Rodrigo Huenchullán Cayul, imputado de atentar contra el agricultor René Urban, en octubre de 2003, y que se mantuvo prófugo por cerca de tres años, resultó finalmente favorecido con la media prescripción, vale decir con la rebaja de pena por el largo tiempo transcurrido desde la comisión del delito, por lo que ahora arriesga una condena menor en un juicio simplificado previsto para mañana en Collipulli.
La pena de 61 a 540 días de presidio es muy inferior a la de cinco a diez años que originalmente arriesgaba Huenchullán Cayul, acusado de quemar dos galpones, una bodega, un establo y una leñera en el fundo "Montenegro" del agricultor Rene Urban, el 12 de octubre de 2003.
Huenchullán se entregó a la policía en diciembre del año pasado, después de permanecer prófugo un año, tras ser formalizado en 2007, pero dejado en libertad por el Tribunal de Garantía. Cuando la Corte de Apelaciones revocó tal decisión, Huenchullán no fue ubicado.
Carlos Tenorio, abogado del agricultor que ha sido víctima de una treintena de atentados similares en los últimos diez años, indicó que la media prescripción, junto con rebajar la penalidad, tiene como efecto procesal el sometimiento del acusado a un juicio simplificado y no a juicio oral. "Entre la comisión del delito y la fecha del juicio, tuvo vital preponderancia el período en el cual el imputado se mantuvo rebelde, situación que finalmente va en su directo beneficio", explicó.
"No recuerdo que exista otro caso similar en las causas contra los autores de atentado a René Urban", dijo el abogado, quien confía en que el imputado reciba la pena más drástica.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/24/nacional/nacional/noticias/9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65.htm?id={9AB2F32D-84A5-4717-BBD6-C0C246CB7E65} (El Mercurio)
miércoles, 24 de junio de 2009
Universidades de red "Cruz del Sur" no concurrirán a la reunión de Consejo de Rectores
El rector de la Universidad Federico Santa María, José Rodríguez, ratificó ayer que existe un quiebre profundo al interior del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que reúne a 25 planteles superiores tradicionales estatales y privados que reciben aportes fiscales.
Rodríguez dijo que las universidades que conforman la red Cruz del Sur (Católica de Santiago, Católica de Valparaíso, Santa María, Universidad de Concepción y Austral de Valdivia) no concurrirán a la reunión del Consejo de Rectores fijada para mañana en Antofagasta y que tendrán su propia cita de análisis en Santiago.
El quiebre surgió luego que las corporaciones estatales iniciaron su propia campaña para conseguir mayores recursos, lo que las privadas consideran discriminatorio. "Parte importante de los rectores consideraron que la mesa directiva, y en particular su vicepresidente, que para nosotros es la figura central, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, no había jugado un rol importante en cautelar o representar todos los intereses del Consejo de Rectores", indicó.
Afirmó que el rector Pérez lideró una petición de recursos especiales para promoción de las ciencias sociales y las humanidades, "y lo hizo sólo para las estatales".
Sobre la continuidad del Consejo de Rectores, el rector de la U. Santa María sostuvo que es hora de repensarlo, y recordó que la red Cruz del Sur plantea la creación de una Conferencia de Rectores de Universidades Chilenas, como nuevo referente de encuentro y que agrupe a todas las universidades chilenas acreditadas.
Hoy se reúne en Antofagasta el Consorcio de Universidades Estatales, cita previa al Consejo convocado para mañana jueves.
Luis Alberto Loyola, rector de la U. de Antofagasta, señaló que "el Consejo de Rectores no es un club de amigos. Tiene una postura clara y es una instancia creada por ley con una misión muy importante con el país. Debe seguir, y lo que ha ocurrido es sólo por falta de diálogo".
Sergio Bravo, rector de la U. de la Frontera de Temuco, asegura que "nadie se va a descolgar del Consejo, porque opera con una ley que establece quiénes son sus integrantes".
Admitió que hay algún grado de molestia de algunos rectores a raíz de que las universidades estatales quisieran un trato preferente con ellas.
Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso, sostuvo que el Consejo no se puede quebrar, pero reconoció que "hay discrepancias severas que tienen como causa fundamental el sistema imperante de educación superior, que es insostenible".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/24/nacional/_portada/noticias/AFAD3D60-4D58-41A7-AB46-832F82830E3F.htm?id={AFAD3D60-4D58-41A7-AB46-832F82830E3F} (El Mercurio)
Rodríguez dijo que las universidades que conforman la red Cruz del Sur (Católica de Santiago, Católica de Valparaíso, Santa María, Universidad de Concepción y Austral de Valdivia) no concurrirán a la reunión del Consejo de Rectores fijada para mañana en Antofagasta y que tendrán su propia cita de análisis en Santiago.
El quiebre surgió luego que las corporaciones estatales iniciaron su propia campaña para conseguir mayores recursos, lo que las privadas consideran discriminatorio. "Parte importante de los rectores consideraron que la mesa directiva, y en particular su vicepresidente, que para nosotros es la figura central, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, no había jugado un rol importante en cautelar o representar todos los intereses del Consejo de Rectores", indicó.
Afirmó que el rector Pérez lideró una petición de recursos especiales para promoción de las ciencias sociales y las humanidades, "y lo hizo sólo para las estatales".
Sobre la continuidad del Consejo de Rectores, el rector de la U. Santa María sostuvo que es hora de repensarlo, y recordó que la red Cruz del Sur plantea la creación de una Conferencia de Rectores de Universidades Chilenas, como nuevo referente de encuentro y que agrupe a todas las universidades chilenas acreditadas.
Hoy se reúne en Antofagasta el Consorcio de Universidades Estatales, cita previa al Consejo convocado para mañana jueves.
Luis Alberto Loyola, rector de la U. de Antofagasta, señaló que "el Consejo de Rectores no es un club de amigos. Tiene una postura clara y es una instancia creada por ley con una misión muy importante con el país. Debe seguir, y lo que ha ocurrido es sólo por falta de diálogo".
Sergio Bravo, rector de la U. de la Frontera de Temuco, asegura que "nadie se va a descolgar del Consejo, porque opera con una ley que establece quiénes son sus integrantes".
Admitió que hay algún grado de molestia de algunos rectores a raíz de que las universidades estatales quisieran un trato preferente con ellas.
Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso, sostuvo que el Consejo no se puede quebrar, pero reconoció que "hay discrepancias severas que tienen como causa fundamental el sistema imperante de educación superior, que es insostenible".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/24/nacional/_portada/noticias/AFAD3D60-4D58-41A7-AB46-832F82830E3F.htm?id={AFAD3D60-4D58-41A7-AB46-832F82830E3F} (El Mercurio)
martes, 23 de junio de 2009
Gobierno busca reponer entrega de la píldora por dos caminos
Finalmente, el Gobierno decidió que para intentar reponer la distribución de "la píldora del día después" solicitará una reconsideración a la Contraloría, y a la vez presentará un proyecto de ley, con suma urgencia, que será enviado al Congreso el lunes próximo.
Por esta vía, el Gobierno se arriesga a que la norma, que debería ser de fácil discusión por el acuerdo relativo a nivel parlamentario que concita el tema, pueda ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con el decreto ministerial sobre las Normas Nacionales para la Regulación de la Fertilidad.
Sin embargo, la principal diferencia es que ahora se tratará de una ley que podría contar con el apoyo de amplios sectores y no de una regulación del Ejecutivo, como lo fue el citado decreto.
Pero los riesgos de impugnación son altos, y aunque el Gobierno da por sentado que el proyecto de ley se promulgará en menos de un mes, ahora se abocará a afinar las estrategias de negociación con los grupos más conservadores -liderados por el diputado de la UDI José Antonio Kast y secundados por el abogado Jorge Reyes- para que éstos no lo impugnen ante el Tribunal Constitucional.
Al respecto, la ministra del TC Marisol Peña explicó ayer que "en general, los proyectos de ley pueden ser impugnados ante el TC por determinados grupos parlamentarios. Por lo tanto, no obstaría que si se presenta un proyecto de ley, pudiera venir una nueva impugnación ante el TC, y éste allí tendría que decidir si hay cosa juzgada en relación con el tema que ya falló oportunamente. Pero no se puede definir a priori".
El proyecto de ley -que ingresará a la Comisión de Salud de la Cámara- incluye guiños a los detractores de la píldora, como un mandato para campañas que incentivarán la educación ante el embarazo no deseado, enfatizando la responsabilidad. Otro punto esencial es que establecerá como un derecho reconocido por el Estado el usar y disponer de los métodos anticonceptivos reconocidos como tales (entre ellos el Levonorgestrel 0,75, principio activo de "la píldora"). En paralelo, Interior y Salud pedirán a Contraloría una reconsideración del dictamen.
Ayer, el contralor Ramiro Mendoza afirmó que la petición del Gobierno es un planteamiento "legítimo", y señaló sobre la decisión de su entidad que "es un dictamen como muchos otros, que por las complejas interpretaciones que suponen a veces nos producen dificultades de entendimiento por parte de la sociedad civil, y entendemos que esas incomodidadades son una consecuencia de esta organización. No podemos abstraernos de esas consecuencias".
Entrega del fármaco
Los parlamentarios del PPD acordaron ayer como bancada montar un sistema de entrega nacional de la píldora del día después.
Según el diputado Enrique Accorsi, "vamos a centralizar las peticiones para adquirir la píldora. Un grupo de médicos, incluidos los parlamentarios que lo somos, entregaremos la receta a las personas que lo necesiten".
Consejo para la Transparencia acota su campo de acción
En un fallo dividido, el Consejo para la Transparencia resolvió declararse incompetente para resolver reclamos en los casos en que una empresa pública niegue información a un tercero que lo solicite, en un fallo que acota su campo de actuación en la materia.
Por tres votos contra uno, los consejeros resolvieron en su sesión del 9 de junio no dar curso a la petición de amparo interpuesta por Mauricio Oyarzún Muñoz contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
El organismo se centró en dirimir si EFE -y, por extensión, las empresas públicas- estaba sujeta al procedimiento de reclamo para las reparticiones públicas, pues la empresa sostenía que el reglamento de la Ley de Transparencia había excluido expresamente en esa materia a dichas reparticiones.
En el voto de mayoría, firmado por Juan Pablo Olmedo (presidente del Consejo), Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero, los consejeros sostienen que la competencia de su organismo "está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción" de las normas de transparencia activa señaladas en el Artículo 10 de la ley, que incluyen dar a conocer en sus sitios web sus marcos normativos, estructuras orgánicas, información del personal y remuneraciones del directorio, entre otras.
Pero en el fallo se plantea que "no es posible extender las normas relativas al derecho de acceso a la información (procedimiento de amparo) a las empresas públicas, dado que el Artículo 10 no las contempló".
En la práctica, esto implica que si una solicitud de información ante una empresa pública es rechazada, no se podrá apelar ante el Consejo, y se deberá acudir a otras instancias, tales como la Corte de Apelaciones.
El voto disidente, del consejero Raúl Urrutia, planteó que la Ley de Transparencia establece "el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado", y que las empresas públicas están incluidas dentro de ese punto.
Además, citó el reciente fallo de la Corte Suprema, en que, en relación al caso de BancoEstado, se determinó que las empresas públicas pueden ser objeto de fiscalización y solicitudes de información por parte de la Contraloría y la Cámara Baja.
Olmedo señaló que "el Consejo ha estimado que es competente para todas las acciones de transparencia activa, lo que incluye infracciones y reclamos en esta materia. Lo que se ha planteado como no competente, por una razón legal, es el procedimiento de amparo por solicitudes de información".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/23/nacional/_portada/noticias/F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30.htm?id={F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30} (El Mercurio)
Por tres votos contra uno, los consejeros resolvieron en su sesión del 9 de junio no dar curso a la petición de amparo interpuesta por Mauricio Oyarzún Muñoz contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
El organismo se centró en dirimir si EFE -y, por extensión, las empresas públicas- estaba sujeta al procedimiento de reclamo para las reparticiones públicas, pues la empresa sostenía que el reglamento de la Ley de Transparencia había excluido expresamente en esa materia a dichas reparticiones.
En el voto de mayoría, firmado por Juan Pablo Olmedo (presidente del Consejo), Alejandro Ferreiro y Roberto Guerrero, los consejeros sostienen que la competencia de su organismo "está radicada y restringida a la promoción, fiscalización y sanción" de las normas de transparencia activa señaladas en el Artículo 10 de la ley, que incluyen dar a conocer en sus sitios web sus marcos normativos, estructuras orgánicas, información del personal y remuneraciones del directorio, entre otras.
Pero en el fallo se plantea que "no es posible extender las normas relativas al derecho de acceso a la información (procedimiento de amparo) a las empresas públicas, dado que el Artículo 10 no las contempló".
En la práctica, esto implica que si una solicitud de información ante una empresa pública es rechazada, no se podrá apelar ante el Consejo, y se deberá acudir a otras instancias, tales como la Corte de Apelaciones.
El voto disidente, del consejero Raúl Urrutia, planteó que la Ley de Transparencia establece "el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado", y que las empresas públicas están incluidas dentro de ese punto.
Además, citó el reciente fallo de la Corte Suprema, en que, en relación al caso de BancoEstado, se determinó que las empresas públicas pueden ser objeto de fiscalización y solicitudes de información por parte de la Contraloría y la Cámara Baja.
Olmedo señaló que "el Consejo ha estimado que es competente para todas las acciones de transparencia activa, lo que incluye infracciones y reclamos en esta materia. Lo que se ha planteado como no competente, por una razón legal, es el procedimiento de amparo por solicitudes de información".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/23/nacional/_portada/noticias/F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30.htm?id={F3B3F7BD-B939-4E83-B4E6-C94324B2AC30} (El Mercurio)
Ley de responsabilidad legal de empresas: evalúan la inclusión de otros delitos
El Gobierno evalúa si se incluyen otros delitos en el proyecto de ley sobre responsabilidad legal de las personas jurídicas (empresa), una de las condiciones para que Chile ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La idea original contempla sólo el lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se estudia la propuesta de penalistas consultados de incorporar otros delitos, tales como: falsificaciones, los ecológicos, de contaminación, la Ley de Tránsito, de salud pública (productos defectuosos alimenticios o farmacéuticos), Ley Antimonopolio, leyes de bancos, AFP, Valores y Seguros y los del Código Tributario.
Al ser consultado el ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, dijo que se evalúa. "Ampliarlo a otros delitos en principio no es problema. Pero puede hacer más compleja la discusión del proyecto".
Viera-Gallo cree que, por eso, "sería más adecuado dejarlo con los delitos actuales, ver cuál es la experiencia, y según eso incluir nuevos delitos". Sin embargo, el Ejecutivo no se cierra a la idea, porque "son cosas que el Parlamento tiene que decidir. El Gobierno en esta materia va a estar a lo que diga la comisión", dijo el ministro.
Agregó que esperan que "se hagan todas las modificaciones que sean necesarias".
Lo que se persigue
La ley busca que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, representantes o administradores, en su interés o para su provecho. También de los ilícitos cometidos por personas que estén bajo la dirección o supervisión de éstos.
La excepción son los casos en que las personas naturales hayan cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o en favor de un tercero.
Las empresas arriesgan penas que van desde las multas hasta la disolución de la compañía.
Uno de los consultados por la comisión fue el director del Centro de Estudios Penales de la U. de Talca, Jean Pierre Matus. El abogado destacó el proyecto, pero pide que se amplié. "Cumplir con el mínimo de los delitos que exige la OCDE es absurdo, en el sentido de que es muy poco, y se limita a delitos que no son de tan suma importancia".
De ser aceptada la idea, las compañías serán responsables con su patrimonio de los daños causados en casos similares a los de ADN del laboratorio B. Braun, la contaminación de aguas por mineras o accidentes de tránsito, como el del colegio Cumbres.
URGENCIA
En septiembre, la ley tiene que estar despachada del Congreso para ingresar en noviembre a la OCDE.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/06/22/nacional/nacional/noticias/DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13.htm?id={DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13} (El Mercurio)
La idea original contempla sólo el lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se estudia la propuesta de penalistas consultados de incorporar otros delitos, tales como: falsificaciones, los ecológicos, de contaminación, la Ley de Tránsito, de salud pública (productos defectuosos alimenticios o farmacéuticos), Ley Antimonopolio, leyes de bancos, AFP, Valores y Seguros y los del Código Tributario.
Al ser consultado el ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, dijo que se evalúa. "Ampliarlo a otros delitos en principio no es problema. Pero puede hacer más compleja la discusión del proyecto".
Viera-Gallo cree que, por eso, "sería más adecuado dejarlo con los delitos actuales, ver cuál es la experiencia, y según eso incluir nuevos delitos". Sin embargo, el Ejecutivo no se cierra a la idea, porque "son cosas que el Parlamento tiene que decidir. El Gobierno en esta materia va a estar a lo que diga la comisión", dijo el ministro.
Agregó que esperan que "se hagan todas las modificaciones que sean necesarias".
Lo que se persigue
La ley busca que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus dueños, controladores, responsables, representantes o administradores, en su interés o para su provecho. También de los ilícitos cometidos por personas que estén bajo la dirección o supervisión de éstos.
La excepción son los casos en que las personas naturales hayan cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o en favor de un tercero.
Las empresas arriesgan penas que van desde las multas hasta la disolución de la compañía.
Uno de los consultados por la comisión fue el director del Centro de Estudios Penales de la U. de Talca, Jean Pierre Matus. El abogado destacó el proyecto, pero pide que se amplié. "Cumplir con el mínimo de los delitos que exige la OCDE es absurdo, en el sentido de que es muy poco, y se limita a delitos que no son de tan suma importancia".
De ser aceptada la idea, las compañías serán responsables con su patrimonio de los daños causados en casos similares a los de ADN del laboratorio B. Braun, la contaminación de aguas por mineras o accidentes de tránsito, como el del colegio Cumbres.
URGENCIA
En septiembre, la ley tiene que estar despachada del Congreso para ingresar en noviembre a la OCDE.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/06/22/nacional/nacional/noticias/DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13.htm?id={DC6F93BD-FCB1-4C6B-8C9A-4C426F73FB13} (El Mercurio)
Presidente de la Cámara: "Nunca más un diputado va a distribuir sus asignaciones"
Lunes 22 de Junio del 2009
Ante el nuevo escenario que vive la Cámara, en el que el diputado Maximiano Errázuriz es protagonista luego que se revelaran irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales, el presidente de la corporación, Rodrigo Álvarez, adelanta medidas que junto con los jefes de bancada y con su par del Senado, Jovino Novoa, implementarán para frenar nuevos escándalos y regular, entre otros temas, los dineros que reciben los parlamentarios.
-¿Qué medidas concretas va a adoptar la Cámara para evitar nuevas anomalías?
"Antes de cualquier acontecimiento comunicacional ya veníamos avanzando en modernizar la Cámara de Diputados. Hace tres semanas efectivamente aprobamos que una comisión independiente distribuyera nuestras asignaciones. Nunca más un diputado va a participar en la determinación de sus asignaciones. Paralelamente a eso, y después de los reportajes de prensa, ha quedado claro también que hay que actualizar aspectos de la comisión de Ética y establecer un mejor catálogo de posibles sanciones por parte de esa comisión".
-¿Cómo estará integrada la comisión externa que regule las asignaciones parlamentarias?
"Lo más importante es que no participe ningún parlamentario activo. Tenemos ideas que van desde decanos de distintas facultades, pedirle ayuda al Consejo de Alta Dirección Pública o también es posible incluir a algún ex parlamentario que haya sido presidente o legislador por un largo período. Quiero reconocer que la comisión externa fue en su momento una idea del diputado Patricio Walker y hoy día impulsada con fuerza por el jefe de bancada del PS Marcelo Díaz".
-¿Cómo se fiscalizará el correcto uso de las asignaciones?
"Junto al presidente del Senado, Jovino Novoa, queremos establecer un conjunto de criterios posteriores de fiscalización. Por ejemplo, que los parlamentarios deban entregar información a una comisión externa para efecto de evaluar el uso de esas asignaciones. También queremos que la Cámara y el Senado, por la vía de la legislación laboral, contraten directamente a los asesores parlamentarios, con lo cual va a haber un control mucho más exigente".
-¿Será la misma comisión la que se encargue de auditar las cuentas de los parlamentarios?
"No. Estamos trabajando en una línea de auditorías que sean permanentes, que estén a cargo también de contralores de naturaleza independiente a diputados y senadores. La otra comisión probablemente tendría que encargarse de un modelo de asignaciones sólo durante una vez en el período parlamentario".
-¿Es necesario buscar un acuerdo con La Moneda para implementar estas medidas?
"No, para nada. Para esto no se necesita ningún acuerdo con el Ejecutivo. La Cámara no necesita ni reportajes periodísticos ni ningún acuerdo con el Ejecutivo para modernizarse, y eso es lo que estamos haciendo con mucha fuerza y profundidad".
-¿La investigación de la Cámara por el caso de Errázuriz sólo indaga en su situación o pretende despejar otros casos?
"No, en el caso del diputado Errázuriz hay una diferencia con cualquiera de los 14 casos que han sido investigados desde 2003 hasta la fecha. Era imprescindible aclarar una serie de situaciones e inconsistencias internas como el retiro de documentación, sobre todo para la respuesta que yo como presidente de la Cámara tenía que dar a los fiscales".
Además de las declaraciones que el diputado UDI formuló a El Mercurio, anoche en el programa "Tolerancia Cero", Álvarez refutó las versiones de prensa que hablaban de una supuesta negociación con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para detener las investigaciones a parlamentarios. "Eso no corresponde para nada, ni desde el punto de vista jurídico ni del punto de vista institucional, y además sería bastante aberrante pedirlo", aclaró. El presidente de la Cámara aclaró el motivo de la reunión junto al secretario de Estado: "Nos reunimos junto a Jovino Nova con Edmundo Pérez Yoma (?) fue en el cuarto piso del Congreso, donde nos vieron buena parte de los senadores. ¿Qué íbamos a discutir en esa reunión? Dos proyectos de ley de ese momento: Tratado Penal Internacional y que quede clara la importancia del reajuste al sector público".
"La Cámara de Diputados no necesita ni reportajes periodísticos ni ningún acuerdo con el Ejecutivo para modernizarse. Eso es algo que estamos haciendo con mucha fuerza y profundidad".
Piñera ordenó a RN quitarle el cupo a Errázuriz
El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, reveló en el programa "Estado Nacional", de TVN, que pidió al presidente de RN, Carlos Larraín, que el diputado Maximiano Errázuriz no repostulara como diputado de la Alianza.
El presidenciable comentó que solicitó, además, que el parlamentario pasara al tribunal supremo de la colectividad, como una forma de evidenciar un fuerte gesto de condena a la falta de probidad.
El viernes de esa semana, Errázuriz oficializó su renuncia a RN en el servicio electoral. Aún así, el tribunal puede decretar su expulsión.
Piñera dejó entrever que existirían más casos de este tipo en el Congreso. "Muchos parlamentarios están durmiendo mal estos días, porque si se investigaran todos los contratos de arriendo, de teléfono y con sus asesores, nos vamos a encontrar con irregularidades".
Minutos más tarde, el candidato se retiró molesto del espacio luego que se exhibiera una nota que explicaba cómo la firma de su padre, José Piñera, fue retirada de la impresión final de la famosa "Carta de los 13", que repudiaba el Golpe Militar de1973. Piñera protestó por considerar que la nota insinuaba que su padre retiró la inscripción para proteger el puesto de su hijo José José en el Gobierno Militar.
El mayor gasto que realizan los diputados es en asignaciones
Adecuándose a la Ley de Transparencia, que entró en vigencia el pasado 20 de abril, la Cámara de Diputados publicó los montos genéricos que corresponden a los parlamentarios.
Los diputados reciben una dieta líquida de $4.978.479, con una asignación para remuneraciones de secretarios y asesores de $2.781.756, gastos por concepto de representación de $2.657.596, gastos para movilización de los parlamentarios de $846.000, $690.327 para el arriendo de oficinas y la contratación de telefonía, y hasta 4 UF mensuales (unos $80 mil) destinadas a artículos de oficina.
En comisión mixta está reforma a la Ley Orgánica del Congreso
En tramitación en la comisión mixta está el proyecto de ley que contiene una serie de reformas que modifican la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Actualmente, la legislación regula el funcionamiento y atribuciones de la Cámara de Diputados, Senadores y del Congreso Nacional. La iniciativa, que establece el principio de transparencia para los órganos del Estado, será discutida en sesión de la comisión mixta el 30 de junio, y tiene como plazo la primera semana de julio para resolver discrepancias.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/22/nacional/politica/noticias/A2920180-E613-42D2-A537-510E7F6C969E.htm?id={A2920180-E613-42D2-A537-510E7F6C969E} (El Mercurio)
Ante el nuevo escenario que vive la Cámara, en el que el diputado Maximiano Errázuriz es protagonista luego que se revelaran irregularidades en los contratos de arriendo de sus sedes distritales, el presidente de la corporación, Rodrigo Álvarez, adelanta medidas que junto con los jefes de bancada y con su par del Senado, Jovino Novoa, implementarán para frenar nuevos escándalos y regular, entre otros temas, los dineros que reciben los parlamentarios.
-¿Qué medidas concretas va a adoptar la Cámara para evitar nuevas anomalías?
"Antes de cualquier acontecimiento comunicacional ya veníamos avanzando en modernizar la Cámara de Diputados. Hace tres semanas efectivamente aprobamos que una comisión independiente distribuyera nuestras asignaciones. Nunca más un diputado va a participar en la determinación de sus asignaciones. Paralelamente a eso, y después de los reportajes de prensa, ha quedado claro también que hay que actualizar aspectos de la comisión de Ética y establecer un mejor catálogo de posibles sanciones por parte de esa comisión".
-¿Cómo estará integrada la comisión externa que regule las asignaciones parlamentarias?
"Lo más importante es que no participe ningún parlamentario activo. Tenemos ideas que van desde decanos de distintas facultades, pedirle ayuda al Consejo de Alta Dirección Pública o también es posible incluir a algún ex parlamentario que haya sido presidente o legislador por un largo período. Quiero reconocer que la comisión externa fue en su momento una idea del diputado Patricio Walker y hoy día impulsada con fuerza por el jefe de bancada del PS Marcelo Díaz".
-¿Cómo se fiscalizará el correcto uso de las asignaciones?
"Junto al presidente del Senado, Jovino Novoa, queremos establecer un conjunto de criterios posteriores de fiscalización. Por ejemplo, que los parlamentarios deban entregar información a una comisión externa para efecto de evaluar el uso de esas asignaciones. También queremos que la Cámara y el Senado, por la vía de la legislación laboral, contraten directamente a los asesores parlamentarios, con lo cual va a haber un control mucho más exigente".
-¿Será la misma comisión la que se encargue de auditar las cuentas de los parlamentarios?
"No. Estamos trabajando en una línea de auditorías que sean permanentes, que estén a cargo también de contralores de naturaleza independiente a diputados y senadores. La otra comisión probablemente tendría que encargarse de un modelo de asignaciones sólo durante una vez en el período parlamentario".
-¿Es necesario buscar un acuerdo con La Moneda para implementar estas medidas?
"No, para nada. Para esto no se necesita ningún acuerdo con el Ejecutivo. La Cámara no necesita ni reportajes periodísticos ni ningún acuerdo con el Ejecutivo para modernizarse, y eso es lo que estamos haciendo con mucha fuerza y profundidad".
-¿La investigación de la Cámara por el caso de Errázuriz sólo indaga en su situación o pretende despejar otros casos?
"No, en el caso del diputado Errázuriz hay una diferencia con cualquiera de los 14 casos que han sido investigados desde 2003 hasta la fecha. Era imprescindible aclarar una serie de situaciones e inconsistencias internas como el retiro de documentación, sobre todo para la respuesta que yo como presidente de la Cámara tenía que dar a los fiscales".
Además de las declaraciones que el diputado UDI formuló a El Mercurio, anoche en el programa "Tolerancia Cero", Álvarez refutó las versiones de prensa que hablaban de una supuesta negociación con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para detener las investigaciones a parlamentarios. "Eso no corresponde para nada, ni desde el punto de vista jurídico ni del punto de vista institucional, y además sería bastante aberrante pedirlo", aclaró. El presidente de la Cámara aclaró el motivo de la reunión junto al secretario de Estado: "Nos reunimos junto a Jovino Nova con Edmundo Pérez Yoma (?) fue en el cuarto piso del Congreso, donde nos vieron buena parte de los senadores. ¿Qué íbamos a discutir en esa reunión? Dos proyectos de ley de ese momento: Tratado Penal Internacional y que quede clara la importancia del reajuste al sector público".
"La Cámara de Diputados no necesita ni reportajes periodísticos ni ningún acuerdo con el Ejecutivo para modernizarse. Eso es algo que estamos haciendo con mucha fuerza y profundidad".
Piñera ordenó a RN quitarle el cupo a Errázuriz
El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, reveló en el programa "Estado Nacional", de TVN, que pidió al presidente de RN, Carlos Larraín, que el diputado Maximiano Errázuriz no repostulara como diputado de la Alianza.
El presidenciable comentó que solicitó, además, que el parlamentario pasara al tribunal supremo de la colectividad, como una forma de evidenciar un fuerte gesto de condena a la falta de probidad.
El viernes de esa semana, Errázuriz oficializó su renuncia a RN en el servicio electoral. Aún así, el tribunal puede decretar su expulsión.
Piñera dejó entrever que existirían más casos de este tipo en el Congreso. "Muchos parlamentarios están durmiendo mal estos días, porque si se investigaran todos los contratos de arriendo, de teléfono y con sus asesores, nos vamos a encontrar con irregularidades".
Minutos más tarde, el candidato se retiró molesto del espacio luego que se exhibiera una nota que explicaba cómo la firma de su padre, José Piñera, fue retirada de la impresión final de la famosa "Carta de los 13", que repudiaba el Golpe Militar de1973. Piñera protestó por considerar que la nota insinuaba que su padre retiró la inscripción para proteger el puesto de su hijo José José en el Gobierno Militar.
El mayor gasto que realizan los diputados es en asignaciones
Adecuándose a la Ley de Transparencia, que entró en vigencia el pasado 20 de abril, la Cámara de Diputados publicó los montos genéricos que corresponden a los parlamentarios.
Los diputados reciben una dieta líquida de $4.978.479, con una asignación para remuneraciones de secretarios y asesores de $2.781.756, gastos por concepto de representación de $2.657.596, gastos para movilización de los parlamentarios de $846.000, $690.327 para el arriendo de oficinas y la contratación de telefonía, y hasta 4 UF mensuales (unos $80 mil) destinadas a artículos de oficina.
En comisión mixta está reforma a la Ley Orgánica del Congreso
En tramitación en la comisión mixta está el proyecto de ley que contiene una serie de reformas que modifican la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Actualmente, la legislación regula el funcionamiento y atribuciones de la Cámara de Diputados, Senadores y del Congreso Nacional. La iniciativa, que establece el principio de transparencia para los órganos del Estado, será discutida en sesión de la comisión mixta el 30 de junio, y tiene como plazo la primera semana de julio para resolver discrepancias.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/22/nacional/politica/noticias/A2920180-E613-42D2-A537-510E7F6C969E.htm?id={A2920180-E613-42D2-A537-510E7F6C969E} (El Mercurio)
domingo, 21 de junio de 2009
La polémica votación por Víctor Pérez que provocó la crisis en el Consejo de Rectores
La última sesión del Consejo de Rectores terminó mal. Tan mal, que la votación del 4 de junio en la que debían elegir al nuevo vicepresidente ejecutivo del organismo que agrupa a las 25 universidades tradicionales -16 estatales y 9 privadas- y que es la cara visible de la entidad, se realizó con seis representantes menos. Todos ellos (autoridades de planteles privados) se retiraron abruptamente antes de que se realizara la elección.
Finalmente, el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, fue ratificado con 14 votos de los 25 representantes. Resultado alejado del que obtuvo en 2007, cuando fue electo por unanimidad.
La pugna que tiene dividido al Consejo y que provocó el choque de fuerzas entre los rectores de las universidades estatales y los de planteles privados en la polémica sesión es la exigencia de las universidades estatales de un "nuevo trato" por parte del Estado. El punto de mayor conflicto es la propuesta que estas universidades presentaron en enero pasado -a la que Pérez adhirió- pidiendo que se les financie el 50% de su presupuesto.
Ante esto, las universidades privadas no tardaron en reaccionar. El rector de la Universidad Austral, Víctor Cubillos, dice que "la plata del Estado es de todos los chilenos y debería beneficiar a todo el sistema universitario, no sólo a las universidades del Estado".
Coincide con él la máxima autoridad de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, quien alega que "se ha hecho uso y abuso de una terminología muy ambigua que es el trato preferente". Según él, en el Consejo de Rectores hay un convencimiento de que a las universidades estatales hay que "liberarlas de restricciones de corte administrativo para que tengan una eficiente gestión". Pero, a su modo de ver, nada tendría que ver con pedir recursos adicionales.
Las instituciones estatales reclaman "falta de comprensión" de las privadas, ya que tienen más restricciones que las privadas y deben rendir cuentas a la Contraloría. El rector de la U. de la Frontera, Sergio Bravo, advierte que "es extremadamente complejo hacer buena gestión para mejorar la calidad (de la enseñanza) si estamos con las manos atadas en un mundo competitivo".
Al comenzar el año, la tensión entre los bloques ya estaba desatada y comenzaban a escucharse objeciones contra un nuevo mandato del rector de la U. de Chile como vocero del organismo. Algunos reclamaban que se había "abanderizado con una causa" (ver recuadro).
Por eso, el Consejo de Rectores decidió crear en abril una comisión que buscara una mesa directiva de consenso. Pero este comité no logró acuerdo.
Desenlace "brutal"
El 4 de junio, los rectores se reunieron en la sede de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso.
Cuando tocaron el último punto de la tabla, sobre la elección del vicepresidente ejecutivo, el rector de la U. Católica, Pedro Pablo Rosso, le consultó a su par de la U. de Santiago, Juan Zolezzi (quien además es el presidente del Consorcio de Universidades Estatales), si en la reunión que el Consorcio había realizado el día anterior se había escogido un candidato para la vicepresidencia. "De forma muy honesta, el rector Zolezzi dijo que sí, que tenían un candidato y que era Víctor Pérez. Quedó muy a la vista que se había tomado un acuerdo. Las estatales son 16 y venía una votación en bloque", relata el rector de la U. Austral, Víctor Cubillos.
Acto seguido, los rectores de las universidades Católica de Chile, Austral, de Concepción, Católica del Norte, Católica de la Santísima Concepción y Federico Santa María, que oficiaba de dueño de casa, se retiraron de la sala. En signo de protesta, ninguno votó.
"Lo que pasó fue brutal", resume el rector de la U. Federico Santa María, José Rodríguez. Y agrega que fue "una de las horas más tristes que ha vivido el Consejo de Rectores".
El tema no está completamente zanjado. En la próxima reunión de este jueves en Antofagasta se hará oficial el nombramiento de Pérez como vicepresidente ejecutivo, y del rector de la UC de Valparaíso, Alfonso Muga, como vicepresidente ejecutivo alterno. Sigue vigente la posibilidad de nombrar tres cargos de consenso que integren la mesa directiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/21/nacional/nacional/noticias/F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2.htm?id={F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2} (El Mercurio)
Finalmente, el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, fue ratificado con 14 votos de los 25 representantes. Resultado alejado del que obtuvo en 2007, cuando fue electo por unanimidad.
La pugna que tiene dividido al Consejo y que provocó el choque de fuerzas entre los rectores de las universidades estatales y los de planteles privados en la polémica sesión es la exigencia de las universidades estatales de un "nuevo trato" por parte del Estado. El punto de mayor conflicto es la propuesta que estas universidades presentaron en enero pasado -a la que Pérez adhirió- pidiendo que se les financie el 50% de su presupuesto.
Ante esto, las universidades privadas no tardaron en reaccionar. El rector de la Universidad Austral, Víctor Cubillos, dice que "la plata del Estado es de todos los chilenos y debería beneficiar a todo el sistema universitario, no sólo a las universidades del Estado".
Coincide con él la máxima autoridad de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, quien alega que "se ha hecho uso y abuso de una terminología muy ambigua que es el trato preferente". Según él, en el Consejo de Rectores hay un convencimiento de que a las universidades estatales hay que "liberarlas de restricciones de corte administrativo para que tengan una eficiente gestión". Pero, a su modo de ver, nada tendría que ver con pedir recursos adicionales.
Las instituciones estatales reclaman "falta de comprensión" de las privadas, ya que tienen más restricciones que las privadas y deben rendir cuentas a la Contraloría. El rector de la U. de la Frontera, Sergio Bravo, advierte que "es extremadamente complejo hacer buena gestión para mejorar la calidad (de la enseñanza) si estamos con las manos atadas en un mundo competitivo".
Al comenzar el año, la tensión entre los bloques ya estaba desatada y comenzaban a escucharse objeciones contra un nuevo mandato del rector de la U. de Chile como vocero del organismo. Algunos reclamaban que se había "abanderizado con una causa" (ver recuadro).
Por eso, el Consejo de Rectores decidió crear en abril una comisión que buscara una mesa directiva de consenso. Pero este comité no logró acuerdo.
Desenlace "brutal"
El 4 de junio, los rectores se reunieron en la sede de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso.
Cuando tocaron el último punto de la tabla, sobre la elección del vicepresidente ejecutivo, el rector de la U. Católica, Pedro Pablo Rosso, le consultó a su par de la U. de Santiago, Juan Zolezzi (quien además es el presidente del Consorcio de Universidades Estatales), si en la reunión que el Consorcio había realizado el día anterior se había escogido un candidato para la vicepresidencia. "De forma muy honesta, el rector Zolezzi dijo que sí, que tenían un candidato y que era Víctor Pérez. Quedó muy a la vista que se había tomado un acuerdo. Las estatales son 16 y venía una votación en bloque", relata el rector de la U. Austral, Víctor Cubillos.
Acto seguido, los rectores de las universidades Católica de Chile, Austral, de Concepción, Católica del Norte, Católica de la Santísima Concepción y Federico Santa María, que oficiaba de dueño de casa, se retiraron de la sala. En signo de protesta, ninguno votó.
"Lo que pasó fue brutal", resume el rector de la U. Federico Santa María, José Rodríguez. Y agrega que fue "una de las horas más tristes que ha vivido el Consejo de Rectores".
El tema no está completamente zanjado. En la próxima reunión de este jueves en Antofagasta se hará oficial el nombramiento de Pérez como vicepresidente ejecutivo, y del rector de la UC de Valparaíso, Alfonso Muga, como vicepresidente ejecutivo alterno. Sigue vigente la posibilidad de nombrar tres cargos de consenso que integren la mesa directiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/21/nacional/nacional/noticias/F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2.htm?id={F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2} (El Mercurio)
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