En un fallo inédito, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social entregar la lista de los médicos investigados por una excesiva emisión de licencias médicas.
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
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miércoles, 6 de octubre de 2010
martes, 27 de abril de 2010
Raúl Urrutia asume como nuevo presidente del Consejo para la Transparencia
El ex diputado de RN Raúl Urrutia Ávila fue electo este martes como el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, cargo que ocupará por los próximos 18 meses, en reemplazo del abogado Juan Pablo Olmedo.
Los consejeros designados -el propio Olmedo (cercano al PPD), Alejandro Ferreiro (DC), Roberto Guerrero (vinculado a la UDI) y Raúl Urrutia (RN)- votaron por quién sería el nuevo presidente. Por ley, el único descartado era Olmedo, ya que no puede reelegirse.
El nombre que corría con más fuerza era el de Urrutia, a cuyo favor estaba el hecho de que su período y el de Olmedo duran tres años -ya que los consejeros se renuevan por "mitades"-, mientras que en el caso de Ferreiro y Guerrero la duración es de seis años.
Si bien hace unos meses se evaluaba como posibilidad tener a un presidente de signo político contrario al gobierno, dicha opción se disipó, ya los consejeros han generado confianzas entre sí, teniendo posturas coincidentes frente a los temas que aborda la entidad.
Urrutia cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y ha desempeñado una extensa carrera, ejerciendo su profesión, la docencia y el servicio público.
También fue diputado por Viña del Mar y Concón, por dos periodos consecutivos entre 1990 y 1998, integrando las comisiones de Gobierno Interior y Regionalización; Derechos Humanos y Nacionalidad; Constitución, Legislación y Justicia; y Familia.
En octubre de 2008 fue designado por la ex Presidenta Michelle Bachelet como consejero del Consejo para la Transparencia.
Una de las principales atribuciones del presidente del Consejo es el denominado "voto dirimente", ya que zanja en caso de empate las decisiones sobre amparos por denegaciones de acceso a la información.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=410072 (Emol)
martes, 20 de abril de 2010
Encuesta de Consejo para la Transparencia revela bajo conocimiento de ley sobre el tema
A fines del año pasado, el Consejo para la Transparencia encargó al centro MIDE-UC la realización de una encuesta a nivel nacional. ¿El objetivo? Conocer la visión de la gente sobre la Ley de Acceso a la Información, en el primer estudio hecho sobre la materia.
Hace pocos días, el centro entregó los resultados. Y si bien éstos apuntan a que la transparencia es un valor importante para los encuestados, también muestra que, a un año de que comenzara a regir la ley (el 20 de abril de 2009) existe un amplio desconocimiento del tema por parte de la ciudadanía.
De hecho, el sondeo -hecho a 1.017 personas de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Antofagasta, entre el 12 de enero y el 23 de febrero pasado- señala que sólo el 20% de los encuestados saben que existe una ley que les permite acceder a información de los organismos públicos.
Además, el estudio plantea que el 71% no sabe que se promulgó durante 2008 una legislación sobre la materia, y sólo el 18,7% de los consultados ha escuchado hablar del Consejo.
De todas formas, el 76,9% de los encuestados afirmó tener interés personal en interiorizarse más sobre el tema.
Los resultados no dejaron indiferentes al Consejo para la Transparencia. Si bien se recalca que 2009 fue un año de "instalación" y que por ello se requería hacer primero un posicionamiento a nivel institucional, en la entidad señalan que para el éxito de la legislación es clave el conocimiento de la ciudadanía.
Por eso, la entidad tomará medidas concretas. Su presidente, Juan Pablo Olmedo, señaló que en el segundo semestre de este año se realizará una campaña informativa para dar a conocer el funcionamiento de la ley. "Los aspectos promocionales hacia la ciudadanía también son un tema importante", dijo.
Además, el Consejo pretende avanzar en diversos proyectos, fundamentalmente en el área municipal, para lo cual ayer se firmó un protocolo de acuerdo con el Banco Mundial, que donará US$ 400 mil a la entidad.
En tanto, durante hoy y mañana la entidad realizará un seminario para conmemorar el primer año de plena vigencia de la ley, el que será inaugurado por el Presidente Sebastián Piñera.
_________
Seminario
Hoy se cumple un año de la plena entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, y el Presidente Sebastián Piñera inaugurará a las 9 horas un seminario sobre el tema organizado por el Consejo en el Centro de Extensión de la UC.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/20/nacional/politica/noticias/09A2BDB7-03B4-48F6-8A9C-308AE6481553.htm?id={09A2BDB7-03B4-48F6-8A9C-308AE6481553}(El Mercurio)
Hace pocos días, el centro entregó los resultados. Y si bien éstos apuntan a que la transparencia es un valor importante para los encuestados, también muestra que, a un año de que comenzara a regir la ley (el 20 de abril de 2009) existe un amplio desconocimiento del tema por parte de la ciudadanía.
De hecho, el sondeo -hecho a 1.017 personas de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Antofagasta, entre el 12 de enero y el 23 de febrero pasado- señala que sólo el 20% de los encuestados saben que existe una ley que les permite acceder a información de los organismos públicos.
Además, el estudio plantea que el 71% no sabe que se promulgó durante 2008 una legislación sobre la materia, y sólo el 18,7% de los consultados ha escuchado hablar del Consejo.
De todas formas, el 76,9% de los encuestados afirmó tener interés personal en interiorizarse más sobre el tema.
Los resultados no dejaron indiferentes al Consejo para la Transparencia. Si bien se recalca que 2009 fue un año de "instalación" y que por ello se requería hacer primero un posicionamiento a nivel institucional, en la entidad señalan que para el éxito de la legislación es clave el conocimiento de la ciudadanía.
Por eso, la entidad tomará medidas concretas. Su presidente, Juan Pablo Olmedo, señaló que en el segundo semestre de este año se realizará una campaña informativa para dar a conocer el funcionamiento de la ley. "Los aspectos promocionales hacia la ciudadanía también son un tema importante", dijo.
Además, el Consejo pretende avanzar en diversos proyectos, fundamentalmente en el área municipal, para lo cual ayer se firmó un protocolo de acuerdo con el Banco Mundial, que donará US$ 400 mil a la entidad.
En tanto, durante hoy y mañana la entidad realizará un seminario para conmemorar el primer año de plena vigencia de la ley, el que será inaugurado por el Presidente Sebastián Piñera.
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Seminario
Hoy se cumple un año de la plena entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, y el Presidente Sebastián Piñera inaugurará a las 9 horas un seminario sobre el tema organizado por el Consejo en el Centro de Extensión de la UC.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/20/nacional/politica/noticias/09A2BDB7-03B4-48F6-8A9C-308AE6481553.htm?id={09A2BDB7-03B4-48F6-8A9C-308AE6481553}(El Mercurio)
lunes, 19 de abril de 2010
Hay que hacer una reforma a la estructura del Consejo para la Transparencia
Los próximos 10 días del abogado Juan Pablo Olmedo serán muy ajetreados. Como presidente del Consejo para la Transparencia, mañana encabezará las actividades para conmemorar el primer año de plena entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, que incluyen un seminario con la asistencia del Presidente Sebastián Piñera. Y el próximo miércoles 28 expira su período al frente de la institución.
A la hora de hacer un balance, el primer presidente de la entidad recalca que hay satisfacción por la forma en que ha funcionado el período de instalación. Sin embargo, también muestra su preocupación por una serie de aspectos pendientes, y señala que entre los cuatro consejeros de la entidad hay consenso en que debe haber una reforma a la institución.
-¿Cómo evalúa su período al frente del Consejo?
"Hemos visto un proceso de aprendizaje notable de los ciudadanos. Los procesos culturales son de larga duración, pero se ha despertado conciencia en la ciudadanía de que la transparencia efectivamente está aquí, y llegó para quedarse".
-¿Cuáles son los principales desafíos para el 2010?
"Tenemos un desafío tremendo a nivel municipal, para asegurar el cumplimiento de la ley. Aquí no solamente hay asimetrías de capacidad institucional, básicamente, y de capacidad de recursos financieros, sino también asimetrías culturales muy importantes. Otra prioridad es el tema de los archivos públicos. Para ambos temas hemos gestionado un proyecto con el Banco Mundial".
-¿Es suficiente el sistema actual del Consejo para dar una pronta respuesta a las personas que presentan amparos porque se les niega información?
"En el derecho de acceso a la información tiene una importancia relevante el tiempo de respuesta a las solicitudes. Atendiendo a la práctica internacional, los procesos de acceso a la información tienen una duración aproximada de entre 100 y 120 días. Lo cierto es que el Consejo, atendida su composición y naturaleza, tiene un problema de diseño estructural para efectos de poder avanzar más rápidamente en la resolución de fallos. El Consejo tiene conciencia de que debe hacerse una reforma a la estructura de la institución".
-¿Por qué?
"Somos cuatro consejeros, y es un Consejo part-time que se reúne dos veces a la semana. Tenemos que incorporar mecanismos para aumentar la capacidad de sesiones del Consejo; por ejemplo, eventualmente tener consejeros suplentes para asegurar quórum".
-¿Por qué es tan necesaria una reforma al Consejo?
"Hoy día se presenta un desafío que no fue previsto en la discusión de la ley, que es la protección de datos personales. En este momento, en el Congreso se tramita un proyecto en que se considera al Consejo para asumir la protección de esos datos, tanto del sector público como privado. Estamos a la espera de la opinión de la actual administración, pero si esto persiste, se requiere una reforma estructural y los recursos financieros para cumplir ambas funciones".
''El Consejo, atendida su composición y naturaleza, tiene un problema de diseño estructural para efectosde poder avanzar más rápidamente en la resolución de fallos".JUAN PABLO OLMEDOPRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA "Necesitamos tener mayor acceso a información sobre lo que pasa en la administración del Estado"
En su balance, Juan Pablo Olmedo recalca un tema que ha sido su preocupación constante durante el último año: la necesidad de que el Poder Ejecutivo entregue fluidamente información al Consejo para la Transparencia sobre diversos aspectos de los requerimientos que se presentan ante la administración pública, ya que la entidad autónoma no tiene acceso directo a dichas estadísticas.
"Hemos planteado la necesidad de profundizar el intercambio de información, de manera de permitir al Consejo tener acceso a la información relevante para ejercer sus funciones", señala el presidente del Consejo. "Uno de nuestros desafíos tiene que ver con elaborar, analizar y sistematizar información fidedigna de lo que está sucediendo en la administración del Estado en materia de solicitudes de acceso a la información, y eso implica un desafío colaborativo para el poder Ejecutivo".
Olmedo señala que la situación ya ha sido planteada al nuevo Gobierno, puntualmente al ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, quien es su interlocutor. "Valoramos la comunicación que hemos establecido, pero necesitamos profundizarla aún más, tener mayor acceso a información respecto de lo que está pasando en la administración del Estado", sentencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/19/nacional/politica/noticias/35E44559-C9D5-4C2A-BE57-28793A1C28EA.htm?id={35E44559-C9D5-4C2A-BE57-28793A1C28EA} (El Mercurio)
A la hora de hacer un balance, el primer presidente de la entidad recalca que hay satisfacción por la forma en que ha funcionado el período de instalación. Sin embargo, también muestra su preocupación por una serie de aspectos pendientes, y señala que entre los cuatro consejeros de la entidad hay consenso en que debe haber una reforma a la institución.
-¿Cómo evalúa su período al frente del Consejo?
"Hemos visto un proceso de aprendizaje notable de los ciudadanos. Los procesos culturales son de larga duración, pero se ha despertado conciencia en la ciudadanía de que la transparencia efectivamente está aquí, y llegó para quedarse".
-¿Cuáles son los principales desafíos para el 2010?
"Tenemos un desafío tremendo a nivel municipal, para asegurar el cumplimiento de la ley. Aquí no solamente hay asimetrías de capacidad institucional, básicamente, y de capacidad de recursos financieros, sino también asimetrías culturales muy importantes. Otra prioridad es el tema de los archivos públicos. Para ambos temas hemos gestionado un proyecto con el Banco Mundial".
-¿Es suficiente el sistema actual del Consejo para dar una pronta respuesta a las personas que presentan amparos porque se les niega información?
"En el derecho de acceso a la información tiene una importancia relevante el tiempo de respuesta a las solicitudes. Atendiendo a la práctica internacional, los procesos de acceso a la información tienen una duración aproximada de entre 100 y 120 días. Lo cierto es que el Consejo, atendida su composición y naturaleza, tiene un problema de diseño estructural para efectos de poder avanzar más rápidamente en la resolución de fallos. El Consejo tiene conciencia de que debe hacerse una reforma a la estructura de la institución".
-¿Por qué?
"Somos cuatro consejeros, y es un Consejo part-time que se reúne dos veces a la semana. Tenemos que incorporar mecanismos para aumentar la capacidad de sesiones del Consejo; por ejemplo, eventualmente tener consejeros suplentes para asegurar quórum".
-¿Por qué es tan necesaria una reforma al Consejo?
"Hoy día se presenta un desafío que no fue previsto en la discusión de la ley, que es la protección de datos personales. En este momento, en el Congreso se tramita un proyecto en que se considera al Consejo para asumir la protección de esos datos, tanto del sector público como privado. Estamos a la espera de la opinión de la actual administración, pero si esto persiste, se requiere una reforma estructural y los recursos financieros para cumplir ambas funciones".
''El Consejo, atendida su composición y naturaleza, tiene un problema de diseño estructural para efectosde poder avanzar más rápidamente en la resolución de fallos".JUAN PABLO OLMEDOPRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA "Necesitamos tener mayor acceso a información sobre lo que pasa en la administración del Estado"
En su balance, Juan Pablo Olmedo recalca un tema que ha sido su preocupación constante durante el último año: la necesidad de que el Poder Ejecutivo entregue fluidamente información al Consejo para la Transparencia sobre diversos aspectos de los requerimientos que se presentan ante la administración pública, ya que la entidad autónoma no tiene acceso directo a dichas estadísticas.
"Hemos planteado la necesidad de profundizar el intercambio de información, de manera de permitir al Consejo tener acceso a la información relevante para ejercer sus funciones", señala el presidente del Consejo. "Uno de nuestros desafíos tiene que ver con elaborar, analizar y sistematizar información fidedigna de lo que está sucediendo en la administración del Estado en materia de solicitudes de acceso a la información, y eso implica un desafío colaborativo para el poder Ejecutivo".
Olmedo señala que la situación ya ha sido planteada al nuevo Gobierno, puntualmente al ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, quien es su interlocutor. "Valoramos la comunicación que hemos establecido, pero necesitamos profundizarla aún más, tener mayor acceso a información respecto de lo que está pasando en la administración del Estado", sentencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/19/nacional/politica/noticias/35E44559-C9D5-4C2A-BE57-28793A1C28EA.htm?id={35E44559-C9D5-4C2A-BE57-28793A1C28EA} (El Mercurio)
jueves, 25 de marzo de 2010
Computadores reseteados en La Moneda
El ex ministro Viera-Gallo fue el principal impulsor de la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Bachelet. En agosto pasado señaló a "El Mercurio": "Esta ley (N° 20.285) ha cambiado el criterio, porque antes los funcionarios se creían dueños de la información y se la llevaban o la eliminaban al irse. Hoy, se dan cuenta, tienen que dejarla".
En la Segpres, sin embargo, los nuevos funcionarios encontraron con estupor que los computadores estaban reseteados, sin ninguna información y sólo con los programas. Quedaron archivados, en cambio, muchos documentos escritos que están siendo clasificados para después ser digitalizados.
La respuesta de Viera-Gallo frente a esta inquietud es clara: "Mi computador personal, el del subsecretario y el del jefe de prensa fueron reseteados. Yo borré todo del mío, porque nadie tiene por qué buscar quién me mandaba mails. Pero hemos cumplido con la ley: toda la información institucional quedó archivada. Además, permanecieron el jefe administrativo, el de asuntos indígenas y el de la Comisión de Transparencia. Tuve cinco reuniones con Cristián Larroulet, mi sucesor, y no he recibido ningún reclamo suyo", señala el hoy ministro del Tribunal Constitucional.
En la Segpres, sin embargo, los nuevos funcionarios encontraron con estupor que los computadores estaban reseteados, sin ninguna información y sólo con los programas. Quedaron archivados, en cambio, muchos documentos escritos que están siendo clasificados para después ser digitalizados.
La respuesta de Viera-Gallo frente a esta inquietud es clara: "Mi computador personal, el del subsecretario y el del jefe de prensa fueron reseteados. Yo borré todo del mío, porque nadie tiene por qué buscar quién me mandaba mails. Pero hemos cumplido con la ley: toda la información institucional quedó archivada. Además, permanecieron el jefe administrativo, el de asuntos indígenas y el de la Comisión de Transparencia. Tuve cinco reuniones con Cristián Larroulet, mi sucesor, y no he recibido ningún reclamo suyo", señala el hoy ministro del Tribunal Constitucional.
Contralor propone extender a seis meses responsabilidad administrativa de ex autoridades
Siempre que hay cambio de mando se producen problemas, y peor si además entra al gobierno la oposición. Ocurrió en 1990 y pasa ahora. Se han escuchado críticas en la Cancillería y también en la Segpres (ver relacionada), y además surgen problemas en los municipios.
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)
martes, 27 de octubre de 2009
El Consejo para la Transparencia podrá resolver solicitudes a empresas públicas
Lunes 26 de octubre de 2009
En su primer fallo sobre la materia tras la entrada en vigor de la Ley sobre Acceso a la Información, en abril pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Consejo para la Transparencia tiene competencia para resolver reclamos tras pedidos de información a empresas públicas, lo que le permitiría obligar a dichas reparticiones a que entreguen datos ante solicitudes.
La Corte se pronunció sobre la presentación del abogado Álvaro Pérez Castro, gerente general de Unaco Chile, quien acudió al Consejo luego que BancoEstado le negara información que solicitó invocando la Ley de Transparencia.
El 12 de junio, el Consejo se declaró incompetente, al igual que en un fallo anterior que involucraba a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por estimar que las empresas públicas quedaban eximidas por la ley de la obligación de entregar la información, debiendo sólo cumplir con publicar datos específicos en sus sitios web.
Ante esto, Pérez Castro presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo.
El viernes pasado, la Séptima Sala de la Corte, integrada por los ministros Cornelio Villarroel y Mauricio Silva y el abogado integrante Antonio Barra, resolvió por unanimidad rechazar el recurso por ser presentado en forma "extemporánea".
Sin embargo, en el fallo se plantea que esto se realizó "no obstante haber sido el Consejo para la Transparencia plenamente competente para conocer del reclamo" del recurrente.
Según fuentes del Consejo, esto sienta un precedente para que, ante futuros reclamos, la entidad pueda resolver forzando a las empresas públicas a entregar información que les sea solicitada por particulares. Esto genera un escenario completamente nuevo, pues hasta ahora se entendía que quedaban fuera de esa obligación.
El abogado Pérez Castro se mostró complacido por el fallo, ya que la Corte le reconoció su derecho a solicitar la información al BancoEstado y a acudir ante el Consejo si no recibe los datos. Por eso, anunció que hoy "a primera hora" acudirá hasta las oficinas del banco con una carta en que reiterará su pedido.
Polémica sobre atribuciones
Las competencias del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas -como BancoEstado, TVN, Codelco y Enami- han sido materia de discusión en los primeros meses de la aplicación de la ley. Uno de los fallos más comentados fue el que obligó a TVN a publicar los sueldos de todos sus directivos, lo que está en proceso de apelación ante el Consejo por parte del canal estatal.
Pero, además, los directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) han cuestionado las atribuciones de la entidad. A raíz de las consultas por la emisión de un nuevo instructivo sobre Transparencia Activa, la directora del SEP, Mónica Singer, planteó que el Consejo "no tiene por función ni atribuciones" fiscalizar el cumplimiento de la transparencia en las empresas públicas ni aplicarles sanciones.
Autor: (El Mercurio)
En su primer fallo sobre la materia tras la entrada en vigor de la Ley sobre Acceso a la Información, en abril pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Consejo para la Transparencia tiene competencia para resolver reclamos tras pedidos de información a empresas públicas, lo que le permitiría obligar a dichas reparticiones a que entreguen datos ante solicitudes.
La Corte se pronunció sobre la presentación del abogado Álvaro Pérez Castro, gerente general de Unaco Chile, quien acudió al Consejo luego que BancoEstado le negara información que solicitó invocando la Ley de Transparencia.
El 12 de junio, el Consejo se declaró incompetente, al igual que en un fallo anterior que involucraba a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por estimar que las empresas públicas quedaban eximidas por la ley de la obligación de entregar la información, debiendo sólo cumplir con publicar datos específicos en sus sitios web.
Ante esto, Pérez Castro presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo.
El viernes pasado, la Séptima Sala de la Corte, integrada por los ministros Cornelio Villarroel y Mauricio Silva y el abogado integrante Antonio Barra, resolvió por unanimidad rechazar el recurso por ser presentado en forma "extemporánea".
Sin embargo, en el fallo se plantea que esto se realizó "no obstante haber sido el Consejo para la Transparencia plenamente competente para conocer del reclamo" del recurrente.
Según fuentes del Consejo, esto sienta un precedente para que, ante futuros reclamos, la entidad pueda resolver forzando a las empresas públicas a entregar información que les sea solicitada por particulares. Esto genera un escenario completamente nuevo, pues hasta ahora se entendía que quedaban fuera de esa obligación.
El abogado Pérez Castro se mostró complacido por el fallo, ya que la Corte le reconoció su derecho a solicitar la información al BancoEstado y a acudir ante el Consejo si no recibe los datos. Por eso, anunció que hoy "a primera hora" acudirá hasta las oficinas del banco con una carta en que reiterará su pedido.
Polémica sobre atribuciones
Las competencias del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas -como BancoEstado, TVN, Codelco y Enami- han sido materia de discusión en los primeros meses de la aplicación de la ley. Uno de los fallos más comentados fue el que obligó a TVN a publicar los sueldos de todos sus directivos, lo que está en proceso de apelación ante el Consejo por parte del canal estatal.
Pero, además, los directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) han cuestionado las atribuciones de la entidad. A raíz de las consultas por la emisión de un nuevo instructivo sobre Transparencia Activa, la directora del SEP, Mónica Singer, planteó que el Consejo "no tiene por función ni atribuciones" fiscalizar el cumplimiento de la transparencia en las empresas públicas ni aplicarles sanciones.
Autor: (El Mercurio)
domingo, 6 de septiembre de 2009
Los principios que van sentando los primeros fallos
Los primeros fallos indican jurisprudencia:
La sentencia a favor de Rosanna Costa, investigadora de Libertad y Desarrollo, que obligó al INE a dar la información sobre las cifras de empleo, estableció que los datos con que se construyen las estadísticas oficiales no son en principio reservados. En el amparo que obligó a la Municipalidad de Conchalí a entregar copias de las boletas por una pavimentación que se hizo dos veces en 2003, el Consejo estableció que no basta con que los servicios públicos invoquen una causal de reserva. Deben demostrar, además, en qué la respaldan. El Consejo obligó a Carabineros a informar quiénes (nacionalidad, sexo, el tiempo y dónde) cuentan con el resguardo del Departamento de Protección de Personas Importantes. Rechazó, en cambio, que tenga que informar sobre la dotación de ese departamento, conforme a la legislación militar. El fallo señaló que el derecho de acceder a la información pública es un derecho constitucional y las ventajas de dar la información deben superar el perjuicio al interés público que genera. En un requerimiento a Fonasa y Vivienda, el Consejo estableció que las calificaciones de sus funcionarios eran públicas y debían entregarse. No así los rut, que considera forman parte de los datos personales de carácter privado. Esta jurisprudencia terminará posiblemente en un cuestionamiento al Servel -como ya lo hizo presente en carta "El Mercurio" el ingeniero Sebastián Seebach- por estar vendiendo información personal de las personas inscritas en los registros electorales. En la solicitud para que la Secretaría General de Gobierno entregara sus encuestas, el Consejo reafirmó que aunque el resultado de los sondeos sea secreto hasta que finalice el período presidencial respectivo, los contratos para realizarlas son públicos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/06/nacional/nacional/noticias/314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F.htm?id={314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F} (El Mercurio)
La sentencia a favor de Rosanna Costa, investigadora de Libertad y Desarrollo, que obligó al INE a dar la información sobre las cifras de empleo, estableció que los datos con que se construyen las estadísticas oficiales no son en principio reservados. En el amparo que obligó a la Municipalidad de Conchalí a entregar copias de las boletas por una pavimentación que se hizo dos veces en 2003, el Consejo estableció que no basta con que los servicios públicos invoquen una causal de reserva. Deben demostrar, además, en qué la respaldan. El Consejo obligó a Carabineros a informar quiénes (nacionalidad, sexo, el tiempo y dónde) cuentan con el resguardo del Departamento de Protección de Personas Importantes. Rechazó, en cambio, que tenga que informar sobre la dotación de ese departamento, conforme a la legislación militar. El fallo señaló que el derecho de acceder a la información pública es un derecho constitucional y las ventajas de dar la información deben superar el perjuicio al interés público que genera. En un requerimiento a Fonasa y Vivienda, el Consejo estableció que las calificaciones de sus funcionarios eran públicas y debían entregarse. No así los rut, que considera forman parte de los datos personales de carácter privado. Esta jurisprudencia terminará posiblemente en un cuestionamiento al Servel -como ya lo hizo presente en carta "El Mercurio" el ingeniero Sebastián Seebach- por estar vendiendo información personal de las personas inscritas en los registros electorales. En la solicitud para que la Secretaría General de Gobierno entregara sus encuestas, el Consejo reafirmó que aunque el resultado de los sondeos sea secreto hasta que finalice el período presidencial respectivo, los contratos para realizarlas son públicos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/06/nacional/nacional/noticias/314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F.htm?id={314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F} (El Mercurio)
viernes, 4 de septiembre de 2009
Consejo de Transparencia ordena a Fonasa y Vivienda entregar calificaciones de funcionarios
Jueves 03 de Septiembre de 2009
En un fallo cuyos alcances se extienden a todas las reparticiones públicas, el Consejo para la Transparencia ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de la Vivienda la entrega de las calificaciones de todos sus funcionarios en el período que va de 2003 a 2008, acogiendo un amparo presentado en ese sentido.
Ante la solicitud presentada por Miguel Rojas Zúñiga a ambas reparticiones, y que fue igualmente denegada, él decidió llevar los casos al Consejo, argumentando que "las calificaciones de personal no pueden constituir una información reservada si la propia Ley de Transparencia declara públicos los sueldos, que son un dato más sensible".
Las calificaciones que realiza cada institución son la base para confeccionar el escalafón de planta, según el Estatuto Administrativo que rige a los órganos del Estado. Es un proceso que se realiza anualmente y que mide el período entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
En dos resoluciones fechadas el 31 de julio pasado, la entidad le dio la razón a Rojas.
Argumentos
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad", señalan ambos fallos, firmados por el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, y los consejeros Roberto Guerrero y Raúl Urrutia. El cuarto consejero, el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, se inhabilitó.
Los argumentos que entregaron ambas reparticiones a Rojas para rechazar su pedido fueron diferentes. En el caso de Fonasa, la repartición de gobierno argumentó que satisfacer el pedido implicaría "distraer indebidamente" a funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Además de lo anterior, el Minvu arguyó causales de reserva, y en una segunda instancia también argumentó la inexistencia de la información en formato Excel, que era el solicitado.
Sin embargo, el Consejo rechazó las argumentaciones, señalando que los datos solicitados ya estaban sistematizados, pues el escalafón de mérito se debe enviar a la Contraloría cada vez que termina el proceso de calificaciones.
En cuanto a la identificación de los funcionarios, el Consejo ordenó que se les debe individualizar con nombre, tipo de contrato, estamento al que pertenece, sexo, puntaje, lista de calificación y año, pero dictaminó que no se diera a conocer el RUT de los trabajadores.
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad".
"Se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de labores públicas, no a la esfera privada de los funcionarios".
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Ministras explican a la Contraloría uso de autos fiscales en acto de campaña
Las ministras de Trabajo, Claudia Serrano, y de Cultura, Paulina Urrutia, deberán explicar a la Contraloría, a través de un informe, las razones por las que el 19 de agosto pasado, se retiraron en autos fiscales de un acto de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en el Círculo Español. Ello, pese a existir una prohibición explícita a funcionarios públicos de hacer uso de recursos estatales para participar de actos de campaña.
Así lo solicitó el contralor Ramiro Mendoza a través de un oficio enviado a ambas autoridades el 28 de agosto.
Las respuestas servirán a la Contraloría para definir la procedencia de una investigación sumaria, luego que el diputado RN Cristián Monckeberg recurriera al organismo para denunciar el hecho, que incluso fue catalogado por La Moneda como "un error" de las ministras.
Serrano y Urrutia tienen un plazo de cinco días para enviar sus argumentos.
Resolución establece que el RUT es "secreto o reservado"
Los fallos del Consejo para la Transparencia sobre Fonasa y el Minvu también dictaminan otro tema relevante sobre la protección de datos personales: la entidad indicó explícitamente que la información que entreguen las instituciones estatales no debe incluir el RUT de las personas. "Es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública, y no directamente en un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado", se puntualiza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/03/nacional/politica/noticias/A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29.htm?id={A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29} (El Mercurio)
En un fallo cuyos alcances se extienden a todas las reparticiones públicas, el Consejo para la Transparencia ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de la Vivienda la entrega de las calificaciones de todos sus funcionarios en el período que va de 2003 a 2008, acogiendo un amparo presentado en ese sentido.
Ante la solicitud presentada por Miguel Rojas Zúñiga a ambas reparticiones, y que fue igualmente denegada, él decidió llevar los casos al Consejo, argumentando que "las calificaciones de personal no pueden constituir una información reservada si la propia Ley de Transparencia declara públicos los sueldos, que son un dato más sensible".
Las calificaciones que realiza cada institución son la base para confeccionar el escalafón de planta, según el Estatuto Administrativo que rige a los órganos del Estado. Es un proceso que se realiza anualmente y que mide el período entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
En dos resoluciones fechadas el 31 de julio pasado, la entidad le dio la razón a Rojas.
Argumentos
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad", señalan ambos fallos, firmados por el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, y los consejeros Roberto Guerrero y Raúl Urrutia. El cuarto consejero, el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, se inhabilitó.
Los argumentos que entregaron ambas reparticiones a Rojas para rechazar su pedido fueron diferentes. En el caso de Fonasa, la repartición de gobierno argumentó que satisfacer el pedido implicaría "distraer indebidamente" a funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Además de lo anterior, el Minvu arguyó causales de reserva, y en una segunda instancia también argumentó la inexistencia de la información en formato Excel, que era el solicitado.
Sin embargo, el Consejo rechazó las argumentaciones, señalando que los datos solicitados ya estaban sistematizados, pues el escalafón de mérito se debe enviar a la Contraloría cada vez que termina el proceso de calificaciones.
En cuanto a la identificación de los funcionarios, el Consejo ordenó que se les debe individualizar con nombre, tipo de contrato, estamento al que pertenece, sexo, puntaje, lista de calificación y año, pero dictaminó que no se diera a conocer el RUT de los trabajadores.
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad".
"Se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de labores públicas, no a la esfera privada de los funcionarios".
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Ministras explican a la Contraloría uso de autos fiscales en acto de campaña
Las ministras de Trabajo, Claudia Serrano, y de Cultura, Paulina Urrutia, deberán explicar a la Contraloría, a través de un informe, las razones por las que el 19 de agosto pasado, se retiraron en autos fiscales de un acto de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en el Círculo Español. Ello, pese a existir una prohibición explícita a funcionarios públicos de hacer uso de recursos estatales para participar de actos de campaña.
Así lo solicitó el contralor Ramiro Mendoza a través de un oficio enviado a ambas autoridades el 28 de agosto.
Las respuestas servirán a la Contraloría para definir la procedencia de una investigación sumaria, luego que el diputado RN Cristián Monckeberg recurriera al organismo para denunciar el hecho, que incluso fue catalogado por La Moneda como "un error" de las ministras.
Serrano y Urrutia tienen un plazo de cinco días para enviar sus argumentos.
Resolución establece que el RUT es "secreto o reservado"
Los fallos del Consejo para la Transparencia sobre Fonasa y el Minvu también dictaminan otro tema relevante sobre la protección de datos personales: la entidad indicó explícitamente que la información que entreguen las instituciones estatales no debe incluir el RUT de las personas. "Es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública, y no directamente en un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado", se puntualiza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/03/nacional/politica/noticias/A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29.htm?id={A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29} (El Mercurio)
jueves, 2 de julio de 2009
Sergio Galilea deberá entregar información a los chaiteninos
Quince días dio el Consejo de la Transparencia al intendente Sergio Galilea para dar antecedentes pedidos por la Agrupación de Hijos y Amigos de Chaitén sobre los montos globales y los presupuestos específicos para la zona afectada por la erupción del volcán Chaitén y su gasto.
Un fallo del Tribunal de la Transparencia descartó un sumario por ahora, pero instruye a Galilea para que detalle montos de obras, compra de bienes, asesorías, nóminas de consultorías, contratos, gastos de funcionarios, entre otros. Además, deberá aclarar la estimación de gastos por la emergencia de Chaitén, que ya supera los $43 mil 510 millones. Galilea dijo que la resolución ratifica su buena fe y complementará la información.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/07/02/nacional/nacional/noticias/533E64DC-7EDD-4C67-9987-811E56688E4A.htm?id={533E64DC-7EDD-4C67-9987-811E56688E4A}
Un fallo del Tribunal de la Transparencia descartó un sumario por ahora, pero instruye a Galilea para que detalle montos de obras, compra de bienes, asesorías, nóminas de consultorías, contratos, gastos de funcionarios, entre otros. Además, deberá aclarar la estimación de gastos por la emergencia de Chaitén, que ya supera los $43 mil 510 millones. Galilea dijo que la resolución ratifica su buena fe y complementará la información.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/07/02/nacional/nacional/noticias/533E64DC-7EDD-4C67-9987-811E56688E4A.htm?id={533E64DC-7EDD-4C67-9987-811E56688E4A}
miércoles, 1 de julio de 2009
Consejo de Transparencia obliga a Galilea a entregar información por emergencia en Chaitén
Tras su primera audiencia pública, el Consejo de Transparencia emitió una resolución en la cual se establece que el intendente de la Región de Los Lagos, Sergio Galilea, deberá entregar información detallada sobre la declaración de zona de emergencia en Chaitén luego del amparo interpuesto por el abogado Jaime Moraga.
El fallo se conoce luego de que el consejo tuviera la semana pasada su primera audiencia, en la que se vio el requerimiento de Moraga contra Galilea, pues el gobierno regional le denegó la solicitud de una serie de antecedentes sobre la ejecución presupuestaria en la zona de Chaitén tras la declaración de emergencia por la erupción del volcán.
Mientras Moraga planteó que Galilea tenía todos los datos y le correspondía entregarlos como máxima autoridad del Gobierno en la zona, el intendente planteó que el pedido fue demasiado amplio y que mucha de la información correspondía a otros organismos, como ministerios y las Fuerzas Armadas.
En el fallo el Consejo dictamina que "no puede calificarse de genérica la solicitud formulada a la Intendencia Regional de Los Lagos pidiendo que informe los montos globales y las partidas presupuestarias específicas invertidas en la zona afectada por la emergencia derivada de la erupción del volcán Chaitén y su gasto efectivo, sea en ejecución de obras, adquisición de bienes, proyectos de asesoría, nómina de consultoras contratadas, sus respectivos contratos, gastos funcionarios, contratación de personal de asesoría, encuestadores, remuneraciones y viáticos".
También se estableció que se deberá entregar la nómina de los beneficiarios con bonos de asistencia en relación a los desplazados de la comuna de Chaitén, los antecedentes legales que autoricen el pago y los antecedentes administrativos que sirvieron de base para la selección de los beneficiarios.
De acuerdo con la resolución del Consejo de Transparencia, el intendente Galilea deberá entregar dicha información, ya sea al domicilio del Moraga, o bien, a su correo electrónico, así como también tendrá que actualizar y completar la información sobre los bonos para los desplazados de Chaitén en el sitio web del GORE de Los Lagos, sección "Subsidios y Beneficios".
Asimismo, el Consejo rechazó, por ahora, la solicitud interpuesta por el abogado de iniciar un sumario en contra de Galilea.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365296 (Emol)
El fallo se conoce luego de que el consejo tuviera la semana pasada su primera audiencia, en la que se vio el requerimiento de Moraga contra Galilea, pues el gobierno regional le denegó la solicitud de una serie de antecedentes sobre la ejecución presupuestaria en la zona de Chaitén tras la declaración de emergencia por la erupción del volcán.
Mientras Moraga planteó que Galilea tenía todos los datos y le correspondía entregarlos como máxima autoridad del Gobierno en la zona, el intendente planteó que el pedido fue demasiado amplio y que mucha de la información correspondía a otros organismos, como ministerios y las Fuerzas Armadas.
En el fallo el Consejo dictamina que "no puede calificarse de genérica la solicitud formulada a la Intendencia Regional de Los Lagos pidiendo que informe los montos globales y las partidas presupuestarias específicas invertidas en la zona afectada por la emergencia derivada de la erupción del volcán Chaitén y su gasto efectivo, sea en ejecución de obras, adquisición de bienes, proyectos de asesoría, nómina de consultoras contratadas, sus respectivos contratos, gastos funcionarios, contratación de personal de asesoría, encuestadores, remuneraciones y viáticos".
También se estableció que se deberá entregar la nómina de los beneficiarios con bonos de asistencia en relación a los desplazados de la comuna de Chaitén, los antecedentes legales que autoricen el pago y los antecedentes administrativos que sirvieron de base para la selección de los beneficiarios.
De acuerdo con la resolución del Consejo de Transparencia, el intendente Galilea deberá entregar dicha información, ya sea al domicilio del Moraga, o bien, a su correo electrónico, así como también tendrá que actualizar y completar la información sobre los bonos para los desplazados de Chaitén en el sitio web del GORE de Los Lagos, sección "Subsidios y Beneficios".
Asimismo, el Consejo rechazó, por ahora, la solicitud interpuesta por el abogado de iniciar un sumario en contra de Galilea.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365296 (Emol)
martes, 23 de junio de 2009
Consejo para la Transparencia acota su campo de acción
En un fallo dividido, el Consejo para la Transparencia resolvió declararse incompetente para resolver reclamos en los casos en que una empresa pública niegue información a un tercero que lo solicite, en un fallo que acota su campo de actuación en la materia.
Por tres votos contra uno, los consejeros resolvieron en su sesión del 9 de junio no dar curso a la petición de amparo interpuesta por Mauricio Oyarzún Muñoz contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
El organismo se centró en dirimir si EFE -y, por extensión, las empresas públicas- estaba sujeta al procedimiento de reclamo para las reparticiones públicas, pues la empresa sostenía que el reglamento de la Ley de Transparencia había excluido expresamente en esa materia a dichas reparticiones.
En el voto de mayoría, firmado por Juan Pablo Olmedo (presidente del Consejo), Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero, los consejeros sostienen que la competencia de su organismo "está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción" de las normas de transparencia activa señaladas en el Artículo 10 de la ley, que incluyen dar a conocer en sus sitios web sus marcos normativos, estructuras orgánicas, información del personal y remuneraciones del directorio, entre otras.
Pero en el fallo se plantea que "no es posible extender las normas relativas al derecho de acceso a la información (procedimiento de amparo) a las empresas públicas, dado que el Artículo 10 no las contempló".
En la práctica, esto implica que si una solicitud de información ante una empresa pública es rechazada, no se podrá apelar ante el Consejo, y se deberá acudir a otras instancias, tales como la Corte de Apelaciones.
El voto disidente, del consejero Raúl Urrutia, planteó que la Ley de Transparencia establece "el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado", y que las empresas públicas están incluidas dentro de ese punto.
Además, citó el reciente fallo de la Corte Suprema, en que, en relación al caso de BancoEstado, se determinó que las empresas públicas pueden ser objeto de fiscalización y solicitudes de información por parte de la Contraloría y la Cámara Baja.
Olmedo señaló que "el Consejo ha estimado que es competente para todas las acciones de transparencia activa, lo que incluye infracciones y reclamos en esta materia. Lo que se ha planteado como no competente, por una razón legal, es el procedimiento de amparo por solicitudes de información".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/23/nacional/_portada/noticias/F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30.htm?id={F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30} (El Mercurio)
Por tres votos contra uno, los consejeros resolvieron en su sesión del 9 de junio no dar curso a la petición de amparo interpuesta por Mauricio Oyarzún Muñoz contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
El organismo se centró en dirimir si EFE -y, por extensión, las empresas públicas- estaba sujeta al procedimiento de reclamo para las reparticiones públicas, pues la empresa sostenía que el reglamento de la Ley de Transparencia había excluido expresamente en esa materia a dichas reparticiones.
En el voto de mayoría, firmado por Juan Pablo Olmedo (presidente del Consejo), Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero, los consejeros sostienen que la competencia de su organismo "está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción" de las normas de transparencia activa señaladas en el Artículo 10 de la ley, que incluyen dar a conocer en sus sitios web sus marcos normativos, estructuras orgánicas, información del personal y remuneraciones del directorio, entre otras.
Pero en el fallo se plantea que "no es posible extender las normas relativas al derecho de acceso a la información (procedimiento de amparo) a las empresas públicas, dado que el Artículo 10 no las contempló".
En la práctica, esto implica que si una solicitud de información ante una empresa pública es rechazada, no se podrá apelar ante el Consejo, y se deberá acudir a otras instancias, tales como la Corte de Apelaciones.
El voto disidente, del consejero Raúl Urrutia, planteó que la Ley de Transparencia establece "el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado", y que las empresas públicas están incluidas dentro de ese punto.
Además, citó el reciente fallo de la Corte Suprema, en que, en relación al caso de BancoEstado, se determinó que las empresas públicas pueden ser objeto de fiscalización y solicitudes de información por parte de la Contraloría y la Cámara Baja.
Olmedo señaló que "el Consejo ha estimado que es competente para todas las acciones de transparencia activa, lo que incluye infracciones y reclamos en esta materia. Lo que se ha planteado como no competente, por una razón legal, es el procedimiento de amparo por solicitudes de información".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/23/nacional/_portada/noticias/F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30.htm?id={F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30} (El Mercurio)
domingo, 14 de junio de 2009
Consejo de la Transparencia obliga al CNTV a publicar información en su sitio web
Sábado 13 de Junio del 2009
Fue el segundo fallo del Consejo para la Transparencia. Ayer, la entidad decidió exigir al Consejo Nacional de Televisión, que preside Jorge Navarrete (en la foto), que publique en un plazo máximo de 10 días hábiles una serie de datos obligatorios de transparencia en su sitio web, entre ellos, las contrataciones hechas por el organismo, los resultados de las auditorías al presupuesto y las entidades en que tenga participación o intervención. El reclamo fue presentado por Patricio Herman y José Tomás Fabres a inicios de mayo
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/13/nacional/politica/noticias/5F18D9BB-DBB7-4286-8AAB-1DDD512165BF.htm?id={5F18D9BB-DBB7-4286-8AAB-1DDD512165BF}(El Mercurio)
Fue el segundo fallo del Consejo para la Transparencia. Ayer, la entidad decidió exigir al Consejo Nacional de Televisión, que preside Jorge Navarrete (en la foto), que publique en un plazo máximo de 10 días hábiles una serie de datos obligatorios de transparencia en su sitio web, entre ellos, las contrataciones hechas por el organismo, los resultados de las auditorías al presupuesto y las entidades en que tenga participación o intervención. El reclamo fue presentado por Patricio Herman y José Tomás Fabres a inicios de mayo
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/13/nacional/politica/noticias/5F18D9BB-DBB7-4286-8AAB-1DDD512165BF.htm?id={5F18D9BB-DBB7-4286-8AAB-1DDD512165BF}(El Mercurio)
viernes, 5 de junio de 2009
Fallo del Consejo para la Transparencia obliga a universidades estatales a publicar remuneraciones
El Consejo para la Transparencia resolvió que todas las universidades estatales deberán publicar en sus sitios web la información sobre las remuneraciones de todos sus funcionarios, en su primer fallo tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.Esto se debe a que el Consejo acogió la presentación del profesor Pedro Vergara, de la Universidad de los Lagos, quien exigía a la entidad que publicara el listado íntegro de los sueldos, dado que los montos publicados eran menores a los percibidos.El fallo no sólo dictaminó que la universidad debe cumplir con la publicación del listado en un plazo de 15 días, sino que extendió la obligación al resto de las instituciones estatales de educación superior. Éstas serán notificadas la próxima semana por el Consejo.Fuentes del organismo precisaron que la resolución no es extensible para otros sectores que hoy no están obligados a publicar sueldos de todos sus funcionarios, como las empresas públicas. Sin embargo, señalaron que los miembros de esas entidades pueden acudir al Consejo si estiman que se debe aplicar el mismo principio, y éste deberá evaluar el tema.En tanto, la primera audiencia del Consejo quedó fijada para el 23 de junio, y será por el reclamo contra la Intendencia de los Lagos por no entregar información sobre la ejecución de presupuestos en la zona afectada por la erupción del volcán Chaitén.
Renuncia rector de la ULA
El rector de la Universidad de los Lagos, Luis Aguilar, comunicó el miércoles pasado que abandonará anticipadamente su mandato, con el propósito de colaborar con las medidas de contención económica que se implementarán en el establecimiento. Esta decisión se oficializa en medio de movilizaciones de profesores, alumnos y administrativos, quienes en reiteradas oportunidades han exigido su renuncia ante la crisis institucional y económica de la universidad.Todo comenzó en abril pasado cuando se informó que unos 170 funcionarios serían despedidos para reducir gastos. Esto generó una movilización por parte de los administrativos, la que recrudeció cuando se supo que la universidad registra una millonaria deuda histórica.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/05/nacional/nacional/noticias/75F59E19-2FB8-4FAB-B45C-7F268A692952.htm?id={75F59E19-2FB8-4FAB-B45C-7F268A692952} (El Mercurio)
Renuncia rector de la ULA
El rector de la Universidad de los Lagos, Luis Aguilar, comunicó el miércoles pasado que abandonará anticipadamente su mandato, con el propósito de colaborar con las medidas de contención económica que se implementarán en el establecimiento. Esta decisión se oficializa en medio de movilizaciones de profesores, alumnos y administrativos, quienes en reiteradas oportunidades han exigido su renuncia ante la crisis institucional y económica de la universidad.Todo comenzó en abril pasado cuando se informó que unos 170 funcionarios serían despedidos para reducir gastos. Esto generó una movilización por parte de los administrativos, la que recrudeció cuando se supo que la universidad registra una millonaria deuda histórica.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/05/nacional/nacional/noticias/75F59E19-2FB8-4FAB-B45C-7F268A692952.htm?id={75F59E19-2FB8-4FAB-B45C-7F268A692952} (El Mercurio)
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