El Gobierno quiere ratificar, tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el bono marzo (de $ 40 mil), que va en ayuda de más de 4 millones de chilenos más necesitados y de la clase media, se va a pagar dentro de los plazos estipulados". Así lo afirmó la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, luego que surgieran dudas sobre la pronta materialización de la medida, al darse a conocer que estaba pendiente un informe de la Corte Suprema sobre la iniciativa legal.
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)
miércoles, 24 de marzo de 2010
martes, 23 de marzo de 2010
Brote viral se expande en Región de Antofagasta y aún no se determina la causa
Martes 23 de Marzo de 2010
Alertas se mantienen las autoridades de Salud de la Región de Antofagasta, puesto que en los últimos diez días se han registrado 5.400 consultas por problemas gastrointestinales, cuyas causa no se ha podido determinar.
"Hasta ayer y desde el 13 de marzo tenemos 5.400 casos en toda la región, pero Antofagasta es el lugar que registra más, con 2.200 personas intoxicadas, pero esto todavía va en ascenso y no sé cuando vamos a llegar al peak", señaló a Emol el seremi (s) de Salud, Manuel Cortés.
La autoridad regional indicó que se ha buscado la causa en el ambiente, sin embargo, aún no se ha logrado establecer.
"No hay un factor ambiental común que explique la situación en este momento, pero sí hay una gran sospecha que sea un virus, por esta época otoñal o quizás alguna persona que lo haya ingresado a la región y se pudo haber extendido. En este momento hay un contagio persona a persona", detalló.
Con el objetivo de aclarar el origen del brote viral diarreico, ya se enviaron muestras al Instituto de Salud Pública y al laboratorio de la Universidad de Chile. Según el facultativo, los resultados podrían conocerse esta semana.
En todo caso, el seremi (s) sostuvo que los síntomas que han presentado los afectados apuntan a un cuadro intestinal tipo viral, el cual dura de dos a cinco días, sin necesidad de hospitalización. Por lo tanto, aseguró, la red asistencial está preparada para atender a los pacientes.
Diputados proponen modificar Código del Trabajo para evitar despidos
Martes 23 de Marzo de 2010
Ante los despidos ocurridos tras el terremoto, diputados de las bancadas PS y DC presentaron hoy un proyecto de ley que busca modificar el numeral seis del artículo 159 del Código del Trabajo, que actualmente permite utilizar como causal de despido la situación de caso fortuito o fuerza mayor.
Según explicó el diputado Osvaldo Andrade (PS), la iniciativa legal "precisa y regula los conceptos de casos fortuitos por fuerza mayor como causal de despido sin derecho a indemnización".
"Nos parece abusiva la forma en que se ha aplicado esta norma y nos parece que es responsabilidad del empleador haber tomado las precauciones con antelación. Y si no lo hizo o tiene alternativas de reincorporar al trabajador no debiera provocarse el despido", agregó.
Por su parte, el diputado Patricio Vallespín (DC) solicitó que se incorpore un artículo transitorio que permita la retroactividad de la medida.
"Creemos que no debe quedar al absoluto arbitrio del empleador el calificar las circunstancias y efectos del caso fortuito o fuerza mayor. Por ello consideramos que debe acreditar ante la Dirección del Trabajo la entidad del hecho y procurar afectar lo menos posible a los empleados que laboran en el lugar", añadió.
Gobierno compromete bono marzo y afirma que TC revisa sólo un artículo de la ley
Martes 23 de Marzo de 2010
Ante las dudas que surgieron respecto a los plazos de promulgación de la ley del "bono marzo", debido a la espera del informe respectivo del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, explicó que el organismo sólo está revisando un inciso del proyecto, que en el caso de ser rechazado, no impide la promulgación de la normativa.Von Baer precisó que como "ordena la Constitución y ha señalado el propio TC", el órgano está conociendo un inciso del proyecto de ley que concede atribuciones a los Tribunales de Familia para el pago del beneficio.Asimismo, explicó que debido a que todas las demás disposiciones del proyecto no son materia de análisis del Tribunal Constitucional, no se pone en riesgo el pago del aporte de 40 mil pesos por carga para las familias más pobres del país."Si es que ese inciso se declara inconstitucional, para lo cual hay que esperar el informe que el TC dará a conocer mañana, el apartado se va a reformular y se repondrá durante las próximas semanas", indicó la secretaria de Estado.Llamando a todos los chilenos a tener "tranquilidad" la ministra puntualizó que "el Gobierno quiere ratificar, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, de que el bono marzo, que va en ayuda de 4 millones de chilenos, se va a pagar dentro de los plazos estipulados, porque la ley se va a promulgar dentro de los próximos días".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404908 (Emol)
Ante las dudas que surgieron respecto a los plazos de promulgación de la ley del "bono marzo", debido a la espera del informe respectivo del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, explicó que el organismo sólo está revisando un inciso del proyecto, que en el caso de ser rechazado, no impide la promulgación de la normativa.Von Baer precisó que como "ordena la Constitución y ha señalado el propio TC", el órgano está conociendo un inciso del proyecto de ley que concede atribuciones a los Tribunales de Familia para el pago del beneficio.Asimismo, explicó que debido a que todas las demás disposiciones del proyecto no son materia de análisis del Tribunal Constitucional, no se pone en riesgo el pago del aporte de 40 mil pesos por carga para las familias más pobres del país."Si es que ese inciso se declara inconstitucional, para lo cual hay que esperar el informe que el TC dará a conocer mañana, el apartado se va a reformular y se repondrá durante las próximas semanas", indicó la secretaria de Estado.Llamando a todos los chilenos a tener "tranquilidad" la ministra puntualizó que "el Gobierno quiere ratificar, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, de que el bono marzo, que va en ayuda de 4 millones de chilenos, se va a pagar dentro de los plazos estipulados, porque la ley se va a promulgar dentro de los próximos días".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404908 (Emol)
El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Emplead
Martes 23 de Marzo de 2010
El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Empleados Públicos.
La razón es que el informe de auditoría de Contraloría que fue terminado el pasado 9 de marzo y según la institución remitido el 19 de marzo al Ministerio Público, todavía no ha llegado a esa dependencia. Por otra parte, el Ministerio de Justicia todavía espera el informe solicitado al CDE hace 8 meses, clave para realizar cualquier acción legal o administrativa.
En la Contraloría argumentan que el documento ya remitido es público e incluso aparece publicado en su página web. Por otra parte, al interior del Ministerio de Justicia aseguran que una vez obtenido el informe del Consejo de Defensa del Estado, se pueden tomar dos caminos: entregar recomendaciones e instrucciones a la Caja de Ahorros o clausurar su personalidad jurídica, atribución de último recurso que tiene la cartera.
El motivo del atraso en la elaboración del documento es la constante incorporación de nuevos antecedentes.
"Los informes no siempre se entregan en 60 días. Depende de la complejidad. Además, cuando se conocen nuevos antecedentes, éstos deben incorporarse, lo que normalmente modifica los plazos", afirmaron fuentes del Consejo.
lunes, 22 de marzo de 2010
Contraloría detecta sobrepago de subsidios por $103 mil millones a cárceles concesionadas
Lunes 22 de Marzo de 2010
Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)
Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)
Dictamen aclara límites de despidos por "fuerza mayor"
Con el fin de aclarar los alcances de la causal de término de contrato de trabajo "por caso fortuito o fuerza mayor" -que ha sido utilizada con mayor frecuencia en las últimas semanas, según reconoce la autoridad-, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que establece los límites y los requisitos para su aplicación.
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.
Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.
Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)
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