Hay días en que María del Pilar Pérez pasa inadvertida en el juicio en su contra. Pero ayer fue distinto. La mujer -quien junto a su supuesto sicario, José Ruz, está acusada de tres homicidios- estuvo especialmente intranquila, sobre todo con dos elementos de la audiencia.
El primero, el testimonio del psiquiatra de Gendarmería Rafael Vizuete, cuyas afirmaciones ella negaba con la cabeza. El segundo, mientras veía imágenes del interior de su casa de Seminario. Por primera vez en el proceso, lloró.
Pero a juicio del Ministerio Público, el mayor valor probatorio de la novena jornada del juicio estuvo en el testimonio de Vizuete. Éste señaló que Pérez le reconoció que quiso suicidarse con pastillas tras el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel y antes de su detención. "Dijo que estaba sobrepasada, que sentía que tocó fondo y que su idea era quitarse la vida", declaró Vizuete. Su testimonio contradice la defensa de Pérez, que argumenta que ella nunca pretendió quitarse la vida. El informe del doctor (al que tuvo acceso este diario) describe a la mujer como narcisista, fría y distante.
Además, revela una sospecha de la acusada: "Refiere que le hicieron magia negra, porque su hijo cambió mucho, era su brazo derecho, que su nuera le hizo brujería, por eso le salió todo mal y perdió la relación con su hijo". Pérez se refiere así a los problemas con su hijo Juan José, luego que éste decidiera casarse con Montserrat Hernando.
Contacto en un café
El Ministerio Público podría citar hoy al estrado de los testigos al comerciante Marcos Silva Ruz, primo de José Ruz y dueño de locales "café con piernas" en el centro de Santiago. Para los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, este hombre es clave para explicar cómo se generó el nexo entre Pilar Pérez y el presunto sicario.
Según la indagatoria, Silva y Ruz eran socios, y fue el primero quien presentó al segundo con Pérez. Ésta asesoraba a la organización de cafeteros en la remodelación de los locales, para que cumplieran con los requerimientos impuestos por la municipalidad. Hoy también prestarían declaración más peritos relacionados con el homicidio de Schmidt-Hebbel.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/06/nacional/nacional/noticias/E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83.htm?id={E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83} (El Mercurio)
miércoles, 6 de octubre de 2010
Fiscalía indaga nexos con sirio, pasaportes falsos y videos con armas en ''caso paquistaní''
La identificación del sirio Salah Eddin Ale-Al-Hallak (47) como el dueño de una mochila con alta concentración de trazas de TNT, incautada en la residencia de calle Erasmo Escala donde vivía el paquistaní Saif Khan, abrió una nueva arista en la investigación que la Fiscalía Sur lleva en contra de Khan, quien fuera detenido el 10 de mayo en la embajada de Estados Unidos por presentar trazas de explosivos.
Tal hallazgo fue el principal motivo de la Fiscalía Sur para solicitar ayer, en audiencia, ampliar el plazo de la investigación.
Según este organismo, el sirio y Khan se hicieron 96 llamadas telefónicas entre el 21 de enero y el 10 de mayo. Sin embargo, Gabriel Carrión, abogado del paquistaní, declaró que "no hay ningún vínculo. No se conocen".
De acuerdo con fuentes de la investigación, la mochila encontrada en Erasmo Escala tenía en su interior un pasaje de bus a La Serena con fecha 7 de enero de 2010, anterior a la llegada del paquistaní a Chile, el 14 de ese mismo mes. El boleto fue descubierto por un peritaje de la Fiscalía Sur, que asumió el caso de Khan el 17 de junio. Tras indagar en la empresa de buses, se determinó que el dueño del pasaje era Salah, porque fue él quien viajó ese día desde Santiago a La Serena.
Sin embargo, los investigadores indican que aún no han podido determinar en qué momento Salah le pasó la mochila a Khan. Se cree que habría sido entre enero y marzo de este año
Otro elemento que levantó sospecha fue que el sirio, al ser contactado por la PDI a principios de junio -cuando aún no se conocía la pista de la mochila-, dijo que conoció a Khan en la mezquita y que trabajaba como comerciante ambulante. Pero los análisis de inteligencia indican que Salah ha viajado por todo el mundo.
Tanto así, que cuando la fiscalía quiso contactarlo de nuevo, se estableció que se había ido "fugazmente" del país. Según la indagatoria, terceros le compraron desde Los Angeles, EE.UU., un pasaje de US$ 3 mil para volar desde Chile con destino a Damasco, capital de Siria, el 19 de junio, junto a su esposa. Se espera que vuelva a Chile el 8 de noviembre. Allí será interrogado.
Otros hallazgos
El Ministerio Público dio cuenta en la audiencia de ayer de la existencia de cuatro pasaportes adulterados en el computador de Khan, y de un video de dos minutos, donde aparece manipulando un fusil de guerra.
Tras pesquisar más de 300 mil archivos de imagen y audiovisuales desde el computador de Khan, se encontró un video donde el imputado tiene en su poder un fusil AK-47. De fondo se escuchan disparos, e instruye a terceros sobre cómo usarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA.htm?id={4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA}(El Mercurio)
Tal hallazgo fue el principal motivo de la Fiscalía Sur para solicitar ayer, en audiencia, ampliar el plazo de la investigación.
Según este organismo, el sirio y Khan se hicieron 96 llamadas telefónicas entre el 21 de enero y el 10 de mayo. Sin embargo, Gabriel Carrión, abogado del paquistaní, declaró que "no hay ningún vínculo. No se conocen".
De acuerdo con fuentes de la investigación, la mochila encontrada en Erasmo Escala tenía en su interior un pasaje de bus a La Serena con fecha 7 de enero de 2010, anterior a la llegada del paquistaní a Chile, el 14 de ese mismo mes. El boleto fue descubierto por un peritaje de la Fiscalía Sur, que asumió el caso de Khan el 17 de junio. Tras indagar en la empresa de buses, se determinó que el dueño del pasaje era Salah, porque fue él quien viajó ese día desde Santiago a La Serena.
Sin embargo, los investigadores indican que aún no han podido determinar en qué momento Salah le pasó la mochila a Khan. Se cree que habría sido entre enero y marzo de este año
Otro elemento que levantó sospecha fue que el sirio, al ser contactado por la PDI a principios de junio -cuando aún no se conocía la pista de la mochila-, dijo que conoció a Khan en la mezquita y que trabajaba como comerciante ambulante. Pero los análisis de inteligencia indican que Salah ha viajado por todo el mundo.
Tanto así, que cuando la fiscalía quiso contactarlo de nuevo, se estableció que se había ido "fugazmente" del país. Según la indagatoria, terceros le compraron desde Los Angeles, EE.UU., un pasaje de US$ 3 mil para volar desde Chile con destino a Damasco, capital de Siria, el 19 de junio, junto a su esposa. Se espera que vuelva a Chile el 8 de noviembre. Allí será interrogado.
Otros hallazgos
El Ministerio Público dio cuenta en la audiencia de ayer de la existencia de cuatro pasaportes adulterados en el computador de Khan, y de un video de dos minutos, donde aparece manipulando un fusil de guerra.
Tras pesquisar más de 300 mil archivos de imagen y audiovisuales desde el computador de Khan, se encontró un video donde el imputado tiene en su poder un fusil AK-47. De fondo se escuchan disparos, e instruye a terceros sobre cómo usarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA.htm?id={4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA}(El Mercurio)
Fiscalía precisa el calibre del arma homicida
Los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, quienes llevan el juicio en contra de Pilar Pérez y su supuesto sicario, José Ruz, presentaron ayer una serie de pruebas destinadas a precisar el calibre del arma con la que se dio muerte a Diego Schmidt-Hebbel.
Los representantes del Ministerio Público llamaron a declarar a la perito balístico de la PDI, Solange Bastidas, quien aclaró que la vainilla, el cartucho y el plomo (ojiva) encontrados en el lugar del crimen del profesional corresponden a un calibre 6.35 mm, distinto al de 7.65 mm, señalado en primera instancia (así quedó rotulada la prueba).
El dato no es menor, ya que la munición es correspondiente al arma incautada al supuesto sicario: una Taurus PT. Otro punto relevante es un cañón encontrado al hombre. El tubo es de calibre punto 25 (en pulgadas), aunque en primera instancia fue rotulado como un punto 32. La primera medida también es correspondiente al calibre 6.35 mm, por lo que igual calza a la Taurus. Según la perito, la pistola ensamblada con el cañón es el elemento usado en el crimen. Bastidas argumentó una equivocación al emitir una opinión (a simple vista) por las medidas, pero que luego se precisó científicamente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395.htm?id={4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395} (El Mercurio)
Los representantes del Ministerio Público llamaron a declarar a la perito balístico de la PDI, Solange Bastidas, quien aclaró que la vainilla, el cartucho y el plomo (ojiva) encontrados en el lugar del crimen del profesional corresponden a un calibre 6.35 mm, distinto al de 7.65 mm, señalado en primera instancia (así quedó rotulada la prueba).
El dato no es menor, ya que la munición es correspondiente al arma incautada al supuesto sicario: una Taurus PT. Otro punto relevante es un cañón encontrado al hombre. El tubo es de calibre punto 25 (en pulgadas), aunque en primera instancia fue rotulado como un punto 32. La primera medida también es correspondiente al calibre 6.35 mm, por lo que igual calza a la Taurus. Según la perito, la pistola ensamblada con el cañón es el elemento usado en el crimen. Bastidas argumentó una equivocación al emitir una opinión (a simple vista) por las medidas, pero que luego se precisó científicamente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395.htm?id={4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395} (El Mercurio)
Fallo ordena entregar lista de médicos investigados por excesiva emisión de licencias
En un fallo inédito, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social entregar la lista de los médicos investigados por una excesiva emisión de licencias médicas.
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
Gobierno recalifica querella por Ley Antiterrorista en contra de los mapuches presos por ataques
El Gobierno inició ayer el proceso de recalificación de las querellas por delitos terroristas contra mapuches, presentadas en la administración de Michelle Bachelet, para cumplir con el acuerdo suscrito el pasado viernes, tras lo cual 28 comuneros presos en las regiones del Biobío y La Araucanía depusieron un ayuno de 82 días.
En el tribunal de Lautaro, Carlos Morales, abogado del Ministerio del Interior, notificó en un "téngase presente" que el Gobierno ya no invocará la Ley Antiterrorista y que desde ahora se exigirá la aplicación de la ley por delitos comunes.
El escrito se presentó durante la audiencia de preparación del juicio oral contra mapuches imputados por delitos violentos, los que se recuperan del prolongado ayuno en el Hospital Regional de Temuco.
La nueva audiencia fue programada para el próximo 3 de noviembre.
El primer caso de recalificación de la querella por parte del Gobierno beneficia a 12 mapuches, que la noche del 12 de enero del año pasado quemaron galpones, maquinaria agrícola y amenazaron de muerte a la familia del cuidador del fundo San Leandro, de propiedad del agricultor Pablo Herdener, ubicado en las inmediaciones de Victoria. En la oportunidad, siete personas estaban en el fundo y fueron amenazadas con armas de fuego mientras se ejecutaba el ataque.
En el texto suscrito el pasado viernes en Concepción, el Gobierno precisó que "no tiene la convicción de que los hechos por los cuales se ha imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Todo ello, tomando en consideración que esta decisión ha sido adoptada desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, por razones de Estado y de bien común".
"Es significativo que el Gobierno reconozca que estos hechos no son terroristas, sino delitos comunes", dijo Jaime Madariaga, uno de los 12 abogados defensores de los indígenas.
"Con estos gestos esperamos hacer entender a algunos comuneros que aún mantienen la huelga en Angol y Victoria", remarcó el intendente Andrés Molina. Diez comuneros de Angol continúan el ayuno tras rechazar el acuerdo de Concepción.
El Gobierno, además, acusará por delito común a 12 imputados por un ataque armado a un Tur Bus, con 53 ocupantes, el 28 de julio de 2008. También decidió recalificar por delitos comunes las acusaciones a otros 12 mapuches, que en octubre del año pasado atacaron con disparos a vehículos en el camino Victoria-Curacautín, asaltaron un peaje y más tarde quemaron un camión en la Ruta 5 Sur.
Ley vigente
No obstante, el Ministerio Público mantuvo los 15 cargos en contra de los acusados, entre ellos homicidio frustrado, incendio y amenazas, todos de carácter terrorista, "porque el Ministerio Público continuará aplicando la ley vigente. La ley no se ha modificado, y por lo tanto se aplicará el mismo criterio", dijo el fiscal Alberto Shiffelle.
AYUNO
Diez comuneros mapuches de Angol mantienen huelga de hambre. Seis están hospitalizados. Molestia en los gremios productivos de zona sur
Los seis gremios productivos reunidos en la Multigremial de La Araucanía (agricultura, forestales, transportes, industria, comercio-turismo y salmonicultura) evaluaban anoche emitir una declaración para dar a conocer su preocupación y molestia por los acuerdos logrados entre el Gobierno y mapuches imputados de actos violentos.
A su vez, el presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, dijo que fue postergada hasta mañana una reunión con las víctimas de los atentados para conocer su opinión. El presidente de los camioneros, José Villagrán, reiteró que solicitarán una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, "por los beneficios legales que se dan a los terroristas".
Al respecto, Piñera dijo comprender muy bien lo que sienten los afectados. "Quiero decirles a las víctimas del terrorismo que el Gobierno trató de resguardar dos valores; primero el de la vida, que es un compromiso moral y constitucional, y, por otro lado, proteger el Estado de Derecho", subrayó.
En tanto, el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, llegó al Hospital de Victoria, donde se encuentran internados 6 de los 10 mapuches que mantienen ayuno. El resto está recluido en Angol. La misión de Vial es facilitar el diálogo y permitir un pronto acuerdo que permita levantar el ayuno.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339.htm?id={6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339}(El Mercurio)
En el tribunal de Lautaro, Carlos Morales, abogado del Ministerio del Interior, notificó en un "téngase presente" que el Gobierno ya no invocará la Ley Antiterrorista y que desde ahora se exigirá la aplicación de la ley por delitos comunes.
El escrito se presentó durante la audiencia de preparación del juicio oral contra mapuches imputados por delitos violentos, los que se recuperan del prolongado ayuno en el Hospital Regional de Temuco.
La nueva audiencia fue programada para el próximo 3 de noviembre.
El primer caso de recalificación de la querella por parte del Gobierno beneficia a 12 mapuches, que la noche del 12 de enero del año pasado quemaron galpones, maquinaria agrícola y amenazaron de muerte a la familia del cuidador del fundo San Leandro, de propiedad del agricultor Pablo Herdener, ubicado en las inmediaciones de Victoria. En la oportunidad, siete personas estaban en el fundo y fueron amenazadas con armas de fuego mientras se ejecutaba el ataque.
En el texto suscrito el pasado viernes en Concepción, el Gobierno precisó que "no tiene la convicción de que los hechos por los cuales se ha imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Todo ello, tomando en consideración que esta decisión ha sido adoptada desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, por razones de Estado y de bien común".
"Es significativo que el Gobierno reconozca que estos hechos no son terroristas, sino delitos comunes", dijo Jaime Madariaga, uno de los 12 abogados defensores de los indígenas.
"Con estos gestos esperamos hacer entender a algunos comuneros que aún mantienen la huelga en Angol y Victoria", remarcó el intendente Andrés Molina. Diez comuneros de Angol continúan el ayuno tras rechazar el acuerdo de Concepción.
El Gobierno, además, acusará por delito común a 12 imputados por un ataque armado a un Tur Bus, con 53 ocupantes, el 28 de julio de 2008. También decidió recalificar por delitos comunes las acusaciones a otros 12 mapuches, que en octubre del año pasado atacaron con disparos a vehículos en el camino Victoria-Curacautín, asaltaron un peaje y más tarde quemaron un camión en la Ruta 5 Sur.
Ley vigente
No obstante, el Ministerio Público mantuvo los 15 cargos en contra de los acusados, entre ellos homicidio frustrado, incendio y amenazas, todos de carácter terrorista, "porque el Ministerio Público continuará aplicando la ley vigente. La ley no se ha modificado, y por lo tanto se aplicará el mismo criterio", dijo el fiscal Alberto Shiffelle.
AYUNO
Diez comuneros mapuches de Angol mantienen huelga de hambre. Seis están hospitalizados. Molestia en los gremios productivos de zona sur
Los seis gremios productivos reunidos en la Multigremial de La Araucanía (agricultura, forestales, transportes, industria, comercio-turismo y salmonicultura) evaluaban anoche emitir una declaración para dar a conocer su preocupación y molestia por los acuerdos logrados entre el Gobierno y mapuches imputados de actos violentos.
A su vez, el presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, dijo que fue postergada hasta mañana una reunión con las víctimas de los atentados para conocer su opinión. El presidente de los camioneros, José Villagrán, reiteró que solicitarán una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, "por los beneficios legales que se dan a los terroristas".
Al respecto, Piñera dijo comprender muy bien lo que sienten los afectados. "Quiero decirles a las víctimas del terrorismo que el Gobierno trató de resguardar dos valores; primero el de la vida, que es un compromiso moral y constitucional, y, por otro lado, proteger el Estado de Derecho", subrayó.
En tanto, el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, llegó al Hospital de Victoria, donde se encuentran internados 6 de los 10 mapuches que mantienen ayuno. El resto está recluido en Angol. La misión de Vial es facilitar el diálogo y permitir un pronto acuerdo que permita levantar el ayuno.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339.htm?id={6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339}(El Mercurio)
lunes, 4 de octubre de 2010
Fiscalía muestra prueba clave que incrimina a José Ruz en asesinato de Diego
En la segunda semana de juicio oral por los crímenes de Providencia, la Fiscalía exhibió una prueba considerada como clave que incrimina al presunto sicario José Ruz en el asesinato del economista Diego Schmidt-Hebbel.
Se trata de una servilleta manchada con sangre que había sido encontrada en el asiento del copiloto del automóvil incautado a Ruz tras su detención, el 4 de noviembre de 2008.
En la audiencia de hoy, la perito de la PDI Carolina Monsó confirmó que dicha sangre correspondía a Diego Schmidt-Hebbel y al propio Ruz.
La profesional indicó que también se encontró una muestra de sudor de una a persona desconocida en la servilleta, aunque aclaró que ese tipo de muestras biológicas puede permanecer por años en un determinado objeto.
Durante esta jornada también se volvió a exhibir ante el tribunal la pistola Taurus calibre 6.35 mm que fue incautada en la casa de José Ruz y que, según la Fiscalía, fue la que utilizó el sujeto para asesinar al economista.
Sin embargo, dicha tesis debe demostrarse, debido a que la vainilla y las balas que se encontraron en el lugar del crimen eran de otro calibre (7.65 mm.).
La explicación de la Fiscalía es que el imputado le había encargado a un armero que modificara el cañón de su pistola, para que ésta no coincidiera con la bala que fue hallada en el cuerpo de Diego Schmidt-Hebbel.
Dicha tesis fue defendida hoy en el juicio por la perito balístico de la PDI Solange Bastidas, quien sostuvo que mediante un examen microscópico se logró determinar que la bala que hirió de muerte al joven había sido disparada desde el arma incautada a José Ruz, a la que, según afirmó, se le cambió el cañón.
Absolución
Por su parte, Boris Hrzic, el abogado del imputado, anunció que pedirá la absolución de su defendido en muerte de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo porque, a su juicio, no existen evidencias genéticas en el sitio del suceso que lo vinculen con el crimen.
"Desde ya, esta defensa está trabajando para procurar que existe ausencia de participación de mi defendido en ese caso porque no hay presencia de ADN de mi representado. Hay una tercera persona involucrada que no sabemos quién es", afirmó el profesional.
Las pruebas de la Fiscalía que inculparían a Pilar Pérez
Fuentes ligadas a la Fiscalía mencionan las principales pruebas que, hasta el momento, inculparían a María del Pilar Pérez, en los crímenes que se le imputan.
Entre éstas se encuentra la declaración del subcomisario de la PDI Francisco Sepúlveda, quien narró la confesión en que José Ruz reconoce su participación en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel y vincula a Pilar Pérez en el crimen.
A esto se suma la declaración del primo de la imputada, Emilio Pérez, quien relató que ésta le solicitó un sicario para asesinar a su cuñado, Agustín Molina.
También destacan la declaración del subcomisario la BH Patricio Montes, quien indicó que cuando la policía llegó a detener a Pilar Pérez a su domicilio, la encontraron intoxicada con fármacos.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439487(Emol)
Se trata de una servilleta manchada con sangre que había sido encontrada en el asiento del copiloto del automóvil incautado a Ruz tras su detención, el 4 de noviembre de 2008.
En la audiencia de hoy, la perito de la PDI Carolina Monsó confirmó que dicha sangre correspondía a Diego Schmidt-Hebbel y al propio Ruz.
La profesional indicó que también se encontró una muestra de sudor de una a persona desconocida en la servilleta, aunque aclaró que ese tipo de muestras biológicas puede permanecer por años en un determinado objeto.
Durante esta jornada también se volvió a exhibir ante el tribunal la pistola Taurus calibre 6.35 mm que fue incautada en la casa de José Ruz y que, según la Fiscalía, fue la que utilizó el sujeto para asesinar al economista.
Sin embargo, dicha tesis debe demostrarse, debido a que la vainilla y las balas que se encontraron en el lugar del crimen eran de otro calibre (7.65 mm.).
La explicación de la Fiscalía es que el imputado le había encargado a un armero que modificara el cañón de su pistola, para que ésta no coincidiera con la bala que fue hallada en el cuerpo de Diego Schmidt-Hebbel.
Dicha tesis fue defendida hoy en el juicio por la perito balístico de la PDI Solange Bastidas, quien sostuvo que mediante un examen microscópico se logró determinar que la bala que hirió de muerte al joven había sido disparada desde el arma incautada a José Ruz, a la que, según afirmó, se le cambió el cañón.
Absolución
Por su parte, Boris Hrzic, el abogado del imputado, anunció que pedirá la absolución de su defendido en muerte de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo porque, a su juicio, no existen evidencias genéticas en el sitio del suceso que lo vinculen con el crimen.
"Desde ya, esta defensa está trabajando para procurar que existe ausencia de participación de mi defendido en ese caso porque no hay presencia de ADN de mi representado. Hay una tercera persona involucrada que no sabemos quién es", afirmó el profesional.
Las pruebas de la Fiscalía que inculparían a Pilar Pérez
Fuentes ligadas a la Fiscalía mencionan las principales pruebas que, hasta el momento, inculparían a María del Pilar Pérez, en los crímenes que se le imputan.
Entre éstas se encuentra la declaración del subcomisario de la PDI Francisco Sepúlveda, quien narró la confesión en que José Ruz reconoce su participación en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel y vincula a Pilar Pérez en el crimen.
A esto se suma la declaración del primo de la imputada, Emilio Pérez, quien relató que ésta le solicitó un sicario para asesinar a su cuñado, Agustín Molina.
También destacan la declaración del subcomisario la BH Patricio Montes, quien indicó que cuando la policía llegó a detener a Pilar Pérez a su domicilio, la encontraron intoxicada con fármacos.
Autor:http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439487(Emol)
Tribunal amplía plazo de cierre de la investigación en caso del paquistaní
En 60 días más finalizará el plazo de la investigación que lleva la fiscalía Metropolitana Sur en contra del ciudadano paquistaní, Saif Khan.
Así lo decidió esta tarde la jueza Carolina Araya, del 4º Juzgado de Garantía, en una audiencia solicitada por la fiscalía y a la que el joven fue acompañado por sus padres, su polola y el senador del MAS, Alejandro Navarro.
Los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara solicitaron un plazo de 90 días, debido a que aún quedan diligencias pendientes, entre las que se encuentra la revisión de 300 mil archivos computacionales.
Entre los archivos hay decenas de fotos y videos, en uno de los cuales aparece Khan manipulando un fusil de guerra AK-47 y enseñando su uso a un grupo de personas.
Otro antecedente que queda por dilucidar es la presencia de trazas de explosivos en la ropa del extranjero y en una mochila que fue periciada por Labocar en agosto pasado y que arrojó una alta concentración de TNT.
En dicha mochila también se encontró un pasaje de bus que, según se pudo establecer, pertenece al ciudadano sirio Salah Eddin Ale Ak-Hallak (47), quien abandonó el país con un pasaje de 3 mil dólares comprado en Los Angeles (EE.UU.)
La fiscalía pretende esperar la llegada de este sujeto, a comienzos de noviembre, entrevistarlo por el caso y determinar quién le dio el pasaje en avión, tomando en cuenta que en Chile ejerce como comerciante ambulante.
A esos datos se suma el hallazgo de cuatro pasaportes escaneados e intervenidos con sus nombres y fotografías. La idea también es establecer quien los confeccionó y con qué fin.
Pese a esos argumentos, el defensor penal público Gabriel Carrión, se opuso a la solicitud, señalando que la mayor parte de los datos entregados por la fiscalía ya eran conocidos, que con la medida se ve afectada la libertad de Khan y su familia, y que lo único nuevo es el antecedente del ciudadano sirio.
Carrión agregó que sólo estaba dispuesto a que se otorgaran 20 de días de ampliación y que Saif le aseguró que "no conoce al otro extranjero".
Pese a lo anterior, la jueza Araya decidió ampliar la investigación en 60 días, modificó las medidas cautelares a las que hasta hoy estaba sometido Khan, cambiando la firma quincenal a mensual, y le quitó el arraigo regional, que de todas maneras le impide salir del país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439536(Emol)
Así lo decidió esta tarde la jueza Carolina Araya, del 4º Juzgado de Garantía, en una audiencia solicitada por la fiscalía y a la que el joven fue acompañado por sus padres, su polola y el senador del MAS, Alejandro Navarro.
Los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara solicitaron un plazo de 90 días, debido a que aún quedan diligencias pendientes, entre las que se encuentra la revisión de 300 mil archivos computacionales.
Entre los archivos hay decenas de fotos y videos, en uno de los cuales aparece Khan manipulando un fusil de guerra AK-47 y enseñando su uso a un grupo de personas.
Otro antecedente que queda por dilucidar es la presencia de trazas de explosivos en la ropa del extranjero y en una mochila que fue periciada por Labocar en agosto pasado y que arrojó una alta concentración de TNT.
En dicha mochila también se encontró un pasaje de bus que, según se pudo establecer, pertenece al ciudadano sirio Salah Eddin Ale Ak-Hallak (47), quien abandonó el país con un pasaje de 3 mil dólares comprado en Los Angeles (EE.UU.)
La fiscalía pretende esperar la llegada de este sujeto, a comienzos de noviembre, entrevistarlo por el caso y determinar quién le dio el pasaje en avión, tomando en cuenta que en Chile ejerce como comerciante ambulante.
A esos datos se suma el hallazgo de cuatro pasaportes escaneados e intervenidos con sus nombres y fotografías. La idea también es establecer quien los confeccionó y con qué fin.
Pese a esos argumentos, el defensor penal público Gabriel Carrión, se opuso a la solicitud, señalando que la mayor parte de los datos entregados por la fiscalía ya eran conocidos, que con la medida se ve afectada la libertad de Khan y su familia, y que lo único nuevo es el antecedente del ciudadano sirio.
Carrión agregó que sólo estaba dispuesto a que se otorgaran 20 de días de ampliación y que Saif le aseguró que "no conoce al otro extranjero".
Pese a lo anterior, la jueza Araya decidió ampliar la investigación en 60 días, modificó las medidas cautelares a las que hasta hoy estaba sometido Khan, cambiando la firma quincenal a mensual, y le quitó el arraigo regional, que de todas maneras le impide salir del país.
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