Abogados expertos en la Reforma Procesal Penal valoran la movilidad de fiscales desde el Ministerio Público hacia el sector privado, y estiman innecesario colocar obstáculos para que estos profesionales accedan a estudios particulares.
Sin embargo, estiman conveniente legislar con el fin de regular el tema ético, para evitar el choque de intereses en sus actuaciones desde este ámbito.
El debate surge luego de la renuncia que presentó el fiscal Iván Millán, experto en delitos económicos, para incorporarse a un estudio jurídico especializado en estas causas.
El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, plantea que se debería legislar para establecer una regulación ética respecto de la información privilegiada que tiene un ex fiscal.
No obstante, consideró que la movilidad es necesaria en las fiscalías. "No creo conveniente que un fiscal llegue a los 25 años a la fiscalía y se jubile a los 65, porque eso podría conducir a un sistema muy burocratizado y corporativista", explicó.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de derecho de la misma universidad, coincide con Riego. "No veo ningún inconveniente en que haya este desplazamiento de fiscales al mundo privado", dijo.
Ello genera un mayor interés de las nuevas generaciones de abogados por incorporarse al Ministerio Público, pues tienen la posibilidad de ser aceptados en el mundo privado con mejores remuneraciones, explicó el experto.
La investigadora de Flacso Lucía Dammert estima que las regulaciones para los fiscales deben ser las mismas que deben tener las autoridades de gobierno que manejan información privilegiada y que después pasan al sector privado.
Alejandra Ahumada, de Fundación Paz Ciudadana, en tanto, también cree que basta con establecer impedimentos éticos mínimos para que ellos intervengan desde el ejercicio privado en las causas que conocieron como fiscales. Y que el Ministerio Público debería estudiar y establecer incentivos atractivos para evitar la "fuga" de sus persecutores.
La moratoria en otros países
En Estados Unidos y México, por ejemplo, las personas que tuvieron participación en ciertas áreas críticas y que renuncian al cargo, durante dos años tienen impedimento de intervenir en los temas que tuvieron conocimiento, incluidos los persecutores. En los países de la Unión Europea, los funcionarios del llamado "ministerio fiscal" no son independientes, sino que deben seguir las directrices de sus superiores jerárquicos y del ministro de Justicia. Y no hay una legislación específica relativa a los fiscales.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/03/nacional/nacional/noticias/9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C.htm?id={9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C} (El Mercurio)
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lunes, 3 de mayo de 2010
domingo, 15 de noviembre de 2009
Suprema revela que jueces han rechazado sólo el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas
Viernes 13 de Noviembre de 2009
En medio de la polémica generada por las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la existencia de la llamada "puerta giratoria", la Corte Suprema divulgó ayer cifras que revelan que el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público han sido rechazadas por los jueces de garantía, desde que se inició la Reforma Procesal Penal, en 2000, hasta 2009.
En estos nueve años han ingresado a los tribunales dos millones 416 mil 805 causas. La cifra de imputados con control de detención es de 870 mil 194 y la de formalizados es de 822 mil 896.
Según estos antecedentes, en 653 mil 900 casos los fiscales han solicitado alguna medida cautelar. Entre ellas, la prisión preventiva ha sido pedida a los jueces de garantía en 103 mil 592 casos, lo que representa el 15,8% del total de medidas cautelares.
Los magistrados han decretado 92 mil 907 de esas prisiones, mientras que han rechazado 10 mil 685; es decir, el 10,3%.
Los fiscales han apelado al rechazo de 2.436 de estas prisiones y las cortes han acogido el 45%, mandando tras las rejas a 1.095 imputados.
Según el vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, hay que distinguir entre quienes cometen delitos graves y menos graves. "Se dice que los violadores, los narcotraficantes, los homicidas hacen uso de la puerta giratoria. Eso hay que comprobarlo. ¡Eso no es cierto!".
En el mismo plano, la presidenta metropolitana de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, afirmó que "el Poder Judicial ha sacado cifras contundentes, con lo cual ha demostrado a la ciudadanía que quien afirma que la puerta giratoria existe, miente o simplemente se equivoca".
La Defensoría Penal Pública, en tanto, observa una tendencia al alza en la prisión preventiva para delitos de la agenda corta, como secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con sorpresa y robo en lugar no habitado. Hace 18 meses, detalla, el porcentaje de prisiones preventivas por estos ilícitos era de 45%, y en junio, de 53%.
La entidad agrega que el porcentaje de imputados que son absueltos al concluir el proceso, pero que han permanecido en prisión durante la tramitación de la causa, es alto: 20,48%.
Expertos de Paz Ciudadana y Flacso: cifras no reflejan la realidad
La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana (FPC), Francisca Werth, estima que las cifras reveladas por la Corte Suprema dejan en evidencia que casi el 90% de las prisiones preventivas solicitadas a los jueces finalmente se concede.
"La pregunta que uno debiera hacerse es sobre la disminución que hay entre las medidas cautelares que se solicitan y cuántas de esas son prisiones preventivas. En el fondo, el tema se enfocaría en el sentido de si los fiscales están o no pidiendo las suficientes prisiones preventivas", señala la experta.
Werth recordó que los jueces no son quienes decretan este tipo de medidas, sino que es el Ministerio Público el que tiene las atribuciones para pedir prisiones preventivas. "Y eso es lo que están demostrando los jueces con esas cifras", explicó.
Sin embargo, la directora de FPC hizo notar que la mayoría de los casos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad, en los que no se justificaría pedir prisión preventiva, la que debe ser una medida excepcional.
"La pregunta básica no es si estamos pidiendo pocas prisiones preventivas. El punto es qué control le estamos dando al otro número de personas que queda con o sin medida cautelar", expresó Werth.
La directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, estima que tanto las estadísticas mostradas por la Corte Suprema como las que entregan el Ministerio Público y el Ministerio del Interior "son cifras parciales".
¿Quién tiene la culpa?
Según Dammert, "lo que dicen (las estadísticas) es una parte mediana o pequeña de la película" que no permite explicitar "si hay puerta giratoria o no, si hay aumento de la sensación de impunidad o si las policías no entregan todas las pruebas o tienen falencias en la investigación que no permite formalizar a los autores".
Para la experta de Flacso, es importante que las cifras salgan a la luz pública, "pero no pueden servir para el juego de 'yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el del lado'".
Estima que es necesario "ponerse bastante más serios" y comenzar a analizar los números desde un nivel más riguroso y cualitativo. "La única forma de derribar todos estos mitos, es comenzar a integrar la información con criterios de calidad" entre las instituciones involucradas.
En el Ministerio Público declinaron comentar las cifras mostradas.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/_portada/noticias/C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126.htm?id={C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126} (El Mercurio)
En medio de la polémica generada por las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la existencia de la llamada "puerta giratoria", la Corte Suprema divulgó ayer cifras que revelan que el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público han sido rechazadas por los jueces de garantía, desde que se inició la Reforma Procesal Penal, en 2000, hasta 2009.
En estos nueve años han ingresado a los tribunales dos millones 416 mil 805 causas. La cifra de imputados con control de detención es de 870 mil 194 y la de formalizados es de 822 mil 896.
Según estos antecedentes, en 653 mil 900 casos los fiscales han solicitado alguna medida cautelar. Entre ellas, la prisión preventiva ha sido pedida a los jueces de garantía en 103 mil 592 casos, lo que representa el 15,8% del total de medidas cautelares.
Los magistrados han decretado 92 mil 907 de esas prisiones, mientras que han rechazado 10 mil 685; es decir, el 10,3%.
Los fiscales han apelado al rechazo de 2.436 de estas prisiones y las cortes han acogido el 45%, mandando tras las rejas a 1.095 imputados.
Según el vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, hay que distinguir entre quienes cometen delitos graves y menos graves. "Se dice que los violadores, los narcotraficantes, los homicidas hacen uso de la puerta giratoria. Eso hay que comprobarlo. ¡Eso no es cierto!".
En el mismo plano, la presidenta metropolitana de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, afirmó que "el Poder Judicial ha sacado cifras contundentes, con lo cual ha demostrado a la ciudadanía que quien afirma que la puerta giratoria existe, miente o simplemente se equivoca".
La Defensoría Penal Pública, en tanto, observa una tendencia al alza en la prisión preventiva para delitos de la agenda corta, como secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con sorpresa y robo en lugar no habitado. Hace 18 meses, detalla, el porcentaje de prisiones preventivas por estos ilícitos era de 45%, y en junio, de 53%.
La entidad agrega que el porcentaje de imputados que son absueltos al concluir el proceso, pero que han permanecido en prisión durante la tramitación de la causa, es alto: 20,48%.
Expertos de Paz Ciudadana y Flacso: cifras no reflejan la realidad
La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana (FPC), Francisca Werth, estima que las cifras reveladas por la Corte Suprema dejan en evidencia que casi el 90% de las prisiones preventivas solicitadas a los jueces finalmente se concede.
"La pregunta que uno debiera hacerse es sobre la disminución que hay entre las medidas cautelares que se solicitan y cuántas de esas son prisiones preventivas. En el fondo, el tema se enfocaría en el sentido de si los fiscales están o no pidiendo las suficientes prisiones preventivas", señala la experta.
Werth recordó que los jueces no son quienes decretan este tipo de medidas, sino que es el Ministerio Público el que tiene las atribuciones para pedir prisiones preventivas. "Y eso es lo que están demostrando los jueces con esas cifras", explicó.
Sin embargo, la directora de FPC hizo notar que la mayoría de los casos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad, en los que no se justificaría pedir prisión preventiva, la que debe ser una medida excepcional.
"La pregunta básica no es si estamos pidiendo pocas prisiones preventivas. El punto es qué control le estamos dando al otro número de personas que queda con o sin medida cautelar", expresó Werth.
La directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, estima que tanto las estadísticas mostradas por la Corte Suprema como las que entregan el Ministerio Público y el Ministerio del Interior "son cifras parciales".
¿Quién tiene la culpa?
Según Dammert, "lo que dicen (las estadísticas) es una parte mediana o pequeña de la película" que no permite explicitar "si hay puerta giratoria o no, si hay aumento de la sensación de impunidad o si las policías no entregan todas las pruebas o tienen falencias en la investigación que no permite formalizar a los autores".
Para la experta de Flacso, es importante que las cifras salgan a la luz pública, "pero no pueden servir para el juego de 'yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el del lado'".
Estima que es necesario "ponerse bastante más serios" y comenzar a analizar los números desde un nivel más riguroso y cualitativo. "La única forma de derribar todos estos mitos, es comenzar a integrar la información con criterios de calidad" entre las instituciones involucradas.
En el Ministerio Público declinaron comentar las cifras mostradas.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/_portada/noticias/C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126.htm?id={C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126} (El Mercurio)
martes, 3 de noviembre de 2009
Ley protege a testigos con cambio de domicilio en Chile o el extranjero
Sábado 31 de Octubre de 200
Nueva identidad o reserva de ella y cambio de domicilio en Chile o en el extranjero son algunas de las medidas extremas que considera la ley para proteger a un testigo cuya integridad física esté en alto riesgo por haber colaborado con la justicia, según informó a este diario la Fiscalía Nacional.
Aunque el organismo no quiso revelar cuántas personas viven actualmente en esta situación, sí precisó que las medidas de resguardo se pueden extender al grupo familiar del testigo protegido.
Sin embargo, trascendió que hasta ahora son varios los casos en que se ha decretado el traslado de testigos de una región a otra, con el pago de los gastos que implica esta medida, como una forma de protegerlos ante amenazas en su contra.
El tema cobró actualidad luego que el fiscal especial para casos de violencia mapuche, Miguel Ángel Velásquez, revelara que su trabajo era apoyado por un testigo protegido, denominado "R1903M".
Críticas internas
Esto desató críticas internas, pues se consideró inoportuno sacar a la luz pública estrategias de investigación o antecedentes que pueden alentar la búsqueda del colaborador, por parte de los indagados por hechos delictuales, para sacarlos del proceso.
Algunos fiscales reconocen preocupación porque, en ciertos casos, ha faltado rigurosidad para proteger a testigos.
Como ejemplo, se citan algunos allanamientos en el sector sur de Santiago donde han aparecido rostros de personas que colaboraron con la diligencia que, aunque son desconocidos para el grueso del público, sí interesan a los delincuentes afectados por los operativos.
Las medidas de protección son decretadas tanto por los fiscales a cargo de un caso como por los jueces, según mandata el Código Procesal Penal.
La Fiscalía Nacional explica que "a partir de un proceso definido, se evalúa mediante pautas de intimidación y de riesgo la situación del testigo".
Y si el análisis arroja una situación peligrosa, el fiscal a cargo de la investigación es quien está llamado a otorgar las medidas de protección necesarias.
Hay otras iniciativas que son de decisión autónoma del fiscal, como la petición de rondas periódicas de Carabineros al domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas de la policía a éste, instalación de botones de emergencia en su domicilio o alarmas personales de ruido, entre otras disposiciones.
El cambio de identidad, contemplado en las leyes de conductas terroristas, de drogas y en la que castiga el lavado de dinero o blanqueo de activos, debe ser autorizado por el juez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB.htm?id={0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB} (El Mercurio)
Nueva identidad o reserva de ella y cambio de domicilio en Chile o en el extranjero son algunas de las medidas extremas que considera la ley para proteger a un testigo cuya integridad física esté en alto riesgo por haber colaborado con la justicia, según informó a este diario la Fiscalía Nacional.
Aunque el organismo no quiso revelar cuántas personas viven actualmente en esta situación, sí precisó que las medidas de resguardo se pueden extender al grupo familiar del testigo protegido.
Sin embargo, trascendió que hasta ahora son varios los casos en que se ha decretado el traslado de testigos de una región a otra, con el pago de los gastos que implica esta medida, como una forma de protegerlos ante amenazas en su contra.
El tema cobró actualidad luego que el fiscal especial para casos de violencia mapuche, Miguel Ángel Velásquez, revelara que su trabajo era apoyado por un testigo protegido, denominado "R1903M".
Críticas internas
Esto desató críticas internas, pues se consideró inoportuno sacar a la luz pública estrategias de investigación o antecedentes que pueden alentar la búsqueda del colaborador, por parte de los indagados por hechos delictuales, para sacarlos del proceso.
Algunos fiscales reconocen preocupación porque, en ciertos casos, ha faltado rigurosidad para proteger a testigos.
Como ejemplo, se citan algunos allanamientos en el sector sur de Santiago donde han aparecido rostros de personas que colaboraron con la diligencia que, aunque son desconocidos para el grueso del público, sí interesan a los delincuentes afectados por los operativos.
Las medidas de protección son decretadas tanto por los fiscales a cargo de un caso como por los jueces, según mandata el Código Procesal Penal.
La Fiscalía Nacional explica que "a partir de un proceso definido, se evalúa mediante pautas de intimidación y de riesgo la situación del testigo".
Y si el análisis arroja una situación peligrosa, el fiscal a cargo de la investigación es quien está llamado a otorgar las medidas de protección necesarias.
Hay otras iniciativas que son de decisión autónoma del fiscal, como la petición de rondas periódicas de Carabineros al domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas de la policía a éste, instalación de botones de emergencia en su domicilio o alarmas personales de ruido, entre otras disposiciones.
El cambio de identidad, contemplado en las leyes de conductas terroristas, de drogas y en la que castiga el lavado de dinero o blanqueo de activos, debe ser autorizado por el juez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB.htm?id={0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB} (El Mercurio)
sábado, 24 de octubre de 2009
Fiscal Chahuán: "La solución a las críticas no pasa por modificar el Procedimiento Penal
Un año y siete meses cumplió en su cargo el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Coincidió la fecha con el décimo aniversario de la puesta en marcha del organismo que dirige.
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
lunes, 12 de octubre de 2009
Abogados en la mira de la justicia por estafas o engaños a sus clientes
Son depositarios de la confianza de sus clientes. Les resuelven los problemas legales. Pero, a veces se transforma en un verdadero lío. Con la Reforma Procesal Penal se han hecho visibles los casos de abogados que estafan a sus clientes, y cometen delitos en el ejercicio de su profesión. Son condenados, pero a penas bajas y con amplias posibilidades de seguir ejerciendo.
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
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