Ley de responsabilidad legal de empresas: evalúan la inclusión de otros delitos

El Gobierno evalúa si se incluyen otros delitos en el proyecto de ley sobre responsabilidad legal de las personas jurídicas (empresa), una de las condiciones para que Chile ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La idea original contempla sólo el lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se estudia la propuesta de penalistas consultados de incorporar otros delitos, tales como: falsificaciones, los ecológicos, de contaminación, la Ley de Tránsito, de salud pública (productos defectuosos alimenticios o farmacéuticos), Ley Antimonopolio, leyes de bancos, AFP, Valores y Seguros y los del Código Tributario.
Al ser consultado el ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, dijo que se evalúa. "Ampliarlo a otros delitos en principio no es problema. Pero puede hacer más compleja la discusión del proyecto".
Viera-Gallo cree que, por eso, "sería más adecuado dejarlo con los delitos actuales, ver cuál es la experiencia, y según eso incluir nuevos delitos". Sin embargo, el Ejecutivo no se cierra a la idea, porque "son cosas que el Parlamento tiene que decidir. El Gobierno en esta materia va a estar a lo que diga la comisión", dijo el ministro.
Agregó que esperan que "se hagan todas las modificaciones que sean necesarias".
Lo que se persigue
La ley busca que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, representantes o administradores, en su interés o para su provecho. También de los ilícitos cometidos por personas que estén bajo la dirección o supervisión de éstos.
La excepción son los casos en que las personas naturales hayan cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o en favor de un tercero.
Las empresas arriesgan penas que van desde las multas hasta la disolución de la compañía.
Uno de los consultados por la comisión fue el director del Centro de Estudios Penales de la U. de Talca, Jean Pierre Matus. El abogado destacó el proyecto, pero pide que se amplié. "Cumplir con el mínimo de los delitos que exige la OCDE es absurdo, en el sentido de que es muy poco, y se limita a delitos que no son de tan suma importancia".
De ser aceptada la idea, las compañías serán responsables con su patrimonio de los daños causados en casos similares a los de ADN del laboratorio B. Braun, la contaminación de aguas por mineras o accidentes de tránsito, como el del colegio Cumbres.

URGENCIA
En septiembre, la ley tiene que estar despachada del Congreso para ingresar en noviembre a la OCDE.

Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/06/22/nacional/nacional/noticias/DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13.htm?id={DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13} (El Mercurio)

Corte Suprema obliga a BancoEstado a entregar información a diputados

En un fallo inédito fechado el 28 de mayo, la Corte Suprema dictaminó que el BancoEstado está obligado a entregar toda la información que le sea requerida por parte de la Cámara de Diputados, cerrando una disputa de más de una década sobre la atribución del Parlamento para fiscalizar a dicha empresa pública.Así lo informó ayer el secretario de la Cámara a los propios parlamentarios, al leer en la cuenta de la sala la decisión del máximo tribunal, que fue formalizada a través de un oficio enviado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, entidad que defendió la postura de que el banco debe responder los oficios parlamentarios y que está bajo la fiscalización de la Contraloría.En el documento se lee que al "Banco del Estado de Chile, en tanto empresa estatal integrante de la Administración del Estado, sí le resultan aplicables aquellas disposiciones orgánico-constitucionales" que rigen para el resto de las reparticiones, "y se encuentra, además, sujeto a la obligación de proporcionar la información requerida y cualquier otra que se le solicite".Se agrega que "igualmente queda sometido a la jurisdicción disciplinaria referida y a la fiscalización de la citada entidad de control; es decir, la Contraloría General de la República".El fallo de la Suprema fue celebrado por los diputados, ya que -según sostuvieron- abre un escenario para la fiscalización a importantes empresas del Estado que se amparaban en que se rigen por el derecho privado para no responder oficios de los parlamentarios. Entre ellas, TVN, Codelco, EFE y Enap.Sin éxito, diputados tanto de la Alianza como de la Concertación habían solicitado información como asesorías externas, activos y pasivos, deudas, e incluso las remuneraciones de funcionarios y directivos de estas empresas."Lo destacable es que las empresas del Estado, como tales, tienen la obligación de dar respuesta a los requerimientos de fiscalización del Congreso Nacional, y tienen que reconocerle jurisdicción a la Contraloría General de la República", señaló el jefe de bancada de la UDI, Claudio Alvarado."Es el fallo más relevante en materia de transparencia que ha ocurrido en los últimos 10 años, ya que se termina con la impunidad de las empresas públicas que cada vez que se les pedía información no la entregaban, amparándose en resquicios legales", sostuvo por su parte Nicolás Monckeberg (RN).El tema fue abordado en el almuerzo de bancada de los diputados de RN, en el que se acordó iniciar una ofensiva fiscalizadora y reenviar todos los oficios que no fueron contestados por las entidades estatales.

Origen de una disputa

La resolución de la Suprema -la Tercera Sala del tribunal tuvo un fallo dividido, de 4 votos contra 1- pone término a una disputa que se inició cuando BancoEstado se negó a entregar información sobre los vehículos asignados a los gerentes de la entidad en 1997. A ello se agregó el rechazo a contestar los oficios sobre el listado de las empresas que operan con la entidad en materia de cobranzas judiciales y extrajudiciales, y sobre las asesorías externas realizadas entre 1994 y 1999.La negativa dio curso a que la Cámara pidiera a la Contraloría que se pronunciara sobre el tema.Y el organismo dictaminó en 1999 que la entidad "forma parte de los órganos de la administración del Estado", por lo tanto está sujeta a la fiscalización de ese ente y a responder las peticiones del Parlamento.La postura de la Contraloría -que fue avalada por el fallo de la Corte Suprema- llevó a BancoEstado a recurrir a tribunales, representado por el abogado Juan Agustín Figueroa.Pero los argumentos del banco fueron desechados. "Los funcionarios están obligados a suministrar los antecedentes e informaciones que se les requieren, sin que haya distinción o excepción alguna", se lee en el fallo de la Suprema. Con ello, quienes se nieguen a entregar los datos arriesgan sanciones como retención de sueldos.

Otras empresas públicas a las que afectaría el fallo

Además de BancoEstado, la decisión de la Corte Suprema pondría a varias empresas con participación estatal en la obligación de responder a los oficios del Parlamento y bajo la fiscalización de la Contraloría

Entre las más destacadas, están:* TVN* Codelco* EFE* Enap

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/04/nacional/politica/noticias/17C44205-0AE7-4EC3-8BBC-544D791EC419.htm?id={17C44205-0AE7-4EC3-8BBC-544D791EC419} (El Mercurio)