La contienda judicial entre el animador de TVN Felipe Camiroaga y el periodista Ítalo Passalacqua llegó al Tribunal Constitucional (TC).
En mayo de 2008, el actual panelista del programa SQP, que emite CHV, aseguró que el conductor presionó a su hermano Francisco para que se fuera del país porque le "incomodaba" su condición homosexual.
Ahora, el abogado Ciro Colombara -que representa a Camiroaga- presentó un recurso de inaplicabilidad ante el TC por considerar que el artículo 2331 del Código Civil es contrario a la Constitución, ya que no contempla las indemnizaciones morales por imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de las personas.
Agrega que tal artículo no protege la vida privada y la honra de una persona y su familia, como sí lo garantiza la Constitución. "El artículo limita el derecho fundamental a la honra respecto del cual soy legítimo titular, impidiendo inconstitucionalmente que este requirente pueda demandar y conseguir el resarcimiento de los daños morales o extrapatrimoniales sufridos como consecuencia de la información falsa que negligentemente difundió el periodista", dice el recurso.
El 20 de junio de 2008 la defensa de Camiroaga presentó una demanda de indemnización de perjuicios por $50 millones en contra de Passalacqua. Sin embargo, el 10° Juzgado de Letras de Santiago condenó al periodista a pagar $5 millones.
Ambas partes apelaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La defensa de Passalacqua también presentó un recurso de casación en el fondo para revertir el dictamen, argumentando que la ley excluye la indemnización por daños morales.
El TC declaró admisible el recurso de inaplicabilidad de Camiroaga, y paralizó la apelación, hasta que se resuelva la presentación del conductor.
Además, y debido a otros casos (ver recuadro), el TC resolverá mañana si analizará de oficio la inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil para eliminarlo, tal como lo decidió hace unos días con una norma de la Ley de Isapres.
SENTENCIA
En 2008, el 10 {+o} Juzgado Civil condenó a Passalacqua a indemnizar a Camiroaga con $5 millones. Ambas partes apelaron. Los casos zanjados por el TC
Hay otros dos casos en los que también se ha impugnado este artículo, y han sido ganados ante el Tribunal Constitucional (TC).
El primero fue el del abogado Luis Carlos Valdés Correa, que en 2006, y por diversos problemas, fue excluido como socio del estudio jurídico que integraba junto a Jaime Irarrázabal, Alberto Pulido y Juan Francisco Gutiérrez. Según alegó, eso afectó gravemente su honor, su intimidad y sus derechos en las relaciones con su clientes, por lo que pidió una indemnización.
Finalmente, en este caso el TC declaró inaplicable el artículo, por la protección a la honra de la persona y su familia. Así, Valdés pudo optar a la indemnización.
El otro caso es el del ex senador Carlos Ominami, que también impugnó el artículo ante el TC, además del artículo 40, inciso segundo, de la Ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
Se trata de una disputa que el ex parlamentario tuvo con el diario Urbano de Quillota y con el ex presidente de la Asociación de Básquetbol de esa ciudad y de la rama de San Luis Julio Madriaza, quien señaló que los proyectos en los que habían participado organizaciones de la comuna, entre ellos los que postulaban a fondos de Chiledeportes, debían contar primero con la "venia" de la oficina del ex senador, donde se les incluía un timbre.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/03/nacional/nacional/noticias/60FE3A6E-E2E2-4AFF-B7CA-6259015E01B3.htm?id={60FE3A6E-E2E2-4AFF-B7CA-6259015E01B3}(El Mercurio)
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lunes, 3 de mayo de 2010
viernes, 30 de abril de 2010
TC estudia declarar inconstitucional principal mecanismo de alza de los planes de isapre
El Tribunal Constitucional (TC) decidió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la Ley de Isapres, que regula el alza de los planes de salud por tramo de edad a los cotizantes, conocida popularmente como la "tabla de factores de riesgo".
La decisión -que se adoptó por oficio; esto es, sin mediar una solicitud- se tomó la tarde del martes pasado, durante el pleno que reúne a los diez magistrados que conforman este organismo. La resolución fue adoptada por unanimidad de sus integrantes, ya que el TC tiene dentro de sus funciones la atribución de eliminar un artículo de cualquier ley, en caso de encontrarla inconstitucional.
La medida era esperada, ya que se habían realizado varias peticiones al respecto por parte de parlamentarios.
Otra de las razones que influyó en la decisión es que el artículo ha sido declarado inaplicable por este tribunal en cuatro casos particulares, lo que ha significado que las isapres no hayan podido subir los precios a estos cotizantes. Además, durante los últimos meses se acumulan decenas de peticiones de otros casos en el tribunal.
Éste es el principal mecanismo que tienen las isapres para cubrir los riesgos de los seguros, aunque hasta ahora el tribunal ha argumentado en los fallos particulares que resulta contraria a la Constitución, al vulnerar la igualdad ante la ley y los derechos a la salud y a la protección social.
Sin embargo, la Ley de Isapres menciona el alza de los planes de salud por tramo de edad no sólo en el artículo 38 ter, sino también en otros cinco artículos, por lo que este tema también será parte del debate.
Como primera medida, el TC abrió una causa y ofició al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado, para que emitan su opinión respecto de si se deroga el artículo. Las autoridades tienen un plazo de 20 días para enviar su informe. Durante los próximos días, también se puede hacer parte de esta causa cualquier institución u organismo que se sienta afectado por el tema.
Una vez que se reciban los informes, el TC deberá fijar fecha para oír los alegatos de las isapres y de los otros intervinientes que quieran hacerse parte del proceso. El año pasado las isapres ya habían advertido que el TC podía derogar la "tabla de factores".
4cotizantes ganaron una inaplicabilidad en el TC y las isapres no les pudieron subir sus planes.
50recursos de inaplicabilidad se han presentado en el TC y se reclama contra el artículo 38 de la Ley de Isapres.
8votos de los 10 ministros que conforman el TC se necesitan para eliminar esta regulación.
12son las tablas de factores que existen en la actualidad en el sistema de salud privado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/29/nacional/nacional/noticias/A3C2CFD5-43A1-4E90-963A-4B6677521823.htm?id={A3C2CFD5-43A1-4E90-963A-4B6677521823} (El Mercurio)
La decisión -que se adoptó por oficio; esto es, sin mediar una solicitud- se tomó la tarde del martes pasado, durante el pleno que reúne a los diez magistrados que conforman este organismo. La resolución fue adoptada por unanimidad de sus integrantes, ya que el TC tiene dentro de sus funciones la atribución de eliminar un artículo de cualquier ley, en caso de encontrarla inconstitucional.
La medida era esperada, ya que se habían realizado varias peticiones al respecto por parte de parlamentarios.
Otra de las razones que influyó en la decisión es que el artículo ha sido declarado inaplicable por este tribunal en cuatro casos particulares, lo que ha significado que las isapres no hayan podido subir los precios a estos cotizantes. Además, durante los últimos meses se acumulan decenas de peticiones de otros casos en el tribunal.
Éste es el principal mecanismo que tienen las isapres para cubrir los riesgos de los seguros, aunque hasta ahora el tribunal ha argumentado en los fallos particulares que resulta contraria a la Constitución, al vulnerar la igualdad ante la ley y los derechos a la salud y a la protección social.
Sin embargo, la Ley de Isapres menciona el alza de los planes de salud por tramo de edad no sólo en el artículo 38 ter, sino también en otros cinco artículos, por lo que este tema también será parte del debate.
Como primera medida, el TC abrió una causa y ofició al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado, para que emitan su opinión respecto de si se deroga el artículo. Las autoridades tienen un plazo de 20 días para enviar su informe. Durante los próximos días, también se puede hacer parte de esta causa cualquier institución u organismo que se sienta afectado por el tema.
Una vez que se reciban los informes, el TC deberá fijar fecha para oír los alegatos de las isapres y de los otros intervinientes que quieran hacerse parte del proceso. El año pasado las isapres ya habían advertido que el TC podía derogar la "tabla de factores".
4cotizantes ganaron una inaplicabilidad en el TC y las isapres no les pudieron subir sus planes.
50recursos de inaplicabilidad se han presentado en el TC y se reclama contra el artículo 38 de la Ley de Isapres.
8votos de los 10 ministros que conforman el TC se necesitan para eliminar esta regulación.
12son las tablas de factores que existen en la actualidad en el sistema de salud privado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/29/nacional/nacional/noticias/A3C2CFD5-43A1-4E90-963A-4B6677521823.htm?id={A3C2CFD5-43A1-4E90-963A-4B6677521823} (El Mercurio)
martes, 6 de abril de 2010
Despachan proyecto que acorta los plazos para la declaración de muerte presunta
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que acorta los plazos para las declaraciones de muerte presunta y que establece una prórroga para las actuaciones judiciales en las regiones afectadas por el terremoto y tsunami.
La iniciativa fue aprobada en los mismos términos en que fue acordada en el Senado, por lo que quedó en condiciones de ser enviada al Tribunal Constitucional para su revisión. Una vez concretado ese trámite, el texto podrá ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Así, transcurridos noventa días a contar del 27 de febrero, cualquier persona podrá solicitar la declaración de la muerte presunta de otra desaparecida debido a la catástrofe en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, El Maule y Bíobío.
De esta manera, un juez podrá fijar la mencionada fecha como día presuntivo de la muerte, con lo que inmediatamente podrá comunicar al Registro Civil para que proceda a la respectiva inscripción. Con ello, por ejemplo, los herederos de una persona declarada fallecida por un tribunal, podrían obtener la posesión definitiva de sus bienes y patrimonio, y vender parte de ellos, sean muebles o inmuebles.
Asimismo, el proyecto castiga con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo a quienes declaren fraudulentamente la muerte presunta de una persona, conociendo la existencia del desaparecido, y contempla igual sanción al que simule su propia desaparición o la de otro.
Prórroga de actuaciones judiciales
El proyecto consta también de tres artículos que permitirán establecer una prórroga de hasta 30 días (una vez publicada la ley) de las actuaciones judiciales, diligencias, ejercicio de acciones o derechos, además de la prescripción extintiva de las mismas, que se encontraban pendientes al 27 de febrero, y en los casos en que los plazos se hayan iniciado entre el 28 del mismo mes y los diez días posteriores a la publicación de esta norma.
Esta disposición alcanzará los procedimientos judiciales de los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las regiones del Maule y Bíobío; los 30 juzgados civiles dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago; los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, la Cisterna, El Bosque y Lo Espejo; los dos juzgados de letras de la comuna de San Antonio; los dos juzgados de letras en lo civil de Rancagua; y el juzgado con competencia común ubicado en Peralillo.
Tras la votación en sala el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agradeció el amplio apoyo parlamentario a la iniciativa, que va en directa ayuda de la ciudadanía que actualmente tiene causas en trámite en distintos tribunales de la zona centro sur del país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=406935 (Emol)
La iniciativa fue aprobada en los mismos términos en que fue acordada en el Senado, por lo que quedó en condiciones de ser enviada al Tribunal Constitucional para su revisión. Una vez concretado ese trámite, el texto podrá ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Así, transcurridos noventa días a contar del 27 de febrero, cualquier persona podrá solicitar la declaración de la muerte presunta de otra desaparecida debido a la catástrofe en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, El Maule y Bíobío.
De esta manera, un juez podrá fijar la mencionada fecha como día presuntivo de la muerte, con lo que inmediatamente podrá comunicar al Registro Civil para que proceda a la respectiva inscripción. Con ello, por ejemplo, los herederos de una persona declarada fallecida por un tribunal, podrían obtener la posesión definitiva de sus bienes y patrimonio, y vender parte de ellos, sean muebles o inmuebles.
Asimismo, el proyecto castiga con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo a quienes declaren fraudulentamente la muerte presunta de una persona, conociendo la existencia del desaparecido, y contempla igual sanción al que simule su propia desaparición o la de otro.
Prórroga de actuaciones judiciales
El proyecto consta también de tres artículos que permitirán establecer una prórroga de hasta 30 días (una vez publicada la ley) de las actuaciones judiciales, diligencias, ejercicio de acciones o derechos, además de la prescripción extintiva de las mismas, que se encontraban pendientes al 27 de febrero, y en los casos en que los plazos se hayan iniciado entre el 28 del mismo mes y los diez días posteriores a la publicación de esta norma.
Esta disposición alcanzará los procedimientos judiciales de los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las regiones del Maule y Bíobío; los 30 juzgados civiles dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago; los cuatro juzgados de letras en lo civil con competencia sobre las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, la Cisterna, El Bosque y Lo Espejo; los dos juzgados de letras de la comuna de San Antonio; los dos juzgados de letras en lo civil de Rancagua; y el juzgado con competencia común ubicado en Peralillo.
Tras la votación en sala el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agradeció el amplio apoyo parlamentario a la iniciativa, que va en directa ayuda de la ciudadanía que actualmente tiene causas en trámite en distintos tribunales de la zona centro sur del país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=406935 (Emol)
lunes, 5 de abril de 2010
TC acoge impugnación contra modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite la impugnación presentada por 34 diputados contra la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que permite que las salmoneras puedan usar las concesiones marítimas otorgadas por el Estado como aval bancario.El abogado patrocinador del recurso, Lorenzo Soto Oyarzún afirmó en un comunicado que esta legislación "establece una privatización de bienes, que son bienes nacionales de uso público, como es el mar territorial y las aguas interiores de Chile".Además, según el letrado, la ley "tiene que ser dejada sin efecto porque fue objeto de vicios en su tramitación al no haberse consultado a la Corte Suprema" y por no contar con suficiente quórum en la votación para su aprobación.La modificación en la Ley de Pesca y Acuicultura, impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, pretende salvar de la crisis a la industria del salmón, que desde noviembre de 2007 ha despedido a un tercio de los 57.000 empleados que mantenía en Chile, el segundo productor mundial de ese pescado.La iniciativa, presentada en enero del año pasado, fue aprobada por dos tercios de la Cámara con el apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores, y pasó al Senado, donde fue despachada en junio.Oyarzún alegó que el nuevo texto "discrimina a favor de un sector y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura".El proyecto también refuerza la capacidad de fiscalización y penalización del Servicio Nacional de Pesca, organismo encargado de ello, y modifica la regulación sanitaria y ambiental.El Tribunal Constitucional debería pronunciarse en los próximos diez días, pero, para Oyarzún, "es probable que por la lógica y tramitación propia de estas materias, esto pueda tomar más tiempo".
jueves, 25 de marzo de 2010
TC elimina inciso de proyecto de ley de "bono marzo", pero iniciativa será promulgada
Por haberlo aprobado sin esperar el informe respectivo de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y borró el inciso tercero del artículo primero del proyecto de ley que otorga el llamado "bono marzo", que confiere nuevas atribuciones a los tribunales de familia para dirimir eventuales conflictos por el pago de la bonificación.
Sin embargo, la decisión no paraliza la tramitación de la iniciativa legal. De hecho, ayer la Contraloría tomó razón del proyecto, quedando éste listo para su promulgación.
El inciso eliminado, por ampliar las facultades de los juzgados, debía ser revisado por la Corte Suprema. Así lo establece la Constitución para todos los proyectos que cambien las atribuciones de los tribunales.
Ello, si bien la opinión del máximo tribunal del país -que en el caso del bono fue favorable al proyecto- no es vinculante, es decir, si es negativa no impide que la iniciativa legal sea aprobada en el Congreso.
El fallo, que contó con el voto favorable de siete de los diez ministros del TC, señala que el informe de la Suprema es "un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica", por lo tanto, al haberse omitido ese paso, debía declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo primero, por adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, y además eliminarse de la iniciativa legal.
La decisión del TC tuvo el voto en contra de los ministros Hernán Vodanovic, Carlos Carmona y José Antonio Viera-Gallo, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del citado inciso, señalando que cuando existe urgencia para tramitar el proyecto, como en este caso, esperar el informe de la Suprema afecta ese plazo y que la opinión del máximo tribunal no es vinculante.
"Lo importante, por tanto, lo principal, no es el informe de la Corte Suprema; lo relevante es el proyecto de ley, al cual dicho informe puede ayudar. Y aquí el proyecto se despachó; el propósito del procedimiento se cumplió", señalan los ministros en el voto de minoría.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA.htm?id={5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA}(El Mercurio)
Sin embargo, la decisión no paraliza la tramitación de la iniciativa legal. De hecho, ayer la Contraloría tomó razón del proyecto, quedando éste listo para su promulgación.
El inciso eliminado, por ampliar las facultades de los juzgados, debía ser revisado por la Corte Suprema. Así lo establece la Constitución para todos los proyectos que cambien las atribuciones de los tribunales.
Ello, si bien la opinión del máximo tribunal del país -que en el caso del bono fue favorable al proyecto- no es vinculante, es decir, si es negativa no impide que la iniciativa legal sea aprobada en el Congreso.
El fallo, que contó con el voto favorable de siete de los diez ministros del TC, señala que el informe de la Suprema es "un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica", por lo tanto, al haberse omitido ese paso, debía declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo primero, por adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, y además eliminarse de la iniciativa legal.
La decisión del TC tuvo el voto en contra de los ministros Hernán Vodanovic, Carlos Carmona y José Antonio Viera-Gallo, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del citado inciso, señalando que cuando existe urgencia para tramitar el proyecto, como en este caso, esperar el informe de la Suprema afecta ese plazo y que la opinión del máximo tribunal no es vinculante.
"Lo importante, por tanto, lo principal, no es el informe de la Corte Suprema; lo relevante es el proyecto de ley, al cual dicho informe puede ayudar. Y aquí el proyecto se despachó; el propósito del procedimiento se cumplió", señalan los ministros en el voto de minoría.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA.htm?id={5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA}(El Mercurio)
miércoles, 24 de marzo de 2010
Gobierno asegura que bono marzo se pagará en plazos estipulados
El Gobierno quiere ratificar, tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el bono marzo (de $ 40 mil), que va en ayuda de más de 4 millones de chilenos más necesitados y de la clase media, se va a pagar dentro de los plazos estipulados". Así lo afirmó la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, luego que surgieran dudas sobre la pronta materialización de la medida, al darse a conocer que estaba pendiente un informe de la Corte Suprema sobre la iniciativa legal.
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)
martes, 23 de marzo de 2010
Gobierno compromete bono marzo y afirma que TC revisa sólo un artículo de la ley
Martes 23 de Marzo de 2010
Ante las dudas que surgieron respecto a los plazos de promulgación de la ley del "bono marzo", debido a la espera del informe respectivo del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, explicó que el organismo sólo está revisando un inciso del proyecto, que en el caso de ser rechazado, no impide la promulgación de la normativa.Von Baer precisó que como "ordena la Constitución y ha señalado el propio TC", el órgano está conociendo un inciso del proyecto de ley que concede atribuciones a los Tribunales de Familia para el pago del beneficio.Asimismo, explicó que debido a que todas las demás disposiciones del proyecto no son materia de análisis del Tribunal Constitucional, no se pone en riesgo el pago del aporte de 40 mil pesos por carga para las familias más pobres del país."Si es que ese inciso se declara inconstitucional, para lo cual hay que esperar el informe que el TC dará a conocer mañana, el apartado se va a reformular y se repondrá durante las próximas semanas", indicó la secretaria de Estado.Llamando a todos los chilenos a tener "tranquilidad" la ministra puntualizó que "el Gobierno quiere ratificar, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, de que el bono marzo, que va en ayuda de 4 millones de chilenos, se va a pagar dentro de los plazos estipulados, porque la ley se va a promulgar dentro de los próximos días".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404908 (Emol)
Ante las dudas que surgieron respecto a los plazos de promulgación de la ley del "bono marzo", debido a la espera del informe respectivo del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, explicó que el organismo sólo está revisando un inciso del proyecto, que en el caso de ser rechazado, no impide la promulgación de la normativa.Von Baer precisó que como "ordena la Constitución y ha señalado el propio TC", el órgano está conociendo un inciso del proyecto de ley que concede atribuciones a los Tribunales de Familia para el pago del beneficio.Asimismo, explicó que debido a que todas las demás disposiciones del proyecto no son materia de análisis del Tribunal Constitucional, no se pone en riesgo el pago del aporte de 40 mil pesos por carga para las familias más pobres del país."Si es que ese inciso se declara inconstitucional, para lo cual hay que esperar el informe que el TC dará a conocer mañana, el apartado se va a reformular y se repondrá durante las próximas semanas", indicó la secretaria de Estado.Llamando a todos los chilenos a tener "tranquilidad" la ministra puntualizó que "el Gobierno quiere ratificar, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, de que el bono marzo, que va en ayuda de 4 millones de chilenos, se va a pagar dentro de los plazos estipulados, porque la ley se va a promulgar dentro de los próximos días".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404908 (Emol)
sábado, 21 de noviembre de 2009
Corte pide informe a magistrado antes de resolver si abre sumario
Jueves 19 de Noviembre de 2009
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
martes, 17 de noviembre de 2009
Fallos del TC contra isapres apuran discusión para reforma
Un escenario que puede poner en jaque el sistema de salud privada es el que podría generarse por los cotizantes de isapres que han recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el alza de sus planes por la "tabla de factores de riesgo".
Ésta permite a las aseguradoras subir el precio de los planes cuando los usuarios alcanzan ciertos tramos de edad. Cada isapre actualmente ocupa dos tablas de factores, y en total en el sistema son 14.
El TC ya falló como inconstitucionales tres requerimientos de cotizantes, y a dos de ellos se les dejó sin efecto el alza. En el tercer caso, la Corte Suprema expuso que el contrato de la cotizante era anterior a la última reforma a la ley de isapres, del año 2005, por lo que no era aplicable la decisión del TC.
Sin embargo, la postura de anular las alzas por tabla de factores del TC ante estos tres casos puede llevar a dicha instancia a aplicar la facultad que posee de derogar el artículo impugnado de la ley de isapres.
Para que esto ocurra, deben estar de acuerdo los 4/5 del tribunal; es decir, ocho de sus diez miembros.
A ello se suma un requerimiento interpuesto en julio de este año por un grupo de parlamentarios de la Concertación que pidieron un pronunciamiento al TC sobre la constitucionalidad de la aplicación de la tabla a los cotizantes de isapres.
La última votación de los 10 ministros del TC fue de 7 votos contra 2 y 1 ausencia, por lo que la posibilidad de alcanzar los 4/5 en los próximos fallos es alta. Según la autoridad de salud, existen unos 40 casos tramitándose hoy en esta instancia.
A negociar
La posibilidad entonces de que se afecte el sistema de reajustabilidad que tienen las isapres y que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema privado es alta, por lo que en el Gobierno ya se ponen en el escenario de que esta situación pudiese pasar.
De ahí que la Superintendencia de Salud anunciara ayer, en el marco del congreso de Superintendencias de Salud de Latinoamérica, que se prolongará hasta hoy, que dentro de la mesa de negociación con las isapres, que se retomaría en 10 días, se pondrán sobre la mesa las alternativas a la tabla de factores para reajustar el plan.
La opción que aparece como probable para zanjar el problema es la aplicación de un fondo de compensación, tal como el que se ocupa actualmente dentro del plan AUGE, y que con unos $29 mil millones al año pueda cubrir las diferencias de riesgo.
La Asociación de Isapres se abstuvo de opinar de los dichos del superintendente.
____________
40
requerimientos tramita el TC sobre la constitucionalidad de la tabla de factores.
Dos
Grupos
son afectados por estas alzas: adultos mayores y mujeres en edad fértil.
$29
mil millones
podría tener el fondo de compensación propuesto por la superintendencia.
Tres
fallos del TC
han declarado ya inconstitucional el alza por la tabla de factores.
______________
''(Se deben) regular de mejormanera las discriminaciones deriesgo que hoy viven los afiliados".MANUEL INOSTROZASUPERINTENDENTE DE SALUD
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A.htm?id={56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A} (El Mercurio)
Ésta permite a las aseguradoras subir el precio de los planes cuando los usuarios alcanzan ciertos tramos de edad. Cada isapre actualmente ocupa dos tablas de factores, y en total en el sistema son 14.
El TC ya falló como inconstitucionales tres requerimientos de cotizantes, y a dos de ellos se les dejó sin efecto el alza. En el tercer caso, la Corte Suprema expuso que el contrato de la cotizante era anterior a la última reforma a la ley de isapres, del año 2005, por lo que no era aplicable la decisión del TC.
Sin embargo, la postura de anular las alzas por tabla de factores del TC ante estos tres casos puede llevar a dicha instancia a aplicar la facultad que posee de derogar el artículo impugnado de la ley de isapres.
Para que esto ocurra, deben estar de acuerdo los 4/5 del tribunal; es decir, ocho de sus diez miembros.
A ello se suma un requerimiento interpuesto en julio de este año por un grupo de parlamentarios de la Concertación que pidieron un pronunciamiento al TC sobre la constitucionalidad de la aplicación de la tabla a los cotizantes de isapres.
La última votación de los 10 ministros del TC fue de 7 votos contra 2 y 1 ausencia, por lo que la posibilidad de alcanzar los 4/5 en los próximos fallos es alta. Según la autoridad de salud, existen unos 40 casos tramitándose hoy en esta instancia.
A negociar
La posibilidad entonces de que se afecte el sistema de reajustabilidad que tienen las isapres y que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema privado es alta, por lo que en el Gobierno ya se ponen en el escenario de que esta situación pudiese pasar.
De ahí que la Superintendencia de Salud anunciara ayer, en el marco del congreso de Superintendencias de Salud de Latinoamérica, que se prolongará hasta hoy, que dentro de la mesa de negociación con las isapres, que se retomaría en 10 días, se pondrán sobre la mesa las alternativas a la tabla de factores para reajustar el plan.
La opción que aparece como probable para zanjar el problema es la aplicación de un fondo de compensación, tal como el que se ocupa actualmente dentro del plan AUGE, y que con unos $29 mil millones al año pueda cubrir las diferencias de riesgo.
La Asociación de Isapres se abstuvo de opinar de los dichos del superintendente.
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40
requerimientos tramita el TC sobre la constitucionalidad de la tabla de factores.
Dos
Grupos
son afectados por estas alzas: adultos mayores y mujeres en edad fértil.
$29
mil millones
podría tener el fondo de compensación propuesto por la superintendencia.
Tres
fallos del TC
han declarado ya inconstitucional el alza por la tabla de factores.
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''(Se deben) regular de mejormanera las discriminaciones deriesgo que hoy viven los afiliados".MANUEL INOSTROZASUPERINTENDENTE DE SALUD
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A.htm?id={56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A} (El Mercurio)
miércoles, 4 de noviembre de 2009
TC falla primer requerimiento de un Presidente contra otro poder del Estado
El Tribunal Constitucional falló ayer en la tarde el primer requerimiento que ha presentado un Presidente de la República, en este caso, en contra de la Cámara de Diputados.
La presentación fue originada por el rechazo al proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, el 29 de septiembre pasado.
La acción de la Presidenta Bachelet cobra mayor importancia si se considera que es la máxima autoridad del país la que está validando la instancia, la cual ha sido reiteradamente criticada por parlamentarios oficialistas, tras diversos fallos como el que declaró inconstitucional la distribución de la píldora del día después en la red pública de salud.
En su presentación alegaba que la Cámara no debió exigir quórum de ley orgánica para aprobar la convención.
La resolución del Tribunal Constitucional era previsible porque el mismo día que no se alcanzaron los 4/7 (69 diputados), el mismo tribunal sentenció que una convención equivalente, pero de alcance mundial -la de las Naciones Unidas-, pudo haber sido aprobada sólo por la mayoría de la sala.
Junto con el requerimiento de la Presidenta, también se falló a su favor el presentado por un grupo de 31 diputados oficialistas, quienes pedían declarar inconstitucional la decisión de la mesa de la Cámara de dar por rechazado el proyecto, al no haber obtenido el quórum calificado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/politica/noticias/49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C.htm?id={49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C} (El Mercurio)
La presentación fue originada por el rechazo al proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, el 29 de septiembre pasado.
La acción de la Presidenta Bachelet cobra mayor importancia si se considera que es la máxima autoridad del país la que está validando la instancia, la cual ha sido reiteradamente criticada por parlamentarios oficialistas, tras diversos fallos como el que declaró inconstitucional la distribución de la píldora del día después en la red pública de salud.
En su presentación alegaba que la Cámara no debió exigir quórum de ley orgánica para aprobar la convención.
La resolución del Tribunal Constitucional era previsible porque el mismo día que no se alcanzaron los 4/7 (69 diputados), el mismo tribunal sentenció que una convención equivalente, pero de alcance mundial -la de las Naciones Unidas-, pudo haber sido aprobada sólo por la mayoría de la sala.
Junto con el requerimiento de la Presidenta, también se falló a su favor el presentado por un grupo de 31 diputados oficialistas, quienes pedían declarar inconstitucional la decisión de la mesa de la Cámara de dar por rechazado el proyecto, al no haber obtenido el quórum calificado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/politica/noticias/49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C.htm?id={49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C} (El Mercurio)
jueves, 11 de junio de 2009
Suprema reelige a Marisol Peña para Tribunal Constitucional
Martes 9 de Junio del 2009
En una estrecha votación, el Pleno de la Corte Suprema (integrado por 18 magistrados) reeligió ayer a la abogada Marisol Peña Torres para que ocupe el puesto de ministra del Tribunal Constitucional (TC) durante los próximos nueve años.Peña se impuso por 10 votos a 8 al abogado Emilio Pfeffer Urquiaga. La elección se logró en segunda votación, luego que en una primera oportunidad empatara en preferencias con siete votos cada uno.De esta manera, el máximo tribunal ratificó a Marisol Peña, quien era la única mujer en el TC, y que había dejado la vacante el pasado 4 de mayo.
En una estrecha votación, el Pleno de la Corte Suprema (integrado por 18 magistrados) reeligió ayer a la abogada Marisol Peña Torres para que ocupe el puesto de ministra del Tribunal Constitucional (TC) durante los próximos nueve años.Peña se impuso por 10 votos a 8 al abogado Emilio Pfeffer Urquiaga. La elección se logró en segunda votación, luego que en una primera oportunidad empatara en preferencias con siete votos cada uno.De esta manera, el máximo tribunal ratificó a Marisol Peña, quien era la única mujer en el TC, y que había dejado la vacante el pasado 4 de mayo.
Votación secreta
Peña realizó sus estudios de derecho en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, C.A. y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es docente de la UC.Fue en mayo de 2006 que fue nombrada por el máximo tribunal para reemplazar en el TC al actual presidente de la Suprema, Urbano Marín. Como había ejercido su cargo por menos de cinco años, Peña podía ser reelecta.La votación de cada ministro se mantendrá en reserva, como lo estipula la Constitución
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/09/nacional/nacional/noticias/526B907F-44F1-48F3-91C4-C715EDE352CD.htm?id={526B907F-44F1-48F3-91C4-C715EDE352CD} (El Mercurio)Carolina Tohá se defiende personalmente de acusación por incompatibilidad ante el Tribunal Constitucional
Martes 6 de Junio del 2009
Setenta y nueve páginas tiene la defensa que la ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la acusación que busca declarar "incompatible" su actual cargo "con la calidad de diputado en votación popular"; el controvertido artículo 59 de la Constitución.El requerimiento, presentado por el abogado Miguel Otero el 3 de abril, declara además como "improcedente" el nombramiento de Felipe Harboe, al no existir vacancia parlamentaria.La defensa de Carolina Tohá cree que "no existe una indicación precisa de la causal ni de la norma que la establece", además de denunciar que el requerimiento "no cumple con los requisitos exigidos por la ley" ni tiene claridad en la persona "en contra de quien se dirige la acción".El jueves pasado ambas partes tuvieron su primer cara a cara. Tanto Otero como el defensor de Tohá, el abogado Davor Harasic, presentaron sus descargos ante los ministros del TC. Hoy, en sesión ordinaria del organismo, el tema podría ser discutido. Sin embargo, no existe un plazo para su resolución.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/06/09/nacional/politica/noticias/D4F7199B-FA4D-49E1-A8DC-43FC11552B46.htm?id={D4F7199B-FA4D-49E1-A8DC-43FC11552B46} (El Mercurio)
Setenta y nueve páginas tiene la defensa que la ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la acusación que busca declarar "incompatible" su actual cargo "con la calidad de diputado en votación popular"; el controvertido artículo 59 de la Constitución.El requerimiento, presentado por el abogado Miguel Otero el 3 de abril, declara además como "improcedente" el nombramiento de Felipe Harboe, al no existir vacancia parlamentaria.La defensa de Carolina Tohá cree que "no existe una indicación precisa de la causal ni de la norma que la establece", además de denunciar que el requerimiento "no cumple con los requisitos exigidos por la ley" ni tiene claridad en la persona "en contra de quien se dirige la acción".El jueves pasado ambas partes tuvieron su primer cara a cara. Tanto Otero como el defensor de Tohá, el abogado Davor Harasic, presentaron sus descargos ante los ministros del TC. Hoy, en sesión ordinaria del organismo, el tema podría ser discutido. Sin embargo, no existe un plazo para su resolución.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/06/09/nacional/politica/noticias/D4F7199B-FA4D-49E1-A8DC-43FC11552B46.htm?id={D4F7199B-FA4D-49E1-A8DC-43FC11552B46} (El Mercurio)
viernes, 29 de mayo de 2009
Siete candidatos disputarán el cupo de la Corte Suprema para el TC
Jueves 28 de Mayo
Entre siete candidatos escogerá la Corte Suprema al reemplazante de la ministra Marisol Peña en el Tribunal Constitucional, cuyo período llega a su fin este mes. La nómina de postulantes se cerró el viernes, y el elegido, que se sumará a los otros nueve ministros, será parte del TC hasta el 2018.Y una de las que corren con ventaja, según fuentes judiciales, es precisamente Peña, que podría ser reelecta. Es la única mujer en el Tribunal y, además de contar con un prestigioso currículum académico, su trabajo ha sido muy bien evaluado por la Corte y al interior del TC. En cuanto a los fallos, el año pasado la ministra votó contra la distribución de la píldora del día después y apoyó declarar la inconstitucionalidad del préstamo del BID al Transantiago, dos de las decisiones más relevantes del TC.Otros candidatos que también son mencionados son Emilio Pfeffer y Jaime Jara.De dilatada trayectoria jurídica, Pfeffer es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entre sus decisiones relevantes, votó en contra de aplicar la prescripción a Guillermo Díaz en el caso MOP-Gate.Jaime Jara, hermano de Eduardo Jara, presidente del Tribunal de la Libre Competencia, ha ocupado el cargo de abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Trabajó en Enap durante el gobierno de Eduardo Frei, y es considerado como una buena carta por La Moneda.El ex defensor nacional Eduardo Sepúlveda Crerar es otro aspirante. Reconocido por su rol en temas de DD.HH., en marzo de 2008 salió de la defensoría tras los resultados de una auditoría a una licitación.También están el académico Francisco Javier Ovalle, quien trabajó en el Banco Bice y en la Universidad de Chile como profesor de Política Económica; Miguel González Pino, quien fue director de comunicaciones de la Corte Suprema, y Carlos López, doctor en Ciencia Política y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/28/nacional/politica/noticias/25987D03-75B9-49D0-983A-4A0718A2092A.htm?id={25987D03-75B9-49D0-983A-4A0718A2092A} (El Mercurio)
domingo, 26 de abril de 2009
Bomberos anuncia protestas si TC acoge reclamo de aseguradoras
El presidente nacional del Cuerpo de Bomberos, Miguel Reyes Muñoz, dijo que sus integrantes podrían salir a las calles a protestar si el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia a favor de suspender los aportes de las compañías aseguradoras para el pago de beneficios médicos e indemnizaciones a voluntarios accidentados, enfermos o muertos en actos de servicio. La Asociación de Aseguradores impugnó ante el TC dos artículos del D. L. 1.757.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/26/nacional/nacional/noticias/43391925-C0A6-4F6C-97EB-A01210E24CFF.htm?id={43391925-C0A6-4F6C-97EB-A01210E24CFF} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/26/nacional/nacional/noticias/43391925-C0A6-4F6C-97EB-A01210E24CFF.htm?id={43391925-C0A6-4F6C-97EB-A01210E24CFF} (El Mercurio)
martes, 31 de marzo de 2009
Carlos Carmona es designado como nuevo miembro del Tribunal Constitucional
La Presidenta Michelle Bachelet designó al abogado Carlos Carmona Santander como nuevo ministro del Tribunal Constitucional por un plazo de nueve años, cargo que comenzará a desempeñar el próximo 9 de abril.
Carmona llega a reemplazar a Jorge Correa Sutil, quien ejercía como ministro desde enero de 2006, luego de la renuncia del jurista Juan Agustín Figueroa.
El nuevo integrante del Tribunal Constitucional, quien tiene 47 años y es militante de la Demócracia Cristiana, fue subsecretario general de la Presidencia entre 1999 y 2000.
Carmona cumplía funciones desde hace 14 años como jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que será asumido por el actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el abogado Jorge Claissac Schnake.
En la actualidad Carmona, abogado de la Universidad de Chile, es profesor de derecho administrativo de la misma casa de estudios y del magíster en derecho constitucional de la Universidad Católica.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=351593 (Emol)
Carmona llega a reemplazar a Jorge Correa Sutil, quien ejercía como ministro desde enero de 2006, luego de la renuncia del jurista Juan Agustín Figueroa.
El nuevo integrante del Tribunal Constitucional, quien tiene 47 años y es militante de la Demócracia Cristiana, fue subsecretario general de la Presidencia entre 1999 y 2000.
Carmona cumplía funciones desde hace 14 años como jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que será asumido por el actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el abogado Jorge Claissac Schnake.
En la actualidad Carmona, abogado de la Universidad de Chile, es profesor de derecho administrativo de la misma casa de estudios y del magíster en derecho constitucional de la Universidad Católica.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=351593 (Emol)
jueves, 19 de marzo de 2009
TC valida a Gobierno para determinar acceso gratuito a playas
El Tribunal Constitucional (TC) validó la facultad del Gobierno para determinar el acceso gratuito a playas colindantes y rechazó un recurso de inaplicabilidad presentado por la sociedad Agrícola del Lago S.A., que cuestionaba la resolución exenta que dictó la intendenta de la Región de la Araucanía de crear un paso peatonal hacia los lagos Villarrica y Huilipilún.Esta es la primera vez que el organismo se pronuncia al respecto, y marcará un precedente para otros casos como el de Pingueral. El fallo -de 7 votos contra 2- fue redactado por el ministro Jorge Correa Sutil.La mayoría de los ministros sostuvo que "la obligación de los propietarios colindantes con las playas de otorgar gratuitamente una vía de acceso a éstas constituye una limitación al dominio, y no una privación total de éste o una imposibilidad absoluta del ejercicio de las facultades esenciales de uso o goce".Aseguran que el medio empleado fue "proporcionado", pues no impone a éste sino la obligación de permitir el acceso "para el goce de uso público del respectivo bien nacional".Para el TC sólo se establece la obligación de permitir el acceso para fines turísticos y de pesca, y se exige a la intendenta fijar "con prudencia" las correspondientes vías de acceso, "evitando causar daños innecesarios a los afectados".También el TC valida la gratuidad del acceso y no se pronuncia acerca de la indemnización porque no fue solicitada en la decisión del tribunal.Los votos disidentes fueron de los ministros Raúl Bertelsen y Marcelo Venegas, quienes estuvieron de acuerdo con los anteriores argumentos, pero que fueron partidarios de pronunciarse acerca de la indemnización.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/_portada/noticias/5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39.htm?id={5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/_portada/noticias/5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39.htm?id={5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39} (El Mercurio)
domingo, 15 de marzo de 2009
Fermandois: "Se podría recurrir al Tribunal Constitucional" por nominaciones de Carolina Tohá y de Felipe Harboe
A fines de noviembre del año pasado, la diputada PPD Carolina Tohá anunció que no repostularía al Parlamento y que le gustaría que el -por esos días- subsecretario del Interior, Felipe Harboe, se quedara con su cupo en el distrito de Santiago Centro.Con la decisión de la Presidenta Bachelet de integrarla al gabinete como nueva vocera y la votación de la directiva PPD en favor de Harboe como su reemplazante, los deseos de la parlamentaria se adelantaron en casi nueve meses.Pero, según el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, todo podría quedar en nada, ya que ambos casos podrían ser objetados ante el Tribunal Constitucional.Si bien el jurista reconoce que entre las inhabilidades que plantea la Constitución para ejercer los cargos de parlamentario y de ministro no hay ninguna explícita para frenar las nominaciones, tampoco hay artículos que lo permitan abiertamente.Pero sobre todo, de acuerdo a Fermandois, lo que grafica que las designaciones no proceden está en que "la Constitución hay que interpretarla en su conjunto, y en ese sentido, es indiscutido que la filosofía de la Constitución apunta a impedir los flujos de cargos, de personas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para insertarse con ventaja en el Congreso, así es que hoy se ha creado una situación por la que perfectamente se podría recurrir al TC".
>> Harboe parte con puerta a puerta
La directiva del PPD votó para conocer quién sería el diputado reemplazante de Carolina Tohá. El resultado fue 8 contra uno: 8 para el ex subsecretario Felipe Harboe y uno para el presidente de la juventud PPD, Nicolás Navarrete, quien votó por sí mismo. Ahora, el nuevo diputado por Santiago, quien dijo ayer "dudé en aceptar", iniciará el domingo un puerta a puerta por el distrito
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/14/nacional/politica/noticias/D6A3A42D-1487-42A3-BCA4-BC41F23C87B1.htm?id={D6A3A42D-1487-42A3-BCA4-BC41F23C87B1} (El Mercurio)
>> Harboe parte con puerta a puerta
La directiva del PPD votó para conocer quién sería el diputado reemplazante de Carolina Tohá. El resultado fue 8 contra uno: 8 para el ex subsecretario Felipe Harboe y uno para el presidente de la juventud PPD, Nicolás Navarrete, quien votó por sí mismo. Ahora, el nuevo diputado por Santiago, quien dijo ayer "dudé en aceptar", iniciará el domingo un puerta a puerta por el distrito
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/14/nacional/politica/noticias/D6A3A42D-1487-42A3-BCA4-BC41F23C87B1.htm?id={D6A3A42D-1487-42A3-BCA4-BC41F23C87B1} (El Mercurio)
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