Miércoles 11 de Noviembre de 2009
La preparación del juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia, quedó paralizada debido a una determinación del Tribunal Constitucional (TC).
El organismo acogió a tramitación el recurso que presentó el lunes por la mañana el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, con el que intenta evitar que el fiscal Patricio Caroca declare como testigo en el juicio.
El TC deberá resolver una contienda de competencia entre el fiscal Armendáriz y el magistrado del 8° Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, quien acogió la petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Caroca -que indagó el doble homicidio de calle Infante y participó en la causa- declare como testigo en el juicio oral.
En la última audiencia, hace una semana, el juez inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor. A su vez, la fiscalía sostiene que solamente el fiscal metropolitano oriente tiene la atribución de sacar al fiscal de la causa.
El TC, en consecuencia, también pidió un informe al magistrado.
Armendáriz, asimismo, presentó una queja disciplinaria en contra del juez, y la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, suspendiendo la resolución que dejaba fuera de la investigación a Caroca. Además, solicitó un informe al juez.
"Los que me juzgaron deben estar intranquilos, no yo"
"Nunca participé. Ellos sabrán por qué lo están haciendo (inculparla). Lo tienen que demostrar (...) Tengo esperanzas de salir libre. Las personas que me han juzgado antes de tiempo son las que tienen que estar intranquilas, no yo".
Así termina la extensa entrevista a María del Pilar Pérez López, más conocida como "La Quintrala", que mostró, en su edición de anoche, el programa "Informe Especial" de TVN.
La imputada negó todas las acusaciones que le refieren la Fiscalía Metropolitana Oriente y su familia completa en torno a su participación como autora mediata de los crímenes del economista Diego Schmidt-Hebbel, el de su ex marido Francisco Zamorano y el de la pareja de este último, Héctor Arévalo.
"Yo no puedo opinar sobre lo que ellos piensan de mí. Ellos pueden opinar lo que quieran", aseguró Pilar Pérez.
La mujer agregó que es imposible que haya querido eliminar a toda su familia.
"Nunca he sentido odio, porque es mi familia, es mi sangre, son mis hermanas, es mi madre. (...) No soy agresiva ni tampoco tengo trastornos. Soy una persona pacífica, no soy violenta, odio la violencia bajo cualquier forma".
Al preguntarle por la declaración del sicario José Ruz, quien aseguró que Pilar Pérez le ofreció $10 millones por cada integrante asesinado, la imputada respondió tajante: ¿De dónde saco esa plata?, no se me habría ocurrido jamás realizar una cosa así. No están dentro de mis principios ni de mi ética las cosas en ese tipo de circunstancias".
Respecto a la disputa por la herencia, "La Quintrala" señala que "ellos (su familia) fueron los que produjeron el quiebre, porque no estaban de acuerdo con lo que mi padre dejó en su testamento. Si él sentía alguna diferencia entre nosotras, se lo llevó en silencio".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/_portada/noticias/4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83.htm?id={4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83} (El Mercurio)
domingo, 15 de noviembre de 2009
martes, 10 de noviembre de 2009
Juicio contra Pilar Pérez y su sicario queda paralizado por pugna entre fiscal y juez
El juicio oral contra María del Pilar Pérez y su sicario José Ruz quedó paralizado debido a un conflicto de competencias entre el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz y el magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena.
Tras presentar ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del juez, Armendáriz interpuso hoy un requerimiento ante el Tribunal Constritucional, debido a que el magistrado acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien llevó adelante las primeras diligencias por la muerte del joven economista Diego Schmidt-Hebbel y del arquitecto Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo- declare como testigo en el juicio oral.
De acuerdo a ese planteamiento, el fiscal debe declarar porque fue el primero en indagar el doble homicidio de Providencia y además porque imputó el crimen a Claudio Soza, primo de la víctima, y luego sobreseído.
El Ministerio Público se opuso a dicha petición, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
Sin embargo, junto con no atender el planteamiento de la fiscalía, en la audiencia del martes pasado, Aravena inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designara a otro prosecutor.
Según trascendió, esta resolución molestó profundamente a Armendáriz, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales.
Por ello, presentó una orden de no innovar que fue acogida ayer por el Pleno del tribunal de alzada, con lo que se suspendió la resolución que dejaba al fiscal Caroca fuera del juicio.
El requerimiento presentado hoy ante el Tribunal Constitucional, hizo que se suspendiera la audiencia de esta tarde y todos los procedimientos relacionados con este caso.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=384227(El Mercurio)
Tras presentar ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del juez, Armendáriz interpuso hoy un requerimiento ante el Tribunal Constritucional, debido a que el magistrado acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien llevó adelante las primeras diligencias por la muerte del joven economista Diego Schmidt-Hebbel y del arquitecto Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo- declare como testigo en el juicio oral.
De acuerdo a ese planteamiento, el fiscal debe declarar porque fue el primero en indagar el doble homicidio de Providencia y además porque imputó el crimen a Claudio Soza, primo de la víctima, y luego sobreseído.
El Ministerio Público se opuso a dicha petición, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
Sin embargo, junto con no atender el planteamiento de la fiscalía, en la audiencia del martes pasado, Aravena inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designara a otro prosecutor.
Según trascendió, esta resolución molestó profundamente a Armendáriz, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales.
Por ello, presentó una orden de no innovar que fue acogida ayer por el Pleno del tribunal de alzada, con lo que se suspendió la resolución que dejaba al fiscal Caroca fuera del juicio.
El requerimiento presentado hoy ante el Tribunal Constitucional, hizo que se suspendiera la audiencia de esta tarde y todos los procedimientos relacionados con este caso.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=384227(El Mercurio)
Profesores presentan nuevo recurso en la OIT para reconocer deuda histórica
Lunes 09 de Noviembre de 2009
El Colegio de Profesores interpuso hoy un nuevo recurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para exigir el reconocimiento de la deuda histórica por parte del Estado chileno.
Los docentes, encabezados por el presidente del Magisterio Jaime Gajardo, se reunieron con el director regional de la OIT, Guillermo Miranda, para entregarle los antecedentes necesarios.
Gajardo explicó que "hemos hecho este reclamo, que pasa a ser un segundo reclamo ante la OIT ya hay uno que se ha declarado admisible, y tendría que haber un pronunciamiento de parte de la OIT en marzo próximo".
Detalló que en el recurso presentado ante la entidad "hacemos ver nuestros argumentos de que aquí hay una expropiación que fue arbitraria".
Explicó que todo lo que ocurrió con respecto a la deuda histórica fue "en un periodo de excepción, en el que era muy difícil hacer reclamos o denuncias, además no nos podíamos organizar para defender el derecho".
El dirigente dijo saber que "los fallos de la OIT no obligan a los gobiernos, pero sí los dejan en una especie de Dicom internacional, que es un antecedente que se tiene que tomar en cuenta en las relaciones comerciales".
Finalmente, manifestó que "es necesario que el Estado reconozca la deuda, que se entienda que es un problema de Estado y que la reparación sea en un proceso razonable, con reales garantías y respaldada por todos los actores".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=384075 (Emol)
El Colegio de Profesores interpuso hoy un nuevo recurso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para exigir el reconocimiento de la deuda histórica por parte del Estado chileno.
Los docentes, encabezados por el presidente del Magisterio Jaime Gajardo, se reunieron con el director regional de la OIT, Guillermo Miranda, para entregarle los antecedentes necesarios.
Gajardo explicó que "hemos hecho este reclamo, que pasa a ser un segundo reclamo ante la OIT ya hay uno que se ha declarado admisible, y tendría que haber un pronunciamiento de parte de la OIT en marzo próximo".
Detalló que en el recurso presentado ante la entidad "hacemos ver nuestros argumentos de que aquí hay una expropiación que fue arbitraria".
Explicó que todo lo que ocurrió con respecto a la deuda histórica fue "en un periodo de excepción, en el que era muy difícil hacer reclamos o denuncias, además no nos podíamos organizar para defender el derecho".
El dirigente dijo saber que "los fallos de la OIT no obligan a los gobiernos, pero sí los dejan en una especie de Dicom internacional, que es un antecedente que se tiene que tomar en cuenta en las relaciones comerciales".
Finalmente, manifestó que "es necesario que el Estado reconozca la deuda, que se entienda que es un problema de Estado y que la reparación sea en un proceso razonable, con reales garantías y respaldada por todos los actores".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=384075 (Emol)
domingo, 8 de noviembre de 2009
Fiscal de Calama es escoltado las 24 horas tras recibir amenazas de muerte
Hace más de ocho meses, el fiscal de Calama Cristián Aliaga y su familia están custodiados por Carabineros: un grupo de escoltas les brindan protección las 24 horas por una amenaza de muerte en su contra.
En febrero pasado, una red de narcotraficantes que opera en las ciudades del Norte Grande habría elaborado un plan para atentar contra el persecutor.
El Ministerio Público adoptó las medidas de seguridad luego de confirmar la intimidación con antecedentes y declaraciones de imputados, que surgieron en otra investigación. Tras ello, se reforzó la seguridad del persecutor y de su entorno con carabineros que controlan sus desplazamientos.
El fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar confirmó las amenazas e informó que Aliaga ha continuado con normalidad sus investigaciones contra los narcotraficantes.
El caso de Aliaga no es nuevo para el Ministerio Público. Otros fiscales han recibido amenazas o sufrido ataques de criminales: Mario Elgueta, quien indagó causas del conflicto mapuche en el Biobío, sufrió lesiones por perdigones en una emboscada; Miguel Orellana, que logró condenar a traficantes vinculados a las FARC, recibió amenazas para que abandonara la causa, y Víctor Ávila, en Iquique, que fue golpeado por un imputado cuando se dirigía a un tribunal.
Medidas activadas
Tras corroborar la existencia de una amenaza contra un fiscal, sus superiores inmediatamente ofician a Carabineros o a la PDI para extremar su seguridad. Una de las primeras medidas es designar un equipo de escoltas para éste y su familia. Luego se modifican sus rutinas para evitar seguimientos o facilitar las acciones de los antisociales.
En tribunales, tras una coordinación previa con Gendarmería, los fiscales transitan por vías restringidas para el público, por las zonas interiores de los juzgados, y cuando su integridad ha estado en peligro, se ha dispuesto el uso de chalecos antibalas.
A raíz de las amenazas, algunos han debido abandonar sus hogares y vivir en hoteles con identidades falsas, mientras que otros han sido destinados a una unidad distinta.
Otros persecutores intimidados
El fiscal Mario Elgueta fue víctima de un ataque armado perpetrado por miembros de la CAM en Tirúa. Cuando las policías detectaron que corría peligro, éste fue trasladado de Cañete a Coronel y, luego, destinado a Talcahuano. Si bien ahora ya no indaga los ataques de grupos mapuches radicalizados, aún cuenta con medidas de protección.
El fiscal Miguel Ángel Orellana recibió amenazas de muerte cuando investigaba una internación de unos 500 kilos de cocaína colombiana al país. Durante la indagatoria, él y su familia dejaron su hogar y se mudaron a un hotel. Allí vivían con identidades falsas y bajo estrictas medidas de seguridad. Más tarde, el persecutor dejó la fiscalía Metropolitana Centro Norte y fue destinado a Talca.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/08/nacional/nacional/noticias/32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7.htm?id={32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7} (El Mercurio)
En febrero pasado, una red de narcotraficantes que opera en las ciudades del Norte Grande habría elaborado un plan para atentar contra el persecutor.
El Ministerio Público adoptó las medidas de seguridad luego de confirmar la intimidación con antecedentes y declaraciones de imputados, que surgieron en otra investigación. Tras ello, se reforzó la seguridad del persecutor y de su entorno con carabineros que controlan sus desplazamientos.
El fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar confirmó las amenazas e informó que Aliaga ha continuado con normalidad sus investigaciones contra los narcotraficantes.
El caso de Aliaga no es nuevo para el Ministerio Público. Otros fiscales han recibido amenazas o sufrido ataques de criminales: Mario Elgueta, quien indagó causas del conflicto mapuche en el Biobío, sufrió lesiones por perdigones en una emboscada; Miguel Orellana, que logró condenar a traficantes vinculados a las FARC, recibió amenazas para que abandonara la causa, y Víctor Ávila, en Iquique, que fue golpeado por un imputado cuando se dirigía a un tribunal.
Medidas activadas
Tras corroborar la existencia de una amenaza contra un fiscal, sus superiores inmediatamente ofician a Carabineros o a la PDI para extremar su seguridad. Una de las primeras medidas es designar un equipo de escoltas para éste y su familia. Luego se modifican sus rutinas para evitar seguimientos o facilitar las acciones de los antisociales.
En tribunales, tras una coordinación previa con Gendarmería, los fiscales transitan por vías restringidas para el público, por las zonas interiores de los juzgados, y cuando su integridad ha estado en peligro, se ha dispuesto el uso de chalecos antibalas.
A raíz de las amenazas, algunos han debido abandonar sus hogares y vivir en hoteles con identidades falsas, mientras que otros han sido destinados a una unidad distinta.
Otros persecutores intimidados
El fiscal Mario Elgueta fue víctima de un ataque armado perpetrado por miembros de la CAM en Tirúa. Cuando las policías detectaron que corría peligro, éste fue trasladado de Cañete a Coronel y, luego, destinado a Talcahuano. Si bien ahora ya no indaga los ataques de grupos mapuches radicalizados, aún cuenta con medidas de protección.
El fiscal Miguel Ángel Orellana recibió amenazas de muerte cuando investigaba una internación de unos 500 kilos de cocaína colombiana al país. Durante la indagatoria, él y su familia dejaron su hogar y se mudaron a un hotel. Allí vivían con identidades falsas y bajo estrictas medidas de seguridad. Más tarde, el persecutor dejó la fiscalía Metropolitana Centro Norte y fue destinado a Talca.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/08/nacional/nacional/noticias/32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7.htm?id={32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7} (El Mercurio)
Corte Suprema preocupada por retraso en la tramitación de las causas de la justicia militar
Tras analizar un informe preliminar de la ministra Sonia Araneda, el Pleno de la Corte Suprema se mostró preocupado por el retraso en la tramitación de las causas de la justicia militar.
La magistrada realizó una visita a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, donde se detectó que un número importante de asuntos que se tramita son de antigua data, lo que va en contra de la filosofía de la Corte Suprema de despachar a la brevedad los distintos asuntos.
Así lo aseguró ayer el presidente (s) del máximo tribunal y vocero, el ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que el pleno resolvió "realizar un estudio más acabado y un diagnóstico para evaluar eventuales medidas respecto de la aceleración en la tramitación de esas causas".
El nuevo informe se evaluará además en conjunto con la discusión sobre el proyecto de ley que modifica la justicia castrense, y le quita atribuciones a la fiscalía militar.
Este proyecto se suma a otros dos que están en el Congreso: el que establece los delitos militares y sus penas, y el que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales Militares en lo Penal. Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que se envió al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8.htm?id={6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8}(El Mercurio)
La magistrada realizó una visita a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, donde se detectó que un número importante de asuntos que se tramita son de antigua data, lo que va en contra de la filosofía de la Corte Suprema de despachar a la brevedad los distintos asuntos.
Así lo aseguró ayer el presidente (s) del máximo tribunal y vocero, el ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que el pleno resolvió "realizar un estudio más acabado y un diagnóstico para evaluar eventuales medidas respecto de la aceleración en la tramitación de esas causas".
El nuevo informe se evaluará además en conjunto con la discusión sobre el proyecto de ley que modifica la justicia castrense, y le quita atribuciones a la fiscalía militar.
Este proyecto se suma a otros dos que están en el Congreso: el que establece los delitos militares y sus penas, y el que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales Militares en lo Penal. Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que se envió al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8.htm?id={6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8}(El Mercurio)
Acusan a defensores públicos por disfrazar a un acusado
Sábado 07 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
Armendáriz presenta queja contra juez que inhabilitó a un fiscal
Viernes 06 de Noviembre de 2009
El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien está resolviendo la preparación del juicio oral en contra de Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
En ese contexto, Aravena acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien investigó el doble homicidio de calle Infante y participó activamente en la causa- declare como testigo en el juicio oral. El Ministerio Público se opuso, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
El magistrado no atendió el planteamiento de la fiscalía, e incluso en la última audiencia, el martes pasado, inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor.
Trascendió que esta resolución molestó profundamente al fiscal regional, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales. Ayer, Armendáriz se limitó a decir que esta decisión "distorsiona" el sistema procesal penal: "Me preocupa que se masifique la idea de que los fiscales pueden ser testigos en sus propias causas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/06/nacional/nacional/noticias/78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409.htm?id={78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409}(El Mercurio)
El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien está resolviendo la preparación del juicio oral en contra de Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
En ese contexto, Aravena acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien investigó el doble homicidio de calle Infante y participó activamente en la causa- declare como testigo en el juicio oral. El Ministerio Público se opuso, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
El magistrado no atendió el planteamiento de la fiscalía, e incluso en la última audiencia, el martes pasado, inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor.
Trascendió que esta resolución molestó profundamente al fiscal regional, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales. Ayer, Armendáriz se limitó a decir que esta decisión "distorsiona" el sistema procesal penal: "Me preocupa que se masifique la idea de que los fiscales pueden ser testigos en sus propias causas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/06/nacional/nacional/noticias/78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409.htm?id={78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409}(El Mercurio)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)