Viernes 23 de Octurbe de 2009
El concejo municipal de esta ciudad aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una ordenanza sobre "control y regulación de ruidos molestos" en que se prohíbe conversar en voz alta en la vía pública pasadas las 23 horas.
El incumplimiento será calificado como una falta grave. Los infractores serán citados al juzgado de policía local y se exponen al pago de una multa de dos UTM ($72.996).
La ordenanza indica en el artículo 17 que "queda especialmente prohibido después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en alta voz sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía en general, ya sea de ejecutantes a pie o en vehículo".
La normativa impide además que "el pregón de mercaderías y objetos de toda índole, rifas, billetes de lotería (...) la propaganda de cualquier condición desde el interior de los locales a la vía pública, sea hecha de viva voz o por aparatos productores o difusores de sonido".
La alcaldesa Marcela Hernando señaló que ésta entrará en vigencia el próximo mes.
El concejal Félix Acori que votó en contra de esta ordenanza, la calificó de "maquillaje". En su opinión, "no soluciona el problema de fondo de la contaminación acústica en la segunda ciudad más ruidosa después de Santiago, según estudios recientes".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/nacional/noticias/2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8.htm?id={2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8} (El Mercurio)
sábado, 24 de octubre de 2009
Suprema detecta doce deficiencias en Ley Penal Adolescente y propone soluciones
Viernes 23 de Octube de 2009
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
jueves, 22 de octubre de 2009
Municipios evalúan presentar recurso de protección para garantizar clases
Ante el paro indefinido que anunciaron los profesores a partir de este viernes, el presidente de la Asociación de Municipalidades, Claudio Arriagada, señaló que estudian presentar un recurso de protección para garantizar las clases.
"Hemos estado analizando la posibilidad de instalar un recurso de protección para dotarnos de instrumentos más consistentes aun que los que nos dispone la actual norma, que nos permita tomar medidas alternativas, (algo) que no quisiéramos que ocurriera", señaló Arriagada.
El edil indicó que el recurso se presentaría mañana en caso de que la mesa tripartita, que comenzará a funcionar hoy –entre los profesores, el Gobierno y los municipios– no diera resultados.
Dicha acción podría permitir el acceso fluido de los alumnos a los colegios, garantizar su alimentación y "contar con personal docente que pueda asumir la tarea de aquéllos que están en paro", el cual, a su juicio "es muy difícil frenar".
"Si no avanzamos a la solución y se mantienen las posiciones intransigentes de todos los lados, no nos podemos quedar como meros espectadores", explicó Arriagada a radio Cooperativa.
Añadió que "nosotros tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un derecho constitucional, que se cumpla la obligación que tiene el Estado de entregar educación pública básica, gratuita y obligatoria".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381269 (Emol)
"Hemos estado analizando la posibilidad de instalar un recurso de protección para dotarnos de instrumentos más consistentes aun que los que nos dispone la actual norma, que nos permita tomar medidas alternativas, (algo) que no quisiéramos que ocurriera", señaló Arriagada.
El edil indicó que el recurso se presentaría mañana en caso de que la mesa tripartita, que comenzará a funcionar hoy –entre los profesores, el Gobierno y los municipios– no diera resultados.
Dicha acción podría permitir el acceso fluido de los alumnos a los colegios, garantizar su alimentación y "contar con personal docente que pueda asumir la tarea de aquéllos que están en paro", el cual, a su juicio "es muy difícil frenar".
"Si no avanzamos a la solución y se mantienen las posiciones intransigentes de todos los lados, no nos podemos quedar como meros espectadores", explicó Arriagada a radio Cooperativa.
Añadió que "nosotros tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un derecho constitucional, que se cumpla la obligación que tiene el Estado de entregar educación pública básica, gratuita y obligatoria".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381269 (Emol)
Profesores se retiran de mesa tripartita y confirman paro indefinido
Sin acercar posiciones concluyó la reunión de negociación tripartita entre los profesores, los alcaldes y el ministerio de Educación que se reunió con urgencia esta mañana para analizar los problemas del gremio, en vísperas del paro indefinido que, según confirmó el magisterio, se iniciará en todo el país este viernes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dio por concluida la cita, argumentando que no había nada que negociar, puesto que el gobierno no reconoce la deuda histórica del gremio.
"Nosotros llevamos una propuesta y cuando se negocia las cosas tienen que ir así, una propuesta, una contrapropuesta, pero desgraciadamente la autoridad traía cero propuesta y dice que ese tema de la reparación de la deuda histórica no está en agenda y dan fundamentos jurídicos, históricos y morales y creo que ahí quedamos atrapados", dijo Gajardo, al tiempo que no reconoció responsabilidad en los efectos que tendrá la pérdida de clases en la educación pública.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, insistió en que el gobierno sólo está dispuesto a negociar el bono SAE y no reconoció la deuda histórica, recordando que tanto Justicia como la Contraloría han fallado siempre en contra de la demanda de los profesores y que eso crea jurisprudencia.
Martínez aseguró que el Mineduc adoptará medidas de contingencia para minimizar los impactos del paro. Por ello, llamó a los padres a enviar a sus hijos a clases, ya que los almuerzos y desayunos estarán garantizados y habrá además actividades extraprogramáticas.
Sin embargo, reconoció que de prolongarse el paro, éste tendría repercusiones en el Simce, pues los docentes se niegan a aplicarlo. Tras ello, aseguró que no se les pagarán los días no trabajados.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, calificó como desastroso el resultado de la reunión y aseguró que la educación municipal "ya no resiste otra paralización", pues recién están recuperando las clases de paros anteriores.
En vista de lo anterior, confirmó que presentarán un recurso de protección para garantizar las realización de las clases.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381291 (Emol)
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dio por concluida la cita, argumentando que no había nada que negociar, puesto que el gobierno no reconoce la deuda histórica del gremio.
"Nosotros llevamos una propuesta y cuando se negocia las cosas tienen que ir así, una propuesta, una contrapropuesta, pero desgraciadamente la autoridad traía cero propuesta y dice que ese tema de la reparación de la deuda histórica no está en agenda y dan fundamentos jurídicos, históricos y morales y creo que ahí quedamos atrapados", dijo Gajardo, al tiempo que no reconoció responsabilidad en los efectos que tendrá la pérdida de clases en la educación pública.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, insistió en que el gobierno sólo está dispuesto a negociar el bono SAE y no reconoció la deuda histórica, recordando que tanto Justicia como la Contraloría han fallado siempre en contra de la demanda de los profesores y que eso crea jurisprudencia.
Martínez aseguró que el Mineduc adoptará medidas de contingencia para minimizar los impactos del paro. Por ello, llamó a los padres a enviar a sus hijos a clases, ya que los almuerzos y desayunos estarán garantizados y habrá además actividades extraprogramáticas.
Sin embargo, reconoció que de prolongarse el paro, éste tendría repercusiones en el Simce, pues los docentes se niegan a aplicarlo. Tras ello, aseguró que no se les pagarán los días no trabajados.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, calificó como desastroso el resultado de la reunión y aseguró que la educación municipal "ya no resiste otra paralización", pues recién están recuperando las clases de paros anteriores.
En vista de lo anterior, confirmó que presentarán un recurso de protección para garantizar las realización de las clases.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381291 (Emol)
Sename: ex guardadores no podrán adoptar a Matilde
Categórico fue el director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín, a la hora de cerrar toda opción a Eduardo Porter y Marcela Castillo de adoptar a Matilde, la pequeña de ocho meses que cuidaron durante cinco meses como guardadores de la Fundación Chilena de la Adopción.
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
miércoles, 21 de octubre de 2009
Abogada de guardadores: Intentamos mediar con la Fundación pero ésta no quiso
Luego de que los padres guardadores de Matilde, la familia Porter Castillo, la Fundación Chilena de la Adopción hizo un llamado para que el matrimonio desistiera de las acciones legales para quedarse con la niña, petición que rechazó la abogada defensora de la pareja, Porzia Sprovera.
“Nosotros hemos reclamado en los tribunales desde el 9 de octubre y vamos a continuar con las acciones legales”, aseguró la abogada, quien además, precisó que esta situación pudo haber evitado si es que la directora de la casa de acogida de la menor, María Elena González, hubiese accedido a sentarse a conversar con el matrimonio.
“Esta situación la pudieron haber previsto mucho antes. Antes de iniciar todas las acciones legales llamamos a la directora de la Fundación, para pedirle que nos sentáramos a conversar para ver cómo podíamos solucionar esto y su respuesta fue ‘no sé de qué tengo que conversar con ustedes’”, afirmó Sprovera.
Además, precisó que la denuncia por vulneración se presentó a principios de octubre y que sólo cuando se les otorgó un recurso de apelación al matrimonio de guardadores, “ahora la Fundación dice que le estamos haciendo daño a la niña”.
“La Fundación manda un mensaje a través de la prensa, muy sensible, con el objeto de parezca que estos papás son los ‘malos’ (...), pero es la Fundación la que ha vulnerado los derechos de Matilde”, dijo la abogada.
Sprovera comentó que una vez que entregaron a la niña, no han sabido nada de ella, “nosotros la dejamos en la PDI”, y que esta mañana el matrimonio se reunió con las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), para evaluar la idoneidad de ellos como padres adoptivos.
“Esta situación anteriormente la negó el Sename. Cuando se contactó por primera vez Marcela Castillo con el Sename y con el departamento de adopción, le dijeron que por ningún motivo, que no podían siquiera aceptar el trámite” para quedarse con la niña.
Según Sprovera, le negaron la adopción de la menor porque la Fundación no acepta que la guardadoras adopten a los niños.
En tanto, precisó que ayer entró a la Corte, el recurso de apelación, y que es posible que su alegato sea el próximo miércoles; además está pendiente uno de protección.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381123 (El Mercurio)
“Nosotros hemos reclamado en los tribunales desde el 9 de octubre y vamos a continuar con las acciones legales”, aseguró la abogada, quien además, precisó que esta situación pudo haber evitado si es que la directora de la casa de acogida de la menor, María Elena González, hubiese accedido a sentarse a conversar con el matrimonio.
“Esta situación la pudieron haber previsto mucho antes. Antes de iniciar todas las acciones legales llamamos a la directora de la Fundación, para pedirle que nos sentáramos a conversar para ver cómo podíamos solucionar esto y su respuesta fue ‘no sé de qué tengo que conversar con ustedes’”, afirmó Sprovera.
Además, precisó que la denuncia por vulneración se presentó a principios de octubre y que sólo cuando se les otorgó un recurso de apelación al matrimonio de guardadores, “ahora la Fundación dice que le estamos haciendo daño a la niña”.
“La Fundación manda un mensaje a través de la prensa, muy sensible, con el objeto de parezca que estos papás son los ‘malos’ (...), pero es la Fundación la que ha vulnerado los derechos de Matilde”, dijo la abogada.
Sprovera comentó que una vez que entregaron a la niña, no han sabido nada de ella, “nosotros la dejamos en la PDI”, y que esta mañana el matrimonio se reunió con las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), para evaluar la idoneidad de ellos como padres adoptivos.
“Esta situación anteriormente la negó el Sename. Cuando se contactó por primera vez Marcela Castillo con el Sename y con el departamento de adopción, le dijeron que por ningún motivo, que no podían siquiera aceptar el trámite” para quedarse con la niña.
Según Sprovera, le negaron la adopción de la menor porque la Fundación no acepta que la guardadoras adopten a los niños.
En tanto, precisó que ayer entró a la Corte, el recurso de apelación, y que es posible que su alegato sea el próximo miércoles; además está pendiente uno de protección.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381123 (El Mercurio)
Corte rechaza recurso que pretendía impedir entrega de bebé para adopción
La corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo que pretendía dejar sin efecto la resolución del Cuarto Juzgado de Familia, la cual ordena que el matrimonio Castillo-Porter entregue a la menor de ocho meses a quien cuidaron como guardadores.
“La acción, presentada por las abogadas Porzia Sprovera y Lisete Cortes-Vieria, no puede ser acogida a tramitación”, determinó la Corte en una resolución dada a conocer esta tarde.
En ella, la corte argumentó que los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen la denuncia de un hecho específico que corresponda a los que, según el artículo 21 de la Constitución Política, hacen admisible una acción legal como la presentada por las abogadas.
En el recurso de amparo se planteaba, en alusión a la menor, que “pretender separarla de quien es su figura materna, sin ni siquiera escucharla, importa pasar por encima de los derechos a la libertad, no considerándola una persona, sino más bien un objeto que pasa de mano en mano".
La resolución de rechazo al requerimiento fue pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones integrada por los ministros Raúl Rocha, Jessica González y el abogado Emilio Pfeffer.
El caso de la pequeña Matilde, a quien sus guardadores se niegan a entregar, ha generado un amplio debate respecto de esta función y de lo que les toca vivir cuando deben entregar a los menores que estaban bajo su cuidado.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381010 (El Mercurio)
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