Los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, quienes llevan el juicio en contra de Pilar Pérez y su supuesto sicario, José Ruz, presentaron ayer una serie de pruebas destinadas a precisar el calibre del arma con la que se dio muerte a Diego Schmidt-Hebbel.
Los representantes del Ministerio Público llamaron a declarar a la perito balístico de la PDI, Solange Bastidas, quien aclaró que la vainilla, el cartucho y el plomo (ojiva) encontrados en el lugar del crimen del profesional corresponden a un calibre 6.35 mm, distinto al de 7.65 mm, señalado en primera instancia (así quedó rotulada la prueba).
El dato no es menor, ya que la munición es correspondiente al arma incautada al supuesto sicario: una Taurus PT. Otro punto relevante es un cañón encontrado al hombre. El tubo es de calibre punto 25 (en pulgadas), aunque en primera instancia fue rotulado como un punto 32. La primera medida también es correspondiente al calibre 6.35 mm, por lo que igual calza a la Taurus. Según la perito, la pistola ensamblada con el cañón es el elemento usado en el crimen. Bastidas argumentó una equivocación al emitir una opinión (a simple vista) por las medidas, pero que luego se precisó científicamente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395.htm?id={4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395} (El Mercurio)
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miércoles, 6 de octubre de 2010
Fallo ordena entregar lista de médicos investigados por excesiva emisión de licencias
En un fallo inédito, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social entregar la lista de los médicos investigados por una excesiva emisión de licencias médicas.
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
lunes, 4 de octubre de 2010
Fiscalía muestra prueba clave que incrimina a José Ruz en asesinato de Diego
En la segunda semana de juicio oral por los crímenes de Providencia, la Fiscalía exhibió una prueba considerada como clave que incrimina al presunto sicario José Ruz en el asesinato del economista Diego Schmidt-Hebbel.
Se trata de una servilleta manchada con sangre que había sido encontrada en el asiento del copiloto del automóvil incautado a Ruz tras su detención, el 4 de noviembre de 2008.
En la audiencia de hoy, la perito de la PDI Carolina Monsó confirmó que dicha sangre correspondía a Diego Schmidt-Hebbel y al propio Ruz.
La profesional indicó que también se encontró una muestra de sudor de una a persona desconocida en la servilleta, aunque aclaró que ese tipo de muestras biológicas puede permanecer por años en un determinado objeto.
Durante esta jornada también se volvió a exhibir ante el tribunal la pistola Taurus calibre 6.35 mm que fue incautada en la casa de José Ruz y que, según la Fiscalía, fue la que utilizó el sujeto para asesinar al economista.
Sin embargo, dicha tesis debe demostrarse, debido a que la vainilla y las balas que se encontraron en el lugar del crimen eran de otro calibre (7.65 mm.).
La explicación de la Fiscalía es que el imputado le había encargado a un armero que modificara el cañón de su pistola, para que ésta no coincidiera con la bala que fue hallada en el cuerpo de Diego Schmidt-Hebbel.
Dicha tesis fue defendida hoy en el juicio por la perito balístico de la PDI Solange Bastidas, quien sostuvo que mediante un examen microscópico se logró determinar que la bala que hirió de muerte al joven había sido disparada desde el arma incautada a José Ruz, a la que, según afirmó, se le cambió el cañón.
Absolución
Por su parte, Boris Hrzic, el abogado del imputado, anunció que pedirá la absolución de su defendido en muerte de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo porque, a su juicio, no existen evidencias genéticas en el sitio del suceso que lo vinculen con el crimen.
"Desde ya, esta defensa está trabajando para procurar que existe ausencia de participación de mi defendido en ese caso porque no hay presencia de ADN de mi representado. Hay una tercera persona involucrada que no sabemos quién es", afirmó el profesional.
Las pruebas de la Fiscalía que inculparían a Pilar Pérez
Fuentes ligadas a la Fiscalía mencionan las principales pruebas que, hasta el momento, inculparían a María del Pilar Pérez, en los crímenes que se le imputan.
Entre éstas se encuentra la declaración del subcomisario de la PDI Francisco Sepúlveda, quien narró la confesión en que José Ruz reconoce su participación en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel y vincula a Pilar Pérez en el crimen.
A esto se suma la declaración del primo de la imputada, Emilio Pérez, quien relató que ésta le solicitó un sicario para asesinar a su cuñado, Agustín Molina.
También destacan la declaración del subcomisario la BH Patricio Montes, quien indicó que cuando la policía llegó a detener a Pilar Pérez a su domicilio, la encontraron intoxicada con fármacos.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439487(Emol)
Se trata de una servilleta manchada con sangre que había sido encontrada en el asiento del copiloto del automóvil incautado a Ruz tras su detención, el 4 de noviembre de 2008.
En la audiencia de hoy, la perito de la PDI Carolina Monsó confirmó que dicha sangre correspondía a Diego Schmidt-Hebbel y al propio Ruz.
La profesional indicó que también se encontró una muestra de sudor de una a persona desconocida en la servilleta, aunque aclaró que ese tipo de muestras biológicas puede permanecer por años en un determinado objeto.
Durante esta jornada también se volvió a exhibir ante el tribunal la pistola Taurus calibre 6.35 mm que fue incautada en la casa de José Ruz y que, según la Fiscalía, fue la que utilizó el sujeto para asesinar al economista.
Sin embargo, dicha tesis debe demostrarse, debido a que la vainilla y las balas que se encontraron en el lugar del crimen eran de otro calibre (7.65 mm.).
La explicación de la Fiscalía es que el imputado le había encargado a un armero que modificara el cañón de su pistola, para que ésta no coincidiera con la bala que fue hallada en el cuerpo de Diego Schmidt-Hebbel.
Dicha tesis fue defendida hoy en el juicio por la perito balístico de la PDI Solange Bastidas, quien sostuvo que mediante un examen microscópico se logró determinar que la bala que hirió de muerte al joven había sido disparada desde el arma incautada a José Ruz, a la que, según afirmó, se le cambió el cañón.
Absolución
Por su parte, Boris Hrzic, el abogado del imputado, anunció que pedirá la absolución de su defendido en muerte de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo porque, a su juicio, no existen evidencias genéticas en el sitio del suceso que lo vinculen con el crimen.
"Desde ya, esta defensa está trabajando para procurar que existe ausencia de participación de mi defendido en ese caso porque no hay presencia de ADN de mi representado. Hay una tercera persona involucrada que no sabemos quién es", afirmó el profesional.
Las pruebas de la Fiscalía que inculparían a Pilar Pérez
Fuentes ligadas a la Fiscalía mencionan las principales pruebas que, hasta el momento, inculparían a María del Pilar Pérez, en los crímenes que se le imputan.
Entre éstas se encuentra la declaración del subcomisario de la PDI Francisco Sepúlveda, quien narró la confesión en que José Ruz reconoce su participación en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel y vincula a Pilar Pérez en el crimen.
A esto se suma la declaración del primo de la imputada, Emilio Pérez, quien relató que ésta le solicitó un sicario para asesinar a su cuñado, Agustín Molina.
También destacan la declaración del subcomisario la BH Patricio Montes, quien indicó que cuando la policía llegó a detener a Pilar Pérez a su domicilio, la encontraron intoxicada con fármacos.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439487(Emol)
Fiscalía cierra pruebas por crimen de joven economista y se enfoca en doble homicidio
Los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo están enfocados, principalmente, en dos cosas para la semana que parte hoy en el juicio contra Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz: la primera es cerrar la presentación de pruebas y peritajes en torno a la muerte del joven economista Diego Schmidt-Hebbel. Lo otro, es preparar los antecedentes y argumentos por el doble homicidio del ex esposo de la mujer, Francisco Zamorano, y la pareja de este último, Héctor Arévalo.
El punto es que en este segundo hecho no hay testigos presenciales, por lo que el trabajo científico debe ser exhaustivo si es que el Ministerio Público quiere reafirmar su postura. Así lo dejó claro el propio fiscal Lazo en su alegato de apertura: "No hay testigos presenciales, pero el sitio del suceso hablará por las víctimas, hubo un trabajo científico que logra hacer encuadrar plenamente la dinámica de los hechos y reconstruirlos".
También los representantes del Ministerio Público presentarán una prueba considerada clave: un video donde supuestamente se ve a José Ruz llegar en su vehículo hasta el sector dónde vivían Zamorano y Arévalo.
Pero aparte de lo que viene, lo que pasó ya empieza a demostrar, a juicio de los abogados participantes, algunas cosas. Para Andrés Rieutord representante de Pilar Pérez, lo único que queda claro en lo que va del juicio es la participación del supuesto sicario en el crimen de Diego.
"Lo único que se ha podido establecer eventualmente es la participación del señor Ruz en el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. No ha habido ninguna evidencia que vincule, en principio, criminalmente a mi representada con el señor Ruz, ni tampoco con los dos homicidios que se están investigando en este juicio", argumenta Rieutord.
Para los fiscales el asunto es, obviamente, diferente. Según ellos, son tres los elementos que ligan a Pilar Pérez con el otro acusado: el plano de la casa de Agustín Molina (padre de Belén, novia de Diego) con indicaciones manuscritas encontrado en la casa de José Ruz; la declaración del acusado en la que involucra a la mujer, y el testimonio de Emilio Pérez, primo de Pilar, quien aseguró que ésta le encargó conseguir unos tipos para matar a Molina.
La sangre de la servilleta y la pistola
El Ministerio Público espera hoy poder incluir dos importantes peritajes en el juicio en contra de Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz. Uno apunta a dejar en claro el origen de la sangre encontrada en una servilleta ubicada en el asiento del copiloto del auto incautado a Ruz. En ella, se supone, los investigadores precisaron que las muestras correspondían a dos perfiles: el de Diego Schmidt-Hebbel, la víctima, y el del supuesto asesino.
También debería pisar el estrado de los testigos un perito balístico que, según la tesis de la fiscalía, demostrará que el arma que disparó contra Schmidt-Hebbel fue una Taurus encontrada a José Ruz. Esta pistola tenía acondicionado un cañón mandado a hacer que permitía cambiar el calibre del armamento. Por lo mismo, las vainillas encontradas en el lugar del hecho tendrían una medida diferente a la pistola incautada al hombre.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/nacional/nacional/noticias/A5C30B49-CCE8-4167-AA41-257B03C26C60.htm?id={A5C30B49-CCE8-4167-AA41-257B03C26C60}(El Mercurio)
El punto es que en este segundo hecho no hay testigos presenciales, por lo que el trabajo científico debe ser exhaustivo si es que el Ministerio Público quiere reafirmar su postura. Así lo dejó claro el propio fiscal Lazo en su alegato de apertura: "No hay testigos presenciales, pero el sitio del suceso hablará por las víctimas, hubo un trabajo científico que logra hacer encuadrar plenamente la dinámica de los hechos y reconstruirlos".
También los representantes del Ministerio Público presentarán una prueba considerada clave: un video donde supuestamente se ve a José Ruz llegar en su vehículo hasta el sector dónde vivían Zamorano y Arévalo.
Pero aparte de lo que viene, lo que pasó ya empieza a demostrar, a juicio de los abogados participantes, algunas cosas. Para Andrés Rieutord representante de Pilar Pérez, lo único que queda claro en lo que va del juicio es la participación del supuesto sicario en el crimen de Diego.
"Lo único que se ha podido establecer eventualmente es la participación del señor Ruz en el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. No ha habido ninguna evidencia que vincule, en principio, criminalmente a mi representada con el señor Ruz, ni tampoco con los dos homicidios que se están investigando en este juicio", argumenta Rieutord.
Para los fiscales el asunto es, obviamente, diferente. Según ellos, son tres los elementos que ligan a Pilar Pérez con el otro acusado: el plano de la casa de Agustín Molina (padre de Belén, novia de Diego) con indicaciones manuscritas encontrado en la casa de José Ruz; la declaración del acusado en la que involucra a la mujer, y el testimonio de Emilio Pérez, primo de Pilar, quien aseguró que ésta le encargó conseguir unos tipos para matar a Molina.
La sangre de la servilleta y la pistola
El Ministerio Público espera hoy poder incluir dos importantes peritajes en el juicio en contra de Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz. Uno apunta a dejar en claro el origen de la sangre encontrada en una servilleta ubicada en el asiento del copiloto del auto incautado a Ruz. En ella, se supone, los investigadores precisaron que las muestras correspondían a dos perfiles: el de Diego Schmidt-Hebbel, la víctima, y el del supuesto asesino.
También debería pisar el estrado de los testigos un perito balístico que, según la tesis de la fiscalía, demostrará que el arma que disparó contra Schmidt-Hebbel fue una Taurus encontrada a José Ruz. Esta pistola tenía acondicionado un cañón mandado a hacer que permitía cambiar el calibre del armamento. Por lo mismo, las vainillas encontradas en el lugar del hecho tendrían una medida diferente a la pistola incautada al hombre.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/nacional/nacional/noticias/A5C30B49-CCE8-4167-AA41-257B03C26C60.htm?id={A5C30B49-CCE8-4167-AA41-257B03C26C60}(El Mercurio)
viernes, 1 de octubre de 2010
Fiscalía formaliza a ex ejecutivo de Codelco Norte por cohecho y violación de secreto
En el juzgado de garantía de esta ciudad, el Ministerio Público formalizó a un ex ejecutivo de la División Norte de Codelco por los delitos de cohecho, violación de secreto y enriquecimiento ilícito.
Esto, luego de que representantes legales de la compañía estatal y del Consejo de Defensa del Estado presentaran querellas en su contra. Este último organismo lo había acusado de fraude al fisco y a diversas reparticiones del Estado, delitos que finalmente no se consideraron.
Según la presentación realizada al tribunal por el fiscal adjunto de Calama, Eduardo Peña -especialista en delitos económicos-, Juan Carlos Olivos (55) habría recibido pagos por parte de empresas proveedoras de maquinarias y vehículos de carga, como tolvas y camiones, mientras se desempeñaba como subgerente de mantención minas en la mayor división de la empresa estatal.
Previamente, las compañías se habían adjudicado contratos para prestar servicios en distintos yacimientos que explota Codelco en la provincia El Loa, Región de Antofagasta.
En un lapso de dos años, el imputado habría recibido entre 120 y 130 millones de pesos por las supuestas comisiones de servicio. Los dineros habrían sido depositados en la cuenta corriente del ex ejecutivo por las empresas favorecidas por sus gestiones, y según la fiscalía, fueron pagados en cuotas de cuatro, siete y hasta nueve millones de pesos.
Sanciones y plazos
Según el Ministerio Público, Olivos, que quedó con la medida cautelar de firma mensual, arriesga una condena no mayor a cinco años de presidio.
Asimismo, al pago de multas por la misma cantidad de dinero recibido, e incluso el doble de su valor.
Tras la audiencia, el tribunal de garantía de Calama dio un plazo de cuarenta días para que finalice la investigación.
Juan Carlos Olivos trabajó como subgerente de mantención minas en la empresa estatal hasta marzo de 2008. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha formalizado a ningún propietario de las compañías proveedoras de servicios que estarían implicadas en el caso.
$130 millones
en pagos habría recibido el acusado de los proveedores de servicios a Codelco Norte.
Dos años
es el período en que la fiscalía dice que recibió ese monto, mediante depósitos periódicos en su cuenta corriente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/01/nacional/nacional/noticias/B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369.htm?id={B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369}(El Mercurio)
Esto, luego de que representantes legales de la compañía estatal y del Consejo de Defensa del Estado presentaran querellas en su contra. Este último organismo lo había acusado de fraude al fisco y a diversas reparticiones del Estado, delitos que finalmente no se consideraron.
Según la presentación realizada al tribunal por el fiscal adjunto de Calama, Eduardo Peña -especialista en delitos económicos-, Juan Carlos Olivos (55) habría recibido pagos por parte de empresas proveedoras de maquinarias y vehículos de carga, como tolvas y camiones, mientras se desempeñaba como subgerente de mantención minas en la mayor división de la empresa estatal.
Previamente, las compañías se habían adjudicado contratos para prestar servicios en distintos yacimientos que explota Codelco en la provincia El Loa, Región de Antofagasta.
En un lapso de dos años, el imputado habría recibido entre 120 y 130 millones de pesos por las supuestas comisiones de servicio. Los dineros habrían sido depositados en la cuenta corriente del ex ejecutivo por las empresas favorecidas por sus gestiones, y según la fiscalía, fueron pagados en cuotas de cuatro, siete y hasta nueve millones de pesos.
Sanciones y plazos
Según el Ministerio Público, Olivos, que quedó con la medida cautelar de firma mensual, arriesga una condena no mayor a cinco años de presidio.
Asimismo, al pago de multas por la misma cantidad de dinero recibido, e incluso el doble de su valor.
Tras la audiencia, el tribunal de garantía de Calama dio un plazo de cuarenta días para que finalice la investigación.
Juan Carlos Olivos trabajó como subgerente de mantención minas en la empresa estatal hasta marzo de 2008. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha formalizado a ningún propietario de las compañías proveedoras de servicios que estarían implicadas en el caso.
$130 millones
en pagos habría recibido el acusado de los proveedores de servicios a Codelco Norte.
Dos años
es el período en que la fiscalía dice que recibió ese monto, mediante depósitos periódicos en su cuenta corriente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/01/nacional/nacional/noticias/B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369.htm?id={B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369}(El Mercurio)
martes, 14 de septiembre de 2010
Indagan a martillero por posesión irregular de bienes saqueados
CONCEPCIÓN.- El pasado 25 de agosto, el martillero de Los Ángeles Máximo de la Maza Muñoz remató, en representación de la empresa Tattersall, un total de 1.031 bienes provenientes de los saqueos a una multitienda de Concepción en las horas que siguieron al terremoto de febrero.
Menos de un mes más tarde, el propio martillero es investigado por la PDI y el Ministerio Público por una presunta posesión irregular de parte de esos bienes. La pista que sigue la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) se inició con la denuncia de un particular que se adjudicó un netbook en la subasta, quien al retirarlo se dio cuenta de que no tenía disco duro y su pantalla estaba quebrada.
Cambio de netbook
Según el jefe de la Bricrim de Los Ángeles, comisario Marcelo Urrea, cuando se pesquisó el origen del computador se descubrió que hace dos años se había mandado a reparar a un servicio técnico de esa ciudad, donde quedó abandonado. Días antes del remate fue comprado por el hijo del martillero, Máximo de la Maza Corral, en apenas tres mil pesos.
Con este antecedente fueron allanadas la casa y la oficina del martillero, donde se descubrió el netbook que debió ser subastado. "El hijo afirma que su padre le dijo que cambiara su computador por el del remate", asegura el comisario Urrea.
La indagación contra el martillero no es sólo por esta especie. En su vivienda se encontraron una estufa a combustión lenta, un televisor LCD de 42 pulgadas, un sillón, una lavadora y un refrigerador que, presume la policía, también fueron adquiridos en forma irregular.
"Máximo de la Maza padre afirmó que adquirió estos productos en el remate a nombre de la pareja de su hijo, pero ésta dice que nunca tuvo conocimiento de esto", agrega Urrea.
También se allanó la bodega donde se almacenaban los bienes antes del remate y se descubrieron enseres que aún permanecen en el lugar. Según la policía, el martillero asegura que aún no han sido retirados por sus dueños. "Un guardia afirmó que son de Máximo de la Maza y que le regaló un computador, lo mismo que a otros dos bodegueros, para que se los cuidaran", explica Urrea.
El fiscal Jorge Sandoval pedirá en las próximas horas una audiencia al juzgado de garantía de Los Ángeles para formalizar al martillero público. Esto, por infracción a la ley que regula su actividad, precisó el Ministerio Público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/14/nacional/nacional/noticias/399F25BF-7C8A-44C9-8DBF-27B21BC0CDDC.htm?id={399F25BF-7C8A-44C9-8DBF-27B21BC0CDDC}(El Mercurio)
Menos de un mes más tarde, el propio martillero es investigado por la PDI y el Ministerio Público por una presunta posesión irregular de parte de esos bienes. La pista que sigue la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) se inició con la denuncia de un particular que se adjudicó un netbook en la subasta, quien al retirarlo se dio cuenta de que no tenía disco duro y su pantalla estaba quebrada.
Cambio de netbook
Según el jefe de la Bricrim de Los Ángeles, comisario Marcelo Urrea, cuando se pesquisó el origen del computador se descubrió que hace dos años se había mandado a reparar a un servicio técnico de esa ciudad, donde quedó abandonado. Días antes del remate fue comprado por el hijo del martillero, Máximo de la Maza Corral, en apenas tres mil pesos.
Con este antecedente fueron allanadas la casa y la oficina del martillero, donde se descubrió el netbook que debió ser subastado. "El hijo afirma que su padre le dijo que cambiara su computador por el del remate", asegura el comisario Urrea.
La indagación contra el martillero no es sólo por esta especie. En su vivienda se encontraron una estufa a combustión lenta, un televisor LCD de 42 pulgadas, un sillón, una lavadora y un refrigerador que, presume la policía, también fueron adquiridos en forma irregular.
"Máximo de la Maza padre afirmó que adquirió estos productos en el remate a nombre de la pareja de su hijo, pero ésta dice que nunca tuvo conocimiento de esto", agrega Urrea.
También se allanó la bodega donde se almacenaban los bienes antes del remate y se descubrieron enseres que aún permanecen en el lugar. Según la policía, el martillero asegura que aún no han sido retirados por sus dueños. "Un guardia afirmó que son de Máximo de la Maza y que le regaló un computador, lo mismo que a otros dos bodegueros, para que se los cuidaran", explica Urrea.
El fiscal Jorge Sandoval pedirá en las próximas horas una audiencia al juzgado de garantía de Los Ángeles para formalizar al martillero público. Esto, por infracción a la ley que regula su actividad, precisó el Ministerio Público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/14/nacional/nacional/noticias/399F25BF-7C8A-44C9-8DBF-27B21BC0CDDC.htm?id={399F25BF-7C8A-44C9-8DBF-27B21BC0CDDC}(El Mercurio)
lunes, 13 de septiembre de 2010
Formalizan a ex jefe policial que alteró informe para beneficiar a imputados
A fines de 2004, ex directivos de la Fundación Oscar y Elsa Braun comenzaron a ser investigados por la justicia, a raíz de supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y apropiación indebida que afectaba el patrimonio de la institución.
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Definición de tribunal que finalmente llevará el "caso bombas" podría llegar a la Corte Suprema
El juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, acogió la solicitud de dos abogados defensores del denominado "caso bombas" de pedir la inhibición del 11° Juzgado de Garantía, tribunal que actualmente ve la causa, en la que ya hay 15 personas formalizadas por asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos.
La resolución -dependiendo de las diligencias que siguen- podría terminar con que el caso se ventile en el 8° tribunal, con jurisdicción en La Reina y en Ñuñoa. En este juzgado hay dos jueces en proceso de recusación por esta causa, luego que la Fiscalía Sur (unidad que lleva la investigación) solicitara el levantamiento del secreto bancario en la arista que apuntaba a definir redes de financiamiento del grupo. El recurso aún no se decide.
Según los defensores que alegaron el recurso (Mario Araya, Miguel Soto, Viviana Castell y Mauricio Daza), el primer hecho investigado corresponde al de la Automotora Atal en Providencia, ocurrido en marzo de 2007. Además apelaron al principio del "juez natural", que apunta a que el primer magistrado que vio la causa debería terminar con ella.
El Ministerio Público, en tanto, defendió su posición y señaló que el delito investigado corresponde a la asociación ilícita terrorista, y el hecho que marca este delito es una explosión ocurrida en una sucursal de Chilectra en La Cisterna (jurisdicción del 11° Juzgado), en octubre de 2007, en la que por primera vez se usó TNT, explosivo que luego de un análisis permitió ligar los hechos y comenzar a establecer la supuesta red.
Ahora, el 11° Juzgado deberá definir si acepta la inhabilidad y entrega todos los antecedentes a su similar o si, por el contrario, rechaza el emplazamiento. De suceder esto último, el asunto sería definido por la Corte Suprema, situación que se repetiría también si el tribunal acepta y la fiscalía apela de ello.
Tribunal da por cumplida pena de 220 días a vasco
El tribunal oral en lo penal de Temuco condenó a 220 días de prisión al ciudadano español, de origen vasco, Asel Luzárraga (38), al declararlo culpable de tenencia de partes y piezas para confeccionar artefactos explosivos. Sin embargo, dio por cumplida la pena por el tiempo que permaneció en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. El escritor y músico anarquista, que apoya la causa mapuche, arriesga ahora la expulsión del país. Luzárraga, residente en Chile desde fines de 2008, fue detenido el 31 de diciembre del año pasado. Ello, tras un fallido atentado explosivo en el antejardín de la seremi de Justicia de Temuco. Allanada su casa, la policía encontró un bolso con material explosivo y detonadores. El vasco era investigado por un atentado anterior a una Farmacia Ahumada de Temuco.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/08/nacional/nacional/noticias/127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38.htm?id={127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38}(El Mercurio)
La resolución -dependiendo de las diligencias que siguen- podría terminar con que el caso se ventile en el 8° tribunal, con jurisdicción en La Reina y en Ñuñoa. En este juzgado hay dos jueces en proceso de recusación por esta causa, luego que la Fiscalía Sur (unidad que lleva la investigación) solicitara el levantamiento del secreto bancario en la arista que apuntaba a definir redes de financiamiento del grupo. El recurso aún no se decide.
Según los defensores que alegaron el recurso (Mario Araya, Miguel Soto, Viviana Castell y Mauricio Daza), el primer hecho investigado corresponde al de la Automotora Atal en Providencia, ocurrido en marzo de 2007. Además apelaron al principio del "juez natural", que apunta a que el primer magistrado que vio la causa debería terminar con ella.
El Ministerio Público, en tanto, defendió su posición y señaló que el delito investigado corresponde a la asociación ilícita terrorista, y el hecho que marca este delito es una explosión ocurrida en una sucursal de Chilectra en La Cisterna (jurisdicción del 11° Juzgado), en octubre de 2007, en la que por primera vez se usó TNT, explosivo que luego de un análisis permitió ligar los hechos y comenzar a establecer la supuesta red.
Ahora, el 11° Juzgado deberá definir si acepta la inhabilidad y entrega todos los antecedentes a su similar o si, por el contrario, rechaza el emplazamiento. De suceder esto último, el asunto sería definido por la Corte Suprema, situación que se repetiría también si el tribunal acepta y la fiscalía apela de ello.
Tribunal da por cumplida pena de 220 días a vasco
El tribunal oral en lo penal de Temuco condenó a 220 días de prisión al ciudadano español, de origen vasco, Asel Luzárraga (38), al declararlo culpable de tenencia de partes y piezas para confeccionar artefactos explosivos. Sin embargo, dio por cumplida la pena por el tiempo que permaneció en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. El escritor y músico anarquista, que apoya la causa mapuche, arriesga ahora la expulsión del país. Luzárraga, residente en Chile desde fines de 2008, fue detenido el 31 de diciembre del año pasado. Ello, tras un fallido atentado explosivo en el antejardín de la seremi de Justicia de Temuco. Allanada su casa, la policía encontró un bolso con material explosivo y detonadores. El vasco era investigado por un atentado anterior a una Farmacia Ahumada de Temuco.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/08/nacional/nacional/noticias/127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38.htm?id={127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38}(El Mercurio)
lunes, 3 de mayo de 2010
Expertos apoyan movilidad de fiscales al sector privado, pero piden normas éticas
Abogados expertos en la Reforma Procesal Penal valoran la movilidad de fiscales desde el Ministerio Público hacia el sector privado, y estiman innecesario colocar obstáculos para que estos profesionales accedan a estudios particulares.
Sin embargo, estiman conveniente legislar con el fin de regular el tema ético, para evitar el choque de intereses en sus actuaciones desde este ámbito.
El debate surge luego de la renuncia que presentó el fiscal Iván Millán, experto en delitos económicos, para incorporarse a un estudio jurídico especializado en estas causas.
El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, plantea que se debería legislar para establecer una regulación ética respecto de la información privilegiada que tiene un ex fiscal.
No obstante, consideró que la movilidad es necesaria en las fiscalías. "No creo conveniente que un fiscal llegue a los 25 años a la fiscalía y se jubile a los 65, porque eso podría conducir a un sistema muy burocratizado y corporativista", explicó.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de derecho de la misma universidad, coincide con Riego. "No veo ningún inconveniente en que haya este desplazamiento de fiscales al mundo privado", dijo.
Ello genera un mayor interés de las nuevas generaciones de abogados por incorporarse al Ministerio Público, pues tienen la posibilidad de ser aceptados en el mundo privado con mejores remuneraciones, explicó el experto.
La investigadora de Flacso Lucía Dammert estima que las regulaciones para los fiscales deben ser las mismas que deben tener las autoridades de gobierno que manejan información privilegiada y que después pasan al sector privado.
Alejandra Ahumada, de Fundación Paz Ciudadana, en tanto, también cree que basta con establecer impedimentos éticos mínimos para que ellos intervengan desde el ejercicio privado en las causas que conocieron como fiscales. Y que el Ministerio Público debería estudiar y establecer incentivos atractivos para evitar la "fuga" de sus persecutores.
La moratoria en otros países
En Estados Unidos y México, por ejemplo, las personas que tuvieron participación en ciertas áreas críticas y que renuncian al cargo, durante dos años tienen impedimento de intervenir en los temas que tuvieron conocimiento, incluidos los persecutores. En los países de la Unión Europea, los funcionarios del llamado "ministerio fiscal" no son independientes, sino que deben seguir las directrices de sus superiores jerárquicos y del ministro de Justicia. Y no hay una legislación específica relativa a los fiscales.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/03/nacional/nacional/noticias/9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C.htm?id={9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C} (El Mercurio)
Sin embargo, estiman conveniente legislar con el fin de regular el tema ético, para evitar el choque de intereses en sus actuaciones desde este ámbito.
El debate surge luego de la renuncia que presentó el fiscal Iván Millán, experto en delitos económicos, para incorporarse a un estudio jurídico especializado en estas causas.
El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, plantea que se debería legislar para establecer una regulación ética respecto de la información privilegiada que tiene un ex fiscal.
No obstante, consideró que la movilidad es necesaria en las fiscalías. "No creo conveniente que un fiscal llegue a los 25 años a la fiscalía y se jubile a los 65, porque eso podría conducir a un sistema muy burocratizado y corporativista", explicó.
El abogado Juan Enrique Vargas, decano de derecho de la misma universidad, coincide con Riego. "No veo ningún inconveniente en que haya este desplazamiento de fiscales al mundo privado", dijo.
Ello genera un mayor interés de las nuevas generaciones de abogados por incorporarse al Ministerio Público, pues tienen la posibilidad de ser aceptados en el mundo privado con mejores remuneraciones, explicó el experto.
La investigadora de Flacso Lucía Dammert estima que las regulaciones para los fiscales deben ser las mismas que deben tener las autoridades de gobierno que manejan información privilegiada y que después pasan al sector privado.
Alejandra Ahumada, de Fundación Paz Ciudadana, en tanto, también cree que basta con establecer impedimentos éticos mínimos para que ellos intervengan desde el ejercicio privado en las causas que conocieron como fiscales. Y que el Ministerio Público debería estudiar y establecer incentivos atractivos para evitar la "fuga" de sus persecutores.
La moratoria en otros países
En Estados Unidos y México, por ejemplo, las personas que tuvieron participación en ciertas áreas críticas y que renuncian al cargo, durante dos años tienen impedimento de intervenir en los temas que tuvieron conocimiento, incluidos los persecutores. En los países de la Unión Europea, los funcionarios del llamado "ministerio fiscal" no son independientes, sino que deben seguir las directrices de sus superiores jerárquicos y del ministro de Justicia. Y no hay una legislación específica relativa a los fiscales.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/03/nacional/nacional/noticias/9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C.htm?id={9C202646-E02F-48A9-ACDC-1785AD83788C} (El Mercurio)
sábado, 1 de mayo de 2010
Fiscalía y Gobierno evalúan restricciones a la salida de fiscales que van al ámbito privado
Ayer en la mañana el fiscal Iván Millán le comunicó personalmente su renuncia al Ministerio Público a Sabas Chahuán, máximo jefe de la institución.
Como existe "libertad de trabajo", según las propias palabras de Chahuán, lo de Millán podría ser una renuncia más de un abogado que busca mejores horizontes en el mundo privado. Pero no se trata de cualquier fiscal. En su calidad de jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, lideró investigaciones de alto impacto en materias de corrupción.
Y en cada una de ellas manejó información privilegiada y de alto valor. Esto encendió las alarmas, pues además Millán desembarcará en un estudio jurídico que habitualmente participa en este tipo de causas en calidad de contraparte del Ministerio Público (ver relacionada).
Es por ello que tanto el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, como el fiscal nacional Sabas Chahuán coincidieron ayer en la necesidad de crear un marco regulatorio que permita resguardar los intereses del ente persecutor ante la renuncia de los fiscales.
"El Gobierno está atento y surgen reflexiones que es conveniente analizar. Como es la imposición de alguna restricción para que no tengamos estas inquietudes y no tengamos que conversar sobre este tipo de situaciones", comentó Bulnes, al tiempo que manifestó su confianza en que el fiscal Millán no utilizará información privilegiada en sus nuevas funciones.
Por su parte, el fiscal nacional se mostró interesado en abrir el diálogo para establecer un mecanismo legislativo para estos efectos.
"Hay que cautelar este traspaso de un fiscal a un estudio que tangencialmente pueda tener relación con una causa vigente en la fiscalía donde trabajaba el fiscal. No tengo dudas de la ética del fiscal Iván Millán, pero la mujer del César también tiene que parecer honesta", expresó Chahuán.
Causas
Millán estuvo cinco años en la Fiscalía Centro Norte, es decir, desde su creación y lideró las pesquisas, entre otros, en los casos de facturas falsas en rendiciones de cuentas ante el Servel, el caso Publicam, irregularidades en el Registro Civil, en subvenciones escolares del Ministerio de Educación, en EFE, la red de corrupción en la PDI y el Poder Judicial, delitos cometidos en transacciones de valores en la Bolsa, la denuncia contra las cadenas de farmacias por colusión y últimamente la denuncia en contra de la Uniacc por las becas Valech. Algunos de los que se "privatizaron"
RODRIGO DE LA BARRA,Ex fiscal jefe de Las Condes
Rodrigo de la Barra fue fiscal jefe de Las Condes en la unidad metropolitana Oriente del Ministerio Público. Le tocó liderar causas emblemáticas como el crimen de María Soledad Lapostol. En 2008 se "privatizó" y se fue al estudio de Juan Pablo Hermosilla.
PABLO LARREDONDAEx fiscal de Unidad de Robos
Larredonda lideraba una Unidad de Robos de la Fiscalía Oriente. En julio de 2007 se retiró, junto a su colega Sergio Caro, para instalar una oficina privada de abogados penalistas. Defendió a María del Pilar Pérez, "La Quintrala".
JOSÉ IGNACIO ESCOBAREx fiscal de delitos económicos
Este abogado de la Fiscalía Centro Norte se especializó en delitos económicos e investigó las amenazas que recibió el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado. En septiembre de 2008 renunció y se fue al estudio de Davor Harasic y Julián López.
JOSÉ LUIS PÉREZ CALAFEx fiscal regional de la VI Región
Pérez Calaf, quien investigó casos emblemáticos como el asesinato de José Yuraszeck y la demanda contra Tur-Bus, se retiró como fiscal regional de O'Higgins en el año 2008. Representa hoy a la familia Molina en el caso "La Quintrala".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/30/nacional/nacional/noticias/4FB196B6-1C8C-400C-9628-C177286FFC88.htm?id={4FB196B6-1C8C-400C-9628-C177286FFC88} (El Mercurio)
Como existe "libertad de trabajo", según las propias palabras de Chahuán, lo de Millán podría ser una renuncia más de un abogado que busca mejores horizontes en el mundo privado. Pero no se trata de cualquier fiscal. En su calidad de jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, lideró investigaciones de alto impacto en materias de corrupción.
Y en cada una de ellas manejó información privilegiada y de alto valor. Esto encendió las alarmas, pues además Millán desembarcará en un estudio jurídico que habitualmente participa en este tipo de causas en calidad de contraparte del Ministerio Público (ver relacionada).
Es por ello que tanto el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, como el fiscal nacional Sabas Chahuán coincidieron ayer en la necesidad de crear un marco regulatorio que permita resguardar los intereses del ente persecutor ante la renuncia de los fiscales.
"El Gobierno está atento y surgen reflexiones que es conveniente analizar. Como es la imposición de alguna restricción para que no tengamos estas inquietudes y no tengamos que conversar sobre este tipo de situaciones", comentó Bulnes, al tiempo que manifestó su confianza en que el fiscal Millán no utilizará información privilegiada en sus nuevas funciones.
Por su parte, el fiscal nacional se mostró interesado en abrir el diálogo para establecer un mecanismo legislativo para estos efectos.
"Hay que cautelar este traspaso de un fiscal a un estudio que tangencialmente pueda tener relación con una causa vigente en la fiscalía donde trabajaba el fiscal. No tengo dudas de la ética del fiscal Iván Millán, pero la mujer del César también tiene que parecer honesta", expresó Chahuán.
Causas
Millán estuvo cinco años en la Fiscalía Centro Norte, es decir, desde su creación y lideró las pesquisas, entre otros, en los casos de facturas falsas en rendiciones de cuentas ante el Servel, el caso Publicam, irregularidades en el Registro Civil, en subvenciones escolares del Ministerio de Educación, en EFE, la red de corrupción en la PDI y el Poder Judicial, delitos cometidos en transacciones de valores en la Bolsa, la denuncia contra las cadenas de farmacias por colusión y últimamente la denuncia en contra de la Uniacc por las becas Valech. Algunos de los que se "privatizaron"
RODRIGO DE LA BARRA,Ex fiscal jefe de Las Condes
Rodrigo de la Barra fue fiscal jefe de Las Condes en la unidad metropolitana Oriente del Ministerio Público. Le tocó liderar causas emblemáticas como el crimen de María Soledad Lapostol. En 2008 se "privatizó" y se fue al estudio de Juan Pablo Hermosilla.
PABLO LARREDONDAEx fiscal de Unidad de Robos
Larredonda lideraba una Unidad de Robos de la Fiscalía Oriente. En julio de 2007 se retiró, junto a su colega Sergio Caro, para instalar una oficina privada de abogados penalistas. Defendió a María del Pilar Pérez, "La Quintrala".
JOSÉ IGNACIO ESCOBAREx fiscal de delitos económicos
Este abogado de la Fiscalía Centro Norte se especializó en delitos económicos e investigó las amenazas que recibió el conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado. En septiembre de 2008 renunció y se fue al estudio de Davor Harasic y Julián López.
JOSÉ LUIS PÉREZ CALAFEx fiscal regional de la VI Región
Pérez Calaf, quien investigó casos emblemáticos como el asesinato de José Yuraszeck y la demanda contra Tur-Bus, se retiró como fiscal regional de O'Higgins en el año 2008. Representa hoy a la familia Molina en el caso "La Quintrala".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/30/nacional/nacional/noticias/4FB196B6-1C8C-400C-9628-C177286FFC88.htm?id={4FB196B6-1C8C-400C-9628-C177286FFC88} (El Mercurio)
sábado, 17 de abril de 2010
Juicio a cocinero chino reveló su precaria vida en restaurante oriental
Hailin Lai (35) tomó un machete de cocina y atacó ferozmente a sus empleadores Zhenxiong Lai y Qiuyan Lu el 30 de noviembre de 2008, en la cocina del restaurante oriental Telechina, en Maipú.
Su furia se aplacó en menos de un minuto y quedó paralizado hasta que llegó Carabineros a detenerlo. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado y lesiones menos graves.
Cuando el fiscal Carlos Ramírez empezó a indagar las razones del ataque, descubrió una sórdida historia que esta semana fue revelada en el juicio oral.
Según la investigación, el cocinero llegó a Chile el año 2005, gracias al matrimonio víctima de la agresión. Dejó su vida como agricultor en los campos de arroz de la región de Cantón, para trabajar como cocinero. Sus empleadores lo instalaron en una pequeña pieza al fondo del restaurante. Trabajaba doce horas diarias. Las únicas veces que salía del local era para ir a comprar pan en la esquina. Si no estaba durmiendo, estaba cocinando. Nunca aprendió a hablar español, y su mandarín era muy rústico, pues según el mismo declaró, estudió sólo hasta cuarto básico en China.
Según declararon en el proceso las víctimas, no le pagaron el sueldo los primeros seis meses, como una suerte de devolución del pasaje de avión a Chile. Después, le dijeron que su dinero sería depositado en una cuenta de la esposa del dueño. Sólo le daban algunos adelantos, para comprar el pan, que tanto le gustaba.
Así vivió hasta 2008, cuando su madre lo llamó desde China y le pidió que regresara, pues le había conseguido novia, en un país donde predomina la población masculina.
Hailin quería marcharse de inmediato. Le pidió a sus empleadores su dinero y que le compraran un boleto de regreso. Zhenxiong Lai le dijo que había comprado uno y que regresaría pronto. Pero el viaje nunca se concretó y decidió atacar.
"Nunca le entregaron su pasaporte y el pasaje. Hailin cayó en una sicosis, un delirio de persecución le invadió, se sintió encerrado en un país donde no podía hablar con nadie. Pensó que nunca podría volver", comentó el defensor público Nicolás Orellana.
El SML declaró inimputable al ciudadano chino quien fue internado en el Hospital Horwitz. La fiscalía pide tres años, pero la defensoría dice que debe ser devuelto a su país, pues requiere sicoterapia y en Chile no hay sicoterapeutas que hablen mandarín.
SENTENCIA
El próximo miércoles el 6º Tribunal Oral decidirá si condena o no a Hailin Lai.
Su furia se aplacó en menos de un minuto y quedó paralizado hasta que llegó Carabineros a detenerlo. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado y lesiones menos graves.
Cuando el fiscal Carlos Ramírez empezó a indagar las razones del ataque, descubrió una sórdida historia que esta semana fue revelada en el juicio oral.
Según la investigación, el cocinero llegó a Chile el año 2005, gracias al matrimonio víctima de la agresión. Dejó su vida como agricultor en los campos de arroz de la región de Cantón, para trabajar como cocinero. Sus empleadores lo instalaron en una pequeña pieza al fondo del restaurante. Trabajaba doce horas diarias. Las únicas veces que salía del local era para ir a comprar pan en la esquina. Si no estaba durmiendo, estaba cocinando. Nunca aprendió a hablar español, y su mandarín era muy rústico, pues según el mismo declaró, estudió sólo hasta cuarto básico en China.
Según declararon en el proceso las víctimas, no le pagaron el sueldo los primeros seis meses, como una suerte de devolución del pasaje de avión a Chile. Después, le dijeron que su dinero sería depositado en una cuenta de la esposa del dueño. Sólo le daban algunos adelantos, para comprar el pan, que tanto le gustaba.
Así vivió hasta 2008, cuando su madre lo llamó desde China y le pidió que regresara, pues le había conseguido novia, en un país donde predomina la población masculina.
Hailin quería marcharse de inmediato. Le pidió a sus empleadores su dinero y que le compraran un boleto de regreso. Zhenxiong Lai le dijo que había comprado uno y que regresaría pronto. Pero el viaje nunca se concretó y decidió atacar.
"Nunca le entregaron su pasaporte y el pasaje. Hailin cayó en una sicosis, un delirio de persecución le invadió, se sintió encerrado en un país donde no podía hablar con nadie. Pensó que nunca podría volver", comentó el defensor público Nicolás Orellana.
El SML declaró inimputable al ciudadano chino quien fue internado en el Hospital Horwitz. La fiscalía pide tres años, pero la defensoría dice que debe ser devuelto a su país, pues requiere sicoterapia y en Chile no hay sicoterapeutas que hablen mandarín.
SENTENCIA
El próximo miércoles el 6º Tribunal Oral decidirá si condena o no a Hailin Lai.
Fiscalía Oriente imputa a 17 cuidadores de autos tras detenerlos por cobro ilegal de "tarifa"
Desbaratar a las mafias de cuidadores de autos. Ese es el nuevo objetivo que tiene la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuya unidad de flagrancia se encuentra coordinando un plan maestro para "cazar" a los cuidadores de vehículos ilegales de la Región Metropolitana.
Las primeras diligencias se realizaron en la madrugada del jueves en los sectores de Suecia y Bellavista, donde detuvieron a cinco personas que estaban solicitando una tarifa por el estacionamiento. Tras el control de detención, dos cuidadores fueron condenados a 41 días de reclusión nocturna. Otros dos quedaron con suspensión condicional, pero impedidos de ejercer como acomodadores sin un permiso municipal.
En la madrugada de ayer, la policía detuvo a otros 12 cuidadores, de los cuales siete recibieron sentencia.
El fiscal jefe de delitos flagrantes, Matías Moya, explica que para capturar a estos individuos están usando el artículo 147 del Código Penal, que permite detener a quienes estén cobrando por un servicio no autorizado.
"Por primera vez estamos utilizando esta herramienta, pues nos pusimos como objetivo limpiar las calles. Seremos implacables con las personas que estén colocando tarifas para estacionar", comenta el fiscal Moya.
El plan maestro del Ministerio Público, que comenzó a desarrollarse tras el reportaje que publicó "El Mercurio" sobre cómo operan estos grupos en Santiago, contempla reuniones con los jefes de las comisarías de la zona oriente para incentivar la investigación de estas mafias con efectivos encubiertos de las Sección de Investigación Policial (SIP).
El propósito de la fiscalía es capturar a los cuidadores en el momento en que estén desarrollando esta actividad ilegal. Pero si los operativos fallan, las pesquisas quedan a cargo de los fiscales antirrobos Patricio Caroca y Rodrigo Varela, quienes indagan atracos en Ñuñoa y Las Condes, respectivamente.
"Queremos sacar de circulación a estas personas, porque esta actividad ilegal es el semillero de otros delitos, como amenazas, lesiones, robos de autos y accesorios", enfatiza el fiscal Caroca. Policía prepara más redadas
La Fiscalía Metropolitana Oriente tiene contemplado mantener diversos operativos nocturnos en las zonas gastronómicas y de entretención de su jurisdicción para sacar de circulación a las mafias de cuidadores ilegales de autos.
Las primeras diligencias se realizaron las madrugadas del jueves y viernes, en los barrios Bellavista y Suecia, y en la Plaza Ñuñoa, considerados epicentros de los acomodadores.
Este fin de semana, la policía fiscalizará en Las Condes y Vitacura. "La idea es confeccionar los perfiles de los delincuentes para entregarlos a la fiscalía", dice el subprefecto de la zona oriente de Carabineros, comandante Fernando Vera.El equipo de fiscales que indaga a los cuidadores
Matías MoyaJefe de Delitos Flagrantes"Nuestro compromiso es tratar de limpiar las calles. Seremos implacables contra los cuidadores de autos ilegales".
Patricio CarocaUnidad de Robo Ñuñoa
"Nuestro problema es que la denuncia de este delito es baja, debido a que la gente se siente amenazada".
Rodrigo VarelaUnidad de Robo Las Condes
"Estamos hablando con los municipios para que empadronen a los cuidadores que desempeñan bien su trabajo".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/17/nacional/_portada/noticias/868BD441-E1ED-4017-9867-5BC5F8BE4B14.htm?id={868BD441-E1ED-4017-9867-5BC5F8BE4B14} (El Mercurio)
Las primeras diligencias se realizaron en la madrugada del jueves en los sectores de Suecia y Bellavista, donde detuvieron a cinco personas que estaban solicitando una tarifa por el estacionamiento. Tras el control de detención, dos cuidadores fueron condenados a 41 días de reclusión nocturna. Otros dos quedaron con suspensión condicional, pero impedidos de ejercer como acomodadores sin un permiso municipal.
En la madrugada de ayer, la policía detuvo a otros 12 cuidadores, de los cuales siete recibieron sentencia.
El fiscal jefe de delitos flagrantes, Matías Moya, explica que para capturar a estos individuos están usando el artículo 147 del Código Penal, que permite detener a quienes estén cobrando por un servicio no autorizado.
"Por primera vez estamos utilizando esta herramienta, pues nos pusimos como objetivo limpiar las calles. Seremos implacables con las personas que estén colocando tarifas para estacionar", comenta el fiscal Moya.
El plan maestro del Ministerio Público, que comenzó a desarrollarse tras el reportaje que publicó "El Mercurio" sobre cómo operan estos grupos en Santiago, contempla reuniones con los jefes de las comisarías de la zona oriente para incentivar la investigación de estas mafias con efectivos encubiertos de las Sección de Investigación Policial (SIP).
El propósito de la fiscalía es capturar a los cuidadores en el momento en que estén desarrollando esta actividad ilegal. Pero si los operativos fallan, las pesquisas quedan a cargo de los fiscales antirrobos Patricio Caroca y Rodrigo Varela, quienes indagan atracos en Ñuñoa y Las Condes, respectivamente.
"Queremos sacar de circulación a estas personas, porque esta actividad ilegal es el semillero de otros delitos, como amenazas, lesiones, robos de autos y accesorios", enfatiza el fiscal Caroca. Policía prepara más redadas
La Fiscalía Metropolitana Oriente tiene contemplado mantener diversos operativos nocturnos en las zonas gastronómicas y de entretención de su jurisdicción para sacar de circulación a las mafias de cuidadores ilegales de autos.
Las primeras diligencias se realizaron las madrugadas del jueves y viernes, en los barrios Bellavista y Suecia, y en la Plaza Ñuñoa, considerados epicentros de los acomodadores.
Este fin de semana, la policía fiscalizará en Las Condes y Vitacura. "La idea es confeccionar los perfiles de los delincuentes para entregarlos a la fiscalía", dice el subprefecto de la zona oriente de Carabineros, comandante Fernando Vera.El equipo de fiscales que indaga a los cuidadores
Matías MoyaJefe de Delitos Flagrantes"Nuestro compromiso es tratar de limpiar las calles. Seremos implacables contra los cuidadores de autos ilegales".
Patricio CarocaUnidad de Robo Ñuñoa
"Nuestro problema es que la denuncia de este delito es baja, debido a que la gente se siente amenazada".
Rodrigo VarelaUnidad de Robo Las Condes
"Estamos hablando con los municipios para que empadronen a los cuidadores que desempeñan bien su trabajo".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/17/nacional/_portada/noticias/868BD441-E1ED-4017-9867-5BC5F8BE4B14.htm?id={868BD441-E1ED-4017-9867-5BC5F8BE4B14} (El Mercurio)
viernes, 16 de abril de 2010
Fiscal nacional anuncia creación de un archivo propio de detenidos
Un archivo propio con fotografías, datos personales y antecedentes penales de todos los detenidos creó el Ministerio Público, según anunció ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán en su cuenta pública anual.
La medida comenzó a operar como plan piloto en las Fiscalías Metropolitanas Oriente y Sur, y busca perfeccionar las bases de datos ya existentes y mejorar, por ejemplo, los reconocimientos fotográficos de las víctimas.
Además, en el mismo sentido, Chahuán solicitó formalmente que se les permita a los fiscales acceder directamente a las bases de datos de Gendarmería.
"Gendarmería hace una ficha muy completa. Tiene fotografías, descripciones, peso, cicatrices, enfermedades de sus reos. Se nos ha permitido el acceso en ciertos casos, pero queremos acceso pleno, por ejemplo, cuando queremos descartar eventuales sospechosos o para realizar reconocimientos fotográficos con mayor certeza", dijo.
Entre otros aspectos, el fiscal nacional pidió mayores atribuciones legales para investigar actos terroristas. En concreto, pidió que las técnicas investigativas permitidas en las causas de narcotráfico, como el uso de agentes encubiertos o entregas vigiladas de armas, puedan ser utilizadas para indagar a grupos subversivos.
"Si hoy queremos filtrar una organización dedicada a poner bombas, no podemos", dijo.
En cuanto a la gestión 2009, Chahuán informó que durante el año pasado ingresaron 1.276.296 causas, es decir, aumentaron un 5.1% respecto del año anterior.
El Ministerio Público logró una cifra histórica pues el 41.6% de los casos se resolvió a través de una salida judicial. Además se obtuvieron 248.140 condenas, lo que significa un aumento de un 15.2% de sentencias respecto de 2008. Desde el inicio de la Reforma Procesal Penal la fiscalía ha tramitado 6.186.904 procesos, logrando un término en el 96,3% de los casos. Juicio a propuestas y cifras de gestión
MAURICIO DUCEAbogado UDP
Registro de detenidos:"Son registros públicos que ya existen, y no entiendo para qué se quieren ocupar. No parece ser distinto a otras bases. Creo que pueden servir en la medida que hay un debe en los procedimientos de identificación y reconocimientos fotográficos".
JAVIERA BLANCOFundación Paz Ciudadana
Términos judiciales:"El 41% de términos judiciales efectivamente es un crecimiento importante, o sea estamos hablando de términos que tienen un mayor grado de calidad que otro tipo de salidas. En ese sentido, hemos pasado en un corto periodo de años de tener un 33 a un 41%".
HERNÁN LARRAÍNSenador UDI
Casos terminados:"La gestión ha sido exitosa, pero es necesario esclarecer temas vitales. El 97% de los casos fueron resueltos, pero no se señala que el grueso de ellos son procesos enviados a archivo provisional, eso es una verdadera caja negra que no se puede dilucidar".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514.htm?id={661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514}(El Mercurio)
La medida comenzó a operar como plan piloto en las Fiscalías Metropolitanas Oriente y Sur, y busca perfeccionar las bases de datos ya existentes y mejorar, por ejemplo, los reconocimientos fotográficos de las víctimas.
Además, en el mismo sentido, Chahuán solicitó formalmente que se les permita a los fiscales acceder directamente a las bases de datos de Gendarmería.
"Gendarmería hace una ficha muy completa. Tiene fotografías, descripciones, peso, cicatrices, enfermedades de sus reos. Se nos ha permitido el acceso en ciertos casos, pero queremos acceso pleno, por ejemplo, cuando queremos descartar eventuales sospechosos o para realizar reconocimientos fotográficos con mayor certeza", dijo.
Entre otros aspectos, el fiscal nacional pidió mayores atribuciones legales para investigar actos terroristas. En concreto, pidió que las técnicas investigativas permitidas en las causas de narcotráfico, como el uso de agentes encubiertos o entregas vigiladas de armas, puedan ser utilizadas para indagar a grupos subversivos.
"Si hoy queremos filtrar una organización dedicada a poner bombas, no podemos", dijo.
En cuanto a la gestión 2009, Chahuán informó que durante el año pasado ingresaron 1.276.296 causas, es decir, aumentaron un 5.1% respecto del año anterior.
El Ministerio Público logró una cifra histórica pues el 41.6% de los casos se resolvió a través de una salida judicial. Además se obtuvieron 248.140 condenas, lo que significa un aumento de un 15.2% de sentencias respecto de 2008. Desde el inicio de la Reforma Procesal Penal la fiscalía ha tramitado 6.186.904 procesos, logrando un término en el 96,3% de los casos. Juicio a propuestas y cifras de gestión
MAURICIO DUCEAbogado UDP
Registro de detenidos:"Son registros públicos que ya existen, y no entiendo para qué se quieren ocupar. No parece ser distinto a otras bases. Creo que pueden servir en la medida que hay un debe en los procedimientos de identificación y reconocimientos fotográficos".
JAVIERA BLANCOFundación Paz Ciudadana
Términos judiciales:"El 41% de términos judiciales efectivamente es un crecimiento importante, o sea estamos hablando de términos que tienen un mayor grado de calidad que otro tipo de salidas. En ese sentido, hemos pasado en un corto periodo de años de tener un 33 a un 41%".
HERNÁN LARRAÍNSenador UDI
Casos terminados:"La gestión ha sido exitosa, pero es necesario esclarecer temas vitales. El 97% de los casos fueron resueltos, pero no se señala que el grueso de ellos son procesos enviados a archivo provisional, eso es una verdadera caja negra que no se puede dilucidar".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514.htm?id={661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514}(El Mercurio)
Presidente de la Suprema dice que auditoría al Ministerio Público "no está en la ley"
No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley". Así de categórico fue el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sobre la idea del Gobierno de realizar una auditoría externa al Ministerio Público.
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Jueces condenan a 10 años a pastora por la muerte de su hijo Eloy
El tribunal oral condenó ayer a 10 años y un día de presidio efectivo a la pastora aimara Gabriela Blas Blas, como autora de abandono de menor con resultado de muerte, delito cuya víctima fue su propio hijo Domingo Eloy (3), quien falleció en el altiplano en julio de 2007.
Los jueces desestimaron favorecerla con atenuantes, por lo que fue castigada con presidio mayor en su grado medio, aunque la pena durará 5 años menos que los pedidos por la fiscalía.
Gabriela Blas escuchó impasible su condena. Pero dirigentes aimaras presentes en la sala reclamaron contra el fallo. "Vine todos los días al juicio y creo que lo que ocurrió tiene que ver con las vivencias de las pastoras aimaras que llevan consigo a sus hijos", dijo la presidenta de las mujeres indígenas de Arica, Lorenza Huanca, en consonancia con la tesis de la defensa.
La fiscal Javiera López descartó que el juicio haya vulnerado los derechos de la acusada en su calidad de indígena, ya que los jueces examinaron su pertenencia a la cultura aimara, pero concluyeron que ello no altera su responsabilidad penal. López destacó que el lugar donde fue finalmente hallado el niño, una pampa desolada a 15 kilómetros del punto de su extravío, demuestra que fue dejado allí por terceros con la intención de dificultar que se diera con su cuerpo.
En el juicio, los policías que interrogaron a Blas destacaron que se mostró sin emociones ante la muerte de su hijo, e hicieron notar su capacidad para hilar distintas historias sobre lo sucedido; entre ellas, haberle matado a golpes y por asfixia.
A juicio de la defensora nacional, Paula Vial, los jueces aplicaron cánones occidentales para examinar expresiones culturales indígenas. "No sólo en el hecho de estimar que dejar a un niño solo durante el pastoreo es un descuido. Tampoco para entender por qué Gabriela entrega diversas versiones a la policía", agregó. Al entender de Vial, el contexto de angustia expuso a la pastora a sugestiones, ya que las mujeres aimaras sólo establecen relaciones de confianza con otras mujeres de su comunidad. Esta falta de garantías a su condición indígena puede, en su opinión, llevar a anular al juicio o a que sea examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera versión que Gabriela Blas dio a la policía, en presencia de su abogado, fue determinante en su condena de 10 años de reclusión. Entonces, la mujer expresó que había abandonado a su hijo en la línea del Ferrocarril de Arica a La Paz.
Además, los jueces para descartar el tema indígena resaltaron que "no es propio de la cultura aimara abandonar a los niños".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9.htm?id={F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9}(El Mercurio)
Los jueces desestimaron favorecerla con atenuantes, por lo que fue castigada con presidio mayor en su grado medio, aunque la pena durará 5 años menos que los pedidos por la fiscalía.
Gabriela Blas escuchó impasible su condena. Pero dirigentes aimaras presentes en la sala reclamaron contra el fallo. "Vine todos los días al juicio y creo que lo que ocurrió tiene que ver con las vivencias de las pastoras aimaras que llevan consigo a sus hijos", dijo la presidenta de las mujeres indígenas de Arica, Lorenza Huanca, en consonancia con la tesis de la defensa.
La fiscal Javiera López descartó que el juicio haya vulnerado los derechos de la acusada en su calidad de indígena, ya que los jueces examinaron su pertenencia a la cultura aimara, pero concluyeron que ello no altera su responsabilidad penal. López destacó que el lugar donde fue finalmente hallado el niño, una pampa desolada a 15 kilómetros del punto de su extravío, demuestra que fue dejado allí por terceros con la intención de dificultar que se diera con su cuerpo.
En el juicio, los policías que interrogaron a Blas destacaron que se mostró sin emociones ante la muerte de su hijo, e hicieron notar su capacidad para hilar distintas historias sobre lo sucedido; entre ellas, haberle matado a golpes y por asfixia.
A juicio de la defensora nacional, Paula Vial, los jueces aplicaron cánones occidentales para examinar expresiones culturales indígenas. "No sólo en el hecho de estimar que dejar a un niño solo durante el pastoreo es un descuido. Tampoco para entender por qué Gabriela entrega diversas versiones a la policía", agregó. Al entender de Vial, el contexto de angustia expuso a la pastora a sugestiones, ya que las mujeres aimaras sólo establecen relaciones de confianza con otras mujeres de su comunidad. Esta falta de garantías a su condición indígena puede, en su opinión, llevar a anular al juicio o a que sea examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera versión que Gabriela Blas dio a la policía, en presencia de su abogado, fue determinante en su condena de 10 años de reclusión. Entonces, la mujer expresó que había abandonado a su hijo en la línea del Ferrocarril de Arica a La Paz.
Además, los jueces para descartar el tema indígena resaltaron que "no es propio de la cultura aimara abandonar a los niños".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9.htm?id={F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9}(El Mercurio)
jueves, 15 de abril de 2010
Mesa Fiscalía-Suprema revisará la marcha de la justicia penal
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunciará en su cuenta anual de hoy su decisión de integrar una mesa con la Corte Suprema para analizar bimensualmente cómo está funcionado la justicia penal.
La iniciativa, propuesta al Ministerio Público por el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, contempla además invitar al análisis a la defensora nacional y se da en momentos en que la fiscalía y los tribunales han polemizado por la actuación del juez de garantía de Mulchén en el caso del "sicópata de Placilla" (ver nota al costado).
El anuncio forma parte de la cuenta anual que Sabas Chahuán entregará hoy al mediodía ante las máximas autoridades del país, en el lugar donde se construirá el edificio institucional.
La ley contempla actualmente el funcionamiento de una comisión coordinadora de la Reforma Procesal Penal, integrada por el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el defensor nacional; sin embargo, esa comisión dejará de funcionar en junio de 2010, cinco años después de que se implementara la reforma en la Región Metropolitana. Independientemente de la mesa propuesta por la Suprema, Chahuán pedirá una modificación legislativa para extender esta comisión.
Otro de los anuncios que hará hoy el fiscal nacional dice relación con la necesidad de flexibilizar la normativa para que los bienes decomisados por la ley de drogas vayan directamente a convertirse en más recursos para las policías. Hoy, pasan al juez de garantía, quien pide la opinión al Conace y excepcionalmente se entregan a las policías.
Contacto con vecinos
El fiscal nacional también dará cuenta de la mayor importancia que se dará a la relación entre los fiscales y municipios u organismos ciudadanos. Así, el contacto que los investigadores tengan con estas entidades formará parte de su evaluación anual.
La decisión se adoptó considerando los buenos resultados que estos contactos han dado en variadas investigaciones.
La cuenta del fiscal estará orientada a una revisión de las cuatro áreas que contempla el plan estratégico: persecución penal inteligente, mejoramiento de la labor administrativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y mejoría de la atención a víctimas y testigos.
En el primero de los ámbitos, dará a conocer que se ha aumentado en 5,1% el ingreso de causas al sistema en 2009 en relación al año anterior y que se han superado con creces las expectativas previas de estos ingresos.
En tal sentido, insistirá en su proyecto de fortalecimiento institucional, donde está pidiendo modificar la ley orgánica del Ministerio Público para dotar a la entidad de 106 fiscales más. A ellos se suman otros 26 fiscales especializados, más peritos y funcionarios, para las fiscalías supraterritoriales especializadas en corrupción, crimen organizado y lavado de dineros.
En total, el proyecto -que fue elaborado en una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y se encuentra hoy esperando la aprobación de Hacienda- contempla unos 800 funcionarios adicionales.
En la cuenta se darán a conocer las principales cifras de la gestión 2009.
41,6%de las causas ingresadas al Ministerio Público tuvieron una salida judicial.
32.787condenas más que en 2008 lograron el año pasado los fiscales.
25,6%crecieron las condenas por delitos vinculados con la ley de drogas.
180días promedio duraron las causas que terminaron en juicio oral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/nacional/noticias/83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC.htm?id={83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC} (El Mercurio)
La iniciativa, propuesta al Ministerio Público por el titular de la Corte Suprema, Milton Juica, contempla además invitar al análisis a la defensora nacional y se da en momentos en que la fiscalía y los tribunales han polemizado por la actuación del juez de garantía de Mulchén en el caso del "sicópata de Placilla" (ver nota al costado).
El anuncio forma parte de la cuenta anual que Sabas Chahuán entregará hoy al mediodía ante las máximas autoridades del país, en el lugar donde se construirá el edificio institucional.
La ley contempla actualmente el funcionamiento de una comisión coordinadora de la Reforma Procesal Penal, integrada por el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el defensor nacional; sin embargo, esa comisión dejará de funcionar en junio de 2010, cinco años después de que se implementara la reforma en la Región Metropolitana. Independientemente de la mesa propuesta por la Suprema, Chahuán pedirá una modificación legislativa para extender esta comisión.
Otro de los anuncios que hará hoy el fiscal nacional dice relación con la necesidad de flexibilizar la normativa para que los bienes decomisados por la ley de drogas vayan directamente a convertirse en más recursos para las policías. Hoy, pasan al juez de garantía, quien pide la opinión al Conace y excepcionalmente se entregan a las policías.
Contacto con vecinos
El fiscal nacional también dará cuenta de la mayor importancia que se dará a la relación entre los fiscales y municipios u organismos ciudadanos. Así, el contacto que los investigadores tengan con estas entidades formará parte de su evaluación anual.
La decisión se adoptó considerando los buenos resultados que estos contactos han dado en variadas investigaciones.
La cuenta del fiscal estará orientada a una revisión de las cuatro áreas que contempla el plan estratégico: persecución penal inteligente, mejoramiento de la labor administrativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y mejoría de la atención a víctimas y testigos.
En el primero de los ámbitos, dará a conocer que se ha aumentado en 5,1% el ingreso de causas al sistema en 2009 en relación al año anterior y que se han superado con creces las expectativas previas de estos ingresos.
En tal sentido, insistirá en su proyecto de fortalecimiento institucional, donde está pidiendo modificar la ley orgánica del Ministerio Público para dotar a la entidad de 106 fiscales más. A ellos se suman otros 26 fiscales especializados, más peritos y funcionarios, para las fiscalías supraterritoriales especializadas en corrupción, crimen organizado y lavado de dineros.
En total, el proyecto -que fue elaborado en una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y se encuentra hoy esperando la aprobación de Hacienda- contempla unos 800 funcionarios adicionales.
En la cuenta se darán a conocer las principales cifras de la gestión 2009.
41,6%de las causas ingresadas al Ministerio Público tuvieron una salida judicial.
32.787condenas más que en 2008 lograron el año pasado los fiscales.
25,6%crecieron las condenas por delitos vinculados con la ley de drogas.
180días promedio duraron las causas que terminaron en juicio oral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/15/nacional/nacional/noticias/83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC.htm?id={83A99D3C-F031-4E14-B728-94745543E1AC} (El Mercurio)
martes, 6 de abril de 2010
Imputan a abogado por hurto de causa
Por más de 24 horas estuvo detenido el abogado Gonzalo Quezada (45), tras ser denunciado por la jueza suplente del Juzgado Civil de Puente Alto, Gabriela Contreras, por un supuesto hurto de expediente.
Ayer, en la audiencia de formalización de cargos, el Ministerio Público afirmó que el miércoles 31 Quezada pidió la carpeta de una causa en la que aparece como representante legal y denunciado a la vez.
El profesional sacó la carpeta del tribunal por casi dos horas, sin autorización. Quezada dijo que fue un error de su parte y que "nunca existió una mala intención".
Autor: (El Mercurio)
Ayer, en la audiencia de formalización de cargos, el Ministerio Público afirmó que el miércoles 31 Quezada pidió la carpeta de una causa en la que aparece como representante legal y denunciado a la vez.
El profesional sacó la carpeta del tribunal por casi dos horas, sin autorización. Quezada dijo que fue un error de su parte y que "nunca existió una mala intención".
Autor: (El Mercurio)
lunes, 5 de abril de 2010
SML inicia sumario por traslado de restos de niña vía encomienda
A primera hora de ayer, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, citó a su oficina al director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, a quien instruyó realizar un sumario administrativo para indagar el traslado de restos óseos de la menor Juana Rafaela Carey Moring (3 años) -encontrada en Pichilemu tras el terremoto y posterior maremoto- desde el SML de Rancagua hasta el SML de Santiago, a bordo de un bus como servicio de encomienda.
Bustos calificó la situación de "lamentable" y aseguró que la indagatoria se hará con toda celeridad. De hecho, ayer mismo se trasladó a Rancagua el fiscal Hernán Rojas Caro, abogado del departamento de asesoría jurídica del SML, quien entrevistó a los funcionarios del lugar para investigar lo ocurrido.
"Es una situación que hubiésemos querido que no hubiera ocurrido, hasta este momento no explicable dentro de un contexto de emergencia", planteó el director del SML.
Ayer, Bustos se reunió con la familia de la menor, cuyo padre es el abogado Guillermo Carey Claro, para entregarles los restos de la pequeña y explicarles lo ocurrido. "El dolor de una familia que se ve acrecentado producto de esta situación, obviamente que es lo más doloroso y lo que más lamentamos en el plano institucional y humano", afirmó el director del SML antes del encuentro.
Bustos explicó que el SML tiene desde 1998 un convenio para transporte de evidencias, que incluso contempla en algunos casos transporte aéreo, y que otras veces se han hecho traslados de restos óseos o sanguíneos disecados en bus, aunque no es algo habitual.
"Tenemos que tener algún tipo de recurso, aparte de los 50 vehículos de que disponemos para nuestras 38 sedes", dijo.
Pero, agregó, "ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión de las normas que corresponden a estas situaciones tan dolorosas".
En Rancagua, en tanto, el fiscal regional Roberto Díaz descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público, mientras que el intendente Rodrigo Pérez calificó los hechos como "una falta de criterio". Agregó, además, que se revisarán los protocolos de cada uno de los servicios "para que cosas como éstas no vuelvan a ocurrir".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/31/nacional/_portada/noticias/B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810.htm?id={B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810} (El Mercurio)
Bustos calificó la situación de "lamentable" y aseguró que la indagatoria se hará con toda celeridad. De hecho, ayer mismo se trasladó a Rancagua el fiscal Hernán Rojas Caro, abogado del departamento de asesoría jurídica del SML, quien entrevistó a los funcionarios del lugar para investigar lo ocurrido.
"Es una situación que hubiésemos querido que no hubiera ocurrido, hasta este momento no explicable dentro de un contexto de emergencia", planteó el director del SML.
Ayer, Bustos se reunió con la familia de la menor, cuyo padre es el abogado Guillermo Carey Claro, para entregarles los restos de la pequeña y explicarles lo ocurrido. "El dolor de una familia que se ve acrecentado producto de esta situación, obviamente que es lo más doloroso y lo que más lamentamos en el plano institucional y humano", afirmó el director del SML antes del encuentro.
Bustos explicó que el SML tiene desde 1998 un convenio para transporte de evidencias, que incluso contempla en algunos casos transporte aéreo, y que otras veces se han hecho traslados de restos óseos o sanguíneos disecados en bus, aunque no es algo habitual.
"Tenemos que tener algún tipo de recurso, aparte de los 50 vehículos de que disponemos para nuestras 38 sedes", dijo.
Pero, agregó, "ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión de las normas que corresponden a estas situaciones tan dolorosas".
En Rancagua, en tanto, el fiscal regional Roberto Díaz descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público, mientras que el intendente Rodrigo Pérez calificó los hechos como "una falta de criterio". Agregó, además, que se revisarán los protocolos de cada uno de los servicios "para que cosas como éstas no vuelvan a ocurrir".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/31/nacional/_portada/noticias/B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810.htm?id={B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810} (El Mercurio)
SML inicia sumario por traslado de restos de niña vía encomienda
A primera hora de ayer, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, citó a su oficina al director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, a quien instruyó realizar un sumario administrativo para indagar el traslado de restos óseos de la menor Juana Rafaela Carey Moring (3 años) -encontrada en Pichilemu tras el terremoto y posterior maremoto- desde el SML de Rancagua hasta el SML de Santiago, a bordo de un bus como servicio de encomienda.
Bustos calificó la situación de "lamentable" y aseguró que la indagatoria se hará con toda celeridad. De hecho, ayer mismo se trasladó a Rancagua el fiscal Hernán Rojas Caro, abogado del departamento de asesoría jurídica del SML, quien entrevistó a los funcionarios del lugar para investigar lo ocurrido.
"Es una situación que hubiésemos querido que no hubiera ocurrido, hasta este momento no explicable dentro de un contexto de emergencia", planteó el director del SML.
Ayer, Bustos se reunió con la familia de la menor, cuyo padre es el abogado Guillermo Carey Claro, para entregarles los restos de la pequeña y explicarles lo ocurrido. "El dolor de una familia que se ve acrecentado producto de esta situación, obviamente que es lo más doloroso y lo que más lamentamos en el plano institucional y humano", afirmó el director del SML antes del encuentro.
Bustos explicó que el SML tiene desde 1998 un convenio para transporte de evidencias, que incluso contempla en algunos casos transporte aéreo, y que otras veces se han hecho traslados de restos óseos o sanguíneos disecados en bus, aunque no es algo habitual.
"Tenemos que tener algún tipo de recurso, aparte de los 50 vehículos de que disponemos para nuestras 38 sedes", dijo.
Pero, agregó, "ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión de las normas que corresponden a estas situaciones tan dolorosas".
En Rancagua, en tanto, el fiscal regional Roberto Díaz descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público, mientras que el intendente Rodrigo Pérez calificó los hechos como "una falta de criterio". Agregó, además, que se revisarán los protocolos de cada uno de los servicios "para que cosas como éstas no vuelvan a ocurrir".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/31/nacional/_portada/noticias/B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810.htm?id={B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810} (El Mercurio)
Bustos calificó la situación de "lamentable" y aseguró que la indagatoria se hará con toda celeridad. De hecho, ayer mismo se trasladó a Rancagua el fiscal Hernán Rojas Caro, abogado del departamento de asesoría jurídica del SML, quien entrevistó a los funcionarios del lugar para investigar lo ocurrido.
"Es una situación que hubiésemos querido que no hubiera ocurrido, hasta este momento no explicable dentro de un contexto de emergencia", planteó el director del SML.
Ayer, Bustos se reunió con la familia de la menor, cuyo padre es el abogado Guillermo Carey Claro, para entregarles los restos de la pequeña y explicarles lo ocurrido. "El dolor de una familia que se ve acrecentado producto de esta situación, obviamente que es lo más doloroso y lo que más lamentamos en el plano institucional y humano", afirmó el director del SML antes del encuentro.
Bustos explicó que el SML tiene desde 1998 un convenio para transporte de evidencias, que incluso contempla en algunos casos transporte aéreo, y que otras veces se han hecho traslados de restos óseos o sanguíneos disecados en bus, aunque no es algo habitual.
"Tenemos que tener algún tipo de recurso, aparte de los 50 vehículos de que disponemos para nuestras 38 sedes", dijo.
Pero, agregó, "ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión de las normas que corresponden a estas situaciones tan dolorosas".
En Rancagua, en tanto, el fiscal regional Roberto Díaz descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público, mientras que el intendente Rodrigo Pérez calificó los hechos como "una falta de criterio". Agregó, además, que se revisarán los protocolos de cada uno de los servicios "para que cosas como éstas no vuelvan a ocurrir".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/31/nacional/_portada/noticias/B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810.htm?id={B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810} (El Mercurio)
lunes, 29 de marzo de 2010
Pastora aimara lleva 3 años en prisión preventiva
Una aimara de 26 años, que no terminó 6º básico y que ha pasado la mayor parte de su vida pastoreando llamas en el inhóspito altiplano fronterizo con Perú, es la imputada que más tiempo ha permanecido en prisión preventiva desde que partió el nuevo sistema penal en Chile. Gabriela Blas permanece detenida desde el 30 de julio de 2007 bajo los cargos de abandonar a su hijo en la inhóspita puna, con el objetivo de matarlo. El largo proceso vivirá una nueva etapa a partir del lunes 5 de abril, cuando comience el juicio en el que arriesga 15 años de cárcel.
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
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