Ha sido una de las principales preocupaciones del contralor Ramiro Mendoza. A poco de asumir, en 2007, ordenó poner en la página web de la entidad todos los informes a disposición del público. Luego, impulsó implementar buscadores específicos para facilitar el acceso a los dictámenes y auditorías. Y por estos días, el sitio está estrenando una nueva herramienta tecnológica: un buscador más poderoso que permite acceder a todas las bases de datos públicas del organismo de control.
Tras un pedido del propio Mendoza, el Departamento de Informática trabajó durante cinco meses en la elaboración del modelo. Y se apostó por tecnología probada, ya que se adquirió directamente a Google las herramientas para crear el buscador interno.
En la entidad explican que la idea apunta a facilitar las consultas de los ciudadanos vía internet. Así, quien desee conocer, por ejemplo, toda la documentación relativa a Chiledeportes, podrá acceder en un clic a dictámenes, informes y decretos, con sólo acceder al buscador ubicado en el sector superior derecho de la página.
Además, el buscador también es "inteligente": al igual que Google, puede ordenar resultados por fecha o por orden de importancia, mostrando primero los documentos más consultados por los usuarios del sitio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/22/nacional/politica/noticias/9ADEF86D-DC9B-498D-BD07-6BB37629D3D5.htm?id={9ADEF86D-DC9B-498D-BD07-6BB37629D3D5}(El Mercurio)
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miércoles, 22 de septiembre de 2010
viernes, 16 de julio de 2010
Contraloría inhabilita a Ruiz-Tagle para tomar decisiones en temas ligados al fútbol
Minutos después de las 13 horas de ayer, el diputado Gabriel Ascencio activó su teléfono en Buenos Aires y descubrió varias llamadas perdidas. Al revisar su correo se encontró con la notificación de la Contraloría por su presentación en que pedía un pronunciamiento por el posible conflicto de interés del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quien también es el accionista mayoritario de Blanco y Negro S.A., sociedad que controla a Colo Colo.
El dictamen, de cuatro carillas y firmado por el contralor, Ramiro Mendoza, sentenció que Ruiz-Tagle puede seguir ejerciendo sus funciones, pero que deberá inhabilitarse en todo lo que tenga que ver con temas ligados al fútbol.
"En la medida en que el ejercicio de sus funciones y atribuciones incida en el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista -ya sea directamente respecto de ella, de las demás entidades con las que se relaciona o pueda relacionarse la sociedad Blanco y Negro S. A., o en la misma actividad deportiva en que ellas participan-, corresponde concluir que tal director deberá abstenerse de intervenir en cualquiera de esos asuntos", señala.
En la Contraloría precisaron que la decisión invoca leyes previamente vigentes. Y que, en este caso, la obligación de abstención de Ruiz-Tagle es desde el mismo 11 de marzo, por lo que cualquier actuación contraria a ello desde su asunción podría ser objeto de investigación, la que puede culminar con sanciones e incluso una destitución.
A esa misma hora, La Moneda era notificada de la resolución, la cual se sumaba a la que, horas antes, había determinado que el Presidente Sebastián Piñera no estaba inhabilitado para hacer nombramientos en TVN y el Consejo Nacional de Televisión, pese a mantener la propiedad de Chilevisión (ver relacionado).
Ambos fallos fueron analizados por los equipos jurídicos de la Segpres y la Segegob. Y según el análisis, mientras el caso de Piñera era el mejor escenario posible, para Ruiz-Tagle era "el segundo mejor escenario". Esto, porque el subsecretario había adelantado que se abstendría en materias ligadas al fútbol.
Además, comentan, los temas en los que se deberá inhabilitar están relacionados con el registro de donaciones de empresas privadas a sociedades anónimas deportivas, contratos de arriendo de estadios y escuelas de fútbol, pero no afectarían mayormente su labor.
A esa hora la oposición comenzaba a cuestionar la permanencia de Ruiz-Tagle. "Está pendiendo de un hilo", señalaba Ascensio. Pero la decisión de respaldar al subsecretario estaba tomada. Más aún considerando que el propio Ruiz-Tagle puso como condición al asumir no vender sus acciones. Y que una eventual salida volvería a poner la atención sobre el Presidente, quien aún tiene acciones en Blanco y Negro.
Además, se sumó otro factor: la evaluación de Palacio de que Chiledeportes es un tema complejo para la oposición, debido a las irregularidades que hubo en los anteriores gobiernos. Algo que -comentan en La Moneda- puede ser usado como argumento en este caso.
Cerca de las 18 horas, Piñera -quien este fin de semana estará en Cachagua- interrumpió por cinco minutos el consejo de gabinete para llamar a Ruiz-Tagle, quien media hora después dio una conferencia de prensa en el CAR.
Allí, el subsecretario mantuvo su posición: "Se ratifica que es compatible el cargo de director del IND con la dirección de Blanco y Negro S.A. (...) Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
Pese a ello, el diputado UDI Gustavo Hasbún cuestionó la decisión. "Creo que Ruiz-Tagle se equivoca y al único que perjudica con su decisión es al Presidente", escribió en Twitter.
Quien también comentó brevemente el tema fue el presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, quien ha mantenido diferencias con Ruiz-Tagle: "No me corresponde hacer juicios sobre resoluciones que realiza el contralor. Sólo puedo decir que el fútbol no recibe aportes directos de Chiledeportes y, por lo tanto, no veo en que nos pueda afectar la resolución", sentenció.
''(Ruiz-Tagle) Está inhabilitado para ejercer o tomar decisiones que digan relación directa o indirectamente con los intereses de ese club".
CONTRALOR, RAMIRO MENDOZA
''Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
GABRIEL RUIZ-TAGLE, SUBSECRETARIO DE DEPORTES Resoluciones pendientes
Permanencia de María Luisa Brahm en el CNTV
A mediados de junio, diputados opositores presentaron un requerimiento en que solicitan a la Contraloría que se pronuncie sobre la incompatibilidad de la jefa del "segundo piso" presidencial con el cargo de consejera del CNTV. El dictamen sería emitido a fines de agosto o inicios de septiembre.
Auditoría a contrato de la U. de Chile por Chilevisión
También a fines de junio, el contralor Ramiro Mendoza anunció que indaga el contrato de 1993 en que la Universidad de Chile cedió el usufructo de la concesión de su señal televisiva (que hoy ocupa Chilevisión) por 25 años, un punto clave en la venta del canal que hoy es propiedad de Sebastián Piñera.Dictamen valida nombramientos de Piñera en TVN y en el CNTV
Junto con el dictamen de Ruiz-Tagle, la Contraloría resolvió ayer otra presentación: la de los diputados Ramón Farías, Lautaro Carmona y Patricio Vallespín, que le pedía pronunciarse sobre la eventual incompatibilidad del Presidente Sebastián Piñera para hacer designaciones en TVN y en el Consejo Nacional de Televisión mientras mantiene la propiedad de Chilevisión.
En lo medular, el documento afirma que el Mandatario está habilitado para efectuar los nombramientos y las propuestas, dado que, "conforme a las reglas constitucionales y legales, el ordenamiento jurídico impone al Jefe de Estado el deber de disponer determinados nombramientos", agregando que en caso contrario, podría incurrir en abandono de deberes.
Sobre ello, Ramiro Mendoza planteó ayer que "si hay un conflicto de interés, éste debe demostrarse" y luego ser resuelto en una acusación constitucional, aunque dijo que la entidad "va a estar atenta a las reglas de cumplimiento de probidad, trátese de cualquier autoridad".
La vocera de Gobierno, Ena von Baer, destacó que el dictamen "ratifica que los nombramientos que ha hecho el Presidente se apegan estrictamente a la Constitución y a las leyes", llamando a la Concertación a que destrabe la aprobación de nombramientos en el área de televisión.
En tanto, en la oposición hubo críticas. El diputado Farías (PPD), uno de los que hicieron la presentación, señaló que el dictamen "nos deja en tierra de nadie", mientras Vallespín (DC) no descartó, incluso, usar el recurso de una acusación constitucional en caso de que lo amerite.Contralor pide legislar sobre conflictos de interés
Fue uno de los puntos más llamativos de los dos dictámenes de ayer de la Contraloría. En ambos, Ramiro Mendoza mencionó la falta de una ley orgánica constitucional que determine "los casos y condiciones" en que los funcionarios públicos deberán desprenderse de sus bienes o hacer un fideicomiso ciego para evitar conflictos de interés. "Cabe hacer notar que la ley no ha sido aún dictada", señala en la resolución sobre las designaciones del Presidente Piñera en TVN y el CNTV.
Además, el documento esgrime que la Constitución "ha radicado exclusivamente en el Poder Legislativo" la facultad de determinar qué bienes son potencialmente generadores de dichos conflictos, por lo que la Contraloría "carece de atribuciones" para efectuar dicha calificación.
En esa línea, el propio Mendoza ratificó ayer públicamente el llamado al Congreso para que apruebe a la brevedad el cuerpo legislativo, pendiente desde la reforma constitucional por el tema publicada en enero de este año. "Lo que echamos de menos es que el cumplimiento del artículo octavo de la Constitución encargado a una ley orgánica constitucional, que es de responsabilidad del Congreso Nacional, y que dice relación con la descripción de figuras presuntas donde se producirían conflictos de interés, no ha sido dictado aún", dijo en una visita a las obras del nuevo edificio de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/16/nacional/politica/noticias/60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8.htm?id={60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8} (El Mercurio)
El dictamen, de cuatro carillas y firmado por el contralor, Ramiro Mendoza, sentenció que Ruiz-Tagle puede seguir ejerciendo sus funciones, pero que deberá inhabilitarse en todo lo que tenga que ver con temas ligados al fútbol.
"En la medida en que el ejercicio de sus funciones y atribuciones incida en el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista -ya sea directamente respecto de ella, de las demás entidades con las que se relaciona o pueda relacionarse la sociedad Blanco y Negro S. A., o en la misma actividad deportiva en que ellas participan-, corresponde concluir que tal director deberá abstenerse de intervenir en cualquiera de esos asuntos", señala.
En la Contraloría precisaron que la decisión invoca leyes previamente vigentes. Y que, en este caso, la obligación de abstención de Ruiz-Tagle es desde el mismo 11 de marzo, por lo que cualquier actuación contraria a ello desde su asunción podría ser objeto de investigación, la que puede culminar con sanciones e incluso una destitución.
A esa misma hora, La Moneda era notificada de la resolución, la cual se sumaba a la que, horas antes, había determinado que el Presidente Sebastián Piñera no estaba inhabilitado para hacer nombramientos en TVN y el Consejo Nacional de Televisión, pese a mantener la propiedad de Chilevisión (ver relacionado).
Ambos fallos fueron analizados por los equipos jurídicos de la Segpres y la Segegob. Y según el análisis, mientras el caso de Piñera era el mejor escenario posible, para Ruiz-Tagle era "el segundo mejor escenario". Esto, porque el subsecretario había adelantado que se abstendría en materias ligadas al fútbol.
Además, comentan, los temas en los que se deberá inhabilitar están relacionados con el registro de donaciones de empresas privadas a sociedades anónimas deportivas, contratos de arriendo de estadios y escuelas de fútbol, pero no afectarían mayormente su labor.
A esa hora la oposición comenzaba a cuestionar la permanencia de Ruiz-Tagle. "Está pendiendo de un hilo", señalaba Ascensio. Pero la decisión de respaldar al subsecretario estaba tomada. Más aún considerando que el propio Ruiz-Tagle puso como condición al asumir no vender sus acciones. Y que una eventual salida volvería a poner la atención sobre el Presidente, quien aún tiene acciones en Blanco y Negro.
Además, se sumó otro factor: la evaluación de Palacio de que Chiledeportes es un tema complejo para la oposición, debido a las irregularidades que hubo en los anteriores gobiernos. Algo que -comentan en La Moneda- puede ser usado como argumento en este caso.
Cerca de las 18 horas, Piñera -quien este fin de semana estará en Cachagua- interrumpió por cinco minutos el consejo de gabinete para llamar a Ruiz-Tagle, quien media hora después dio una conferencia de prensa en el CAR.
Allí, el subsecretario mantuvo su posición: "Se ratifica que es compatible el cargo de director del IND con la dirección de Blanco y Negro S.A. (...) Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
Pese a ello, el diputado UDI Gustavo Hasbún cuestionó la decisión. "Creo que Ruiz-Tagle se equivoca y al único que perjudica con su decisión es al Presidente", escribió en Twitter.
Quien también comentó brevemente el tema fue el presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, quien ha mantenido diferencias con Ruiz-Tagle: "No me corresponde hacer juicios sobre resoluciones que realiza el contralor. Sólo puedo decir que el fútbol no recibe aportes directos de Chiledeportes y, por lo tanto, no veo en que nos pueda afectar la resolución", sentenció.
''(Ruiz-Tagle) Está inhabilitado para ejercer o tomar decisiones que digan relación directa o indirectamente con los intereses de ese club".
CONTRALOR, RAMIRO MENDOZA
''Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
GABRIEL RUIZ-TAGLE, SUBSECRETARIO DE DEPORTES Resoluciones pendientes
Permanencia de María Luisa Brahm en el CNTV
A mediados de junio, diputados opositores presentaron un requerimiento en que solicitan a la Contraloría que se pronuncie sobre la incompatibilidad de la jefa del "segundo piso" presidencial con el cargo de consejera del CNTV. El dictamen sería emitido a fines de agosto o inicios de septiembre.
Auditoría a contrato de la U. de Chile por Chilevisión
También a fines de junio, el contralor Ramiro Mendoza anunció que indaga el contrato de 1993 en que la Universidad de Chile cedió el usufructo de la concesión de su señal televisiva (que hoy ocupa Chilevisión) por 25 años, un punto clave en la venta del canal que hoy es propiedad de Sebastián Piñera.Dictamen valida nombramientos de Piñera en TVN y en el CNTV
Junto con el dictamen de Ruiz-Tagle, la Contraloría resolvió ayer otra presentación: la de los diputados Ramón Farías, Lautaro Carmona y Patricio Vallespín, que le pedía pronunciarse sobre la eventual incompatibilidad del Presidente Sebastián Piñera para hacer designaciones en TVN y en el Consejo Nacional de Televisión mientras mantiene la propiedad de Chilevisión.
En lo medular, el documento afirma que el Mandatario está habilitado para efectuar los nombramientos y las propuestas, dado que, "conforme a las reglas constitucionales y legales, el ordenamiento jurídico impone al Jefe de Estado el deber de disponer determinados nombramientos", agregando que en caso contrario, podría incurrir en abandono de deberes.
Sobre ello, Ramiro Mendoza planteó ayer que "si hay un conflicto de interés, éste debe demostrarse" y luego ser resuelto en una acusación constitucional, aunque dijo que la entidad "va a estar atenta a las reglas de cumplimiento de probidad, trátese de cualquier autoridad".
La vocera de Gobierno, Ena von Baer, destacó que el dictamen "ratifica que los nombramientos que ha hecho el Presidente se apegan estrictamente a la Constitución y a las leyes", llamando a la Concertación a que destrabe la aprobación de nombramientos en el área de televisión.
En tanto, en la oposición hubo críticas. El diputado Farías (PPD), uno de los que hicieron la presentación, señaló que el dictamen "nos deja en tierra de nadie", mientras Vallespín (DC) no descartó, incluso, usar el recurso de una acusación constitucional en caso de que lo amerite.Contralor pide legislar sobre conflictos de interés
Fue uno de los puntos más llamativos de los dos dictámenes de ayer de la Contraloría. En ambos, Ramiro Mendoza mencionó la falta de una ley orgánica constitucional que determine "los casos y condiciones" en que los funcionarios públicos deberán desprenderse de sus bienes o hacer un fideicomiso ciego para evitar conflictos de interés. "Cabe hacer notar que la ley no ha sido aún dictada", señala en la resolución sobre las designaciones del Presidente Piñera en TVN y el CNTV.
Además, el documento esgrime que la Constitución "ha radicado exclusivamente en el Poder Legislativo" la facultad de determinar qué bienes son potencialmente generadores de dichos conflictos, por lo que la Contraloría "carece de atribuciones" para efectuar dicha calificación.
En esa línea, el propio Mendoza ratificó ayer públicamente el llamado al Congreso para que apruebe a la brevedad el cuerpo legislativo, pendiente desde la reforma constitucional por el tema publicada en enero de este año. "Lo que echamos de menos es que el cumplimiento del artículo octavo de la Constitución encargado a una ley orgánica constitucional, que es de responsabilidad del Congreso Nacional, y que dice relación con la descripción de figuras presuntas donde se producirían conflictos de interés, no ha sido dictado aún", dijo en una visita a las obras del nuevo edificio de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/16/nacional/politica/noticias/60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8.htm?id={60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8} (El Mercurio)
miércoles, 9 de junio de 2010
Se crea registro nacional para arreglar y mantener los ascensores de edificios
Todas las personas que trabajan en arreglo y mantención de ascensores de edificios se podrán inscribir, a contar de hoy, en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, a cargo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
En el Diario Oficial de hoy se publica el reglamento que crea dicho registro luego que la Contraloría lo aprobara el 19 de mayo pasado. Se podrán inscribir tanto personas naturales como jurídicas, las que serán clasificadas según su experiencia técnica y capacidad económica.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, hizo un llamado a los interesados a inscribirse en el registro con el fin de que en octubre, cuando comience a regir la obligatoriedad de la norma, existan suficientes entidades que puedan mantener y certificar estas instalaciones cuando sean requeridos por los propietarios de los edificios, en aras de cumplir la ley.
"El fin que se persigue con estas nuevas obligaciones es que los elevadores se utilicen con seguridad y sin riesgos de accidentes", explicó la ministra.
Los instaladores serán calificados en tres categorías: la primera, los que hayan instalado 100 unidades y tengan cinco años de experiencia en el rubro; la segunda, 50 unidades y cinco años de experiencia, y la tercera, para quienes hayan instalado 10 unidades y tengan como mínimo dos años de experiencia.
Para inscribirse en la primera categoría deberán demostrar un patrimonio de 5 mil UF ($105.715.000); en la segunda, 2 mil UF ($42.286.000) y en la tercera, 500 UF ($10.571.500).
Los mantenedores y certificadores deberán tener cinco años de experiencia, se les exigirá grado profesional -ingenieros civiles mecánicos, eléctricos o electrónicos; ingenieros de ejecución en las mismas áreas, o ingenieros civiles industriales en las mismas menciones descritas- y la misma documentación comercial.
Debido a que las personas que trabajan en el rubro en el 90% no tienen título profesional, se dará un plazo para solucionar ese tema.
Desde ya, algunas empresas se están fusionando con las que tienen profesionales titulados o creando nuevas firmas que incluyan por lo menos a un profesional.
Los mantenedores deben acreditar un patrimonio de 250 UF y los certificadores de 400 UF.
La experiencia deberán acreditarla con documentos fidedignos que estén emanados de entidades públicas o privadas a quienes hayan servido.
Además, los instaladores en todas las categorías deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por 2 mil UF, al igual que los mantenedores y certificadores. Ambos no podrán actuar como certificadores y mantenedores respecto de sus mismos equipos.
La vigencia de la inscripción en el registro durará seis años, contados desde la fecha de la resolución que la dispuso, pudiendo ser renovada a petición del interesado.
Este registro quedó en manos de Vivienda tras la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
En su artículo 159 se lee que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que se emplacen en edificios privados o públicos deberán ser instalados y mantenidos conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
El trabajo futuro de los inscritos en este nuevo registro será fiscalizado por los municipios.
1.800viajes, en promedio, realizan los ascensores diariamente.
250millones de viajes se efectúan mensualmente en todos los elevadores del país.
De 5 a 9llamadas diarias, para rescatar a personas atrapadas en dichos aparatos, recibe Bomberos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/09/nacional/nacional/noticias/33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089.htm?id={33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089} (El Mercurio)
En el Diario Oficial de hoy se publica el reglamento que crea dicho registro luego que la Contraloría lo aprobara el 19 de mayo pasado. Se podrán inscribir tanto personas naturales como jurídicas, las que serán clasificadas según su experiencia técnica y capacidad económica.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, hizo un llamado a los interesados a inscribirse en el registro con el fin de que en octubre, cuando comience a regir la obligatoriedad de la norma, existan suficientes entidades que puedan mantener y certificar estas instalaciones cuando sean requeridos por los propietarios de los edificios, en aras de cumplir la ley.
"El fin que se persigue con estas nuevas obligaciones es que los elevadores se utilicen con seguridad y sin riesgos de accidentes", explicó la ministra.
Los instaladores serán calificados en tres categorías: la primera, los que hayan instalado 100 unidades y tengan cinco años de experiencia en el rubro; la segunda, 50 unidades y cinco años de experiencia, y la tercera, para quienes hayan instalado 10 unidades y tengan como mínimo dos años de experiencia.
Para inscribirse en la primera categoría deberán demostrar un patrimonio de 5 mil UF ($105.715.000); en la segunda, 2 mil UF ($42.286.000) y en la tercera, 500 UF ($10.571.500).
Los mantenedores y certificadores deberán tener cinco años de experiencia, se les exigirá grado profesional -ingenieros civiles mecánicos, eléctricos o electrónicos; ingenieros de ejecución en las mismas áreas, o ingenieros civiles industriales en las mismas menciones descritas- y la misma documentación comercial.
Debido a que las personas que trabajan en el rubro en el 90% no tienen título profesional, se dará un plazo para solucionar ese tema.
Desde ya, algunas empresas se están fusionando con las que tienen profesionales titulados o creando nuevas firmas que incluyan por lo menos a un profesional.
Los mantenedores deben acreditar un patrimonio de 250 UF y los certificadores de 400 UF.
La experiencia deberán acreditarla con documentos fidedignos que estén emanados de entidades públicas o privadas a quienes hayan servido.
Además, los instaladores en todas las categorías deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por 2 mil UF, al igual que los mantenedores y certificadores. Ambos no podrán actuar como certificadores y mantenedores respecto de sus mismos equipos.
La vigencia de la inscripción en el registro durará seis años, contados desde la fecha de la resolución que la dispuso, pudiendo ser renovada a petición del interesado.
Este registro quedó en manos de Vivienda tras la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
En su artículo 159 se lee que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que se emplacen en edificios privados o públicos deberán ser instalados y mantenidos conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
El trabajo futuro de los inscritos en este nuevo registro será fiscalizado por los municipios.
1.800viajes, en promedio, realizan los ascensores diariamente.
250millones de viajes se efectúan mensualmente en todos los elevadores del país.
De 5 a 9llamadas diarias, para rescatar a personas atrapadas en dichos aparatos, recibe Bomberos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/09/nacional/nacional/noticias/33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089.htm?id={33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089} (El Mercurio)
jueves, 13 de mayo de 2010
Contraloría detecta fallas e irregularidades en la Conadi
Sobreprecios de entre 288% y 1.233% en el precio pagado por cada hectárea de tierra -comparadas con otras aledañas vendidas a particulares por el mismo dueño- detectó y reparó la Contraloría General de la República al examinar la adquisición y traspaso del predio Manquelaf a la comunidad Pillán Mapu (Los Lagos) por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Ésta y otras irregularidades figuran en una auditoría practicada al ejercicio 2008 de ese organismo indígena. En el caso tierras, la auditoría da cuenta de sobreprecios en la compra del predio Manquelaf, en Los Lagos (235,6 ha), por la cantidad de $683.240.000.
"Se efectuó una comparación de los precios de ventas de los inmuebles colindantes, considerando además otras dos propiedades que pertenecían a la anterior finca mayor del mismo propietario, pero que fueron vendidas a particulares, obteniendo como resultado un sobreprecio de 288% y 1.223%".
También impugna la asignación de tierras a quienes no cumplen los requisitos, predios traspasados sin ocupar, becas indígenas a estudiantes con promedios de notas inferiores a las exigidas, proyectos pagados y no ejecutados, rendiciones de gastos sin rendir de consejeros indígenas, entre otros aspectos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/nacional/noticias/4D044CA1-3F88-4112-B006-825017065A68.htm?id={4D044CA1-3F88-4112-B006-825017065A68} (El Mercurio)
Ésta y otras irregularidades figuran en una auditoría practicada al ejercicio 2008 de ese organismo indígena. En el caso tierras, la auditoría da cuenta de sobreprecios en la compra del predio Manquelaf, en Los Lagos (235,6 ha), por la cantidad de $683.240.000.
"Se efectuó una comparación de los precios de ventas de los inmuebles colindantes, considerando además otras dos propiedades que pertenecían a la anterior finca mayor del mismo propietario, pero que fueron vendidas a particulares, obteniendo como resultado un sobreprecio de 288% y 1.223%".
También impugna la asignación de tierras a quienes no cumplen los requisitos, predios traspasados sin ocupar, becas indígenas a estudiantes con promedios de notas inferiores a las exigidas, proyectos pagados y no ejecutados, rendiciones de gastos sin rendir de consejeros indígenas, entre otros aspectos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/nacional/noticias/4D044CA1-3F88-4112-B006-825017065A68.htm?id={4D044CA1-3F88-4112-B006-825017065A68} (El Mercurio)
Contraloría objeta cambio a contratos de funcionarios del ex gobierno
La Contraloría invalidó las modificaciones hechas a los contratos de algunos funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet en que se eliminaba una cláusula que permitía a las reparticiones prescindir de sus servicios cuando lo estimaran conveniente.
En dictámenes emitidos la pasada semana para el Sernam y Mideplan, el contralor Ramiro Mendoza abordó específicamente la situación de funcionarios a contrata, a los que para 2010 se les renovó su contrato pero sacando la especificación que señalaba que se desempeñarían "mientras sean necesarios sus servicios", lo que les permitía mantenerse todo el año en sus puestos.
En su resolución, la Contraloría señala que "la contratación mantiene su estado original mientras no se deje expresa constancia de que se ha modificado alguna de sus condiciones", y que "no consta que en la especie la autoridad haya efectuado alguna enmienda del tipo antes anotado al disponer las prórrogas respecto de los empleados, dado que sólo se omitió explicitar la fórmula 'mientras sean necesarios sus servicios' u otra expresión equivalente".
Sin embargo, esto no se aplicaría para el caso de los contratos a honorarios -en que en varios casos se cambió de 15 a 60 días el plazo para notificar el despido-, ya que administrativamente es un contrato nuevo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/politica/noticias/6D234D31-8ECB-4E77-88CC-BF689FE33EAF.htm?id={6D234D31-8ECB-4E77-88CC-BF689FE33EAF} (El Mercurio)
En dictámenes emitidos la pasada semana para el Sernam y Mideplan, el contralor Ramiro Mendoza abordó específicamente la situación de funcionarios a contrata, a los que para 2010 se les renovó su contrato pero sacando la especificación que señalaba que se desempeñarían "mientras sean necesarios sus servicios", lo que les permitía mantenerse todo el año en sus puestos.
En su resolución, la Contraloría señala que "la contratación mantiene su estado original mientras no se deje expresa constancia de que se ha modificado alguna de sus condiciones", y que "no consta que en la especie la autoridad haya efectuado alguna enmienda del tipo antes anotado al disponer las prórrogas respecto de los empleados, dado que sólo se omitió explicitar la fórmula 'mientras sean necesarios sus servicios' u otra expresión equivalente".
Sin embargo, esto no se aplicaría para el caso de los contratos a honorarios -en que en varios casos se cambió de 15 a 60 días el plazo para notificar el despido-, ya que administrativamente es un contrato nuevo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/politica/noticias/6D234D31-8ECB-4E77-88CC-BF689FE33EAF.htm?id={6D234D31-8ECB-4E77-88CC-BF689FE33EAF} (El Mercurio)
martes, 4 de mayo de 2010
Contraloría acoge reclamo contra Minvu por subsidios
La Contraloría General de la República acogió un reclamo de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) RedAlmarza contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por la suspensión y retraso en 2009 en la asignación de miles de subsidios para la compra de viviendas usadas.
La paralización de las postulaciónes sucedió en julio del año pasado y para casos que estaban en trámite varios meses antes. Ello, en un contexto de crisis económica donde el Minvu privilegió entregar recursos para construcción de viviendas nuevas, señalan las EGIS.
El dictamen del ente contralor, del 23 de abril, no sólo provocaría que el Minvu deba pronuncirse sobre las cerca de 1.500 postulaciones a subsidio representadas por RedAlmarza y que quedaron sin respuesta en plazos legales, sino que también destrabaría los casi 10.000 casos similares que las EGIS están reclamando al Minvu, que involucraría cerca de US$ 215 millones en subsidios, sostuvo Sergio Almarza, gerente general de la EGIS que presentó el reclamo a Contraloría en noviembre pasado.
El dictamen indica que hubo una "infracción legal" de las autoridades de Vivienda con relación a la tramitación de las solicitudes de subsidios.
Almarza sostuvo que el plazo legal para que el Minvu se manifestara sobre la tramitación de un subsidio era de 30 días, pero en todos los casos se excedió ese tiempo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/04/nacional/nacional/noticias/42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30.htm?id={42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30}(El Mercurio)
La paralización de las postulaciónes sucedió en julio del año pasado y para casos que estaban en trámite varios meses antes. Ello, en un contexto de crisis económica donde el Minvu privilegió entregar recursos para construcción de viviendas nuevas, señalan las EGIS.
El dictamen del ente contralor, del 23 de abril, no sólo provocaría que el Minvu deba pronuncirse sobre las cerca de 1.500 postulaciones a subsidio representadas por RedAlmarza y que quedaron sin respuesta en plazos legales, sino que también destrabaría los casi 10.000 casos similares que las EGIS están reclamando al Minvu, que involucraría cerca de US$ 215 millones en subsidios, sostuvo Sergio Almarza, gerente general de la EGIS que presentó el reclamo a Contraloría en noviembre pasado.
El dictamen indica que hubo una "infracción legal" de las autoridades de Vivienda con relación a la tramitación de las solicitudes de subsidios.
Almarza sostuvo que el plazo legal para que el Minvu se manifestara sobre la tramitación de un subsidio era de 30 días, pero en todos los casos se excedió ese tiempo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/04/nacional/nacional/noticias/42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30.htm?id={42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30}(El Mercurio)
Contraloría acoge reclamo contra Minvu por subsidios
La Contraloría General de la República acogió un reclamo de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) RedAlmarza contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por la suspensión y retraso en 2009 en la asignación de miles de subsidios para la compra de viviendas usadas.
La paralización de las postulaciónes sucedió en julio del año pasado y para casos que estaban en trámite varios meses antes. Ello, en un contexto de crisis económica donde el Minvu privilegió entregar recursos para construcción de viviendas nuevas, señalan las EGIS.
El dictamen del ente contralor, del 23 de abril, no sólo provocaría que el Minvu deba pronuncirse sobre las cerca de 1.500 postulaciones a subsidio representadas por RedAlmarza y que quedaron sin respuesta en plazos legales, sino que también destrabaría los casi 10.000 casos similares que las EGIS están reclamando al Minvu, que involucraría cerca de US$ 215 millones en subsidios, sostuvo Sergio Almarza, gerente general de la EGIS que presentó el reclamo a Contraloría en noviembre pasado.
El dictamen indica que hubo una "infracción legal" de las autoridades de Vivienda con relación a la tramitación de las solicitudes de subsidios.
Almarza sostuvo que el plazo legal para que el Minvu se manifestara sobre la tramitación de un subsidio era de 30 días, pero en todos los casos se excedió ese tiempo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/04/nacional/nacional/noticias/42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30.htm?id={42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30}(El Mercurio)
La paralización de las postulaciónes sucedió en julio del año pasado y para casos que estaban en trámite varios meses antes. Ello, en un contexto de crisis económica donde el Minvu privilegió entregar recursos para construcción de viviendas nuevas, señalan las EGIS.
El dictamen del ente contralor, del 23 de abril, no sólo provocaría que el Minvu deba pronuncirse sobre las cerca de 1.500 postulaciones a subsidio representadas por RedAlmarza y que quedaron sin respuesta en plazos legales, sino que también destrabaría los casi 10.000 casos similares que las EGIS están reclamando al Minvu, que involucraría cerca de US$ 215 millones en subsidios, sostuvo Sergio Almarza, gerente general de la EGIS que presentó el reclamo a Contraloría en noviembre pasado.
El dictamen indica que hubo una "infracción legal" de las autoridades de Vivienda con relación a la tramitación de las solicitudes de subsidios.
Almarza sostuvo que el plazo legal para que el Minvu se manifestara sobre la tramitación de un subsidio era de 30 días, pero en todos los casos se excedió ese tiempo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/04/nacional/nacional/noticias/42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30.htm?id={42D4C604-7C9D-45DA-A164-9982804DAD30}(El Mercurio)
viernes, 16 de abril de 2010
Presidente de la Suprema dice que auditoría al Ministerio Público "no está en la ley"
No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley". Así de categórico fue el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sobre la idea del Gobierno de realizar una auditoría externa al Ministerio Público.
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Contraloría prepara sistema de toma de razón en línea para más de un millón de trámites al año
La modernización de la Contraloría General de la República ha sido uno de los sellos de los recién cumplidos tres años de gestión de Ramiro Mendoza al frente de la entidad.
Apenas un mes después de asumir el puesto el 10 de abril de 2007, ordenó que los informes fueran publicados en internet. Además, actualizó los sistemas computacionales internos de la institución, e hizo cambios a nivel de jefaturas, buscando optimizar la eficiencia.
El cambio también ha sido a nivel de infraestructura. Este año la Contraloría ya inauguró la remodelación de varios pisos de sus oficinas en Santiago, entre ellas la del propio Mendoza, con fondos propios de la entidad.
Y el objetivo es que para 2015 -al final de su período de ocho años- todas las sedes regionales tengan un inmueble propio para desempeñar sus tareas, ya que en la actualidad varias comparten edificio con otras reparticiones estatales. De hecho, en 2010 se inaugurarán las oficinas de Valparaíso y Biobío.
Sin embargo, la apuesta de Mendoza va más allá. Y apunta a lograr la simplificación de gran parte de las tareas burocráticas que debe cumplir la entidad, las que ocupan una importante cantidad de recursos humanos.
En la Contraloría destacan que la idea es dedicar la mayor cantidad de personal en tareas de fiscalización, un área en el que Mendoza ha puesto especial énfasis.
"Proyecto estrella"
Y para ello, la institución prepara un "proyecto estrella": un sistema que permitirá la toma de razón electrónica y en línea de más de un millón de trámites al año que se hacen en la administración pública, centrados fundamentalmente en temas de personal.
El programa, a cargo de la División Jurídica y del Centro de Informática de la Contraloría, es un viejo anhelo de la entidad.
En síntesis, lo que permite es agilizar un proceso que hoy se debe realizar en forma escrita y que puede tardar días o incluso semanas, ocupando tiempos y recursos del Estado.
Durante los últimos años, y con recursos del presupuesto de la institución, se ha avanzado en la construcción del sistema.
La complejidad es que éste debe estar preparado para reconocer automáticamente una serie de variables, con el fin de detectar si un decreto se ajusta o no a la legalidad. Así, en caso de que haya errores, el documento se derivaría a los expertos de la entidad para las observaciones pertinentes; y si está correcto, queda visado para su ejecución.
En la Contraloría señalan que este año ya han comenzado con las pruebas del sistema y que éstas han dado buenos resultados.
Aunque el programa informático aún está en desarrollo, se espera que ya esté completo a fines de este año o comienzos de 2011.
En la entidad señalan que para comenzar a operar, se deberán hacer cambios en la actual legislación, sobre todo en cuanto a los temas de firma electrónica y de conservación de los documentos. Y además, capacitar a los servicios públicos sobre el uso del sistema.
De todas formas, la estimación es que para 2012 ya estará operando en forma plena, convirtiéndose así en un salto clave para modernizar todo el actual sistema de gestión pública en el Estado.
Sedes
Este año, la Contraloría espera inaugurar las nuevas oficinas de la entidad en Valparaíso y Biobío. En la corporación destacan que el objetivo es llegar a 2015 -año en que termina el período del contralor- con sedes propias en todas las regiones del país.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/politica/noticias/C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29.htm?id={C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29} (El Mercurio)
Apenas un mes después de asumir el puesto el 10 de abril de 2007, ordenó que los informes fueran publicados en internet. Además, actualizó los sistemas computacionales internos de la institución, e hizo cambios a nivel de jefaturas, buscando optimizar la eficiencia.
El cambio también ha sido a nivel de infraestructura. Este año la Contraloría ya inauguró la remodelación de varios pisos de sus oficinas en Santiago, entre ellas la del propio Mendoza, con fondos propios de la entidad.
Y el objetivo es que para 2015 -al final de su período de ocho años- todas las sedes regionales tengan un inmueble propio para desempeñar sus tareas, ya que en la actualidad varias comparten edificio con otras reparticiones estatales. De hecho, en 2010 se inaugurarán las oficinas de Valparaíso y Biobío.
Sin embargo, la apuesta de Mendoza va más allá. Y apunta a lograr la simplificación de gran parte de las tareas burocráticas que debe cumplir la entidad, las que ocupan una importante cantidad de recursos humanos.
En la Contraloría destacan que la idea es dedicar la mayor cantidad de personal en tareas de fiscalización, un área en el que Mendoza ha puesto especial énfasis.
"Proyecto estrella"
Y para ello, la institución prepara un "proyecto estrella": un sistema que permitirá la toma de razón electrónica y en línea de más de un millón de trámites al año que se hacen en la administración pública, centrados fundamentalmente en temas de personal.
El programa, a cargo de la División Jurídica y del Centro de Informática de la Contraloría, es un viejo anhelo de la entidad.
En síntesis, lo que permite es agilizar un proceso que hoy se debe realizar en forma escrita y que puede tardar días o incluso semanas, ocupando tiempos y recursos del Estado.
Durante los últimos años, y con recursos del presupuesto de la institución, se ha avanzado en la construcción del sistema.
La complejidad es que éste debe estar preparado para reconocer automáticamente una serie de variables, con el fin de detectar si un decreto se ajusta o no a la legalidad. Así, en caso de que haya errores, el documento se derivaría a los expertos de la entidad para las observaciones pertinentes; y si está correcto, queda visado para su ejecución.
En la Contraloría señalan que este año ya han comenzado con las pruebas del sistema y que éstas han dado buenos resultados.
Aunque el programa informático aún está en desarrollo, se espera que ya esté completo a fines de este año o comienzos de 2011.
En la entidad señalan que para comenzar a operar, se deberán hacer cambios en la actual legislación, sobre todo en cuanto a los temas de firma electrónica y de conservación de los documentos. Y además, capacitar a los servicios públicos sobre el uso del sistema.
De todas formas, la estimación es que para 2012 ya estará operando en forma plena, convirtiéndose así en un salto clave para modernizar todo el actual sistema de gestión pública en el Estado.
Sedes
Este año, la Contraloría espera inaugurar las nuevas oficinas de la entidad en Valparaíso y Biobío. En la corporación destacan que el objetivo es llegar a 2015 -año en que termina el período del contralor- con sedes propias en todas las regiones del país.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/politica/noticias/C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29.htm?id={C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29} (El Mercurio)
jueves, 15 de abril de 2010
Consejeros regionales en alerta: Contraloría resuelve que no les corresponden celulares gratis
Entre los consejeros regionales cunde la preocupación por el dictamen de la Contraloría que los obliga a devolver sus celulares. Esto, tras el problema de Andrés Peralta, uno de los consejeros de Arica. Tras superar en $90 mil el límite permitido de llamadas para su celular, Peralta pidió descontar en 18 cuotas la deuda desde su sueldo.
La situación sorprendió al intendente Rodrigo Barbosa, quien pidió al consejero cancelar la deuda. La medida no gustó a Peralta, quien recurrió a la Contraloría. Pero la instancia no sólo resolvió que el consejero debe pagar lo adeudado inmediatamente, sino que además determinó que a los consejeros regionales no les corresponde acceder al beneficio de telefonía celular financiada por el gobierno regional.
De prosperar la medida, todos los consejeros regionales deberán devolver su celular. Incluso, en algunos lugares ha trascendido que podrían solicitar a los Cores la devolución de al menos un año de uso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/politica/noticias/50FED06C-92C2-48C5-B508-D78D5F92F7D3.htm?id={50FED06C-92C2-48C5-B508-D78D5F92F7D3} (El Mercurio)
La situación sorprendió al intendente Rodrigo Barbosa, quien pidió al consejero cancelar la deuda. La medida no gustó a Peralta, quien recurrió a la Contraloría. Pero la instancia no sólo resolvió que el consejero debe pagar lo adeudado inmediatamente, sino que además determinó que a los consejeros regionales no les corresponde acceder al beneficio de telefonía celular financiada por el gobierno regional.
De prosperar la medida, todos los consejeros regionales deberán devolver su celular. Incluso, en algunos lugares ha trascendido que podrían solicitar a los Cores la devolución de al menos un año de uso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/politica/noticias/50FED06C-92C2-48C5-B508-D78D5F92F7D3.htm?id={50FED06C-92C2-48C5-B508-D78D5F92F7D3} (El Mercurio)
Contraloría rechaza por tercera vez venta de genéricos en góndolas
El viernes 26 de febrero, horas antes del terremoto, el ex ministro de Salud Álvaro Erazo envió a la Contraloría un tercer decreto para lograr que las farmacias vendieran unos 250 medicamentos genéricos -que no tienen exigencias de recetas- en góndolas o estanterías abiertas al público.
La medida había sido lanzada el 21 de mayo de 2009 como una respuesta de la administración Bachelet tras comprobarse la colusión de tres cadenas para subir los precios de los medicamentos.
La devolución de los dos primeros decretos llevó al Minsal a flexibilizar su posición y plantear el tercero en términos "voluntarios". No obstante, igual fue objetado por salirse de las potestades sanitarias.
El dictamen del órgano contralor determinó que la exigencia de que las farmacias cuenten con un espacio en el que se instalen estanterías exclusivamente destinadas a la colocación de medicamentos de venta directa "no guarda relación con materias de tipo sanitario, hecho que configuraría el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, referidos únicamente a la protección de la salud".
Y añade que aunque el ex ministro Álvaro Erazo consideró subsanadas las observaciones disponiendo que dichas estanterías podían instalarse con carácter voluntario, "la regulación del espacio físico de las farmacias, sea en carácter obligatorio o facultativo, no guarda relación con materias de tipo sanitario como las contempladas en las normas vigentes dictadas al amparo del Código Sanitario".
Hasta ahora, el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, no se ha referido al tema. Sin embargo, y de manera extraoficial, se supo que Salud no insistirá en esta materia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/14/nacional/nacional/noticias/FEF5AA3D-17A6-4FF4-94DD-DCC0537D0EC9.htm?id={FEF5AA3D-17A6-4FF4-94DD-DCC0537D0EC9} (El Mercurio)
La medida había sido lanzada el 21 de mayo de 2009 como una respuesta de la administración Bachelet tras comprobarse la colusión de tres cadenas para subir los precios de los medicamentos.
La devolución de los dos primeros decretos llevó al Minsal a flexibilizar su posición y plantear el tercero en términos "voluntarios". No obstante, igual fue objetado por salirse de las potestades sanitarias.
El dictamen del órgano contralor determinó que la exigencia de que las farmacias cuenten con un espacio en el que se instalen estanterías exclusivamente destinadas a la colocación de medicamentos de venta directa "no guarda relación con materias de tipo sanitario, hecho que configuraría el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, referidos únicamente a la protección de la salud".
Y añade que aunque el ex ministro Álvaro Erazo consideró subsanadas las observaciones disponiendo que dichas estanterías podían instalarse con carácter voluntario, "la regulación del espacio físico de las farmacias, sea en carácter obligatorio o facultativo, no guarda relación con materias de tipo sanitario como las contempladas en las normas vigentes dictadas al amparo del Código Sanitario".
Hasta ahora, el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, no se ha referido al tema. Sin embargo, y de manera extraoficial, se supo que Salud no insistirá en esta materia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/14/nacional/nacional/noticias/FEF5AA3D-17A6-4FF4-94DD-DCC0537D0EC9.htm?id={FEF5AA3D-17A6-4FF4-94DD-DCC0537D0EC9} (El Mercurio)
martes, 13 de abril de 2010
Contraloría objeta donación del ex gobierno a "Chile ayuda a Chile"
La Contraloría General de la República objetó una donación de $510 millones hecha por el anterior gobierno a la Fundación Teletón, en el marco de la campaña "Chile ayuda a Chile". En un dictamen del 31 de marzo, la entidad señaló que dicha transferencia "no se ajusta a derecho", por lo que no cursó su toma de razón.
La decisión tiene como precedente lo ocurrido en 2008, cuando la entidad también objetó una donación similar hecha por Codelco, dado que los dineros son fondos públicos.
Sobre el tema, ayer la vocera Ena von Baer señaló que hubo "un error administrativo por parte del gobierno anterior", y aseguró que buscarán la vía para que los fondos estén disponibles.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/politica/noticias/BD54C4AC-11DE-4CAE-811E-1596C9A8D2A0.htm?id={BD54C4AC-11DE-4CAE-811E-1596C9A8D2A0}
(El Mercurio)
La decisión tiene como precedente lo ocurrido en 2008, cuando la entidad también objetó una donación similar hecha por Codelco, dado que los dineros son fondos públicos.
Sobre el tema, ayer la vocera Ena von Baer señaló que hubo "un error administrativo por parte del gobierno anterior", y aseguró que buscarán la vía para que los fondos estén disponibles.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/politica/noticias/BD54C4AC-11DE-4CAE-811E-1596C9A8D2A0.htm?id={BD54C4AC-11DE-4CAE-811E-1596C9A8D2A0}
(El Mercurio)
jueves, 25 de marzo de 2010
Contralor propone extender a seis meses responsabilidad administrativa de ex autoridades
Siempre que hay cambio de mando se producen problemas, y peor si además entra al gobierno la oposición. Ocurrió en 1990 y pasa ahora. Se han escuchado críticas en la Cancillería y también en la Segpres (ver relacionada), y además surgen problemas en los municipios.
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)
martes, 23 de marzo de 2010
El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Emplead
Martes 23 de Marzo de 2010
El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Empleados Públicos.
La razón es que el informe de auditoría de Contraloría que fue terminado el pasado 9 de marzo y según la institución remitido el 19 de marzo al Ministerio Público, todavía no ha llegado a esa dependencia. Por otra parte, el Ministerio de Justicia todavía espera el informe solicitado al CDE hace 8 meses, clave para realizar cualquier acción legal o administrativa.
En la Contraloría argumentan que el documento ya remitido es público e incluso aparece publicado en su página web. Por otra parte, al interior del Ministerio de Justicia aseguran que una vez obtenido el informe del Consejo de Defensa del Estado, se pueden tomar dos caminos: entregar recomendaciones e instrucciones a la Caja de Ahorros o clausurar su personalidad jurídica, atribución de último recurso que tiene la cartera.
El motivo del atraso en la elaboración del documento es la constante incorporación de nuevos antecedentes.
"Los informes no siempre se entregan en 60 días. Depende de la complejidad. Además, cuando se conocen nuevos antecedentes, éstos deben incorporarse, lo que normalmente modifica los plazos", afirmaron fuentes del Consejo.
lunes, 22 de marzo de 2010
Contraloría detecta sobrepago de subsidios por $103 mil millones a cárceles concesionadas
Lunes 22 de Marzo de 2010
Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)
Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)
jueves, 29 de octubre de 2009
Gobierno advierte que habrá tensión si Contraloría indaga a ministros por actos políticos
El contralor Ramiro Mendoza estaba ayer en la mañana en la base Cerro Moreno, en Antofagasta, invitado por la FACh para observar la fase final del ejercicio militar "Salitre 2009". A esa misma hora, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, formulaba una dura advertencia a la Contraloría.
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
viernes, 16 de octubre de 2009
Contraloría cuestiona atraso en declaración de patrimonio del director de la PDI
La Contraloría General de la República cuestionó en una auditoría a la Policía de Investigaciones la falta de declaración de intereses y patrimonio de varios de sus funcionarios, entre ellos la de su actual director, Marcos Vásquez. En el primero de los casos, la entidad precisa que tras hacer la observación, las declaraciones fueron enviadas. Pese a ello, la Contraloría solicitó aplicar las multas por el atraso a los funcionarios aludidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/politica/noticias/619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917.htm?id={619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/politica/noticias/619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917.htm?id={619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917} (El Mercurio)
lunes, 12 de octubre de 2009
Consejo de la Cultura precisa investigación de la Contraloría
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes emitió ayer una declaración pública haciendo precisiones a una auditoría que realiza la Contraloría Regional de Valparaíso respecto del gasto de más de $1.700 millones el año pasado.
Ello, a propósito de lo publicado ayer por el cuerpo Reportajes de "El Mercurio", respecto del uso de estos recursos en un centenar de comunas durante el año electoral municipal de 2008.
Parte de la declaración señala que uno de los objetivos del Consejo es "promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional, adoptando iniciativas públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines..., en este sentido, las actividades de 'Extensión Cultural' vienen a profundizar la cobertura regional y dar vida al mandato legal del Consejo. ¿Acaso se pretende que nuestra institución paralice sus acciones en años electorales?".
También expresa que "el cuestionamiento al aumento de recursos planteado en el reportaje carece de todo fundamento y fue realizado de acuerdo a la normativa legal, tanto así que el decreto respectivo del Ministerio de Hacienda fue tomado de razón por la propia Contraloría General de la República". Señala que las actividades de 2008 y 2009 desarrolladas en 200 comunas se han realizado "con la colaboración de las autoridades de todos los colores políticos, sin distinción alguna".
Y sobre las deficiencias administrativas denunciadas, acota que fueron detectadas por los procesos internos de control, que las autoridades del servicio tomaron medidas para ordenarlas y que se instruyó una investigación administrativa. Los hechos, afirman, "se refieren exclusivamente a situaciones de carácter administrativo y en ningún caso a faltas a la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/BF387B65-7D21-
43D6-B03D-F7DEC83D376A.htm?id={BF387B65-7D21-43D6-B03D-F7DEC83D376A} (El Mercurio)
Ello, a propósito de lo publicado ayer por el cuerpo Reportajes de "El Mercurio", respecto del uso de estos recursos en un centenar de comunas durante el año electoral municipal de 2008.
Parte de la declaración señala que uno de los objetivos del Consejo es "promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional, adoptando iniciativas públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines..., en este sentido, las actividades de 'Extensión Cultural' vienen a profundizar la cobertura regional y dar vida al mandato legal del Consejo. ¿Acaso se pretende que nuestra institución paralice sus acciones en años electorales?".
También expresa que "el cuestionamiento al aumento de recursos planteado en el reportaje carece de todo fundamento y fue realizado de acuerdo a la normativa legal, tanto así que el decreto respectivo del Ministerio de Hacienda fue tomado de razón por la propia Contraloría General de la República". Señala que las actividades de 2008 y 2009 desarrolladas en 200 comunas se han realizado "con la colaboración de las autoridades de todos los colores políticos, sin distinción alguna".
Y sobre las deficiencias administrativas denunciadas, acota que fueron detectadas por los procesos internos de control, que las autoridades del servicio tomaron medidas para ordenarlas y que se instruyó una investigación administrativa. Los hechos, afirman, "se refieren exclusivamente a situaciones de carácter administrativo y en ningún caso a faltas a la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/BF387B65-7D21-
43D6-B03D-F7DEC83D376A.htm?id={BF387B65-7D21-43D6-B03D-F7DEC83D376A} (El Mercurio)
sábado, 10 de octubre de 2009
Contraloría prohíbe a Carabineros impartir clases de equitación a particulares
Jueves 08 de Octubre de 2009
La prohibición de que Carabineros imparta clases de equitación a particulares, "así como proporcionar cualquier prestación de servicios de similar naturaleza a terceros ajenos a la institución" establece el dictamen N° 53.688, recientemente emitido por la Contraloría. El documento indica que el tema fue analizado luego que el Consejo de Defensa del Estado enviara un oficio a raíz de una demanda de indemnización de perjuicios en contra del fisco, interpuesta por la familia de una menor que sufrió un accidente en dependencias de la Escuela de Equitación de la policía uniformada. Conforme con el texto del organismo fiscalizador, Carabineros informó mediante el expediente reservado N° 135 que efectivamente se impartían tales clases "en dependencias de la institución". Asimismo, la policía uniformada explicó en sus descargos que se contaba con 18 alumnos que pagaban mensualmente por la instrucción.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/08/nacional/nacional/noticias/165CFA2E-DDA5-4865-9F1A-D06558D661A7.htm?id={165CFA2E-DDA5-4865-9F1A-D06558D661A7} (El Mercurio)lunes, 7 de septiembre de 2009
Tras duro informe, Contraloría sanciona a Arturo Barrios con tres meses de suspensión
El ex subdirector del Consejo Nacional de la Cultura y actual candidato a diputado del PS por Quillota, Arturo Barrios, fue sancionado por la Contraloría con tres meses de suspensión, luego de ser cuestionado en un informe del ente fiscalizador por irregularidades cometidas durante su gestión.
La decisión del organismo fue notificada el pasado viernes y se basó en el examen de Contraloría al Consejo que dirige la ministra Paulina Urrutia, el cual detectó diversas irregularidades económicas y administrativas; entre ellas, hechos que revisten carácter de delito, como clonación de cheques, documentos cobrados dos veces y adulteración de boletas y facturas, entre otras.
En el examen de cuentas se estableció que hubo cobros indebidos de viáticos y gastos de representación, y uso prohibido de vehículos fiscales, en los que aparece involucrado Barrios. Entre los nueve hechos que lo comprometen, el informe señala que se cobraban gastos de representación para pagar comidas con diversos personeros, cuyas fechas y nóminas de asistentes fueron posteriormente modificadas.
Según informó hoy El Mostrador, si bien Barrios devolvió los dineros de viáticos usados de forma irregular, para el organismo fue más relevante la "conducta" asumida durante su paso por la institución encargada de llevar adelante las políticas culturales.
La sanción es la segunda más importante que se aplica en la administración pública después de la destitución, pero como Barrios ya no trabaja en el Estado, los afectos reales de la sanción sólo serán aplicables si asume nuevamente un puesto en la administración pública.
Asimismo, no está inhabilitado de competir por la diputación por Quillota, ya que se trata de un cargo de elección popular y, por lo tanto, no son considerados funcionarios públicos.
En cambio, si la sanción hubiese sido la exoneración, Barrios estaría impedido por cinco años de postular a un empleo en la administración central, salvo que al término del castigo el Presidente de la República, revoque esa inhabilidad.
La semana pasada, Barrios concurrió al despacho del contralor Ramiro Mendoza, junto al líder de la colectividad Camilo Escalona. Al finalizar la reunión, el titular del PS señaló que la decisión de la Contraloría -que aún no era notificada- "no contiene ningún tipo de conclusión que afecte la honorabilidad, corrección y rectitud de la conducta de Arturo Barrios en el uso de los recursos públicos". Por ello, ratificó su candidatura parlamentaria en el Distrito 10.
Por su parte, el propio Barrios aseguró que no ha cometido delito alguno, ni faltas a la probidad. "Ya que ha quedado esclarecido el tema, doy vuelta la página y sigo en mi campaña a diputado, con el respaldo de mi partido y con el respaldo de mis compañeros y amigos", dijo en esa oportunidad.
Hoy, sin embargo, declinó comentar la decisión de la Contraloría, argumentando que "el caso se encuentra bajo secreto".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=374953 (El Mercurio)
La decisión del organismo fue notificada el pasado viernes y se basó en el examen de Contraloría al Consejo que dirige la ministra Paulina Urrutia, el cual detectó diversas irregularidades económicas y administrativas; entre ellas, hechos que revisten carácter de delito, como clonación de cheques, documentos cobrados dos veces y adulteración de boletas y facturas, entre otras.
En el examen de cuentas se estableció que hubo cobros indebidos de viáticos y gastos de representación, y uso prohibido de vehículos fiscales, en los que aparece involucrado Barrios. Entre los nueve hechos que lo comprometen, el informe señala que se cobraban gastos de representación para pagar comidas con diversos personeros, cuyas fechas y nóminas de asistentes fueron posteriormente modificadas.
Según informó hoy El Mostrador, si bien Barrios devolvió los dineros de viáticos usados de forma irregular, para el organismo fue más relevante la "conducta" asumida durante su paso por la institución encargada de llevar adelante las políticas culturales.
La sanción es la segunda más importante que se aplica en la administración pública después de la destitución, pero como Barrios ya no trabaja en el Estado, los afectos reales de la sanción sólo serán aplicables si asume nuevamente un puesto en la administración pública.
Asimismo, no está inhabilitado de competir por la diputación por Quillota, ya que se trata de un cargo de elección popular y, por lo tanto, no son considerados funcionarios públicos.
En cambio, si la sanción hubiese sido la exoneración, Barrios estaría impedido por cinco años de postular a un empleo en la administración central, salvo que al término del castigo el Presidente de la República, revoque esa inhabilidad.
La semana pasada, Barrios concurrió al despacho del contralor Ramiro Mendoza, junto al líder de la colectividad Camilo Escalona. Al finalizar la reunión, el titular del PS señaló que la decisión de la Contraloría -que aún no era notificada- "no contiene ningún tipo de conclusión que afecte la honorabilidad, corrección y rectitud de la conducta de Arturo Barrios en el uso de los recursos públicos". Por ello, ratificó su candidatura parlamentaria en el Distrito 10.
Por su parte, el propio Barrios aseguró que no ha cometido delito alguno, ni faltas a la probidad. "Ya que ha quedado esclarecido el tema, doy vuelta la página y sigo en mi campaña a diputado, con el respaldo de mi partido y con el respaldo de mis compañeros y amigos", dijo en esa oportunidad.
Hoy, sin embargo, declinó comentar la decisión de la Contraloría, argumentando que "el caso se encuentra bajo secreto".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=374953 (El Mercurio)
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