El próximo año, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley que modernizará el actual funcionamiento de las cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, y que tiene como objetivo agilizar las causas en la segunda instancia, acorde con los procesos de la reforma civil y laboral.
La iniciativa crea la tercera Corte en Santiago y especializa, respectivamente, a los tribunales de alzada capitalinos en materias civiles, penales y laborales (lo que además incluye lo tributario, de familia y lo contencioso administrativo).
El proyecto de ley será enviado el próximo año al Congreso, según confirmó a "El Mercurio" el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien explicó que se está trabajando en esta materia.
El pleno de la Corte Suprema aprobó esta iniciativa en las jornadas de reflexión 2010 que se desarrollaron en La Serena.
En el encuentro, el máximo tribunal acordó insistir al Ejecutivo con la conveniencia del proyecto de ley que crea la tercera Corte de Apelaciones, "ya que las condiciones actuales hacen propicia la ocasión para su discusión legislativa, aprovechando la creación de seis cargos de ministros tributarios y aduaneros para la Corte de Apelaciones de San Miguel y la de Santiago, y el traspaso de 10 fiscales judiciales al cargo de ministro de corte".
La normativa busca descongestionar las actuales cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, las que pasarían a ver materias específicas.
Una de las ideas de los supremos es que a la nueva Corte se le entregue el conocimiento de los asuntos del trabajo, tributarios y aduaneros, de familia, lo contencioso administrativo y los recursos de protección.
Mientras que a la actual Corte de Apelaciones de Santiago se le quiere entregar todos los asuntos de materia civil; y a la de San Miguel que se le entregue la decisión de las cuestiones de naturaleza penal y contravencional.
También habría algunos cambios para regiones. Así, las cortes de Valparaíso y Concepción funcionarían con salas especializadas en diversas materias.
Si bien la idea había sido anunciada por el gobierno pasado, finalmente no se envió al Congreso. El ministro de Justicia ha estudiado la iniciativa para realizar algunas modificaciones.
Tendencia
Según concluyó el pleno de la Suprema, la especialización "es una tendencia que se impone cada vez con mayor fuerza en nuestro país, tanto porque a ello conducen las reformas procedimentales de los últimos años, como por la conveniencia en el perfeccionamientos de los jueces, la agilización en la decisión definitiva de las materias puestas en su conocimiento y la necesaria y pretendida unificación de la jurisprudencia".
En la actualidad, el territorio jurisdiccional está dividido, lo que se eliminaría con el proyecto que pretende la especialización.
Por ejemplo, en San Miguel se revisan causas de determinadas comunas como San Bernardo, Puente Alto, Talagante, Buin, y Peñaflor. En la Corte de Santiago, se tramitan las del resto.
La posible ubicación
En el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial también se ha abordado el tema y se estima que la tercera Corte de Apelaciones de Santiago se debería ubicar en el edificio de Avenida España con Toesca. En ese espacio funcionaron los juzgados del crimen y ahora algunos civiles. Esto último, debido a los arreglos que se realizan en el edificio de estos tribunales luego que resultaran con daños por el terremoto.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/11/15/nacional/nacional/noticias/14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC.htm?id={14A717A8-ABD4-43E0-9F95-6C48923E12DC}(El Mercurio)
Mostrando entradas con la etiqueta Corte de Apelaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Corte de Apelaciones. Mostrar todas las entradas
lunes, 15 de noviembre de 2010
jueves, 30 de septiembre de 2010
Corte rechaza recusación del fiscal Peña contra jueces
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la recusación presentada en contra de los jueces del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena y Sergio Córdova, quienes rechazaron levantar el secreto bancario a una cuenta ligada al grupo antisistémico investigado por el caso bombas.
La recusación había sido presentada por el fiscal Alejandro Peña, por considerar que los magistrados, en sus argumentos para rechazar tal petición, emitieron opinión.
En esa ocasión, los jueces requeridos señalaron que la Ley de Inteligencia que permite esta medida estaba mal aplicada por parte de la Fiscalía Sur.
El considerando 18° de la resolución señala que "los argumentos dados por los jueces al resolver de la forma que lo hicieron, no configura la causal de inhabilidad planteada en su respecto, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, no han emitido pronunciamiento o dictamen sobre la cuestión pendiente", como lo señala el Código Orgánico de Tribunales.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B.htm?id={67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B} (El Mercurio)
La recusación había sido presentada por el fiscal Alejandro Peña, por considerar que los magistrados, en sus argumentos para rechazar tal petición, emitieron opinión.
En esa ocasión, los jueces requeridos señalaron que la Ley de Inteligencia que permite esta medida estaba mal aplicada por parte de la Fiscalía Sur.
El considerando 18° de la resolución señala que "los argumentos dados por los jueces al resolver de la forma que lo hicieron, no configura la causal de inhabilidad planteada en su respecto, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, no han emitido pronunciamiento o dictamen sobre la cuestión pendiente", como lo señala el Código Orgánico de Tribunales.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B.htm?id={67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B} (El Mercurio)
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Corte de Arica confirma que Fisco debe pagar $280 millones de indemnización por muerte de estudiante universitario
La Corte de Apelaciones de Arica ratificó la condena que ordena al Fisco pagar la suma de $ 280.000.000 (doscientos ochenta millones de pesos) a los padres y hermanos del joven Daniel Menco Prieto, muerto por un disparo de efectivos de Carabineros el 19 de mayo de 1999 en una protesta estudiantil en la Universidad de Tarapacá.
En fallo unánime (rol 4-2010) el ministro Rodrigo Cerda San Martín, el fiscal judicial Rubén Morales Neyra y la abogada integrante Sandra Negretti Castro ratificaron el fallo del Segundo Juzgado de Letras de Arica que ordenó pagar $ 90.000.000 (noventa millones de pesos para Héctor Menco Menco y otros noventa millones para Lidia Prieto Calle (padres de Daniel) y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hermanos: Edwin Alfredo y María Elena Menco Prieto como indemnización por daño moral por la muerte del estudiante universitario.
El fallo indica que hubo falta de servicios del Estado de Chile en la muerte de Daniel Menco, ya que no se previeron las consecuencias por el actuar negligente de uno de sus agentes, el mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, al reprimir con armas indebidas la protesta estudiantil en la que participaba el joven.
“Que, en razón de los hechos que se han tenido por verdaderos en este juicio, concluimos que ha existido falta de servicio por parte del Estado de Chile, pues la organización estatal no funcionó como debía, o como se esperaba, al momento de velar por la mantención del orden público, ya que lo hizo en forma negligente, antijurídica. En ningún caso debió usarse ese tipo de proyectiles para el control de la manifestación y la víctima no estaba obligada jurídicamente a soportar el daño. El descuido del mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, y de su personal subalterno, contrario a los deberes impuestos en la reglamentación interna, provocó un resultado mortal y lesivo”, dice el fallo.
Agrega: “En el presente caso no sólo se actualizó una situación fáctica de falta de servicio por mal funcionamiento, ya que, además, se estableció, en sede penal, que los funcionarios de Carabineros que intervinieron en los sucesos dañinos, en especial Vargas Aragón, actuaron en forma negligente, sin adoptar el cuidado debido en una actividad de máximo riesgo”.
Y concluye que: “en consecuencia, el Estado debe responder directamente por esa actuación, que en este juicio le es reprochado como un hecho propio”.
Cabe recordar que en el aspecto penal, el 7 de junio de 2005, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte Marcial que condenó al mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón a 3 años de presidio remitido como responsable del cuasidelito de homicidio de Daniel Menco Prieto.
Esa sentencia determinó que: “el día 19 de mayo de 1999, aproximadamente a las 20:00 horas, sujetos encapuchados, en un grupo cercano a los 60 individuos, efectuaron disturbios, quemas de neumáticos y maderas, lanzamiento de bombas molotov e interrupción del tránsito vehicular, en la calle 18 de septiembre N° 2.222, frente a la sede Saucache de la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica, oportunidad en la que concurre personal de Carabineros de dotación del GOPE, Fuerzas Especiales y de la Primera Comisaría de Arica al mando del Mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, quien disparó la escopeta antimotines marca Winchester, serie N° L 1049994, utilizando veinte cartuchos de balines de goma, que llevaba para estos efectos y, solicitó al personal subalterno que fuera a buscar más cartuchos antidisturbios (…) carga la escopeta y efectuó un disparo en condiciones deficientes (aunque no de oscuridad total) de visibilidad, sin apuntar a persona determinada, pero sí en dirección al interior del centro universitario, a una distancia aproximada de 61 metros de distancia a lo menos, con el arma apoyada a la altura de la cintura, sintiendo una detonación y retroceso del arma, de magnitud mayor que la acostumbrada, por lo que no efectuó ningún otro disparo y continuó con el procedimiento policial (…) A raíz de lo anterior fallece en el lugar el estudiante de la carrera de contador auditor Daniel Nicolás Menco Prieto, cuya causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico por herida de bala”.
La acción civil se inició una vez terminado el proceso penal y en los próximos meses deberá ser resuelta finalmente por la Corte Suprema, ya que el Consejo de Defensa del Estado presentó recurso de casación al fallo de la Corte de Arica.
Autor: (La Segunda)
En fallo unánime (rol 4-2010) el ministro Rodrigo Cerda San Martín, el fiscal judicial Rubén Morales Neyra y la abogada integrante Sandra Negretti Castro ratificaron el fallo del Segundo Juzgado de Letras de Arica que ordenó pagar $ 90.000.000 (noventa millones de pesos para Héctor Menco Menco y otros noventa millones para Lidia Prieto Calle (padres de Daniel) y $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hermanos: Edwin Alfredo y María Elena Menco Prieto como indemnización por daño moral por la muerte del estudiante universitario.
El fallo indica que hubo falta de servicios del Estado de Chile en la muerte de Daniel Menco, ya que no se previeron las consecuencias por el actuar negligente de uno de sus agentes, el mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, al reprimir con armas indebidas la protesta estudiantil en la que participaba el joven.
“Que, en razón de los hechos que se han tenido por verdaderos en este juicio, concluimos que ha existido falta de servicio por parte del Estado de Chile, pues la organización estatal no funcionó como debía, o como se esperaba, al momento de velar por la mantención del orden público, ya que lo hizo en forma negligente, antijurídica. En ningún caso debió usarse ese tipo de proyectiles para el control de la manifestación y la víctima no estaba obligada jurídicamente a soportar el daño. El descuido del mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, y de su personal subalterno, contrario a los deberes impuestos en la reglamentación interna, provocó un resultado mortal y lesivo”, dice el fallo.
Agrega: “En el presente caso no sólo se actualizó una situación fáctica de falta de servicio por mal funcionamiento, ya que, además, se estableció, en sede penal, que los funcionarios de Carabineros que intervinieron en los sucesos dañinos, en especial Vargas Aragón, actuaron en forma negligente, sin adoptar el cuidado debido en una actividad de máximo riesgo”.
Y concluye que: “en consecuencia, el Estado debe responder directamente por esa actuación, que en este juicio le es reprochado como un hecho propio”.
Cabe recordar que en el aspecto penal, el 7 de junio de 2005, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte Marcial que condenó al mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón a 3 años de presidio remitido como responsable del cuasidelito de homicidio de Daniel Menco Prieto.
Esa sentencia determinó que: “el día 19 de mayo de 1999, aproximadamente a las 20:00 horas, sujetos encapuchados, en un grupo cercano a los 60 individuos, efectuaron disturbios, quemas de neumáticos y maderas, lanzamiento de bombas molotov e interrupción del tránsito vehicular, en la calle 18 de septiembre N° 2.222, frente a la sede Saucache de la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica, oportunidad en la que concurre personal de Carabineros de dotación del GOPE, Fuerzas Especiales y de la Primera Comisaría de Arica al mando del Mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón, quien disparó la escopeta antimotines marca Winchester, serie N° L 1049994, utilizando veinte cartuchos de balines de goma, que llevaba para estos efectos y, solicitó al personal subalterno que fuera a buscar más cartuchos antidisturbios (…) carga la escopeta y efectuó un disparo en condiciones deficientes (aunque no de oscuridad total) de visibilidad, sin apuntar a persona determinada, pero sí en dirección al interior del centro universitario, a una distancia aproximada de 61 metros de distancia a lo menos, con el arma apoyada a la altura de la cintura, sintiendo una detonación y retroceso del arma, de magnitud mayor que la acostumbrada, por lo que no efectuó ningún otro disparo y continuó con el procedimiento policial (…) A raíz de lo anterior fallece en el lugar el estudiante de la carrera de contador auditor Daniel Nicolás Menco Prieto, cuya causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico por herida de bala”.
La acción civil se inició una vez terminado el proceso penal y en los próximos meses deberá ser resuelta finalmente por la Corte Suprema, ya que el Consejo de Defensa del Estado presentó recurso de casación al fallo de la Corte de Arica.
Autor: (La Segunda)
lunes, 12 de julio de 2010
Suprema aprueba ampliar recurso de apelación en materia laboral
El Pleno de la Corte Suprema resolvió informar favorablemente un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, que de ser aprobado introducirá una importante modificación en materia laboral: la ampliación del recurso de apelación en sentencias definitivas.
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
domingo, 16 de mayo de 2010
Ministros en visita comparten sus estrategias con fiscales
Un inédito encuentro tendrán algunos de los ministros en visita del Poder Judicial que investigaron casos emblemáticos del antiguo sistema de justicia con los fiscales del Ministerio Público, quienes son ahora los encargados de indagar las causas de la reforma procesal penal.
La idea surgió del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien, tras reunirse el martes pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, le propuso la idea de que algunos magistrados realicen charlas de sus experiencias investigativas a los fiscales y a sus asistentes.
Según explicó el propio Chahuán tras el encuentro con Juica, el objetivo es acordar una instancia académica entre fiscales y ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones "para aprovechar la experiencia investigativa de estos últimos desarrollada antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y que pueda ser de utilidad en la nueva justicia".
Si bien aún no está fijada la fecha, se espera que el seminario se realice en el primer semestre de 2010. Un mes tentativo para el encuentro sería junio.
Posibles participantes
La propuesta del fiscal nacional tuvo una buena acogida de parte del presidente del máximo tribunal. De hecho, hasta ahora el único magistrado confirmado es Milton Juica, quien se destacó por sus investigaciones en dos causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos: la Operación Albania y el denominado caso degollados.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya definió los temas que se abordarán en el seminario. Uno de los contenidos será fraude económico, delitos complejos de corrupción y asociación ilícita criminal. Sin embargo, el Ministerio Público aún no decide con el Poder Judicial quiénes serán todos los magistrados que participarán.
Como posible participante en este primer encuentro ha trascendido el nombre del actual supremo Sergio Muñoz, quien investigó numerosas causas de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Además, tuvo a su cargo la investigación por abuso sexual a menores en contra del ex empresario Claudio Spiniak, y la indagación del origen de la fortuna del fallecido general (r) Augusto Pinochet, el denominado caso Riggs.
También se habla del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien destaca por sus investigaciones en causas de violaciones a los derechos humanos, como el atentado que costó las vidas al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974; la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, y el caso Villa Grimaldi, entre otros.
JUICA
El presidente de la Corte Suprema es hasta ahora el único magistrado confirmado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/16/nacional/nacional/noticias/62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5.htm?id={62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5} (El Mercurio)
La idea surgió del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien, tras reunirse el martes pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, le propuso la idea de que algunos magistrados realicen charlas de sus experiencias investigativas a los fiscales y a sus asistentes.
Según explicó el propio Chahuán tras el encuentro con Juica, el objetivo es acordar una instancia académica entre fiscales y ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones "para aprovechar la experiencia investigativa de estos últimos desarrollada antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y que pueda ser de utilidad en la nueva justicia".
Si bien aún no está fijada la fecha, se espera que el seminario se realice en el primer semestre de 2010. Un mes tentativo para el encuentro sería junio.
Posibles participantes
La propuesta del fiscal nacional tuvo una buena acogida de parte del presidente del máximo tribunal. De hecho, hasta ahora el único magistrado confirmado es Milton Juica, quien se destacó por sus investigaciones en dos causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos: la Operación Albania y el denominado caso degollados.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya definió los temas que se abordarán en el seminario. Uno de los contenidos será fraude económico, delitos complejos de corrupción y asociación ilícita criminal. Sin embargo, el Ministerio Público aún no decide con el Poder Judicial quiénes serán todos los magistrados que participarán.
Como posible participante en este primer encuentro ha trascendido el nombre del actual supremo Sergio Muñoz, quien investigó numerosas causas de violaciones a los derechos humanos, como el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Además, tuvo a su cargo la investigación por abuso sexual a menores en contra del ex empresario Claudio Spiniak, y la indagación del origen de la fortuna del fallecido general (r) Augusto Pinochet, el denominado caso Riggs.
También se habla del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien destaca por sus investigaciones en causas de violaciones a los derechos humanos, como el atentado que costó las vidas al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974; la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, y el caso Villa Grimaldi, entre otros.
JUICA
El presidente de la Corte Suprema es hasta ahora el único magistrado confirmado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/16/nacional/nacional/noticias/62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5.htm?id={62BED6CB-5070-40DB-8E3D-E4F484DD6EB5} (El Mercurio)
sábado, 15 de mayo de 2010
Corte Suprema crea comisión para evaluar causas de violaciones a los DD.HH.
La Corte Suprema de Chile creará una comisión para evaluar el estado en el que se encuentran las causas de violaciones de los derechos humanos, y que también analizará la redistribución y la apertura de nuevos procesos judiciales, informan hoy medios locales.
La comisión estará integrada por el presidente del alto tribunal chileno, Milton Juica; el ministro coordinador de los casos de derechos humanos de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los presidentes de las cuatro salas de ese tribunal.
El juez Nibaldo Segura, portavoz de la Corte Suprema, indicó que no se ha establecido un plazo para la puesta en marcha de la nueva instancia, aunque "será el menor posible porque es un tema delicado".
Reconoció que en la Corte de Apelaciones de Santiago "hay un recargo" de casos de violaciones de los derechos humanos en instrucción, algo que la nueva comisión debería ayudar a aliviar.
Según un informe elaborado por el ministro Muñoz a principios de año, hay 239 causas de violaciones de los derechos humanos en sumaria, y 26 fueron ya cerradas.
Sin embargo, hay 1.135 casos de víctimas de violaciones durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) cuya situación no está siendo investigada en la actualidad, en los cuales se están abriendo nuevos procesos.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=413244 (Emol)
La comisión estará integrada por el presidente del alto tribunal chileno, Milton Juica; el ministro coordinador de los casos de derechos humanos de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los presidentes de las cuatro salas de ese tribunal.
El juez Nibaldo Segura, portavoz de la Corte Suprema, indicó que no se ha establecido un plazo para la puesta en marcha de la nueva instancia, aunque "será el menor posible porque es un tema delicado".
Reconoció que en la Corte de Apelaciones de Santiago "hay un recargo" de casos de violaciones de los derechos humanos en instrucción, algo que la nueva comisión debería ayudar a aliviar.
Según un informe elaborado por el ministro Muñoz a principios de año, hay 239 causas de violaciones de los derechos humanos en sumaria, y 26 fueron ya cerradas.
Sin embargo, hay 1.135 casos de víctimas de violaciones durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990) cuya situación no está siendo investigada en la actualidad, en los cuales se están abriendo nuevos procesos.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=413244 (Emol)
martes, 20 de abril de 2010
Juez Madrid asume el caso Anfruns
El ministro Alejandro Madrid -quien se encuentra inhabilitado en la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago falle una recusación en su contra que se verá hoy- asumió ayer la indagación por el crimen del menor Rodrigo Anfruns, ocurrida en 1979.
Madrid es el subrogante legal del ministro titular del caso, Manuel Antonio Valderrama, quien ayer quedó inmediatamente inhabilitado para seguir con esta causa, hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la apelación del abogado querellante Roberto Celedón a la decisión del magistrado de no marginarse de la causa por el incidente de implicancia que le presentaron.
El abogado lo acusa de haber emitido opinión el 13 de julio de 2009 cuando cerró la causa porque las diligencias decretadas "no han arrojado ni aun indicios que conlleven a presumir la participación de terceros -agentes del Estado- en la muerte". Valderrama ya decretó todas las diligencias ordenadas por la Corte.
En tanto, hoy la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la recusación presentada en el caso por la muerte del ex Presidente Frei Montalva en contra del juez Madrid, tras dos semanas de suspensiones. La sala estará integrada por los ministros Jorge Zepeda, Patricio Villarroel y Pilar Aguayo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/20/nacional/nacional/noticias/CB1D020F-B269-437A-86D6-AF69E3D4C456.htm?id={CB1D020F-B269-437A-86D6-AF69E3D4C456} (El Mercurio)
Madrid es el subrogante legal del ministro titular del caso, Manuel Antonio Valderrama, quien ayer quedó inmediatamente inhabilitado para seguir con esta causa, hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la apelación del abogado querellante Roberto Celedón a la decisión del magistrado de no marginarse de la causa por el incidente de implicancia que le presentaron.
El abogado lo acusa de haber emitido opinión el 13 de julio de 2009 cuando cerró la causa porque las diligencias decretadas "no han arrojado ni aun indicios que conlleven a presumir la participación de terceros -agentes del Estado- en la muerte". Valderrama ya decretó todas las diligencias ordenadas por la Corte.
En tanto, hoy la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la recusación presentada en el caso por la muerte del ex Presidente Frei Montalva en contra del juez Madrid, tras dos semanas de suspensiones. La sala estará integrada por los ministros Jorge Zepeda, Patricio Villarroel y Pilar Aguayo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/20/nacional/nacional/noticias/CB1D020F-B269-437A-86D6-AF69E3D4C456.htm?id={CB1D020F-B269-437A-86D6-AF69E3D4C456} (El Mercurio)
jueves, 15 de abril de 2010
Condenan al fisco por choque de tanque
IQUIQUE.- La Corte de Apelaciones condenó al fisco de Chile a pagar $90 millones como indemnización por el daño moral que sufrió una menor, quien resultó con heridas físicas y sicológicas por el choque entre el bus escolar en que viajaba y un tanque Leopard, ambos vehículos del Ejército. El accidente fue el 29 de julio de 2004 en las cercanías del Fuerte Militar Baquedano y la sentencia aumentó en $15 millones una condena de primera instancia dictada por el Segundo Juzgado de Letras.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/14/nacional/nacional/noticias/B22883F3-3FF5-47A2-A347-DE9745452792.htm?id={B22883F3-3FF5-47A2-A347-DE9745452792} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/14/nacional/nacional/noticias/B22883F3-3FF5-47A2-A347-DE9745452792.htm?id={B22883F3-3FF5-47A2-A347-DE9745452792} (El Mercurio)
martes, 13 de abril de 2010
Justicia ordena a isapre financiar fármaco contra el cáncer para afiliado
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por un afiliado a una isapre del sistema para que ésta le cubra el costo de un medicamento para combatir el cáncer de la médula espinal que sufre hace nueve años, y para el cual han fallado otros tratamientos.
El paciente Patricio Muñoz, de 62 años y residente en Curicó, recurrió a la justicia luego que la isapre Colmena declinara entregarle cobertura por los remedios que solicitaba porque, argumentaban, ésta no correspondía, por tratarse de un medicamento de aplicación ambulatoria, que no está considerado por el arancel Fonasa, que se utiliza como referencia.
Sin embargo, el Instituto de Salud Pública había autorizado el registro sanitario de los fármacos -requisito para comercializarlo en Chile-, por lo que el abogado del paciente, Pedro Barría, afirmó que era "de toda justicia" entregar la cobertura a dichos fármacos.
Incluso, el centro de referencia en medicamentos había autorizado la importación de los fármacos "para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que han recibido por lo menos una terapia anterior y no han respondido al tratamiento", condición que, según Barría, cumple el paciente.
Con los dos medicamentos -llamados Lenalidomida y Dexametasona (ambas drogas de última generación)-, Muñoz busca realizarse un tratamiento de quimioterapia que le permita superar la enfermedad, que es considerada médicamente como terminal.
El valor de cada dosis es superior a los $5 millones, y el total del tratamiento alcanza los $40 millones, ya que Muñoz requiere de ocho dosis de los fármacos. Colmena recurrirá ante la Corte Suprema. Madre dona a hija trozo de su hígado
La pequeña Mickaela Sandoval, de tres años, rechazó el hígado que había recibido el miércoles pasado.
Su madre, Yesenia Alvarado, ya lo había conversado con los médicos, y estaban listos si este escenario se presentaba, como finalmente ocurrió la noche del lunes. Alvarado entró a pabellón para que le extrajeran un trozo de hígado.
Todo resultó bien, hasta ahora. La menor recibió el órgano de su madre, y no ha presentado rechazo.
El director del Hospital Calvo Mackenna, Osvaldo Artaza, afirmó que la mujer había tomado una "decisión heroica", que permite que Mickaela pueda "tener futuro, una oportunidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/nacional/noticias/F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133.htm?id={F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133}(El Mercurio)
El paciente Patricio Muñoz, de 62 años y residente en Curicó, recurrió a la justicia luego que la isapre Colmena declinara entregarle cobertura por los remedios que solicitaba porque, argumentaban, ésta no correspondía, por tratarse de un medicamento de aplicación ambulatoria, que no está considerado por el arancel Fonasa, que se utiliza como referencia.
Sin embargo, el Instituto de Salud Pública había autorizado el registro sanitario de los fármacos -requisito para comercializarlo en Chile-, por lo que el abogado del paciente, Pedro Barría, afirmó que era "de toda justicia" entregar la cobertura a dichos fármacos.
Incluso, el centro de referencia en medicamentos había autorizado la importación de los fármacos "para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que han recibido por lo menos una terapia anterior y no han respondido al tratamiento", condición que, según Barría, cumple el paciente.
Con los dos medicamentos -llamados Lenalidomida y Dexametasona (ambas drogas de última generación)-, Muñoz busca realizarse un tratamiento de quimioterapia que le permita superar la enfermedad, que es considerada médicamente como terminal.
El valor de cada dosis es superior a los $5 millones, y el total del tratamiento alcanza los $40 millones, ya que Muñoz requiere de ocho dosis de los fármacos. Colmena recurrirá ante la Corte Suprema. Madre dona a hija trozo de su hígado
La pequeña Mickaela Sandoval, de tres años, rechazó el hígado que había recibido el miércoles pasado.
Su madre, Yesenia Alvarado, ya lo había conversado con los médicos, y estaban listos si este escenario se presentaba, como finalmente ocurrió la noche del lunes. Alvarado entró a pabellón para que le extrajeran un trozo de hígado.
Todo resultó bien, hasta ahora. La menor recibió el órgano de su madre, y no ha presentado rechazo.
El director del Hospital Calvo Mackenna, Osvaldo Artaza, afirmó que la mujer había tomado una "decisión heroica", que permite que Mickaela pueda "tener futuro, una oportunidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/13/nacional/nacional/noticias/F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133.htm?id={F395703F-BF64-491B-8CA0-B30559F2E133}(El Mercurio)
miércoles, 7 de abril de 2010
Abogados se quejan por lenta reactivación de juzgados civiles
Once de los 30 juzgados civiles de Santiago reanudaron el lunes sus labores en el edificio Manuel Montt, ubicado en Huérfanos con Amunátegui, pero hasta ayer abogados que tramitan causas en dichos tribunales aseguraban no tener acceso a algunos expedientes.
"Están funcionando a media máquina todos los juzgados, no todos tienen los expedientes en despacho (...) Hay una pérdida de un mes y medio más o menos, de retraso. Yo diría que de los 11 juzgados, están operando bien cinco", reclamó el abogado Luis Siredey.
En la misma línea, el abogado Miguel Pérez aseguró que "hay varios (juzgados, de los 11) que no están operando en nada, no están atendiendo a público, no están pasando expedientes".
En un recorrido por los juzgados, "El Mercurio" pudo constatar que ni en el 6° ni en el 8° juzgado civil los abogados podían ver los expedientes.
"Tampoco está funcionando el sistema computacional, que es súper fundamental para nosotros", afirmó Carol Ovalle.
Consultado, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm aseguró que "este es un primer periodo de ajuste que va a ser lento, pero con el tiempo se van a ir poniendo al día". Ante las críticas dijo que "lamentablemente da la sensación que para mucha gente el terremoto no existió".
A los abogados se les dijo que en los próximos días podrán ver las causas -por ahora sólo se reciben escritos-, porque los funcionarios siguen ordenando.
En tanto, el próximo lunes comenzarán a operar del 11° al 21° juzgado civiles en el edificio Manuel Montt, y del 22° al 30° funcionarán en los antiguos juzgados del crimen, ubicados en Avenida España con Toesca.
Allí, algunos ministro también tuvieron que adaptarse: Omar Astudillo se tuvo que cambiar hasta donde estaba el ex 22° Juzgado del Crimen y compartirá las dependencias con los ministros Gloria Ana Chevesich y Alejandro Madrid. Prórroga de plazos judiciales
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite prorrogar en hasta 30 días los plazos de las actuaciones judiciales, y que modifica la declaración de muerte presunta en las comunas afectadas por el terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero. La norma establece que cualquier persona podrá pedir tal declaración transcurridos 90 días a contar de esa fecha.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/07/nacional/nacional/noticias/5838F3DC-4EA9-43A1-84F5-0E1DAD0C41B1.htm?id={5838F3DC-4EA9-43A1-84F5-0E1DAD0C41B1}(El Mercurio)
"Están funcionando a media máquina todos los juzgados, no todos tienen los expedientes en despacho (...) Hay una pérdida de un mes y medio más o menos, de retraso. Yo diría que de los 11 juzgados, están operando bien cinco", reclamó el abogado Luis Siredey.
En la misma línea, el abogado Miguel Pérez aseguró que "hay varios (juzgados, de los 11) que no están operando en nada, no están atendiendo a público, no están pasando expedientes".
En un recorrido por los juzgados, "El Mercurio" pudo constatar que ni en el 6° ni en el 8° juzgado civil los abogados podían ver los expedientes.
"Tampoco está funcionando el sistema computacional, que es súper fundamental para nosotros", afirmó Carol Ovalle.
Consultado, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm aseguró que "este es un primer periodo de ajuste que va a ser lento, pero con el tiempo se van a ir poniendo al día". Ante las críticas dijo que "lamentablemente da la sensación que para mucha gente el terremoto no existió".
A los abogados se les dijo que en los próximos días podrán ver las causas -por ahora sólo se reciben escritos-, porque los funcionarios siguen ordenando.
En tanto, el próximo lunes comenzarán a operar del 11° al 21° juzgado civiles en el edificio Manuel Montt, y del 22° al 30° funcionarán en los antiguos juzgados del crimen, ubicados en Avenida España con Toesca.
Allí, algunos ministro también tuvieron que adaptarse: Omar Astudillo se tuvo que cambiar hasta donde estaba el ex 22° Juzgado del Crimen y compartirá las dependencias con los ministros Gloria Ana Chevesich y Alejandro Madrid. Prórroga de plazos judiciales
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite prorrogar en hasta 30 días los plazos de las actuaciones judiciales, y que modifica la declaración de muerte presunta en las comunas afectadas por el terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero. La norma establece que cualquier persona podrá pedir tal declaración transcurridos 90 días a contar de esa fecha.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/07/nacional/nacional/noticias/5838F3DC-4EA9-43A1-84F5-0E1DAD0C41B1.htm?id={5838F3DC-4EA9-43A1-84F5-0E1DAD0C41B1}(El Mercurio)
sábado, 21 de noviembre de 2009
Juez reconoció "imprudencia" por el correo contra Fiscalía Oriente
Viernes 20 de Noviembre de 2009
En un informe de dos páginas, el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, reconoció que incurrió "en una imprudencia" y que usó "términos impropios" en el polémico correo enviado a sus pares en el que califica de "matonaje" las últimas actuaciones de la Fiscalía Oriente.
En el documento -que envió al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm- escribió que se trató de "una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas, en especial considerando que la publicación referida, de una u otra manera, podría haber afectado la imagen de nuestra judicatura".
El polémico correo fue enviado por Gallardo luego de conocer la decisión del jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz, por los crímenes de Providencia.
El juez Gallardo sostiene que el mail fue enviado "en el marco de la profunda incomodidad y molestia motivadas por la situación puntual que un colega se encontraba enfrentando, a propósito de la queja disciplinaria interpuesta en su contra (Aravena)", aunque admitió que "no pretendo en caso alguno justificar mi proceder, que reconozco inadecuado".
El magistrado explicó que se trató de una discusión entre colegas enviada a un grupo de correo perteneciente al Poder Judicial.
En su argumentación, se refirió a la privacidad de sus declaraciones: "Si bien mi actuación pudiera ser ingenua, en el sentido de pretender una mayor expectativa de privacidad, en atención al número de destinatarios, es importante destacar que la opinión vertida pretendía mantenerse en el ámbito de una discusión entre colegas".
El próximo lunes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este informe del magistrado, y resolverá si abre un sumario administrativo.
Ese mismo día se verá la queja de la Fiscalía Oriente en contra del juez Aravena, quien también envió su informe a la Corte.
DISCULPAS
"Se trató de una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/20/nacional/nacional/noticias/1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC.htm?id={1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC}(El Mercurio)
En un informe de dos páginas, el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, reconoció que incurrió "en una imprudencia" y que usó "términos impropios" en el polémico correo enviado a sus pares en el que califica de "matonaje" las últimas actuaciones de la Fiscalía Oriente.
En el documento -que envió al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm- escribió que se trató de "una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas, en especial considerando que la publicación referida, de una u otra manera, podría haber afectado la imagen de nuestra judicatura".
El polémico correo fue enviado por Gallardo luego de conocer la decisión del jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz, por los crímenes de Providencia.
El juez Gallardo sostiene que el mail fue enviado "en el marco de la profunda incomodidad y molestia motivadas por la situación puntual que un colega se encontraba enfrentando, a propósito de la queja disciplinaria interpuesta en su contra (Aravena)", aunque admitió que "no pretendo en caso alguno justificar mi proceder, que reconozco inadecuado".
El magistrado explicó que se trató de una discusión entre colegas enviada a un grupo de correo perteneciente al Poder Judicial.
En su argumentación, se refirió a la privacidad de sus declaraciones: "Si bien mi actuación pudiera ser ingenua, en el sentido de pretender una mayor expectativa de privacidad, en atención al número de destinatarios, es importante destacar que la opinión vertida pretendía mantenerse en el ámbito de una discusión entre colegas".
El próximo lunes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este informe del magistrado, y resolverá si abre un sumario administrativo.
Ese mismo día se verá la queja de la Fiscalía Oriente en contra del juez Aravena, quien también envió su informe a la Corte.
DISCULPAS
"Se trató de una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/20/nacional/nacional/noticias/1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC.htm?id={1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC}(El Mercurio)
Corte pide informe a magistrado antes de resolver si abre sumario
Jueves 19 de Noviembre de 2009
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
martes, 3 de noviembre de 2009
Corte nombra a ministra para indagar a jueza por caso ADN
Por unanimidad, el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió ayer abrir una investigación sumaria y disciplinaria en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de San Bernardo Gladys Villablanca, para determinar si debió inhabilitarse en una audiencia en la que su pareja, Carlos Quezada, participó como abogado querellante en el caso ADN.
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
jueves, 22 de octubre de 2009
Sename: ex guardadores no podrán adoptar a Matilde
Categórico fue el director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín, a la hora de cerrar toda opción a Eduardo Porter y Marcela Castillo de adoptar a Matilde, la pequeña de ocho meses que cuidaron durante cinco meses como guardadores de la Fundación Chilena de la Adopción.
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
martes, 13 de octubre de 2009
Alertan sobre colapso en tribunales de Talca
La Corte de Apelaciones de Talca planteó preocupación ante la falta de jueces en los Tribunales de Juicio Oral y de Garantía de esta ciudad, carencia que ha causado el retraso de juzgamientos en casi tres años, con la consiguiente vulneración de la Constitución y el Código Penal.
En Talca las audiencias pendientes datan del año 2007. Se han acumulado más de 200 juicios, fijados incluso hasta marzo de 2011, pese a que el artículo 281 del Código Penal establece que no deben trascurrir más de 60 días para iniciar el proceso.
"Mientras no se aumente la dotación de jueces, nosotros estimamos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados", afirmó con preocupación el ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Meins, coordinador de la Unidad de Apoyo a la Reforma Procesal Penal en la Región del Maule.
A la fecha, en la Cárcel de Talca hay más de 150 personas esperando enjuiciamiento.
Según cifras nacionales de la Defensoría Penal Pública, en los juicios orales, casi el 20% de los imputados en prisión preventiva terminan siendo absueltos.
El fiscal regional, Juan Pablo Kinast, criticó que las dotaciones de magistrados no se ajustan a la realidad. El Tribunal Oral de Talca registra 221 ingresos al año y tiene seis jueces, al igual que Curicó y Linares; no obstante que estos juzgados poseen sólo 79 y 98 ingresos anuales. Según Kinast, el retraso de juicios genera desinterés de las víctimas y testigos por prestar declaración que ayude a los procesos.
97juicios orales han sido realizados en lo que va corrido del año.
330causas están proyectadas para diciembre próximo, según cifras del Poder Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/13/nacional/nacional/noticias/FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54.htm?id={FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54} (El Mercurio)
En Talca las audiencias pendientes datan del año 2007. Se han acumulado más de 200 juicios, fijados incluso hasta marzo de 2011, pese a que el artículo 281 del Código Penal establece que no deben trascurrir más de 60 días para iniciar el proceso.
"Mientras no se aumente la dotación de jueces, nosotros estimamos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados", afirmó con preocupación el ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Meins, coordinador de la Unidad de Apoyo a la Reforma Procesal Penal en la Región del Maule.
A la fecha, en la Cárcel de Talca hay más de 150 personas esperando enjuiciamiento.
Según cifras nacionales de la Defensoría Penal Pública, en los juicios orales, casi el 20% de los imputados en prisión preventiva terminan siendo absueltos.
El fiscal regional, Juan Pablo Kinast, criticó que las dotaciones de magistrados no se ajustan a la realidad. El Tribunal Oral de Talca registra 221 ingresos al año y tiene seis jueces, al igual que Curicó y Linares; no obstante que estos juzgados poseen sólo 79 y 98 ingresos anuales. Según Kinast, el retraso de juicios genera desinterés de las víctimas y testigos por prestar declaración que ayude a los procesos.
97juicios orales han sido realizados en lo que va corrido del año.
330causas están proyectadas para diciembre próximo, según cifras del Poder Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/13/nacional/nacional/noticias/FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54.htm?id={FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54} (El Mercurio)
lunes, 5 de octubre de 2009
Condenan a colegio por la muerte de un alumno en clase de Educ. Física
Sàbado 03 de Octubre de 2009
La Corte de Apelaciones condenó al Colegio Salesianos a cancelar una indemnización de 50 millones de pesos por la muerte de un estudiante afectado de asma, quien en clases de educación física fue sometido a un test de esfuerzo incompatible con su enfermedad. Rodrigo Alejandro Canet Cáceres (17), alumno de cuarto año de enseñanza media, murió el 6 de julio del 2004 tras una crisis de asma, que le sobrevino luego de cumplir con una prueba de 30 abdominales en 30 segundos.
En su fallo, la Corte estableció que ese ejercicio "constituyó una carga excesiva y desproporcionada, que el profesor responsable no debió haber permitido ni menos impuesto".
Durante el juicio se comprobó que el profesor y el establecimiento estaban en conocimiento de que Rodrigo Canet tenía asma bronquial crónica, razón por la cual usaba inhaladores y broncodilatadores. Además, por prescripción médica podía hacer educación física, pero siempre que se tratara de ejercicios moderados y controlados.
El tribunal determinó que tras la emergencia "hubo negligencia por parte del profesor, autoridades y efectivos del colegio en procurar primeros auxilios".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/03/nacional/_portada/noticias/530ACA00-D727-4395-A53C-76C8CF6F53D4.htm?id={530ACA00-D727-4395-A53C-76C8CF6F53D4} (El Mercurio)
La Corte de Apelaciones condenó al Colegio Salesianos a cancelar una indemnización de 50 millones de pesos por la muerte de un estudiante afectado de asma, quien en clases de educación física fue sometido a un test de esfuerzo incompatible con su enfermedad. Rodrigo Alejandro Canet Cáceres (17), alumno de cuarto año de enseñanza media, murió el 6 de julio del 2004 tras una crisis de asma, que le sobrevino luego de cumplir con una prueba de 30 abdominales en 30 segundos.
En su fallo, la Corte estableció que ese ejercicio "constituyó una carga excesiva y desproporcionada, que el profesor responsable no debió haber permitido ni menos impuesto".
Durante el juicio se comprobó que el profesor y el establecimiento estaban en conocimiento de que Rodrigo Canet tenía asma bronquial crónica, razón por la cual usaba inhaladores y broncodilatadores. Además, por prescripción médica podía hacer educación física, pero siempre que se tratara de ejercicios moderados y controlados.
El tribunal determinó que tras la emergencia "hubo negligencia por parte del profesor, autoridades y efectivos del colegio en procurar primeros auxilios".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/03/nacional/_portada/noticias/530ACA00-D727-4395-A53C-76C8CF6F53D4.htm?id={530ACA00-D727-4395-A53C-76C8CF6F53D4} (El Mercurio)
sábado, 19 de septiembre de 2009
Corte de Apelaciones ratifica que es ilegal el cierre de calles
Jueves 17 de Septiembre de 2009
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
lunes, 14 de septiembre de 2009
Corte sostiene que ascensores deben ser regularizados
Sábado 12 de Septiembre de 2009
La ministra Dinorah Cameratti, vocera de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señaló que las autoridades de Transportes deben cumplir la resolución de ese tribunal, que ordenó regularizar el funcionamiento de los ascensores de Valparaíso, e incorporarlos al Registro de Transporte Público de Pasajeros.
La magistrada indicó que la resolución de los tribunales debe cumplirse, y que si existen dudas o reparos, los recurridos tienen la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema o presentar recursos menores, como los de aclaración o rectificación. La ministra dijo que si no lo hacen, los tribunales pueden pedir medidas disciplinarias "a funcionarios públicos".
En el Ministerio de Transportes explicaron que "se encuentran evaluando, de acuerdo a sus atribuciones, las eventuales medidas que podrían implementarse, especialmente en el ámbito de la seguridad". Respecto del fallo, se informó que están analizando sus alcances y la "adopción de las acciones que pudieran corresponder".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/12/nacional/nacional/noticias/2C9FBBA5-2D65-4212-B604-B3BADAB23B08.htm?id={2C9FBBA5-2D65-4212-B604-B3BADAB23B08} (El Mercurio)
La ministra Dinorah Cameratti, vocera de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señaló que las autoridades de Transportes deben cumplir la resolución de ese tribunal, que ordenó regularizar el funcionamiento de los ascensores de Valparaíso, e incorporarlos al Registro de Transporte Público de Pasajeros.
La magistrada indicó que la resolución de los tribunales debe cumplirse, y que si existen dudas o reparos, los recurridos tienen la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema o presentar recursos menores, como los de aclaración o rectificación. La ministra dijo que si no lo hacen, los tribunales pueden pedir medidas disciplinarias "a funcionarios públicos".
En el Ministerio de Transportes explicaron que "se encuentran evaluando, de acuerdo a sus atribuciones, las eventuales medidas que podrían implementarse, especialmente en el ámbito de la seguridad". Respecto del fallo, se informó que están analizando sus alcances y la "adopción de las acciones que pudieran corresponder".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/12/nacional/nacional/noticias/2C9FBBA5-2D65-4212-B604-B3BADAB23B08.htm?id={2C9FBBA5-2D65-4212-B604-B3BADAB23B08} (El Mercurio)
viernes, 11 de septiembre de 2009
Ascensores de Valparaíso no son parte de red de transporte
Legalmente no se podrá cumplir la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso al seremi de Transportes y a la municipalidad del puerto, en orden a incluir a los ascensores en el Registro del Transporte Público de Pasajeros del ministerio.
En Transportes señalaron que en dicha petición hay error de forma, ya que la Corte invocó el Decreto 212 de Transporte, que tiene que ver con la licitación de vías y no es aplicable a este caso, según análisis del departamento jurídico.
La Corte se pronunció a raíz de un recurso de protección de un grupo de vecinos de Valparaíso que reclamaban que los ascensores no están sujetos a regulación alguna en cuanto a su funcionamiento.
Pese al error de forma, Transportes no se quedará detenido e irá al fondo del asunto para analizar qué pueden hacer en este caso.
Por esa razón se le pidió al Departamento de Norma del ministerio que estudie, especialmente en temas de seguridad, qué se puede hacer para que dichos ascensores pasen a depender de Transportes.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/11/nacional/nacional/noticias/F5A42C09-E493-42A0-8CCB-144A4EC13CA0.htm?id={F5A42C09-E493-42A0-8CCB-144A4EC13CA0} (El Mercurio)
En Transportes señalaron que en dicha petición hay error de forma, ya que la Corte invocó el Decreto 212 de Transporte, que tiene que ver con la licitación de vías y no es aplicable a este caso, según análisis del departamento jurídico.
La Corte se pronunció a raíz de un recurso de protección de un grupo de vecinos de Valparaíso que reclamaban que los ascensores no están sujetos a regulación alguna en cuanto a su funcionamiento.
Pese al error de forma, Transportes no se quedará detenido e irá al fondo del asunto para analizar qué pueden hacer en este caso.
Por esa razón se le pidió al Departamento de Norma del ministerio que estudie, especialmente en temas de seguridad, qué se puede hacer para que dichos ascensores pasen a depender de Transportes.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/11/nacional/nacional/noticias/F5A42C09-E493-42A0-8CCB-144A4EC13CA0.htm?id={F5A42C09-E493-42A0-8CCB-144A4EC13CA0} (El Mercurio)
jueves, 10 de septiembre de 2009
Corte deja en prisión a líder de red de corrupción judicial y policial
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo en prisión preventiva a la líder de la red de corrupción judicial y policial, Margarita Cuadros, quien permanece detenida desde hace más de 10 meses.
La misma suerte corrieron otros dos integrantes de esta red, el ex detective de la PDI Óscar Contreras y la ex funcionaria del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Uberlinda Elizondo.
A esta última el Séptimo Juzgado de Garantía le había concedido el arresto domiciliario y el arraigo, lo que fue revocado.
El fiscal Víctor Vidal, que sustancia la investigación, se mostró satisfecho con la resolución y sostuvo que la decisión se debe a la "cantidad de delitos de los involucrados, la asignación y atribución que prestaba cada uno en esta organización y por el peligro de fuga".
Todos ellos están formalizados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público, y delitos informáticos, por favorecer a diversos delincuentes para obtener rebajas de condena y eliminar contraórdenes de detención.
15 AÑOS DE CÁRCELpedirá la Fiscalía Centro Norte para la líder de esta red, Margarita Cuadros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/nacional/noticias/53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA.htm?id={53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA} (El Mercurio)
La misma suerte corrieron otros dos integrantes de esta red, el ex detective de la PDI Óscar Contreras y la ex funcionaria del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Uberlinda Elizondo.
A esta última el Séptimo Juzgado de Garantía le había concedido el arresto domiciliario y el arraigo, lo que fue revocado.
El fiscal Víctor Vidal, que sustancia la investigación, se mostró satisfecho con la resolución y sostuvo que la decisión se debe a la "cantidad de delitos de los involucrados, la asignación y atribución que prestaba cada uno en esta organización y por el peligro de fuga".
Todos ellos están formalizados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público, y delitos informáticos, por favorecer a diversos delincuentes para obtener rebajas de condena y eliminar contraórdenes de detención.
15 AÑOS DE CÁRCELpedirá la Fiscalía Centro Norte para la líder de esta red, Margarita Cuadros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/nacional/noticias/53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA.htm?id={53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA} (El Mercurio)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)