Tras la renuncia de Jorge Navarrete al directorio del capítulo chileno de Transparencia Internacional, a causa de la polémica que generó el informe que mencionaba la multa que la SVS impuso a Sebastián Piñera por la compra de acciones de LAN, el candidato de la Alianza afirmó que "todos tendrán que evaluar sus actos y asumir sus responsabilidades".
"Transparencia Internacional, Transparencia Chile, fueron utilizados por gente que sabemos para quién trabaja y que faltó a la verdad. Hizo algo que está mal y se aprovechó de una situación para hacer campaña sucia y desgraciadamente un candidato cayó en esas mismas conductas", dijo Piñera en el marco de su gira por la Quinta Región.
A juicio del abanderado de RN y UDI, "todos tendrán que evaluar sus actos, asumir sus responsabilidades y los que tengan que dar una explicación al país, yo espero que lo hagan".
Respecto a si tras esta dimisión es necesario que se presenten más renuncias al interior de la entidad, Piñera sostuvo que "cuando una persona se equivoca, reconocerlo es un acto de valentía, y al que le caiga el sayo que se lo ponga".
Tras esto, y a propósito de que Eduardo Frei fue quien citó el informe de Transparencia Internacional en medio del debate presidencial en TV, Piñera insistió en su llamado para que el candidato de la Concertación se disculpe.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=378213 (EMOL)
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Creación del Ministerio de Seguridad se retrasa en cerca de seis meses
La Cámara de Diputados votó ayer el proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto al Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, que reemplazará al Conace. Pese a que la Sala aprobó el texto general que establece dicha institución por 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, artículos claves que requerían quórum calificado fueron rechazados por la Alianza. Entre éstos, el que traslada Carabineros desde Defensa a Interior.
El subsecretario de Interior, Patricio Rosende, calificó el resultado como "incomprensible e irracional", destacando que "buena parte de la UDI usa la delincuencia sólo como eslogan electoral". El jefe de la bancada UDI, Claudio Alvarado, dijo que "falta mejorar el proyecto y hacer reformas en profundidad". Tras la votación, el proyecto pasará a revisión al Senado y necesariamente será discutido en Comisión Mixta. Según parlamentarios, el trámite se extenderá en al menos seis meses.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/nacional/noticias/E8103F75-CC0A-4315-A992-C8A5AEAB303C.htm?id={E8103F75-CC0A-4315-A992-C8A5AEAB303C} (El Mercurio)
El subsecretario de Interior, Patricio Rosende, calificó el resultado como "incomprensible e irracional", destacando que "buena parte de la UDI usa la delincuencia sólo como eslogan electoral". El jefe de la bancada UDI, Claudio Alvarado, dijo que "falta mejorar el proyecto y hacer reformas en profundidad". Tras la votación, el proyecto pasará a revisión al Senado y necesariamente será discutido en Comisión Mixta. Según parlamentarios, el trámite se extenderá en al menos seis meses.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/nacional/noticias/E8103F75-CC0A-4315-A992-C8A5AEAB303C.htm?id={E8103F75-CC0A-4315-A992-C8A5AEAB303C} (El Mercurio)
Fiscal reconoce por primera vez autoridad de un lonco
En un hecho judicial inédito, el fiscal de Collipulli, César Shibar, invocó como circunstancia agravante el atacar a un lonco o jefe mapuche, al reconocerle su calidad de autoridad indígena tradicional.
Ello, al solicitar penas de más de siete años para los mapuches Luis Toris y José Queipul, que en noviembre de 2008 atacaron y dispararon a la casa del lonco Juan Catrillanca (en la foto) en la comunidad Temucuicui, Ercilla.
En la preparación de juicio oral, Shibar dijo que al solicitar las penas se invocó como agravante el artículo 12, N° 18, que califica como atentado a la autoridad el "ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/nacional/noticias/20ADC65D-B8FE-40FC-BB8F-329139602D13.htm?id={20ADC65D-B8FE-40FC-BB8F-329139602D13} (El Mercurio)
Ello, al solicitar penas de más de siete años para los mapuches Luis Toris y José Queipul, que en noviembre de 2008 atacaron y dispararon a la casa del lonco Juan Catrillanca (en la foto) en la comunidad Temucuicui, Ercilla.
En la preparación de juicio oral, Shibar dijo que al solicitar las penas se invocó como agravante el artículo 12, N° 18, que califica como atentado a la autoridad el "ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/nacional/noticias/20ADC65D-B8FE-40FC-BB8F-329139602D13.htm?id={20ADC65D-B8FE-40FC-BB8F-329139602D13} (El Mercurio)
Cámara "se cuadra" con vocales: piden bono y día libre al Gobierno
Desde hace algunas elecciones, el Gobierno les paga a los vocales de mesa un bono por cumplir su labor. En las municipales de 2008, fue de $7 mil. Pero ayer, la Cámara aprobó por unanimidad una moción del diputado UDI Manuel Rojas que no sólo le pide al Gobierno que envíe un proyecto de ley con suma urgencia para aumentar el bono a $10 mil, sino que entregue un día libre en sus trabajos a quienes desarrollen esa tarea.
Así, los parlamentarios le dejaron la tarea al Ejecutivo, quien deberá enviar el proyecto que fije las condiciones para diciembre.
$10 mil
sería el bono
para los vocales en diciembre.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/politica/noticias/F13A1FDD-7B9A-4FA4-986A-28B8DEBB02D4.htm?id={F13A1FDD-7B9A-4FA4-986A-28B8DEBB02D4} (El Mercurio)
Así, los parlamentarios le dejaron la tarea al Ejecutivo, quien deberá enviar el proyecto que fije las condiciones para diciembre.
$10 mil
sería el bono
para los vocales en diciembre.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/politica/noticias/F13A1FDD-7B9A-4FA4-986A-28B8DEBB02D4.htm?id={F13A1FDD-7B9A-4FA4-986A-28B8DEBB02D4} (El Mercurio)
Armada eleva a Chiloé a categoría de zona naval y se aprueba el Alto Mando 2010
La Armada decidió transformar en Quinta Zona Naval el actual distrito naval de Chiloé, con asiento en Puerto Montt, y nombró al comodoro Francisco García-Huidobro como su primer encargado, según la conformación del Alto Mando Naval para el año 2010 aprobada por la Presidenta Michelle Bachelet.
La decisión, según explicaron fuentes de la Armada, se fundamenta en el importante incremento de las actividades marítimas que ha experimentado dicha área en los últimos años.
La institución informó también que pasarán a retiro seis contraalmirantes, que dos contraalmirantes ascienden al grado de vicealmirantes y ascenderán a contraalmirantes cinco capitanes de navío y dos comodoros -capitanes de navío que han estado desempeñando cargos que corresponden a contraalmirantes.
Pasarán a retiro los contraalmirantes Luis Torres Vásquez, Enrique Merino Mackenzie, Cristián del Real Pérez, César López Pérez, Felipe Ojeda Simons y Marcelo Barbieri Wiedmaier.
El orden del Alto Mando 2010 es encabezado por el comandante en jefe, almirante Edmundo González Robles; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Francisco Guzmán Vial; el director general del Personal, vicealmirante Robert Gibbons Hodgson, y el director general de los Servicios, vicealmirante Eduardo Junge Pümpin.
Asimismo, ascenderán al grado de vicealmirante los contraalmirantes Federico Niemann Figari y Enrique Larrañaga Martin, en tanto que a contraalmirante ascenderán los comodoros Matías Purcell Echeverría y Ricardo Böeke Friederichs y los capitanes de navío Gastón Massa Barros, Giancarlo Stagno Canziani, Gabriel Barros Orrego, Cristián Davanzo Hyslop y Marco Amigo Jiménez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/politica/noticias/F59E0604-101C-495A-943D-F8A1058CBCF2.htm?id={F59E0604-101C-495A-943D-F8A1058CBCF2} (El Mercurio)
La decisión, según explicaron fuentes de la Armada, se fundamenta en el importante incremento de las actividades marítimas que ha experimentado dicha área en los últimos años.
La institución informó también que pasarán a retiro seis contraalmirantes, que dos contraalmirantes ascienden al grado de vicealmirantes y ascenderán a contraalmirantes cinco capitanes de navío y dos comodoros -capitanes de navío que han estado desempeñando cargos que corresponden a contraalmirantes.
Pasarán a retiro los contraalmirantes Luis Torres Vásquez, Enrique Merino Mackenzie, Cristián del Real Pérez, César López Pérez, Felipe Ojeda Simons y Marcelo Barbieri Wiedmaier.
El orden del Alto Mando 2010 es encabezado por el comandante en jefe, almirante Edmundo González Robles; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Francisco Guzmán Vial; el director general del Personal, vicealmirante Robert Gibbons Hodgson, y el director general de los Servicios, vicealmirante Eduardo Junge Pümpin.
Asimismo, ascenderán al grado de vicealmirante los contraalmirantes Federico Niemann Figari y Enrique Larrañaga Martin, en tanto que a contraalmirante ascenderán los comodoros Matías Purcell Echeverría y Ricardo Böeke Friederichs y los capitanes de navío Gastón Massa Barros, Giancarlo Stagno Canziani, Gabriel Barros Orrego, Cristián Davanzo Hyslop y Marco Amigo Jiménez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/30/nacional/politica/noticias/F59E0604-101C-495A-943D-F8A1058CBCF2.htm?id={F59E0604-101C-495A-943D-F8A1058CBCF2} (El Mercurio)
martes, 29 de septiembre de 2009
Ministro de OO.PP. presenta a parlamentarios propuesta de reforma de las aguas
En dependencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se reunieron este lunes el titular de la cartera, Sergio Bitar, y los senadores Mariano Ruíz-Esquide (DC), Guido Girardi (PPD) y Ricardo Núñez (PS), los cuales han desarrollado proyectos para la regulación de las aguas, quienes recibieron la propuesta respecto a la materia.Tras la reunión con los senadores, Bitar manifestó que "quiero agradecer la visita de los senadores Girardi, Ruiz-Esquide y Núñez, quienes han venido a informarse y recoger el proyecto de reforma constitucional, que el comité de ministros de asuntos hídricos -creado por la Presidenta- ha preparado y que se encuentra en revisión definitiva para su envío al Congreso", dijo el secretario de Estado, que estuvo acompañado por el director de Aguas del MOP, Rodrigo Weisner.El ministro Bitar aseveró que el proyecto es esencial para lo que viene en Chile: "No estar dispuesto a discutir sobre el agua es no entender lo que pasa en el mundo ni en Chile. Además, internacionalmente, el debate gira en torno a considerar al agua como derecho humano; todas las informaciones de cambio climático, escasez de agua, aumento de la demanda por agua, agotamiento de acuíferos, la necesidad de medir la situación de los glaciares, las tensiones crecientes entre minería, agro e industria, hacen indispensable también revisar lo que dice la Constitución en Chile", sostuvo.Por tal motivo, aseguró la autoridad, es necesario entrar al Bicentenario con una propuesta de cambio de la Constitución en materia del agua, con el propósito de hacer su distribución más justa y también más eficaz para el desarrollo económico.De acuerdo al Código de Aguas de 1981, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación y a los chilenos y chilenas. Sin embargo, esto no se encuentra explícito en la Constitución.Bitar destacó que "el proyecto de Ley del Ejecutivo no es un proyecto de nacionalización del agua, es un proyecto de mejoramiento, de regulación de un mercado que, a nuestro juicio, está distorsionado. De manera que abre la puerta, y tiene un punto de consenso con los senadores que están presentes y de otros (esperamos la mayor parte), en el sentido de declarar bien nacional de uso público al agua".Sin perjuicio de lo anterior, expresó que "una reforma constitucional requiere de un porcentaje de votos que no tiene la Concertación y es una materia en que nosotros confiamos que los senadores y, después, los diputados, hagan la discusión y se arribe a la forma que cada uno de los senadores estime más pertinente".La semana anterior, el titular del MOP entregó esta propuesta a diversos personeros representantes del mundo empresarial, como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle; el presidente de la Sociedad de Fomento Fabrrl, Andrés Concha; y el secretario general de Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte.Además, el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, encabezó esa misma semana en el MOP una reunión de fondo con una veintena de organizaciones con interés en el tema del agua, los obispos de Copiapó, Gaspar Quintana, y el presidente de Caritas, Juan Luis Ysern; Teresa Sarmiento, de la Federación de Agua Potable Rural de la Región Metropolita; Millaray Paineman, de la Asociación Nacional de Campesinas y etnias de Chile; Sara Larrain, directora del Programa Chile Sustentable; los presidentes de las ONGs Codeff, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política y la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Sanitarias (Fenatraos).
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377955 (Emol)
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377955 (Emol)
Por cuasidelito de homicidio formalizan al ex director del Hospital de Talca
Como autor de cuasidelito de homicidio por negligencia médica, el Ministerio Público formalizó cargos al ex director (i) del Hospital de Talca, doctor Luis Jaime Gaete, acusado de no asistir oportunamente a un recién nacido con complicaciones respiratorias en la Clínica del Maule, en mayo de 2005. El lactante falleció 15 horas después del parto producto del actuar "negligente" del facultativo, según la fiscalía. "Los peritajes indican que existe estricta relación de causalidad entre la falta de atención adecuada y oportuna, y el resultado fatal", explicó el fiscal Ángel Ávila, afirmando que el deceso era evitable. Tras 10 minutos del parto por cesárea ese día, el neonato comenzó a agravarse con una baja capacidad respiratoria, que no fue tratada con ventilación mecánica, pese a que las complicaciones fueron advertidas a tiempo en la clínica.
El médico descartó una negligencia. "Son situaciones que ocurren. Es lamentable, pero no dependía de mí", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/nacional/noticias/F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257.htm?id={F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257} (El Mercurio)
El médico descartó una negligencia. "Son situaciones que ocurren. Es lamentable, pero no dependía de mí", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/nacional/noticias/F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257.htm?id={F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257} (El Mercurio)
Madre, hermana, sobrina, cuñado e hijo de Pilar Pérez piden millonaria reparación
Ayer, María del Pilar Pérez y el sicario José Ruz Rodríguez sumaron dos nuevas demandas civiles en su contra por los tres crímenes que ambos habrían planificado y materializado en Providencia en 2008.
El hijo mayor de la imputada, Juan José Zamorano, los demandó por la suma de $200 millones por el crimen de su progenitor -y ex marido de la mujer- Francisco Zamorano Marfull, ocurrido el 23 de abril de ese año en su casa de Infante 1020. Ese día, también fue abatido su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. La acción habría sido ejecutada por José Ruz por encargo de la mujer y con la promesa de un pago de $1 millón por cada uno.
Según el escrito patrocinado por el abogado José Luis Pérez Calaf, los hechos provocaron a Juan José una "profunda aflicción, desasosiego, angustia, dolor e incertidumbre".
Ayer también se consignó la demanda civil de la familia Molina Pérez en contra de los imputados. Agustín Molina, cuñado de Pérez López, encabeza la acción solicitando una reparación de $25 millones, al igual que su esposa Gloria Pérez y María Aurelia López, madre de la acusada.
En tanto, María Belén Molina solicitó $40 millones de reparación, en su calidad de novia del asesinado Diego Schmidt-Hebbel, hecho ocurrido en la puerta de la casa de los Molina Pérez en Seminario 95. Según la imputación, Pérez López le encargó a Ruz matar a toda su familia, pero el plan falló.
La acción civil describe que los Molina Pérez fueron quienes primero pensaron que el ataque a Diego "obedecía a una acción deliberada y concertada, intuyendo en ello la participación de la acusada Pilar Pérez".
Ambos querellantes adhirieron a la acusación del Ministerio Público en la que se pidió presidio perpetuo calificado para los dos acusados.
Pérez y Ruz ya enfrentaban la demanda de los padres de Diego Schmidt-Hebbel, por $490 millones, y la de la hija menor de la mujer, Rocío Zamorano, por $171 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/_portada/noticias/0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0.htm?id={0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0} (El Mercurio)
El hijo mayor de la imputada, Juan José Zamorano, los demandó por la suma de $200 millones por el crimen de su progenitor -y ex marido de la mujer- Francisco Zamorano Marfull, ocurrido el 23 de abril de ese año en su casa de Infante 1020. Ese día, también fue abatido su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. La acción habría sido ejecutada por José Ruz por encargo de la mujer y con la promesa de un pago de $1 millón por cada uno.
Según el escrito patrocinado por el abogado José Luis Pérez Calaf, los hechos provocaron a Juan José una "profunda aflicción, desasosiego, angustia, dolor e incertidumbre".
Ayer también se consignó la demanda civil de la familia Molina Pérez en contra de los imputados. Agustín Molina, cuñado de Pérez López, encabeza la acción solicitando una reparación de $25 millones, al igual que su esposa Gloria Pérez y María Aurelia López, madre de la acusada.
En tanto, María Belén Molina solicitó $40 millones de reparación, en su calidad de novia del asesinado Diego Schmidt-Hebbel, hecho ocurrido en la puerta de la casa de los Molina Pérez en Seminario 95. Según la imputación, Pérez López le encargó a Ruz matar a toda su familia, pero el plan falló.
La acción civil describe que los Molina Pérez fueron quienes primero pensaron que el ataque a Diego "obedecía a una acción deliberada y concertada, intuyendo en ello la participación de la acusada Pilar Pérez".
Ambos querellantes adhirieron a la acusación del Ministerio Público en la que se pidió presidio perpetuo calificado para los dos acusados.
Pérez y Ruz ya enfrentaban la demanda de los padres de Diego Schmidt-Hebbel, por $490 millones, y la de la hija menor de la mujer, Rocío Zamorano, por $171 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/_portada/noticias/0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0.htm?id={0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0} (El Mercurio)
lunes, 28 de septiembre de 2009
Gobierno convertirá la División de Seguridad Pública en una subsecretaría
El Gobierno comenzó los preparativos para reconvertir la actual División de Seguridad Pública en la futura Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pronto a aprobarse en el Congreso.
La propuesta legislativa se verá mañana en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cuando será votada en sala.
Tras la salida de la jefa de la División, Gloria Requena (PS), quien debió presentar su renuncia al cargo el 17 de septiembre, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que ya inició la búsqueda de quien deberá asumir las tareas de subsecretario de la nueva cartera.
Aunque no quiso adelantar el perfil de la persona, dijo que deberá estar capacitado para reorganizar completamente su estructura.
El pasado lunes 21 fue nombrado como jefe de División interino el sociólogo Antonio Frey Valdés, pero trascendió que éste no aceptó el ofrecimiento que le hicieran para que asumiera el cargo en calidad de titular.
La idea de nombrar a Frey era apoyada por los institutos dedicados al estudio del problema de la delincuencia, pues en ese círculo es considerado como un profesional capaz de asumir con éxito esta misión. Sin embargo, el profesional optó por continuar adelante con sus planes personales, de partir a Europa en las próximas semanas para realizar un diplomado relacionado con su especialidad.
De acuerdo con lo informado por el propio Rosende, "en el contexto de esa nueva reestructuración se hace necesario proyectar al nuevo Ministerio del Interior con una subsecretaría de Prevención que va a reemplazar al programa de seguridad y participación ciudadana con un perfil distinto". Según la autoridad, lo que busca el Gobierno "es dar un vuelco para iniciar una nueva etapa con una institucionalidad completamente distinta".
Consultado el subsecretario Rosende por qué no se esperó tener al reemplazante definitivo de Gloria Requena antes de pedirle la renuncia, declinó dar explicaciones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F.htm?id={FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F} (El Mercurio)
La propuesta legislativa se verá mañana en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cuando será votada en sala.
Tras la salida de la jefa de la División, Gloria Requena (PS), quien debió presentar su renuncia al cargo el 17 de septiembre, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que ya inició la búsqueda de quien deberá asumir las tareas de subsecretario de la nueva cartera.
Aunque no quiso adelantar el perfil de la persona, dijo que deberá estar capacitado para reorganizar completamente su estructura.
El pasado lunes 21 fue nombrado como jefe de División interino el sociólogo Antonio Frey Valdés, pero trascendió que éste no aceptó el ofrecimiento que le hicieran para que asumiera el cargo en calidad de titular.
La idea de nombrar a Frey era apoyada por los institutos dedicados al estudio del problema de la delincuencia, pues en ese círculo es considerado como un profesional capaz de asumir con éxito esta misión. Sin embargo, el profesional optó por continuar adelante con sus planes personales, de partir a Europa en las próximas semanas para realizar un diplomado relacionado con su especialidad.
De acuerdo con lo informado por el propio Rosende, "en el contexto de esa nueva reestructuración se hace necesario proyectar al nuevo Ministerio del Interior con una subsecretaría de Prevención que va a reemplazar al programa de seguridad y participación ciudadana con un perfil distinto". Según la autoridad, lo que busca el Gobierno "es dar un vuelco para iniciar una nueva etapa con una institucionalidad completamente distinta".
Consultado el subsecretario Rosende por qué no se esperó tener al reemplazante definitivo de Gloria Requena antes de pedirle la renuncia, declinó dar explicaciones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F.htm?id={FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F} (El Mercurio)
Padres de Diego Schmidt-Hebbel demandan a Pilar Pérez y sicario
El viernes a última hora, los padres del economista Diego Schmidt-Hebbel presentaron una demanda civil en juicio penal en contra de los dos acusados por el crimen de su hijo: María del Pilar Pérez López y el sicario José Mario Ruz Rodríguez.
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Salud opta por concesionar la "construcción y operación" de cinco nuevos hospitales
A través del documento ordinario Nº 2995 del Ministerio de Salud, el titular de éste, Álvaro Erazo, le informó a su par de Obras Públicas, Sergio Bitar, cuáles serán los hospitales que serán priorizados para ser remodelados o construidos bajo la modalidad de concesiones durante los próximos años.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Fiscalía pidió que menor violada en La Reina constatara lesiones en el Servicio Médico Legal
Domingo 27 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
Revelan cómo son, cómo operan y quiénes componen el sistema de seguridad de un narco
Domingo 27 de Septiembre de 2009
Traición en el narcotráfico. Ésa es la arista que el Ministerio Público ha detectado como una de los primeros pasos para lograr desarticular a las grandes organizaciones de tráfico de drogas que operan en el país.
Así lo asegura una fuente judicial, quien dice que la traición siempre estará presente. "Siempre va a haber interés de apoderarse de la droga y dinero", explica.
Esta situación es un verdadero dolor de cabeza para los jefes narcos, quienes buscan evitar la insurrección de sus subalternos a través de la confección de un sofisticado aparataje de seguridad.
Se trata de unos cuatro a cinco soldados avezados que son de entera confianza del líder. Por lo general tienen parentesco familiar y cumplen el requisito de ser peligrosos delincuentes que no dudarán en usar su pistola automática ante cualquier sospecha o amenaza.
"Estas personas son los brazos derechos. Ellos son los únicos que saben la ubicación de la droga y el dinero", señala la misma fuente consultada, quien agrega que también son los encargados de brindar seguridad a los cargamentos provenientes del norte.
Otro de los integrantes cercanos al jefe narco es el informante. Este personaje es reclutado por su simpatía y grandes redes de contactos. Tiene como misión infiltrarse en los organismos del Estado para obtener información judicial y policial del líder.
Este cargo tiene la particularidad de disponer de gran cantidad de recursos para lograr su objetivo. A los policías y funcionarios judiciales les ofrece autos y una suma mensual de dinero.
El informante tiene sus antecedentes limpios y recibe un sueldo de entre $800 mil y $1 millón cada 30 días.
"El traficante nunca se siente traficante, se siente un comerciante", comenta el fiscal jefe antinarcóticos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.
El investigador detalla que estos criminales van reclutando más gente a medida que sus necesidades aumentan en la población. Y eso se da cuando se apoderan completamente de las esquinas, tras recibir el apoyo de los pobladores, cuyas necesidades básicas son pagadas por el narcotraficante.
Pero ¿cómo se aprende este sistema? El fiscal Barros explica que los narcos más antiguos partieron como simples vendedores que fueron ascendiendo en la organización y estructura.
Sin embargo, en los últimos años las pesquisas detectaron que asaltantes que cumplen condena en las cárceles recibieron instrucción en los penales para convertirse en traficantes una vez que recuperan su libertad.
"Sus compañeros de celdas les ofrecen trabajo o se les traspasan los contactos internacionales. En resumen obtienen los vínculos para distribuir y obtener la droga", afirma Barros.
El persecutor asegura que las bandas de "Los Gaete" y de "Los Car'e Jarro" lograron conformar organizaciones con una línea jerárquica completa.$ 800 miles el sueldo mínimo que puede recibir un informante de las organizaciones narcos.
50%de las ganancias corresponde al líder.
"Centinelas" y "canguros" en acción
En la población La Legua nunca se va a encontrar una organización de narcotráfico completa, debido a la gran cantidad de bandas que conviven en esa zona.
Por ello, la policía explica que los jefes narcos reclutan gran cantidad de soldados, quienes muchas veces no conocen a sus jefes.
Su misión apunta a proteger el trabajo de los vendedores y evitar quitadas de drogas en las pequeñas calles de La Legua.
Estos soldados se dividen principalmente entre dos figuras: los centinelas -que operan como vigilantes- y los canguros, que guardan las armas en sus casas. En el último tiempo menores de edad han sido reclutados para cumplir esta función. Reciben $400 mil al mes. "Las permanentes balaceras en esa población se explican, principalmente, porque constantemente se intentan robar la droga de los rivales", dice una fuente policial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1.htm?id={E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1} (El Mercurio)
Traición en el narcotráfico. Ésa es la arista que el Ministerio Público ha detectado como una de los primeros pasos para lograr desarticular a las grandes organizaciones de tráfico de drogas que operan en el país.
Así lo asegura una fuente judicial, quien dice que la traición siempre estará presente. "Siempre va a haber interés de apoderarse de la droga y dinero", explica.
Esta situación es un verdadero dolor de cabeza para los jefes narcos, quienes buscan evitar la insurrección de sus subalternos a través de la confección de un sofisticado aparataje de seguridad.
Se trata de unos cuatro a cinco soldados avezados que son de entera confianza del líder. Por lo general tienen parentesco familiar y cumplen el requisito de ser peligrosos delincuentes que no dudarán en usar su pistola automática ante cualquier sospecha o amenaza.
"Estas personas son los brazos derechos. Ellos son los únicos que saben la ubicación de la droga y el dinero", señala la misma fuente consultada, quien agrega que también son los encargados de brindar seguridad a los cargamentos provenientes del norte.
Otro de los integrantes cercanos al jefe narco es el informante. Este personaje es reclutado por su simpatía y grandes redes de contactos. Tiene como misión infiltrarse en los organismos del Estado para obtener información judicial y policial del líder.
Este cargo tiene la particularidad de disponer de gran cantidad de recursos para lograr su objetivo. A los policías y funcionarios judiciales les ofrece autos y una suma mensual de dinero.
El informante tiene sus antecedentes limpios y recibe un sueldo de entre $800 mil y $1 millón cada 30 días.
"El traficante nunca se siente traficante, se siente un comerciante", comenta el fiscal jefe antinarcóticos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.
El investigador detalla que estos criminales van reclutando más gente a medida que sus necesidades aumentan en la población. Y eso se da cuando se apoderan completamente de las esquinas, tras recibir el apoyo de los pobladores, cuyas necesidades básicas son pagadas por el narcotraficante.
Pero ¿cómo se aprende este sistema? El fiscal Barros explica que los narcos más antiguos partieron como simples vendedores que fueron ascendiendo en la organización y estructura.
Sin embargo, en los últimos años las pesquisas detectaron que asaltantes que cumplen condena en las cárceles recibieron instrucción en los penales para convertirse en traficantes una vez que recuperan su libertad.
"Sus compañeros de celdas les ofrecen trabajo o se les traspasan los contactos internacionales. En resumen obtienen los vínculos para distribuir y obtener la droga", afirma Barros.
El persecutor asegura que las bandas de "Los Gaete" y de "Los Car'e Jarro" lograron conformar organizaciones con una línea jerárquica completa.$ 800 miles el sueldo mínimo que puede recibir un informante de las organizaciones narcos.
50%de las ganancias corresponde al líder.
"Centinelas" y "canguros" en acción
En la población La Legua nunca se va a encontrar una organización de narcotráfico completa, debido a la gran cantidad de bandas que conviven en esa zona.
Por ello, la policía explica que los jefes narcos reclutan gran cantidad de soldados, quienes muchas veces no conocen a sus jefes.
Su misión apunta a proteger el trabajo de los vendedores y evitar quitadas de drogas en las pequeñas calles de La Legua.
Estos soldados se dividen principalmente entre dos figuras: los centinelas -que operan como vigilantes- y los canguros, que guardan las armas en sus casas. En el último tiempo menores de edad han sido reclutados para cumplir esta función. Reciben $400 mil al mes. "Las permanentes balaceras en esa población se explican, principalmente, porque constantemente se intentan robar la droga de los rivales", dice una fuente policial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1.htm?id={E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1} (El Mercurio)
sábado, 26 de septiembre de 2009
Ex ministro Zilic desmiente vínculos en Caso Matute tras acusación de vocero de ex procesados
El ex ministro de Educación y ex intendente de la Región del Bío Bío, Martín Zilic, desestimó las acusaciones realizadas por el vocero de los ex procesados por la desaparición de Jorge Matute, Cristián Araos, señalando que "puede decir lo que quiera, pero va a tener que probarlo", tras ser vinculado junto al ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, en una presunta red de tráfico de drogas la cual habría ocultado la verdad sobre el Caso Matute.
Zilic, aseguró al diario El Sur que "esta no es primera vez que aparecen acusaciones de este tipo", por lo que tomará contacto con abogados para hacer una acusación legal sobre los dichos. "Si el ministro Rubilar me llama a declarar voy sin problemas", aseguró.
El ex ministro confesó tener la consciencia tranquila basándose en que "la gente me conoce, y sabe que nunca he sido condenado por drogas, ni alcohol, ni tráfico de influencias ni nada, jamás he sido cuestionado en mi trayectoria y eso me deja muy tranquilo".
Araós, quien ya había acusado el 22 de agosto pasado la existencia de políticos vinculados al caso, sostuvo ayer durante una entrevista en radio Bío Bío que fue un funcionario de Carabineros quien le entregó los nombres de los involucrados en el presunto complot para esconder la verdad de la desaparición del joven universitario en 1999 tras asistir a la discoteque "La Cucaracha".
"Caamaño, un carabinero de Concepción, era un nexo para entregar droga a autoridades administrativas de la región y Santiago. Me nombró al ministro (José Miguel) Insulza, Martín Zilic y al diputado RN Haroldo Fossa (fallecido). Estamos hablando del que era en ese entonces ministro del Interior", aseguró.
Por su parte, un asesor de José Miguel Insulza, aseguró a Emol desde Nueva York que frente a tales acusaciones "no corresponde y no tiene sentido” que el ex ministro del Interior emita alguna respuesta. "Los dichos de este joven tiene que ver con el sumario y no competen al secretario general de la OEA", señaló.
Las declaraciones de Araos junto junto con la aparición de nuevos antecedentes, como una denuncia realizada por el propio Araos sobre la alteración de pruebas de sangre por orden del alto mando de Carabineros, llevaron a que el ministro Juan Rubilar, llamara a la reapetura del caso, el cual había sido sobreseido temporalmente el 31 de diciembre de 2007 .
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377623 (El Mercurio)
Zilic, aseguró al diario El Sur que "esta no es primera vez que aparecen acusaciones de este tipo", por lo que tomará contacto con abogados para hacer una acusación legal sobre los dichos. "Si el ministro Rubilar me llama a declarar voy sin problemas", aseguró.
El ex ministro confesó tener la consciencia tranquila basándose en que "la gente me conoce, y sabe que nunca he sido condenado por drogas, ni alcohol, ni tráfico de influencias ni nada, jamás he sido cuestionado en mi trayectoria y eso me deja muy tranquilo".
Araós, quien ya había acusado el 22 de agosto pasado la existencia de políticos vinculados al caso, sostuvo ayer durante una entrevista en radio Bío Bío que fue un funcionario de Carabineros quien le entregó los nombres de los involucrados en el presunto complot para esconder la verdad de la desaparición del joven universitario en 1999 tras asistir a la discoteque "La Cucaracha".
"Caamaño, un carabinero de Concepción, era un nexo para entregar droga a autoridades administrativas de la región y Santiago. Me nombró al ministro (José Miguel) Insulza, Martín Zilic y al diputado RN Haroldo Fossa (fallecido). Estamos hablando del que era en ese entonces ministro del Interior", aseguró.
Por su parte, un asesor de José Miguel Insulza, aseguró a Emol desde Nueva York que frente a tales acusaciones "no corresponde y no tiene sentido” que el ex ministro del Interior emita alguna respuesta. "Los dichos de este joven tiene que ver con el sumario y no competen al secretario general de la OEA", señaló.
Las declaraciones de Araos junto junto con la aparición de nuevos antecedentes, como una denuncia realizada por el propio Araos sobre la alteración de pruebas de sangre por orden del alto mando de Carabineros, llevaron a que el ministro Juan Rubilar, llamara a la reapetura del caso, el cual había sido sobreseido temporalmente el 31 de diciembre de 2007 .
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377623 (El Mercurio)
Juez reabre sumario del caso Matute y cita a declarar a vocero de ex procesados
A dos meses de que se cumplan 10 años de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, el magistrado Juan Rubilar reabrió ayer el sumario del caso, sobreseído temporalmente el 16 mayo de 2008 sin culpables y sin que se determinara la causa de su muerte.
El ministro en visita citó a declarar para la próxima semana a Cristián Araos, vocero de los ex procesados por obstrucción a la justicia en este caso y quien afirmó en una entrevista a la revista "Nos" que en la desaparición y muerte de Matute participó una red de narcotráfico que impidió llegar a la verdad.
Anoche, Araos detalló su denuncia en una entrevista radial. Afirmó que la red de narcotráfico que operaba en la discoteca "La Cucaracha" y que impidió resolver el caso estaba integrada por policías, funcionarios públicos, gente ligada a jueces y abastecía de drogas, entre otros, a tres políticos que identificó como dos ex ministros de Estado y un ex diputado.
Según aseguró luego a "El Mercurio", en el propio expediente, foja 10815, un teniente que investigó el caso declaró que una testigo secreta -pareja de un narcotraficante- dijo que un oficial de Carabineros de Concepción era quien entregaba droga a los políticos aludidos.
Sus dichos llevaron a los abogados de la familia Matute Johns a solicitar el martes la reapertura del caso. Ayer, Rubilar resolvió reabrir el sumario "para el solo objeto de interrogar a la periodista Sonnia Mendoza (autora del reportaje) y a Cristián Araos, respecto de lo que habría expresado en la entrevista, en cuanto pudiera proporcionar nuevos antecedentes distintos a los ya investigados". Agrega que "lo demás se resolverá en su oportunidad".
El abogado de la familia, Fernando Saenger, valoró la celeridad del ministro para acoger la solicitud. "Es lógico que primero tiene que interrogarse a la persona que hizo la declaración y a la periodista, pero el ministro nos deja las puertas abiertas para que se resuelva el resto de las 24 diligencias que pedimos, que dicen relación con comprobar lo que dijo Cristián Araos", señaló.
Entre estas solicitudes está la identificación, con nombre y apellido, de quienes habrían impedido conocer la verdad, quién del alto mando de Carabineros habría ordenado romper la cadena de custodia de una muestra de sangre hallada en el sótano de "La Cucaracha", quiénes habrían asesinado a un carabinero y a un bombero que habría conocido los hechos, y con qué antecedentes cuenta Cristián Araos para afirmar que la primera jueza del caso, Flora Sepúlveda, obstruyó la investigación.
Saenger afirmó que "la reapertura del sumario es positiva, porque es el comienzo de una nueva etapa de la investigación que nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice que tiene".
Jorge Matute Matute, padre del fallecido, explicó que confía "en que el juez Rubilar, en esta oportunidad, llegue al fondo (del caso). Por la verdad o por las mentiras, pero las mentiras también tienen que ser castigadas, porque se estaría jugando con el dolor de una familia y el prestigio de las instituciones".
"La reapertura del sumario nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice tener".
FERNANDO SAENGERABOGADO DE LA FAMILIA MATUTE JONES600personas fueron interrogadas.
$1.000millones fue el costo de la investigación.
40tomos tiene el expediente del caso.
Dosjueces investigaron.
Los hitos que han marcado la investigación por la muerte de Jorge Matute Johns
1 Jorge Matute desapareció desde la discoteca "La Cucaracha" de Talcahuano la madrugada del 20 de noviembre de 1999. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero de 2004 en la ribera del río Biobío, a la altura del km 22,6 de la ruta que une Concepción con Santa Juana.
2 El 28 de septiembre de 2001 la PDI entregó su informe y responsabilizó de la muerte de Matute y del ocultamiento de su cuerpo a los procesados por obstrucción a la justicia Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Araos, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados.
3 El 23 de enero de 2002, el entonces mayor de Carabineros Andrés Ovalle plantea al tribunal que en la muerte de Matute participaron Bruno Betanzo, dueño de la discoteca, y su personal. Agrega que en la desaparición actuaron "agentes externos", sin identificarlos.
4 En mayo de 2006 se dejaron sin efecto los procesamientos por obstrucción a la justicia que pesaban en contra de los siete encausados del caso. Esto, al cambiarse el delito por obstrucción a la investigación, el que se comete sólo ante un fiscal del Ministerio Público.
5 El 8 de mayo de 2007 Fabián Flores, supuesto vedetto de la discoteca, se autoinculpó de la golpiza y traslado del cuerpo de Matute. Tres días después, el juez dijo que todo fue mentira y que el testigo actuó por su "malura de cabeza". El 16 de mayo de 2008 sobreseyó el caso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/26/nacional/nacional/noticias/E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963.htm?id={E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963} (El Mercurio)
El ministro en visita citó a declarar para la próxima semana a Cristián Araos, vocero de los ex procesados por obstrucción a la justicia en este caso y quien afirmó en una entrevista a la revista "Nos" que en la desaparición y muerte de Matute participó una red de narcotráfico que impidió llegar a la verdad.
Anoche, Araos detalló su denuncia en una entrevista radial. Afirmó que la red de narcotráfico que operaba en la discoteca "La Cucaracha" y que impidió resolver el caso estaba integrada por policías, funcionarios públicos, gente ligada a jueces y abastecía de drogas, entre otros, a tres políticos que identificó como dos ex ministros de Estado y un ex diputado.
Según aseguró luego a "El Mercurio", en el propio expediente, foja 10815, un teniente que investigó el caso declaró que una testigo secreta -pareja de un narcotraficante- dijo que un oficial de Carabineros de Concepción era quien entregaba droga a los políticos aludidos.
Sus dichos llevaron a los abogados de la familia Matute Johns a solicitar el martes la reapertura del caso. Ayer, Rubilar resolvió reabrir el sumario "para el solo objeto de interrogar a la periodista Sonnia Mendoza (autora del reportaje) y a Cristián Araos, respecto de lo que habría expresado en la entrevista, en cuanto pudiera proporcionar nuevos antecedentes distintos a los ya investigados". Agrega que "lo demás se resolverá en su oportunidad".
El abogado de la familia, Fernando Saenger, valoró la celeridad del ministro para acoger la solicitud. "Es lógico que primero tiene que interrogarse a la persona que hizo la declaración y a la periodista, pero el ministro nos deja las puertas abiertas para que se resuelva el resto de las 24 diligencias que pedimos, que dicen relación con comprobar lo que dijo Cristián Araos", señaló.
Entre estas solicitudes está la identificación, con nombre y apellido, de quienes habrían impedido conocer la verdad, quién del alto mando de Carabineros habría ordenado romper la cadena de custodia de una muestra de sangre hallada en el sótano de "La Cucaracha", quiénes habrían asesinado a un carabinero y a un bombero que habría conocido los hechos, y con qué antecedentes cuenta Cristián Araos para afirmar que la primera jueza del caso, Flora Sepúlveda, obstruyó la investigación.
Saenger afirmó que "la reapertura del sumario es positiva, porque es el comienzo de una nueva etapa de la investigación que nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice que tiene".
Jorge Matute Matute, padre del fallecido, explicó que confía "en que el juez Rubilar, en esta oportunidad, llegue al fondo (del caso). Por la verdad o por las mentiras, pero las mentiras también tienen que ser castigadas, porque se estaría jugando con el dolor de una familia y el prestigio de las instituciones".
"La reapertura del sumario nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice tener".
FERNANDO SAENGERABOGADO DE LA FAMILIA MATUTE JONES600personas fueron interrogadas.
$1.000millones fue el costo de la investigación.
40tomos tiene el expediente del caso.
Dosjueces investigaron.
Los hitos que han marcado la investigación por la muerte de Jorge Matute Johns
1 Jorge Matute desapareció desde la discoteca "La Cucaracha" de Talcahuano la madrugada del 20 de noviembre de 1999. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero de 2004 en la ribera del río Biobío, a la altura del km 22,6 de la ruta que une Concepción con Santa Juana.
2 El 28 de septiembre de 2001 la PDI entregó su informe y responsabilizó de la muerte de Matute y del ocultamiento de su cuerpo a los procesados por obstrucción a la justicia Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Araos, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados.
3 El 23 de enero de 2002, el entonces mayor de Carabineros Andrés Ovalle plantea al tribunal que en la muerte de Matute participaron Bruno Betanzo, dueño de la discoteca, y su personal. Agrega que en la desaparición actuaron "agentes externos", sin identificarlos.
4 En mayo de 2006 se dejaron sin efecto los procesamientos por obstrucción a la justicia que pesaban en contra de los siete encausados del caso. Esto, al cambiarse el delito por obstrucción a la investigación, el que se comete sólo ante un fiscal del Ministerio Público.
5 El 8 de mayo de 2007 Fabián Flores, supuesto vedetto de la discoteca, se autoinculpó de la golpiza y traslado del cuerpo de Matute. Tres días después, el juez dijo que todo fue mentira y que el testigo actuó por su "malura de cabeza". El 16 de mayo de 2008 sobreseyó el caso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/26/nacional/nacional/noticias/E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963.htm?id={E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963} (El Mercurio)
Entregan a padres cuerpos cambiados de bebés muertos
Viernes 25 de Septiembre de 2009
Otra vez en un hospital público se comete el error de intercambiar guaguas al momento de entregarlas a sus respectivos padres. Primero fue en el cuestionado Hospital de Talca, y ahora le correspondió al Hospital Regional de Copiapó, en donde dos bebés que murieron antes y durante el parto fueron entregados a los padres que no correspondía.
Incluso, Juan Concha, padre de uno de los infantes, realizó el miércoles el funeral del pequeño que no era su hijo. Al enterarse del error, ayer tuvo que repetir la ceremonia. "Es difícil enterrar a tu hijo dos veces, es muy difícil", señaló acongojado Juan Concha, quien explicó que fue el padre del otro bebé quien se percató de la irregularidad.
"Media hora después que hicimos el primer funeral, el miércoles, me llamó esa persona y me dijo que yo había enterrado a su hijo, porque él, cuando lo fue a retirar en el hospital, se encontró con el mío", relató sollozando.
El director (s) del hospital, Claudio Ramírez, reconoció el error y lo atribuyó a una falla humana en la cual "se vulneraron algunos protocolos y eso provocó que la entrega se hiciera sin verificar la identidad que estaba correctamente señalada en cada uno de los cuerpos", explicó.
Abren sumario
Los bebés nacieron sin desarrollarse plenamente. Uno de ellos sólo pesaba 280 g y medía 25 cm, falleciendo antes del parto. El segundo pesó 562 g, midió 30 cm y sólo alcanzó a vivir 12 minutos.
Según el facultativo, el personal de la funeraria que retiró al hijo de Concha no leyó la tarjeta de identificación de los restos y tampoco lo hicieron los funcionarios del hospital, por lo que ordenó un sumario interno para determinar responsabilidades.
Asimismo, los padres que se percataron del error, quienes no quisieron identificarse, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue penalmente este caso. Juan Concha, en cambio, dijo que, por el momento, no piensa en ninguna acción judicial por su traumática experiencia.
El miércoles, cuando la anomalía quedó al descubierto, la autoridad sanitaria emitió una resolución para permitir la exhumación del bebé sepultado, un proceso que resultó demasiado doloroso para su familia, según relataron a "El Mercurio".
Lo único positivo, según Concha, es que ambas familias se acompañaron en su mutuo dolor y realizaron la misa de exequias conjuntamente.
Investigan cuatro nuevas negligencias en el Hospital Félix Bulnes
Tras la "explosión" mediática del caso de las cesáreas en el hospital Félix Bulnes, una serie de denuncias por posibles negligencias en el mismo recinto llegaron hasta las oficinas del abogado Alfredo Morgado, quien asesora judicialmente a algunas de las víctimas que sufrieron de inercia uterina en el fatídico pabellón 5 de dicho recinto.
Aunque estas denuncias no implicaban la muerte de las pacientes, como sí ocurrió en dos de los casos dados a conocer por las autoridades de salud, sí correspondían a cuatro situaciones que podrían tener alguna ligazón con las seis ya conocidas.
Incluso, en uno de esos casos, que corresponde a la paciente Gabriela Alegría Espinoza, terminó igualmente en sangramiento abundante por parte de la paciente, quien aunque no debió ser histerectomizada (no se le sacó el útero para detener el sangramiento) sí quedó con un hematoma de 19 centímetros tras su trabajo de parto.
Aparte de este caso, se incluyen otros que corresponden a un bebé que vivió sólo 54 minutos, y otras dos muertes fetales ocurridas en el cuestionado recinto.
Ante esta situación, el fiscal que tiene a cargo la investigación de las muertes en el Félix Bulnes, Leonardo de la Prida, acogió la petición de sumar estos casos a la indagatoria que sigue la Policía de Investigaciones, aunque esta decisión no implica sumar estos nuevos casos a la causa judicial que intenta esclarecer qué ocurrió en seis partos que terminaron con dos madres muertas y otras cuatro a las que se les debieron extirpar sus úteros, a causa de la probable presencia de heparina en la sala de partos, durante la semana del 12 al 17 de julio recién pasado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/25/nacional/nacional/noticias/B65232DA-1FF8-4990-95E1-CFD9D87EC709.htm?id={B65232DA-1FF8-4990-95E1-CFD9D87EC709} (El Mercurio)
Otra vez en un hospital público se comete el error de intercambiar guaguas al momento de entregarlas a sus respectivos padres. Primero fue en el cuestionado Hospital de Talca, y ahora le correspondió al Hospital Regional de Copiapó, en donde dos bebés que murieron antes y durante el parto fueron entregados a los padres que no correspondía.
Incluso, Juan Concha, padre de uno de los infantes, realizó el miércoles el funeral del pequeño que no era su hijo. Al enterarse del error, ayer tuvo que repetir la ceremonia. "Es difícil enterrar a tu hijo dos veces, es muy difícil", señaló acongojado Juan Concha, quien explicó que fue el padre del otro bebé quien se percató de la irregularidad.
"Media hora después que hicimos el primer funeral, el miércoles, me llamó esa persona y me dijo que yo había enterrado a su hijo, porque él, cuando lo fue a retirar en el hospital, se encontró con el mío", relató sollozando.
El director (s) del hospital, Claudio Ramírez, reconoció el error y lo atribuyó a una falla humana en la cual "se vulneraron algunos protocolos y eso provocó que la entrega se hiciera sin verificar la identidad que estaba correctamente señalada en cada uno de los cuerpos", explicó.
Abren sumario
Los bebés nacieron sin desarrollarse plenamente. Uno de ellos sólo pesaba 280 g y medía 25 cm, falleciendo antes del parto. El segundo pesó 562 g, midió 30 cm y sólo alcanzó a vivir 12 minutos.
Según el facultativo, el personal de la funeraria que retiró al hijo de Concha no leyó la tarjeta de identificación de los restos y tampoco lo hicieron los funcionarios del hospital, por lo que ordenó un sumario interno para determinar responsabilidades.
Asimismo, los padres que se percataron del error, quienes no quisieron identificarse, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue penalmente este caso. Juan Concha, en cambio, dijo que, por el momento, no piensa en ninguna acción judicial por su traumática experiencia.
El miércoles, cuando la anomalía quedó al descubierto, la autoridad sanitaria emitió una resolución para permitir la exhumación del bebé sepultado, un proceso que resultó demasiado doloroso para su familia, según relataron a "El Mercurio".
Lo único positivo, según Concha, es que ambas familias se acompañaron en su mutuo dolor y realizaron la misa de exequias conjuntamente.
Investigan cuatro nuevas negligencias en el Hospital Félix Bulnes
Tras la "explosión" mediática del caso de las cesáreas en el hospital Félix Bulnes, una serie de denuncias por posibles negligencias en el mismo recinto llegaron hasta las oficinas del abogado Alfredo Morgado, quien asesora judicialmente a algunas de las víctimas que sufrieron de inercia uterina en el fatídico pabellón 5 de dicho recinto.
Aunque estas denuncias no implicaban la muerte de las pacientes, como sí ocurrió en dos de los casos dados a conocer por las autoridades de salud, sí correspondían a cuatro situaciones que podrían tener alguna ligazón con las seis ya conocidas.
Incluso, en uno de esos casos, que corresponde a la paciente Gabriela Alegría Espinoza, terminó igualmente en sangramiento abundante por parte de la paciente, quien aunque no debió ser histerectomizada (no se le sacó el útero para detener el sangramiento) sí quedó con un hematoma de 19 centímetros tras su trabajo de parto.
Aparte de este caso, se incluyen otros que corresponden a un bebé que vivió sólo 54 minutos, y otras dos muertes fetales ocurridas en el cuestionado recinto.
Ante esta situación, el fiscal que tiene a cargo la investigación de las muertes en el Félix Bulnes, Leonardo de la Prida, acogió la petición de sumar estos casos a la indagatoria que sigue la Policía de Investigaciones, aunque esta decisión no implica sumar estos nuevos casos a la causa judicial que intenta esclarecer qué ocurrió en seis partos que terminaron con dos madres muertas y otras cuatro a las que se les debieron extirpar sus úteros, a causa de la probable presencia de heparina en la sala de partos, durante la semana del 12 al 17 de julio recién pasado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/25/nacional/nacional/noticias/B65232DA-1FF8-4990-95E1-CFD9D87EC709.htm?id={B65232DA-1FF8-4990-95E1-CFD9D87EC709} (El Mercurio)
Bachelet propone Ministerio de Asuntos Indígenas
Viernes 25 de Septiembre de 2009
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, enviará este lunes al Congreso un proyecto de ley que propone crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, en el marco de una reestructuración de la actual institucionalidad para atender a los pueblos originarios, según confirmaron ayer fuentes de La Moneda. Se trata de una indicación del Ejecutivo al proyecto de ley en trámite (desde 2008) que consideraba una subsecretaría como el máximo organismo que se encargaría de estas materias.
La nueva propuesta será anunciada por la Mandataria, se aseguró, e incluye ministerio, subsecretaría y una Agencia de Desarrollo Indígena, que sustituiría a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Este organismo hoy es cuestionado por "clientelismo" e irregularidades en la entrega de tierras.
El Consejo de Conadi, integrado por 17 miembros, será reemplazado por un Consejo de Pueblos Indígenas, de carácter consultivo y resolutivo, que estará compuesto por 44 miembros de ocho etnias, elegidos por votación popular.
Esta reestructuración obedece a una evaluación y propuestas llevadas a cabo por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien en su condición de coordinador de Asuntos Indígenas sostuvo reuniones y diálogos con diversos sectores indígenas, gubernamentales, religiosos, empresariales y gremiales en visitas efectuadas hasta ayer a la Región de la Araucanía.
"Vamos a cambiar la institucionalidad de la Conadi. Tendrá otra ubicación en el Estado", dijo Viera-Gallo.
Y respecto del Consejo de Pueblos Indígenas, dijo que se hizo una consulta antes de que estuviera vigente el Convenio 169 (de la OIT) y se estableció que era necesario crear un órgano de representación de las distintas etnias para debate y consulta. Además, planteó que será un órgano resolutivo en algunas materias que le son propias.
Respecto del ministerio para el sector, Viera-Gallo declinó confirmar a "El Mercurio" lo afirmado por fuentes del nivel central de Gobierno. "No puedo pronunciarme sobre eso. Los anuncios los hará la Presidenta de la República", respondió.
Sobre los cambios en curso en la Conadi, sostuvo que se practicará una auditoría externa a ese servicio público, la que definirá dependencias, funciones, competencias, agilidad de los procedimientos y un posible aumento de su planta, tal como pide la asociación de funcionarios de esa entidad. Sólo de ese modo, dijo, se definirá la planta que actualmente los funcionarios piden triplicar en dotación.
ORGANISMO
Conadi fue creada el 5 de octubre de 1993, en el marco del Nuevo Trato a los pueblos originarios.
600funcionarios trabajan actualmente en la Conadi y el programa Orígenes.
$3.633.496es el sueldo bruto mensual del director del organismo, Álvaro Marifil.
250personas llegan cada día a la oficina de Conadi en Temuco, la más grande del país.
"Conadi sólo debe ejecutar"
Según Olivia Igor, experta en el tema indígena de Libertad y Desarrollo, la Conadi se debe transformar en un mero organismo ejecutor de las políticas públicas que plantee una Subsecretaría de Asuntos Indígenas. Este cambio es urgente, según ella, puesto que el mayor problema que hoy tiene el organismo es la doble representatividad: actúa defendiendo los intereses del Estado y además el de los grupos indígenas. "Esto crea ingobernabilidad", asegura Igor, quien comparte lo expuesto por el ministro Viera-Gallo, que criticó que en la institución se genera "una forma de clientelismo".
Coincide en el análisis el ex ministro de Mideplan Andrés Palma. Hoy director del programa de políticas públicas de Flacso, Palma asegura que es fundamental que las decisiones políticas y administrativas se reserven a una subsecretaría (o ministerio) y que la Conadi sólo las ejecute, lo que debe ir de la mano de un consejo que asegure la trasparencia y eficacia de la institución.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/25/nacional/nacional/noticias/333882D5-421B-4CF3-AFE5-A6213C20F6F3.htm?id={333882D5-421B-4CF3-AFE5-A6213C20F6F3} (El Mercurio)
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, enviará este lunes al Congreso un proyecto de ley que propone crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, en el marco de una reestructuración de la actual institucionalidad para atender a los pueblos originarios, según confirmaron ayer fuentes de La Moneda. Se trata de una indicación del Ejecutivo al proyecto de ley en trámite (desde 2008) que consideraba una subsecretaría como el máximo organismo que se encargaría de estas materias.
La nueva propuesta será anunciada por la Mandataria, se aseguró, e incluye ministerio, subsecretaría y una Agencia de Desarrollo Indígena, que sustituiría a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Este organismo hoy es cuestionado por "clientelismo" e irregularidades en la entrega de tierras.
El Consejo de Conadi, integrado por 17 miembros, será reemplazado por un Consejo de Pueblos Indígenas, de carácter consultivo y resolutivo, que estará compuesto por 44 miembros de ocho etnias, elegidos por votación popular.
Esta reestructuración obedece a una evaluación y propuestas llevadas a cabo por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien en su condición de coordinador de Asuntos Indígenas sostuvo reuniones y diálogos con diversos sectores indígenas, gubernamentales, religiosos, empresariales y gremiales en visitas efectuadas hasta ayer a la Región de la Araucanía.
"Vamos a cambiar la institucionalidad de la Conadi. Tendrá otra ubicación en el Estado", dijo Viera-Gallo.
Y respecto del Consejo de Pueblos Indígenas, dijo que se hizo una consulta antes de que estuviera vigente el Convenio 169 (de la OIT) y se estableció que era necesario crear un órgano de representación de las distintas etnias para debate y consulta. Además, planteó que será un órgano resolutivo en algunas materias que le son propias.
Respecto del ministerio para el sector, Viera-Gallo declinó confirmar a "El Mercurio" lo afirmado por fuentes del nivel central de Gobierno. "No puedo pronunciarme sobre eso. Los anuncios los hará la Presidenta de la República", respondió.
Sobre los cambios en curso en la Conadi, sostuvo que se practicará una auditoría externa a ese servicio público, la que definirá dependencias, funciones, competencias, agilidad de los procedimientos y un posible aumento de su planta, tal como pide la asociación de funcionarios de esa entidad. Sólo de ese modo, dijo, se definirá la planta que actualmente los funcionarios piden triplicar en dotación.
ORGANISMO
Conadi fue creada el 5 de octubre de 1993, en el marco del Nuevo Trato a los pueblos originarios.
600funcionarios trabajan actualmente en la Conadi y el programa Orígenes.
$3.633.496es el sueldo bruto mensual del director del organismo, Álvaro Marifil.
250personas llegan cada día a la oficina de Conadi en Temuco, la más grande del país.
"Conadi sólo debe ejecutar"
Según Olivia Igor, experta en el tema indígena de Libertad y Desarrollo, la Conadi se debe transformar en un mero organismo ejecutor de las políticas públicas que plantee una Subsecretaría de Asuntos Indígenas. Este cambio es urgente, según ella, puesto que el mayor problema que hoy tiene el organismo es la doble representatividad: actúa defendiendo los intereses del Estado y además el de los grupos indígenas. "Esto crea ingobernabilidad", asegura Igor, quien comparte lo expuesto por el ministro Viera-Gallo, que criticó que en la institución se genera "una forma de clientelismo".
Coincide en el análisis el ex ministro de Mideplan Andrés Palma. Hoy director del programa de políticas públicas de Flacso, Palma asegura que es fundamental que las decisiones políticas y administrativas se reserven a una subsecretaría (o ministerio) y que la Conadi sólo las ejecute, lo que debe ir de la mano de un consejo que asegure la trasparencia y eficacia de la institución.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/25/nacional/nacional/noticias/333882D5-421B-4CF3-AFE5-A6213C20F6F3.htm?id={333882D5-421B-4CF3-AFE5-A6213C20F6F3} (El Mercurio)
Consejo de Rectores no acepta más Ues privadas
Jueves 24 de Septiembre de 2009
El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUE) rechazó rotundamente la posibilidad de integrar a más universidades privadas en el Consejo de Rectores o crear un nuevo consorcio que agrupe a instituciones fiscales y particulares. "Como consorcio nosotros no somos partidarios de que ingresen nuevos actores al Consejo de Rectores", dijo Juan Zolezzi Cid, presidente del CUE, tras la sesión efectuada en el Centro Cultural Huilquilemu de la U. Católica del Maule (privada).
"Aquí hay instituciones que se crearon en condiciones distintas. Las instituciones del Consejo de Rectores fueron creadas por ley, especialmente las estatales (...) Con aportes del Estado, que hoy día es pequeñísimo, porque se ha ido reduciendo", dijo Juan Zolezzi, quien es rector de la Universidad de Santiago.
El Consejo de Rectores (Cruch) realizará hoy su sesión ordinaria N°509 en dependencias de la misma casa de estudios maulina. El consejo ya tiene aprobado un plan estratégico en el cual pospuso la discusión sobre incluir a más instituciones.
Las universidades estatales aseguran además que son merecedoras de un trato preferente del Estado con más recursos y una política clara sobre su actuar como instituciones públicas de educación superior. "Consideramos que las universidades del Estado se merecen un trato distinto y preferente de parte del Estado, no sólo económico. O sea, que el Estado defina qué quiere de las universidades estatales. No hay una política", dijo Zolezzi.
El CUE además analizó su relación con el Ministerio de Educación, la Ley de Endeudamiento y se discutió la negociación con la Contraloría para flexibilizar la gestión administrativa de las instituciones de educación superior en Chile.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/24/nacional/nacional/noticias/DA769A16-8146-4F02-B2C4-104A40F32A77.htm?id={DA769A16-8146-4F02-B2C4-104A40F32A77} (El Mercurio)
Cenabast no les vende la píldora a farmacias desde marzo de 2008
Jueves 24 de Septiembre de 2009
El ministro de Salud, Álvaro Erazo, afirmó el martes que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) tenía 14 mil dosis de la píldora del día después disponibles, y culpó a las farmacias de no tener "justificación" alguna para no vender el medicamento.
Sin embargo, en la industria farmacéutica revelaron que Cenabast no les vende la pastilla desde marzo de 2008, alegando la falta de un decreto ley por concepto de "desabastecimiento" -que entrega el propio Minsal- y la ausencia del medicamento.
En Salcobrand señalaron que entre marzo y junio de 2008 solicitaron nueve órdenes de compra a Cenabast por 7 mil remedios, y Cruz Verde informó que sus proveedores le manifestaron que no tenían stock.
El mismo martes, Erazo ordenó una fiscalización masiva a las droguerías, y el seremi metropolitano de Salud instruyó cinco sumarios a las tres principales cadenas, Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde, por no tener la píldora.
Ayer, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, admitió que existen pendientes órdenes de compra de las boticas, pero no reveló detalles.
La autoridad afirmó que la Central de Abastecimiento está procesando las órdenes para despachar los remedios en "los próximos días".
Pero Montt fue enfático en señalar que las empresas tienen la facultad y obligación, amparadas en el reglamento de productos farmacéuticos, de importar el medicamento.
El subsecretario desligó cualquier responsabilidad de Cenabast, y dijo que sólo les venden el producto a las farmacias cuando hay desabastecimiento.
Pero los privados argumentan, precisamente, que como hay desabastecimiento total desde julio pasado, cuando se le caducó la autorización a la ONG Aprofa de vender el medicamento, no existe en el país ningún proveedor de la píldora.
Incluso, Salcobrand adquirió el levenorgestrel de una dosis de 1,5 mg, que cumple la misma función de la píldora, pero Salud no se lo acepta porque deben ser dos pastillas de 0,75 mg.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Diputados presentan moción para permitir uso terapéutico de la marihuana
Diputados de diversas bancadas presentaron un proyecto de ley que plantea autorizar el uso de la marihuana sólo con fines terapéuticos, con la condición de que tres médicos la receten, permitiendo a los pacientes la tenencia de una planta para estos efectos.
Uno de los impulsores de la iniciativa, Carlos Abel Jarpa (PRSD), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, explicó que como la compra y cultivo de la marihuana está penado como delito, “se propone autorizar la plantación, siembra y cosecha de una planta por paciente, de manera que (el paciente) no incurra ni fomente el tráfico de marihuana”.
Detalló que sólo podría ser una planta “previo depósito de los certificados médicos originales en la tenencia o comisaría de Carabineros del domicilio del paciente”.
El proyecto plantea además aumentar las penas para el microtráfico de marihuana, “como una manera de obstaculizar y terminar con el ilegal negocio de la venta de este tipo de sustancia”.
El texto legal fue presentado además por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Guido Guirardi (PPD), Fernando Meza (PRSD), Juan Lobos (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD) y Laura Soto (PPD) y será analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377173 (El Mercurio)
Uno de los impulsores de la iniciativa, Carlos Abel Jarpa (PRSD), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, explicó que como la compra y cultivo de la marihuana está penado como delito, “se propone autorizar la plantación, siembra y cosecha de una planta por paciente, de manera que (el paciente) no incurra ni fomente el tráfico de marihuana”.
Detalló que sólo podría ser una planta “previo depósito de los certificados médicos originales en la tenencia o comisaría de Carabineros del domicilio del paciente”.
El proyecto plantea además aumentar las penas para el microtráfico de marihuana, “como una manera de obstaculizar y terminar con el ilegal negocio de la venta de este tipo de sustancia”.
El texto legal fue presentado además por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Guido Guirardi (PPD), Fernando Meza (PRSD), Juan Lobos (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD) y Laura Soto (PPD) y será analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377173 (El Mercurio)
Claus Roxin: secuestro permanente y homicidios deberían ser imprescriptibles
El alemán Claus Roxin (78) es una eminencia en la judicatura mundial. En Chile es frecuente que la Corte Suprema lo cite en sus fallos. Por eso, el máximo tribunal aprovechó su visita a Santiago -la Universidad Andrés Bello le conferirá un doctorado Honoris Causa- para invitarlo a una reunión protocolar. Allí, y requerido por los casos en que la Suprema ha aplicado prescripción o media prescripción en casos de DD.HH., Roxin afirmó que los asesinatos y el secuestro permanente vinculado a homicidio deberían ser imprescriptibles.
Aludiendo a su país, Roxin explicó que "la jurisprudencia, presionada por el contexto internacional", ha determinado que "sólo en el caso del tipo penal de asesinato el delito es imprescriptible. En otros delitos, aunque atenten contra DD.HH., se ha admitido la prescriptibilidad", diferencia que estima "correcta". Si el secuestro permanente está vinculado a asesinatos, agregó, no debería prescribir.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/23/nacional/nacional/noticias/9249A778-EFFE-446A-91AF-B2B6444EF34F.htm?id={9249A778-EFFE-446A-91AF-B2B6444EF34F} (El Mercurio)
Aludiendo a su país, Roxin explicó que "la jurisprudencia, presionada por el contexto internacional", ha determinado que "sólo en el caso del tipo penal de asesinato el delito es imprescriptible. En otros delitos, aunque atenten contra DD.HH., se ha admitido la prescriptibilidad", diferencia que estima "correcta". Si el secuestro permanente está vinculado a asesinatos, agregó, no debería prescribir.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/23/nacional/nacional/noticias/9249A778-EFFE-446A-91AF-B2B6444EF34F.htm?id={9249A778-EFFE-446A-91AF-B2B6444EF34F} (El Mercurio)
martes, 22 de septiembre de 2009
Profesores piden cambios a la evaluación docente
Aumentar a 80 horas el tiempo que tienen los profesores durante su jornada escolar para completar la evaluación docente es la principal demanda que está reclamando el Colegio de Profesores al Ministerio de Educación.
Actualmente, los profesores destinan cerca de 20 horas de su contrato para realizar el portafolio que consiste en la preparación de una unidad de clases.
"Es la queja que más recibimos. Los profesores están atosigados con los temas administrativos", aseguró el presidente del gremio, Jaime Gajardo, quien explicó que la entrada en operación de la subvención escolar preferencial ha disminuido el tiempo de los profesores para realizar su portafolio.
Otros planteamientos del petitorio que hicieron los docentes al Mineduc contemplan, por ejemplo, incorporar representantes del gremio a las comisiones de evaluación o la creación de un comité técnico para monitorear el proceso.
El subsecretario de Educación, Cristián Martínez, aseguró que ninguno de los puntos se aplicará para el proceso 2009.
"No vamos a suspender la evaluación para ningún subsector y la vamos a seguir desarrollando igual", dijo Martínez.
En tanto, Gajardo planteó que dado que el proceso termina en octubre, esperan llegar a acuerdo la próxima semana para aplicar este año los cambios.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/22/nacional/nacional/noticias/843B4B67-B149-4861-AAF8-E46D4539F0B2.htm?id={843B4B67-B149-4861-AAF8-E46D4539F0B2} (El Mercurio)
Actualmente, los profesores destinan cerca de 20 horas de su contrato para realizar el portafolio que consiste en la preparación de una unidad de clases.
"Es la queja que más recibimos. Los profesores están atosigados con los temas administrativos", aseguró el presidente del gremio, Jaime Gajardo, quien explicó que la entrada en operación de la subvención escolar preferencial ha disminuido el tiempo de los profesores para realizar su portafolio.
Otros planteamientos del petitorio que hicieron los docentes al Mineduc contemplan, por ejemplo, incorporar representantes del gremio a las comisiones de evaluación o la creación de un comité técnico para monitorear el proceso.
El subsecretario de Educación, Cristián Martínez, aseguró que ninguno de los puntos se aplicará para el proceso 2009.
"No vamos a suspender la evaluación para ningún subsector y la vamos a seguir desarrollando igual", dijo Martínez.
En tanto, Gajardo planteó que dado que el proceso termina en octubre, esperan llegar a acuerdo la próxima semana para aplicar este año los cambios.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/22/nacional/nacional/noticias/843B4B67-B149-4861-AAF8-E46D4539F0B2.htm?id={843B4B67-B149-4861-AAF8-E46D4539F0B2} (El Mercurio)
Ingeniero de la UC Pedro Gazmuri cuestiona futura licencia con puntaje
Lunes 21 de Septiembre de 2009
Un duro debate se espera en el Parlamento por la iniciativa que busca modificar la actual Ley de Tránsito para establecer el nuevo sistema de licencia de conducir con puntaje.
El ingeniero en Transportes de la Universidad Católica Pedro Gazmuri dijo que si bien el proyecto propuesto recoge las tres causas más relevantes relacionadas con el comportamiento del conductor -exceso de velocidad, consumo de alcohol y el no uso del cinturón de seguridad-, no hace un análisis riguroso de la relación causa-efecto.
"Hay un conjunto de reducciones de puntaje propuestas que no guardan esta relación de causa-efecto. Además, hay algunas que se refieren a conductas difícilmente fiscalizables, lo que hace que pierdan sentido en un proyecto como éste", explicó.
Por ejemplo, agrega Gazmuri, infringir las disposiciones sobre adelantamiento de otro vehículo o sobre la conducción marcha atrás (4 puntos), no respetar la norma sobre la distancia del vehículo respecto al que lo antecede (3 puntos) o infringir las normas sobre detención de vehículos (2 puntos).
Para el académico no debieran ser más de 10 ó 12 las infracciones que signifiquen eliminar puntos. "Debemos dejar aquellas que realmente sean las más significativas de causa-efecto y que recordemos con facilidad", puntualiza.
En el tema del alcohol, añade, se establece la conducción bajo la influencia de éste, pero no el límite máximo permitido. En la lista de 3 puntos de demérito, se considera la conducción bajo la influencia del alcohol en una dosificación igual o inferior a 0,5 gramos por mil.
La ley actual define la conducción en estado de ebriedad cuando la dosificación es igual o superior a un gramo por mil, y establece la conducción bajo la influencia del alcohol cuando ésta es superior a 0,5 e inferior a 1. "Considero que este proyecto de licencias con puntaje debería definir un solo límite para el nivel de alcohol, y cualquier dosificación igual o superior a ella debería ser drásticamente sancionada con demérito de 6 puntos", dijo.
Asimismo, Gazmuri pidió aumentar el demérito de puntos al infringir el disco Pare y el no usar el cinturón de seguridad._____________
12 puntos
será la asignación inicial de todas las licencias de conducir si el sistema se adopta.
-6 puntos
por conducir bajo la influencia del alcohol
o drogas, entre otras cuatro causas.
-4 puntos
por no respetar la luz roja o no detenerse en un disco Pare, entre otros siete casos.
-3 puntos
por no usar el
cinturón de seguridad, entre otras seis situaciones.
Escaso seguimiento a niños con alto riesgo social y delictual rehabilitados
Lunes 21 de Septiembre de 2009
La falta de financiamiento establecido por ley para hacer un seguimiento de los niños en riesgo social con compromiso delictual, como el caso de Cristóbal (conocido como "Cisarro"), es uno de los graves problemas que enfrentan las instituciones dedicadas a desarrollar programas de intervención.
Éste es uno de los puntos deficientes de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que aborda María Teresa Sepúlveda Carreira, jefa del Departamento de Colaboración, Investigación y Desarrollo del Consejo de Defensa del Niño, organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores dedicado a enfrentar este problema.
La institución, fundada en 1935, actualmente atiende a 2.462 menores con medidas de protección y otros 652 derivados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. De aquellos, 264 permanecen internos por orden de los tribunales.
El año pasado desarrollaron 67 programas de atención para 9.634 niños y niñas.
Según María Teresa Sepúlveda, ellos atienden a niños con características muy similares a Cristóbal. Éstos son de entre 8 y 14 años, sin responsabilidad penal, "con niveles de vida callejera, consumo de drogas y que están cometiendo delitos", según explica.
La forma de enfrentar su recuperación es generando un vínculo de confianza y la búsqueda de conocimiento mutuo entre el niño y el profesional, como también intentando relacionar a la familia en esta tarea.
Para la profesional, hasta ahora han logrado un nivel de éxito de entre 60 y 70% de recuperación de estos niños con problemas "o egresos exitosos", como los denomina. Y estos resultados se miden sobre la base de diagnósticos del cumplimiento de metas fijadas en el plan de trabajo, de acuerdo a la situación que vive el menor.
Pero el problema ocurre cuando egresan del centro. "Hay muy poco seguimiento porque el financiamiento que tiene el programa no lo contempla", señala. "Los programas -añade- no te dicen que cuando el chico egresa se mantenga un seguimiento por un año más, por ejemplo".
María Teresa Sepúlveda señala que ello no significa que sea el tipo de institución que representa la que haga este seguimiento.
"Lo que podría haber es un sistema de apoyo social donde ese niño vive, con el que reciba más apoyo psicosocial", explica la profesional.
La historia del "Cisarro"
Cristóbal o "Cisarro" (10) -cuyo apodo se debe a su mala pronunciación cuando compraba cigarros- ya registra 17 detenciones por diversos delitos, de los cuales su "especialidad" es el robo con intimidación. Incluso, un informe advierte que él y sus nueve amigos niños-delincuentes registran 125 aprehensiones en total. En 2008 se acreditó que participó en dos violentos asaltos: al decano de la U. Adolfo Ibáñez, Leonidas Montes, y a un empresario japonés. A fines del mes pasado, la jueza del 4º Juzgado de Familia de Santiago, María Cecilia González, resolvió mantener a Cristóbal en el Centro Psiquiátrico del Hospital Calvo Mackenna, adonde ingresó el 3 de agosto por orden judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/21/nacional/nacional/noticias/874F0EB6-45F3-4D1F-B3E2-3A14DDBDD827.htm?id={874F0EB6-45F3-4D1F-B3E2-3A14DDBDD827} (El Mercurio)
La falta de financiamiento establecido por ley para hacer un seguimiento de los niños en riesgo social con compromiso delictual, como el caso de Cristóbal (conocido como "Cisarro"), es uno de los graves problemas que enfrentan las instituciones dedicadas a desarrollar programas de intervención.
Éste es uno de los puntos deficientes de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que aborda María Teresa Sepúlveda Carreira, jefa del Departamento de Colaboración, Investigación y Desarrollo del Consejo de Defensa del Niño, organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores dedicado a enfrentar este problema.
La institución, fundada en 1935, actualmente atiende a 2.462 menores con medidas de protección y otros 652 derivados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. De aquellos, 264 permanecen internos por orden de los tribunales.
El año pasado desarrollaron 67 programas de atención para 9.634 niños y niñas.
Según María Teresa Sepúlveda, ellos atienden a niños con características muy similares a Cristóbal. Éstos son de entre 8 y 14 años, sin responsabilidad penal, "con niveles de vida callejera, consumo de drogas y que están cometiendo delitos", según explica.
La forma de enfrentar su recuperación es generando un vínculo de confianza y la búsqueda de conocimiento mutuo entre el niño y el profesional, como también intentando relacionar a la familia en esta tarea.
Para la profesional, hasta ahora han logrado un nivel de éxito de entre 60 y 70% de recuperación de estos niños con problemas "o egresos exitosos", como los denomina. Y estos resultados se miden sobre la base de diagnósticos del cumplimiento de metas fijadas en el plan de trabajo, de acuerdo a la situación que vive el menor.
Pero el problema ocurre cuando egresan del centro. "Hay muy poco seguimiento porque el financiamiento que tiene el programa no lo contempla", señala. "Los programas -añade- no te dicen que cuando el chico egresa se mantenga un seguimiento por un año más, por ejemplo".
María Teresa Sepúlveda señala que ello no significa que sea el tipo de institución que representa la que haga este seguimiento.
"Lo que podría haber es un sistema de apoyo social donde ese niño vive, con el que reciba más apoyo psicosocial", explica la profesional.
La historia del "Cisarro"
Cristóbal o "Cisarro" (10) -cuyo apodo se debe a su mala pronunciación cuando compraba cigarros- ya registra 17 detenciones por diversos delitos, de los cuales su "especialidad" es el robo con intimidación. Incluso, un informe advierte que él y sus nueve amigos niños-delincuentes registran 125 aprehensiones en total. En 2008 se acreditó que participó en dos violentos asaltos: al decano de la U. Adolfo Ibáñez, Leonidas Montes, y a un empresario japonés. A fines del mes pasado, la jueza del 4º Juzgado de Familia de Santiago, María Cecilia González, resolvió mantener a Cristóbal en el Centro Psiquiátrico del Hospital Calvo Mackenna, adonde ingresó el 3 de agosto por orden judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/21/nacional/nacional/noticias/874F0EB6-45F3-4D1F-B3E2-3A14DDBDD827.htm?id={874F0EB6-45F3-4D1F-B3E2-3A14DDBDD827} (El Mercurio)
Justicia fiscaliza a corporaciones, presenta 12 denuncias y cancela 15 personalidades jurídicas
Domingo 20 de Septiembre de 2009
Un total de 15 personalidades jurídicas canceladas, 12 instituciones denunciadas ante el Ministerio Público y 198 corporaciones fiscalizadas es el resultado de las gestiones realizadas por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia en los últimos dos años.
Una consecuencia directa del escándalo que provocó la denuncia de estafa en contra del fundador de la Corporación del Niño Agredido, Jorge Gautier Leyton, que involucró más de 400 millones de pesos defraudados.
Aunque el individuo engañó a través de esta entidad a más de 4 mil personas que realizaban donativos permanentes, el 4 de septiembre Gautier fue condenado a 541 días de presidio y se le otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena.
Sin embargo, y a raíz de la denuncia de este caso, el Ministerio de Justicia comprometió en 2007 una mayor vigilancia a este tipo de entidades.
Sólo este año se han realizado 28 fiscalizaciones de oficio -es decir, por iniciativa propia- y ya ha recibido un total de 31 denuncias. Y desde 2007 en adelante, ha controlado a 87 instituciones de oficio y 111 por denuncias recibidas en el Ministerio.
Tipos de infracciones
Según el Ministerio de Justicia, hay tres salidas o sanciones a aplicar en caso de detectarse irregularidades al interior de estas corporaciones.
Una de ellas, que se aplica casi en la mayoría de las fiscalizaciones, es que el subsecretario de la cartera imparte instrucciones a la entidad con el fin de que sean subsanadas las infracciones estatutarias que se detectan.
No obstante, hay casos que deben ponerlos a disposición de la Fiscalía correspondiente por revestir características de delito.
En esta situación cayeron dos instituciones en 2007, siete en 2008 y este año alcanzan a tres, aunque no se entregó detalles de las situaciones denunciadas.
Respecto de la caducidad de la personalidad jurídica, ésta se aplica una vez que se han detectado graves incumplimientos a sus estatutos, al ordenamiento jurídico o a las instrucciones que les fueron impartidas por la Subsecretaría de Justicia.
Tras detectarse las irregularidades en la Corporación del Niño Agredido, se emitieron decretos de cancelación a tres entidades en 2007, cinco en 2008 y siete este año (ver nota relacionada).
El Ministerio señaló que el Departamento de Personas Jurídicas seguirá los controles con el objetivo de que "se cumplan los fines para los cuales fueron creadas y no se vulneren las normas legales y estatutarias que las rigen".
Sancionadas
Las siguientes son las instituciones cuyas personalidades jurídicas fueron canceladas:
2007:-Club Playa Luna-Fundación "Pide un deseo"-Corporación Sociedad Niño Agredido
2008:-Corporación de la Ancianidad y Salud "Oro Viejo"-Corporación Nuestros Ancianos (Conadial)-Agrupación de Obreros Municipales Jubilados y Montepiadas de Santiago.-Asociación de Trabajadores San Pablo-Centro de Padres y Apoderados Colegio Casa de Estudios Pedro de Valdivia
2009:-Corporación Educacional Beta-Corporación Educacional Darío Salas D. de Arica-Fundación "La Voz del Silencio"-Corporación Educacional para Niños Discapacitados, CENDI, Puerto Montt.-Corporación de Información para la Prevención del Alcoholismo y Dependencia de las Drogas-Corporación de Ayuda a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar "La Pastora"-Corporación Educacional Beta
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/20/nacional/nacional/noticias/BA85B957-685F-4AB3-A3A0-6E431C22D815.htm?id={BA85B957-685F-4AB3-A3A0-6E431C22D815} (El Mercurio)
Un total de 15 personalidades jurídicas canceladas, 12 instituciones denunciadas ante el Ministerio Público y 198 corporaciones fiscalizadas es el resultado de las gestiones realizadas por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia en los últimos dos años.
Una consecuencia directa del escándalo que provocó la denuncia de estafa en contra del fundador de la Corporación del Niño Agredido, Jorge Gautier Leyton, que involucró más de 400 millones de pesos defraudados.
Aunque el individuo engañó a través de esta entidad a más de 4 mil personas que realizaban donativos permanentes, el 4 de septiembre Gautier fue condenado a 541 días de presidio y se le otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena.
Sin embargo, y a raíz de la denuncia de este caso, el Ministerio de Justicia comprometió en 2007 una mayor vigilancia a este tipo de entidades.
Sólo este año se han realizado 28 fiscalizaciones de oficio -es decir, por iniciativa propia- y ya ha recibido un total de 31 denuncias. Y desde 2007 en adelante, ha controlado a 87 instituciones de oficio y 111 por denuncias recibidas en el Ministerio.
Tipos de infracciones
Según el Ministerio de Justicia, hay tres salidas o sanciones a aplicar en caso de detectarse irregularidades al interior de estas corporaciones.
Una de ellas, que se aplica casi en la mayoría de las fiscalizaciones, es que el subsecretario de la cartera imparte instrucciones a la entidad con el fin de que sean subsanadas las infracciones estatutarias que se detectan.
No obstante, hay casos que deben ponerlos a disposición de la Fiscalía correspondiente por revestir características de delito.
En esta situación cayeron dos instituciones en 2007, siete en 2008 y este año alcanzan a tres, aunque no se entregó detalles de las situaciones denunciadas.
Respecto de la caducidad de la personalidad jurídica, ésta se aplica una vez que se han detectado graves incumplimientos a sus estatutos, al ordenamiento jurídico o a las instrucciones que les fueron impartidas por la Subsecretaría de Justicia.
Tras detectarse las irregularidades en la Corporación del Niño Agredido, se emitieron decretos de cancelación a tres entidades en 2007, cinco en 2008 y siete este año (ver nota relacionada).
El Ministerio señaló que el Departamento de Personas Jurídicas seguirá los controles con el objetivo de que "se cumplan los fines para los cuales fueron creadas y no se vulneren las normas legales y estatutarias que las rigen".
Sancionadas
Las siguientes son las instituciones cuyas personalidades jurídicas fueron canceladas:
2007:-Club Playa Luna-Fundación "Pide un deseo"-Corporación Sociedad Niño Agredido
2008:-Corporación de la Ancianidad y Salud "Oro Viejo"-Corporación Nuestros Ancianos (Conadial)-Agrupación de Obreros Municipales Jubilados y Montepiadas de Santiago.-Asociación de Trabajadores San Pablo-Centro de Padres y Apoderados Colegio Casa de Estudios Pedro de Valdivia
2009:-Corporación Educacional Beta-Corporación Educacional Darío Salas D. de Arica-Fundación "La Voz del Silencio"-Corporación Educacional para Niños Discapacitados, CENDI, Puerto Montt.-Corporación de Información para la Prevención del Alcoholismo y Dependencia de las Drogas-Corporación de Ayuda a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar "La Pastora"-Corporación Educacional Beta
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/20/nacional/nacional/noticias/BA85B957-685F-4AB3-A3A0-6E431C22D815.htm?id={BA85B957-685F-4AB3-A3A0-6E431C22D815} (El Mercurio)
sábado, 19 de septiembre de 2009
Micros de Antofagasta circularán con guardias para prevenir asaltos
Buses y terminales apedreados, amenazas de muerte con armas de fuego y cuchillos contra conductores, robo de recaudaciones, cobro de "peajes" y ataques a pasajeros colmaron la paciencia de los microbuseros de esta ciudad, que decidieron contraatacar con una medida inédita: contratarán guardias privados que viajen en el interior de los buses.
Héctor Carvallo, presidente de la Asociación de Dueños de Taxibuses, dijo que la medida se implementará en los próximos días, en los horarios y tramos más peligrosos: "Estimamos un costo de $380 mil por guardia, pero esto no se reflejará en un alza en el pasaje, que es de $420".
El dirigente, que representa a todas las líneas y a más de 730 máquinas, añadió que "no se descarta adquirir elementos de seguridad para proteger a los choferes, como gas pimienta, y se pondrán cabinas enrejadas".
También anunció una paralización total del servicio "si las autoridades no atienden nuestras demandas. Carabineros nos ha colaborado con personal de civil en nuestros traslados, pero los delincuentes, casi todos menores de edad, son puestos en libertad a los pocos días de ser detenidos y no temen reincidir".
Humberto Araya, seremi de Transportes, reconoció el problema de seguridad y anunció que el tema será tratado la próxima semana, junto a las autoridades de la gobernación y jefes de ambas policías.
$277millones sería el costo mensual para los transportistas si cada microbús contara con guardias.
12ataques en una semana han sufrido algunos de los conductores. Una de las líneas ya resolvió cambiar su recorrido para evitar el conflictivo sector norte de la ciudad, la población Bonilla.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/19/nacional/nacional/noticias/BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1.htm?id={BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1} (El Mercurio)
Héctor Carvallo, presidente de la Asociación de Dueños de Taxibuses, dijo que la medida se implementará en los próximos días, en los horarios y tramos más peligrosos: "Estimamos un costo de $380 mil por guardia, pero esto no se reflejará en un alza en el pasaje, que es de $420".
El dirigente, que representa a todas las líneas y a más de 730 máquinas, añadió que "no se descarta adquirir elementos de seguridad para proteger a los choferes, como gas pimienta, y se pondrán cabinas enrejadas".
También anunció una paralización total del servicio "si las autoridades no atienden nuestras demandas. Carabineros nos ha colaborado con personal de civil en nuestros traslados, pero los delincuentes, casi todos menores de edad, son puestos en libertad a los pocos días de ser detenidos y no temen reincidir".
Humberto Araya, seremi de Transportes, reconoció el problema de seguridad y anunció que el tema será tratado la próxima semana, junto a las autoridades de la gobernación y jefes de ambas policías.
$277millones sería el costo mensual para los transportistas si cada microbús contara con guardias.
12ataques en una semana han sufrido algunos de los conductores. Una de las líneas ya resolvió cambiar su recorrido para evitar el conflictivo sector norte de la ciudad, la población Bonilla.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/19/nacional/nacional/noticias/BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1.htm?id={BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1} (El Mercurio)
Congreso y Gobierno chocan por cierre de calles ante delincuencia
Viernes 18 de Septiembre de 2009
Una colisión de intereses en torno al cierre o no de calles y de pasajes en las ciudades existe entre el Gobierno y el Congreso al momento de hacer los ajustes a la normativa vigente, materia que se revisó extensamente durante el año 2008 en el Congreso Nacional y que por ahora está pendiente por falta de consensos.
Así, para el Ministerio de la Vivienda no corresponde que se clausuren arterias por motivos de delincuencia y robos.
Incluso la titular, Patricia Poblete, precisa que las calles más seguras son aquellas en que existe una circulación fluida de peatones y vehículos. Tal planteamiento oficial de su cartera fue llevado al debate legislativo en torno a esta materia el año pasado.
"Los lugares más seguros de la ciudad son aquellos en donde hay una mayor y libre circulación de vehículos y peatones. La delincuencia se ampara en los lugares en que la gente se encierra y en donde no hay tránsito de personas", dijo.
Enfatizó que saltar un portón y acceder a un lugar falto de tránsito facilita los robos.
Posición discrepante tiene el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, quien recordó que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se entendió que debe haber algunas zonas de la ciudad con cierres para evitar el descontrol, producto de coyunturas puntuales por armas, robos y drogadicción.
El parlamentario precisó que pueden ser zonas acotadas y con cierres transitorios mientras las comunidades recuperan sus espacios públicos.
Puntualizó que efectivamente tal atribución implica hacer los ajustes legales correspondientes, con el objetivo de que los municipios puedan otorgar tales permisos con tiempos y condiciones acotadas, pero lamentó que la iniciativa no prosperó en 2008 por falta de consensos en la materia. "Yo estoy de acuerdo en el cierre de algunas calles, por ejemplo, por un año, porque ahí impera el descontrol".
Presidente de alcaldes: "Acatamos la ley, pero la gente debe defenderse"
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, afirmó: "Cuando enfrentamos muertes de niños por balas perdidas o persecuciones de narcotraficantes la gente tiene derecho a tomar resguardos. Si se hace de manera responsable y ordenada, y se garantiza el libre acceso de los vehículos de emergencia, entonces no vemos problema en que los vecinos pongan rejas en sus pasajes".
Arriagada, alcalde de La Granja, aclaró: "Acatamos los fallos de la justicia, pero también tenemos derecho a plantear cambios a la legislación, sobre todo cuando ésta no se ha actualizado. Es por eso que la próxima semana pediremos reuniones para proponer cambios a la ley".
Para cerrar un pasaje se requiere de la aprobación de todos los vecinos involucrados, quienes deben hacer una solicitud ante la Dirección de Obras. Una vez instalado el cierre, basta el reclamo de un vecino o de empresas de servicios (como luz, agua o gas) para que las rejas sean removidas.
Fijan fecha para preparar el juicio oral a Pilar Pérez
Jueves 17 de Septiembre de 2009
El 13 de octubre próximo fue fijado como el día en que los intervinientes de la investigación por los crímenes de Providencia presentarán sus pruebas en la audiencia de preparación del juicio oral.
Ese día, el Ministerio Público y las defensas presentarán cada una sus pruebas y discutirán sobre la idoneidad de las mismas.
El martes pasado recién la fiscalía presentó la acusación en contra de María del Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz Rodríguez, ambos acusados de los homicidios de Diegos Schmidt-Hebbel y del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y su pareja Héctor Arévalo.
La fiscalía presentará 108 testigos, 59 peritajes y casi 300 documentos con los que busca condenar a dos penas de presidio perpetuo calificado a cada uno de los acusados.
Los abogados defensores Mario Palma y Gonzalo Castro, de Pérez y Ruz, respectivamente, también presentarán evidencias particulares para asegurar la inocencia de sus representados.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4.htm?id={4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4}(El Mercurio)
El 13 de octubre próximo fue fijado como el día en que los intervinientes de la investigación por los crímenes de Providencia presentarán sus pruebas en la audiencia de preparación del juicio oral.
Ese día, el Ministerio Público y las defensas presentarán cada una sus pruebas y discutirán sobre la idoneidad de las mismas.
El martes pasado recién la fiscalía presentó la acusación en contra de María del Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz Rodríguez, ambos acusados de los homicidios de Diegos Schmidt-Hebbel y del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y su pareja Héctor Arévalo.
La fiscalía presentará 108 testigos, 59 peritajes y casi 300 documentos con los que busca condenar a dos penas de presidio perpetuo calificado a cada uno de los acusados.
Los abogados defensores Mario Palma y Gonzalo Castro, de Pérez y Ruz, respectivamente, también presentarán evidencias particulares para asegurar la inocencia de sus representados.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4.htm?id={4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4}(El Mercurio)
Corte de Apelaciones ratifica que es ilegal el cierre de calles
Jueves 17 de Septiembre de 2009
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
Estudian limitar el número de licencias médicas que emiten los doctores anualmente
Jueves 17 de Septiembre de 2009
Como una forma de fiscalizar la emisión de licencias médicas luego del escándalo conocido esta semana, en que 16 médicos dieron más de 123 mil licencias en tres años, el superintendente de Seguridad Social, que tiene a su cargo el control y registro de las mismas, Álvaro Elizalde, contó que se estudia la posibilidad de poner un límite a la cantidad de licencias que un médico puede otorgar al año, pues hoy no existe tal restricción.
La idea es establecer un tope máximo de talonarios de licencias a los que tendrían acceso los médicos. "Cuando un médico justifique que debe otorgar un número superior, se le podrá autorizar", dijo Elizalde. El departamento jurídico de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) estudia la forma en que este cambio se podría materializar, pues no está claro si sería necesaria una modificación reglamentaria o legal.
Respecto de esta iniciativa, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, afirmó que "no me atrevo a opinar, pero hay un montón de propuestas que circulan y que hay que analizar".
Otra de las ideas que se estudian es que el Registro Nacional de Licencias se haga público. Con esta medida se busca transparentar el sistema, pues se publicarían los nombres de los doctores y la cantidad de licencias que extienden al año. Eso sí, se resguardaría la identidad de los pacientes y sus diagnósticos.
El funcionamiento de licencias electrónicas es otro de los tópicos con los que se pretende aumentar la fiscalización. Esta iniciativa está dentro de la agenda de modernización del Estado, y en la Suseso esperan que se comience a aplicar dentro de un año en el sistema público, pues ya hay 2.500 médicos del sistema privado que la ocupan.
Entre sus principales ventajas está que se reduce el plazo de tramitación de nueve a tres días. Además, se les puede hacer un seguimiento en línea inmediatamente después de haber sido emitida la licencia y se le notifica en ese momento al empleador.
Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, expresó que "si bien se puede tener información más rápida, persiste el problema de la falta de facultades fiscalizadoras. Además, el sector público requeriría una adecuación tecnológica". La decisión de cuándo podría entrar en vigencia este sistema está en manos de Salud.
Respecto de la investigación de los 16 médicos cuestionados, el superintendente de Seguridad Social afirmó que en las próximas semanas se podrían sumar más doctores a la causa. "Ésta es la punta del iceberg", anunció.
Las enfermedades por las que se dieron las licencias investigadas son, en su mayoría, por patologías difíciles de fiscalizar, como las psiquiátricas. Llamó la atención de la Suseso que si bien los doctores cuestionados son médicos generales, siquiatras y pediatras, las licencias emitidas no necesariamente coinciden con esas especialidades.
Para solucionar estos problemas, la Subsecretaría de Salud contempla un aumento en la dotación de fiscalizadores en 60 plazas.
Cómo se depuró la lista
Hace dos meses el superintendente de seguridad social, Álvaro Elizalde, se reunió con la mesa directiva del Colegio Médico, donde expuso los nombres de 25 médicos que estaban siendo investigados por el alto número de licencias médicas que otorgaban.
El gremio entonces realizó un chequeo y argumentó en favor de algunos de los facultativos que se incluyeron en la lista inicial, que finalmente fue reducido a 16, según dijo ayer su presidente, Pablo Rodríguez.
La superintendencia, luego de esto, hizo un último cruce de datos con las cajas de compensación, servicios de salud e isapres para verificar a los facultativos que luego fueron denunciados a la justicia.
El médico que otorga más licencias en Chile
Anoche, el programa Informe Especial de TVN estuvo dedicado al caso de las licencias médicas fraudulentas y mostró a Wilhem Symma, el médico denunciado por la Superintendencia de Seguridad Social por haber extendido más de 17 mil licencias en un período de tres años.
En una cámara oculta, se ve cómo Symma le extiende una licencia a un supuesto paciente que la pide para descansar, viajar o por temor a perder el trabajo, y el médico le dice que la llenará por depresión.
Entrevistado por el prograna, Symma negó estar cometiendo una mala práctica. "Tengo una excelente relación médico-paciente", argumentó.
Informe Especial repitió el ejercicio con 11 de los 93 médicos que más licencias dan al año, quienes cobraron entre $10 mil y $40 mil. En un caso, el supuesto paciente ni siquiera vio al doctor que firmó su licencia.
Fiscal: "El primer obligado a cumplir la norma es el cotizante"
Ayer, el fiscal jefe de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, designó a la fiscal Giovanna Herrera para investigar la denuncia presentada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por presunto uso de licencias médicas falsas.
El tema no es nuevo para la investigadora, pues ella tenía a su cargo la indagatoria en contra de los médicos del desaparecido Centro Médico "Gonzalito", ubicado en Santiago Centro, en el que se "comercializaba" este tipo de documentos.
En esta causa la fiscal logró condenar a los facultativos Viviana Pizarro Díaz y Jaime Riveros Bruna a la pena de 541 días de presidio remitido por infracción a la Ley de Isapres. Además, mantiene en calidad de imputados a los médicos Mario Ibáñez González y José Morales Arellano, quienes están a la espera del juicio.
Pero en este caso la fiscal Herrera apuntará también sus pesquisas hacia los pacientes, es decir, los cotizantes del sistema previsional que utilizaron en su favor estos falsos documentos.
Para ello, debe revisar las 1.263 licencias que fueron otorgadas por los médicos de "Gonzalito", e identificar entre ellas a los afiliados que podrían ser formalizados por este delito.
"Es algo que estamos investigando. Lo importante aquí es entender que el afiliado es el primer obligado a cumplir la norma; es decir, el cotizante es el primer infractor cuando mediante engaño intenta conseguir un beneficio. Él es el primer imputado", explica la fiscal Herrera.
Por esta razón, dice, los médicos y otros funcionarios que participen de estos hechos son considerados como los facilitadores de los medios para cometer el ilícito.
De hecho, en esta causa la investigadora también formalizó a la secretaria del centro médico, quien también participaba en la maniobra de gestionar falsas licencias médicas. Tanto pacientes, médicos y funcionarios arriesgan una pena que va desde los 541 días hasta los tres años y un día.
La fiscal Herrera indagará a partir del lunes próximo la denuncia presentada por la superintendencia. Evaluará primero si los médicos denunciados atienden en su jurisdicción -Santiago Centro-, para en caso contrario derivar los antecedentes a otras fiscalías territoriales.
1.263licencias médicas se entregaron sin motivos justificados en el Centro Médico Gonzalito.
2 facultativosfueron condenados por infracción a la Ley de Isapres. Ambos aparecen en la denuncia presentada por Suseso.
Investigan a médicos del sector público
La subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, informó que la Superintendencia de Seguridad Social les hizo llegar una lista de seis a siete médicos vinculados al sector público que habrían entregado licencias médicas fraudulentas. Ante esto, Vega dijo que la mitad de esos profesionales ya no estarían en el sector público o se les habría desvinculado de Fonasa. Otro ya tenía una sanción previa. En definitiva, Fonasa indagará si los médicos están afiliados, y los servicios de Salud investigarán si entregaron esas licencias en el sistema público o en sus consultas privadas. Mientras, el equipo jurídico del Ministerio se hizo parte de la querella de la superintendencia.
Fiscalía pide dos penas de presidio perpetuo para Pilar Pérez y José Ruz
Miércoles 16 de Septiembre de 2009
Las máximas penas establecidas en la ley. Multiplicadas por dos. Eso es lo que arriesgan María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, los dos presuntos responsables de las muertes de Francisco Zamorano Marfull, ex marido de la mujer, y la pareja de éste, Héctor Arévalo, ocurridas el 23 de abril de 2008 en calle Infante 1020, además del crimen del economista Diego Schmidt-Hebbel, quien falleció en el umbral de la puerta de Seminario 95.
Es lo que pidieron ayer los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo en su acusación presentada en el 8º Juzgado de Garantía, esto es, dos penas de presidio perpetuo calificado para cada uno.
Pilar Pérez fue acusada como autora inductora del parricidio de su ex marido, del homicidio calificado de Arévalo y del robo con homicidio en contra de Schmidt-Hebbel. Es decir, los fiscales deben probar que la mujer encargó a Ruz la comisión de los ilícitos a cambio de pagos de dinero.
La fiscalía pidió además tres años y un día de cárcel en su contra por el delito homicidio simple frustrado en contra de su nuera, Monserrat Hernando.
José Ruz fue considerado como autor directo de dos homicidios calificados, en el caso de Zamorano y Arévalo, y de robo con homicidio por el economista.
En una sumatoria simple de penas, Pilar Pérez arriesga 83 años de cárcel y Ruz, 80 años.
Pero el presidio perpetuo calificado implica que a los 40 años de cumplida la pena, recién se puede revisar la posibilidad de otorgar algún beneficio al condenado.
Las pruebas y agravantes
La extensa acusación formulada ayer por el Ministerio Público deja entrever que el juicio oral por estos crímenes será de largo aliento. Y es que la fiscalía comprometió la presencia de 108 testigos, 59 peritos y 286 documentos.
Los fiscales destacan el inédito número de peritos que serán presentados. Esto se explica pues fueron periciadas cada una de las evidencias materiales recogidas en los tres homicidios.
Con todo este número de evidencias el Ministerio Público buscará probar la culpabilidad de ambos imputados y demostrar las agravantes que los afectan.
La fiscalía pidió considerar, para el caso del "doble homicidio", las agravantes de alevosía y premeditación, además del hecho de actuar por premio o promesa remuneratoria. También se incluyó la agravante de ejecutar el delito en la morada del ofendido.
Esta última agravante se aprecia con claridad en el crimen de Infante, pero respecto de Schmidt-Hebbel, quien no vivía en la casa de Seminario 95, se considera que en el "plan de matar" involucraba también a su novia Belén Molina, el cuñado de Pérez López, Agustín Molina, su madre María Aurelia y su hermana Gloria.
Ayer el representante de la familia Schmidt-Hebbel, Juan Domingo Acosta, se manifestó satisfecho por la presentación, ya que a su juicio la calificación de los delitos y las penas que se pidieron corresponden a los hechos.
En tanto, Mario Palma, abogado de María del Pilar Pérez, aseguró que esperará ser notificado de la acusación para adelantar la defensa de su cliente. De todas maneras, insistió en que Pérez López es inocente de los cargos que se le acusan.
59peritajes serán presentados en el juicio oral por los crímenes de Providencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/16/nacional/nacional/noticias/C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72.htm?id={C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72} (El Mercurio)
Las máximas penas establecidas en la ley. Multiplicadas por dos. Eso es lo que arriesgan María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, los dos presuntos responsables de las muertes de Francisco Zamorano Marfull, ex marido de la mujer, y la pareja de éste, Héctor Arévalo, ocurridas el 23 de abril de 2008 en calle Infante 1020, además del crimen del economista Diego Schmidt-Hebbel, quien falleció en el umbral de la puerta de Seminario 95.
Es lo que pidieron ayer los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo en su acusación presentada en el 8º Juzgado de Garantía, esto es, dos penas de presidio perpetuo calificado para cada uno.
Pilar Pérez fue acusada como autora inductora del parricidio de su ex marido, del homicidio calificado de Arévalo y del robo con homicidio en contra de Schmidt-Hebbel. Es decir, los fiscales deben probar que la mujer encargó a Ruz la comisión de los ilícitos a cambio de pagos de dinero.
La fiscalía pidió además tres años y un día de cárcel en su contra por el delito homicidio simple frustrado en contra de su nuera, Monserrat Hernando.
José Ruz fue considerado como autor directo de dos homicidios calificados, en el caso de Zamorano y Arévalo, y de robo con homicidio por el economista.
En una sumatoria simple de penas, Pilar Pérez arriesga 83 años de cárcel y Ruz, 80 años.
Pero el presidio perpetuo calificado implica que a los 40 años de cumplida la pena, recién se puede revisar la posibilidad de otorgar algún beneficio al condenado.
Las pruebas y agravantes
La extensa acusación formulada ayer por el Ministerio Público deja entrever que el juicio oral por estos crímenes será de largo aliento. Y es que la fiscalía comprometió la presencia de 108 testigos, 59 peritos y 286 documentos.
Los fiscales destacan el inédito número de peritos que serán presentados. Esto se explica pues fueron periciadas cada una de las evidencias materiales recogidas en los tres homicidios.
Con todo este número de evidencias el Ministerio Público buscará probar la culpabilidad de ambos imputados y demostrar las agravantes que los afectan.
La fiscalía pidió considerar, para el caso del "doble homicidio", las agravantes de alevosía y premeditación, además del hecho de actuar por premio o promesa remuneratoria. También se incluyó la agravante de ejecutar el delito en la morada del ofendido.
Esta última agravante se aprecia con claridad en el crimen de Infante, pero respecto de Schmidt-Hebbel, quien no vivía en la casa de Seminario 95, se considera que en el "plan de matar" involucraba también a su novia Belén Molina, el cuñado de Pérez López, Agustín Molina, su madre María Aurelia y su hermana Gloria.
Ayer el representante de la familia Schmidt-Hebbel, Juan Domingo Acosta, se manifestó satisfecho por la presentación, ya que a su juicio la calificación de los delitos y las penas que se pidieron corresponden a los hechos.
En tanto, Mario Palma, abogado de María del Pilar Pérez, aseguró que esperará ser notificado de la acusación para adelantar la defensa de su cliente. De todas maneras, insistió en que Pérez López es inocente de los cargos que se le acusan.
59peritajes serán presentados en el juicio oral por los crímenes de Providencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/16/nacional/nacional/noticias/C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72.htm?id={C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72} (El Mercurio)
Documento de ingreso a Isla de Pascua no restringe la estadía del visitante
Martes 15 de Septiembre de 2009
Desde hoy todos los chilenos y extranjeros que viajen a Isla de Pascua deberán someterse a un control adicional a los ya existentes.
La medida fue adoptada por el Gobierno luego de la protesta de los isleños por la sobrepoblación y el consiguiente daño patrimonial y al ecosistema de la isla.
Los viajeros a Rapa Nui recibirán un documento (ver fotografía) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez -denominada "Tarjeta de Visitante Rapa Nui"-que deberán llenar con los datos consultados, el que posteriormente será revisada en el terminal aéreo de Mataveri.
Esta plantilla ayudará a mejorar la información sobre las personas que ingresen a la isla, aunque todavía no funcionará para controlar la permanencia de los turistas en Isla de Pascua, hasta que no se concrete la reforma constitucional que propuso el Gobierno y que actualmente está en período de negociación entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, con autoridades de Isla de Pascua.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A.htm?id={182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A} (El Mercurio)
Desde hoy todos los chilenos y extranjeros que viajen a Isla de Pascua deberán someterse a un control adicional a los ya existentes.
La medida fue adoptada por el Gobierno luego de la protesta de los isleños por la sobrepoblación y el consiguiente daño patrimonial y al ecosistema de la isla.
Los viajeros a Rapa Nui recibirán un documento (ver fotografía) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez -denominada "Tarjeta de Visitante Rapa Nui"-que deberán llenar con los datos consultados, el que posteriormente será revisada en el terminal aéreo de Mataveri.
Esta plantilla ayudará a mejorar la información sobre las personas que ingresen a la isla, aunque todavía no funcionará para controlar la permanencia de los turistas en Isla de Pascua, hasta que no se concrete la reforma constitucional que propuso el Gobierno y que actualmente está en período de negociación entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, con autoridades de Isla de Pascua.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A.htm?id={182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A} (El Mercurio)
Fiscal interroga a imputado por presunta extorsión
Martes 15 de Septiembre de 2009
Dos horas y media duró ayer el interrogatorio a Pedro del Fierro Carmona, el periodista e intermediario en compra y venta de armas que fue denunciado por un presunto intento de extorsión en contra del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Según diversas fuentes de la causa, declaró en calidad de imputado ante el fiscal oriente, Xavier Armendáriz.
Reconoció en parte los hechos denunciados por el abogado del Ministerio del Interior, Luciano Foullioux.
Esto es, que se reunió con este último en presencia del abogado Héctor Salazar, y que le habría pedido beneficios para sus amigos miembros del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende (GAP). Esto, a cambio de entregar una versión que favorezca al ministro Pérez Yoma en el proceso judicial por la compra de tanques Leopard I.
De no llegar a un acuerdo, Del Fierro entregaría antecedentes que perjudicarían a la autoridad, según la denuncia.
Ayer, el imputado admitió estos hechos, pero negó haber pedido a cambio el pago de 500 mil dólares.
Segundo piso
En tanto, el jueves pasado se presentó voluntariamente a declarar uno de los asesores del llamado "segundo piso" del Palacio de la Moneda.
Se trata de Marcos Robledo, quien habría llevado ante Armendáriz nuevos antecedentes del caso.
El fiscal está estudiando si procede el delito de extorsión o de amenazas condicionadas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB.htm?id={50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB} (El Mercurio)
Dos horas y media duró ayer el interrogatorio a Pedro del Fierro Carmona, el periodista e intermediario en compra y venta de armas que fue denunciado por un presunto intento de extorsión en contra del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Según diversas fuentes de la causa, declaró en calidad de imputado ante el fiscal oriente, Xavier Armendáriz.
Reconoció en parte los hechos denunciados por el abogado del Ministerio del Interior, Luciano Foullioux.
Esto es, que se reunió con este último en presencia del abogado Héctor Salazar, y que le habría pedido beneficios para sus amigos miembros del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende (GAP). Esto, a cambio de entregar una versión que favorezca al ministro Pérez Yoma en el proceso judicial por la compra de tanques Leopard I.
De no llegar a un acuerdo, Del Fierro entregaría antecedentes que perjudicarían a la autoridad, según la denuncia.
Ayer, el imputado admitió estos hechos, pero negó haber pedido a cambio el pago de 500 mil dólares.
Segundo piso
En tanto, el jueves pasado se presentó voluntariamente a declarar uno de los asesores del llamado "segundo piso" del Palacio de la Moneda.
Se trata de Marcos Robledo, quien habría llevado ante Armendáriz nuevos antecedentes del caso.
El fiscal está estudiando si procede el delito de extorsión o de amenazas condicionadas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB.htm?id={50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB} (El Mercurio)
Juez Solís procesará en caso falsos detenidos desaparecidos
Lunes 14 de Septiembre de 2009
Por el delito de fraude al fisco, el ministro Alejandro Solís alista los procesamientos a los familiares de cuatro de los nueve casos de falsos detenidos desaparecidos.
"Se están acumulando los antecedentes que pueden llegar eventualmente a un autoprocesamiento", explicó el magistrado al ser consultado por el tema.
El juez Solís podría adoptar una resolución en los próximos días.
Los cuatro casos sospechosos son el de Gustavo Soto Peredo, quien falleció a causa de una puñalada al corazón en 1990 y cuyo hijo cobró hasta 2005 pensiones que suman 10 millones de pesos.
Se suman el episodio de Carlos Rojas Campos, quien vive en Argentina; Pedro Millas Márquez, que falleció en un accidente ferroviario, y Carlos Muñoz Mejías, muerto en un accidente de tránsito en 1973.
En todo caso, el ministro ya dictó el sobreseimiento en dos de los casos denunciados. Uno de ellos es el de Emperatriz Villagra, que figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pero su hermana reconoció que había fallecido años antes (en 1955), producto de una complicación en el parto.
Solís explicó que en cinco casos no se acreditó una acción dolosa, sino que hubo desconocimiento por parte de los familiares.
"Está fehacientemente acreditado que la petición que se hizo al gobierno por los familiares no había dolo sino ignorancia", sostuvo el juez.
El ministro agregó que en los próximos días cerrará los otros tres casos, como el denunciado por la diputada RN Karla Rubilar, de Luis Emilio Recabarren.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/14/nacional/nacional/noticias/F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153.htm?id={F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153} (El Mercurio)
Por el delito de fraude al fisco, el ministro Alejandro Solís alista los procesamientos a los familiares de cuatro de los nueve casos de falsos detenidos desaparecidos.
"Se están acumulando los antecedentes que pueden llegar eventualmente a un autoprocesamiento", explicó el magistrado al ser consultado por el tema.
El juez Solís podría adoptar una resolución en los próximos días.
Los cuatro casos sospechosos son el de Gustavo Soto Peredo, quien falleció a causa de una puñalada al corazón en 1990 y cuyo hijo cobró hasta 2005 pensiones que suman 10 millones de pesos.
Se suman el episodio de Carlos Rojas Campos, quien vive en Argentina; Pedro Millas Márquez, que falleció en un accidente ferroviario, y Carlos Muñoz Mejías, muerto en un accidente de tránsito en 1973.
En todo caso, el ministro ya dictó el sobreseimiento en dos de los casos denunciados. Uno de ellos es el de Emperatriz Villagra, que figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pero su hermana reconoció que había fallecido años antes (en 1955), producto de una complicación en el parto.
Solís explicó que en cinco casos no se acreditó una acción dolosa, sino que hubo desconocimiento por parte de los familiares.
"Está fehacientemente acreditado que la petición que se hizo al gobierno por los familiares no había dolo sino ignorancia", sostuvo el juez.
El ministro agregó que en los próximos días cerrará los otros tres casos, como el denunciado por la diputada RN Karla Rubilar, de Luis Emilio Recabarren.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/14/nacional/nacional/noticias/F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153.htm?id={F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153} (El Mercurio)
lunes, 14 de septiembre de 2009
El miércoles pasado, los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo cerraron la indagación por los tres crímenes de Providencia.
Hoy se encuentran abocados a redactar la acusación en contra de María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, la autora mediata y el autor material de los homicidios del economista Diego Schmidt-Hebbel y de Francisco Zamorano -ex marido de Pérez López- y su pareja gay, Héctor Arévalo. Este crimen ocurrió el 23 de abril de 2008 en la casa que ambos compartían en calle José Manuel Infante 1020.
Fue a las siete y media de la tarde, cuando Ruz ingresó al domicilio junto a Héctor Arévalo, a quien le dijo que venía a buscar unos planos que Zamorano le iba a pasar.
Mientras subían al segundo piso, Ruz se puso unos guantes de cuero negro. Al llegar arriba, sacó su pistola Browning 7.65 con silenciador, y les disparó en el cuello.
Con el paso los meses, el encargo de la mujer se ampliaba a su familia que vivía en Seminario 97, al lado de su casa. Su objetivo eran su cuñado Agustín Molina, su hermana Gloria, su madre María Aurelia López y su sobrina María Belén Molina. Según la fiscalía, este plan también incluía al novio de esta última, Diego Schmidt-Hebbel, quien murió la mañana del 4 de noviembre, cuando Ruz se atrevió a ejecutar el encargo.
Como todos los días, Schmidt-Hebbel pasó a buscar a María Belén para llevarla a la universidad. Ése era el momento que Pérez le había indicado a Ruz como el propicio para entrar a la casa. El asesino obedeció. Empujó a la pareja hacia adentro. Forcejeó con Diego, mientras Belén observaba desde la puerta de seguridad. Hubo dos balazos: uno en la pared y otro en el cuello de la víctima. Últimamente se supo que Ruz también lo acuchilló.
En el Ministerio Público precisan que hay abundante evidencia material y científica para condenar al sicario por estos tres crímenes. Además, se encuentra confeso. El problema es probar que detrás de todo estaba Pilar Pérez. Dicen en la fiscalía que también hay abundancia de pruebas e indicios. En el juicio habrá más de 100 testigos y, lo que es inédito, más de 60 peritos.
1.- Los tráficos telefónicos de Ruz y la "Pili"Varias llamadas perdidas de "Pili". Ese fue el registro que quedó la noche del 4 de noviembre en el celular de José Ruz.
Había sido detenido horas después del crimen de Diego Schmidt-Hebbel. Mientras Ruz era fichado, Pilar Pérez lo llamó insistentemente. Esa fue la primera pista de que estaba involucrada.
Gracias a los tráficos telefónicos, se descubrió que también estaba detrás del crimen de su ex marido y su pareja.
Tras la muerte de Diego, el sicario nunca confesó el doble homicidio. De hecho, los cargos apuntaban a la confesión del primo de Zamorano, Claudio Soza. Pero apareció un número que se repetía en los llamados del sicario. Era del armero, quien le vendió las armas para ambos crímenes. Ahí, los fiscales descubrieron que el celular de Ruz estaba a nombre de Pérez, y que se lo proporcionó en diciembre de 2007. De hecho, el 24, el día siguiente del "doble homicidio", le habilitó otro número.
Pero hay un peritaje decidor. Según el radio que arrojó la localización de las antenas de los teléfonos de Pérez y Ruz, se juntaron el 24 de abril, tal como lo confesó el homicida.2.- Detallado plano de la casa de SeminarioSeis inscripciones hechas con lápiz de pasta azul, plasmadas en un antiguo plano del segundo piso de la casa de Seminario 97, donde vivían los familiares directos de Pilar Pérez, la complican. El documento fue encontrado en la casa de Ruz, y éste confesó haberlo recibido de manos de la mujer. Reconoce que ella consignó en el plano la ubicación de las habitaciones y la distribución de sus familiares.El examen caligráfico determinó que la letra corresponde a la mujer. Para los fiscales, Pérez debe explicar cómo llegó esta información que sólo ella conocía a manos de Ruz. Sabía la rutina que había en Seminario 97 y la ubicación de cada habitación, como objetos de valor y dinero. El sicario reconoció que la mujer le encargó "hacerles el mayor daño posible" a su madre, hermana, cuñado, y a su sobrina. Todo por la disputa de la herencia de su padre.
3.- Fotografías familiaresEntre Pilar Pérez y su sicario José Ruz había una promesa: si este último concretaba todos los "encargos", la arquitecta compartiría con él su parte de la millonaria herencia que dejó su padre.
Ruz también tubo otros dos encargos: la muerte de Monserrat Hernando, esposa de su hijo Juan José Zamorano, y de la madre de esta última. El imputado confesó, y tenía en su domicilio fotografías de las posibles víctimas.
Un peritaje al computador de Pérez, incautado en su domicilio, reveló que las fotografías estaban en su disco duro y que ella se las habría proporcionado.
4.- Video del "doble homicidio"Un video de una cámara de seguridad de una empresa ubicada a un par de metros de la casa de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, en calle José Manuel Infante 1098, muestra a José Ruz estacionar su vehículo Suzuki Maruti color rojo a las 18:40 horas. Luego, una hora más tarde, se ve claramente cuando el vehículo se retira del lugar.
En el registro, el vehículo se aprecia de color blanco. Esto tiene que ver con la textura de la imagen de la cámara, según comentaron fuentes de la causa. De hecho, por esta razón se realizó un peritaje con la PDI en el que se recreó la escena y se grabó con la misma cámara. El resultado es idéntico. El video permite darle sustento a la propia confesión del imputado.5.- Los dichos de otros sicariosLa existencia de otros "sicarios" en la vida de Pilar Pérez es vital para los acusadores. El caso está lleno de este tipo de personajes más allá de José Ruz. El primero que aparece es William Martínez, quien el año 2002 fue contactado por Pilar Pérez para asesinar a su entonces pareja, el arquitecto Carlos Rafael Felip Imperatore. Luego, Pérez López conoció a Ruz, en el mundo de los cafés con piernas. En diciembre de 2007 le propuso a Ruz su plan para matar a su ex marido. El sujeto no se atrevía, por lo que decidió subcontratar a otro sicario: Miguel Carvajal, quien primero aceptó y recibió un pago. Pero después también se arrepintió. La mujer decidió contactar a otro sujeto, E.P.G., cuyo testimonio también figura en el proceso.6.- Los armerosLa pista de los armeros fue clave para vincular a José Ruz con el "doble homicidio" de Infante. De hecho, la primera vez que la fiscalía contactó a Juan Francisco González, éste reconoció haberle vendido en abril de 2008 una pistola Browning 7.65, que además contenía un silenciador fabricado por otro sujeto, el ex CNI Aladino Pereira. González admite que en octubre le confeccionó un cañón desmontable para una pistola Taurus 6.35. Zamorano y Arévalo fueron ultimados con una pistola 7.65 y Schmidt-Hebbel falleció de un balazo de una pistola 6.35.7.- Los cheques de Pilar y RuzLa promesa de pago que le hizo Pilar Pérez a José Ruz por el crimen de todos sus familiares era de $30 millones. El sicario confesó solo haber recibido $500 mil, dinero con el que dice mandó a confeccionar el arma para asesinar al ex marido de la mujer y la pareja de éste. Pero en el Ministerio Público creen que la imputada le adelantó un pago de $10 millones. Porque el 12 de agosto de 2008, Pérez retiró $4.800.000 de su cuenta en el Scotiabank; el 18 de agosto cobró $4.400.000 de su cuenta del Banco Chile; el 1 de septiembre retiró $850 mil del Scotiabank. Los investigadores creen que se trató de un adelanto para Ruz. No hay indicios de compras.8.- Declaraciones de familiaresSu madre, María Aurelia López, su hermana Gloria, su cuñado Agustín Molina, su sobrina María Belén. Además de sus hijos Juan José y Rocío Zamorano. Todos declararán en el juicio oral, a menos que prefieran abstenerse. Sus testimonios tienen la importancia de probar que existía un "móvil" para los encargos. Coinciden en que "ella era capaz de todo" y que, con los años, el problema de la herencia, de la inquina familiar, incubó un odio "que creció cada día más". Sus hijos revelan la tormentosa relación de Pérez López con su ex marido Francisco Zamorano, cómo descubre su homosexualidad y aquello que nunca le pudo perdonar: que la obligara a hacerse un aborto del primer hijo.9.- Confesión del sicarioJosé Ruz, confesó el 3 de diciembre antes los fiscales Fodich y Gajardo que él era el asesino de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo. Y que al igual que como sucedió con Diego Schmidt-Hebbel, se trataba de un encargo de Pilar Pérez. Luego, Ruz ratificó en varias ocasiones su testimonio. Pero, las fuentes dicen que es probable que en el juicio se reserve el derecho a guardar silencio. Lo que no será problema para la fiscalía pues presentará como testigo a dos policías que estuvieron presentes en la diligencia y relatarán los dichos del sicario.10.- Carta desde la cárcel buscaba "un vuelco" en el casoEn marzo pasado Pilar Pérez intentó ofrecerle dinero a José Ruz para que se retracte de su confesión.Lo hizo a través del esposo de su hija Rocío, Rodrigo Arroyo. Este intento terminó por quebrar la relación con su hija y, con los únicos familiares que la visitaban en la cárcel. En esa carta, entre otras cosas, le indica a Ruz que tiene que declarar que su cuñado, Agustín Molina, está detrás de todo y que la involucró para beneficiarse. Para los fiscales, esta carta es una confesión indirecta porque ella acepta su condición.
"Si Ruz declara la verdad, de que fue A. Molina quien lo contrató para inculparme, el vuelco en el caso es total y quedarían al descubierto todas las maléficas intenciones que ellos tuvieron siempre en mi contra. Pasarían de ser 'víctimas' a 'victimarios' (sic) que es el verdadero rol protagónico que le corresponde asumir a Molina. ¿Y Diego qué?, es también por su culpa que él murió, por no haberlo socorrido apenas lo vio. ¿Por qué no lo hizo? En este plan hay dos víctimas: Diego, que falleció por errores incomprensibles, y yo, que llevo más de cien días en este infierno", dice en su carta.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/13/nacional/nacional/noticias/2276229C-0089-42CD-83E9-EB661E056B7C.htm?id={2276229C-0089-42CD-83E9-EB661E056B7C} (El Mercurio)
Hoy se encuentran abocados a redactar la acusación en contra de María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, la autora mediata y el autor material de los homicidios del economista Diego Schmidt-Hebbel y de Francisco Zamorano -ex marido de Pérez López- y su pareja gay, Héctor Arévalo. Este crimen ocurrió el 23 de abril de 2008 en la casa que ambos compartían en calle José Manuel Infante 1020.
Fue a las siete y media de la tarde, cuando Ruz ingresó al domicilio junto a Héctor Arévalo, a quien le dijo que venía a buscar unos planos que Zamorano le iba a pasar.
Mientras subían al segundo piso, Ruz se puso unos guantes de cuero negro. Al llegar arriba, sacó su pistola Browning 7.65 con silenciador, y les disparó en el cuello.
Con el paso los meses, el encargo de la mujer se ampliaba a su familia que vivía en Seminario 97, al lado de su casa. Su objetivo eran su cuñado Agustín Molina, su hermana Gloria, su madre María Aurelia López y su sobrina María Belén Molina. Según la fiscalía, este plan también incluía al novio de esta última, Diego Schmidt-Hebbel, quien murió la mañana del 4 de noviembre, cuando Ruz se atrevió a ejecutar el encargo.
Como todos los días, Schmidt-Hebbel pasó a buscar a María Belén para llevarla a la universidad. Ése era el momento que Pérez le había indicado a Ruz como el propicio para entrar a la casa. El asesino obedeció. Empujó a la pareja hacia adentro. Forcejeó con Diego, mientras Belén observaba desde la puerta de seguridad. Hubo dos balazos: uno en la pared y otro en el cuello de la víctima. Últimamente se supo que Ruz también lo acuchilló.
En el Ministerio Público precisan que hay abundante evidencia material y científica para condenar al sicario por estos tres crímenes. Además, se encuentra confeso. El problema es probar que detrás de todo estaba Pilar Pérez. Dicen en la fiscalía que también hay abundancia de pruebas e indicios. En el juicio habrá más de 100 testigos y, lo que es inédito, más de 60 peritos.
1.- Los tráficos telefónicos de Ruz y la "Pili"Varias llamadas perdidas de "Pili". Ese fue el registro que quedó la noche del 4 de noviembre en el celular de José Ruz.
Había sido detenido horas después del crimen de Diego Schmidt-Hebbel. Mientras Ruz era fichado, Pilar Pérez lo llamó insistentemente. Esa fue la primera pista de que estaba involucrada.
Gracias a los tráficos telefónicos, se descubrió que también estaba detrás del crimen de su ex marido y su pareja.
Tras la muerte de Diego, el sicario nunca confesó el doble homicidio. De hecho, los cargos apuntaban a la confesión del primo de Zamorano, Claudio Soza. Pero apareció un número que se repetía en los llamados del sicario. Era del armero, quien le vendió las armas para ambos crímenes. Ahí, los fiscales descubrieron que el celular de Ruz estaba a nombre de Pérez, y que se lo proporcionó en diciembre de 2007. De hecho, el 24, el día siguiente del "doble homicidio", le habilitó otro número.
Pero hay un peritaje decidor. Según el radio que arrojó la localización de las antenas de los teléfonos de Pérez y Ruz, se juntaron el 24 de abril, tal como lo confesó el homicida.2.- Detallado plano de la casa de SeminarioSeis inscripciones hechas con lápiz de pasta azul, plasmadas en un antiguo plano del segundo piso de la casa de Seminario 97, donde vivían los familiares directos de Pilar Pérez, la complican. El documento fue encontrado en la casa de Ruz, y éste confesó haberlo recibido de manos de la mujer. Reconoce que ella consignó en el plano la ubicación de las habitaciones y la distribución de sus familiares.El examen caligráfico determinó que la letra corresponde a la mujer. Para los fiscales, Pérez debe explicar cómo llegó esta información que sólo ella conocía a manos de Ruz. Sabía la rutina que había en Seminario 97 y la ubicación de cada habitación, como objetos de valor y dinero. El sicario reconoció que la mujer le encargó "hacerles el mayor daño posible" a su madre, hermana, cuñado, y a su sobrina. Todo por la disputa de la herencia de su padre.
3.- Fotografías familiaresEntre Pilar Pérez y su sicario José Ruz había una promesa: si este último concretaba todos los "encargos", la arquitecta compartiría con él su parte de la millonaria herencia que dejó su padre.
Ruz también tubo otros dos encargos: la muerte de Monserrat Hernando, esposa de su hijo Juan José Zamorano, y de la madre de esta última. El imputado confesó, y tenía en su domicilio fotografías de las posibles víctimas.
Un peritaje al computador de Pérez, incautado en su domicilio, reveló que las fotografías estaban en su disco duro y que ella se las habría proporcionado.
4.- Video del "doble homicidio"Un video de una cámara de seguridad de una empresa ubicada a un par de metros de la casa de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, en calle José Manuel Infante 1098, muestra a José Ruz estacionar su vehículo Suzuki Maruti color rojo a las 18:40 horas. Luego, una hora más tarde, se ve claramente cuando el vehículo se retira del lugar.
En el registro, el vehículo se aprecia de color blanco. Esto tiene que ver con la textura de la imagen de la cámara, según comentaron fuentes de la causa. De hecho, por esta razón se realizó un peritaje con la PDI en el que se recreó la escena y se grabó con la misma cámara. El resultado es idéntico. El video permite darle sustento a la propia confesión del imputado.5.- Los dichos de otros sicariosLa existencia de otros "sicarios" en la vida de Pilar Pérez es vital para los acusadores. El caso está lleno de este tipo de personajes más allá de José Ruz. El primero que aparece es William Martínez, quien el año 2002 fue contactado por Pilar Pérez para asesinar a su entonces pareja, el arquitecto Carlos Rafael Felip Imperatore. Luego, Pérez López conoció a Ruz, en el mundo de los cafés con piernas. En diciembre de 2007 le propuso a Ruz su plan para matar a su ex marido. El sujeto no se atrevía, por lo que decidió subcontratar a otro sicario: Miguel Carvajal, quien primero aceptó y recibió un pago. Pero después también se arrepintió. La mujer decidió contactar a otro sujeto, E.P.G., cuyo testimonio también figura en el proceso.6.- Los armerosLa pista de los armeros fue clave para vincular a José Ruz con el "doble homicidio" de Infante. De hecho, la primera vez que la fiscalía contactó a Juan Francisco González, éste reconoció haberle vendido en abril de 2008 una pistola Browning 7.65, que además contenía un silenciador fabricado por otro sujeto, el ex CNI Aladino Pereira. González admite que en octubre le confeccionó un cañón desmontable para una pistola Taurus 6.35. Zamorano y Arévalo fueron ultimados con una pistola 7.65 y Schmidt-Hebbel falleció de un balazo de una pistola 6.35.7.- Los cheques de Pilar y RuzLa promesa de pago que le hizo Pilar Pérez a José Ruz por el crimen de todos sus familiares era de $30 millones. El sicario confesó solo haber recibido $500 mil, dinero con el que dice mandó a confeccionar el arma para asesinar al ex marido de la mujer y la pareja de éste. Pero en el Ministerio Público creen que la imputada le adelantó un pago de $10 millones. Porque el 12 de agosto de 2008, Pérez retiró $4.800.000 de su cuenta en el Scotiabank; el 18 de agosto cobró $4.400.000 de su cuenta del Banco Chile; el 1 de septiembre retiró $850 mil del Scotiabank. Los investigadores creen que se trató de un adelanto para Ruz. No hay indicios de compras.8.- Declaraciones de familiaresSu madre, María Aurelia López, su hermana Gloria, su cuñado Agustín Molina, su sobrina María Belén. Además de sus hijos Juan José y Rocío Zamorano. Todos declararán en el juicio oral, a menos que prefieran abstenerse. Sus testimonios tienen la importancia de probar que existía un "móvil" para los encargos. Coinciden en que "ella era capaz de todo" y que, con los años, el problema de la herencia, de la inquina familiar, incubó un odio "que creció cada día más". Sus hijos revelan la tormentosa relación de Pérez López con su ex marido Francisco Zamorano, cómo descubre su homosexualidad y aquello que nunca le pudo perdonar: que la obligara a hacerse un aborto del primer hijo.9.- Confesión del sicarioJosé Ruz, confesó el 3 de diciembre antes los fiscales Fodich y Gajardo que él era el asesino de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo. Y que al igual que como sucedió con Diego Schmidt-Hebbel, se trataba de un encargo de Pilar Pérez. Luego, Ruz ratificó en varias ocasiones su testimonio. Pero, las fuentes dicen que es probable que en el juicio se reserve el derecho a guardar silencio. Lo que no será problema para la fiscalía pues presentará como testigo a dos policías que estuvieron presentes en la diligencia y relatarán los dichos del sicario.10.- Carta desde la cárcel buscaba "un vuelco" en el casoEn marzo pasado Pilar Pérez intentó ofrecerle dinero a José Ruz para que se retracte de su confesión.Lo hizo a través del esposo de su hija Rocío, Rodrigo Arroyo. Este intento terminó por quebrar la relación con su hija y, con los únicos familiares que la visitaban en la cárcel. En esa carta, entre otras cosas, le indica a Ruz que tiene que declarar que su cuñado, Agustín Molina, está detrás de todo y que la involucró para beneficiarse. Para los fiscales, esta carta es una confesión indirecta porque ella acepta su condición.
"Si Ruz declara la verdad, de que fue A. Molina quien lo contrató para inculparme, el vuelco en el caso es total y quedarían al descubierto todas las maléficas intenciones que ellos tuvieron siempre en mi contra. Pasarían de ser 'víctimas' a 'victimarios' (sic) que es el verdadero rol protagónico que le corresponde asumir a Molina. ¿Y Diego qué?, es también por su culpa que él murió, por no haberlo socorrido apenas lo vio. ¿Por qué no lo hizo? En este plan hay dos víctimas: Diego, que falleció por errores incomprensibles, y yo, que llevo más de cien días en este infierno", dice en su carta.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/13/nacional/nacional/noticias/2276229C-0089-42CD-83E9-EB661E056B7C.htm?id={2276229C-0089-42CD-83E9-EB661E056B7C} (El Mercurio)
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