domingo, 6 de septiembre de 2009
Los principios que van sentando los primeros fallos
La sentencia a favor de Rosanna Costa, investigadora de Libertad y Desarrollo, que obligó al INE a dar la información sobre las cifras de empleo, estableció que los datos con que se construyen las estadísticas oficiales no son en principio reservados. En el amparo que obligó a la Municipalidad de Conchalí a entregar copias de las boletas por una pavimentación que se hizo dos veces en 2003, el Consejo estableció que no basta con que los servicios públicos invoquen una causal de reserva. Deben demostrar, además, en qué la respaldan. El Consejo obligó a Carabineros a informar quiénes (nacionalidad, sexo, el tiempo y dónde) cuentan con el resguardo del Departamento de Protección de Personas Importantes. Rechazó, en cambio, que tenga que informar sobre la dotación de ese departamento, conforme a la legislación militar. El fallo señaló que el derecho de acceder a la información pública es un derecho constitucional y las ventajas de dar la información deben superar el perjuicio al interés público que genera. En un requerimiento a Fonasa y Vivienda, el Consejo estableció que las calificaciones de sus funcionarios eran públicas y debían entregarse. No así los rut, que considera forman parte de los datos personales de carácter privado. Esta jurisprudencia terminará posiblemente en un cuestionamiento al Servel -como ya lo hizo presente en carta "El Mercurio" el ingeniero Sebastián Seebach- por estar vendiendo información personal de las personas inscritas en los registros electorales. En la solicitud para que la Secretaría General de Gobierno entregara sus encuestas, el Consejo reafirmó que aunque el resultado de los sondeos sea secreto hasta que finalice el período presidencial respectivo, los contratos para realizarlas son públicos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/06/nacional/nacional/noticias/314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F.htm?id={314FC095-643F-4D49-B48E-A045838B8D4F} (El Mercurio)
sábado, 5 de septiembre de 2009
Corte envía a prisión preventiva a los imputados por ataque a la PDI
Ambos quedaron recluidos en el módulo cuatro, junto a otros presos sin antecedentes penales anteriores. Estuvieron callados y hablaron sólo para responder brevemente a las consultas de gendarmes y preguntar cuándo podrían ser visitados por sus familiares y amigos.
Los jóvenes fueron enviados a prisión preventiva por decisión de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ayer por la mañana revocó el fallo de la jueza Marcela Figueroa, quien en la audiencia de formalización de cargos sólo les impuso las medidas cautelares de reclusión domiciliaria nocturna, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El presidente del tribunal de alzada, ministro Juan Muñoz, afirmó que la libertad de los jóvenes constituía "un peligro para la seguridad de la sociedad".
A su juicio, los jóvenes imputados por homicidio frustrado atacaron "sin ninguna razón que sirva de explicación a una institución del Estado básica".
El abogado Nicolás Calvo, asesor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, explicó que "la sala consideró, como lo hizo presente el Ministerio Público, el actuar violento e injustificado de los jóvenes contra la PDI".
Mientras, el defensor de los anarquistas, Rodrigo Román, afirmó que "los hechos en ningún caso revisten el delito de homicidio frustrado, es una exageración... Hay antecedentes de sobra para señalar que no se justifica la existencia del delito, y mucho menos habría presunciones fundadas para la participación de ellos".
Un tío de Castro que asistió a la corte, Francisco Aguilera, dijo que "recién el sábado (hoy) podremos hablar con él. Estamos preocupados porque él es 'vegano', no consume carne, leche y otros alimentos".
Contó además que "estamos recopilando testigos y una serie de antecedentes que dan cuenta de que Matías no estuvo en la agresión al detective".
Un amigo de Matías señaló que preparan una "tocata" para juntar fondos y pagar una prueba balística que descarte la participación del anarquista en los disparos descargados contra la unidad policial.
En tanto, los detectives continúan con las pesquisas para dar con el paradero del resto de los jóvenes que participaron en el atentado contra el cuartel.
La investigación acreditó que el ataque fue premeditado y perpetrado por una célula anarquista que existe en la universidad. En este grupo hay jóvenes que ya habían sido indagados por los "bombazos" que han afectado a distintos puntos de Santiago.
Anarquistas amenazan a la policía
Un "poema anónimo" fue difundido ayer en varios sitios de internet vinculados a grupos anarquistas y subversivos. La página "Hommodolars", donde habitualmente se publican los comunicados de las células autoras de los "bombazos" que han detonado en Santiago, divulgó el escrito titulado "Tres dientes menos (Oda a la estupidez policial en el estilo del poeta Bruno Vidal)".
En el texto, un integrante del movimiento antisistémico reivindica la violenta agresión contra el subinspector Israel Andrade y satiriza con el operativo de contención dispuesto por la PDI.
"Y ahí quedaste tirado con sangre en el hocico y fuego en el zapato... Tus camaradas de armas acudieron en tu ayuda... Se desesperaron... Pidieron refuerzos, para combatir como en una guerra a un grupo de adolescentes con piedras y molos", señala el texto.
Y agrega: "Retrocedieron ante el fuego subversivo... Bastaron unas cuantas molotovs, botellas con pintura y piedras".
En sus últimos "versos", el escrito amenaza a los funcionarios de Investigaciones: "Así que luego de todo este incidente parece recomendable para el imbécil funcionario de apellido Israel... Sobarse pa´callao... Y para todo el resto... aprovechar ahora de cambiarse de pega... O atenerse a las consecuencias".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/05/nacional/nacional/noticias/76F28DC3-5C5A-4026-8F9B-78B442FF0E6F.htm?id={76F28DC3-5C5A-4026-8F9B-78B442FF0E6F} (El Mercurio)
viernes, 4 de septiembre de 2009
Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto que tipifica el delito de femicidio
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=374558 (Emol)
Recurso de última hora de fiscal frena la libertad de anarquistas
El fiscal Marco Paredes los formalizó por los delitos de homicidio frustrado y porte de artefactos explosivos, y sumó un tercer ilícito por porte de arma de fuego a Castro, quien habría disparado dos veces contra la BH.
Carvajal, alumno de Derecho, fue detenido el miércoles cuando se escondía en un quiosco cercano a la BH. La PDI le incautó un celular -cuya cámara de video captó el ataque-, perdigones y un pendrive con un manual para fabricar artefactos incendiarios. Más tarde, al allanar su hogar se encontró material documental del FPMR.
La PDI aprehendió a Castro, un estudiante de Antropología, a la 1:30 hora de ayer en su casa, en Pudahuel. Allí se decomisaron un notebook y otro pendrive , también con información subversiva. Había un panfleto alusivo a la solidaridad con la causa mapuche.
La pesquisa de la PDI apunta a dos grupos anarquistas: el "Frente de Estudiantes Revolucionarios" y la "Federación de Estudiantes Libertarios".
En la audiencia, el fiscal entregó el relato de dos vigilantes que describen a la célula anarquista que existe en la universidad. E.A.V.G., un testigo reservado, declaró que en un baño vio a jóvenes que se estaban encapuchando. Entre éstos, dijo, había un alumno que disparó contra la BH. Añadió que el grupo integrado por unas 15 personas es problemático, que se reúne en el patio Jamaica y que los vigila porque suelen robar los extintores.
Otro vigilante, C.R.S.Q., relató que uno de los detenidos, que usa un corte de cabello tipo "mohicano", era el líder del grupo y fue quien repartió las molotov.
El fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos, pero la jueza Marcela Figueroa no la otorgó argumentando que no se había configurado el delito de homicidio frustrado, sino que el de lesiones menos graves. Así, de ser condenados, los jóvenes quedarían libres y su reclusión sería un castigo anticipado. El fiscal tuvo que apelar verbalmente y la Corte de Apelaciones decidirá hoy sobre la medida cautelar.
Matías Castro había sido detenido por desórdenes en los incidentes del 1 de mayo pasado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/04/nacional/nacional/noticias/F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD.htm?id={F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD} (El Mercurio)
Consejo de Transparencia ordena a Fonasa y Vivienda entregar calificaciones de funcionarios
En un fallo cuyos alcances se extienden a todas las reparticiones públicas, el Consejo para la Transparencia ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de la Vivienda la entrega de las calificaciones de todos sus funcionarios en el período que va de 2003 a 2008, acogiendo un amparo presentado en ese sentido.
Ante la solicitud presentada por Miguel Rojas Zúñiga a ambas reparticiones, y que fue igualmente denegada, él decidió llevar los casos al Consejo, argumentando que "las calificaciones de personal no pueden constituir una información reservada si la propia Ley de Transparencia declara públicos los sueldos, que son un dato más sensible".
Las calificaciones que realiza cada institución son la base para confeccionar el escalafón de planta, según el Estatuto Administrativo que rige a los órganos del Estado. Es un proceso que se realiza anualmente y que mide el período entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
En dos resoluciones fechadas el 31 de julio pasado, la entidad le dio la razón a Rojas.
Argumentos
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad", señalan ambos fallos, firmados por el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, y los consejeros Roberto Guerrero y Raúl Urrutia. El cuarto consejero, el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, se inhabilitó.
Los argumentos que entregaron ambas reparticiones a Rojas para rechazar su pedido fueron diferentes. En el caso de Fonasa, la repartición de gobierno argumentó que satisfacer el pedido implicaría "distraer indebidamente" a funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Además de lo anterior, el Minvu arguyó causales de reserva, y en una segunda instancia también argumentó la inexistencia de la información en formato Excel, que era el solicitado.
Sin embargo, el Consejo rechazó las argumentaciones, señalando que los datos solicitados ya estaban sistematizados, pues el escalafón de mérito se debe enviar a la Contraloría cada vez que termina el proceso de calificaciones.
En cuanto a la identificación de los funcionarios, el Consejo ordenó que se les debe individualizar con nombre, tipo de contrato, estamento al que pertenece, sexo, puntaje, lista de calificación y año, pero dictaminó que no se diera a conocer el RUT de los trabajadores.
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad".
"Se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de labores públicas, no a la esfera privada de los funcionarios".
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Ministras explican a la Contraloría uso de autos fiscales en acto de campaña
Las ministras de Trabajo, Claudia Serrano, y de Cultura, Paulina Urrutia, deberán explicar a la Contraloría, a través de un informe, las razones por las que el 19 de agosto pasado, se retiraron en autos fiscales de un acto de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en el Círculo Español. Ello, pese a existir una prohibición explícita a funcionarios públicos de hacer uso de recursos estatales para participar de actos de campaña.
Así lo solicitó el contralor Ramiro Mendoza a través de un oficio enviado a ambas autoridades el 28 de agosto.
Las respuestas servirán a la Contraloría para definir la procedencia de una investigación sumaria, luego que el diputado RN Cristián Monckeberg recurriera al organismo para denunciar el hecho, que incluso fue catalogado por La Moneda como "un error" de las ministras.
Serrano y Urrutia tienen un plazo de cinco días para enviar sus argumentos.
Resolución establece que el RUT es "secreto o reservado"
Los fallos del Consejo para la Transparencia sobre Fonasa y el Minvu también dictaminan otro tema relevante sobre la protección de datos personales: la entidad indicó explícitamente que la información que entreguen las instituciones estatales no debe incluir el RUT de las personas. "Es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública, y no directamente en un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado", se puntualiza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/03/nacional/politica/noticias/A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29.htm?id={A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29} (El Mercurio)
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Dineros Municipales: La gran caja chica
Les envío el link del reportaje del programa Contacto de martes 1 de Septiembre de 2009.
Autor: http://contacto.canal13.cl/contacto2/html/Reportajes/2009_Dineros_Municipales/index.html (Canal 13)
"10 mil funcionarios tienen que jubilar para poder modernizar los municipios"
Mejorar las plantas de funcionarios y solucionar el déficit financiero que arrastra la mayoría de los 345 municipios del país. Esas son las dos prioridades que ayer definió Claudio Arriagada (DC), alcalde de La Granja, al iniciar ayer su gestión como el nuevo presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
"Cuando decimos que llevamos años esperando una modernización de las plantas quiere decir que de los 30 mil funcionarios municipales que hay en Chile, la mayoría sobrepasa los 25 años de servicio, que no aceptan jubilar porque sus ingresos bajan mucho, y eso genera que en temas como transporte, medio ambiente, desarrollo urbano o digitalización muchas veces no tenemos gente preparada para trabajar en ello. Hay muchas personas que no tienen las competencias necesarias para estar en sus cargos, y eso hay que asumirlo. También hay trabajadores muy bien preparados, pero se tienen que multiplicar para poder cubrir las falencias", explicó Arriagada.
El alcalde afirmó que para poder aplicar una modernización efectiva de la gestión municipal se requiere que jubilen cerca de 10 mil trabajadores, "obviamente, con buenas indemnizaciones", advirtió.
Por ello es que a contar de hoy sostendrá reuniones con la Asociación de Empleados Municipales de Chile (Asemuch), quienes se han opuesto reiteradamente a la modernización, para "ahuyentar los fantasmas" de los despidos arbitrarios y negocian un acuerdo que satisfaga a todos.
Sobre su otra preocupación, el déficit presupuestario, argumentó que "no tiene su origen en la voluntad de los municipios, sino en decisiones del Estado. Por ejemplo, el seguro de invalidez queda ahora a cargo de las municipalidades y esos fondos no estaban considerados en el presupuesto 2009. ¿Cómo podemos entonces mostrar cifras azules a fin de año?".
Agregó que su objetivo es que los candidatos presidenciales asuman "que los gobiernos no les pueden traspasar responsabilidades a los municipios sin el debido financiamiento, cuestión que hoy no ocurre". Para tratar estos temas, dijo que ya han pedido una reunión en La Moneda.
Reconoció también que "en el rango ético estamos sumamente desprestigiados, la gente atribuye pillerías a los alcaldes y concejales sólo por el hecho de serlo, y eso le hace mal al país. No queremos asumir ninguna defensa corporativa, pero a veces se nos ningunea por falta de información".
250mil millones de pesos es el déficit en salud y educación que arrastran las municipalidades.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/02/nacional/nacional/noticias/3181D395-32D4-45CD-9F51-9A703B0E37E6.htm?id={3181D395-32D4-45CD-9F51-9A703B0E37E6} (El Mercurio)