En el juzgado de garantía de esta ciudad, el Ministerio Público formalizó a un ex ejecutivo de la División Norte de Codelco por los delitos de cohecho, violación de secreto y enriquecimiento ilícito.
Esto, luego de que representantes legales de la compañía estatal y del Consejo de Defensa del Estado presentaran querellas en su contra. Este último organismo lo había acusado de fraude al fisco y a diversas reparticiones del Estado, delitos que finalmente no se consideraron.
Según la presentación realizada al tribunal por el fiscal adjunto de Calama, Eduardo Peña -especialista en delitos económicos-, Juan Carlos Olivos (55) habría recibido pagos por parte de empresas proveedoras de maquinarias y vehículos de carga, como tolvas y camiones, mientras se desempeñaba como subgerente de mantención minas en la mayor división de la empresa estatal.
Previamente, las compañías se habían adjudicado contratos para prestar servicios en distintos yacimientos que explota Codelco en la provincia El Loa, Región de Antofagasta.
En un lapso de dos años, el imputado habría recibido entre 120 y 130 millones de pesos por las supuestas comisiones de servicio. Los dineros habrían sido depositados en la cuenta corriente del ex ejecutivo por las empresas favorecidas por sus gestiones, y según la fiscalía, fueron pagados en cuotas de cuatro, siete y hasta nueve millones de pesos.
Sanciones y plazos
Según el Ministerio Público, Olivos, que quedó con la medida cautelar de firma mensual, arriesga una condena no mayor a cinco años de presidio.
Asimismo, al pago de multas por la misma cantidad de dinero recibido, e incluso el doble de su valor.
Tras la audiencia, el tribunal de garantía de Calama dio un plazo de cuarenta días para que finalice la investigación.
Juan Carlos Olivos trabajó como subgerente de mantención minas en la empresa estatal hasta marzo de 2008. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha formalizado a ningún propietario de las compañías proveedoras de servicios que estarían implicadas en el caso.
$130 millones
en pagos habría recibido el acusado de los proveedores de servicios a Codelco Norte.
Dos años
es el período en que la fiscalía dice que recibió ese monto, mediante depósitos periódicos en su cuenta corriente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/01/nacional/nacional/noticias/B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369.htm?id={B481C4D0-AAD5-4213-8FD5-713390500369}(El Mercurio)
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viernes, 1 de octubre de 2010
Caso Paquistaní: Fiscalía solicitaría ampliar plazo de investigación
El fiscal de la zona Metropolitana Sur, Pablo Sabaj, que indaga el caso del ciudadano paquistaní detenido en la embajada de EE.UU. en mayo pasado, habría decidido solicitar al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la ampliación del plazo de investigación.
Así lo señalaron a Emol fuentes policiales, las que agregaron que la petición se realizará el próximo lunes en una audiencia por el término de dicho plazo.
Trascendió que la razón que esgrimirá el persecutor es que aún están pendientes los resultados de unas pericias informáticas, que se estarían realizando tanto en Chile como en el extranjero.
De acuerdo a las fuentes, dichos resultados tienen vital importancia, ya que de ello dependería el futuro procesal de Mohamed Saif Ur Rehman Khan.
Khan fue detenido el lunes 10 de mayo en la embajada de Estados Unidos tras presentar trazas de tetril, una sustancia empleada para fabricar la detonación de explosivos, en sus documentos y en un teléfono celular.
Luego de ello fue formalizado por el delito de porte ilegal de explosivos, quedando en libertad pero con firma periódica.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=438972 (Emol)
Así lo señalaron a Emol fuentes policiales, las que agregaron que la petición se realizará el próximo lunes en una audiencia por el término de dicho plazo.
Trascendió que la razón que esgrimirá el persecutor es que aún están pendientes los resultados de unas pericias informáticas, que se estarían realizando tanto en Chile como en el extranjero.
De acuerdo a las fuentes, dichos resultados tienen vital importancia, ya que de ello dependería el futuro procesal de Mohamed Saif Ur Rehman Khan.
Khan fue detenido el lunes 10 de mayo en la embajada de Estados Unidos tras presentar trazas de tetril, una sustancia empleada para fabricar la detonación de explosivos, en sus documentos y en un teléfono celular.
Luego de ello fue formalizado por el delito de porte ilegal de explosivos, quedando en libertad pero con firma periódica.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=438972 (Emol)
jueves, 30 de septiembre de 2010
Corte rechaza recusación del fiscal Peña contra jueces
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la recusación presentada en contra de los jueces del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena y Sergio Córdova, quienes rechazaron levantar el secreto bancario a una cuenta ligada al grupo antisistémico investigado por el caso bombas.
La recusación había sido presentada por el fiscal Alejandro Peña, por considerar que los magistrados, en sus argumentos para rechazar tal petición, emitieron opinión.
En esa ocasión, los jueces requeridos señalaron que la Ley de Inteligencia que permite esta medida estaba mal aplicada por parte de la Fiscalía Sur.
El considerando 18° de la resolución señala que "los argumentos dados por los jueces al resolver de la forma que lo hicieron, no configura la causal de inhabilidad planteada en su respecto, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, no han emitido pronunciamiento o dictamen sobre la cuestión pendiente", como lo señala el Código Orgánico de Tribunales.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B.htm?id={67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B} (El Mercurio)
La recusación había sido presentada por el fiscal Alejandro Peña, por considerar que los magistrados, en sus argumentos para rechazar tal petición, emitieron opinión.
En esa ocasión, los jueces requeridos señalaron que la Ley de Inteligencia que permite esta medida estaba mal aplicada por parte de la Fiscalía Sur.
El considerando 18° de la resolución señala que "los argumentos dados por los jueces al resolver de la forma que lo hicieron, no configura la causal de inhabilidad planteada en su respecto, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, no han emitido pronunciamiento o dictamen sobre la cuestión pendiente", como lo señala el Código Orgánico de Tribunales.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/09/30/nacional/nacional/noticias/67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B.htm?id={67DAF228-8468-443B-9AEA-8BA195D8BF2B} (El Mercurio)
lunes, 13 de septiembre de 2010
Formalizan a ex jefe policial que alteró informe para beneficiar a imputados
A fines de 2004, ex directivos de la Fundación Oscar y Elsa Braun comenzaron a ser investigados por la justicia, a raíz de supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y apropiación indebida que afectaba el patrimonio de la institución.
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
Justicia deja sin efecto acusación por "ofensas al pudor" contra diputado Alinco
La Justicia decidió dejar sin efecto la denuncia efectuada por Carabineros contra el diputado PPD René Alinco por “ofensas al pudor”, luego que fuera sorprendido al interior de su vehículo con una mujer en el sector de Tejas Verdes, región de Aysén.
Así lo decidió el juez de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, quien sostuvo que Carabineros no protegió "la vida privada y la honra" del parlamentario.
El documento del tribunal, que está en el sitio web del Poder Judicial, detalló que "el hecho que un hombre y una mujer, adultos los dos, permanezcan en el interior de un vehículo particular, sea que realicen o no un acto sexual, en un sitio eriazo y alejado de la circulación de público, y sin otro observador que los carabineros que se acercan al lugar, no puede considerarse bajo ningún respecto una ofensa al pudor que sea de conocimiento de los Tribunales de Justicia".
"Este error de apreciación, ha llevado a formular una denuncia sin fundamentos, que tiene como consecuencia insospechada y grave, la afectación de una garantía constitucional de las personas denunciadas, como lo es el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
"Es decir, se trata de una intromisión indebida en la esfera de la intimidad de las personas, cuya limitación a la Policía, está claramente establecida en la Constitución y las leyes", concluyó el escrito judicial.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=587242(La Segunda)
Así lo decidió el juez de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, quien sostuvo que Carabineros no protegió "la vida privada y la honra" del parlamentario.
El documento del tribunal, que está en el sitio web del Poder Judicial, detalló que "el hecho que un hombre y una mujer, adultos los dos, permanezcan en el interior de un vehículo particular, sea que realicen o no un acto sexual, en un sitio eriazo y alejado de la circulación de público, y sin otro observador que los carabineros que se acercan al lugar, no puede considerarse bajo ningún respecto una ofensa al pudor que sea de conocimiento de los Tribunales de Justicia".
"Este error de apreciación, ha llevado a formular una denuncia sin fundamentos, que tiene como consecuencia insospechada y grave, la afectación de una garantía constitucional de las personas denunciadas, como lo es el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
"Es decir, se trata de una intromisión indebida en la esfera de la intimidad de las personas, cuya limitación a la Policía, está claramente establecida en la Constitución y las leyes", concluyó el escrito judicial.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=587242(La Segunda)
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Definición de tribunal que finalmente llevará el "caso bombas" podría llegar a la Corte Suprema
El juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, acogió la solicitud de dos abogados defensores del denominado "caso bombas" de pedir la inhibición del 11° Juzgado de Garantía, tribunal que actualmente ve la causa, en la que ya hay 15 personas formalizadas por asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos.
La resolución -dependiendo de las diligencias que siguen- podría terminar con que el caso se ventile en el 8° tribunal, con jurisdicción en La Reina y en Ñuñoa. En este juzgado hay dos jueces en proceso de recusación por esta causa, luego que la Fiscalía Sur (unidad que lleva la investigación) solicitara el levantamiento del secreto bancario en la arista que apuntaba a definir redes de financiamiento del grupo. El recurso aún no se decide.
Según los defensores que alegaron el recurso (Mario Araya, Miguel Soto, Viviana Castell y Mauricio Daza), el primer hecho investigado corresponde al de la Automotora Atal en Providencia, ocurrido en marzo de 2007. Además apelaron al principio del "juez natural", que apunta a que el primer magistrado que vio la causa debería terminar con ella.
El Ministerio Público, en tanto, defendió su posición y señaló que el delito investigado corresponde a la asociación ilícita terrorista, y el hecho que marca este delito es una explosión ocurrida en una sucursal de Chilectra en La Cisterna (jurisdicción del 11° Juzgado), en octubre de 2007, en la que por primera vez se usó TNT, explosivo que luego de un análisis permitió ligar los hechos y comenzar a establecer la supuesta red.
Ahora, el 11° Juzgado deberá definir si acepta la inhabilidad y entrega todos los antecedentes a su similar o si, por el contrario, rechaza el emplazamiento. De suceder esto último, el asunto sería definido por la Corte Suprema, situación que se repetiría también si el tribunal acepta y la fiscalía apela de ello.
Tribunal da por cumplida pena de 220 días a vasco
El tribunal oral en lo penal de Temuco condenó a 220 días de prisión al ciudadano español, de origen vasco, Asel Luzárraga (38), al declararlo culpable de tenencia de partes y piezas para confeccionar artefactos explosivos. Sin embargo, dio por cumplida la pena por el tiempo que permaneció en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. El escritor y músico anarquista, que apoya la causa mapuche, arriesga ahora la expulsión del país. Luzárraga, residente en Chile desde fines de 2008, fue detenido el 31 de diciembre del año pasado. Ello, tras un fallido atentado explosivo en el antejardín de la seremi de Justicia de Temuco. Allanada su casa, la policía encontró un bolso con material explosivo y detonadores. El vasco era investigado por un atentado anterior a una Farmacia Ahumada de Temuco.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/08/nacional/nacional/noticias/127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38.htm?id={127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38}(El Mercurio)
La resolución -dependiendo de las diligencias que siguen- podría terminar con que el caso se ventile en el 8° tribunal, con jurisdicción en La Reina y en Ñuñoa. En este juzgado hay dos jueces en proceso de recusación por esta causa, luego que la Fiscalía Sur (unidad que lleva la investigación) solicitara el levantamiento del secreto bancario en la arista que apuntaba a definir redes de financiamiento del grupo. El recurso aún no se decide.
Según los defensores que alegaron el recurso (Mario Araya, Miguel Soto, Viviana Castell y Mauricio Daza), el primer hecho investigado corresponde al de la Automotora Atal en Providencia, ocurrido en marzo de 2007. Además apelaron al principio del "juez natural", que apunta a que el primer magistrado que vio la causa debería terminar con ella.
El Ministerio Público, en tanto, defendió su posición y señaló que el delito investigado corresponde a la asociación ilícita terrorista, y el hecho que marca este delito es una explosión ocurrida en una sucursal de Chilectra en La Cisterna (jurisdicción del 11° Juzgado), en octubre de 2007, en la que por primera vez se usó TNT, explosivo que luego de un análisis permitió ligar los hechos y comenzar a establecer la supuesta red.
Ahora, el 11° Juzgado deberá definir si acepta la inhabilidad y entrega todos los antecedentes a su similar o si, por el contrario, rechaza el emplazamiento. De suceder esto último, el asunto sería definido por la Corte Suprema, situación que se repetiría también si el tribunal acepta y la fiscalía apela de ello.
Tribunal da por cumplida pena de 220 días a vasco
El tribunal oral en lo penal de Temuco condenó a 220 días de prisión al ciudadano español, de origen vasco, Asel Luzárraga (38), al declararlo culpable de tenencia de partes y piezas para confeccionar artefactos explosivos. Sin embargo, dio por cumplida la pena por el tiempo que permaneció en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. El escritor y músico anarquista, que apoya la causa mapuche, arriesga ahora la expulsión del país. Luzárraga, residente en Chile desde fines de 2008, fue detenido el 31 de diciembre del año pasado. Ello, tras un fallido atentado explosivo en el antejardín de la seremi de Justicia de Temuco. Allanada su casa, la policía encontró un bolso con material explosivo y detonadores. El vasco era investigado por un atentado anterior a una Farmacia Ahumada de Temuco.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/08/nacional/nacional/noticias/127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38.htm?id={127270B4-72AF-498A-AFC2-EB6C8F724F38}(El Mercurio)
jueves, 13 de mayo de 2010
Embajada de Pakistán duda de evidencia que vincula a detenido con terrorismo
La embajada de Pakistán en Chile se refirió por primera vez a la detención del ciudadano de ese país Mohamed Saif Ur Rehman Khan (28), planteando sus dudas sobre la evidencia que lo vincula al terrorismo.
La representación diplomática emitió un comunicado, que fue leído por el embajador Burhanul Islam, en el que afirma que permanece comprometida a proveer toda la ayuda legal y consular necesaria al ciudadano paquistaní acusado.
Tras plantear que Pakistán es un Estado de primera línea al momento de luchar contra el terrorismo mundial, la nota agrega que "en este caso, la embajada no ha recibido detalles de los cargos ni evidencia sólida que establezcan que Saif Ur Rehman tiene algún vínculo con alguna organización terrorista o tenga la intención de cometer un acto terrorista en la embajada de Estados Unidos en Santiago. Aún estamos a la espera de información sustancial sobre el caso".
Dice luego que, según entienden, Saif Ur Rehman está siendo juzgado por la Ley Antiterrorista de nuestro país, que se aplica a individuos que cometen actos terroristas en Chile.
"Si Saif Ur Rehman cometió un acto criminal en Chile, él podría ser procesado de acuerdo a la evidencia apropiada. En caso de que él sólo estuviese en una lista de vigilancia terrorista, como fue publicado en la prensa local, debe ser investigado cómo se establecen sus vínculos con organizaciones terroristas, y el juicio en su contra requeriría regulaciones y leyes diferentes. Respetamos las leyes chilenas y su adherencia a los derechos humanos y a la justicia".
El embajador explicó que habló con el padre de Khan, quien negó toda vinculación de éste con organizaciones terroristas. Agregó que no puede afirmar que se trate de un complot, pero que tiene más preguntas que respuestas sobre el incidente.
Dijo confiar en que el caso siga el curso legal apropiado, lo que le fue asegurado ayer por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se contactó con el senador Alejandro Navarro, quien cursó una invitación a Chile a la familia del detenido.
''Tendría que ser un muy mal terrorista si entra con rastros de material explosivo a la embajada".BURHANUL ISLAMEMBAJADOR DE PAKISTÁN EN CHILE Experto: salafismo no tiene a Chile como un objetivo
El salafismo es una corriente radical que nace en Asia Central y se extiende al norte de África, zonas de conflicto donde se usa el discurso islámico para legitimar posiciones. Y la situación de crisis de esas sociedades ha provocado un crecimiento de sus seguidores, explicó el investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Eugenio Chahuán.
"La salafilla como movimiento surge a fines del siglo XIX y comienzos del XX para reformar el islam", señaló. Pero algunos grupos yihadistas se unieron a grupos salafistas que complicaron este debate y se convirtieron en una amenaza.
Sin embargo, Chahuán llamó a ser prudentes para calificar la presencia en el país del paquistaní detenido. "Chile no es objetivo para los salafistas. Tampoco hay una cantidad de musulmanes que permita articular un movimiento político del islam". La comunidad que profesa esa religión es pequeña en Chile y el último censo arrojó 2.900 personas que se reconocen como tal, informó.
Consideró extrañas las circunstancias que rodean la detención de Khan y no quiso opinar en lo particular.
Pero, dijo, "las autoridades deben tener cautela en este tema... lo único que no puede ocurrir es una cuestión xenófoba" a raíz del caso.Nutrido intercambio de información entre el FBI y organismos chilenos
Un nutrido intercambio de información sobre el paquistaní Mohamed Saif Ur Rehman Khan han sostenido en las últimas horas el FBI estadounidense y organismos de seguridad chilenos.
Según fuentes judiciales y policiales, en este contexto se indaga al menos a cuatro personas cercanas al imputado y que también pertenecen al ámbito del islam en nuestro país. Uno de ellos, quien sería el más cercano al paquistaní detenido, es un egipcio. También se revisan los contactos de Khan fuera del país.
En lo judicial, dos defensores públicos asumieron ayer la representación del paquistaní. Claudio Aspe y Gabriel Carrión presentaron un amparo de garantía en favor de Khan, con el fin de pedir la incompetencia de la titular del 8º Juzgado de Garantía Ely Ruthford, quien el martes, y a petición de la fiscalía, amplió a cinco días la detención del extranjero.
La magistrada acogió el recurso y se declaró incompetente, por lo que envió los antecedentes al 4º Juzgado de Garantía, que tiene la jurisdicción de Las Condes. Ello no modificó la detención del paquistaní, quien será formalizado el domingo.
Aspe y Carrión visitaron dos veces a Khan, quien les habría insistido en que no entiende los cargos que se le imputan. Los defensores evalúan presentar un segundo recurso para lograr llevarlo ante un juez de garantía lo antes posible.
Investigan reunión en Iquique
En tanto, trascendió que la policía indaga detalles de una reunión efectuada entre el 2 y 5 de abril en Iquique, y en la que habrían participado islamistas radicalizados. Khan habría asistido a la cita, organizada por un paquistaní nacionalizado venezolano.
El Presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó ayer que trabaja con líderes paquistaníes y afganos para reducir la influencia terrorista en esas regiones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/nacional/noticias/4DB69C7C-46D2-413E-9EFD-98D9DA51B1B1.htm?id={4DB69C7C-46D2-413E-9EFD-98D9DA51B1B1}(El Mercurio)
La representación diplomática emitió un comunicado, que fue leído por el embajador Burhanul Islam, en el que afirma que permanece comprometida a proveer toda la ayuda legal y consular necesaria al ciudadano paquistaní acusado.
Tras plantear que Pakistán es un Estado de primera línea al momento de luchar contra el terrorismo mundial, la nota agrega que "en este caso, la embajada no ha recibido detalles de los cargos ni evidencia sólida que establezcan que Saif Ur Rehman tiene algún vínculo con alguna organización terrorista o tenga la intención de cometer un acto terrorista en la embajada de Estados Unidos en Santiago. Aún estamos a la espera de información sustancial sobre el caso".
Dice luego que, según entienden, Saif Ur Rehman está siendo juzgado por la Ley Antiterrorista de nuestro país, que se aplica a individuos que cometen actos terroristas en Chile.
"Si Saif Ur Rehman cometió un acto criminal en Chile, él podría ser procesado de acuerdo a la evidencia apropiada. En caso de que él sólo estuviese en una lista de vigilancia terrorista, como fue publicado en la prensa local, debe ser investigado cómo se establecen sus vínculos con organizaciones terroristas, y el juicio en su contra requeriría regulaciones y leyes diferentes. Respetamos las leyes chilenas y su adherencia a los derechos humanos y a la justicia".
El embajador explicó que habló con el padre de Khan, quien negó toda vinculación de éste con organizaciones terroristas. Agregó que no puede afirmar que se trate de un complot, pero que tiene más preguntas que respuestas sobre el incidente.
Dijo confiar en que el caso siga el curso legal apropiado, lo que le fue asegurado ayer por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se contactó con el senador Alejandro Navarro, quien cursó una invitación a Chile a la familia del detenido.
''Tendría que ser un muy mal terrorista si entra con rastros de material explosivo a la embajada".BURHANUL ISLAMEMBAJADOR DE PAKISTÁN EN CHILE Experto: salafismo no tiene a Chile como un objetivo
El salafismo es una corriente radical que nace en Asia Central y se extiende al norte de África, zonas de conflicto donde se usa el discurso islámico para legitimar posiciones. Y la situación de crisis de esas sociedades ha provocado un crecimiento de sus seguidores, explicó el investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Eugenio Chahuán.
"La salafilla como movimiento surge a fines del siglo XIX y comienzos del XX para reformar el islam", señaló. Pero algunos grupos yihadistas se unieron a grupos salafistas que complicaron este debate y se convirtieron en una amenaza.
Sin embargo, Chahuán llamó a ser prudentes para calificar la presencia en el país del paquistaní detenido. "Chile no es objetivo para los salafistas. Tampoco hay una cantidad de musulmanes que permita articular un movimiento político del islam". La comunidad que profesa esa religión es pequeña en Chile y el último censo arrojó 2.900 personas que se reconocen como tal, informó.
Consideró extrañas las circunstancias que rodean la detención de Khan y no quiso opinar en lo particular.
Pero, dijo, "las autoridades deben tener cautela en este tema... lo único que no puede ocurrir es una cuestión xenófoba" a raíz del caso.Nutrido intercambio de información entre el FBI y organismos chilenos
Un nutrido intercambio de información sobre el paquistaní Mohamed Saif Ur Rehman Khan han sostenido en las últimas horas el FBI estadounidense y organismos de seguridad chilenos.
Según fuentes judiciales y policiales, en este contexto se indaga al menos a cuatro personas cercanas al imputado y que también pertenecen al ámbito del islam en nuestro país. Uno de ellos, quien sería el más cercano al paquistaní detenido, es un egipcio. También se revisan los contactos de Khan fuera del país.
En lo judicial, dos defensores públicos asumieron ayer la representación del paquistaní. Claudio Aspe y Gabriel Carrión presentaron un amparo de garantía en favor de Khan, con el fin de pedir la incompetencia de la titular del 8º Juzgado de Garantía Ely Ruthford, quien el martes, y a petición de la fiscalía, amplió a cinco días la detención del extranjero.
La magistrada acogió el recurso y se declaró incompetente, por lo que envió los antecedentes al 4º Juzgado de Garantía, que tiene la jurisdicción de Las Condes. Ello no modificó la detención del paquistaní, quien será formalizado el domingo.
Aspe y Carrión visitaron dos veces a Khan, quien les habría insistido en que no entiende los cargos que se le imputan. Los defensores evalúan presentar un segundo recurso para lograr llevarlo ante un juez de garantía lo antes posible.
Investigan reunión en Iquique
En tanto, trascendió que la policía indaga detalles de una reunión efectuada entre el 2 y 5 de abril en Iquique, y en la que habrían participado islamistas radicalizados. Khan habría asistido a la cita, organizada por un paquistaní nacionalizado venezolano.
El Presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó ayer que trabaja con líderes paquistaníes y afganos para reducir la influencia terrorista en esas regiones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/13/nacional/nacional/noticias/4DB69C7C-46D2-413E-9EFD-98D9DA51B1B1.htm?id={4DB69C7C-46D2-413E-9EFD-98D9DA51B1B1}(El Mercurio)
miércoles, 12 de mayo de 2010
Paquistaní capturado con rastros de explosivos está en lista de vigilancia terrorista de EE.UU.
La llegada de Mohammad Saif Ur Rehman Khan a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, en la tarde del lunes, no sorprendió al personal de la sede diplomática. El paquistaní de 28 años, que vive en Chile desde enero, había sido citado por las propias autoridades consulares estadounidenses. ¿La razón? Comunicarle que su visa para ingresar a ese país -vigente hasta 2014- sería revocada porque su nombre había sido incluido en una lista de vigilancia terrorista elaborada por Washington.
Pero Khan no alcanzó a escuchar la noticia. Cuando entregó su teléfono celular a los guardias de la embajada, los equipos de vigilancia detectaron que en el aparato había trazas de un explosivo. Los encargados de seguridad alertaron a Carabineros, que detuvo al extranjero y comenzó una serie de diligencias para indagar sobre su historial y cómo pudo tener contacto con la sustancia denominada tetryl (ver nota relacionada).
Mientras en Washington el Departamento de Estado confirmó que Mohammad Saif Ur Rehman Khan había sido citado a la embajada santiaguina "por un asunto consular", en Chile fuentes de la investigación ratificaron que el nombre del paquistaní está en un listado de personas potencialmente riesgosas elaborado en Estados Unidos.
Este último antecedente fue refrendado por un oficial del Departamento de Estado a la cadena ABC, según publicó el sitio web de la televisora estadounidense.
En ese contexto, fuentes de inteligencia informaron a "El Mercurio"que Khan tiene un perfil "de alto interés para las autoridades estadounidenses". Desde que se conoció la detención del paquistaní, se explicó, las comunicaciones "son fluidas y constantes" entre oficinas especializadas de Washington y Santiago.
Las mismas fuentes admitieron que la línea investigativa apunta a sus conexiones "con redes internacionales ilegales y de activistas altamente radicalizados". Por la noche trascendió que en lo religioso, pertenecería a la línea salafista del islam (ver recuadro), por lo que se investiga a su círculo más cercano en Santiago.
El paquistaní "es de verdad", comentó una alta fuente policial para explicar su habilidad y preparación para afrontar interrogatorios y responder las preguntas, como también para dar una hilvanada versión de su presencia en Chile.
El detenido tiene un hermano que es profesor de la Universidad de Berkeley, California, y él mismo habría vivido durante tres años en Texas. Se sabe que pretendía retornar en enero a EE.UU., pero finalmente se desvió a Santiago, donde arribó el 16 de ese mes con visa de turista por 90 días. Luego renovó esa autorización por otros 90 días, la que vencía el 15 de julio.
Una de las aristas que se investiga es si Khan tiene entrenamiento del talibán, cuyos integrantes, en su mayoría, profesan la misma corriente salafista.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no descartó su vinculación con redes terroristas: "Estamos mirando todos los aspectos que puedan significar cualquier forma de delincuencia, incluso el terrorismo. Y vamos a ser implacables en el combate de cualquier forma de delincuencia, especialmente el terrorismo y el narcotráfico".
EE.UU. remarcó ayer su interés en Khan. El vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, afirmó que su país colaborará "plenamente con las autoridades chilenas" y que hace su propia indagación del sujeto.
Detención ampliada
En medio de estas averiguaciones, ayer el Gobierno intercedió ante la Fiscalía Metropolitana Oriente con el fin de ampliar el plazo de detención de Khan.
La decisión se adoptó en la tarde, tras una reservada reunión del fiscal Xavier Armendáriz y del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, que se pronlongó durante una hora.
Cerca de las 14:30 horas, el fiscal Francisco Jacir llamó por teléfono a la jueza del 8º Juzgado de Garantía, Ely Ruthfeld, e invocó la Ley Antiterrorista para ampliar a cinco días la detención del paquistaní, lo que fue aceptado por la magistrada.
La idea era impedir que el sospechoso salga del país antes de que se pueda aclarar qué hizo durante sus casi cuatro meses en Chile, explicaron altas fuentes gubernamentales.
La instrucción tanto del Gobierno como de la fiscalía es aprovechar al máximo ese plazo para revisar cada una de las actividades y contactos que Khan tenía en el país y rastrear algún delito cometido en territorio nacional.
______________
RECHAZADOS
En agosto de 2000, seis paquistaníes salafistas pidieron visa en el Consulado de Chile en Bolivia para ingresar a nuestro país. Se investigaron sus antecedentes y se detectó que habían participado en atentados en Cachemira. Se les denegó la visa y Bolivia los expulsó del país. Pertenecería a la corriente que sigue el islam político
Mohammad Saif Ur Rehman Khan pertenecería a la corriente salafista del islam.
Este es un movimiento que busca seguir el islam político sobre la base de las revelaciones sagradas de los musulmanes y el Corán. Alegan resguardar la religión pura, ajena de toda añadidura. Según los entendidos, sustentan la actividad radicalizada. Se los vincula a ataques terroristas en Pakistán, Irán, Afganistán y en Rusia.
El salafismo adhiere a la ideología de Al Qaeda. El grupo terrorista paquistaní se conoce como Lashkar e Taiba.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/12/nacional/nacional/noticias/F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719.htm?id={F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719}(El Mercurio)
Pero Khan no alcanzó a escuchar la noticia. Cuando entregó su teléfono celular a los guardias de la embajada, los equipos de vigilancia detectaron que en el aparato había trazas de un explosivo. Los encargados de seguridad alertaron a Carabineros, que detuvo al extranjero y comenzó una serie de diligencias para indagar sobre su historial y cómo pudo tener contacto con la sustancia denominada tetryl (ver nota relacionada).
Mientras en Washington el Departamento de Estado confirmó que Mohammad Saif Ur Rehman Khan había sido citado a la embajada santiaguina "por un asunto consular", en Chile fuentes de la investigación ratificaron que el nombre del paquistaní está en un listado de personas potencialmente riesgosas elaborado en Estados Unidos.
Este último antecedente fue refrendado por un oficial del Departamento de Estado a la cadena ABC, según publicó el sitio web de la televisora estadounidense.
En ese contexto, fuentes de inteligencia informaron a "El Mercurio"que Khan tiene un perfil "de alto interés para las autoridades estadounidenses". Desde que se conoció la detención del paquistaní, se explicó, las comunicaciones "son fluidas y constantes" entre oficinas especializadas de Washington y Santiago.
Las mismas fuentes admitieron que la línea investigativa apunta a sus conexiones "con redes internacionales ilegales y de activistas altamente radicalizados". Por la noche trascendió que en lo religioso, pertenecería a la línea salafista del islam (ver recuadro), por lo que se investiga a su círculo más cercano en Santiago.
El paquistaní "es de verdad", comentó una alta fuente policial para explicar su habilidad y preparación para afrontar interrogatorios y responder las preguntas, como también para dar una hilvanada versión de su presencia en Chile.
El detenido tiene un hermano que es profesor de la Universidad de Berkeley, California, y él mismo habría vivido durante tres años en Texas. Se sabe que pretendía retornar en enero a EE.UU., pero finalmente se desvió a Santiago, donde arribó el 16 de ese mes con visa de turista por 90 días. Luego renovó esa autorización por otros 90 días, la que vencía el 15 de julio.
Una de las aristas que se investiga es si Khan tiene entrenamiento del talibán, cuyos integrantes, en su mayoría, profesan la misma corriente salafista.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no descartó su vinculación con redes terroristas: "Estamos mirando todos los aspectos que puedan significar cualquier forma de delincuencia, incluso el terrorismo. Y vamos a ser implacables en el combate de cualquier forma de delincuencia, especialmente el terrorismo y el narcotráfico".
EE.UU. remarcó ayer su interés en Khan. El vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, afirmó que su país colaborará "plenamente con las autoridades chilenas" y que hace su propia indagación del sujeto.
Detención ampliada
En medio de estas averiguaciones, ayer el Gobierno intercedió ante la Fiscalía Metropolitana Oriente con el fin de ampliar el plazo de detención de Khan.
La decisión se adoptó en la tarde, tras una reservada reunión del fiscal Xavier Armendáriz y del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, que se pronlongó durante una hora.
Cerca de las 14:30 horas, el fiscal Francisco Jacir llamó por teléfono a la jueza del 8º Juzgado de Garantía, Ely Ruthfeld, e invocó la Ley Antiterrorista para ampliar a cinco días la detención del paquistaní, lo que fue aceptado por la magistrada.
La idea era impedir que el sospechoso salga del país antes de que se pueda aclarar qué hizo durante sus casi cuatro meses en Chile, explicaron altas fuentes gubernamentales.
La instrucción tanto del Gobierno como de la fiscalía es aprovechar al máximo ese plazo para revisar cada una de las actividades y contactos que Khan tenía en el país y rastrear algún delito cometido en territorio nacional.
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RECHAZADOS
En agosto de 2000, seis paquistaníes salafistas pidieron visa en el Consulado de Chile en Bolivia para ingresar a nuestro país. Se investigaron sus antecedentes y se detectó que habían participado en atentados en Cachemira. Se les denegó la visa y Bolivia los expulsó del país. Pertenecería a la corriente que sigue el islam político
Mohammad Saif Ur Rehman Khan pertenecería a la corriente salafista del islam.
Este es un movimiento que busca seguir el islam político sobre la base de las revelaciones sagradas de los musulmanes y el Corán. Alegan resguardar la religión pura, ajena de toda añadidura. Según los entendidos, sustentan la actividad radicalizada. Se los vincula a ataques terroristas en Pakistán, Irán, Afganistán y en Rusia.
El salafismo adhiere a la ideología de Al Qaeda. El grupo terrorista paquistaní se conoce como Lashkar e Taiba.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/12/nacional/nacional/noticias/F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719.htm?id={F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719}(El Mercurio)
Tribunal rechazó recurso presentado en favor de ciudadano paquistaní
La jueza Ely Rothfeld, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó un recurso de amparo de cautela de garantías presentado ayer por la Defensoría Penal Pública en favor del ciudadano paquistaní Mohammad Saif Ur Rehnab Khan (28), quien permanece detenido en el Módulo de Alta Seguridad tras ser sorprendido con rastros de explosivos en la embajada de Estados Unidos.
Según indicaron en la Defensoría Penal Pública, la acción judicial, interpuesta ayer por el abogado Gabriel Carrión, indica que al ciudadano paquistaní se le vulneraron sus garantías constitucionales tras su detención.
La afirmación se basa en que no correspondía que la jueza resolviera la ampliación de la detención sin haber hecho una audiencia de control de detención; y en que el tribunal no dio aviso a la Defensoría Penal Pública de la mencionada ampliación.
Además, el recurso solicitaba la incompetencia del Octavo Tribunal –que ve los casos relacionados con artefactos explosivos–, señalando que en virtud del lugar en que fue detenido, el caso correspondía al Cuarto Juzgado de Garantía.
La jueza Ely Rothfeld rechazó el recurso, pero se declaró incompetente, por lo que el caso pasó finalmente al Cuarto Juzgado de Garantía.
Ante la decisión de rechazar el recurso, la Defensoría está evaluando las acciones que va a adoptar.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=412703 (Emol)
Según indicaron en la Defensoría Penal Pública, la acción judicial, interpuesta ayer por el abogado Gabriel Carrión, indica que al ciudadano paquistaní se le vulneraron sus garantías constitucionales tras su detención.
La afirmación se basa en que no correspondía que la jueza resolviera la ampliación de la detención sin haber hecho una audiencia de control de detención; y en que el tribunal no dio aviso a la Defensoría Penal Pública de la mencionada ampliación.
Además, el recurso solicitaba la incompetencia del Octavo Tribunal –que ve los casos relacionados con artefactos explosivos–, señalando que en virtud del lugar en que fue detenido, el caso correspondía al Cuarto Juzgado de Garantía.
La jueza Ely Rothfeld rechazó el recurso, pero se declaró incompetente, por lo que el caso pasó finalmente al Cuarto Juzgado de Garantía.
Ante la decisión de rechazar el recurso, la Defensoría está evaluando las acciones que va a adoptar.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=412703 (Emol)
Presentan recurso de amparo en favor de paquistaní detenido con rastros de explosivos
SANTIAGO.- Hoy fue presentado un recurso de amparo en favor del ciudadano paquistaní Mohammad Saif Ur Rehnab Khan, de 28 años, detenido desde lunes tras ser sorprendido con rastros de explosivos en la embajada de Estados Unidos.
La acción judicial fue interpuesta la tarde de ayer por el abogado defensor Gabriel Carrión, de la Defensoría Penal Pública.
Según informó radio Cooperativa, el recurso señala que la jueza del Octavo Juzgado de Garantía extendió sus facultades y actuó de manera arbitraria e ilegal al ampliar en cinco días su arresto preventivo y ordenar su internación en la Cárcel de Alta Seguridad.
La audiencia en que se revisará el recurso de amparo se realizaría mañana en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Mohammad Saif Ur Rehnab Khan permanece desde ayer recluido en el Módulo de Alta Seguridad, aislado de la población penal, luego de que se decidiera ampliar su detención.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=412660 (Emol)
martes, 20 de abril de 2010
Error de tribunal prorrogó juicio por el cambio de bebés de hospital de Talca
La falta de notificación oportuna del Tribunal de Garantía de Talca a los imputados motivó este lunes la suspensión de la audiencia de preparación de juicio de los cuatro funcionarios del Hospital de Talca, acusados del cambio de bebés registrado en ese recinto en septiembre de 2005.Pese a que estaban todas las partes presentes, el Tribunal admitió, en medio de la audiencia, no haber notificado a los imputados sobre la demanda civil presentada por la defensa de uno de los matrimonios. "Se suspende la audiencia por vicio", dijo el juez Jorge Ulloa.El aplazamiento fue cuestionado duramente por la familia Garrido-Castro de Talca, protagonizando un incidente verbal con los acusados frente al magistrado. "Se ríen de nosotros y no saben el dolor que nos causaron, pagarán aunque esperemos mil años", expresó llorando Cecilia Castro, evidenciando deterioro emocional por la larga espera de justicia, y las sonrisas de algunos de los imputados."Tendremos que esperar todo un año y una vida para que ustedes inculpados tengan justicia. Y no se rían", afirmó molesto Francisco Garrido, apuntando en el estrado al dr. Juan Enrique Leiva y a los matrones Guillermo Aguilar, Patricia Quiñones, y a la paramédica Ana Méndez. El abogado Iván Gómez, uno de los defensores de los imputados, descartó que los funcionarios hayan provocado al matrimonio. "Nos parece una actitud que raya en el show", aseguró.La Fiscalía exige bajas penas, desde 30 días y hasta tres años por los delitos de sustitución de niño, y falsificación de instrumento público. "La Fiscalía estaba preparada para la audiencia de hoy" afirmó la fiscal del caso, Paula Rojas. La nueva audiencia fue fijada para el 2 de junio próximo.ExhumaciónEn el Parque Las Rosas de Talca, la Fiscalía exhumó ayer el cuerpo de Catalina Herrera Gómez, muerta en el Hospital de Talca el 8 de diciembre pasado tras un día de nacer. Con peritajes forenses del Labocar de Carabineros se indaga si el deceso es atribuible a una negligencia médica. La querella de los padres, Graciela Gómez y Herny Herrera, señala que el parto fue asistido tardíamente y que la real causa de muerte fue encubierta con el diagnóstico de bronconeumonía, sin practicarse nunca la autopsia.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=408918 (Emol)
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=408918 (Emol)
sábado, 24 de octubre de 2009
Suprema detecta doce deficiencias en Ley Penal Adolescente y propone soluciones
Viernes 23 de Octube de 2009
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
miércoles, 14 de octubre de 2009
Caso Rojo: sobreviviente y otros 100 testigos en juicio contra madre
Ciento un testigos y treinta peritos presentará la Fiscalía de Puente Alto en el juicio oral contra Jeanette Hernández, única detenida y procesada tras la violenta golpiza contra sus hijos Esteban (7) y Pablo Rojo (15) -el primero falleció y el segundo sobrevivió, pero quedó con severas lesiones y secuelas-, hecho ocurrido a mediados de enero de 2008.
Así se informó ayer en la audiencia de preparación de juicio oral contra Hernández, instancia que debería comenzar la primera quincena de diciembre y en la que prestará testimonio el propio Pablo Rojo.
Junto a las personas que entregarán su testimonio, habrá también expertos psiquiatras, psicólogos, grafólogos y de análisis de pruebas químicas y orgánicas.
Según los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara, Jeannette Hernández atacó con un martillo a sus dos hijos. Posteriormente, el lugar del ataque fue modificado para simular un asalto.
Para demostrar esta tesis, los investigadores presentarán además pruebas tales como fotografías forenses, imágenes del sitio del suceso, esquemas de desplazamiento y ubicación de vecinos del lugar donde ocurrió la agresión, además de elementos planimétricos. Esto último es de alta relevancia, dado que los fiscales y la Policía de Investigaciones han logrado establecer el escenario espacio-temporal detallado en que ocurrió el hecho. No sólo en lo que compete al domicilio en que se materializó, pasaje Punta Arenosa N° 1675, Villa La Capilla, de la comuna de Puente Alto, sino que también en lo relacionado con la ubicación de los testigos y otros medios probatorios de interés criminalístico.
Las penas solicitadas contra Hernández son de presidio perpetuo simple por la muerte de Esteban Rojo y de 12 años de prisión por el parricidio frustrado contra Pablo Rojo.
La tesis de la defensa
"Yo no creo que haya sido ella (Jeanette Rojo). No, eso no fue así. La gran duda que me queda es quién fue. Ella no es capaz de hacer algo así", señaló ayer Pablo Rojo, pareja de la única formalizada en el caso.
Ayer por la mañana, la procesada fue llevada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se dieron a conocer las diversas pruebas y testimonios que se presentarán en su contra. Lucía visiblemente más delgada que cuando fue formalizada a principios de este año.
Su defensora, Ximena Silva, aseguró a "El Mercurio" que las líneas que trabajará son "primero probar que ella es inocente. Posteriormente, aportaremos los antecedentes respecto de que ella padece una enfermedad mental". Con esto último, Silva dejó abierta la posibilidad de que se pueda solicitar la inimputabilidad de Hernández.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148.htm?id={1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148} (El Mercurio)
Así se informó ayer en la audiencia de preparación de juicio oral contra Hernández, instancia que debería comenzar la primera quincena de diciembre y en la que prestará testimonio el propio Pablo Rojo.
Junto a las personas que entregarán su testimonio, habrá también expertos psiquiatras, psicólogos, grafólogos y de análisis de pruebas químicas y orgánicas.
Según los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara, Jeannette Hernández atacó con un martillo a sus dos hijos. Posteriormente, el lugar del ataque fue modificado para simular un asalto.
Para demostrar esta tesis, los investigadores presentarán además pruebas tales como fotografías forenses, imágenes del sitio del suceso, esquemas de desplazamiento y ubicación de vecinos del lugar donde ocurrió la agresión, además de elementos planimétricos. Esto último es de alta relevancia, dado que los fiscales y la Policía de Investigaciones han logrado establecer el escenario espacio-temporal detallado en que ocurrió el hecho. No sólo en lo que compete al domicilio en que se materializó, pasaje Punta Arenosa N° 1675, Villa La Capilla, de la comuna de Puente Alto, sino que también en lo relacionado con la ubicación de los testigos y otros medios probatorios de interés criminalístico.
Las penas solicitadas contra Hernández son de presidio perpetuo simple por la muerte de Esteban Rojo y de 12 años de prisión por el parricidio frustrado contra Pablo Rojo.
La tesis de la defensa
"Yo no creo que haya sido ella (Jeanette Rojo). No, eso no fue así. La gran duda que me queda es quién fue. Ella no es capaz de hacer algo así", señaló ayer Pablo Rojo, pareja de la única formalizada en el caso.
Ayer por la mañana, la procesada fue llevada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se dieron a conocer las diversas pruebas y testimonios que se presentarán en su contra. Lucía visiblemente más delgada que cuando fue formalizada a principios de este año.
Su defensora, Ximena Silva, aseguró a "El Mercurio" que las líneas que trabajará son "primero probar que ella es inocente. Posteriormente, aportaremos los antecedentes respecto de que ella padece una enfermedad mental". Con esto último, Silva dejó abierta la posibilidad de que se pueda solicitar la inimputabilidad de Hernández.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148.htm?id={1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148} (El Mercurio)
lunes, 14 de septiembre de 2009
Magistrada reprocha con dureza a colega que participó como testigo en un juicio
Sábado 12 de Septiembre de 2009
Carla Capello, jueza del 7º Juzgado de Garantía, reprochó duramente en un fallo a su par Blanca Rojas, jueza del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal. Y todo porque Rojas declaró como testigo en juicio simplificado en contra del funcionario judicial Rogelio Painen Epul, quien a la postre fue condenado a 41 días de presidio por cohecho.
Según el fallo, en su calidad de actuario de alcoholes del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, el imputado le ofreció a un condenado dejar sin efecto la suspensión de su licencia de conducir. A cambio le pidió $400 mil. Esto ocurrió en mayo de 2007, cuando Rojas era jueza titular en dicho tribunal. Por esa razón, la magistrada accedió a declarar como testigo en favor de Painen. En su testimonio, dijo no recordar detalles del proceso y agregó que el funcionario siempre fue calificado con nota siete. Dijo recordar que Painen le había dicho que, finalmente, la acusación de cohecho era falsa, y reconoció que no denunció ni investigó este hecho.
En el fallo que condenó a Painen, la jueza Capello desacreditó el testimonio de la magistrada Rojas, en el sentido de que no denunció lo que podría haber sido una acusación falsa. Incluso, aseguró que "resta credibilidad de lo aseverado" que la jueza haya dicho desconocer el delito de obstrucción a la investigación, "tomando en cuenta que se trata de un testigo letrado que se supone lego en la materia".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/12/nacional/nacional/noticias/93EC6225-F2BD-4C8F-A51F-F9395B3CC137.htm?id={93EC6225-F2BD-4C8F-A51F-F9395B3CC137} (El Mercurio)
Carla Capello, jueza del 7º Juzgado de Garantía, reprochó duramente en un fallo a su par Blanca Rojas, jueza del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal. Y todo porque Rojas declaró como testigo en juicio simplificado en contra del funcionario judicial Rogelio Painen Epul, quien a la postre fue condenado a 41 días de presidio por cohecho.
Según el fallo, en su calidad de actuario de alcoholes del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, el imputado le ofreció a un condenado dejar sin efecto la suspensión de su licencia de conducir. A cambio le pidió $400 mil. Esto ocurrió en mayo de 2007, cuando Rojas era jueza titular en dicho tribunal. Por esa razón, la magistrada accedió a declarar como testigo en favor de Painen. En su testimonio, dijo no recordar detalles del proceso y agregó que el funcionario siempre fue calificado con nota siete. Dijo recordar que Painen le había dicho que, finalmente, la acusación de cohecho era falsa, y reconoció que no denunció ni investigó este hecho.
En el fallo que condenó a Painen, la jueza Capello desacreditó el testimonio de la magistrada Rojas, en el sentido de que no denunció lo que podría haber sido una acusación falsa. Incluso, aseguró que "resta credibilidad de lo aseverado" que la jueza haya dicho desconocer el delito de obstrucción a la investigación, "tomando en cuenta que se trata de un testigo letrado que se supone lego en la materia".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/12/nacional/nacional/noticias/93EC6225-F2BD-4C8F-A51F-F9395B3CC137.htm?id={93EC6225-F2BD-4C8F-A51F-F9395B3CC137} (El Mercurio)
viernes, 4 de septiembre de 2009
Recurso de última hora de fiscal frena la libertad de anarquistas
Los anarquistas Pablo Carvajal Aracena (19) y Matías Castro Aguilera (20), alumnos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fueron imputados ayer por la agresión al detective Israel Andrade, en el ataque con bombas molotov al cuartel de la Brigada de Homicidios (BH).
El fiscal Marco Paredes los formalizó por los delitos de homicidio frustrado y porte de artefactos explosivos, y sumó un tercer ilícito por porte de arma de fuego a Castro, quien habría disparado dos veces contra la BH.
Carvajal, alumno de Derecho, fue detenido el miércoles cuando se escondía en un quiosco cercano a la BH. La PDI le incautó un celular -cuya cámara de video captó el ataque-, perdigones y un pendrive con un manual para fabricar artefactos incendiarios. Más tarde, al allanar su hogar se encontró material documental del FPMR.
La PDI aprehendió a Castro, un estudiante de Antropología, a la 1:30 hora de ayer en su casa, en Pudahuel. Allí se decomisaron un notebook y otro pendrive , también con información subversiva. Había un panfleto alusivo a la solidaridad con la causa mapuche.
La pesquisa de la PDI apunta a dos grupos anarquistas: el "Frente de Estudiantes Revolucionarios" y la "Federación de Estudiantes Libertarios".
En la audiencia, el fiscal entregó el relato de dos vigilantes que describen a la célula anarquista que existe en la universidad. E.A.V.G., un testigo reservado, declaró que en un baño vio a jóvenes que se estaban encapuchando. Entre éstos, dijo, había un alumno que disparó contra la BH. Añadió que el grupo integrado por unas 15 personas es problemático, que se reúne en el patio Jamaica y que los vigila porque suelen robar los extintores.
Otro vigilante, C.R.S.Q., relató que uno de los detenidos, que usa un corte de cabello tipo "mohicano", era el líder del grupo y fue quien repartió las molotov.
El fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos, pero la jueza Marcela Figueroa no la otorgó argumentando que no se había configurado el delito de homicidio frustrado, sino que el de lesiones menos graves. Así, de ser condenados, los jóvenes quedarían libres y su reclusión sería un castigo anticipado. El fiscal tuvo que apelar verbalmente y la Corte de Apelaciones decidirá hoy sobre la medida cautelar.
Matías Castro había sido detenido por desórdenes en los incidentes del 1 de mayo pasado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/04/nacional/nacional/noticias/F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD.htm?id={F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD} (El Mercurio)
El fiscal Marco Paredes los formalizó por los delitos de homicidio frustrado y porte de artefactos explosivos, y sumó un tercer ilícito por porte de arma de fuego a Castro, quien habría disparado dos veces contra la BH.
Carvajal, alumno de Derecho, fue detenido el miércoles cuando se escondía en un quiosco cercano a la BH. La PDI le incautó un celular -cuya cámara de video captó el ataque-, perdigones y un pendrive con un manual para fabricar artefactos incendiarios. Más tarde, al allanar su hogar se encontró material documental del FPMR.
La PDI aprehendió a Castro, un estudiante de Antropología, a la 1:30 hora de ayer en su casa, en Pudahuel. Allí se decomisaron un notebook y otro pendrive , también con información subversiva. Había un panfleto alusivo a la solidaridad con la causa mapuche.
La pesquisa de la PDI apunta a dos grupos anarquistas: el "Frente de Estudiantes Revolucionarios" y la "Federación de Estudiantes Libertarios".
En la audiencia, el fiscal entregó el relato de dos vigilantes que describen a la célula anarquista que existe en la universidad. E.A.V.G., un testigo reservado, declaró que en un baño vio a jóvenes que se estaban encapuchando. Entre éstos, dijo, había un alumno que disparó contra la BH. Añadió que el grupo integrado por unas 15 personas es problemático, que se reúne en el patio Jamaica y que los vigila porque suelen robar los extintores.
Otro vigilante, C.R.S.Q., relató que uno de los detenidos, que usa un corte de cabello tipo "mohicano", era el líder del grupo y fue quien repartió las molotov.
El fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos, pero la jueza Marcela Figueroa no la otorgó argumentando que no se había configurado el delito de homicidio frustrado, sino que el de lesiones menos graves. Así, de ser condenados, los jóvenes quedarían libres y su reclusión sería un castigo anticipado. El fiscal tuvo que apelar verbalmente y la Corte de Apelaciones decidirá hoy sobre la medida cautelar.
Matías Castro había sido detenido por desórdenes en los incidentes del 1 de mayo pasado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/04/nacional/nacional/noticias/F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD.htm?id={F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD} (El Mercurio)
miércoles, 26 de agosto de 2009
Marino norteamericano fue obligado a dejar el país
Martes 25 de Agosto de 2009
En libertad, pero con obligación de abandonar el país y la prohibición de reingresar a Chile en un plazo de tres años quedó el marino norteamericano Lester Andrew Santiago Gálvez, de 26 años y de origen filipino, quien fue detenido al interior de un hotel del puerto con una menor de 15 años.
El marino, trabajador del barco portahelicópteros "USS Makin Island", de la Armada de Estados Unidos, dejó el país inmediatamente después de recuperar su libertad en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, cerca del mediodía. La embarcación ya había zarpado y se encontraba a la gira, por lo cual debió ser transportado en una lancha para abordarlo.
Lester Santiago fue detenido a las 16:50 horas del domingo al interior del hotel y discoteca "New Kenny's", ubicado en calle Cochrane 46, en pleno barrio puerto, cuando personal de Carabineros llegó a fiscalizar el local, comprobando que no contaba con patente para expender alcohol.
En ese instante, la dependiente del local Edita Araya Mondada, de 55 años, señaló a los policías que las personas que se encontraban bebiendo en el local eran pasajeros del hotel. Pero como el lugar tampoco contaba con un registro de pasajeros, Carabineros recorrió las dependencias y al golpear en una de las habitaciones, salió una mujer que resultó ser A.G.S.O., de 15 años, quien se encontraba con el marino.
La menor involucrada habría sido llamada por una persona adulta para que concurriera al hotel a ofrecer servicios sexuales al extranjero de 26 años.
El estadounidense fue detenido y entregado a la Armada de Chile para su custodia y presentación ante el Juzgado de Garantía para la audiencia de control de detención.
En la audiencia de ayer, el fiscal Pablo Gómez lo formalizó como autor del delito de favorecimiento de la prostitución a menores de edad, en el grado de tentativa. Por tratarse de un delito no consumado y registrando el imputado intachable conducta, sólo arriesgaba una pena que varía entre 61 y 540 días de prisión remitida.
Frente a esta circunstancia, la jueza de garantía Silvia Quintana aceptó la suspensión condicional del procedimiento solicitada por la Fiscalía y la defensa del imputado. No ocurrió lo mismo con la regenta del local, Emita Araya, quien fue formalizada por el delito de favorecimiento de la prostitución a menores, como autora y en grado de consumado, por lo que la investigación sigue su curso. El fiscal Gómez no descartó que se trate de una nueva red de prostitución infantil. El marino sólo fue defendido por la Defensoría, en cuya dirección incluso fijó su domicilio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/25/nacional/nacional/noticias/A7EF40C4-F9B4-4FEF-9CE5-689A1A71070A.htm?id={A7EF40C4-F9B4-4FEF-9CE5-689A1A71070A} (El Mercurio)
En libertad, pero con obligación de abandonar el país y la prohibición de reingresar a Chile en un plazo de tres años quedó el marino norteamericano Lester Andrew Santiago Gálvez, de 26 años y de origen filipino, quien fue detenido al interior de un hotel del puerto con una menor de 15 años.
El marino, trabajador del barco portahelicópteros "USS Makin Island", de la Armada de Estados Unidos, dejó el país inmediatamente después de recuperar su libertad en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, cerca del mediodía. La embarcación ya había zarpado y se encontraba a la gira, por lo cual debió ser transportado en una lancha para abordarlo.
Lester Santiago fue detenido a las 16:50 horas del domingo al interior del hotel y discoteca "New Kenny's", ubicado en calle Cochrane 46, en pleno barrio puerto, cuando personal de Carabineros llegó a fiscalizar el local, comprobando que no contaba con patente para expender alcohol.
En ese instante, la dependiente del local Edita Araya Mondada, de 55 años, señaló a los policías que las personas que se encontraban bebiendo en el local eran pasajeros del hotel. Pero como el lugar tampoco contaba con un registro de pasajeros, Carabineros recorrió las dependencias y al golpear en una de las habitaciones, salió una mujer que resultó ser A.G.S.O., de 15 años, quien se encontraba con el marino.
La menor involucrada habría sido llamada por una persona adulta para que concurriera al hotel a ofrecer servicios sexuales al extranjero de 26 años.
El estadounidense fue detenido y entregado a la Armada de Chile para su custodia y presentación ante el Juzgado de Garantía para la audiencia de control de detención.
En la audiencia de ayer, el fiscal Pablo Gómez lo formalizó como autor del delito de favorecimiento de la prostitución a menores de edad, en el grado de tentativa. Por tratarse de un delito no consumado y registrando el imputado intachable conducta, sólo arriesgaba una pena que varía entre 61 y 540 días de prisión remitida.
Frente a esta circunstancia, la jueza de garantía Silvia Quintana aceptó la suspensión condicional del procedimiento solicitada por la Fiscalía y la defensa del imputado. No ocurrió lo mismo con la regenta del local, Emita Araya, quien fue formalizada por el delito de favorecimiento de la prostitución a menores, como autora y en grado de consumado, por lo que la investigación sigue su curso. El fiscal Gómez no descartó que se trate de una nueva red de prostitución infantil. El marino sólo fue defendido por la Defensoría, en cuya dirección incluso fijó su domicilio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/25/nacional/nacional/noticias/A7EF40C4-F9B4-4FEF-9CE5-689A1A71070A.htm?id={A7EF40C4-F9B4-4FEF-9CE5-689A1A71070A} (El Mercurio)
miércoles, 24 de junio de 2009
Imputado por ataque incendiario es beneficiado por prescripción del delito
Rodrigo Huenchullán Cayul, imputado de atentar contra el agricultor René Urban, en octubre de 2003, y que se mantuvo prófugo por cerca de tres años, resultó finalmente favorecido con la media prescripción, vale decir con la rebaja de pena por el largo tiempo transcurrido desde la comisión del delito, por lo que ahora arriesga una condena menor en un juicio simplificado previsto para mañana en Collipulli.
La pena de 61 a 540 días de presidio es muy inferior a la de cinco a diez años que originalmente arriesgaba Huenchullán Cayul, acusado de quemar dos galpones, una bodega, un establo y una leñera en el fundo "Montenegro" del agricultor Rene Urban, el 12 de octubre de 2003.
Huenchullán se entregó a la policía en diciembre del año pasado, después de permanecer prófugo un año, tras ser formalizado en 2007, pero dejado en libertad por el Tribunal de Garantía. Cuando la Corte de Apelaciones revocó tal decisión, Huenchullán no fue ubicado.
Carlos Tenorio, abogado del agricultor que ha sido víctima de una treintena de atentados similares en los últimos diez años, indicó que la media prescripción, junto con rebajar la penalidad, tiene como efecto procesal el sometimiento del acusado a un juicio simplificado y no a juicio oral. "Entre la comisión del delito y la fecha del juicio, tuvo vital preponderancia el período en el cual el imputado se mantuvo rebelde, situación que finalmente va en su directo beneficio", explicó.
"No recuerdo que exista otro caso similar en las causas contra los autores de atentado a René Urban", dijo el abogado, quien confía en que el imputado reciba la pena más drástica.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/24/nacional/nacional/noticias/9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65.htm?id={9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65} (El Mercurio)
La pena de 61 a 540 días de presidio es muy inferior a la de cinco a diez años que originalmente arriesgaba Huenchullán Cayul, acusado de quemar dos galpones, una bodega, un establo y una leñera en el fundo "Montenegro" del agricultor Rene Urban, el 12 de octubre de 2003.
Huenchullán se entregó a la policía en diciembre del año pasado, después de permanecer prófugo un año, tras ser formalizado en 2007, pero dejado en libertad por el Tribunal de Garantía. Cuando la Corte de Apelaciones revocó tal decisión, Huenchullán no fue ubicado.
Carlos Tenorio, abogado del agricultor que ha sido víctima de una treintena de atentados similares en los últimos diez años, indicó que la media prescripción, junto con rebajar la penalidad, tiene como efecto procesal el sometimiento del acusado a un juicio simplificado y no a juicio oral. "Entre la comisión del delito y la fecha del juicio, tuvo vital preponderancia el período en el cual el imputado se mantuvo rebelde, situación que finalmente va en su directo beneficio", explicó.
"No recuerdo que exista otro caso similar en las causas contra los autores de atentado a René Urban", dijo el abogado, quien confía en que el imputado reciba la pena más drástica.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/24/nacional/nacional/noticias/9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65.htm?id={9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65} (El Mercurio)
domingo, 21 de junio de 2009
Ministro inicia sumario tras detectar 66 falsas contraórdenes en juzgados de garantía de Santiago
Sábado 20 de Junio del 2009
El Cuarto Tribunal Oral en lo penal de Santiago es el único que superó sin irregularidades la indagatoria desarrollada por el ministro Mario Carroza en el Centro de Justicia, que arrojó un total de 66 contraórdenes de detención falsas, las que dejaron sin efecto órdenes de captura de un número similar de delincuentes dictadas por los juzgados de garantía capitalinos.
Sólo en estos últimos tribunales se detectaron resoluciones falsas, mientras que en la mayoría de los juzgados no se cumple con los protocolos establecidos por la Corte Suprema para tramitar las contraórdenes de detención, generándose "inconsistencias".
Según explicó ayer el ministro investigador, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien el jueves entregó un informe al pleno de la Corte Suprema y ayer al tribunal de alzada, todas las contraórdenes falsas detectadas fueron generadas fuera del sistema informático del Poder Judicial.
"Los modus operandi ya se reflejaron y están determinados en esto que se llamaba la red de corrupción. Entiendo yo que se utilizaban los formularios, y todo el llenado de esos formularios se hacía por fuera del sistema; después la orden se enviaba por fax o algún sistema técnico que permitiera que llegara una copia a Investigaciones, Carabineros o el Registro Civil. De esa manera se dejaba sin efecto la orden (de detención), porque se daba por sentado que esa firma correspondía al juez determinado", explicó el magistrado, quien agregó que con la implementación de la firma digital avanzada, esta situación actualmente puede evitarse.
Todos los antecedentes recabados por Carroza fueron derivados al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales correspondientes. Además, el ministro abrió un sumario administrativo general para indagar las responsabilidades de funcionarios judiciales.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aseguró que en todos los casos se dispuso la aprehensión de los delincuentes beneficiados, y afirmó que considerando el universo de 101 mil contraórdenes que se analizaron, lo detectado "no es un asunto mayor": "Sesenta y seis de un universo de 101 mil evidentemente que es grave, pero revela que no hay un sistema en todos los tribunales tendiente a este fin. Representa un acto puntual de corrupción que va a ser investigado y seguramente sancionado una vez que se detecte quiénes son los autores de esos hechos punibles", señaló.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/20/nacional/_portada/noticias/8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5.htm?id={8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5} (El Mercurio)
El Cuarto Tribunal Oral en lo penal de Santiago es el único que superó sin irregularidades la indagatoria desarrollada por el ministro Mario Carroza en el Centro de Justicia, que arrojó un total de 66 contraórdenes de detención falsas, las que dejaron sin efecto órdenes de captura de un número similar de delincuentes dictadas por los juzgados de garantía capitalinos.
Sólo en estos últimos tribunales se detectaron resoluciones falsas, mientras que en la mayoría de los juzgados no se cumple con los protocolos establecidos por la Corte Suprema para tramitar las contraórdenes de detención, generándose "inconsistencias".
Según explicó ayer el ministro investigador, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien el jueves entregó un informe al pleno de la Corte Suprema y ayer al tribunal de alzada, todas las contraórdenes falsas detectadas fueron generadas fuera del sistema informático del Poder Judicial.
"Los modus operandi ya se reflejaron y están determinados en esto que se llamaba la red de corrupción. Entiendo yo que se utilizaban los formularios, y todo el llenado de esos formularios se hacía por fuera del sistema; después la orden se enviaba por fax o algún sistema técnico que permitiera que llegara una copia a Investigaciones, Carabineros o el Registro Civil. De esa manera se dejaba sin efecto la orden (de detención), porque se daba por sentado que esa firma correspondía al juez determinado", explicó el magistrado, quien agregó que con la implementación de la firma digital avanzada, esta situación actualmente puede evitarse.
Todos los antecedentes recabados por Carroza fueron derivados al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales correspondientes. Además, el ministro abrió un sumario administrativo general para indagar las responsabilidades de funcionarios judiciales.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aseguró que en todos los casos se dispuso la aprehensión de los delincuentes beneficiados, y afirmó que considerando el universo de 101 mil contraórdenes que se analizaron, lo detectado "no es un asunto mayor": "Sesenta y seis de un universo de 101 mil evidentemente que es grave, pero revela que no hay un sistema en todos los tribunales tendiente a este fin. Representa un acto puntual de corrupción que va a ser investigado y seguramente sancionado una vez que se detecte quiénes son los autores de esos hechos punibles", señaló.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/20/nacional/_portada/noticias/8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5.htm?id={8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5} (El Mercurio)
domingo, 7 de junio de 2009
Parricida absuelto será ahora imputado por la fiscalía al aparecer los restos de su hija
El Ministerio Público volverá a formular cargos en contra del obrero forestal Álvaro Lagos González (45), quien en 2007 fue absuelto del delito de parricidio, pese a confesar haber lanzado -el año 2006- al río Mininco a su hija de seis años, Jocelyn Lagos. En el juicio anterior, el Tribunal Oral de Angol absolvió al sujeto debido a que el cuerpo de la niña nunca fue encontrado. Sin embargo, un reciente examen de ADN solicitado por el ente persecutor confirmó que restos óseos encontrados en noviembre de 2008, en las cercanías del río Mininco, corresponden en un 99% a Jocelyn Lagos.El fiscal regional, Francisco Ljubetic, explicó que el delito por el que se acusará a Lagos González aún no está establecido. "El caso fue juzgado sobre la base de hechos que se calificaron como parricidio. Ahora, la persecución debe ser por hechos que no sean iguales a los anteriores y que califiquen con un delito diferente", acotó.Los restos de la víctima fueron localizados por un pescador a unos 800 metros desde donde Lagos dijo haberse lanzado con su hija a las aguas. Asimismo, aparecieron algunas prendas de vestir que fueron reconocidas por Cristina Morales, madre de la menor. En octubre de 2007, la Corte de Apelaciones rechazó repetir el juicio que absolvió al obrero.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/07/nacional/nacional/noticias/E9F9F402-70B0-4EE8-9D02-233E85451B58.htm?id={E9F9F402-70B0-4EE8-9D02-233E85451B58} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/07/nacional/nacional/noticias/E9F9F402-70B0-4EE8-9D02-233E85451B58.htm?id={E9F9F402-70B0-4EE8-9D02-233E85451B58} (El Mercurio)
Mall debe pagar $15 millones a mujer retenida por guardias
Sábado 6 de Junio del 2009
La empresa Mall Marina Arauco pagará $15 millones de indemnización a una mujer que fue retenida ilegalmente por guardias, tras ser acusada de sustraer productos desde la tienda Zara. Así lo resolvió el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en una audiencia en la que se decretó la suspensión condicional del procedimiento.El hecho ocurrió el 16 de marzo pasado, cuando la mujer, una ingeniera comercial de 32 años, fue llevada por tres guardias a una sala de detención, donde permaneció retenida, sin que se le haya permitido comunicarse telefónicamente con algún familiar. La mujer era inocente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/06/nacional/nacional/noticias/1EC4EBEF-653F-420C-B103-89D94ECE91D9.htm?id={1EC4EBEF-653F-420C-B103-89D94ECE91D9}
La empresa Mall Marina Arauco pagará $15 millones de indemnización a una mujer que fue retenida ilegalmente por guardias, tras ser acusada de sustraer productos desde la tienda Zara. Así lo resolvió el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en una audiencia en la que se decretó la suspensión condicional del procedimiento.El hecho ocurrió el 16 de marzo pasado, cuando la mujer, una ingeniera comercial de 32 años, fue llevada por tres guardias a una sala de detención, donde permaneció retenida, sin que se le haya permitido comunicarse telefónicamente con algún familiar. La mujer era inocente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/06/nacional/nacional/noticias/1EC4EBEF-653F-420C-B103-89D94ECE91D9.htm?id={1EC4EBEF-653F-420C-B103-89D94ECE91D9}
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