07 de Marzo del 2009
Luego de que en el pleno de la Corte Suprema se analizaran los informes entregados por el ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, el vocero del máximo tribunal, Milton Juica, anunció la decisión de iniciar sumarios administrativos en los tribunales de la Región Metropolitana donde las indagatorias de Carroza detectaron irregularidades.También se extenderá la investigación del magistrado para examinar una a una las 591 contraórdenes anómalas detectadas en los juzgados y determinar si son falsas y permitieron la libertad de delincuentes presos.En lo inmediato, dicha tarea no será asumida por Carroza -que entre el 9 y el 13 de marzo estará de vacaciones-, sino por la ministra Jessica González, quien lo subrogará. La duda que persiste. En la investigación iniciada hace poco más de cuatro meses -en la que el supremo Sergio Muñoz coordina a los jueces encargados de indagar sus respectivas jurisdicciones en las 17 cortes del país- se logró establecer que gran parte de los juzgados de la Región Metropolitana no siguen las instrucciones impartidas por la Corte Suprema para la emisión de órdenes de detención.Una situación radicalmente distinta mostraría la Región de O'Higgins, una de las regiones de las que también se recibió informe definitivo, en que al estudiar todas las causas desde la reforma no se habrían detectado irregularidades.Queda ahora la duda respecto a quién asumirá las responsabilidades administrativas por las anomalías en los tribunales al no seguir el protocolo que fijó la Suprema para las órdenes de detención, considerando que el encargado más directo es el administrador del tribunal, pero sobre él hay un juez presidente y además un ministro visitador.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/07/nacional/nacional/noticias/D8A96CD8-4A7A-4BFF-93B8-17F652FDD47E.htm?id={D8A96CD8-4A7A-4BFF-93B8-17F652FDD47E}
domingo, 8 de marzo de 2009
Juez detecta más de 500 contraórdenes anómalas de libertad para presos
05 de Marzo del 2009
Tras más de cuatro meses de trabajo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza concluyó el catastro que le encomendó la Corte Suprema para chequear las contraórdenes de libertad emitidas por los tribunales de la Región Metropolitana desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El magistrado detectó anomalías en más de 500 resoluciones, que no figuran en el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).Al comienzo de su indagatoria, el magistrado cifró en 16 mil las contraórdenes que aparecían con inconsistencias al cotejar los antecedentes entregados por el Registro Civil con los del SIAGJ. Luego esa cifra bajó a 13.000 -al detectar que había resoluciones que en la primera entidad habían sido digitadas dos veces-, y finalmente, tras revisarlas detalladamente, estableció que entre un 5 y 10 por ciento de las resoluciones eran "críticas" y corrían el riesgo de ser falsas y haber beneficiado a presos.Lo anterior, sin embargo, sólo podría establecerse revisando una a una las contraórdenes anómalas, tarea que podría ser encomendada al mismo magistrado, ampliándole la indagatoria para la cual le dieron dedicación exclusiva en octubre pasado.Así se podría determinar si hubo más reos que obtuvieron su libertad mediante resoluciones falsificadas, como ocurrió con el caso que encendió las alarmas sobre la red de corrupción judicial y policial desbaratada el año pasado (ver nota lateral).En su catastro, el magistrado cotejó los antecedentes recibidos por el Registro Civil, Carabineros, la PDI y Gendarmería, con los existentes en el SIAGJ, y detectó las más de 500 contraórdenes que aparecían en la primera institución, pero no en el sistema del Poder Judicial.Las contraórdenes que llegan a Carabineros y a la PDI deben pasar por el Registro Civil, y por ello la indagatoria se centró en los antecedentes entregados por dicho organismo al magistrado y su equipo de trabajo.Carabinero fue expulsado por pagar para que se adulterara una alcoholemia suya. Ricardo Paulaza Rubilar (22) llevaba tres años en la institución.El carabinero Ricardo Alfredo Paulaza Rubilar (22) fue expulsado ayer de la institución por haber contactado a la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros para adulterar el resultado de un examen de alcoholemia, al cual fue sometido en julio de 2008 tras chocar su vehículo particular en el centro de Santiago.Paulaza, quien ingresó hace tres años a Carabineros y hasta ahora se desempeñaba en la 19ª Comisaría de Providencia, admitió que canceló una "suma menor" de dinero a la organización criminal para ocultar que al momento de sufrir el accidente de tránsito conducía bajo los efectos del alcohol.Requerido por Carabineros, el policía exonerado confesó entre sollozos a sus superiores que sintió "miedo" de que el resultado positivo del análisis dañara su hoja de vida en la institución. Dijo además que sólo fue un beneficiario de la red de Cuadros, y que jamás prestó cooperación alguna a la asociación ilícita.El nexo de Paulaza con la organización fue indagado y confirmado por la propia Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), luego de que el Ministerio Público le remitiera una serie de antecedentes que vinculaban al funcionario con la red.Tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el carabinero quedó detenido en la Prefectura Oriente y, más tarde, fue puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte, donde prestó declaración.El prefecto oriente, coronel Luis Faggioni, explicó que "se ha establecido que un integrante de nuestra institución ha cometido una falta grave para nuestro sistema disciplinario y, por ello, amerita su inmediata desvinculación. Esos antecedentes, recopilados por controles internos, serán aportados a la justicia".En dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, el funcionario exonerado reiteró la declaración que había prestado ante Carabineros.Historia de la indagación que ordenó la Corte SupremaLa primera pista que alertó la falsificación de resoluciones fue el 1 de abril de 2008. Ese día, desde el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los involucrados envió por fax una contraorden a la cárcel de Los Andes para abonar 13 meses a la condena por narcotráfico que purgaba Janio González.Luego, el juzgado denunció los hechos al Ministerio Público, asumiendo la indagación la fiscal Nancy González. La falsificación había sido dirigida por la funcionaria de este tribunal Gloria Navarrete, quien también trabajaba con Uberlinda Elizondo, del 9° Juzgado de Garantía. Así se comenzaba a desbaratar la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros.Con el fin de entregar los antecedentes, la fiscal fue a la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de abril. Ese día, en un pleno extraordinario, se nombró al ministro Mario Carroza para hacer el sumario administrativo de funcionarios.Tras descubrirse una resolución falsa y que había más funcionarios involucrados, el 19 de octubre la Suprema le dio dedicación exclusiva a Carroza y le ordenó realizar un catastro con las contraórdenes. El 14 de noviembre se resolvió hacer un pareo a nivel nacional.Magistrado también estableció que la mitad de los tribunales no cumple autoacordado de la SupremaEntregó antecedentes al ministro Sergio Muñoz, quien supervisa el catastro a nivel nacional.El martes pasado, el ministro Carroza hizo entrega a la Corte Suprema y al magistrado Sergio Muñoz de su informe respecto al pareo nacional que encomendó el máximo tribunal a ministros de las 17 cortes de apelaciones del país, respecto a las órdenes y contraórdenes de detención emitidas por los tribunales de sus respectivas jurisdicciones.En la Región Metropolitana Carroza revisó las resoluciones del Centro de Justicia, los juzgados del crimen y los juzgados de Colina, y determinó que cerca de un 50 por ciento de dichos tribunales no cumple con el autoacordado de la Corte Suprema de 2002 que regula la materia, emitiendo resoluciones fuera del sistema, sin seguir las instrucciones establecidas por el máximo tribunal.Entre éstas, se encuentra la obligatoriedad de que la orden de aprehensión tenga el nombre, edad, apodos, domicilio y nombres de los padres del detenido, además de que el secretario o jefe de la Unidad de Causas certifique en un registro el "oportuno despacho" de la orden, y compruebe su recepción y devolución por la policía.El dictamen agrega que los ministros visitadores deben velar por el cumplimiento de todas las exigencias.En su revisión, Carroza detectó que en algunas resoluciones no se ingresaba el RIT de la causa o faltaba la firma del juez, entre otras anomalías, que aumentan el riesgo de que las órdenes puedan ser falseadas al estar fuera del sistema.Para revisar las resoluciones de los juzgados del crimen capitalinos debieron digitalizarse los antecedentes y al hacerlo se detectó que había un 40% de información que, aunque debía estar en papel, no fue ubicada.El plazo para entregar el catastro a nivel nacional vence el próximo 15 de marzo.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/05/nacional/nacional/noticias/F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476.htm?id={F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476}
Tras más de cuatro meses de trabajo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza concluyó el catastro que le encomendó la Corte Suprema para chequear las contraórdenes de libertad emitidas por los tribunales de la Región Metropolitana desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El magistrado detectó anomalías en más de 500 resoluciones, que no figuran en el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).Al comienzo de su indagatoria, el magistrado cifró en 16 mil las contraórdenes que aparecían con inconsistencias al cotejar los antecedentes entregados por el Registro Civil con los del SIAGJ. Luego esa cifra bajó a 13.000 -al detectar que había resoluciones que en la primera entidad habían sido digitadas dos veces-, y finalmente, tras revisarlas detalladamente, estableció que entre un 5 y 10 por ciento de las resoluciones eran "críticas" y corrían el riesgo de ser falsas y haber beneficiado a presos.Lo anterior, sin embargo, sólo podría establecerse revisando una a una las contraórdenes anómalas, tarea que podría ser encomendada al mismo magistrado, ampliándole la indagatoria para la cual le dieron dedicación exclusiva en octubre pasado.Así se podría determinar si hubo más reos que obtuvieron su libertad mediante resoluciones falsificadas, como ocurrió con el caso que encendió las alarmas sobre la red de corrupción judicial y policial desbaratada el año pasado (ver nota lateral).En su catastro, el magistrado cotejó los antecedentes recibidos por el Registro Civil, Carabineros, la PDI y Gendarmería, con los existentes en el SIAGJ, y detectó las más de 500 contraórdenes que aparecían en la primera institución, pero no en el sistema del Poder Judicial.Las contraórdenes que llegan a Carabineros y a la PDI deben pasar por el Registro Civil, y por ello la indagatoria se centró en los antecedentes entregados por dicho organismo al magistrado y su equipo de trabajo.Carabinero fue expulsado por pagar para que se adulterara una alcoholemia suya. Ricardo Paulaza Rubilar (22) llevaba tres años en la institución.El carabinero Ricardo Alfredo Paulaza Rubilar (22) fue expulsado ayer de la institución por haber contactado a la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros para adulterar el resultado de un examen de alcoholemia, al cual fue sometido en julio de 2008 tras chocar su vehículo particular en el centro de Santiago.Paulaza, quien ingresó hace tres años a Carabineros y hasta ahora se desempeñaba en la 19ª Comisaría de Providencia, admitió que canceló una "suma menor" de dinero a la organización criminal para ocultar que al momento de sufrir el accidente de tránsito conducía bajo los efectos del alcohol.Requerido por Carabineros, el policía exonerado confesó entre sollozos a sus superiores que sintió "miedo" de que el resultado positivo del análisis dañara su hoja de vida en la institución. Dijo además que sólo fue un beneficiario de la red de Cuadros, y que jamás prestó cooperación alguna a la asociación ilícita.El nexo de Paulaza con la organización fue indagado y confirmado por la propia Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), luego de que el Ministerio Público le remitiera una serie de antecedentes que vinculaban al funcionario con la red.Tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el carabinero quedó detenido en la Prefectura Oriente y, más tarde, fue puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte, donde prestó declaración.El prefecto oriente, coronel Luis Faggioni, explicó que "se ha establecido que un integrante de nuestra institución ha cometido una falta grave para nuestro sistema disciplinario y, por ello, amerita su inmediata desvinculación. Esos antecedentes, recopilados por controles internos, serán aportados a la justicia".En dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, el funcionario exonerado reiteró la declaración que había prestado ante Carabineros.Historia de la indagación que ordenó la Corte SupremaLa primera pista que alertó la falsificación de resoluciones fue el 1 de abril de 2008. Ese día, desde el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los involucrados envió por fax una contraorden a la cárcel de Los Andes para abonar 13 meses a la condena por narcotráfico que purgaba Janio González.Luego, el juzgado denunció los hechos al Ministerio Público, asumiendo la indagación la fiscal Nancy González. La falsificación había sido dirigida por la funcionaria de este tribunal Gloria Navarrete, quien también trabajaba con Uberlinda Elizondo, del 9° Juzgado de Garantía. Así se comenzaba a desbaratar la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros.Con el fin de entregar los antecedentes, la fiscal fue a la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de abril. Ese día, en un pleno extraordinario, se nombró al ministro Mario Carroza para hacer el sumario administrativo de funcionarios.Tras descubrirse una resolución falsa y que había más funcionarios involucrados, el 19 de octubre la Suprema le dio dedicación exclusiva a Carroza y le ordenó realizar un catastro con las contraórdenes. El 14 de noviembre se resolvió hacer un pareo a nivel nacional.Magistrado también estableció que la mitad de los tribunales no cumple autoacordado de la SupremaEntregó antecedentes al ministro Sergio Muñoz, quien supervisa el catastro a nivel nacional.El martes pasado, el ministro Carroza hizo entrega a la Corte Suprema y al magistrado Sergio Muñoz de su informe respecto al pareo nacional que encomendó el máximo tribunal a ministros de las 17 cortes de apelaciones del país, respecto a las órdenes y contraórdenes de detención emitidas por los tribunales de sus respectivas jurisdicciones.En la Región Metropolitana Carroza revisó las resoluciones del Centro de Justicia, los juzgados del crimen y los juzgados de Colina, y determinó que cerca de un 50 por ciento de dichos tribunales no cumple con el autoacordado de la Corte Suprema de 2002 que regula la materia, emitiendo resoluciones fuera del sistema, sin seguir las instrucciones establecidas por el máximo tribunal.Entre éstas, se encuentra la obligatoriedad de que la orden de aprehensión tenga el nombre, edad, apodos, domicilio y nombres de los padres del detenido, además de que el secretario o jefe de la Unidad de Causas certifique en un registro el "oportuno despacho" de la orden, y compruebe su recepción y devolución por la policía.El dictamen agrega que los ministros visitadores deben velar por el cumplimiento de todas las exigencias.En su revisión, Carroza detectó que en algunas resoluciones no se ingresaba el RIT de la causa o faltaba la firma del juez, entre otras anomalías, que aumentan el riesgo de que las órdenes puedan ser falseadas al estar fuera del sistema.Para revisar las resoluciones de los juzgados del crimen capitalinos debieron digitalizarse los antecedentes y al hacerlo se detectó que había un 40% de información que, aunque debía estar en papel, no fue ubicada.El plazo para entregar el catastro a nivel nacional vence el próximo 15 de marzo.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/05/nacional/nacional/noticias/F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476.htm?id={F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476}
Decanos critican que universidades privadas impartan la carrera de Derecho en sólo 3 años
04 de Marzo del 2009
Su preocupación por la existencia de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho "en dos o tres años", manifestó ayer el decano de la facultad de Derecho más antigua del país, la de la Universidad de Chile, Roberto Nahum.El académico -quien el lunes participó de la inauguración del Año Judicial, en la que el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó su inquietud por el alto número de nuevos abogados y la calidad de su formación- aseguró a "El Mercurio" que existen universidades privadas que ven la enseñanza como un "negocio"."Con la gran proliferación de las llamadas universidades privadas, donde hay unas que son muy serias y otras que no lo son tanto, muchas de ellas se ha enfocado el estudio de derecho como una manera más de hacer plata, de allegar recursos a las cajas de estas instituciones. Uno ve con preocupación que hay carreras de Derecho que se ofrecen en dos y tres años", aseveró.Su par de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Yrarrázaval, afirmó que "el tema de las diferencias en las calidades es bastante pronunciado", y subrayó que una mala calidad de su enseñanza se vincula con las faltas éticas de los abogados.La decana de la Universidad Central, Ángela Cattan, en tanto, calificó de "aberrante" que algunos planteles formen abogados en tres años (en la mayoría de las universidades se imparte en un promedio de 5 años)."La carrera de Derecho requiere de mucho tiempo, adquirir los conocimientos necesarios es un proceso lento", explicó.Al momento de plantear soluciones, sin embargo, los decanos se dividen. Mientras Nahum e Yrarrázaval se muestran partidarios de aplicar a los egresados de Derecho un examen voluntario nacional, similar al que se toma en Medicina -propuesta que plantearon el año pasado a algunos de sus pares, sin obtener respaldo, y que apoyó ayer el presidente de la Corte Suprema, en entrevista con "La Segunda"-, la decana de la Universidad Central rechaza dicha idea, y advierte que "los remedios se tienen que poner al principio, no al final"."Una persona estudió 5 años, ¿y después de 5 o 6 años le van a decir 'usted no sirve'? Esa persona ha empleado mucho tiempo y dinero en prepararse. Vamos crear una sociedad de frustrados y eso es muy peligroso", sentencia Cattan, quien cree que exigiendo en los primeros años se puede filtrar a los estudiantes.Pero una prueba no es la única alternativa que se ha barajado entre algunos decanos. Roberto Nahum recuerda que hace unos seis años, cuando Luis Bates era ministro de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho tradicionales y algunos de universidades privadas le entregaron un proyecto que creaba un tribunal para ejercer un control ético de los abogados, con distinta integración para abogados colegiados y no colegiados: "Ese proyecto quedó durmiendo el sueño de los justos. El Estado se ha despreocupado. La formación de las juventudes hoy día está entregada al mercado. ¿Cuántos fracasos tienen que haber en Chile para que se vayan seleccionando los abogados?".Directora de la Uniacc defiende el plan de 9 trimestres"Encuentro que es extremadamente razonable lo que dice el presidente de la Corte Suprema", afirmó la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien hoy es directora de Derecho de la Uniacc, donde se imparte la carrera en un plazo de tres años (9 trimestres)."Coincido plenamente con él (Urbano Marín) en cuanto a la calidad de los abogados, no en cuanto al número, porque yo creo que el número lo determina definitivamente el mercado, lo determina la necesidad social de contar con un asesor legal, y por el momento no se ha visto que sea excesivo", aseguró Madariaga.La ex secretaria de Estado no eludió las críticas al plazo en que se enseña la carrera que ella dirige, y frente a los cuestionamientos respondió que el plan vespertino diseñado por su universidad es "absolutamente intensivo"."Nosotros tenemos 11 meses del año con siete asignaturas diarias (sólo se suspenden las clases por el mes de febrero). Es un programa comprimido en que se pasa todo el derecho, y los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica", planteó.Asimismo, defendió la calidad de los docentes de su plantel, argumentando que la mayoría de los académicos son ministros de Corte o del TC, o abogados jefes de instituciones públicas, como la Contraloría y el Sename: "Tenemos grandes personalidades que hacen clases aquí; incluso, tuvimos al secretario del Senado"."La calidad nuestra, yo te diría que es excelente, y los exámenes de grado son extremadamente exigentes", subrayó, junto con señalar que tiene "severas dudas" respecto de la calidad de otras universidades que imparten la carrera de Derecho."Los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica". MÓNICA MADARIAGA Universidad Uniacc
Colegio de Abogados no llega a acuerdo
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, reiteró que entre los consejeros de la entidad no se ha acordado una postura común para enfrentar la problemática, pero explicó que entre las alternativas se baraja la de una prueba nacional. No obstante, advirtió que "lo que no puede ocurrir es que ese examen ponga la vara demasiado alta, porque de lo que se trata aquí es de establecer destrezas mínimas y no un filtro demasiado exigente".Para Barros, "lo que se requiere es que haya gente que tenga las destrezas mínimas para desenvolverse en la profesión y después el mercado va discriminando". Recordó que el Colegio de Abogados sólo puede fiscalizar en términos profesionales a quienes ingresan voluntariamente a la entidad.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/04/nacional/nacional/noticias/E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944.htm?id={E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944}
Su preocupación por la existencia de universidades privadas que imparten la carrera de Derecho "en dos o tres años", manifestó ayer el decano de la facultad de Derecho más antigua del país, la de la Universidad de Chile, Roberto Nahum.El académico -quien el lunes participó de la inauguración del Año Judicial, en la que el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, manifestó su inquietud por el alto número de nuevos abogados y la calidad de su formación- aseguró a "El Mercurio" que existen universidades privadas que ven la enseñanza como un "negocio"."Con la gran proliferación de las llamadas universidades privadas, donde hay unas que son muy serias y otras que no lo son tanto, muchas de ellas se ha enfocado el estudio de derecho como una manera más de hacer plata, de allegar recursos a las cajas de estas instituciones. Uno ve con preocupación que hay carreras de Derecho que se ofrecen en dos y tres años", aseveró.Su par de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Yrarrázaval, afirmó que "el tema de las diferencias en las calidades es bastante pronunciado", y subrayó que una mala calidad de su enseñanza se vincula con las faltas éticas de los abogados.La decana de la Universidad Central, Ángela Cattan, en tanto, calificó de "aberrante" que algunos planteles formen abogados en tres años (en la mayoría de las universidades se imparte en un promedio de 5 años)."La carrera de Derecho requiere de mucho tiempo, adquirir los conocimientos necesarios es un proceso lento", explicó.Al momento de plantear soluciones, sin embargo, los decanos se dividen. Mientras Nahum e Yrarrázaval se muestran partidarios de aplicar a los egresados de Derecho un examen voluntario nacional, similar al que se toma en Medicina -propuesta que plantearon el año pasado a algunos de sus pares, sin obtener respaldo, y que apoyó ayer el presidente de la Corte Suprema, en entrevista con "La Segunda"-, la decana de la Universidad Central rechaza dicha idea, y advierte que "los remedios se tienen que poner al principio, no al final"."Una persona estudió 5 años, ¿y después de 5 o 6 años le van a decir 'usted no sirve'? Esa persona ha empleado mucho tiempo y dinero en prepararse. Vamos crear una sociedad de frustrados y eso es muy peligroso", sentencia Cattan, quien cree que exigiendo en los primeros años se puede filtrar a los estudiantes.Pero una prueba no es la única alternativa que se ha barajado entre algunos decanos. Roberto Nahum recuerda que hace unos seis años, cuando Luis Bates era ministro de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho tradicionales y algunos de universidades privadas le entregaron un proyecto que creaba un tribunal para ejercer un control ético de los abogados, con distinta integración para abogados colegiados y no colegiados: "Ese proyecto quedó durmiendo el sueño de los justos. El Estado se ha despreocupado. La formación de las juventudes hoy día está entregada al mercado. ¿Cuántos fracasos tienen que haber en Chile para que se vayan seleccionando los abogados?".Directora de la Uniacc defiende el plan de 9 trimestres"Encuentro que es extremadamente razonable lo que dice el presidente de la Corte Suprema", afirmó la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga, quien hoy es directora de Derecho de la Uniacc, donde se imparte la carrera en un plazo de tres años (9 trimestres)."Coincido plenamente con él (Urbano Marín) en cuanto a la calidad de los abogados, no en cuanto al número, porque yo creo que el número lo determina definitivamente el mercado, lo determina la necesidad social de contar con un asesor legal, y por el momento no se ha visto que sea excesivo", aseguró Madariaga.La ex secretaria de Estado no eludió las críticas al plazo en que se enseña la carrera que ella dirige, y frente a los cuestionamientos respondió que el plan vespertino diseñado por su universidad es "absolutamente intensivo"."Nosotros tenemos 11 meses del año con siete asignaturas diarias (sólo se suspenden las clases por el mes de febrero). Es un programa comprimido en que se pasa todo el derecho, y los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica", planteó.Asimismo, defendió la calidad de los docentes de su plantel, argumentando que la mayoría de los académicos son ministros de Corte o del TC, o abogados jefes de instituciones públicas, como la Contraloría y el Sename: "Tenemos grandes personalidades que hacen clases aquí; incluso, tuvimos al secretario del Senado"."La calidad nuestra, yo te diría que es excelente, y los exámenes de grado son extremadamente exigentes", subrayó, junto con señalar que tiene "severas dudas" respecto de la calidad de otras universidades que imparten la carrera de Derecho."Los tres años son tres años efectivos, no los cinco años de la Universidad de Chile, que son solamente tres y medio, porque el segundo semestre del cuarto año es nada más que práctica". MÓNICA MADARIAGA Universidad Uniacc
Colegio de Abogados no llega a acuerdo
El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, reiteró que entre los consejeros de la entidad no se ha acordado una postura común para enfrentar la problemática, pero explicó que entre las alternativas se baraja la de una prueba nacional. No obstante, advirtió que "lo que no puede ocurrir es que ese examen ponga la vara demasiado alta, porque de lo que se trata aquí es de establecer destrezas mínimas y no un filtro demasiado exigente".Para Barros, "lo que se requiere es que haya gente que tenga las destrezas mínimas para desenvolverse en la profesión y después el mercado va discriminando". Recordó que el Colegio de Abogados sólo puede fiscalizar en términos profesionales a quienes ingresan voluntariamente a la entidad.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/04/nacional/nacional/noticias/E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944.htm?id={E56F354B-7C39-4943-BD08-401BDBE4F944}
Chahuán refuta reclamo de la Asociación de Fiscales
03 de Marzo del 2009
El titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, salió ayer al paso de los reclamos de la Asociación Nacional de Fiscales que aducen que están en la indefensión ante el creciente número de demandas que imputados por distintas causas interponen en contra de los fiscales, y reiteró que la ley les impide asumir la defensa de los funcionarios querellados. Concretamente, el presidente de la entidad gremial, Marcelo Leiva, dijo que Sabas Chahuán es responsable de esa situación al interpretar la ley y determinar que la defensa de los fiscales no puede ser pagada por el Ministerio Público, aun cuando las querellas estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones."No es efectivo que yo interprete la ley, ésta es clara y no podemos defender a los fiscales aunque queramos, cuando son imputados de un delito por muy falso que sea", dijo ayer Chahuán al término de la ceremonia de inauguración del Año Judicial, a la cual estuvo invitado.No obstante estimar que está equivocado el presidente de la asociación de fiscales, Sabas Chahuán se abrió a la posibilidad de revisar la actual normativa en la materia por la vía legislativa.Explicó que sin embargo la situación es compleja ya que por una parte ellos están obligados a investigar a los imputados, "y resulta muy difícil congeniar la investigación de los imputados, por mucho que sean fiscales, y por otro lado defenderlos".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/03/nacional/nacional/noticias/2AE876FE-E69D-470B-9F43-3A9D97930EFE.htm?id={2AE876FE-E69D-470B-9F43-3A9D97930EFE}
El titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, salió ayer al paso de los reclamos de la Asociación Nacional de Fiscales que aducen que están en la indefensión ante el creciente número de demandas que imputados por distintas causas interponen en contra de los fiscales, y reiteró que la ley les impide asumir la defensa de los funcionarios querellados. Concretamente, el presidente de la entidad gremial, Marcelo Leiva, dijo que Sabas Chahuán es responsable de esa situación al interpretar la ley y determinar que la defensa de los fiscales no puede ser pagada por el Ministerio Público, aun cuando las querellas estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones."No es efectivo que yo interprete la ley, ésta es clara y no podemos defender a los fiscales aunque queramos, cuando son imputados de un delito por muy falso que sea", dijo ayer Chahuán al término de la ceremonia de inauguración del Año Judicial, a la cual estuvo invitado.No obstante estimar que está equivocado el presidente de la asociación de fiscales, Sabas Chahuán se abrió a la posibilidad de revisar la actual normativa en la materia por la vía legislativa.Explicó que sin embargo la situación es compleja ya que por una parte ellos están obligados a investigar a los imputados, "y resulta muy difícil congeniar la investigación de los imputados, por mucho que sean fiscales, y por otro lado defenderlos".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/03/nacional/nacional/noticias/2AE876FE-E69D-470B-9F43-3A9D97930EFE.htm?id={2AE876FE-E69D-470B-9F43-3A9D97930EFE}
Presidente de la Suprema demanda política integral para enfrentar violencia intrafamiliar
03 de Marzo del 2009
Una política integral para enfrentar en las respectivas competencias la situación de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la de los menores afectados por ella fue una de las demandas que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la cuenta pública que inauguró el Año Judicial 2009.Según explicó, las cifras demuestran que es un "serio problema", pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25%, corresponden a violencia intrafamiliar.A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, "la acción casuística de los tribunales no es suficiente", y se requiere que los "organismos competentes adopten medidas de otro orden".Marín planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de "este preocupante fenómeno social", para luego fijar una política integral.Otro "grave problema social", planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino "una derrota en su debida protección y desarrollo integral".Al término de la ceremonia, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que para el Ministerio Público la violencia intrafamiliar "es una prioridad", y se sumó al planteamiento de Marín advirtiendo que el fenómeno "escapa a los organismos de represión y persecución penal".Consultado por el alto porcentaje de casos que pese a ser denunciado ante la justicia no termina en condena -en 2008 alcanzó al 49,4%-, Chahuán explicó que por la baja penalidad que tiene un delito como el de amenazas (61 días), los fiscales normalmente optan por la suspensión condicional del procedimiento, ya que así pueden obtener medidas de protección para las denunciantes.Chahuán reconoció defectos en el control de tales medidas cautelares, y subrayó que "ese control no es resorte exclusivo de la fiscalía, no es nuestra responsabilidad"."Estamos dispuestos a revisarlo, pero no todos los juicios o todas las investigaciones por violencia intrafamiliar pueden llegar a condena. El sistema no está concebido así, y la ministra del Sernam lo sabe", agregó el fiscal nacional.Chahuán recordó que el Ministerio Público implementó proyectos piloto de intervención inmediata en ocho regiones, y que pretende extenderlos a otras cuatro, que se elegirán entre las de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Aisén y Arica-Parinacota.Transparencia, eficiencia y atención a los usuarios son las prioridades para este añoMejorar la transparencia, la eficiencia y la atención a los usuarios son los desafíos en los que se deberá enfocar en 2009 el Poder Judicial, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.Al cerrar su revisión al trabajo realizado durante 2008, el ministro señaló que "aspiramos a una justicia que llegue a quienes la necesitan, cuando la necesitan. Y que sea valorada por la comunidad, porque existe certeza de que procedió en forma honesta".Respecto de la transparencia, y junto con valorar los avances en mayor acceso a la información que significaron los cambios a la página web institucional, Marín afirmó, citando a Voltaire, que "el ocultamiento de la verdad es el inicio de la corrupción de las costumbres"."No basta que sea amplia la publicidad de los actos y resoluciones judiciales y expedito el acceso a la información. Lo que realmente importa es que ambos permitan comprobar que la acción judicial se lleva a cabo correctamente. Es lo que queremos lograr por estas vías: mostrar todo el tiempo que el Poder Judicial es honesto y trabaja con eficiencia", precisó.Su discurso también hizo hincapié en la evaluación interna del Poder Judicial y en la probidad judicial, destacando que lo que corresponde es investigar las irregularidades y, si procede, corregirlas con los medios que franquea la ley. "Nuestro compromiso con esta exigencia lo demuestran los más de 14 casos en que la Corte castigó severamente tales anomalías en 2008", recordó. Urbano Marín también apuntó a la necesidad de hacer una revisión completa del sistema de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios a cargo de la Academia Judicial, y reorganizar y modernizar la secretaría de la Corte Suprema.Inquietud por seguridad en juicios orales y tardía habilitación del Centro de JusticiaAunque fue menos crítico que en otros discursos de apertura del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema cuestionó ayer que persistan algunos problemas advertidos en cuentas anteriores del Poder Judicial, entre ellos el de la seguridad al interior de los tribunales. "Sucesos recientes demuestran que se mantiene un déficit en las condiciones de seguridad en los tribunales, con riesgo para jueces y funcionarios, abogados, peritos, testigos y las personas involucradas", señaló Urbano Marín.Hasta ahora la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha instalado 78 paneles de separación en salas de audiencia y pronto contratará más guardias para labores de control y vigilancia.Marín también apuntó a la difícil situación de la mayoría de los juzgados mixtos -"los grandes olvidados de la reforma", planteó-, porque además de su variada competencia en asuntos antiguos deben conocer los nuevos procedimientos orales "sin contar con la estructura adecuada y dotaciones suficientes".Otro de los puntos pendientes, a juicio de la máxima autoridad de la Suprema, es habilitar el Centro de Justicia de Santiago con los equipos de climatización necesarios para usuarios, jueces y empleados. Es un problema, dijo el magistrado, cuya solución se ha seguido postergando, "pese a la buena disposición de los ministerios de Justicia y de Obras Públicas"."Esto significa tener ociosa gran parte del inmueble y continuar con un gasto tan oneroso como evitable por concepto de arrendamiento de otros recintos".El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, adelantó que se enviará un proyecto de ley que aumentará la dotación de los gendarmes, y prometió que este año el Centro de Justicia estará totalmente habilitado.Colegio de Abogados apunta a reforma legal para fijar estándares a las uesLa preocupación de la Corte Suprema por el alto número de abogados que se han titulado en el último periodo (15.894 en la última década) -y por su idoneidad para ejercer la profesión- fue abordada ayer por Urbano Marín como uno de los temas que persisten como obstáculos para la mejor administración de justicia "y cuya resolución no depende sólo del Poder Judicial"."Como le corresponde otorgar el título, a la Corte Suprema le inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía, sino la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal", manifestó el magistrado al inaugurar el Año Judicial 2009.Acogiendo este planteamiento, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, recordó que han estado en conversaciones con las universidades y con la comisión de modernización de la Corte Suprema para llegar a una propuesta. No obstante, admitió que ha sido una tarea compleja.Además, advirtió que al final una modificación al sistema dependería de una reforma legal."Estamos simplemente recogiendo ideas, porque le digo el problema está claro, pero los caminos de solución son extremadamente complejos. Ahora es problema del consejo del Colegio que se pronuncie sobre esta materia. (Pero) se requiere un cambio legal, porque tal como está la ley, cualquier persona que tenga un título de una universidad reconocida por el Estado puede obtener el título (en la Corte Suprema)".Barros detalló que la idea del colegio es que se establezcan estándares mínimos en las facultades de Derecho, pues estima que "existe una tremenda asimetría y diferencia entre lo que son las buenas universidades y lo que es el estándar general que puede exigirse para obtener el título de abogado"."Hay universidades o hay licenciados que no están adquiriendo las calificaciones mínimas para al ejercicio de la profesión, y el problema es ése. El título de abogado debiera acreditar suficientemente sus cualidades profesionales, y ésa es la duda que nosotros tenemos y que creemos que debe resolverse", concluyó Enrique Barros.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/03/nacional/nacional/noticias/79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A.htm?id={79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A}
Una política integral para enfrentar en las respectivas competencias la situación de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la de los menores afectados por ella fue una de las demandas que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la cuenta pública que inauguró el Año Judicial 2009.Según explicó, las cifras demuestran que es un "serio problema", pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25%, corresponden a violencia intrafamiliar.A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, "la acción casuística de los tribunales no es suficiente", y se requiere que los "organismos competentes adopten medidas de otro orden".Marín planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de "este preocupante fenómeno social", para luego fijar una política integral.Otro "grave problema social", planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino "una derrota en su debida protección y desarrollo integral".Al término de la ceremonia, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que para el Ministerio Público la violencia intrafamiliar "es una prioridad", y se sumó al planteamiento de Marín advirtiendo que el fenómeno "escapa a los organismos de represión y persecución penal".Consultado por el alto porcentaje de casos que pese a ser denunciado ante la justicia no termina en condena -en 2008 alcanzó al 49,4%-, Chahuán explicó que por la baja penalidad que tiene un delito como el de amenazas (61 días), los fiscales normalmente optan por la suspensión condicional del procedimiento, ya que así pueden obtener medidas de protección para las denunciantes.Chahuán reconoció defectos en el control de tales medidas cautelares, y subrayó que "ese control no es resorte exclusivo de la fiscalía, no es nuestra responsabilidad"."Estamos dispuestos a revisarlo, pero no todos los juicios o todas las investigaciones por violencia intrafamiliar pueden llegar a condena. El sistema no está concebido así, y la ministra del Sernam lo sabe", agregó el fiscal nacional.Chahuán recordó que el Ministerio Público implementó proyectos piloto de intervención inmediata en ocho regiones, y que pretende extenderlos a otras cuatro, que se elegirán entre las de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Aisén y Arica-Parinacota.Transparencia, eficiencia y atención a los usuarios son las prioridades para este añoMejorar la transparencia, la eficiencia y la atención a los usuarios son los desafíos en los que se deberá enfocar en 2009 el Poder Judicial, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.Al cerrar su revisión al trabajo realizado durante 2008, el ministro señaló que "aspiramos a una justicia que llegue a quienes la necesitan, cuando la necesitan. Y que sea valorada por la comunidad, porque existe certeza de que procedió en forma honesta".Respecto de la transparencia, y junto con valorar los avances en mayor acceso a la información que significaron los cambios a la página web institucional, Marín afirmó, citando a Voltaire, que "el ocultamiento de la verdad es el inicio de la corrupción de las costumbres"."No basta que sea amplia la publicidad de los actos y resoluciones judiciales y expedito el acceso a la información. Lo que realmente importa es que ambos permitan comprobar que la acción judicial se lleva a cabo correctamente. Es lo que queremos lograr por estas vías: mostrar todo el tiempo que el Poder Judicial es honesto y trabaja con eficiencia", precisó.Su discurso también hizo hincapié en la evaluación interna del Poder Judicial y en la probidad judicial, destacando que lo que corresponde es investigar las irregularidades y, si procede, corregirlas con los medios que franquea la ley. "Nuestro compromiso con esta exigencia lo demuestran los más de 14 casos en que la Corte castigó severamente tales anomalías en 2008", recordó. Urbano Marín también apuntó a la necesidad de hacer una revisión completa del sistema de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios a cargo de la Academia Judicial, y reorganizar y modernizar la secretaría de la Corte Suprema.Inquietud por seguridad en juicios orales y tardía habilitación del Centro de JusticiaAunque fue menos crítico que en otros discursos de apertura del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema cuestionó ayer que persistan algunos problemas advertidos en cuentas anteriores del Poder Judicial, entre ellos el de la seguridad al interior de los tribunales. "Sucesos recientes demuestran que se mantiene un déficit en las condiciones de seguridad en los tribunales, con riesgo para jueces y funcionarios, abogados, peritos, testigos y las personas involucradas", señaló Urbano Marín.Hasta ahora la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha instalado 78 paneles de separación en salas de audiencia y pronto contratará más guardias para labores de control y vigilancia.Marín también apuntó a la difícil situación de la mayoría de los juzgados mixtos -"los grandes olvidados de la reforma", planteó-, porque además de su variada competencia en asuntos antiguos deben conocer los nuevos procedimientos orales "sin contar con la estructura adecuada y dotaciones suficientes".Otro de los puntos pendientes, a juicio de la máxima autoridad de la Suprema, es habilitar el Centro de Justicia de Santiago con los equipos de climatización necesarios para usuarios, jueces y empleados. Es un problema, dijo el magistrado, cuya solución se ha seguido postergando, "pese a la buena disposición de los ministerios de Justicia y de Obras Públicas"."Esto significa tener ociosa gran parte del inmueble y continuar con un gasto tan oneroso como evitable por concepto de arrendamiento de otros recintos".El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, adelantó que se enviará un proyecto de ley que aumentará la dotación de los gendarmes, y prometió que este año el Centro de Justicia estará totalmente habilitado.Colegio de Abogados apunta a reforma legal para fijar estándares a las uesLa preocupación de la Corte Suprema por el alto número de abogados que se han titulado en el último periodo (15.894 en la última década) -y por su idoneidad para ejercer la profesión- fue abordada ayer por Urbano Marín como uno de los temas que persisten como obstáculos para la mejor administración de justicia "y cuya resolución no depende sólo del Poder Judicial"."Como le corresponde otorgar el título, a la Corte Suprema le inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía, sino la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal", manifestó el magistrado al inaugurar el Año Judicial 2009.Acogiendo este planteamiento, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, recordó que han estado en conversaciones con las universidades y con la comisión de modernización de la Corte Suprema para llegar a una propuesta. No obstante, admitió que ha sido una tarea compleja.Además, advirtió que al final una modificación al sistema dependería de una reforma legal."Estamos simplemente recogiendo ideas, porque le digo el problema está claro, pero los caminos de solución son extremadamente complejos. Ahora es problema del consejo del Colegio que se pronuncie sobre esta materia. (Pero) se requiere un cambio legal, porque tal como está la ley, cualquier persona que tenga un título de una universidad reconocida por el Estado puede obtener el título (en la Corte Suprema)".Barros detalló que la idea del colegio es que se establezcan estándares mínimos en las facultades de Derecho, pues estima que "existe una tremenda asimetría y diferencia entre lo que son las buenas universidades y lo que es el estándar general que puede exigirse para obtener el título de abogado"."Hay universidades o hay licenciados que no están adquiriendo las calificaciones mínimas para al ejercicio de la profesión, y el problema es ése. El título de abogado debiera acreditar suficientemente sus cualidades profesionales, y ésa es la duda que nosotros tenemos y que creemos que debe resolverse", concluyó Enrique Barros.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/03/nacional/nacional/noticias/79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A.htm?id={79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A}
Fiscales reclaman porque deben financiar las defensas cuando hay querellas en su contra
02 de Marzo del 2009
Preocupados y asombrados se encuentran en la Asociación Nacional de Fiscales por la tendencia de que las personas investigadas o imputadas presenten a su vez denuncias o querellas contra los fiscales a cargo de las investigaciones, mientras dura la etapa de pesquisas.La última acción judicial es la que afecta a Alejandra Godoy, la fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien encabeza la investigación por los contratos irregulares en el caso Registro Civil.Según el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Leiva, los fiscales están en la "indefensión" por la interpretación de la ley que ha hecho el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien considera que la defensa por estas querellas no deben ser pagadas por el Ministerio Público, a pesar de que están relacionadas con el ejercicio de sus funciones.La misma política tuvo el ex Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena.La Asociación de Fiscales está en conversaciones con el estudio particular de Daniel Martorell -quien además es abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- para que asuma la defensa de la fiscal Godoy. Los costos jurídicos los asumirá la agrupación.Esta semana se debería tomar una decisión "para comenzar a participar activamente en la querella", dice Leiva.También recordó el caso del fiscal adjunto Juan Pablo Buono-Core, a raíz de las acusaciones realizadas contra él por el abogado Ariel Marín, quien lo vinculara con la banda de narcotraficantes de los "Car'e Jarro", caso por el cual está imputado el defensor.Luego de seis meses de investigación, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra el fiscal.Según explicó Leiva, en marzo podría haber resultados de la acción judicial que presentaron por la violación de secreto, y la filtración de las declaraciones del abogado Marín.Además se estudia una querella por calumnia en contra de Marín.La última querella contra un fiscal. Una querella por obstrucción a la justicia fue presentada el pasado 13 de febrero en contra de la fiscal Alejandra Godoy, por el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas y su ex jefe de gabinete, Jorge Lobos.En la acción judicial -que es investigada por la Fiscalía Occidente- se le acusa de agregar párrafos en la primera declaración que prestó Viviana Chaura, funcionaria del Registro Civil, quien fue citada por ser una de las encargadas en el tema de las asesorías externas realizadas por universidades del organismo.El ex director del Registro Civil Guillermo Arenas fue dejado en prisión preventiva por la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones porque "podría obstaculizar la investigación".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/02/nacional/nacional/noticias/5B50E5B5-3ACC-498D-AF5F-4F72D41EBA2D.htm?id={5B50E5B5-3ACC-498D-AF5F-4F72D41EBA2D}
Preocupados y asombrados se encuentran en la Asociación Nacional de Fiscales por la tendencia de que las personas investigadas o imputadas presenten a su vez denuncias o querellas contra los fiscales a cargo de las investigaciones, mientras dura la etapa de pesquisas.La última acción judicial es la que afecta a Alejandra Godoy, la fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien encabeza la investigación por los contratos irregulares en el caso Registro Civil.Según el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Leiva, los fiscales están en la "indefensión" por la interpretación de la ley que ha hecho el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien considera que la defensa por estas querellas no deben ser pagadas por el Ministerio Público, a pesar de que están relacionadas con el ejercicio de sus funciones.La misma política tuvo el ex Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena.La Asociación de Fiscales está en conversaciones con el estudio particular de Daniel Martorell -quien además es abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- para que asuma la defensa de la fiscal Godoy. Los costos jurídicos los asumirá la agrupación.Esta semana se debería tomar una decisión "para comenzar a participar activamente en la querella", dice Leiva.También recordó el caso del fiscal adjunto Juan Pablo Buono-Core, a raíz de las acusaciones realizadas contra él por el abogado Ariel Marín, quien lo vinculara con la banda de narcotraficantes de los "Car'e Jarro", caso por el cual está imputado el defensor.Luego de seis meses de investigación, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra el fiscal.Según explicó Leiva, en marzo podría haber resultados de la acción judicial que presentaron por la violación de secreto, y la filtración de las declaraciones del abogado Marín.Además se estudia una querella por calumnia en contra de Marín.La última querella contra un fiscal. Una querella por obstrucción a la justicia fue presentada el pasado 13 de febrero en contra de la fiscal Alejandra Godoy, por el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas y su ex jefe de gabinete, Jorge Lobos.En la acción judicial -que es investigada por la Fiscalía Occidente- se le acusa de agregar párrafos en la primera declaración que prestó Viviana Chaura, funcionaria del Registro Civil, quien fue citada por ser una de las encargadas en el tema de las asesorías externas realizadas por universidades del organismo.El ex director del Registro Civil Guillermo Arenas fue dejado en prisión preventiva por la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones porque "podría obstaculizar la investigación".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/02/nacional/nacional/noticias/5B50E5B5-3ACC-498D-AF5F-4F72D41EBA2D.htm?id={5B50E5B5-3ACC-498D-AF5F-4F72D41EBA2D}
Reforma Laboral y justicia de familia marcan inauguración del Año Judicial
01 de Marzo del 2009
Los avances en materia de transparencia, el inicio de la ley que refuerza y mejora la justicia de familia, el comienzo de la Reforma Laboral en la Región Metropolitana serán parte de los temas que marcarán mañana el tradicional discurso del presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, en la inauguración del Año Judicial 2009.Por primera vez durante su gestión, el actual presidente del máximo tribunal leerá el discurso, ya que el año pasado Urbano Marín no estuvo presente durante la ceremonia porque se encontraba hospitalizado, a la espera de una intervención al corazón.El magistrado hará un repaso por todos lo avances respecto del año pasado, principalmente en lo que se refiere a las conclusiones de las XI Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema, en las que se adoptaron varias medidas para mejorar la transparencia y los controles internos del Poder Judicial.Por lo anterior es que a partir de año pasado es información pública la forma como votan los magistrados en las confecciones de quinas y ternas para ocupar las vacantes judiciales. Antes era sólo pública la votación final, pero no por quién votaba cada ministro.Además, se comenzaron a dar a conocer en la página web todos los antecedentes de los magistrados y de los abogados integrantes que quedan en las quinas y ternas, tanto en la Corte Suprema como en las cortes de Apelaciones del país.El año pasado, también se creó la Comisión de Transparencia e Información.El presidente del máximo tribunal dará a conocer mañana, entre otras cosas, la estadística del año pasado de todas las causas que ingresaron a los tribunales de primera instancia de todo el país, la comparación con el año anterior, los recursos que recibieron las 17 cortes de Apelaciones y los que ingresaron a la Corte Suprema.El último discurso de inauguración estuvo marcado por las fuertes críticas al Ejecutivo por la demora en despachar la ley que mejoraba el funcionamiento de los juzgados de familia.Además, en esa oportunidad, se expresaron las quejas de la Corte al Gobierno por sólo haber dado un tercio de los fondos requeridos para la implementación de la Reforma Laboral, cuestionando que faltaban unos 16 mil millones de pesos para la segunda etapa.Los planteamientos de la última inauguración del Año Judicial:
1 En el discurso del Año Judicial 2008 se anunció que se desplegaría un especial esfuerzo para aumentar la eficiencia del trabajo en tribunales, mejorar la gestión, y de esta manera disminuir los atrasos en las distintas áreas y procedimientos.
2 Para disminuir el atraso en distintas áreas, se dijo que se crearía un sistema de control informativo y de seguimiento de causas en el Poder Judicial, con apoyo informático, que permita cuantificar e individualizar el estado de las causas, para que se cierren pronto.
3 Se hizo un llamado para mejorar la administración de justicia. "Los jueces chilenos son más que buenos, y por ello solicitamos su apoyo y colaboración, para progresar hacia una justicia que sea siempre generadora de certeza y seguridad jurídicas", se dijo en el discurso.
4 En materia estadística, se resaltó que por primera vez el ingreso de causas superó los dos dígitos (16,3%), y se destacó que esto no se condice con la imagen negativa de la justicia, ya que pese a ello cada vez son más las personas que recurren a los tribunales de justicia.Jurarán abogados integrantesA las 10 de la mañana, una hora antes de que comience el discurso del Año Judicial 2009, se hará el juramento de los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las 17 cortes de Apelaciones del país.El ex ministro de Justicia Luis Bates Hidalgo encabeza la lista de los nuevos 12 abogados integrantes del máximo tribunal, además de los ex supremos Alberto Chaigneau del Campo y Jorge Medina Cuevas, quienes ejercerán por tres años.En la Corte de Apelaciones de Santiago, jurará, entre otros, el ex fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo. Mientras que en San Miguel, jura el ex supremo José Luis Pérez Zañartu.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/01/nacional/nacional/noticias/BBB57175-DCCF-4E5B-A6A1-2A0D3AB8E9AD.htm?id=%7BBBB57175-DCCF-4E5B-A6A1-2A0D3AB8E9AD%7D
Los avances en materia de transparencia, el inicio de la ley que refuerza y mejora la justicia de familia, el comienzo de la Reforma Laboral en la Región Metropolitana serán parte de los temas que marcarán mañana el tradicional discurso del presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, en la inauguración del Año Judicial 2009.Por primera vez durante su gestión, el actual presidente del máximo tribunal leerá el discurso, ya que el año pasado Urbano Marín no estuvo presente durante la ceremonia porque se encontraba hospitalizado, a la espera de una intervención al corazón.El magistrado hará un repaso por todos lo avances respecto del año pasado, principalmente en lo que se refiere a las conclusiones de las XI Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema, en las que se adoptaron varias medidas para mejorar la transparencia y los controles internos del Poder Judicial.Por lo anterior es que a partir de año pasado es información pública la forma como votan los magistrados en las confecciones de quinas y ternas para ocupar las vacantes judiciales. Antes era sólo pública la votación final, pero no por quién votaba cada ministro.Además, se comenzaron a dar a conocer en la página web todos los antecedentes de los magistrados y de los abogados integrantes que quedan en las quinas y ternas, tanto en la Corte Suprema como en las cortes de Apelaciones del país.El año pasado, también se creó la Comisión de Transparencia e Información.El presidente del máximo tribunal dará a conocer mañana, entre otras cosas, la estadística del año pasado de todas las causas que ingresaron a los tribunales de primera instancia de todo el país, la comparación con el año anterior, los recursos que recibieron las 17 cortes de Apelaciones y los que ingresaron a la Corte Suprema.El último discurso de inauguración estuvo marcado por las fuertes críticas al Ejecutivo por la demora en despachar la ley que mejoraba el funcionamiento de los juzgados de familia.Además, en esa oportunidad, se expresaron las quejas de la Corte al Gobierno por sólo haber dado un tercio de los fondos requeridos para la implementación de la Reforma Laboral, cuestionando que faltaban unos 16 mil millones de pesos para la segunda etapa.Los planteamientos de la última inauguración del Año Judicial:
1 En el discurso del Año Judicial 2008 se anunció que se desplegaría un especial esfuerzo para aumentar la eficiencia del trabajo en tribunales, mejorar la gestión, y de esta manera disminuir los atrasos en las distintas áreas y procedimientos.
2 Para disminuir el atraso en distintas áreas, se dijo que se crearía un sistema de control informativo y de seguimiento de causas en el Poder Judicial, con apoyo informático, que permita cuantificar e individualizar el estado de las causas, para que se cierren pronto.
3 Se hizo un llamado para mejorar la administración de justicia. "Los jueces chilenos son más que buenos, y por ello solicitamos su apoyo y colaboración, para progresar hacia una justicia que sea siempre generadora de certeza y seguridad jurídicas", se dijo en el discurso.
4 En materia estadística, se resaltó que por primera vez el ingreso de causas superó los dos dígitos (16,3%), y se destacó que esto no se condice con la imagen negativa de la justicia, ya que pese a ello cada vez son más las personas que recurren a los tribunales de justicia.Jurarán abogados integrantesA las 10 de la mañana, una hora antes de que comience el discurso del Año Judicial 2009, se hará el juramento de los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las 17 cortes de Apelaciones del país.El ex ministro de Justicia Luis Bates Hidalgo encabeza la lista de los nuevos 12 abogados integrantes del máximo tribunal, además de los ex supremos Alberto Chaigneau del Campo y Jorge Medina Cuevas, quienes ejercerán por tres años.En la Corte de Apelaciones de Santiago, jurará, entre otros, el ex fiscal de EFE, Rodrigo Asenjo. Mientras que en San Miguel, jura el ex supremo José Luis Pérez Zañartu.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/01/nacional/nacional/noticias/BBB57175-DCCF-4E5B-A6A1-2A0D3AB8E9AD.htm?id=%7BBBB57175-DCCF-4E5B-A6A1-2A0D3AB8E9AD%7D
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