcisista, fría y distante.
Además, revela una sospecha de la acusada: "Refiere que le hicieron magia negra, porque su hijo cambió mucho, era su brazo derecho, que su nuera le hizo brujería, por eso le salió todo mal y perdió la relación con su hijo". Pérez se refiere así a los problemas con su hijo Juan José, luego que éste decidiera casarse con Montserrat Hernando.
Contacto en un café
El Ministerio Público podría citar hoy al estrado de los testigos al comerciante Marcos Silva Ruz, primo de José Ruz y dueño de locales "café con piernas" en el centro de Santiago. Para los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, este hombre es clave para explicar cómo se generó el nexo entre Pilar Pérez y el presunto sicario.
Según la indagatoria, Silva y Ruz eran socios, y fue el primero quien presentó al segundo con Pérez. Ésta asesoraba a la organización de cafeteros en la remodelación de los locales, para que cumplieran con los requerimientos impuestos por la municipalidad. Hoy también prestarían declaración más peritos relacionados con el homicidio de Schmidt-Hebbel.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/06/nacional/nacional/noticias/E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83.htm?id={E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83} (El Mercurio)
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