La llegada de Mohammad Saif Ur Rehman Khan a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, en la tarde del lunes, no sorprendió al personal de la sede diplomática. El paquistaní de 28 años, que vive en Chile desde enero, había sido citado por las propias autoridades consulares estadounidenses. ¿La razón? Comunicarle que su visa para ingresar a ese país -vigente hasta 2014- sería revocada porque su nombre había sido incluido en una lista de vigilancia terrorista elaborada por Washington.
Pero Khan no alcanzó a escuchar la noticia. Cuando entregó su teléfono celular a los guardias de la embajada, los equipos de vigilancia detectaron que en el aparato había trazas de un explosivo. Los encargados de seguridad alertaron a Carabineros, que detuvo al extranjero y comenzó una serie de diligencias para indagar sobre su historial y cómo pudo tener contacto con la sustancia denominada tetryl (ver nota relacionada).
Mientras en Washington el Departamento de Estado confirmó que Mohammad Saif Ur Rehman Khan había sido citado a la embajada santiaguina "por un asunto consular", en Chile fuentes de la investigación ratificaron que el nombre del paquistaní está en un listado de personas potencialmente riesgosas elaborado en Estados Unidos.
Este último antecedente fue refrendado por un oficial del Departamento de Estado a la cadena ABC, según publicó el sitio web de la televisora estadounidense.
En ese contexto, fuentes de inteligencia informaron a "El Mercurio"que Khan tiene un perfil "de alto interés para las autoridades estadounidenses". Desde que se conoció la detención del paquistaní, se explicó, las comunicaciones "son fluidas y constantes" entre oficinas especializadas de Washington y Santiago.
Las mismas fuentes admitieron que la línea investigativa apunta a sus conexiones "con redes internacionales ilegales y de activistas altamente radicalizados". Por la noche trascendió que en lo religioso, pertenecería a la línea salafista del islam (ver recuadro), por lo que se investiga a su círculo más cercano en Santiago.
El paquistaní "es de verdad", comentó una alta fuente policial para explicar su habilidad y preparación para afrontar interrogatorios y responder las preguntas, como también para dar una hilvanada versión de su presencia en Chile.
El detenido tiene un hermano que es profesor de la Universidad de Berkeley, California, y él mismo habría vivido durante tres años en Texas. Se sabe que pretendía retornar en enero a EE.UU., pero finalmente se desvió a Santiago, donde arribó el 16 de ese mes con visa de turista por 90 días. Luego renovó esa autorización por otros 90 días, la que vencía el 15 de julio.
Una de las aristas que se investiga es si Khan tiene entrenamiento del talibán, cuyos integrantes, en su mayoría, profesan la misma corriente salafista.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no descartó su vinculación con redes terroristas: "Estamos mirando todos los aspectos que puedan significar cualquier forma de delincuencia, incluso el terrorismo. Y vamos a ser implacables en el combate de cualquier forma de delincuencia, especialmente el terrorismo y el narcotráfico".
EE.UU. remarcó ayer su interés en Khan. El vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, afirmó que su país colaborará "plenamente con las autoridades chilenas" y que hace su propia indagación del sujeto.
Detención ampliada
En medio de estas averiguaciones, ayer el Gobierno intercedió ante la Fiscalía Metropolitana Oriente con el fin de ampliar el plazo de detención de Khan.
La decisión se adoptó en la tarde, tras una reservada reunión del fiscal Xavier Armendáriz y del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, que se pronlongó durante una hora.
Cerca de las 14:30 horas, el fiscal Francisco Jacir llamó por teléfono a la jueza del 8º Juzgado de Garantía, Ely Ruthfeld, e invocó la Ley Antiterrorista para ampliar a cinco días la detención del paquistaní, lo que fue aceptado por la magistrada.
La idea era impedir que el sospechoso salga del país antes de que se pueda aclarar qué hizo durante sus casi cuatro meses en Chile, explicaron altas fuentes gubernamentales.
La instrucción tanto del Gobierno como de la fiscalía es aprovechar al máximo ese plazo para revisar cada una de las actividades y contactos que Khan tenía en el país y rastrear algún delito cometido en territorio nacional.
______________
RECHAZADOS
En agosto de 2000, seis paquistaníes salafistas pidieron visa en el Consulado de Chile en Bolivia para ingresar a nuestro país. Se investigaron sus antecedentes y se detectó que habían participado en atentados en Cachemira. Se les denegó la visa y Bolivia los expulsó del país. Pertenecería a la corriente que sigue el islam político
Mohammad Saif Ur Rehman Khan pertenecería a la corriente salafista del islam.
Este es un movimiento que busca seguir el islam político sobre la base de las revelaciones sagradas de los musulmanes y el Corán. Alegan resguardar la religión pura, ajena de toda añadidura. Según los entendidos, sustentan la actividad radicalizada. Se los vincula a ataques terroristas en Pakistán, Irán, Afganistán y en Rusia.
El salafismo adhiere a la ideología de Al Qaeda. El grupo terrorista paquistaní se conoce como Lashkar e Taiba.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/05/12/nacional/nacional/noticias/F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719.htm?id={F4C2CACD-2539-4FE7-9F15-AEF7A0F11719}(El Mercurio)
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miércoles, 12 de mayo de 2010
Presentan recurso de amparo en favor de paquistaní detenido con rastros de explosivos
SANTIAGO.- Hoy fue presentado un recurso de amparo en favor del ciudadano paquistaní Mohammad Saif Ur Rehnab Khan, de 28 años, detenido desde lunes tras ser sorprendido con rastros de explosivos en la embajada de Estados Unidos.
La acción judicial fue interpuesta la tarde de ayer por el abogado defensor Gabriel Carrión, de la Defensoría Penal Pública.
Según informó radio Cooperativa, el recurso señala que la jueza del Octavo Juzgado de Garantía extendió sus facultades y actuó de manera arbitraria e ilegal al ampliar en cinco días su arresto preventivo y ordenar su internación en la Cárcel de Alta Seguridad.
La audiencia en que se revisará el recurso de amparo se realizaría mañana en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Mohammad Saif Ur Rehnab Khan permanece desde ayer recluido en el Módulo de Alta Seguridad, aislado de la población penal, luego de que se decidiera ampliar su detención.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=412660 (Emol)
sábado, 17 de abril de 2010
Juicio a cocinero chino reveló su precaria vida en restaurante oriental
Hailin Lai (35) tomó un machete de cocina y atacó ferozmente a sus empleadores Zhenxiong Lai y Qiuyan Lu el 30 de noviembre de 2008, en la cocina del restaurante oriental Telechina, en Maipú.
Su furia se aplacó en menos de un minuto y quedó paralizado hasta que llegó Carabineros a detenerlo. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado y lesiones menos graves.
Cuando el fiscal Carlos Ramírez empezó a indagar las razones del ataque, descubrió una sórdida historia que esta semana fue revelada en el juicio oral.
Según la investigación, el cocinero llegó a Chile el año 2005, gracias al matrimonio víctima de la agresión. Dejó su vida como agricultor en los campos de arroz de la región de Cantón, para trabajar como cocinero. Sus empleadores lo instalaron en una pequeña pieza al fondo del restaurante. Trabajaba doce horas diarias. Las únicas veces que salía del local era para ir a comprar pan en la esquina. Si no estaba durmiendo, estaba cocinando. Nunca aprendió a hablar español, y su mandarín era muy rústico, pues según el mismo declaró, estudió sólo hasta cuarto básico en China.
Según declararon en el proceso las víctimas, no le pagaron el sueldo los primeros seis meses, como una suerte de devolución del pasaje de avión a Chile. Después, le dijeron que su dinero sería depositado en una cuenta de la esposa del dueño. Sólo le daban algunos adelantos, para comprar el pan, que tanto le gustaba.
Así vivió hasta 2008, cuando su madre lo llamó desde China y le pidió que regresara, pues le había conseguido novia, en un país donde predomina la población masculina.
Hailin quería marcharse de inmediato. Le pidió a sus empleadores su dinero y que le compraran un boleto de regreso. Zhenxiong Lai le dijo que había comprado uno y que regresaría pronto. Pero el viaje nunca se concretó y decidió atacar.
"Nunca le entregaron su pasaporte y el pasaje. Hailin cayó en una sicosis, un delirio de persecución le invadió, se sintió encerrado en un país donde no podía hablar con nadie. Pensó que nunca podría volver", comentó el defensor público Nicolás Orellana.
El SML declaró inimputable al ciudadano chino quien fue internado en el Hospital Horwitz. La fiscalía pide tres años, pero la defensoría dice que debe ser devuelto a su país, pues requiere sicoterapia y en Chile no hay sicoterapeutas que hablen mandarín.
SENTENCIA
El próximo miércoles el 6º Tribunal Oral decidirá si condena o no a Hailin Lai.
Su furia se aplacó en menos de un minuto y quedó paralizado hasta que llegó Carabineros a detenerlo. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado y lesiones menos graves.
Cuando el fiscal Carlos Ramírez empezó a indagar las razones del ataque, descubrió una sórdida historia que esta semana fue revelada en el juicio oral.
Según la investigación, el cocinero llegó a Chile el año 2005, gracias al matrimonio víctima de la agresión. Dejó su vida como agricultor en los campos de arroz de la región de Cantón, para trabajar como cocinero. Sus empleadores lo instalaron en una pequeña pieza al fondo del restaurante. Trabajaba doce horas diarias. Las únicas veces que salía del local era para ir a comprar pan en la esquina. Si no estaba durmiendo, estaba cocinando. Nunca aprendió a hablar español, y su mandarín era muy rústico, pues según el mismo declaró, estudió sólo hasta cuarto básico en China.
Según declararon en el proceso las víctimas, no le pagaron el sueldo los primeros seis meses, como una suerte de devolución del pasaje de avión a Chile. Después, le dijeron que su dinero sería depositado en una cuenta de la esposa del dueño. Sólo le daban algunos adelantos, para comprar el pan, que tanto le gustaba.
Así vivió hasta 2008, cuando su madre lo llamó desde China y le pidió que regresara, pues le había conseguido novia, en un país donde predomina la población masculina.
Hailin quería marcharse de inmediato. Le pidió a sus empleadores su dinero y que le compraran un boleto de regreso. Zhenxiong Lai le dijo que había comprado uno y que regresaría pronto. Pero el viaje nunca se concretó y decidió atacar.
"Nunca le entregaron su pasaporte y el pasaje. Hailin cayó en una sicosis, un delirio de persecución le invadió, se sintió encerrado en un país donde no podía hablar con nadie. Pensó que nunca podría volver", comentó el defensor público Nicolás Orellana.
El SML declaró inimputable al ciudadano chino quien fue internado en el Hospital Horwitz. La fiscalía pide tres años, pero la defensoría dice que debe ser devuelto a su país, pues requiere sicoterapia y en Chile no hay sicoterapeutas que hablen mandarín.
SENTENCIA
El próximo miércoles el 6º Tribunal Oral decidirá si condena o no a Hailin Lai.
lunes, 29 de marzo de 2010
Pastora aimara lleva 3 años en prisión preventiva
Una aimara de 26 años, que no terminó 6º básico y que ha pasado la mayor parte de su vida pastoreando llamas en el inhóspito altiplano fronterizo con Perú, es la imputada que más tiempo ha permanecido en prisión preventiva desde que partió el nuevo sistema penal en Chile. Gabriela Blas permanece detenida desde el 30 de julio de 2007 bajo los cargos de abandonar a su hijo en la inhóspita puna, con el objetivo de matarlo. El largo proceso vivirá una nueva etapa a partir del lunes 5 de abril, cuando comience el juicio en el que arriesga 15 años de cárcel.
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
domingo, 8 de noviembre de 2009
Acusan a defensores públicos por disfrazar a un acusado
Sábado 07 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
jueves, 10 de septiembre de 2009
Defensoría Penal Pública detecta retrasos en juicios orales en otras dos regiones del país
No sólo la Región de Arica y Parinacota presenta retrasos en los juicios que deben ejecutar los tribunales orales. Coquimbo y del Maule también muestran notorias demoras, que salen de los márgenes permitidos por la ley, según detectó durante el primer trimestre de este año la Defensoría Penal Pública (DPP).
Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios del organismo, advirtió que las consecuencias son preocupantes, pues en los juicios orales alrededor del 20% de los imputados que permanecen en prisión preventiva a la espera del proceso, finalmente son absueltos.
"La ley dice que estos juicios deben realizarse no antes de 15 días y no después de 60", afirma Medina, quien agrega que la explicación para estos retrasos sería la falta de dotación.
En la Región de Coquimbo, por ejemplo, los juicios orales demoran en promedio entre 145 y 200 días, mientras que en el Maule llega a 139 días.
El abogado Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, tiene dos visiones. Una ellas dice relación con la distribución geográfica de los jueces, que para el diseño de la reforma se tomó como base el sistema antiguo. "A estas alturas sería oportuno hacer algunas correcciones: suprimir o reducir el personal en juzgados en los cuales no hay tanta necesidad y reforzar aquellos en los cuales hay más casos de lo que se esperaba", recomienda.
Como segundo análisis, Riego estima que hay causas en que no se justifica el juicio oral. "Aparentemente, hay un número de casos muy importantes que están yendo a juicio oral donde no hay una controversia", dice, lo que no corresponde y provoca el colapso del sistema. Como solución, propone una reforma legal que amplíe el requisito para el procedimiento abreviado.
El abogado Mauricio Duce, quien también trabajó en el diseño de la reforma, está de acuerdo con Riego respecto de la necesidad de revisar la actual distribución de los jueces.
Pero dice que no hay que desestimar la posibilidad de que existan problemas de gestión. Para Duce, es necesario revisar también el sistema de programación de audiencias y la cantidad de suspensión de éstas.
La respuesta de Justicia
El Ministerio de Justicia respondió ayer que "no existen deficiencias en el número global de jueces orales en el país".
No obstante, reconoció que efectivamente hay diferencias en la distribución de esta carga, para lo cual se llegó, con acuerdo de la Corte Suprema, al convencimiento de que el modo más eficiente de resolución de este problema sea a través del Proyecto de Flexibilización en la destinación de los jueces, "para lograr los equilibrios que el actual funcionamiento del sistema demanda".
Respecto del tribunal oral de Arica, se señaló que se cubrieron las dos vacantes pendientes, con lo que se solucionaría la sobrecarga de ese tribunal.
Coquimbo y del Maule exceden largamente los plazos
Al igual que el colapso del tribunal de Arica, revelado ayer por "El Mercurio", las regiones de Coquimbo y del Maule también están fijando juicios orales en plazos que exceden largamente los 60 días legales.
El defensor regional de Coquimbo, Jaime Camus, reconoció que los Tribunales Orales de La Serena y Ovalle presentan complicaciones debido al gran número de causas que tramitan. En la primera ciudad, los juicios se están programando para octubre, y en Ovalle para septiembre de 2010.
Para el fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, el atochamiento de los tribunales de ambas ciudades "es casi de público conocimiento. Lo de Ovalle viene arrastrándose desde el 2000".
La situación en Talca es aún más grave, asegura el fiscal regional del Maule, Juan Pablo Kinast. El tribunal de juicio oral de esa ciudad acumula 206 juicios, agendados incluso hasta marzo de 2011.
"El colapso es total, no existe ninguna realidad en Chile que sea comparable con lo que está pasando con este tribunal", asegura Kinast.
En Talca, las audiencias de juicio pendientes datan de 2007. La situación mantiene a decenas de reos en prisión preventiva sin que aún sean juzgados. "Está en jaque la reforma procesal penal, cuyo sentido era agilizar los procesos", agrega el fiscal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1.htm?id={238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1} (El Mercurio)
Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios del organismo, advirtió que las consecuencias son preocupantes, pues en los juicios orales alrededor del 20% de los imputados que permanecen en prisión preventiva a la espera del proceso, finalmente son absueltos.
"La ley dice que estos juicios deben realizarse no antes de 15 días y no después de 60", afirma Medina, quien agrega que la explicación para estos retrasos sería la falta de dotación.
En la Región de Coquimbo, por ejemplo, los juicios orales demoran en promedio entre 145 y 200 días, mientras que en el Maule llega a 139 días.
El abogado Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, tiene dos visiones. Una ellas dice relación con la distribución geográfica de los jueces, que para el diseño de la reforma se tomó como base el sistema antiguo. "A estas alturas sería oportuno hacer algunas correcciones: suprimir o reducir el personal en juzgados en los cuales no hay tanta necesidad y reforzar aquellos en los cuales hay más casos de lo que se esperaba", recomienda.
Como segundo análisis, Riego estima que hay causas en que no se justifica el juicio oral. "Aparentemente, hay un número de casos muy importantes que están yendo a juicio oral donde no hay una controversia", dice, lo que no corresponde y provoca el colapso del sistema. Como solución, propone una reforma legal que amplíe el requisito para el procedimiento abreviado.
El abogado Mauricio Duce, quien también trabajó en el diseño de la reforma, está de acuerdo con Riego respecto de la necesidad de revisar la actual distribución de los jueces.
Pero dice que no hay que desestimar la posibilidad de que existan problemas de gestión. Para Duce, es necesario revisar también el sistema de programación de audiencias y la cantidad de suspensión de éstas.
La respuesta de Justicia
El Ministerio de Justicia respondió ayer que "no existen deficiencias en el número global de jueces orales en el país".
No obstante, reconoció que efectivamente hay diferencias en la distribución de esta carga, para lo cual se llegó, con acuerdo de la Corte Suprema, al convencimiento de que el modo más eficiente de resolución de este problema sea a través del Proyecto de Flexibilización en la destinación de los jueces, "para lograr los equilibrios que el actual funcionamiento del sistema demanda".
Respecto del tribunal oral de Arica, se señaló que se cubrieron las dos vacantes pendientes, con lo que se solucionaría la sobrecarga de ese tribunal.
Coquimbo y del Maule exceden largamente los plazos
Al igual que el colapso del tribunal de Arica, revelado ayer por "El Mercurio", las regiones de Coquimbo y del Maule también están fijando juicios orales en plazos que exceden largamente los 60 días legales.
El defensor regional de Coquimbo, Jaime Camus, reconoció que los Tribunales Orales de La Serena y Ovalle presentan complicaciones debido al gran número de causas que tramitan. En la primera ciudad, los juicios se están programando para octubre, y en Ovalle para septiembre de 2010.
Para el fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, el atochamiento de los tribunales de ambas ciudades "es casi de público conocimiento. Lo de Ovalle viene arrastrándose desde el 2000".
La situación en Talca es aún más grave, asegura el fiscal regional del Maule, Juan Pablo Kinast. El tribunal de juicio oral de esa ciudad acumula 206 juicios, agendados incluso hasta marzo de 2011.
"El colapso es total, no existe ninguna realidad en Chile que sea comparable con lo que está pasando con este tribunal", asegura Kinast.
En Talca, las audiencias de juicio pendientes datan de 2007. La situación mantiene a decenas de reos en prisión preventiva sin que aún sean juzgados. "Está en jaque la reforma procesal penal, cuyo sentido era agilizar los procesos", agrega el fiscal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1.htm?id={238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1} (El Mercurio)
lunes, 31 de agosto de 2009
Con tribunales especiales enfrentan la rehabilitación de agresores domésticos
Sin reincidencias y cumpliendo estrictamente las normas impuestas para su reinserción están los primeros quince autores de agresiones domésticas que accedieron a las exigencias del Tribunal de Tratamiento de Violencia Intrafamiliar.
Con ello lograron la suspensión condicional del procedimiento, y si cumplen con los requerimientos establecidos, su caso puede ser sobreseído definitivamente, quedando sin antecedentes penales.
El proyecto está cargo de la Defensoría Penal Pública Metropolitana Norte, la Fiscalía Centro Norte y tiene el apoyo técnico de Fundación Paz Ciudadana y del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con las estadísticas del Sernam, al 27 de agosto de este año los "femicidios" o asesinatos de mujeres llegan a 32 casos, y en la misma fecha de 2008 eran 47.
En el primer semestre de 2008 las denuncias por violencia intrafamiliar en Carabineros fueron 48.529, mientras que este año alcanzan a 46.985.
La abogada asesora de la Fiscalía Centro Norte, Paz Pérez Ramírez, explica que como el modelo está orientado a la seguridad de la víctima, se cuenta con el trabajo en conjunto con la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
"Para mantener un control y abarcar la percepción del participante más importante en la intervención, la víctima, se han anexado instancias de seguimiento a las víctimas de estos delitos", señala.
Y los victimarios que acceden al proyecto -todavía en carácter de piloto- no deben tener condenas previas, y la pena probable del delito investigado no debe ser superior a tres años. Tampoco debe contar con suspensiones condicionales vigentes. Y, además, tiene que poseer un perfil clínico apto para acceder al tratamiento.
La psicóloga de la Fundación Paz Ciudadana Catalina Droppelmann señala que en el diseño de esta iniciativa se tuvo a la vista programas semejantes que se encuentran en ejecución en Estados Unidos y Canadá. Éstos revelan mejores tasas de adherencia del ofensor al tratamiento y baja reincidencia. También mejoran la percepción de la víctima respecto de los esfuerzos que realiza el sistema judicial en pro de su seguridad.
Aunque la ministra del Sernam, Laura Albornoz, valoró la iniciativa, señaló que en cualquier trabajo que se realice con hombres agresores "tiene que hacerse énfasis en que ellos interioricen y asuman el carácter delictivo de las acciones que realizan".
Advirtió, también, que estos procedimientos especiales no pueden afectar la necesidad de protección de la vida y seguridad de las víctimas, ni tampoco el derecho a un juicio o a una sanción justa contra el autor.
Orígenes
En agosto del año 2008 se dio inicio a la implementación del proyecto piloto en el 3.er Juzgado de Garantía de Santiago, correspondiente a las comunas de Recoleta e Independencia.
Los autores de los delitos sujetos a este tipo de programa son atendidos en el Centro Comunitario de Salud Mental de las mismas comunas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/31/nacional/nacional/noticias/1B59DE8A-DFF2-4CC0-9A2A-3A3A0C828C70.htm?id={1B59DE8A-DFF2-4CC0-9A2A-3A3A0C828C70} (El Mercurio)
Con ello lograron la suspensión condicional del procedimiento, y si cumplen con los requerimientos establecidos, su caso puede ser sobreseído definitivamente, quedando sin antecedentes penales.
El proyecto está cargo de la Defensoría Penal Pública Metropolitana Norte, la Fiscalía Centro Norte y tiene el apoyo técnico de Fundación Paz Ciudadana y del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con las estadísticas del Sernam, al 27 de agosto de este año los "femicidios" o asesinatos de mujeres llegan a 32 casos, y en la misma fecha de 2008 eran 47.
En el primer semestre de 2008 las denuncias por violencia intrafamiliar en Carabineros fueron 48.529, mientras que este año alcanzan a 46.985.
La abogada asesora de la Fiscalía Centro Norte, Paz Pérez Ramírez, explica que como el modelo está orientado a la seguridad de la víctima, se cuenta con el trabajo en conjunto con la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
"Para mantener un control y abarcar la percepción del participante más importante en la intervención, la víctima, se han anexado instancias de seguimiento a las víctimas de estos delitos", señala.
Y los victimarios que acceden al proyecto -todavía en carácter de piloto- no deben tener condenas previas, y la pena probable del delito investigado no debe ser superior a tres años. Tampoco debe contar con suspensiones condicionales vigentes. Y, además, tiene que poseer un perfil clínico apto para acceder al tratamiento.
La psicóloga de la Fundación Paz Ciudadana Catalina Droppelmann señala que en el diseño de esta iniciativa se tuvo a la vista programas semejantes que se encuentran en ejecución en Estados Unidos y Canadá. Éstos revelan mejores tasas de adherencia del ofensor al tratamiento y baja reincidencia. También mejoran la percepción de la víctima respecto de los esfuerzos que realiza el sistema judicial en pro de su seguridad.
Aunque la ministra del Sernam, Laura Albornoz, valoró la iniciativa, señaló que en cualquier trabajo que se realice con hombres agresores "tiene que hacerse énfasis en que ellos interioricen y asuman el carácter delictivo de las acciones que realizan".
Advirtió, también, que estos procedimientos especiales no pueden afectar la necesidad de protección de la vida y seguridad de las víctimas, ni tampoco el derecho a un juicio o a una sanción justa contra el autor.
Orígenes
En agosto del año 2008 se dio inicio a la implementación del proyecto piloto en el 3.er Juzgado de Garantía de Santiago, correspondiente a las comunas de Recoleta e Independencia.
Los autores de los delitos sujetos a este tipo de programa son atendidos en el Centro Comunitario de Salud Mental de las mismas comunas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/31/nacional/nacional/noticias/1B59DE8A-DFF2-4CC0-9A2A-3A3A0C828C70.htm?id={1B59DE8A-DFF2-4CC0-9A2A-3A3A0C828C70} (El Mercurio)
miércoles, 26 de agosto de 2009
Defensora litigaba en forma ilegal
Martes 25 de Agosto de 2009
Quien hasta 2008 fuera uno de los siete integrantes de la defensoría penal licitada de la XV Región, será formalizada por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento público.
Paula Orellana Vega no estaba habilitada por la Corte Suprema para ejercer la abogacía en Chile, pese a lo cual tramitó 400 causas en cada uno de los tres años en que trabajó para la defensoría.
Orellana no pudo aprobar su examen de grado en la U. de Tarapacá, por lo que convalidó la carrera y obtuvo su título en la U. Privada de Tacna.
Aunque ella invocó el convenio de 1978 de homologación de títulos entre Chile y Perú, la Suprema se negó a validarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/25/nacional/nacional/noticias/C98EBEAD-E296-4BC0-AF8F-8D30137AD169.htm?id={C98EBEAD-E296-4BC0-AF8F-8D30137AD169} (El Mercurio)
Quien hasta 2008 fuera uno de los siete integrantes de la defensoría penal licitada de la XV Región, será formalizada por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento público.
Paula Orellana Vega no estaba habilitada por la Corte Suprema para ejercer la abogacía en Chile, pese a lo cual tramitó 400 causas en cada uno de los tres años en que trabajó para la defensoría.
Orellana no pudo aprobar su examen de grado en la U. de Tarapacá, por lo que convalidó la carrera y obtuvo su título en la U. Privada de Tacna.
Aunque ella invocó el convenio de 1978 de homologación de títulos entre Chile y Perú, la Suprema se negó a validarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/25/nacional/nacional/noticias/C98EBEAD-E296-4BC0-AF8F-8D30137AD169.htm?id={C98EBEAD-E296-4BC0-AF8F-8D30137AD169} (El Mercurio)
sábado, 28 de marzo de 2009
Jueza no encarcela a anarquista por insuficiencia de pruebas
La jueza de garantía María Elena Llanos dispuso reclusión nocturna en su domicilio en Santiago, arraigo nacional y prohibición de trasladarse a la Región de la Araucanía, salvo para efectos judiciales, al anarquista pro mapuche Edgardo Hernández Crucero (26), formalizado por conducta terrorista como presunto autor en la confección y detonación de un artefacto explosivo en el edificio de la Defensoría Penal Pública de Temuco, la noche del pasado 11 de diciembre.La magistrada consideró insuficientes para disponer su prisión preventiva los antecedentes proporcionados por los fiscales Sergio Moya y Fracisco Jacir, que así lo solicitaban.Hernández fue detenido el jueves en Santiago y luego trasladado a esta ciudad.Los fiscales Moya y Jacir dijeron sentirse sorprendidos por la resolución de la magistrada y anunciaron que apelarán de ella ante la Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de dejar sin efecto las medidas cautelares y que se imponga la prisión preventiva, por ser el imputado un peligro para la sociedad.Ambos fiscales expusieron que el día anterior al atentado el imputado pernoctó en la comunidad Temucuicui, en Ercilla, desde donde viajó a Temuco para instalar el artefacto explosivo que causó destrozos en puertas y ventanales.Agregaron que 10 minutos antes de la explosión, en un cibercafé a dos cuadras de distancia, escribió y envió un comunidado de prensa a los medios locales y seguidamente caminó hacia la Defensoría Penal para instalar y detonar el artefacto.Su presencia en el cibercafé fue reconocida por fotografías y por un empleado del local.Sin embargo, el abogado defensor público, Álvaro Valdebenito, cuestionó los antecedentes del Ministerio Público y sostuvo que el reconocimiento era dudoso, dada la incerteza demostrada por el testigo en su declaración.
AUSENCIA
EL GOBIERNO no se ha hecho parte en el caso. Intendencia evalúa entablar una querella.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81.htm?id={642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81} (El Mercurio)
AUSENCIA
EL GOBIERNO no se ha hecho parte en el caso. Intendencia evalúa entablar una querella.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81.htm?id={642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81} (El Mercurio)
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