El próximo año, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley que modernizará el actual funcionamiento de las cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, y que tiene como objetivo agilizar las causas en la segunda instancia, acorde con los procesos de la reforma civil y laboral.
La iniciativa crea la tercera Corte en Santiago y especializa, respectivamente, a los tribunales de alzada capitalinos en materias civiles, penales y laborales (lo que además incluye lo tributario, de familia y lo contencioso administrativo).
El proyecto de ley será enviado el próximo año al Congreso, según confirmó a "El Mercurio" el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien explicó que se está trabajando en esta materia.
El pleno de la Corte Suprema aprobó esta iniciativa en las jornadas de reflexión 2010 que se desarrollaron en La Serena.
En el encuentro, el máximo tribunal acordó insistir al Ejecutivo con la conveniencia del proyecto de ley que crea la tercera Corte de Apelaciones, "ya que las condiciones actuales hacen propicia la ocasión para su discusión legislativa, aprovechando la creación de seis cargos de ministros tributarios y aduaneros para la Corte de Apelaciones de San Miguel y la de Santiago, y el traspaso de 10 fiscales judiciales al cargo de ministro de corte".
La normativa busca descongestionar las actuales cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, las que pasarían a ver materias específicas.
Una de las ideas de los supremos es que a la nueva Corte se le entregue el conocimiento de los asuntos del trabajo, tributarios y aduaneros, de familia, lo contencioso administrativo y los recursos de protección.
Mientras que a la actual Corte de Apelaciones de Santiago se le quiere entregar todos los asuntos de materia civil; y a la de San Miguel que se le entregue la decisión de las cuestiones de naturaleza penal y contravencional.
También habría algunos cambios para regiones. Así, las cortes de Valparaíso y Concepción funcionarían con salas especializadas en diversas materias.
Si bien la idea había sido anunciada por el gobierno pasado, finalmente no se envió al Congreso. El ministro de Justicia ha estudiado la iniciativa para realizar algunas modificaciones.
Tendencia
Según concluyó el pleno de la Suprema, la especialización "es una tendencia que se impone cada vez con mayor fuerza en nuestro país, tanto porque a ello conducen las reformas procedimentales de los últimos años, como por la conveniencia en el perfeccionamientos de los jueces, la agilización en la decisión definitiva de las materias puestas en su conocimiento y la necesaria y pretendida unificación de la jurisprudencia".
En la actualidad, el territorio jurisdiccional está dividido, lo que se eliminaría con el proyecto que pretende la especialización.
Por ejemplo, en San Miguel se revisan causas de determinadas comunas como San Bernardo, Puente Alto, Talagante, Buin, y Peñaflor. En la Corte de Santiago, se tramitan las del resto.
La posible ubicación
En el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial también se ha abordado el tema y se estima que la tercera Corte de Apelaciones de Santiago se debería ubicar en el edificio de Avenida España con Toesca. En ese espacio funcionaron los juzgados del crimen y ahora algunos civiles. Esto último, debido a los arreglos que se realizan en el edificio de estos tribunales luego que resultaran con daños por el terremoto.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/11/15/nacional/nacional/noticias/14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC.htm?id={14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC}(El Mercurio)
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lunes, 15 de noviembre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
Pleno de la Corte Suprema propone suprimir el feriado judicial
Suprimir el feriado judicial para que el funcionamiento de los tribunales sea continuado durante todo el año es otra de las decisiones que adoptó el Pleno de la Corte Suprema durante las jornadas de reflexión que se desarrollaron el fin de semana en La Serena.
El llamado feriado judicial de febrero rige sólo para materias civiles, ya que lo laboral, penal y de familia funcionan ininterrumpidamente durante todo el año.
En el caso de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones del país, se dejan salas de verano que revisan causas más urgentes.
"Es una institución un poco obsoleta, y nada justifica que algunos asuntos tengan un feriado judicial y se paralice el tribunal por un tiempo determinado. Nuestra política es que no debiera haber nunca tribunales que no funcionen durante todo el año. Por lo tanto, el feriado judicial ya no es una necesidad, y hay que eliminarlo", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.
El titular del máximo tribunal sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, encuentro en el que se abordará este tema y las otras propuestas de las jornadas de reflexión, ya que para que se materialice la iniciativa es necesario un proyecto de ley.
Juica aseguró, además, que con esta idea también se evita la discriminación con los funcionarios del Poder Judicial que gozan "del feriado judicial respecto a los otros que no".
Por su parte, el ministro de Justicia adelantó a "El Mercurio" que respalda la iniciativa porque "hace más equitativa la distribución de cargas (...) y evita esos rezagos en materia civil, que en febrero paraliza".
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, también se mostró partidario de la eliminación del feriado judicial, porque "está acorde a la época (...) No se puede estar un mes privado de administración de justicia".
Explicó que si bien para muchos abogados es "cómodo" que estén paralizados los tribunales, porque aprovechan de tomar vacaciones, desde el punto de vista público no pueden "estar parados".
La Suprema también está de acuerdo con la materialización del proyecto de ley que crea una Tercera Corte de Apelaciones para la Región Metropolitana, y de la especialización de éstas.
Destacan eliminación de abogados integrantes
Una favorable acogida entre los expertos del sistema procesal penal tuvo la opinión de los ministros de la Corte Suprema, que en su jornada de reflexión realizada en La Serena se mostraron partidarios de eliminar a los abogados integrantes.
El académico Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, cree que esto permitirá sacar de los tribunales de alzada a abogados litigantes que, ejerciendo también privadamente la profesión, conocían y tenían "acceso privilegiado a la intimidad del sistema". También desaparece una figura que no está en la Constitución, dijo.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP, señaló que la figura del abogado integrante está cuestionada desde hace mucho tiempo, por el grado de independencia de su trabajo. Lo destacó como una nueva señal de transparencia de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentará en las próximas semanas el proyecto de ley que elimina a los abogados integrantes y que fue evaluado por la Suprema en las jornadas de reflexión. "Hemos llegado a grandes consensos con respecto a la forma de eliminar a los abogados integrantes. Y en aquellas materias en las que hay disensos, que son las menos, hubo votaciones divididas".
Bulnes explicó que evaluará si acoge la propuesta de que las subrogancias las hagan jueces y ministros, y no suplentes externos al Poder Judicial, como está en la iniciativa del Ejecutivo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/26/nacional/nacional/noticias/2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C.htm?id={2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C}(El Mercurio)
El llamado feriado judicial de febrero rige sólo para materias civiles, ya que lo laboral, penal y de familia funcionan ininterrumpidamente durante todo el año.
En el caso de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones del país, se dejan salas de verano que revisan causas más urgentes.
"Es una institución un poco obsoleta, y nada justifica que algunos asuntos tengan un feriado judicial y se paralice el tribunal por un tiempo determinado. Nuestra política es que no debiera haber nunca tribunales que no funcionen durante todo el año. Por lo tanto, el feriado judicial ya no es una necesidad, y hay que eliminarlo", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.
El titular del máximo tribunal sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, encuentro en el que se abordará este tema y las otras propuestas de las jornadas de reflexión, ya que para que se materialice la iniciativa es necesario un proyecto de ley.
Juica aseguró, además, que con esta idea también se evita la discriminación con los funcionarios del Poder Judicial que gozan "del feriado judicial respecto a los otros que no".
Por su parte, el ministro de Justicia adelantó a "El Mercurio" que respalda la iniciativa porque "hace más equitativa la distribución de cargas (...) y evita esos rezagos en materia civil, que en febrero paraliza".
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, también se mostró partidario de la eliminación del feriado judicial, porque "está acorde a la época (...) No se puede estar un mes privado de administración de justicia".
Explicó que si bien para muchos abogados es "cómodo" que estén paralizados los tribunales, porque aprovechan de tomar vacaciones, desde el punto de vista público no pueden "estar parados".
La Suprema también está de acuerdo con la materialización del proyecto de ley que crea una Tercera Corte de Apelaciones para la Región Metropolitana, y de la especialización de éstas.
Destacan eliminación de abogados integrantes
Una favorable acogida entre los expertos del sistema procesal penal tuvo la opinión de los ministros de la Corte Suprema, que en su jornada de reflexión realizada en La Serena se mostraron partidarios de eliminar a los abogados integrantes.
El académico Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, cree que esto permitirá sacar de los tribunales de alzada a abogados litigantes que, ejerciendo también privadamente la profesión, conocían y tenían "acceso privilegiado a la intimidad del sistema". También desaparece una figura que no está en la Constitución, dijo.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP, señaló que la figura del abogado integrante está cuestionada desde hace mucho tiempo, por el grado de independencia de su trabajo. Lo destacó como una nueva señal de transparencia de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentará en las próximas semanas el proyecto de ley que elimina a los abogados integrantes y que fue evaluado por la Suprema en las jornadas de reflexión. "Hemos llegado a grandes consensos con respecto a la forma de eliminar a los abogados integrantes. Y en aquellas materias en las que hay disensos, que son las menos, hubo votaciones divididas".
Bulnes explicó que evaluará si acoge la propuesta de que las subrogancias las hagan jueces y ministros, y no suplentes externos al Poder Judicial, como está en la iniciativa del Ejecutivo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/26/nacional/nacional/noticias/2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C.htm?id={2CBCC2FB-CA9A-4717-82E1-CC698299D90C}(El Mercurio)
lunes, 25 de octubre de 2010
Supremos acuerdan poner fin a figura de abogados integrantes
Tras un intenso debate, el pleno de la Corte Suprema se mostró por primera vez partidario de eliminar la figura de los abogados integrantes, quienes cumplen la función de reemplazar a los ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones cuando éstos no pueden asistir a las salas para revisar causas.
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
viernes, 1 de octubre de 2010
Suprema ratifica que huelguistas de Temuco y Angol pueden recibir alimentación forzosa
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó este viernes que Gendarmería puede adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen estado de salud de trece comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Temuco y de diez detenidos en Angol, que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 80 días.
El máximo tribunal del país ratificó lo resuelto en agosto pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió un recurso de protección presentado por el director regional de la institución, Marco Fuentes Mercado, y que autoriza a que ésta haga uso de las facultades que le confiere su ley orgánica respecto a la alimentación de los comuneros, "de manera de asegurarles su vida e integridad física".
"Gendarmería no sólo debe desarrollar sus funciones ajustada a lo que establece la Constitución Política de la República, sino que además se comprende la obligación de velar por el resguardo de los derechos constitucionales que asisten a los internos. Es en este entendido que Gendarmería tiene el deber de velar por la vida de quienes están recluidos, cumpliéndose así el mandato constitucional", dice el fallo.
El ministro Haroldo Brito estuvo por rechazar el recurso de protección, al determinar que Gendarmería no tiene facultades para poner fin a la huelga de hambre, ya que los reos han optado libremente por no ingerir alimentos.
En tanto, el abogado integrante Ricardo Peralta sólo consideró que la mencionada entidad no tiene facultades para poner fin al ayuno.
El fallo de hoy se suma al que unánimemente emitió la semana pasada la Corte Suprema y que autoriza a Gendarmería a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la salud de ocho mapuches en ayuno en los penales de El Manzano y Lebu.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439003(Emol)
El máximo tribunal del país ratificó lo resuelto en agosto pasado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió un recurso de protección presentado por el director regional de la institución, Marco Fuentes Mercado, y que autoriza a que ésta haga uso de las facultades que le confiere su ley orgánica respecto a la alimentación de los comuneros, "de manera de asegurarles su vida e integridad física".
"Gendarmería no sólo debe desarrollar sus funciones ajustada a lo que establece la Constitución Política de la República, sino que además se comprende la obligación de velar por el resguardo de los derechos constitucionales que asisten a los internos. Es en este entendido que Gendarmería tiene el deber de velar por la vida de quienes están recluidos, cumpliéndose así el mandato constitucional", dice el fallo.
El ministro Haroldo Brito estuvo por rechazar el recurso de protección, al determinar que Gendarmería no tiene facultades para poner fin a la huelga de hambre, ya que los reos han optado libremente por no ingerir alimentos.
En tanto, el abogado integrante Ricardo Peralta sólo consideró que la mencionada entidad no tiene facultades para poner fin al ayuno.
El fallo de hoy se suma al que unánimemente emitió la semana pasada la Corte Suprema y que autoriza a Gendarmería a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la salud de ocho mapuches en ayuno en los penales de El Manzano y Lebu.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439003(Emol)
jueves, 30 de septiembre de 2010
Defensa apunta a sacar declaración de Ruz y prepara eventual recurso para anular juicio
El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Francisco Sepúlveda estaba a punto de contestar una pregunta cuando el abogado Boris Hrzic, representante de José Ruz, pidió que se detenga e incidentó para que el testigo no se refiriera a la primera declaración que entregó el imputado. El detective tuvo que guardar silencio.
La escena se dio ayer en la quinta jornada del juicio oral que se sigue en contra de Pilar Pérez y su supuesto sicario (Ruz) por el triple homicidio de Diego Schmidt-Hebbel, el ex esposo de la mujer Francisco Zamorano y la pareja de éste, Héctor Arévalo.
La impugnación de Hrzic buscaba evitar que Sepúlveda se refiriera al testimonio en el que Ruz reconocía el crimen. A juicio del profesional, esta confesión es ilegal, ya que fue tomada sin la presencia de un abogado defensor. Por lo mismo, el representante del hombre apunta a excluir el testimonio y cada incidencia que haga sobre ello prepara un eventual recurso de nulidad en un tribunal superior, si es que los resultados del juicio le son adversos.
"La Suprema ha fallado a este respecto y ha entendido la prohibición de tomar valor respecto de testigos que hablan de las declaraciones del imputado, porque, como insistimos, él tiene derechos. Tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a un abogado", argumenta el defensor penal público.
Así, al reclamar sobre esto en las audiencias, independiente si son aceptados por los jueces del tribunal, sirve para preparar el camino hacia la solicitud de nulidad en el futuro. "Si tú no denuncias un hecho en un momento determinado, después no lo puedes hacer", dice.
Hrzic adelanta que la defensa evalúa representar el incidente cada vez que se presente un testigo que haga mención a esta primera declaración del imputado. Eso aunque, como ayer, se exponga a que los jueces que ven el juicio le rechacen sistemáticamente la solicitud.
Consultados conocedores de la causa, la posición de fiscales y querellantes apuntaría a que nunca se vulneraron los derechos del acusado.
Ya que dentro de ellos (los derechos) no está el prestar declaración frente a un abogado, sino que conocer que tiene el derecho a hacerlo.
"La lectura de sus derechos valida la actuación de aquella vez", dicen.
Detective revela detalles de detención
Hace dos años, el subcomisario Francisco Sepúlveda estaba destinado a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI e investigó el crimen de Diego. Por lo mismo, estuvo presente ayer en el estrado. El policía recordó el inicio de la indagatoria, cómo llegaron a Ruz a través de testigos que vieron la patente de su auto y el momento en que lo hallaron en el centro de Santiago. "Nos encontramos en la calle con José Mario Ruz (fuera del "café con piernas" donde trabajaba) y el tipo era concordante con las características morfológicas entregadas por los testigos", dijo el detective. Recordó que conversaron al interior del local y Ruz entró en contradicciones. Por tal razón, "fue llevado voluntariamente" al cuartel policial, donde luego de varias horas confesó el homicidio.
Madre de Diego: "Este es un caso del bien contra el mal..."
Mientras ella lloraba en el estrado de los testigos, él lo hacía a pocos metros, en el primer banco del ala derecha, destinada al público que asistía al juicio en contra de Pilar Pérez y José Ruz. Greta Niehaus y Klaus Schmidt-Hebbel, padres de Diego, parecían más unidos que nunca. La mujer presentó un emotivo relato que partió por describir al joven. "Nunca me dio un día de desagrado. Fue la luz de mis ojos", dijo.
Greta recordó la noche del 3 de noviembre, cuando vio por última vez vivo a su hijo: "Lo abracé, fue el último momento que lo vi". Ya al otro día se enteró de la tragedia: "Me despertó el teléfono. Era la abuelita de Belén (Molina, polola de la víctima y sobrina de Pilar Pérez), muy agitada, quien me dice que Diego está muy grave, que lo asaltaron y estaba muy mal".
Niehaus dijo que las ganas de vivir se hacen débiles. "Yo me quiero ir con él. Una parte de mi corazón se murió para siempre, pero tengo otros hijos y cuando los miro a los ojos a mis otros hijos, decido estar acá", señaló. Al final argumentó lo que para ella significaba el hecho: "Este es un caso del bien contra el mal. El bien que representa el amor incondicional, la ternura, la belleza, la solidaridad, la lealtad... Contra seres que actúan por odio, por codicia, por venganza, por resentimiento, por extrema codicia y eso es maldad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/4C2E320C-413B-4664-9E94-3A7250BBA721.htm?id={4C2E320C-413B-4664-9E94-3A7250BBA721}(El Mercurio)
La escena se dio ayer en la quinta jornada del juicio oral que se sigue en contra de Pilar Pérez y su supuesto sicario (Ruz) por el triple homicidio de Diego Schmidt-Hebbel, el ex esposo de la mujer Francisco Zamorano y la pareja de éste, Héctor Arévalo.
La impugnación de Hrzic buscaba evitar que Sepúlveda se refiriera al testimonio en el que Ruz reconocía el crimen. A juicio del profesional, esta confesión es ilegal, ya que fue tomada sin la presencia de un abogado defensor. Por lo mismo, el representante del hombre apunta a excluir el testimonio y cada incidencia que haga sobre ello prepara un eventual recurso de nulidad en un tribunal superior, si es que los resultados del juicio le son adversos.
"La Suprema ha fallado a este respecto y ha entendido la prohibición de tomar valor respecto de testigos que hablan de las declaraciones del imputado, porque, como insistimos, él tiene derechos. Tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a un abogado", argumenta el defensor penal público.
Así, al reclamar sobre esto en las audiencias, independiente si son aceptados por los jueces del tribunal, sirve para preparar el camino hacia la solicitud de nulidad en el futuro. "Si tú no denuncias un hecho en un momento determinado, después no lo puedes hacer", dice.
Hrzic adelanta que la defensa evalúa representar el incidente cada vez que se presente un testigo que haga mención a esta primera declaración del imputado. Eso aunque, como ayer, se exponga a que los jueces que ven el juicio le rechacen sistemáticamente la solicitud.
Consultados conocedores de la causa, la posición de fiscales y querellantes apuntaría a que nunca se vulneraron los derechos del acusado.
Ya que dentro de ellos (los derechos) no está el prestar declaración frente a un abogado, sino que conocer que tiene el derecho a hacerlo.
"La lectura de sus derechos valida la actuación de aquella vez", dicen.
Detective revela detalles de detención
Hace dos años, el subcomisario Francisco Sepúlveda estaba destinado a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI e investigó el crimen de Diego. Por lo mismo, estuvo presente ayer en el estrado. El policía recordó el inicio de la indagatoria, cómo llegaron a Ruz a través de testigos que vieron la patente de su auto y el momento en que lo hallaron en el centro de Santiago. "Nos encontramos en la calle con José Mario Ruz (fuera del "café con piernas" donde trabajaba) y el tipo era concordante con las características morfológicas entregadas por los testigos", dijo el detective. Recordó que conversaron al interior del local y Ruz entró en contradicciones. Por tal razón, "fue llevado voluntariamente" al cuartel policial, donde luego de varias horas confesó el homicidio.
Madre de Diego: "Este es un caso del bien contra el mal..."
Mientras ella lloraba en el estrado de los testigos, él lo hacía a pocos metros, en el primer banco del ala derecha, destinada al público que asistía al juicio en contra de Pilar Pérez y José Ruz. Greta Niehaus y Klaus Schmidt-Hebbel, padres de Diego, parecían más unidos que nunca. La mujer presentó un emotivo relato que partió por describir al joven. "Nunca me dio un día de desagrado. Fue la luz de mis ojos", dijo.
Greta recordó la noche del 3 de noviembre, cuando vio por última vez vivo a su hijo: "Lo abracé, fue el último momento que lo vi". Ya al otro día se enteró de la tragedia: "Me despertó el teléfono. Era la abuelita de Belén (Molina, polola de la víctima y sobrina de Pilar Pérez), muy agitada, quien me dice que Diego está muy grave, que lo asaltaron y estaba muy mal".
Niehaus dijo que las ganas de vivir se hacen débiles. "Yo me quiero ir con él. Una parte de mi corazón se murió para siempre, pero tengo otros hijos y cuando los miro a los ojos a mis otros hijos, decido estar acá", señaló. Al final argumentó lo que para ella significaba el hecho: "Este es un caso del bien contra el mal. El bien que representa el amor incondicional, la ternura, la belleza, la solidaridad, la lealtad... Contra seres que actúan por odio, por codicia, por venganza, por resentimiento, por extrema codicia y eso es maldad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/4C2E320C-413B-4664-9E94-3A7250BBA721.htm?id={4C2E320C-413B-4664-9E94-3A7250BBA721}(El Mercurio)
lunes, 12 de julio de 2010
Suprema aprueba ampliar recurso de apelación en materia laboral
El Pleno de la Corte Suprema resolvió informar favorablemente un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, que de ser aprobado introducirá una importante modificación en materia laboral: la ampliación del recurso de apelación en sentencias definitivas.
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
lunes, 14 de junio de 2010
Suprema rechazó reclamo de jueces por reprobar curso
El Pleno de la Corte Suprema rechazó la reposición en contra de la Academia Judicial que presentaron cinco de siete jueces, que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Los jueces, primero, presentaron una reclamación la que fue rechazada sólo por un voto de los 12 ministros presentes de 21 magistrados que integran la Suprema. Luego, recurrieron con una reposición por el rechazo a la reclamación, y antes de resolver el máximo tribunal solicitó un informe a la Academia Judicial, en el que esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para revisar la presentación.
En la resolución, la Suprema sostiene que "no existiendo antecedentes o elementos de juicio que permitan alterar la decisión de 7 de abril pasado, no ha lugar a lo solicitado".
El conflicto se originó luego que los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, Ana María Hernández, como las juezas de familia Ángela Arap y Vanessa Vaccaro rindieran un examen de derecho civil, en el que obtuvieron una nota inferior a 5.
Ésta era la primera vez que los 15 jueces postulantes al curso rendían una prueba de derecho civil, además de derecho penal y derecho constitucional.
Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 en las pruebas, no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
Al Pleno de ayer no ingresaron el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/12/nacional/nacional/noticias/0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F.htm?id={0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F} (El Mercurio)
Los jueces, primero, presentaron una reclamación la que fue rechazada sólo por un voto de los 12 ministros presentes de 21 magistrados que integran la Suprema. Luego, recurrieron con una reposición por el rechazo a la reclamación, y antes de resolver el máximo tribunal solicitó un informe a la Academia Judicial, en el que esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para revisar la presentación.
En la resolución, la Suprema sostiene que "no existiendo antecedentes o elementos de juicio que permitan alterar la decisión de 7 de abril pasado, no ha lugar a lo solicitado".
El conflicto se originó luego que los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, Ana María Hernández, como las juezas de familia Ángela Arap y Vanessa Vaccaro rindieran un examen de derecho civil, en el que obtuvieron una nota inferior a 5.
Ésta era la primera vez que los 15 jueces postulantes al curso rendían una prueba de derecho civil, además de derecho penal y derecho constitucional.
Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 en las pruebas, no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
Al Pleno de ayer no ingresaron el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/12/nacional/nacional/noticias/0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F.htm?id={0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F} (El Mercurio)
jueves, 10 de junio de 2010
5 jueces reprobados en curso de ministro recurren a la Suprema
Una inédita presentación ante la Corte Suprema en contra de la Academia Judicial realizaron cinco de siete jueces que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
domingo, 16 de mayo de 2010
Ministros en visita comparten sus estrategias con fiscales
Un inédito encuentro tendrán algunos de los ministros en visita del Poder Judicial que investigaron casos emblemáticos del antiguo sistema de justicia con los fiscales del Ministerio Público, quienes son ahora los encargados de indagar las causas de la reforma procesal penal.
La idea surgió del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien, tras reunirse el martes pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, le propuso la idea de que algunos magistrados realicen charlas de sus experiencias investigativas a los fiscales y a sus asistentes.
Según explicó el propio Chahuán tras el encuentro con Juica, el objetivo es acordar una instancia académica entre fiscales y ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones "para aprovechar la experiencia investigativa de estos últimos desarrollada antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y que pueda ser de utilidad en la nueva justicia".
Si bien aún no está fijada la fecha, se espera que el seminario se realice en el primer semestre de 2010. Un mes tentativo para el encuentro sería junio.
Posibles participantes
La propuesta del fiscal nacional tuvo una buena acogida de parte del presidente del máximo tribunal. De hecho, hasta ahora el único magistrado confirmado es Milton Juica, quien se destacó por sus investigaciones en dos causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos: la Operación Albania y el denominado caso degollados.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya definió los temas que se abordarán en el seminario. Uno de los contenidos será fraude económico, delitos complejos de corrupción y asociación ilícita criminal. Sin embargo, el Ministerio Público aún no decide con el Poder Judicial quiénes serán todos los magistrados que participarán.
Como posible participante en este primer encuentro ha trascendido el nombre del actual supremo Sergio Muñoz, quien investigó numerosas causas de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Además, tuvo a su cargo la investigación por abuso sexual a menores en contra del ex empresario Claudio Spiniak, y la indagación del origen de la fortuna del fallecido general (r) Augusto Pinochet, el denominado caso Riggs.
También se habla del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien destaca por sus investigaciones en causas de violaciones a los derechos humanos, como el atentado que costó las vidas al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974; la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, y el caso Villa Grimaldi, entre otros.
JUICA
El presidente de la Corte Suprema es hasta ahora el único magistrado confirmado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/16/nacional/nacional/noticias/62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5.htm?id={62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5} (El Mercurio)
La idea surgió del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien, tras reunirse el martes pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, le propuso la idea de que algunos magistrados realicen charlas de sus experiencias investigativas a los fiscales y a sus asistentes.
Según explicó el propio Chahuán tras el encuentro con Juica, el objetivo es acordar una instancia académica entre fiscales y ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones "para aprovechar la experiencia investigativa de estos últimos desarrollada antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y que pueda ser de utilidad en la nueva justicia".
Si bien aún no está fijada la fecha, se espera que el seminario se realice en el primer semestre de 2010. Un mes tentativo para el encuentro sería junio.
Posibles participantes
La propuesta del fiscal nacional tuvo una buena acogida de parte del presidente del máximo tribunal. De hecho, hasta ahora el único magistrado confirmado es Milton Juica, quien se destacó por sus investigaciones en dos causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos: la Operación Albania y el denominado caso degollados.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya definió los temas que se abordarán en el seminario. Uno de los contenidos será fraude económico, delitos complejos de corrupción y asociación ilícita criminal. Sin embargo, el Ministerio Público aún no decide con el Poder Judicial quiénes serán todos los magistrados que participarán.
Como posible participante en este primer encuentro ha trascendido el nombre del actual supremo Sergio Muñoz, quien investigó numerosas causas de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Además, tuvo a su cargo la investigación por abuso sexual a menores en contra del ex empresario Claudio Spiniak, y la indagación del origen de la fortuna del fallecido general (r) Augusto Pinochet, el denominado caso Riggs.
También se habla del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien destaca por sus investigaciones en causas de violaciones a los derechos humanos, como el atentado que costó las vidas al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974; la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, y el caso Villa Grimaldi, entre otros.
JUICA
El presidente de la Corte Suprema es hasta ahora el único magistrado confirmado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/16/nacional/nacional/noticias/62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5.htm?id={62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5} (El Mercurio)
sábado, 15 de mayo de 2010
Corte Suprema crea comisión para evaluar causas de violaciones a los DD.HH.
La Corte Suprema de Chile creará una comisión para evaluar el estado en el que se encuentran las causas de violaciones de los derechos humanos, y que también analizará la redistribución y la apertura de nuevos procesos judiciales, informan hoy medios locales.
La comisión estará integrada por el presidente del alto tribunal chileno, Milton Juica; el ministro coordinador de los casos de derechos humanos de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los presidentes de las cuatro salas de ese tribunal.
El juez Nibaldo Segura, portavoz de la Corte Suprema, indicó que no se ha establecido un plazo para la puesta en marcha de la nueva instancia, aunque "será el menor posible porque es un tema delicado".
Reconoció que en la Corte de Apelaciones de Santiago "hay un recargo" de casos de violaciones de los derechos humanos en instrucción, algo que la nueva comisión debería ayudar a aliviar.
Según un informe elaborado por el ministro Muñoz a principios de año, hay 239 causas de violaciones de los derechos humanos en sumaria, y 26 fueron ya cerradas.
Sin embargo, hay 1.135 casos de víctimas de violaciones durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) cuya situación no está siendo investigada en la actualidad, en los cuales se están abriendo nuevos procesos.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=413244 (Emol)
La comisión estará integrada por el presidente del alto tribunal chileno, Milton Juica; el ministro coordinador de los casos de derechos humanos de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los presidentes de las cuatro salas de ese tribunal.
El juez Nibaldo Segura, portavoz de la Corte Suprema, indicó que no se ha establecido un plazo para la puesta en marcha de la nueva instancia, aunque "será el menor posible porque es un tema delicado".
Reconoció que en la Corte de Apelaciones de Santiago "hay un recargo" de casos de violaciones de los derechos humanos en instrucción, algo que la nueva comisión debería ayudar a aliviar.
Según un informe elaborado por el ministro Muñoz a principios de año, hay 239 causas de violaciones de los derechos humanos en sumaria, y 26 fueron ya cerradas.
Sin embargo, hay 1.135 casos de víctimas de violaciones durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) cuya situación no está siendo investigada en la actualidad, en los cuales se están abriendo nuevos procesos.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=413244 (Emol)
lunes, 3 de mayo de 2010
Corte Suprema rechazó los exhortos del juez Garzón
La Segunda Sala de la Corte Suprema finalmente rechazó la solicitud del juez español Baltasar Garzón, quien había enviado a Chile dos exhortos para interrogar a la viuda del fallecido general Augusto Pinochet en una causa sobre lavado de dinero.
Tal como lo había sugerido la fiscal Mónica Maldonado, y en un fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Luis Bates desestimaron la petición por considerar que estas materias "están siendo conocidas actualmente por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y competencia".
Garzón, indagado por prevaricación en su país, pedía notificar de una querella de la Fundación Salvador Allende e interrogar a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; al presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo; al ex gerente de la sucursal de ese banco en Nueva York, Hernán Donoso, y al abogado y ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken. Además, pedía que todos pagaran una fianza solidaria de US$ 77 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/02/nacional/nacional/noticias/9EF8E64D-3AF3-41FE-A9C8-C6995AAF76D1.htm?id={9EF8E64D-3AF3-41FE-A9C8-C6995AAF76D1} (El Mercurio)
viernes, 23 de abril de 2010
Corte Suprema condena a concesionaria de casino de juegos por discriminación
En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que condenó a la empresa Casinos Enjoy Antofagasta a pagar una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -equivalentes a $184.310- por infracción a la Ley del Consumidor y una indemnización de $5.000.000 por el daño moral provocado a Elizabeth Flores Soria.
La mujer es madre de Paz Otero Flores, joven de 23 años con síndrome de Down, a quien el 29 de noviembre de 2006 se le impidió el ingreso a una de las salas de juegos del casino de esa ciudad.
El dictamen de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determina que la operadora violó la Ley del Consumidor al impedir injustificadamente el acceso a la joven Otero Flores a la sala de juegos.
La sala detalló que "son derechos y deberes básicos del consumidor (...) el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios".
También determinó que "el actuar del gerente de la (empresa) demandada, no sólo ha constituido una infracción a la citada ley (19.496), sino que ha significado una afrenta a la dignidad de las personas y por consiguiente un sufrimiento psíquico que debe ser reparado".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=409497 (Emol)
La mujer es madre de Paz Otero Flores, joven de 23 años con síndrome de Down, a quien el 29 de noviembre de 2006 se le impidió el ingreso a una de las salas de juegos del casino de esa ciudad.
El dictamen de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determina que la operadora violó la Ley del Consumidor al impedir injustificadamente el acceso a la joven Otero Flores a la sala de juegos.
La sala detalló que "son derechos y deberes básicos del consumidor (...) el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios".
También determinó que "el actuar del gerente de la (empresa) demandada, no sólo ha constituido una infracción a la citada ley (19.496), sino que ha significado una afrenta a la dignidad de las personas y por consiguiente un sufrimiento psíquico que debe ser reparado".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=409497 (Emol)
viernes, 16 de abril de 2010
Presidente de la Suprema dice que auditoría al Ministerio Público "no está en la ley"
No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley". Así de categórico fue el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sobre la idea del Gobierno de realizar una auditoría externa al Ministerio Público.
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
jueves, 15 de abril de 2010
Mesa Fiscalía-Suprema revisará la marcha de la justicia penal
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunciará en su cuenta anual de hoy su decisión de integrar una mesa con la Corte Suprema para analizar bimensualmente cómo está funcionado la justicia penal.
La iniciativa, propuesta al Ministerio Público por el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, contempla además invitar al análisis a la defensora nacional y se da en momentos en que la fiscalía y los tribunales han polemizado por la actuación del juez de garantía de Mulchén en el caso del "sicópata de Placilla" (ver nota al costado).
El anuncio forma parte de la cuenta anual que Sabas Chahuán entregará hoy al mediodía ante las máximas autoridades del país, en el lugar donde se construirá el edificio institucional.
La ley contempla actualmente el funcionamiento de una comisión coordinadora de la Reforma Procesal Penal, integrada por el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el defensor nacional; sin embargo, esa comisión dejará de funcionar en junio de 2010, cinco años después de que se implementara la reforma en la Región Metropolitana. Independientemente de la mesa propuesta por la Suprema, Chahuán pedirá una modificación legislativa para extender esta comisión.
Otro de los anuncios que hará hoy el fiscal nacional dice relación con la necesidad de flexibilizar la normativa para que los bienes decomisados por la ley de drogas vayan directamente a convertirse en más recursos para las policías. Hoy, pasan al juez de garantía, quien pide la opinión al Conace y excepcionalmente se entregan a las policías.
Contacto con vecinos
El fiscal nacional también dará cuenta de la mayor importancia que se dará a la relación entre los fiscales y municipios u organismos ciudadanos. Así, el contacto que los investigadores tengan con estas entidades formará parte de su evaluación anual.
La decisión se adoptó considerando los buenos resultados que estos contactos han dado en variadas investigaciones.
La cuenta del fiscal estará orientada a una revisión de las cuatro áreas que contempla el plan estratégico: persecución penal inteligente, mejoramiento de la labor administrativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y mejoría de la atención a víctimas y testigos.
En el primero de los ámbitos, dará a conocer que se ha aumentado en 5,1% el ingreso de causas al sistema en 2009 en relación al año anterior y que se han superado con creces las expectativas previas de estos ingresos.
En tal sentido, insistirá en su proyecto de fortalecimiento institucional, donde está pidiendo modificar la ley orgánica del Ministerio Público para dotar a la entidad de 106 fiscales más. A ellos se suman otros 26 fiscales especializados, más peritos y funcionarios, para las fiscalías supraterritoriales especializadas en corrupción, crimen organizado y lavado de dineros.
En total, el proyecto -que fue elaborado en una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y se encuentra hoy esperando la aprobación de Hacienda- contempla unos 800 funcionarios adicionales.
En la cuenta se darán a conocer las principales cifras de la gestión 2009.
41,6%de las causas ingresadas al Ministerio Público tuvieron una salida judicial.
32.787condenas más que en 2008 lograron el año pasado los fiscales.
25,6%crecieron las condenas por delitos vinculados con la ley de drogas.
180días promedio duraron las causas que terminaron en juicio oral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/nacional/noticias/83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC.htm?id={83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC} (El Mercurio)
La iniciativa, propuesta al Ministerio Público por el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, contempla además invitar al análisis a la defensora nacional y se da en momentos en que la fiscalía y los tribunales han polemizado por la actuación del juez de garantía de Mulchén en el caso del "sicópata de Placilla" (ver nota al costado).
El anuncio forma parte de la cuenta anual que Sabas Chahuán entregará hoy al mediodía ante las máximas autoridades del país, en el lugar donde se construirá el edificio institucional.
La ley contempla actualmente el funcionamiento de una comisión coordinadora de la Reforma Procesal Penal, integrada por el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el defensor nacional; sin embargo, esa comisión dejará de funcionar en junio de 2010, cinco años después de que se implementara la reforma en la Región Metropolitana. Independientemente de la mesa propuesta por la Suprema, Chahuán pedirá una modificación legislativa para extender esta comisión.
Otro de los anuncios que hará hoy el fiscal nacional dice relación con la necesidad de flexibilizar la normativa para que los bienes decomisados por la ley de drogas vayan directamente a convertirse en más recursos para las policías. Hoy, pasan al juez de garantía, quien pide la opinión al Conace y excepcionalmente se entregan a las policías.
Contacto con vecinos
El fiscal nacional también dará cuenta de la mayor importancia que se dará a la relación entre los fiscales y municipios u organismos ciudadanos. Así, el contacto que los investigadores tengan con estas entidades formará parte de su evaluación anual.
La decisión se adoptó considerando los buenos resultados que estos contactos han dado en variadas investigaciones.
La cuenta del fiscal estará orientada a una revisión de las cuatro áreas que contempla el plan estratégico: persecución penal inteligente, mejoramiento de la labor administrativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y mejoría de la atención a víctimas y testigos.
En el primero de los ámbitos, dará a conocer que se ha aumentado en 5,1% el ingreso de causas al sistema en 2009 en relación al año anterior y que se han superado con creces las expectativas previas de estos ingresos.
En tal sentido, insistirá en su proyecto de fortalecimiento institucional, donde está pidiendo modificar la ley orgánica del Ministerio Público para dotar a la entidad de 106 fiscales más. A ellos se suman otros 26 fiscales especializados, más peritos y funcionarios, para las fiscalías supraterritoriales especializadas en corrupción, crimen organizado y lavado de dineros.
En total, el proyecto -que fue elaborado en una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y se encuentra hoy esperando la aprobación de Hacienda- contempla unos 800 funcionarios adicionales.
En la cuenta se darán a conocer las principales cifras de la gestión 2009.
41,6%de las causas ingresadas al Ministerio Público tuvieron una salida judicial.
32.787condenas más que en 2008 lograron el año pasado los fiscales.
25,6%crecieron las condenas por delitos vinculados con la ley de drogas.
180días promedio duraron las causas que terminaron en juicio oral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/nacional/noticias/83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC.htm?id={83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC} (El Mercurio)
martes, 13 de abril de 2010
Justicia ordena a isapre financiar fármaco contra el cáncer para afiliado
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por un afiliado a una isapre del sistema para que ésta le cubra el costo de un medicamento para combatir el cáncer de la médula espinal que sufre hace nueve años, y para el cual han fallado otros tratamientos.
El paciente Patricio Muñoz, de 62 años y residente en Curicó, recurrió a la justicia luego que la isapre Colmena declinara entregarle cobertura por los remedios que solicitaba porque, argumentaban, ésta no correspondía, por tratarse de un medicamento de aplicación ambulatoria, que no está considerado por el arancel Fonasa, que se utiliza como referencia.
Sin embargo, el Instituto de Salud Pública había autorizado el registro sanitario de los fármacos -requisito para comercializarlo en Chile-, por lo que el abogado del paciente, Pedro Barría, afirmó que era "de toda justicia" entregar la cobertura a dichos fármacos.
Incluso, el centro de referencia en medicamentos había autorizado la importación de los fármacos "para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que han recibido por lo menos una terapia anterior y no han respondido al tratamiento", condición que, según Barría, cumple el paciente.
Con los dos medicamentos -llamados Lenalidomida y Dexametasona (ambas drogas de última generación)-, Muñoz busca realizarse un tratamiento de quimioterapia que le permita superar la enfermedad, que es considerada médicamente como terminal.
El valor de cada dosis es superior a los $5 millones, y el total del tratamiento alcanza los $40 millones, ya que Muñoz requiere de ocho dosis de los fármacos. Colmena recurrirá ante la Corte Suprema. Madre dona a hija trozo de su hígado
La pequeña Mickaela Sandoval, de tres años, rechazó el hígado que había recibido el miércoles pasado.
Su madre, Yesenia Alvarado, ya lo había conversado con los médicos, y estaban listos si este escenario se presentaba, como finalmente ocurrió la noche del lunes. Alvarado entró a pabellón para que le extrajeran un trozo de hígado.
Todo resultó bien, hasta ahora. La menor recibió el órgano de su madre, y no ha presentado rechazo.
El director del Hospital Calvo Mackenna, Osvaldo Artaza, afirmó que la mujer había tomado una "decisión heroica", que permite que Mickaela pueda "tener futuro, una oportunidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/nacional/noticias/F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133.htm?id={F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133}(El Mercurio)
El paciente Patricio Muñoz, de 62 años y residente en Curicó, recurrió a la justicia luego que la isapre Colmena declinara entregarle cobertura por los remedios que solicitaba porque, argumentaban, ésta no correspondía, por tratarse de un medicamento de aplicación ambulatoria, que no está considerado por el arancel Fonasa, que se utiliza como referencia.
Sin embargo, el Instituto de Salud Pública había autorizado el registro sanitario de los fármacos -requisito para comercializarlo en Chile-, por lo que el abogado del paciente, Pedro Barría, afirmó que era "de toda justicia" entregar la cobertura a dichos fármacos.
Incluso, el centro de referencia en medicamentos había autorizado la importación de los fármacos "para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que han recibido por lo menos una terapia anterior y no han respondido al tratamiento", condición que, según Barría, cumple el paciente.
Con los dos medicamentos -llamados Lenalidomida y Dexametasona (ambas drogas de última generación)-, Muñoz busca realizarse un tratamiento de quimioterapia que le permita superar la enfermedad, que es considerada médicamente como terminal.
El valor de cada dosis es superior a los $5 millones, y el total del tratamiento alcanza los $40 millones, ya que Muñoz requiere de ocho dosis de los fármacos. Colmena recurrirá ante la Corte Suprema. Madre dona a hija trozo de su hígado
La pequeña Mickaela Sandoval, de tres años, rechazó el hígado que había recibido el miércoles pasado.
Su madre, Yesenia Alvarado, ya lo había conversado con los médicos, y estaban listos si este escenario se presentaba, como finalmente ocurrió la noche del lunes. Alvarado entró a pabellón para que le extrajeran un trozo de hígado.
Todo resultó bien, hasta ahora. La menor recibió el órgano de su madre, y no ha presentado rechazo.
El director del Hospital Calvo Mackenna, Osvaldo Artaza, afirmó que la mujer había tomado una "decisión heroica", que permite que Mickaela pueda "tener futuro, una oportunidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/nacional/noticias/F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133.htm?id={F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133}(El Mercurio)
sábado, 10 de abril de 2010
Suprema instruye que los abogados integrantes con redacción de fallos pendientes no vean nuevas causas
Una inédita decisión adoptó la Corte Suprema respecto de algunos abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se conoce en medio de una nueva polémica por esta fórmula de integración de salas.
El máximo tribunal instruyó que los abogados integrantes que tuvieran la redacción de fallos pendientes desde 2009 no fueran llamados para integrar salas y revisar nuevas causas hasta que se pongan al día.
El propio presidente del máximo tribunal, Milton Juica, comunicó al entonces presidente del tribunal de alzada capitalino, Jorge Dahm, que la medida debía ser adoptada de inmediato, a partir del 2 de marzo pasado.
En la actualidad tres abogados integrantes se encuentran en esta situación.
María Eugenia Montt llegó a tener más de 50 fallos de 2009 sin entregar. Le siguen Claudia Chaimovich, que acumuló 36, y Rodrigo Asenjo, con 19. Ninguno será llamado a integrar sala hasta que entreguen todos los acuerdos pendientes.
Otro abogado que también estuvo excluido pero que ya comenzó a integrar sala porque entregó los fallos es Antonio Barra.
La medida se habría adoptado, entre otras cosas, por reclamos de abogados litigantes, que aseguran que hay fallos con más de ocho meses de retraso.
Fallando
Los tres abogados integrantes que se encuentran marginados temporalmente de las salas están trabajando en la redacción de sus fallos, los que han ido entregando en estos días.
Uno de los acuerdos atrasados era la apelación a la decisión del juez instructor de cerrar el sumario del emblemático caso de Rodrigo Anfruns. El abogado de la familia del niño asesinado había solicitado en 2009 la reapertura del proceso y nuevas diligencias. El resultado de la apelación salió el jueves pasado y fue redactado por el abogado integrante Asenjo. En tal acuerdo, la Corte finalmente resolvió la reapertura del proceso y ordenó una serie de diligencias.
Al 31 de marzo, la abogada Montt tenía pendientes 25 acuerdos, mientras que a Chaimovich le faltaban por entregar diez. Al abogado Asenjo le quedan tres, los que haría llegar esta semana.
En la lista también figuran la abogada Paola Herrera, con un acuerdo pendiente de 2009, y su par Enrique Ruiz, con la misma cifra. Ambos, sin embargo, sí están integrando sala.
Los abogados integrantes son designados por el Ejecutivo, a partir de una lista de candidatos que el pleno de la Corte de Apelaciones elabora luego de revisar sus trayectorias y antecedentes. Duran un año en esa función.
El listado es enviado en primera instancia al Pleno de la Corte Suprema, que elabora 15 ternas y las envía al Ministerio de Justicia. De ahí salieron los 15 nuevos abogados integrantes para Santiago con prioridad para ser llamados a las salas.
En el listado del año 2010 el abogado Asenjo figura con la primera prioridad; Chaimovich está en cuarto lugar; y Montt, en el puesto quinto.
La existencia de los abogados integrantes es considerada por algunos expertos como indispensable para suplir la falta de ministros. Otros, la estiman innecesaria, por lo que buscan desde hace años terminar con ella para garantizar la imparcialidad a las partes.
Ministros atrasados
Mensualmente, también se entrega un listado con los acuerdos que tienen pendientes por redactar los propios ministros de las cortes de Apelaciones. En el caso de Santiago, el magistrado Patricio Villarroel debe 18; Amanda Valdovinos, seis; Cornelio Villarroel, cuatro, y Lamberto Cisternas, tres.
Estos ministros tienen un plazo de 10 días para entregar los acuerdos. En caso contrario, es informado a la Corte Suprema, lo que influye en las calificaciones de los magistrados.
___________
40
fallos de 2009 quedaban por ser entregados hasta el 31 de marzo.
25
acuerdos tiene pendiente la abogada María Eugenia Montt.
10
no ha entregado la abogada Claudia Chaimovich.
Tres
debe redactar el abogado Rodrigo Asenjo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/08/nacional/nacional/noticias/8197597B-F85D-45D0-BCD0-3C9C77CAC50D.htm?id={8197597B-F85D-45D0-BCD0-3C9C77CAC50D} (El Mercurio)
El máximo tribunal instruyó que los abogados integrantes que tuvieran la redacción de fallos pendientes desde 2009 no fueran llamados para integrar salas y revisar nuevas causas hasta que se pongan al día.
El propio presidente del máximo tribunal, Milton Juica, comunicó al entonces presidente del tribunal de alzada capitalino, Jorge Dahm, que la medida debía ser adoptada de inmediato, a partir del 2 de marzo pasado.
En la actualidad tres abogados integrantes se encuentran en esta situación.
María Eugenia Montt llegó a tener más de 50 fallos de 2009 sin entregar. Le siguen Claudia Chaimovich, que acumuló 36, y Rodrigo Asenjo, con 19. Ninguno será llamado a integrar sala hasta que entreguen todos los acuerdos pendientes.
Otro abogado que también estuvo excluido pero que ya comenzó a integrar sala porque entregó los fallos es Antonio Barra.
La medida se habría adoptado, entre otras cosas, por reclamos de abogados litigantes, que aseguran que hay fallos con más de ocho meses de retraso.
Fallando
Los tres abogados integrantes que se encuentran marginados temporalmente de las salas están trabajando en la redacción de sus fallos, los que han ido entregando en estos días.
Uno de los acuerdos atrasados era la apelación a la decisión del juez instructor de cerrar el sumario del emblemático caso de Rodrigo Anfruns. El abogado de la familia del niño asesinado había solicitado en 2009 la reapertura del proceso y nuevas diligencias. El resultado de la apelación salió el jueves pasado y fue redactado por el abogado integrante Asenjo. En tal acuerdo, la Corte finalmente resolvió la reapertura del proceso y ordenó una serie de diligencias.
Al 31 de marzo, la abogada Montt tenía pendientes 25 acuerdos, mientras que a Chaimovich le faltaban por entregar diez. Al abogado Asenjo le quedan tres, los que haría llegar esta semana.
En la lista también figuran la abogada Paola Herrera, con un acuerdo pendiente de 2009, y su par Enrique Ruiz, con la misma cifra. Ambos, sin embargo, sí están integrando sala.
Los abogados integrantes son designados por el Ejecutivo, a partir de una lista de candidatos que el pleno de la Corte de Apelaciones elabora luego de revisar sus trayectorias y antecedentes. Duran un año en esa función.
El listado es enviado en primera instancia al Pleno de la Corte Suprema, que elabora 15 ternas y las envía al Ministerio de Justicia. De ahí salieron los 15 nuevos abogados integrantes para Santiago con prioridad para ser llamados a las salas.
En el listado del año 2010 el abogado Asenjo figura con la primera prioridad; Chaimovich está en cuarto lugar; y Montt, en el puesto quinto.
La existencia de los abogados integrantes es considerada por algunos expertos como indispensable para suplir la falta de ministros. Otros, la estiman innecesaria, por lo que buscan desde hace años terminar con ella para garantizar la imparcialidad a las partes.
Ministros atrasados
Mensualmente, también se entrega un listado con los acuerdos que tienen pendientes por redactar los propios ministros de las cortes de Apelaciones. En el caso de Santiago, el magistrado Patricio Villarroel debe 18; Amanda Valdovinos, seis; Cornelio Villarroel, cuatro, y Lamberto Cisternas, tres.
Estos ministros tienen un plazo de 10 días para entregar los acuerdos. En caso contrario, es informado a la Corte Suprema, lo que influye en las calificaciones de los magistrados.
___________
40
fallos de 2009 quedaban por ser entregados hasta el 31 de marzo.
25
acuerdos tiene pendiente la abogada María Eugenia Montt.
10
no ha entregado la abogada Claudia Chaimovich.
Tres
debe redactar el abogado Rodrigo Asenjo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/08/nacional/nacional/noticias/8197597B-F85D-45D0-BCD0-3C9C77CAC50D.htm?id={8197597B-F85D-45D0-BCD0-3C9C77CAC50D} (El Mercurio)
miércoles, 24 de marzo de 2010
Gobierno asegura que bono marzo se pagará en plazos estipulados
El Gobierno quiere ratificar, tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el bono marzo (de $ 40 mil), que va en ayuda de más de 4 millones de chilenos más necesitados y de la clase media, se va a pagar dentro de los plazos estipulados". Así lo afirmó la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, luego que surgieran dudas sobre la pronta materialización de la medida, al darse a conocer que estaba pendiente un informe de la Corte Suprema sobre la iniciativa legal.
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)
sábado, 21 de noviembre de 2009
Suprema pide juzgado para Alto Hospicio
La preocupación del máximo tribunal del país por el "gran menoscabo" en el acceso a la justicia que sufren los habitantes de la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, planteó ayer el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien cuestionó que dicha localidad de 85 mil habitantes no cuenta "siquiera con un juez de policía local".
"Es una comuna que necesita de tribunales de justicia", afirmó el magistrado, a quien como visitador de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique le correspondió palpar en terreno la problemática situación de Alto Hospicio.
Juica recordó que esta es la tercera vez que plantean su inquietud por esta situación al Ministerio de Justicia.
"Alto Hospicio merece un tribunal, con un número suficiente de jueces, porque a veces se cree que con un juez se soluciona el tema", apuntó.
El ministro destacó además que Alto Hospicio representa cerca del 30% del movimiento jurisdiccional de Iquique y que "gente que es de escasos recursos, tiene que gastar en movilización para ir a tribunales (sobre todo en materias penales y de familia). Y muchas veces la gente no va, porque no puede costear el pasaje o la estadía en Iquique". Agregó que "hemos reiterado la necesidad urgente de solucionar el tema".
Durante su visita, el vocero se reunió con la alcaldesa de Iquique y el intendente de Tarapacá, quienes le transmitieron la preocupación por la falta de tribunales y cómo esto afecta a la ciudadanía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54.htm?id={C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54} (El Mercurio)
"Es una comuna que necesita de tribunales de justicia", afirmó el magistrado, a quien como visitador de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique le correspondió palpar en terreno la problemática situación de Alto Hospicio.
Juica recordó que esta es la tercera vez que plantean su inquietud por esta situación al Ministerio de Justicia.
"Alto Hospicio merece un tribunal, con un número suficiente de jueces, porque a veces se cree que con un juez se soluciona el tema", apuntó.
El ministro destacó además que Alto Hospicio representa cerca del 30% del movimiento jurisdiccional de Iquique y que "gente que es de escasos recursos, tiene que gastar en movilización para ir a tribunales (sobre todo en materias penales y de familia). Y muchas veces la gente no va, porque no puede costear el pasaje o la estadía en Iquique". Agregó que "hemos reiterado la necesidad urgente de solucionar el tema".
Durante su visita, el vocero se reunió con la alcaldesa de Iquique y el intendente de Tarapacá, quienes le transmitieron la preocupación por la falta de tribunales y cómo esto afecta a la ciudadanía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54.htm?id={C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54} (El Mercurio)
Corte Suprema llama a la "cordura" tras polémico correo
Un llamado a la "cordura" hizo el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, por la polémica generada entre jueces de garantía luego que la Fiscalía Oriente presentara una queja disciplinaria y recurriera al Tribunal Constitucional para evitar que uno de sus fiscales declarara como testigo en juicio oral de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz, por los crímenes de Providencia, y fuera inhabilitado en la causa.
Juica reconoció que "desde el punto de vista jurisdiccional no nos han parecido bien las actuaciones de algunos jueces de reprochar las decisiones de otras autoridades que no pertenecen al Poder Judicial", aludiendo al correo electrónico enviado por el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, en el que calificó de "matonaje" las actuaciones de la Fiscalía Oriente.
"En realidad, han tomado opinión no los que son verdaderamente interesados en el tema; salieron apoderados que han provocado este conflicto jurídico respecto de la procedencia de una determinada prueba. No nos gusta que los jueces defiendan, ataquen, critiquen sus resoluciones porque para eso están los mecanismos legales pertinentes. Hay que poner cordura en estas cosas", sostuvo.
Agregó que a la Suprema "le interesa tener el mayor diálogo y cordialidad con otros estamentos que están relacionados con el sistema procesal penal y que los jueces deben adoptar la conducta de concretar el tema a la cuestión puramente jurídica". Chahuán respeta postura de fiscalía y elogia a juez
Por primera vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la polémica entre la Fiscalía Oriente y jueces de garantía. "Es un tema procesal, de opinión jurídica y debemos centrarlo ahí. Hay una posición clara de la fiscalía. Y si no es compartida por los tribunales, tendremos que atenernos a ello. Yo creo que debe ser respetada la posición jurídica de la fiscalía, pero ir más allá me parece que es una exageración". Respecto del correo del magistrado Eduardo Gallardo, afirmó "que como él mismo lo dice, fue una imprudencia, una equivocación", pero insistió en que "es un juez destacado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/_portada/noticias/B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87.htm?id={B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87} (El Mercurio)
Juica reconoció que "desde el punto de vista jurisdiccional no nos han parecido bien las actuaciones de algunos jueces de reprochar las decisiones de otras autoridades que no pertenecen al Poder Judicial", aludiendo al correo electrónico enviado por el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, en el que calificó de "matonaje" las actuaciones de la Fiscalía Oriente.
"En realidad, han tomado opinión no los que son verdaderamente interesados en el tema; salieron apoderados que han provocado este conflicto jurídico respecto de la procedencia de una determinada prueba. No nos gusta que los jueces defiendan, ataquen, critiquen sus resoluciones porque para eso están los mecanismos legales pertinentes. Hay que poner cordura en estas cosas", sostuvo.
Agregó que a la Suprema "le interesa tener el mayor diálogo y cordialidad con otros estamentos que están relacionados con el sistema procesal penal y que los jueces deben adoptar la conducta de concretar el tema a la cuestión puramente jurídica". Chahuán respeta postura de fiscalía y elogia a juez
Por primera vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la polémica entre la Fiscalía Oriente y jueces de garantía. "Es un tema procesal, de opinión jurídica y debemos centrarlo ahí. Hay una posición clara de la fiscalía. Y si no es compartida por los tribunales, tendremos que atenernos a ello. Yo creo que debe ser respetada la posición jurídica de la fiscalía, pero ir más allá me parece que es una exageración". Respecto del correo del magistrado Eduardo Gallardo, afirmó "que como él mismo lo dice, fue una imprudencia, una equivocación", pero insistió en que "es un juez destacado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/_portada/noticias/B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87.htm?id={B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87} (El Mercurio)
Corte pide informe a magistrado antes de resolver si abre sumario
Jueves 19 de Noviembre de 2009
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
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