Sábado 31 de Octubre de 2009
Sus expectativas de que en el próximo gobierno el Ministerio de Justicia recupere el "peso político" que tuvo "en el pasado" manifestó ayer el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, al término de un debate al que la orden y la Fundación Pro Bono invitaron a representantes de los cuatro candidatos presidenciales, y en el que, entre otros temas, se abordó el papel de la citada secretaría de Estado.
"Una de las cosas esenciales en el diseño del futuro Gobierno es que el Ministerio de Justicia tenga un rango y un rol protagónico dentro del Gobierno, y eso hace que tenga peso político suficiente como para tener influencia en la distribución de recursos, en las políticas públicas", afirmó Barros a "El Mercurio".
Una visión con la que discrepó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aseguró que en el actual gabinete "no hay protagonismos", y recordó que durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el crecimiento del sector justicia "ha sido el más grande" en la historia del país. "Lamentablemente, más que un análisis político, las palabras (de Barros) denotan un poco de desconocimiento", dijo.
Pero Barros también apuntó al alto número de servicios que dependen de esa cartera, afirmando que "tengo la impresión de que hay una hipertrofia dentro del ministerio, tiene 7 servicios dependientes", los que "no necesariamente están vinculados con la gestión de Justicia".
"Probablemente ahí es necesario también hacer un rediseño institucional de tal manera de saber qué cosa pertenece al ámbito de justicia, a seguridad pública y a otras materias", agregó.
Esta preocupación fue compartida por algunos de los representantes de los candidatos, quienes, además, en forma unánime, hicieron un crítico diagnóstico de la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, opinión a la que se sumó Barros.
"La impresión que tenemos es que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) están cumpliendo deficientemente las dos funciones: completar la formación práctica de los egresados de Derecho, y prestar un servicio de asistencia jurídica a quienes no lo tienen", aseguró el presidente de la orden gremial.
Consultado al respecto, el ministro Maldonado respondió que la estructura, recursos y diseño de la CAJ "corresponden a un Chile de otra época", y conscientes de ello, en las próximas semanas presentarán el proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
Adelantó que entre las propuestas que la llamada mesa penitenciaria hará a fin de año podrían estar cambios al diseño orgánico de ese sector, y reconoció ser partidario de que el ministerio tenga más de una subsecretaría -como Salud o Trabajo-, "por la distinta naturaleza de los servicios que dependen de él".
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''En algún tiempolo tuvo en el pasado (pesopolítico), y es la épocaen que se hicieron lasmás grandes reformas".ENRIQUE BARROSPRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS
''Lamentablemente,más que un análisis político,las palabras (deBarros) denotan un pocode desconocimiento".CARLOS MALDONADOMINISTRO DE JUSTICIA
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66.htm?id={23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66} (El Mercurio)
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martes, 3 de noviembre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
Abogados en la mira de la justicia por estafas o engaños a sus clientes
Son depositarios de la confianza de sus clientes. Les resuelven los problemas legales. Pero, a veces se transforma en un verdadero lío. Con la Reforma Procesal Penal se han hecho visibles los casos de abogados que estafan a sus clientes, y cometen delitos en el ejercicio de su profesión. Son condenados, pero a penas bajas y con amplias posibilidades de seguir ejerciendo.
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
jueves, 11 de junio de 2009
Presidente del Colegio de Abogados es reelecto por el consejo de la orden
Martes 9 de Junio del 2009
Crear grupos de trabajo para abordar temáticas que interesen a los abogados -partiendo por la justicia de familia- fue la primera medida que impulsó el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, tras ser reelecto en el cargo por decisión unánime de los miembros del consejo general de la orden.Barros, quien preside el Colegio desde junio de 2007, seguirá en esas funciones por otros dos años tras obtener ayer el respaldo de los 17 consejeros que participaron de la votación secreta (Héctor Humeres y Enrique Cury no asistieron).También continúa en su cargo el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Luis Ossa, quien obtuvo 13 votos. Los cuatro restantes fueron para Antonio Bascuñán Rodríguez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/09/nacional/nacional/noticias/704E64F8-2BAC-416D-82D5-E1ADB2AB93BB.htm?id={704E64F8-2BAC-416D-82D5-E1ADB2AB93BB} (El Mercurio)
Crear grupos de trabajo para abordar temáticas que interesen a los abogados -partiendo por la justicia de familia- fue la primera medida que impulsó el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, tras ser reelecto en el cargo por decisión unánime de los miembros del consejo general de la orden.Barros, quien preside el Colegio desde junio de 2007, seguirá en esas funciones por otros dos años tras obtener ayer el respaldo de los 17 consejeros que participaron de la votación secreta (Héctor Humeres y Enrique Cury no asistieron).También continúa en su cargo el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Luis Ossa, quien obtuvo 13 votos. Los cuatro restantes fueron para Antonio Bascuñán Rodríguez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/09/nacional/nacional/noticias/704E64F8-2BAC-416D-82D5-E1ADB2AB93BB.htm?id={704E64F8-2BAC-416D-82D5-E1ADB2AB93BB} (El Mercurio)
domingo, 8 de marzo de 2009
Decanos critican que universidades privadas impartan la carrera de Derecho en sólo 3 años
04 de Marzo del 2009
Su preocupación por la existencia de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho "en dos o tres años", manifestó ayer el decano de la facultad de Derecho más antigua del país, la de la Universidad de Chile, Roberto Nahum.El académico -quien el lunes participó de la inauguración del Año Judicial, en la que el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó su inquietud por el alto número de nuevos abogados y la calidad de su formación- aseguró a "El Mercurio" que existen universidades privadas que ven la enseñanza como un "negocio"."Con la gran proliferación de las llamadas universidades privadas, donde hay unas que son muy serias y otras que no lo son tanto, muchas de ellas se ha enfocado el estudio de derecho como una manera más de hacer plata, de allegar recursos a las cajas de estas instituciones. Uno ve con preocupación que hay carreras de Derecho que se ofrecen en dos y tres años", aseveró.Su par de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Yrarrázaval, afirmó que "el tema de las diferencias en las calidades es bastante pronunciado", y subrayó que una mala calidad de su enseñanza se vincula con las faltas éticas de los abogados.La decana de la Universidad Central, Ángela Cattan, en tanto, calificó de "aberrante" que algunos planteles formen abogados en tres años (en la mayoría de las universidades se imparte en un promedio de 5 años)."La carrera de Derecho requiere de mucho tiempo, adquirir los conocimientos necesarios es un proceso lento", explicó.Al momento de plantear soluciones, sin embargo, los decanos se dividen. Mientras Nahum e Yrarrázaval se muestran partidarios de aplicar a los egresados de Derecho un examen voluntario nacional, similar al que se toma en Medicina -propuesta que plantearon el año pasado a algunos de sus pares, sin obtener respaldo, y que apoyó ayer el presidente de la Corte Suprema, en entrevista con "La Segunda"-, la decana de la Universidad Central rechaza dicha idea, y advierte que "los remedios se tienen que poner al principio, no al final"."Una persona estudió 5 años, ¿y después de 5 o 6 años le van a decir 'usted no sirve'? Esa persona ha empleado mucho tiempo y dinero en prepararse. Vamos crear una sociedad de frustrados y eso es muy peligroso", sentencia Cattan, quien cree que exigiendo en los primeros años se puede filtrar a los estudiantes.Pero una prueba no es la única alternativa que se ha barajado entre algunos decanos. Roberto Nahum recuerda que hace unos seis años, cuando Luis Bates era ministro de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho tradicionales y algunos de universidades privadas le entregaron un proyecto que creaba un tribunal para ejercer un control ético de los abogados, con distinta integración para abogados colegiados y no colegiados: "Ese proyecto quedó durmiendo el sueño de los justos. El Estado se ha despreocupado. La formación de las juventudes hoy día está entregada al mercado. ¿Cuántos fracasos tienen que haber en Chile para que se vayan seleccionando los abogados?".Directora de la Uniacc defiende el plan de 9 trimestres"Encuentro que es extremadamente razonable lo que dice el presidente de la Corte Suprema", afirmó la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien hoy es directora de Derecho de la Uniacc, donde se imparte la carrera en un plazo de tres años (9 trimestres)."Coincido plenamente con él (Urbano Marín) en cuanto a la calidad de los abogados, no en cuanto al número, porque yo creo que el número lo determina definitivamente el mercado, lo determina la necesidad social de contar con un asesor legal, y por el momento no se ha visto que sea excesivo", aseguró Madariaga.La ex secretaria de Estado no eludió las críticas al plazo en que se enseña la carrera que ella dirige, y frente a los cuestionamientos respondió que el plan vespertino diseñado por su universidad es "absolutamente intensivo"."Nosotros tenemos 11 meses del año con siete asignaturas diarias (sólo se suspenden las clases por el mes de febrero). Es un programa comprimido en que se pasa todo el derecho, y los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica", planteó.Asimismo, defendió la calidad de los docentes de su plantel, argumentando que la mayoría de los académicos son ministros de Corte o del TC, o abogados jefes de instituciones públicas, como la Contraloría y el Sename: "Tenemos grandes personalidades que hacen clases aquí; incluso, tuvimos al secretario del Senado"."La calidad nuestra, yo te diría que es excelente, y los exámenes de grado son extremadamente exigentes", subrayó, junto con señalar que tiene "severas dudas" respecto de la calidad de otras universidades que imparten la carrera de Derecho."Los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica". MÓNICA MADARIAGA Universidad Uniacc
Colegio de Abogados no llega a acuerdo
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, reiteró que entre los consejeros de la entidad no se ha acordado una postura común para enfrentar la problemática, pero explicó que entre las alternativas se baraja la de una prueba nacional. No obstante, advirtió que "lo que no puede ocurrir es que ese examen ponga la vara demasiado alta, porque de lo que se trata aquí es de establecer destrezas mínimas y no un filtro demasiado exigente".Para Barros, "lo que se requiere es que haya gente que tenga las destrezas mínimas para desenvolverse en la profesión y después el mercado va discriminando". Recordó que el Colegio de Abogados sólo puede fiscalizar en términos profesionales a quienes ingresan voluntariamente a la entidad.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/04/nacional/nacional/noticias/E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944.htm?id={E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944}
Su preocupación por la existencia de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho "en dos o tres años", manifestó ayer el decano de la facultad de Derecho más antigua del país, la de la Universidad de Chile, Roberto Nahum.El académico -quien el lunes participó de la inauguración del Año Judicial, en la que el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó su inquietud por el alto número de nuevos abogados y la calidad de su formación- aseguró a "El Mercurio" que existen universidades privadas que ven la enseñanza como un "negocio"."Con la gran proliferación de las llamadas universidades privadas, donde hay unas que son muy serias y otras que no lo son tanto, muchas de ellas se ha enfocado el estudio de derecho como una manera más de hacer plata, de allegar recursos a las cajas de estas instituciones. Uno ve con preocupación que hay carreras de Derecho que se ofrecen en dos y tres años", aseveró.Su par de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Yrarrázaval, afirmó que "el tema de las diferencias en las calidades es bastante pronunciado", y subrayó que una mala calidad de su enseñanza se vincula con las faltas éticas de los abogados.La decana de la Universidad Central, Ángela Cattan, en tanto, calificó de "aberrante" que algunos planteles formen abogados en tres años (en la mayoría de las universidades se imparte en un promedio de 5 años)."La carrera de Derecho requiere de mucho tiempo, adquirir los conocimientos necesarios es un proceso lento", explicó.Al momento de plantear soluciones, sin embargo, los decanos se dividen. Mientras Nahum e Yrarrázaval se muestran partidarios de aplicar a los egresados de Derecho un examen voluntario nacional, similar al que se toma en Medicina -propuesta que plantearon el año pasado a algunos de sus pares, sin obtener respaldo, y que apoyó ayer el presidente de la Corte Suprema, en entrevista con "La Segunda"-, la decana de la Universidad Central rechaza dicha idea, y advierte que "los remedios se tienen que poner al principio, no al final"."Una persona estudió 5 años, ¿y después de 5 o 6 años le van a decir 'usted no sirve'? Esa persona ha empleado mucho tiempo y dinero en prepararse. Vamos crear una sociedad de frustrados y eso es muy peligroso", sentencia Cattan, quien cree que exigiendo en los primeros años se puede filtrar a los estudiantes.Pero una prueba no es la única alternativa que se ha barajado entre algunos decanos. Roberto Nahum recuerda que hace unos seis años, cuando Luis Bates era ministro de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho tradicionales y algunos de universidades privadas le entregaron un proyecto que creaba un tribunal para ejercer un control ético de los abogados, con distinta integración para abogados colegiados y no colegiados: "Ese proyecto quedó durmiendo el sueño de los justos. El Estado se ha despreocupado. La formación de las juventudes hoy día está entregada al mercado. ¿Cuántos fracasos tienen que haber en Chile para que se vayan seleccionando los abogados?".Directora de la Uniacc defiende el plan de 9 trimestres"Encuentro que es extremadamente razonable lo que dice el presidente de la Corte Suprema", afirmó la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien hoy es directora de Derecho de la Uniacc, donde se imparte la carrera en un plazo de tres años (9 trimestres)."Coincido plenamente con él (Urbano Marín) en cuanto a la calidad de los abogados, no en cuanto al número, porque yo creo que el número lo determina definitivamente el mercado, lo determina la necesidad social de contar con un asesor legal, y por el momento no se ha visto que sea excesivo", aseguró Madariaga.La ex secretaria de Estado no eludió las críticas al plazo en que se enseña la carrera que ella dirige, y frente a los cuestionamientos respondió que el plan vespertino diseñado por su universidad es "absolutamente intensivo"."Nosotros tenemos 11 meses del año con siete asignaturas diarias (sólo se suspenden las clases por el mes de febrero). Es un programa comprimido en que se pasa todo el derecho, y los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica", planteó.Asimismo, defendió la calidad de los docentes de su plantel, argumentando que la mayoría de los académicos son ministros de Corte o del TC, o abogados jefes de instituciones públicas, como la Contraloría y el Sename: "Tenemos grandes personalidades que hacen clases aquí; incluso, tuvimos al secretario del Senado"."La calidad nuestra, yo te diría que es excelente, y los exámenes de grado son extremadamente exigentes", subrayó, junto con señalar que tiene "severas dudas" respecto de la calidad de otras universidades que imparten la carrera de Derecho."Los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica". MÓNICA MADARIAGA Universidad Uniacc
Colegio de Abogados no llega a acuerdo
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, reiteró que entre los consejeros de la entidad no se ha acordado una postura común para enfrentar la problemática, pero explicó que entre las alternativas se baraja la de una prueba nacional. No obstante, advirtió que "lo que no puede ocurrir es que ese examen ponga la vara demasiado alta, porque de lo que se trata aquí es de establecer destrezas mínimas y no un filtro demasiado exigente".Para Barros, "lo que se requiere es que haya gente que tenga las destrezas mínimas para desenvolverse en la profesión y después el mercado va discriminando". Recordó que el Colegio de Abogados sólo puede fiscalizar en términos profesionales a quienes ingresan voluntariamente a la entidad.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/04/nacional/nacional/noticias/E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944.htm?id={E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944}
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