Sábado 31 de Octubre de 2009
Sus expectativas de que en el próximo gobierno el Ministerio de Justicia recupere el "peso político" que tuvo "en el pasado" manifestó ayer el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, al término de un debate al que la orden y la Fundación Pro Bono invitaron a representantes de los cuatro candidatos presidenciales, y en el que, entre otros temas, se abordó el papel de la citada secretaría de Estado.
"Una de las cosas esenciales en el diseño del futuro Gobierno es que el Ministerio de Justicia tenga un rango y un rol protagónico dentro del Gobierno, y eso hace que tenga peso político suficiente como para tener influencia en la distribución de recursos, en las políticas públicas", afirmó Barros a "El Mercurio".
Una visión con la que discrepó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aseguró que en el actual gabinete "no hay protagonismos", y recordó que durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el crecimiento del sector justicia "ha sido el más grande" en la historia del país. "Lamentablemente, más que un análisis político, las palabras (de Barros) denotan un poco de desconocimiento", dijo.
Pero Barros también apuntó al alto número de servicios que dependen de esa cartera, afirmando que "tengo la impresión de que hay una hipertrofia dentro del ministerio, tiene 7 servicios dependientes", los que "no necesariamente están vinculados con la gestión de Justicia".
"Probablemente ahí es necesario también hacer un rediseño institucional de tal manera de saber qué cosa pertenece al ámbito de justicia, a seguridad pública y a otras materias", agregó.
Esta preocupación fue compartida por algunos de los representantes de los candidatos, quienes, además, en forma unánime, hicieron un crítico diagnóstico de la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, opinión a la que se sumó Barros.
"La impresión que tenemos es que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) están cumpliendo deficientemente las dos funciones: completar la formación práctica de los egresados de Derecho, y prestar un servicio de asistencia jurídica a quienes no lo tienen", aseguró el presidente de la orden gremial.
Consultado al respecto, el ministro Maldonado respondió que la estructura, recursos y diseño de la CAJ "corresponden a un Chile de otra época", y conscientes de ello, en las próximas semanas presentarán el proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
Adelantó que entre las propuestas que la llamada mesa penitenciaria hará a fin de año podrían estar cambios al diseño orgánico de ese sector, y reconoció ser partidario de que el ministerio tenga más de una subsecretaría -como Salud o Trabajo-, "por la distinta naturaleza de los servicios que dependen de él".
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''En algún tiempolo tuvo en el pasado (pesopolítico), y es la épocaen que se hicieron lasmás grandes reformas".ENRIQUE BARROSPRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS
''Lamentablemente,más que un análisis político,las palabras (deBarros) denotan un pocode desconocimiento".CARLOS MALDONADOMINISTRO DE JUSTICIA
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66.htm?id={23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66} (El Mercurio)
martes, 3 de noviembre de 2009
Ruso será imputado en causa por lavado de dinero
Viernes 30 de Octubre de 2009
Por el delito de lavado de dinero será formalizado próximamente el empresario ruso Sergey Zadnepryanskiy, quien fue detenido la semana pasada en su parcela de San Felipe a raíz de una petición de extradición procedente de su país.
El miércoles pasado, el fiscal Vinko Fodich solicitó al 8º Juzgado de Garantía una audiencia para imputarle cargos, relativos a la internación de millones de rublos (moneda rusa) y a la utilización de los mismos en nuestro país.
Zadnepryanskiy es requerido por la Federación Rusa por estar vinculado a una millonaria estafa cometida en contra del banco Sberbank, que es el Banco de Ahorro de ese país.
En 2006, el sujeto huyó de la justicia de la Federación Rusa, y gracias al contacto de algunos amigos arribó a nuestro país y se instaló en la V Región con una empresa de fabricación de cerámicas y ladrillos.
Fue así como creó la firma ZSL Servicios Ltda., en parte, con los dineros que logró internar. Según habría acreditado la investigación de Vinko Fodich, se trataría de unos US$ 2 millones (unos $1.000 millones).
Tras la detención de Zadnepryanskiy, el investigador pidió órdenes de allanamiento de su parcela y su empresa. Efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) incautaron computadores e información contable que servirán para acreditar el presunto lavado de dinero.
En cuanto al pedido de extradición, el ministro de la Corte Suprema Adalis Oyarzún rechazó la petición del abogado de Zadnepryanskiy de sustituir la prisión preventiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/30/nacional/nacional/noticias/F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2.htm?id={F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2} (El Mercurio)
Por el delito de lavado de dinero será formalizado próximamente el empresario ruso Sergey Zadnepryanskiy, quien fue detenido la semana pasada en su parcela de San Felipe a raíz de una petición de extradición procedente de su país.
El miércoles pasado, el fiscal Vinko Fodich solicitó al 8º Juzgado de Garantía una audiencia para imputarle cargos, relativos a la internación de millones de rublos (moneda rusa) y a la utilización de los mismos en nuestro país.
Zadnepryanskiy es requerido por la Federación Rusa por estar vinculado a una millonaria estafa cometida en contra del banco Sberbank, que es el Banco de Ahorro de ese país.
En 2006, el sujeto huyó de la justicia de la Federación Rusa, y gracias al contacto de algunos amigos arribó a nuestro país y se instaló en la V Región con una empresa de fabricación de cerámicas y ladrillos.
Fue así como creó la firma ZSL Servicios Ltda., en parte, con los dineros que logró internar. Según habría acreditado la investigación de Vinko Fodich, se trataría de unos US$ 2 millones (unos $1.000 millones).
Tras la detención de Zadnepryanskiy, el investigador pidió órdenes de allanamiento de su parcela y su empresa. Efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) incautaron computadores e información contable que servirán para acreditar el presunto lavado de dinero.
En cuanto al pedido de extradición, el ministro de la Corte Suprema Adalis Oyarzún rechazó la petición del abogado de Zadnepryanskiy de sustituir la prisión preventiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/30/nacional/nacional/noticias/F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2.htm?id={F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2} (El Mercurio)
jueves, 29 de octubre de 2009
Corte confirma dictamen de Contraloría que prohíbe repartir píldora del día después en consultorios
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una estudiante en contra del dictamen de la Contraloría General de la República que prohibió la distribución de la denominada "píldora del día después" en los consultorios municipales.
En fallo dividido, los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Emilio Pfeffer, desestimaron la acción constitucional presentada por la estudiante Pamela Vera Flores.
Según informó el departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, la sentencia de mayoría determina que la Contraloría actuó dentro de sus facultades al interpretar ampliamente el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución del mencionado medicamento en el sistema público de salud.
El fallo argumenta que "las municipalidades son servicios públicos constitucionalmente autónomos que forman parte integrante de la Administración del Estado, lo que las obliga a actuar coordinadamente con los demás órganos públicos y respetar sus respectivas competencias, pues aún cuando se trata de órganos descentralizados, funcional y territorialmente, que no se encuentran sometidos a un vínculo jerárquico o de dependencia respecto del Presidente de la República ni de los ministerios, sus actuaciones se encuentran limitadas por el ordenamiento jurídico".
Y agrega que el ente contralor se ha limitado a interpretar el ordenamiento legal y reglamentario, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunas normas del Ministerio de Salud.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382424 (El Mercurio)
En fallo dividido, los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Emilio Pfeffer, desestimaron la acción constitucional presentada por la estudiante Pamela Vera Flores.
Según informó el departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, la sentencia de mayoría determina que la Contraloría actuó dentro de sus facultades al interpretar ampliamente el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución del mencionado medicamento en el sistema público de salud.
El fallo argumenta que "las municipalidades son servicios públicos constitucionalmente autónomos que forman parte integrante de la Administración del Estado, lo que las obliga a actuar coordinadamente con los demás órganos públicos y respetar sus respectivas competencias, pues aún cuando se trata de órganos descentralizados, funcional y territorialmente, que no se encuentran sometidos a un vínculo jerárquico o de dependencia respecto del Presidente de la República ni de los ministerios, sus actuaciones se encuentran limitadas por el ordenamiento jurídico".
Y agrega que el ente contralor se ha limitado a interpretar el ordenamiento legal y reglamentario, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunas normas del Ministerio de Salud.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382424 (El Mercurio)
Gobierno advierte que habrá tensión si Contraloría indaga a ministros por actos políticos
El contralor Ramiro Mendoza estaba ayer en la mañana en la base Cerro Moreno, en Antofagasta, invitado por la FACh para observar la fase final del ejercicio militar "Salitre 2009". A esa misma hora, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, formulaba una dura advertencia a la Contraloría.
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
miércoles, 28 de octubre de 2009
Cámara rechaza suspender la dieta parlamentaria de Marco Enríquez-Ominami
La comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados rechazó la petición del candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, quien había solicitado la suspensión de su sueldo de parlamentario en los meses en que estará abocado a su campaña.
"No tenemos atribuciones legales, carecemos de las facultades y competencias para acceder a la solicitud de no pagar las remuneraciones de los diputados. No podemos tomar esa decisión", explicó el presidente del la Corporación, Rodrigo Álvarez, quien recordó que las remuneraciones de los parlamentarios "están consagradas a nivel constitucional".
Pese a ello, Álvarez dijo que es necesario estudiar esta normativa en el futuro y evaluar si se puede legislar con mayor precisión respecto a este tema, fundamentalmente en lo que dice relación con las candidaturas presidenciales, donde se entiende la ausencia de los legisladores dentro de la Cámara Baja.
Enríquez-Ominami había realizado la solicitud hace dos semanas a través de una carta en la que pedía la completa suspensión de su sueldo como diputado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, bajo el argumento de que la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país le impide asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra.
La negativa de la Cámara se hizo extensiva a las solicitudes de Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Renán Fuentealba y Lily Pérez, quienes se habían sumado a la iniciativa de Enríquez-Ominami.
Todos ellos habían adelantado que si la Cámara rechazaba su petición, tenían resuelto donar el dinero.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382172 (Emol)
"No tenemos atribuciones legales, carecemos de las facultades y competencias para acceder a la solicitud de no pagar las remuneraciones de los diputados. No podemos tomar esa decisión", explicó el presidente del la Corporación, Rodrigo Álvarez, quien recordó que las remuneraciones de los parlamentarios "están consagradas a nivel constitucional".
Pese a ello, Álvarez dijo que es necesario estudiar esta normativa en el futuro y evaluar si se puede legislar con mayor precisión respecto a este tema, fundamentalmente en lo que dice relación con las candidaturas presidenciales, donde se entiende la ausencia de los legisladores dentro de la Cámara Baja.
Enríquez-Ominami había realizado la solicitud hace dos semanas a través de una carta en la que pedía la completa suspensión de su sueldo como diputado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, bajo el argumento de que la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país le impide asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra.
La negativa de la Cámara se hizo extensiva a las solicitudes de Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Renán Fuentealba y Lily Pérez, quienes se habían sumado a la iniciativa de Enríquez-Ominami.
Todos ellos habían adelantado que si la Cámara rechazaba su petición, tenían resuelto donar el dinero.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382172 (Emol)
Despachada ley que elimina cheque en garantía en salud
Sólo falta la firma de la Presidenta para que sea ley el proyecto que flexibiliza la entrega del cheque en garantía ante una atención de salud y le entrega atribuciones para fiscalizar que no se pida este documento a la Superintendencia de Salud.
Esto luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara anoche con 68 votos a favor el proyecto que contempla que un usuario ante atenciones electivas, es decir, aquellas donde el paciente elige dónde atenderse para resolver un problema de salud que no tiene riesgo vital, pueda no dejar un cheque en garantía, sino cambiarlo por una letra de pago, pagaré, el voucher de una tarjeta de crédito o una carta de respaldo del empleador.
En el caso de las urgencias vitales certificadas por un médico, el cheque en garantía está prohibido desde el año 1999, pese a lo cual aún es utilizado en algunos centros de salud.
Para asegurar que esto no ocurra, el proyecto le entrega las atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, la que podrá aplicar sanciones económicas -que van entre los $36.000 y los $36 millones- tanto a hospitales públicos, como a clínicas e incluso a las consultas particulares de los médicos (ver nota relacionada).
De todas formas, quien desee cancelar con cheque o dinero en efectivo podrá hacerlo voluntariamente. Además, se ratifica que en casos de atenciones de emergencia que presenten riesgo vital certificado por un médico no se podrá exigir nunca un documento como garantía para la atención.
Pese a la mayoría obtenida por el proyecto, hubo opiniones divergentes. Entre ellas, la de la diputada RN Karla Rubilar, quien afirmó en la discusión previa a la votación que "lo lógico sería que nuestro seguro -ya sea isapre o Fonasa- fuera el que respondiera ante la clínica y no el usuario el que respondiera ante el prestador. Esa discusión va a quedar en deuda en este proyecto de ley". Concordó la PS Isabel Allende, quien afirmó que "cambiamos una cosa por otra. Es más de lo mismo".
$ 36millones es la multa máxima que podrá aplicar la superintendencia.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
68votos a favor tuvo el proyecto, uno en contra y una abstención.
Qué dice la ley y qué se agregó
CHEQUE EN GARANTÍA
La Ley 19.650, del año 1999, prohíbe la exigencia de un cheque en garantía por las atenciones de urgencia.
Pero la ley no explicitaba a ninguna autoridad para la fiscalización de esta situación, lo que en la práctica se traducía en que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, continuaban exigiendo el documento.
VETO ADITIVO
Con el proyecto despachado ayer por el Congreso se le entrega la fiscalización a la Superintendencia de Salud, a la que se le permite sancionar, de acuerdo con la gravedad de la falta, entre $36.500 y $36 millones.
A clínicas, hospitales y médicos que infrinjan la ley se les podrá sancionar con la eliminación de Fonasa y el AUGE.
Foco de conflicto con las consultas particulares
Es una situación común que muchos pacientes lleguen a las consultas particulares de sus médicos sin el bono de atención, y como solución se les pida una garantía en dinero que asegure que luego volverán a dejar el bono correspondiente.
Sin embargo, esta situación también deberá ser penalizada por esta nueva ley que fiscalizará la superintendencia, por tratarse igualmente de una garantía ilegal, lo que fue cuestionado durante el debate legislativo por el diputado radical Alberto Robles, quien fue apoyado por el UDI Juan Lobos.
"El proyecto está fomentando que el paciente, o lleve siempre su bono o tenga que pagar la consulta como particular, porque el médico se va a exponer a fuertes multas", reprochó el parlamentario.
En efecto, los médicos podrán ser expulsados del registro de prestadores del Fonasa, del AUGE y multados con hasta $36 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/nacional/noticias/DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898.htm?id={DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898} (El Mercurio)
Esto luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara anoche con 68 votos a favor el proyecto que contempla que un usuario ante atenciones electivas, es decir, aquellas donde el paciente elige dónde atenderse para resolver un problema de salud que no tiene riesgo vital, pueda no dejar un cheque en garantía, sino cambiarlo por una letra de pago, pagaré, el voucher de una tarjeta de crédito o una carta de respaldo del empleador.
En el caso de las urgencias vitales certificadas por un médico, el cheque en garantía está prohibido desde el año 1999, pese a lo cual aún es utilizado en algunos centros de salud.
Para asegurar que esto no ocurra, el proyecto le entrega las atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, la que podrá aplicar sanciones económicas -que van entre los $36.000 y los $36 millones- tanto a hospitales públicos, como a clínicas e incluso a las consultas particulares de los médicos (ver nota relacionada).
De todas formas, quien desee cancelar con cheque o dinero en efectivo podrá hacerlo voluntariamente. Además, se ratifica que en casos de atenciones de emergencia que presenten riesgo vital certificado por un médico no se podrá exigir nunca un documento como garantía para la atención.
Pese a la mayoría obtenida por el proyecto, hubo opiniones divergentes. Entre ellas, la de la diputada RN Karla Rubilar, quien afirmó en la discusión previa a la votación que "lo lógico sería que nuestro seguro -ya sea isapre o Fonasa- fuera el que respondiera ante la clínica y no el usuario el que respondiera ante el prestador. Esa discusión va a quedar en deuda en este proyecto de ley". Concordó la PS Isabel Allende, quien afirmó que "cambiamos una cosa por otra. Es más de lo mismo".
$ 36millones es la multa máxima que podrá aplicar la superintendencia.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
68votos a favor tuvo el proyecto, uno en contra y una abstención.
Qué dice la ley y qué se agregó
CHEQUE EN GARANTÍA
La Ley 19.650, del año 1999, prohíbe la exigencia de un cheque en garantía por las atenciones de urgencia.
Pero la ley no explicitaba a ninguna autoridad para la fiscalización de esta situación, lo que en la práctica se traducía en que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, continuaban exigiendo el documento.
VETO ADITIVO
Con el proyecto despachado ayer por el Congreso se le entrega la fiscalización a la Superintendencia de Salud, a la que se le permite sancionar, de acuerdo con la gravedad de la falta, entre $36.500 y $36 millones.
A clínicas, hospitales y médicos que infrinjan la ley se les podrá sancionar con la eliminación de Fonasa y el AUGE.
Foco de conflicto con las consultas particulares
Es una situación común que muchos pacientes lleguen a las consultas particulares de sus médicos sin el bono de atención, y como solución se les pida una garantía en dinero que asegure que luego volverán a dejar el bono correspondiente.
Sin embargo, esta situación también deberá ser penalizada por esta nueva ley que fiscalizará la superintendencia, por tratarse igualmente de una garantía ilegal, lo que fue cuestionado durante el debate legislativo por el diputado radical Alberto Robles, quien fue apoyado por el UDI Juan Lobos.
"El proyecto está fomentando que el paciente, o lleve siempre su bono o tenga que pagar la consulta como particular, porque el médico se va a exponer a fuertes multas", reprochó el parlamentario.
En efecto, los médicos podrán ser expulsados del registro de prestadores del Fonasa, del AUGE y multados con hasta $36 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/nacional/noticias/DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898.htm?id={DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898} (El Mercurio)
Cámara aprueba proyecto de acuerdo en que se reconoce "deuda histórica"
Durante la mañana de ayer, la directiva del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, partió rumbo a Valparaíso. Los dirigentes llegaron al Congreso donde se les sumaron 27 buses con docentes desde la capital. Con esta manifestación de fuerza, los profesores iniciaron una nutrida agenda que incluyó reuniones con las bancadas de todos los partidos políticos y con el presidente de la Cámara de Diputados.
El intenso lobby tuvo sus frutos. En paralelo a las reuniones que sostuvo Gajardo, los congresistas les dieron un concreto apoyo con tres puntos clave para el Gobierno.
El primer golpe lo asestaron en la subcomisión mixta de presupuesto para Educación. Allí, se rechazó la partida para educación. Los aliancistas Carlos Kuschel (RN) y Claudio Alvarado (UDI) votaron en contra de la aprobación, el PS Carlos Montes y el independiente Carlos Ominami se abstuvieron y sólo aprobó el senador DC Hosaín Sabag.
Los integrantes de la instancia que se negaron a dar luz verde a los recursos admitieron que era una medida para presionar el Ejecutivo para que reconozca la existencia de una deuda histórica con los profesores. "El Gobierno debe tener un mínimo de flexibilización en esta materia", sostuvo el diputado Montes. Por su parte, Ominami argumentó su no aprobación como una "defensa a la dignidad del Congreso Nacional que formalmente ha reconocido esta deuda". Esto, en alusión a la comisión especial sobre deuda histórica que concluyó la existencia de ésta y le propuso al Gobierno posibles soluciones para pagarles a los docentes.
El segundo espaldarazo corporativo que recibieron los profesores, y que más dolió al Gobierno, ocurrió a las 13:25 horas. Fue en ese momento cuando se aprobó, sin discusión y por unanimidad de los 78 diputados presentes, el proyecto de acuerdo que pide a La Moneda reconocer la deuda histórica con el magisterio. En el documento, de cinco considerandos, se expresa que "la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile". Junto con ello se solicita que la Presidenta "disponga del cumplimiento de lo señalado" en las conclusiones de la comisión especial y que se haga un reconocimiento tácito de la "deuda moral" con el profesorado.
Pasadas las 15:30 horas, los parlamentarios dieron su golpe final: en la comisión de Educación decidieron prorrogar para una próxima cita la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, proyecto que venía con el visto bueno del Congreso listo para convertirse en ley.
"Lo hicimos en protesta por la actitud del Gobierno, en particular de Hacienda, y por haber postergado en un día la mesa entre el Ejecutivo y los profesores", comentó el diputado PPD Rodrigo González.
La irritación en el Congreso aumentó cuando en la tarde se enteraron de que la reunión fijada para ayer a las 18:00 horas entre La Moneda y el Colegio de Profesores se había postergado por 24 horas. Según les explicaron a los parlamentarios, "por un tope de agenda" de algunos de los interlocutores, en particular del subdere Mahmud Aleuy, que se encontraba en el Congreso. Con este cambio de fecha, el Gobierno hizo también su lobby al subir a la mesa de negociación a los Asociación Chilena de Municipalidades, un actor que los profesores no querían en las conversaciones.
Presupuesto
Con dos votos en contra, dos abstenciones y un voto a favor, la subcomisión mixta del Congreso rechazó aprobar el presupuesto de Educación para 2010, como gesto de molestia ante la negativa del Ejecutivo para solucionar la "deuda histórica".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/politica/noticias/1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC.htm?id={1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC} (El Mercurio)
El intenso lobby tuvo sus frutos. En paralelo a las reuniones que sostuvo Gajardo, los congresistas les dieron un concreto apoyo con tres puntos clave para el Gobierno.
El primer golpe lo asestaron en la subcomisión mixta de presupuesto para Educación. Allí, se rechazó la partida para educación. Los aliancistas Carlos Kuschel (RN) y Claudio Alvarado (UDI) votaron en contra de la aprobación, el PS Carlos Montes y el independiente Carlos Ominami se abstuvieron y sólo aprobó el senador DC Hosaín Sabag.
Los integrantes de la instancia que se negaron a dar luz verde a los recursos admitieron que era una medida para presionar el Ejecutivo para que reconozca la existencia de una deuda histórica con los profesores. "El Gobierno debe tener un mínimo de flexibilización en esta materia", sostuvo el diputado Montes. Por su parte, Ominami argumentó su no aprobación como una "defensa a la dignidad del Congreso Nacional que formalmente ha reconocido esta deuda". Esto, en alusión a la comisión especial sobre deuda histórica que concluyó la existencia de ésta y le propuso al Gobierno posibles soluciones para pagarles a los docentes.
El segundo espaldarazo corporativo que recibieron los profesores, y que más dolió al Gobierno, ocurrió a las 13:25 horas. Fue en ese momento cuando se aprobó, sin discusión y por unanimidad de los 78 diputados presentes, el proyecto de acuerdo que pide a La Moneda reconocer la deuda histórica con el magisterio. En el documento, de cinco considerandos, se expresa que "la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile". Junto con ello se solicita que la Presidenta "disponga del cumplimiento de lo señalado" en las conclusiones de la comisión especial y que se haga un reconocimiento tácito de la "deuda moral" con el profesorado.
Pasadas las 15:30 horas, los parlamentarios dieron su golpe final: en la comisión de Educación decidieron prorrogar para una próxima cita la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, proyecto que venía con el visto bueno del Congreso listo para convertirse en ley.
"Lo hicimos en protesta por la actitud del Gobierno, en particular de Hacienda, y por haber postergado en un día la mesa entre el Ejecutivo y los profesores", comentó el diputado PPD Rodrigo González.
La irritación en el Congreso aumentó cuando en la tarde se enteraron de que la reunión fijada para ayer a las 18:00 horas entre La Moneda y el Colegio de Profesores se había postergado por 24 horas. Según les explicaron a los parlamentarios, "por un tope de agenda" de algunos de los interlocutores, en particular del subdere Mahmud Aleuy, que se encontraba en el Congreso. Con este cambio de fecha, el Gobierno hizo también su lobby al subir a la mesa de negociación a los Asociación Chilena de Municipalidades, un actor que los profesores no querían en las conversaciones.
Presupuesto
Con dos votos en contra, dos abstenciones y un voto a favor, la subcomisión mixta del Congreso rechazó aprobar el presupuesto de Educación para 2010, como gesto de molestia ante la negativa del Ejecutivo para solucionar la "deuda histórica".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/politica/noticias/1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC.htm?id={1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC} (El Mercurio)
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