La titular del 1.er Juzgado Civil de Valparaíso, Patricia Montenegro, condenó en primera instancia a la Cámara de Diputados a pagar $319 millones como indemnización al ex edecán de esa corporación, coronel (r) de Ejército Jaime Krauss Rusque.Luego de tres años de tramitación, la magistrada falló una demanda interpuesta por Krauss. Esto, luego que en 2004 el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, pidiera la renuncia al edecán luego que éste fuera sometido a proceso en una causa de derechos humanos, por su presunta participación en la muerte de detenidos en Pisagua el año 1974.El abogado Mario Cortés Cevasco, cuyo estudio representó al ex militar, indicó que la demanda se basa tanto en perjuicios como en daño moral.El profesional explicó que Krauss -hermano del ex ministro Enrique Krauss- debió ser reintegrado en su puesto en 2006, cuando se anuló el auto de procesamiento, y que fue objeto de humillaciones, ya que Lorenzini envió un chofer a la casa del edecán a buscar en forma perentoria su renuncia.El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, calificó la resolución como "la primera de un procedimiento muy largo", agregando que "nos parece lógico que si se ha sostenido una tesis se agoten todas las instancias judiciales para defender esa tesis, y luego de eso ver quién tenía la razón".Álvarez agregó que esta materia no la lleva la Cámara sino que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y que esperan recibir "pronta información" de éste.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/30/nacional/politica/noticias/73AF0D22-8271-4C78-92A1-D2B4F942CDB0.htm?id={73AF0D22-8271-4C78-92A1-D2B4F942CDB0} (El Mercurio)
jueves, 30 de abril de 2009
Aprueban norma que fija límites a actividades de campaña para ministros y alcaldes
La unanimidad con que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado la norma que restringe la participación en actividades de campaña de ministros y alcaldes, entre otras autoridades, no anticipó la discusión de horas más tarde, cuando los parlamentarios miembros de la instancia explicaron los alcances de la iniciativa.La alerta en el oficialismo se encendió cuando los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) calificaron la medida -que quedará plasmada en la Constitución- como un "triunfo" para la Alianza."Es un triunfo para la Alianza, pero también para Chile el que en forma unánime se haya aprobado esta norma", señaló Espina. "Las autoridades van a tener que ser especialmente cuidadosas y adoptar precauciones de que su participación en un acto no esté determinada ni sea invocada como el cargo público que detenta", agregó Chadwick.En términos concretos, la norma aprobada establece que los funcionarios públicos y municipales, incluidos los de confianza del Presidente, estarán impedidos de hacer "cualquier actividad política" de carácter proselitista durante su jornada de trabajo. La prohibición es tajante en el caso de que se utilicen recursos o bienes fiscales y también se inhabilita a las autoridades a incurrir en gastos de publicidad distintos a la entrega de información sobre la forma de acceder a las prestaciones de su cartera.Las declaraciones de parlamentarios de la Alianza obligaron al senador José Antonio Gómez (PRSD) -uno de los que dieron la unanimidad a la iniciativa en la comisión- a aclarar los alcances de la nueva norma constitucional. Explicó que "hasta ahora se consideraba intervención el solo hecho de estar presente en un lugar determinado, pero a raíz de esta norma una persona puede estar presente sin invocar su calidad de funcionario público o municipal".Con ello, Gómez intentó desvirtuar la idea de que las autoridades quedan, en la práctica, totalmente impedidas de participar en actividades de campaña.Las eventuales transgresiones, en todo caso, serán determinadas por la Contraloría, previa presentación de una denuncia, y las sanciones incluyen, incluso, la destitución del cargo.Si el Senado aprueba la próxima semana el proyecto de calidad de la política, podrá ser promulgado.
Contraloría llama a uso "responsable" de Ley de Transparencia
El contralor Ramiro Mendoza hizo ayer un llamado a la ciudadanía y, en especial, a los protagonistas de la "actividad política", a usar "responsablemente" la Ley de Transparencia, advirtiendo que su mal empleo puede ocasionar una "crisis" en el organismo fiscalizador. "Si la actividad política no tiene la prudencia necesaria respecto al requerimiento y fundamento de las denuncias que nos formula, nos puede producir un problema como nos ocurrió el año pasado, cuando tres meses antes de las elecciones municipales se nos generó un incremento de denuncias cruzadas entre actores políticos", dijo Mendoza
Puerta a puerta fines de semana y fotos con candidatos
Aunque las eventuales transgresiones a la norma sólo podrán ser falladas por la Contraloría, previa presentación de una denuncia, los senadores de la Alianza y la Concertación coincidieron en varios ejemplos que delimitan el campo de acción de ministros, funcionarios públicos y alcaldes en época electoral.En esta línea, una autoridad está autorizada para hacer puerta a puerta los fines de semana y fuera de su horario de trabajo o, incluso, sacarse una foto con un candidato, pero debe hacerlo a título personal y sin que se explicite su cargo. Sin embargo, estaría en el margen de las prohibiciones que la misma autoridad participe activamente en los actos de proclamación de un postulante. También será sancionada en caso de que realice anuncios propios de su cartera; entregue subsidios o beneficios a los eventuales adherentes del candidato, o llame a votar por una determinada persona en actos asociados a su gestión.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/30/nacional/politica/noticias/EDD2CC6B-DCDB-4962-829C-D3C8D58DF367.htm?id={EDD2CC6B-DCDB-4962-829C-D3C8D58DF367} -(El Mercurio)
Contraloría llama a uso "responsable" de Ley de Transparencia
El contralor Ramiro Mendoza hizo ayer un llamado a la ciudadanía y, en especial, a los protagonistas de la "actividad política", a usar "responsablemente" la Ley de Transparencia, advirtiendo que su mal empleo puede ocasionar una "crisis" en el organismo fiscalizador. "Si la actividad política no tiene la prudencia necesaria respecto al requerimiento y fundamento de las denuncias que nos formula, nos puede producir un problema como nos ocurrió el año pasado, cuando tres meses antes de las elecciones municipales se nos generó un incremento de denuncias cruzadas entre actores políticos", dijo Mendoza
Puerta a puerta fines de semana y fotos con candidatos
Aunque las eventuales transgresiones a la norma sólo podrán ser falladas por la Contraloría, previa presentación de una denuncia, los senadores de la Alianza y la Concertación coincidieron en varios ejemplos que delimitan el campo de acción de ministros, funcionarios públicos y alcaldes en época electoral.En esta línea, una autoridad está autorizada para hacer puerta a puerta los fines de semana y fuera de su horario de trabajo o, incluso, sacarse una foto con un candidato, pero debe hacerlo a título personal y sin que se explicite su cargo. Sin embargo, estaría en el margen de las prohibiciones que la misma autoridad participe activamente en los actos de proclamación de un postulante. También será sancionada en caso de que realice anuncios propios de su cartera; entregue subsidios o beneficios a los eventuales adherentes del candidato, o llame a votar por una determinada persona en actos asociados a su gestión.
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miércoles, 29 de abril de 2009
Ministro del MOP pide ayuda a CDE
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la constitución de una unidad especial para defender los intereses del fisco en todas las causas judiciales que tiene la cartera, incluidas las de arbitraje, como fue el caso Besalco.Bitar se reunió ayer con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, y todos los consejeros del organismo, para plantear esta colaboración.Según aseguró el ministro, en la actualidad existen 2 mil 400 juicios, de los cuales 2 mil son por expropiación.Mackenney dijo que se analizará la solicitud.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/29/nacional/nacional/noticias/19D1BE5C-A652-4D9D-B5B6-5D0DE916618C.htm?id={19D1BE5C-A652-4D9D-B5B6-5D0DE916618C} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/29/nacional/nacional/noticias/19D1BE5C-A652-4D9D-B5B6-5D0DE916618C.htm?id={19D1BE5C-A652-4D9D-B5B6-5D0DE916618C} (El Mercurio)
Surgen aprensiones de empresarios ante inicio de tercera etapa de justicia laboral
Las cifras que acumula la aplicación de la nueva justicia laboral en seis regiones, con sólo el 3% de los fallos de las causas que llegan a los tribunales favorable a los empleadores, generan aprensiones entre los gremios empresariales de las regiones de Antofagasta, O'Higgins, Maule y Biobío, donde mañana comienza a regir la tercera de las cinco etapas que contempla el sistema para extender su cobertura a todo Chile.El presidente de la Asociación de Industriales del Centro (Asicent) de la Región del Maule, Francisco Mac-Clure, cree que el nuevo sistema es "una desgracia", porque "prácticamente no podemos hablar de justicia. Estamos hablando de fallos sesgados siempre para un solo lado y a la larga perjudicará incluso el trabajador, porque ya hoy la voluntad de contratar por parte de los empresarios está lejana". Para Mac-Clure, el pequeño empresario "está en desventaja, no está bien al tanto de las leyes y tampoco tiene defensa. Es uno de los más débiles en este aspecto".Coincide el gerente de la Cámara de Producción y Comercio de Concepción, Leoncio Toro. "Los pequeños empresarios no están capacitados para defenderse en igualdad de condiciones. Habría que crear un organismo de asesoría legal", sugiere.Toro comparte con Mac-Clure que hoy existe una "posición desventajosa" para los empresarios, pero confía en que a largo plazo "se irá imponiendo la razón"."Masivamente los fallos son favorables a los trabajadores, pero con el nuevo sistema los abogados de empresas tendrán que llegar mejor preparados y las partes tendrán que mirarse a los ojos. No puede ser tan descarado el fallo contra una empresa, sabiendo que hay atenuantes. Con el tiempo se tendrá que ir normalizando esa situación", agrega.Junto con el importante índice de causas favorables a los trabajadores, el nuevo sistema de justicia se ha caracterizado por resolver más de la mitad de los casos a través de la conciliación entre las partes, según la Defensoría Penal Pública. "Es mucho más de lo que esperábamos (...) Pensábamos que iba a haber mayor interés en seguir los juicios, al ser cortos, pero no contábamos con que el empleador iba a mejorar su oferta para llegar a acuerdo", dice el coordinador nacional de la Defensoría Laboral, Zarko Luksic.El presidente de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria (Conupia), Iván Vuskovic, atribuye las cifras a que "la mayoría de los casos que llegan a la justicia laboral son cobranzas. Al empleador no le queda más que asumir la deuda y llegar a acuerdos para cumplir el plazo".Sin embargo, el presidente de la CUT en Valparaíso (donde opera el sistema), Roberto Aravena, asegura que el acuerdo busca evitar perder tiempo en juicios."Los juicios se han agilizado, pero significan una pérdida de tiempo. Las empresas, al saber que deben pagar hasta un 30% más del finiquito, le ofrecen al trabajador un 10% y llegan a acuerdo. Con el dinero a su alcance, el trabajador no duda en tomarlo", señala.
Las cifras del nuevo sistema
La nueva justicia laboral opera desde el 31 de marzo de 2008 en Atacama y Magallanes, y desde el 31 de octubre de ese año en Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y los Ríos. Estas regiones suman un total de 2.647 demandas presentadas en la Defensoría Laboral, que actúa en el 70% de las causas del sistema.De ellas, 1.725 ingresaron a procedimiento monitorio, donde interviene la mediación de la Dirección del Trabajo para buscar un acuerdo entre las partes.Actualmente hay 1.461 causas terminadas: 683 tuvieron sentencia favorable a los trabajadores, 33 a favor de los empleadores y en 664 casos hubo conciliación entre las partes.Entre las demandas presentadas, la mayor cantidad corresponden a nulidad del despido (872), despido injustificado (765) y cobro de prestaciones (546).En las cuatro regiones de la tercera etapa se contempla que el sistema atienda unas 10.500 causas en 2009. En la cuarta etapa, el 31 de agosto, se sumará la Región Metropolitana, y el 30 de octubre, las regiones pendientes.
RAPIDEZ
Sólo 38 días promedio demora la tramitación de una demanda en la nueva justicia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/29/nacional/nacional/noticias/6F41646A-C664-49F4-AF7C-228EB4160A61.htm?id={6F41646A-C664-49F4-AF7C-228EB4160A61} (El Mercurio)
Las cifras del nuevo sistema
La nueva justicia laboral opera desde el 31 de marzo de 2008 en Atacama y Magallanes, y desde el 31 de octubre de ese año en Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y los Ríos. Estas regiones suman un total de 2.647 demandas presentadas en la Defensoría Laboral, que actúa en el 70% de las causas del sistema.De ellas, 1.725 ingresaron a procedimiento monitorio, donde interviene la mediación de la Dirección del Trabajo para buscar un acuerdo entre las partes.Actualmente hay 1.461 causas terminadas: 683 tuvieron sentencia favorable a los trabajadores, 33 a favor de los empleadores y en 664 casos hubo conciliación entre las partes.Entre las demandas presentadas, la mayor cantidad corresponden a nulidad del despido (872), despido injustificado (765) y cobro de prestaciones (546).En las cuatro regiones de la tercera etapa se contempla que el sistema atienda unas 10.500 causas en 2009. En la cuarta etapa, el 31 de agosto, se sumará la Región Metropolitana, y el 30 de octubre, las regiones pendientes.
RAPIDEZ
Sólo 38 días promedio demora la tramitación de una demanda en la nueva justicia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/29/nacional/nacional/noticias/6F41646A-C664-49F4-AF7C-228EB4160A61.htm?id={6F41646A-C664-49F4-AF7C-228EB4160A61} (El Mercurio)
martes, 28 de abril de 2009
Director de Gendarmería: "Fue un incendio premeditado destinado a causar víctimas"
El director de Gendarmería, Alejandro Jiménez, confirmó que el incendio de la cárcel Colina II, donde diez reclusos de alto compromiso delictivo perecieron asfixiados, tuvo un origen intencional, a la vez que admitió deficiencias en la inteligencia penitenciaria, por no haber anticipado la disputa entre bandas rivales que originó la tragedia.El primer incidente de este tipo en el penal inaugurado en 1994 es investigado en paralelo por el Ministerio Público, la Fiscalía de la Corte Suprema y la Fiscalía Administrativa de Gendarmería.Y si bien tales pesquisas están en pleno desarrollo, Jiménez ya tiene una idea formada: "Fue un incendio premeditado destinado a causar víctimas".En la misma línea, su superior directo, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aseguró anoche que "probablemente haya internos que puedan ser imputados por homicidio".En ese contexto, Jiménez enfatizó que los responsables serán enjuiciados y condenados. "El Estado de Derecho también rige dentro de las unidades penales", advirtió.Pero Gendarmería además encontró fallas de sus funcionarios de inteligencia por no haber detectado oportunamente la tensión entre los grupos rivales. Según familiares de los fallecidos, éstos fueron amenazados varias veces en los últimos días.Jiménez reconoció que los reclusos de cárceles no concesionadas tienen autorización para cocinar alimentos en sus celdas y se mostró decepcionado por el fracaso en la eliminación de los cuchillos artesanales y los teléfonos celulares.Admitió asimismo un hacinamiento endémico en los penales chilenos, aunque aseguró que al momento del siniestro, Colina II tenía 1.840 internos, con una sobrepoblación de sólo 40: "Las cárceles concesionadas nos han permitido terminar con las celdas colectivas tradicionales.
Los minutos de horror
Para prevenir un rebrote de la violencia, Gendarmería trasladó a 18 internos involucrados en la riña e incendio a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del exterior del módulo 6 del penal, el incendio comenzó a las 11:40 horas del domingo en el colectivo C del tercer y último piso, cuando comenzaba el desencierro de sus 41 ocupantes, autorizados para atender a sus visitas.Según familiares de los implicados, por rencillas anteriores surgidas en un partido de baby fútbol y disputas de espacio en el patio, los internos del módulo 4, armados de estoques y liderados por el reo conocido como "El Cara de Jarra", arrinconaron a sus rivales de la banda de estafadores telefónicos dirigida por Sergio Bopp -uno de los fallecidos- y les bloquearon la única puerta de acceso y salida, apilando material inflamable para prenderle fuego.Según Jiménez, los gendarmes llegaron un minuto después a sofocar el enfrentamiento, pero fueron atacados con estoques por los amotinados. Los custodios dispararon balines de caucho para abrirse paso, y tres minutos después tomaron el control de la puerta, que por las altas temperaturas estaba atascada. Entonces, los gendarmes, junto con los bomberos, rompieron los barrotes de una ventana interior y rescataron al único sobreviviente, Marcelo González Oyarce, ahora internado en la Posta Central con graves quemaduras.Otros dos internos del bando agresor, Miguel Salazar Román y Nelson González Moreno, sufrieron heridas cortopunzantes.
Críticas de la Suprema
A la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, le corresponde supervigilar la situación de las cárceles del país. Por eso a primera hora de ayer envió al sitio del suceso a los fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Escandón y María Loreto Gutiérrez, para que elaboren un informe que deben entregar hoy.Maldonado cuestionó el procedimiento de los funcionarios de Gendarmería, argumentando que el sector donde ocurrió el incendio no estaba sobrepoblado."Sí, se tardó en reaccionar. No al incendio, sino que a la lucha entre ellos mismos, si es que el fiscal da por sentado que nació del enfrentamiento de los propios internos", sostuvo Maldonado.Para la fiscal de la Corte Suprema, los problemas en las cárceles radican "en la cantidad de presos que hay en los penales, situación que en parte podría solucionarse, como en Antofagasta, donde el reclamo es que no se les han rebajado las condenas a los internos que tienen buena conducta. Por otro lado, las peleas que existen entre familias, socios de causa como se llaman, llevan a que el aislamiento sea un caldo de cultivo para la lucha".La fiscal administrativa de Gendarmería, Pamela Reygada, concurrió a Colina II para iniciar el sumario sobre la actuación de los gendarmes.Y el fiscal de Colina, Patricio Macaya, después de interrogar a los testigos, admitió que el incendio comenzó por una riña entre bandas rivales, aunque no pudo precisar su origen.
Los familiares, del dolor a las amenazas de un desquite
Los familiares de Sergio Bopp, alias "El Flaqui" -uno de los reclusos que fallecieron al interior de Colina II-, fueron los primeros en ingresar al recinto penitenciario para escuchar de primera fuente lo sucedido. Cuando la madre de Bopp, Lina Ávila, se retiraba del lugar, en medio del llanto indicó que su hijo recibió amenazas de muerte de un recluso del módulo cuatro. "Yo sé quien lo mató. Fue 'El Cara de Jarra'. Yo sabía que hace una semana lo tenía amenazado de muerte", señaló, y lanzó una advertencia: dos de sus hijos vengarán al hermano que ha muerto. Bopp cumplía una condena de tres años y un día por el delito de estafa.El ambiente entre los familiares de los diez reclusos muertos era de dolor y rabia. Una treintena de ellos llegó ayer al Servicio Médico Legal (SML) a la espera de la entrega de los cuerpos. Tan irritados como tristes, varios decían tener identificados a los internos que causaron el incendio. "Aquí va a quedar la grande", fue uno de los comentarios.Otros se descargaron contra la reacción de Gendarmería frente al siniestro, sindicando a los funcionarios como responsables de la muerte de sus seres queridos. "Ellos (Gendarmería) tienen que solucionarles los problemas a los reos, no dejar que se maten. Yo pienso que no prestaron ayuda para nada, porque si lo hubieran hecho, se habrían salvado esas diez personas que murieron", dijo Nancy Dinamarca, hermana de Alejandro Dinamarca, uno de los fallecidos, quien cumplía condena por el homicidio del asistente de la PDI Mauro Castillo. Otros familiares, que no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias, indicaron que los gendarmes habían dejado morir a los reclusos en medio de las llamas. Desmintieron los dichos del director de la institución señalando que no les importó si morían. "Yo estoy en contra de Gendarmería, porque ellos no cuidan a los presos. Vamos a tomar acciones legales", señaló uno de los deudos.El director nacional del SML, Patricio Bustos, explico que durante la madrugada de ayer se realizaron los peritajes -con la participación de la PDI, el Registro Civil y Gendarmería- para establecer la identificación de los cuerpos, cuya causa de muerte fue la asfixia.Los familiares se agruparon después de recibir los cuerpos para iniciar una querella en contra de los responsables de la tragedia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/28/nacional/nacional/noticias/DC63F28B-7C0A-4E79-B035-AE612A5DC78E.htm?id={DC63F28B-7C0A-4E79-B035-AE612A5DC78E} (El Mercurio)
Los minutos de horror
Para prevenir un rebrote de la violencia, Gendarmería trasladó a 18 internos involucrados en la riña e incendio a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del exterior del módulo 6 del penal, el incendio comenzó a las 11:40 horas del domingo en el colectivo C del tercer y último piso, cuando comenzaba el desencierro de sus 41 ocupantes, autorizados para atender a sus visitas.Según familiares de los implicados, por rencillas anteriores surgidas en un partido de baby fútbol y disputas de espacio en el patio, los internos del módulo 4, armados de estoques y liderados por el reo conocido como "El Cara de Jarra", arrinconaron a sus rivales de la banda de estafadores telefónicos dirigida por Sergio Bopp -uno de los fallecidos- y les bloquearon la única puerta de acceso y salida, apilando material inflamable para prenderle fuego.Según Jiménez, los gendarmes llegaron un minuto después a sofocar el enfrentamiento, pero fueron atacados con estoques por los amotinados. Los custodios dispararon balines de caucho para abrirse paso, y tres minutos después tomaron el control de la puerta, que por las altas temperaturas estaba atascada. Entonces, los gendarmes, junto con los bomberos, rompieron los barrotes de una ventana interior y rescataron al único sobreviviente, Marcelo González Oyarce, ahora internado en la Posta Central con graves quemaduras.Otros dos internos del bando agresor, Miguel Salazar Román y Nelson González Moreno, sufrieron heridas cortopunzantes.
Críticas de la Suprema
A la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, le corresponde supervigilar la situación de las cárceles del país. Por eso a primera hora de ayer envió al sitio del suceso a los fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Escandón y María Loreto Gutiérrez, para que elaboren un informe que deben entregar hoy.Maldonado cuestionó el procedimiento de los funcionarios de Gendarmería, argumentando que el sector donde ocurrió el incendio no estaba sobrepoblado."Sí, se tardó en reaccionar. No al incendio, sino que a la lucha entre ellos mismos, si es que el fiscal da por sentado que nació del enfrentamiento de los propios internos", sostuvo Maldonado.Para la fiscal de la Corte Suprema, los problemas en las cárceles radican "en la cantidad de presos que hay en los penales, situación que en parte podría solucionarse, como en Antofagasta, donde el reclamo es que no se les han rebajado las condenas a los internos que tienen buena conducta. Por otro lado, las peleas que existen entre familias, socios de causa como se llaman, llevan a que el aislamiento sea un caldo de cultivo para la lucha".La fiscal administrativa de Gendarmería, Pamela Reygada, concurrió a Colina II para iniciar el sumario sobre la actuación de los gendarmes.Y el fiscal de Colina, Patricio Macaya, después de interrogar a los testigos, admitió que el incendio comenzó por una riña entre bandas rivales, aunque no pudo precisar su origen.
Los familiares, del dolor a las amenazas de un desquite
Los familiares de Sergio Bopp, alias "El Flaqui" -uno de los reclusos que fallecieron al interior de Colina II-, fueron los primeros en ingresar al recinto penitenciario para escuchar de primera fuente lo sucedido. Cuando la madre de Bopp, Lina Ávila, se retiraba del lugar, en medio del llanto indicó que su hijo recibió amenazas de muerte de un recluso del módulo cuatro. "Yo sé quien lo mató. Fue 'El Cara de Jarra'. Yo sabía que hace una semana lo tenía amenazado de muerte", señaló, y lanzó una advertencia: dos de sus hijos vengarán al hermano que ha muerto. Bopp cumplía una condena de tres años y un día por el delito de estafa.El ambiente entre los familiares de los diez reclusos muertos era de dolor y rabia. Una treintena de ellos llegó ayer al Servicio Médico Legal (SML) a la espera de la entrega de los cuerpos. Tan irritados como tristes, varios decían tener identificados a los internos que causaron el incendio. "Aquí va a quedar la grande", fue uno de los comentarios.Otros se descargaron contra la reacción de Gendarmería frente al siniestro, sindicando a los funcionarios como responsables de la muerte de sus seres queridos. "Ellos (Gendarmería) tienen que solucionarles los problemas a los reos, no dejar que se maten. Yo pienso que no prestaron ayuda para nada, porque si lo hubieran hecho, se habrían salvado esas diez personas que murieron", dijo Nancy Dinamarca, hermana de Alejandro Dinamarca, uno de los fallecidos, quien cumplía condena por el homicidio del asistente de la PDI Mauro Castillo. Otros familiares, que no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias, indicaron que los gendarmes habían dejado morir a los reclusos en medio de las llamas. Desmintieron los dichos del director de la institución señalando que no les importó si morían. "Yo estoy en contra de Gendarmería, porque ellos no cuidan a los presos. Vamos a tomar acciones legales", señaló uno de los deudos.El director nacional del SML, Patricio Bustos, explico que durante la madrugada de ayer se realizaron los peritajes -con la participación de la PDI, el Registro Civil y Gendarmería- para establecer la identificación de los cuerpos, cuya causa de muerte fue la asfixia.Los familiares se agruparon después de recibir los cuerpos para iniciar una querella en contra de los responsables de la tragedia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/28/nacional/nacional/noticias/DC63F28B-7C0A-4E79-B035-AE612A5DC78E.htm?id={DC63F28B-7C0A-4E79-B035-AE612A5DC78E} (El Mercurio)
Ministerio del Interior anuncia nuevo gobernador de provincia de El Loa: Nicanor Araya
Por instrucciones de la Presidenta Michelle Bachelet, el Ministerio del Interior informó la designación de Nicanor Araya de la Cruz como el nuevo gobernador de la provincia de El Loa, Región de Antofagasta.El actual presidente del Partido Socialista local, asumirá sus funciones este martes, reemplazando en el cargo a Rubén Rojo.Nicanor Araya de la Cruz, casado con María Alicia Jofré con quien tiene cinco hijos, nació en Combarbalá el 4 de marzo de 1938. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Pública de su ciudad natal, mientras que su licencia secundaria la obtuvo rindiendo exámenes libres en el Liceo 104 de Santiago.En 1959 comenzó su actividad laboral como obrero de la División Chuquicamata de Codelco Chile, destacándose por su interés en los problemas gremiales. Desde 1966 al 1969 fue delegado seccional de personal y dirigente mutualista deportivo y social del Fondo Acumulativo. En 1980 fue elegido presidente del Sindicato de Trabajadores N°2, hasta marzo de 1987 y ese mismo año, fue delegado titular para la Conferencia Anual de la Federación Internacional de los Trabajadores Metalúrgicos en Noruega y Suecia, respectivamente.Posteriormente, asumió la presidencia de la Confederación de Trabajadores del Cobre, cargo que cumplió hasta abril de 1989. El mismo año, fue electo diputado por el Tercer Distrito, correspondiente a las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe y San Pedro de Atacama, por el período 1990-1994. Fue elegido como independiente en el Pacto Concertación por la Democracia. Integró la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social y la de Minería y Energía.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=355558 (Emol)
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=355558 (Emol)
Monckeberg y Melero declaran como testigos por demanda contra Transantiago
En calidad de testigos se encuentran declarando a esta hora ante el 11° Juzgado de Santiago los diputados de la Alianza Cristián Monckeberg (RN) y Patricio Melero (UDI) por la demanda colectiva presentada por varios usuarios en contra del Transantiago.
En la audiencia, los legisladores deberán dejar en claro si el actual sistema de transporte capitalino mermó la calidad de vida de los santiaguinos. Para ello se tomó en cuenta que ambos son integrantes de la comisión investigadora del Transantiago en la Cámara.
También deberán concurrir a presentar su testimonio el presidente de la comisión investigadora, el diputado Patricio Hales (PPD), quien no pudo asistir en esta oportunidad, y el senador Adolfo Zaldívar.
La demanda presentada en 2008, está patrocinada por el abogado Felipe Betancourt, solicita una compensación cercana a los 20 millones de pesos para 1.766 personas, quien alegan que vieron perjudicada su calidad de vida.
Mientras la abogada Paulina Veloso, ex ministra Secretaria General de la Presidencia, está representando al Estado.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=355635 (Emol)
En la audiencia, los legisladores deberán dejar en claro si el actual sistema de transporte capitalino mermó la calidad de vida de los santiaguinos. Para ello se tomó en cuenta que ambos son integrantes de la comisión investigadora del Transantiago en la Cámara.
También deberán concurrir a presentar su testimonio el presidente de la comisión investigadora, el diputado Patricio Hales (PPD), quien no pudo asistir en esta oportunidad, y el senador Adolfo Zaldívar.
La demanda presentada en 2008, está patrocinada por el abogado Felipe Betancourt, solicita una compensación cercana a los 20 millones de pesos para 1.766 personas, quien alegan que vieron perjudicada su calidad de vida.
Mientras la abogada Paulina Veloso, ex ministra Secretaria General de la Presidencia, está representando al Estado.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=355635 (Emol)
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