El Gobierno comenzó los preparativos para reconvertir la actual División de Seguridad Pública en la futura Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pronto a aprobarse en el Congreso.
La propuesta legislativa se verá mañana en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cuando será votada en sala.
Tras la salida de la jefa de la División, Gloria Requena (PS), quien debió presentar su renuncia al cargo el 17 de septiembre, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que ya inició la búsqueda de quien deberá asumir las tareas de subsecretario de la nueva cartera.
Aunque no quiso adelantar el perfil de la persona, dijo que deberá estar capacitado para reorganizar completamente su estructura.
El pasado lunes 21 fue nombrado como jefe de División interino el sociólogo Antonio Frey Valdés, pero trascendió que éste no aceptó el ofrecimiento que le hicieran para que asumiera el cargo en calidad de titular.
La idea de nombrar a Frey era apoyada por los institutos dedicados al estudio del problema de la delincuencia, pues en ese círculo es considerado como un profesional capaz de asumir con éxito esta misión. Sin embargo, el profesional optó por continuar adelante con sus planes personales, de partir a Europa en las próximas semanas para realizar un diplomado relacionado con su especialidad.
De acuerdo con lo informado por el propio Rosende, "en el contexto de esa nueva reestructuración se hace necesario proyectar al nuevo Ministerio del Interior con una subsecretaría de Prevención que va a reemplazar al programa de seguridad y participación ciudadana con un perfil distinto". Según la autoridad, lo que busca el Gobierno "es dar un vuelco para iniciar una nueva etapa con una institucionalidad completamente distinta".
Consultado el subsecretario Rosende por qué no se esperó tener al reemplazante definitivo de Gloria Requena antes de pedirle la renuncia, declinó dar explicaciones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F.htm?id={FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F} (El Mercurio)
lunes, 28 de septiembre de 2009
Padres de Diego Schmidt-Hebbel demandan a Pilar Pérez y sicario
El viernes a última hora, los padres del economista Diego Schmidt-Hebbel presentaron una demanda civil en juicio penal en contra de los dos acusados por el crimen de su hijo: María del Pilar Pérez López y el sicario José Mario Ruz Rodríguez.
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Salud opta por concesionar la "construcción y operación" de cinco nuevos hospitales
A través del documento ordinario Nº 2995 del Ministerio de Salud, el titular de éste, Álvaro Erazo, le informó a su par de Obras Públicas, Sergio Bitar, cuáles serán los hospitales que serán priorizados para ser remodelados o construidos bajo la modalidad de concesiones durante los próximos años.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Fiscalía pidió que menor violada en La Reina constatara lesiones en el Servicio Médico Legal
Domingo 27 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
Revelan cómo son, cómo operan y quiénes componen el sistema de seguridad de un narco
Domingo 27 de Septiembre de 2009
Traición en el narcotráfico. Ésa es la arista que el Ministerio Público ha detectado como una de los primeros pasos para lograr desarticular a las grandes organizaciones de tráfico de drogas que operan en el país.
Así lo asegura una fuente judicial, quien dice que la traición siempre estará presente. "Siempre va a haber interés de apoderarse de la droga y dinero", explica.
Esta situación es un verdadero dolor de cabeza para los jefes narcos, quienes buscan evitar la insurrección de sus subalternos a través de la confección de un sofisticado aparataje de seguridad.
Se trata de unos cuatro a cinco soldados avezados que son de entera confianza del líder. Por lo general tienen parentesco familiar y cumplen el requisito de ser peligrosos delincuentes que no dudarán en usar su pistola automática ante cualquier sospecha o amenaza.
"Estas personas son los brazos derechos. Ellos son los únicos que saben la ubicación de la droga y el dinero", señala la misma fuente consultada, quien agrega que también son los encargados de brindar seguridad a los cargamentos provenientes del norte.
Otro de los integrantes cercanos al jefe narco es el informante. Este personaje es reclutado por su simpatía y grandes redes de contactos. Tiene como misión infiltrarse en los organismos del Estado para obtener información judicial y policial del líder.
Este cargo tiene la particularidad de disponer de gran cantidad de recursos para lograr su objetivo. A los policías y funcionarios judiciales les ofrece autos y una suma mensual de dinero.
El informante tiene sus antecedentes limpios y recibe un sueldo de entre $800 mil y $1 millón cada 30 días.
"El traficante nunca se siente traficante, se siente un comerciante", comenta el fiscal jefe antinarcóticos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.
El investigador detalla que estos criminales van reclutando más gente a medida que sus necesidades aumentan en la población. Y eso se da cuando se apoderan completamente de las esquinas, tras recibir el apoyo de los pobladores, cuyas necesidades básicas son pagadas por el narcotraficante.
Pero ¿cómo se aprende este sistema? El fiscal Barros explica que los narcos más antiguos partieron como simples vendedores que fueron ascendiendo en la organización y estructura.
Sin embargo, en los últimos años las pesquisas detectaron que asaltantes que cumplen condena en las cárceles recibieron instrucción en los penales para convertirse en traficantes una vez que recuperan su libertad.
"Sus compañeros de celdas les ofrecen trabajo o se les traspasan los contactos internacionales. En resumen obtienen los vínculos para distribuir y obtener la droga", afirma Barros.
El persecutor asegura que las bandas de "Los Gaete" y de "Los Car'e Jarro" lograron conformar organizaciones con una línea jerárquica completa.$ 800 miles el sueldo mínimo que puede recibir un informante de las organizaciones narcos.
50%de las ganancias corresponde al líder.
"Centinelas" y "canguros" en acción
En la población La Legua nunca se va a encontrar una organización de narcotráfico completa, debido a la gran cantidad de bandas que conviven en esa zona.
Por ello, la policía explica que los jefes narcos reclutan gran cantidad de soldados, quienes muchas veces no conocen a sus jefes.
Su misión apunta a proteger el trabajo de los vendedores y evitar quitadas de drogas en las pequeñas calles de La Legua.
Estos soldados se dividen principalmente entre dos figuras: los centinelas -que operan como vigilantes- y los canguros, que guardan las armas en sus casas. En el último tiempo menores de edad han sido reclutados para cumplir esta función. Reciben $400 mil al mes. "Las permanentes balaceras en esa población se explican, principalmente, porque constantemente se intentan robar la droga de los rivales", dice una fuente policial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1.htm?id={E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1} (El Mercurio)
Traición en el narcotráfico. Ésa es la arista que el Ministerio Público ha detectado como una de los primeros pasos para lograr desarticular a las grandes organizaciones de tráfico de drogas que operan en el país.
Así lo asegura una fuente judicial, quien dice que la traición siempre estará presente. "Siempre va a haber interés de apoderarse de la droga y dinero", explica.
Esta situación es un verdadero dolor de cabeza para los jefes narcos, quienes buscan evitar la insurrección de sus subalternos a través de la confección de un sofisticado aparataje de seguridad.
Se trata de unos cuatro a cinco soldados avezados que son de entera confianza del líder. Por lo general tienen parentesco familiar y cumplen el requisito de ser peligrosos delincuentes que no dudarán en usar su pistola automática ante cualquier sospecha o amenaza.
"Estas personas son los brazos derechos. Ellos son los únicos que saben la ubicación de la droga y el dinero", señala la misma fuente consultada, quien agrega que también son los encargados de brindar seguridad a los cargamentos provenientes del norte.
Otro de los integrantes cercanos al jefe narco es el informante. Este personaje es reclutado por su simpatía y grandes redes de contactos. Tiene como misión infiltrarse en los organismos del Estado para obtener información judicial y policial del líder.
Este cargo tiene la particularidad de disponer de gran cantidad de recursos para lograr su objetivo. A los policías y funcionarios judiciales les ofrece autos y una suma mensual de dinero.
El informante tiene sus antecedentes limpios y recibe un sueldo de entre $800 mil y $1 millón cada 30 días.
"El traficante nunca se siente traficante, se siente un comerciante", comenta el fiscal jefe antinarcóticos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.
El investigador detalla que estos criminales van reclutando más gente a medida que sus necesidades aumentan en la población. Y eso se da cuando se apoderan completamente de las esquinas, tras recibir el apoyo de los pobladores, cuyas necesidades básicas son pagadas por el narcotraficante.
Pero ¿cómo se aprende este sistema? El fiscal Barros explica que los narcos más antiguos partieron como simples vendedores que fueron ascendiendo en la organización y estructura.
Sin embargo, en los últimos años las pesquisas detectaron que asaltantes que cumplen condena en las cárceles recibieron instrucción en los penales para convertirse en traficantes una vez que recuperan su libertad.
"Sus compañeros de celdas les ofrecen trabajo o se les traspasan los contactos internacionales. En resumen obtienen los vínculos para distribuir y obtener la droga", afirma Barros.
El persecutor asegura que las bandas de "Los Gaete" y de "Los Car'e Jarro" lograron conformar organizaciones con una línea jerárquica completa.$ 800 miles el sueldo mínimo que puede recibir un informante de las organizaciones narcos.
50%de las ganancias corresponde al líder.
"Centinelas" y "canguros" en acción
En la población La Legua nunca se va a encontrar una organización de narcotráfico completa, debido a la gran cantidad de bandas que conviven en esa zona.
Por ello, la policía explica que los jefes narcos reclutan gran cantidad de soldados, quienes muchas veces no conocen a sus jefes.
Su misión apunta a proteger el trabajo de los vendedores y evitar quitadas de drogas en las pequeñas calles de La Legua.
Estos soldados se dividen principalmente entre dos figuras: los centinelas -que operan como vigilantes- y los canguros, que guardan las armas en sus casas. En el último tiempo menores de edad han sido reclutados para cumplir esta función. Reciben $400 mil al mes. "Las permanentes balaceras en esa población se explican, principalmente, porque constantemente se intentan robar la droga de los rivales", dice una fuente policial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1.htm?id={E1AB0E34-41A4-441F-8ED6-0EA4D6B135E1} (El Mercurio)
sábado, 26 de septiembre de 2009
Ex ministro Zilic desmiente vínculos en Caso Matute tras acusación de vocero de ex procesados
El ex ministro de Educación y ex intendente de la Región del Bío Bío, Martín Zilic, desestimó las acusaciones realizadas por el vocero de los ex procesados por la desaparición de Jorge Matute, Cristián Araos, señalando que "puede decir lo que quiera, pero va a tener que probarlo", tras ser vinculado junto al ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, en una presunta red de tráfico de drogas la cual habría ocultado la verdad sobre el Caso Matute.
Zilic, aseguró al diario El Sur que "esta no es primera vez que aparecen acusaciones de este tipo", por lo que tomará contacto con abogados para hacer una acusación legal sobre los dichos. "Si el ministro Rubilar me llama a declarar voy sin problemas", aseguró.
El ex ministro confesó tener la consciencia tranquila basándose en que "la gente me conoce, y sabe que nunca he sido condenado por drogas, ni alcohol, ni tráfico de influencias ni nada, jamás he sido cuestionado en mi trayectoria y eso me deja muy tranquilo".
Araós, quien ya había acusado el 22 de agosto pasado la existencia de políticos vinculados al caso, sostuvo ayer durante una entrevista en radio Bío Bío que fue un funcionario de Carabineros quien le entregó los nombres de los involucrados en el presunto complot para esconder la verdad de la desaparición del joven universitario en 1999 tras asistir a la discoteque "La Cucaracha".
"Caamaño, un carabinero de Concepción, era un nexo para entregar droga a autoridades administrativas de la región y Santiago. Me nombró al ministro (José Miguel) Insulza, Martín Zilic y al diputado RN Haroldo Fossa (fallecido). Estamos hablando del que era en ese entonces ministro del Interior", aseguró.
Por su parte, un asesor de José Miguel Insulza, aseguró a Emol desde Nueva York que frente a tales acusaciones "no corresponde y no tiene sentido” que el ex ministro del Interior emita alguna respuesta. "Los dichos de este joven tiene que ver con el sumario y no competen al secretario general de la OEA", señaló.
Las declaraciones de Araos junto junto con la aparición de nuevos antecedentes, como una denuncia realizada por el propio Araos sobre la alteración de pruebas de sangre por orden del alto mando de Carabineros, llevaron a que el ministro Juan Rubilar, llamara a la reapetura del caso, el cual había sido sobreseido temporalmente el 31 de diciembre de 2007 .
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377623 (El Mercurio)
Zilic, aseguró al diario El Sur que "esta no es primera vez que aparecen acusaciones de este tipo", por lo que tomará contacto con abogados para hacer una acusación legal sobre los dichos. "Si el ministro Rubilar me llama a declarar voy sin problemas", aseguró.
El ex ministro confesó tener la consciencia tranquila basándose en que "la gente me conoce, y sabe que nunca he sido condenado por drogas, ni alcohol, ni tráfico de influencias ni nada, jamás he sido cuestionado en mi trayectoria y eso me deja muy tranquilo".
Araós, quien ya había acusado el 22 de agosto pasado la existencia de políticos vinculados al caso, sostuvo ayer durante una entrevista en radio Bío Bío que fue un funcionario de Carabineros quien le entregó los nombres de los involucrados en el presunto complot para esconder la verdad de la desaparición del joven universitario en 1999 tras asistir a la discoteque "La Cucaracha".
"Caamaño, un carabinero de Concepción, era un nexo para entregar droga a autoridades administrativas de la región y Santiago. Me nombró al ministro (José Miguel) Insulza, Martín Zilic y al diputado RN Haroldo Fossa (fallecido). Estamos hablando del que era en ese entonces ministro del Interior", aseguró.
Por su parte, un asesor de José Miguel Insulza, aseguró a Emol desde Nueva York que frente a tales acusaciones "no corresponde y no tiene sentido” que el ex ministro del Interior emita alguna respuesta. "Los dichos de este joven tiene que ver con el sumario y no competen al secretario general de la OEA", señaló.
Las declaraciones de Araos junto junto con la aparición de nuevos antecedentes, como una denuncia realizada por el propio Araos sobre la alteración de pruebas de sangre por orden del alto mando de Carabineros, llevaron a que el ministro Juan Rubilar, llamara a la reapetura del caso, el cual había sido sobreseido temporalmente el 31 de diciembre de 2007 .
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377623 (El Mercurio)
Juez reabre sumario del caso Matute y cita a declarar a vocero de ex procesados
A dos meses de que se cumplan 10 años de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, el magistrado Juan Rubilar reabrió ayer el sumario del caso, sobreseído temporalmente el 16 mayo de 2008 sin culpables y sin que se determinara la causa de su muerte.
El ministro en visita citó a declarar para la próxima semana a Cristián Araos, vocero de los ex procesados por obstrucción a la justicia en este caso y quien afirmó en una entrevista a la revista "Nos" que en la desaparición y muerte de Matute participó una red de narcotráfico que impidió llegar a la verdad.
Anoche, Araos detalló su denuncia en una entrevista radial. Afirmó que la red de narcotráfico que operaba en la discoteca "La Cucaracha" y que impidió resolver el caso estaba integrada por policías, funcionarios públicos, gente ligada a jueces y abastecía de drogas, entre otros, a tres políticos que identificó como dos ex ministros de Estado y un ex diputado.
Según aseguró luego a "El Mercurio", en el propio expediente, foja 10815, un teniente que investigó el caso declaró que una testigo secreta -pareja de un narcotraficante- dijo que un oficial de Carabineros de Concepción era quien entregaba droga a los políticos aludidos.
Sus dichos llevaron a los abogados de la familia Matute Johns a solicitar el martes la reapertura del caso. Ayer, Rubilar resolvió reabrir el sumario "para el solo objeto de interrogar a la periodista Sonnia Mendoza (autora del reportaje) y a Cristián Araos, respecto de lo que habría expresado en la entrevista, en cuanto pudiera proporcionar nuevos antecedentes distintos a los ya investigados". Agrega que "lo demás se resolverá en su oportunidad".
El abogado de la familia, Fernando Saenger, valoró la celeridad del ministro para acoger la solicitud. "Es lógico que primero tiene que interrogarse a la persona que hizo la declaración y a la periodista, pero el ministro nos deja las puertas abiertas para que se resuelva el resto de las 24 diligencias que pedimos, que dicen relación con comprobar lo que dijo Cristián Araos", señaló.
Entre estas solicitudes está la identificación, con nombre y apellido, de quienes habrían impedido conocer la verdad, quién del alto mando de Carabineros habría ordenado romper la cadena de custodia de una muestra de sangre hallada en el sótano de "La Cucaracha", quiénes habrían asesinado a un carabinero y a un bombero que habría conocido los hechos, y con qué antecedentes cuenta Cristián Araos para afirmar que la primera jueza del caso, Flora Sepúlveda, obstruyó la investigación.
Saenger afirmó que "la reapertura del sumario es positiva, porque es el comienzo de una nueva etapa de la investigación que nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice que tiene".
Jorge Matute Matute, padre del fallecido, explicó que confía "en que el juez Rubilar, en esta oportunidad, llegue al fondo (del caso). Por la verdad o por las mentiras, pero las mentiras también tienen que ser castigadas, porque se estaría jugando con el dolor de una familia y el prestigio de las instituciones".
"La reapertura del sumario nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice tener".
FERNANDO SAENGERABOGADO DE LA FAMILIA MATUTE JONES600personas fueron interrogadas.
$1.000millones fue el costo de la investigación.
40tomos tiene el expediente del caso.
Dosjueces investigaron.
Los hitos que han marcado la investigación por la muerte de Jorge Matute Johns
1 Jorge Matute desapareció desde la discoteca "La Cucaracha" de Talcahuano la madrugada del 20 de noviembre de 1999. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero de 2004 en la ribera del río Biobío, a la altura del km 22,6 de la ruta que une Concepción con Santa Juana.
2 El 28 de septiembre de 2001 la PDI entregó su informe y responsabilizó de la muerte de Matute y del ocultamiento de su cuerpo a los procesados por obstrucción a la justicia Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Araos, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados.
3 El 23 de enero de 2002, el entonces mayor de Carabineros Andrés Ovalle plantea al tribunal que en la muerte de Matute participaron Bruno Betanzo, dueño de la discoteca, y su personal. Agrega que en la desaparición actuaron "agentes externos", sin identificarlos.
4 En mayo de 2006 se dejaron sin efecto los procesamientos por obstrucción a la justicia que pesaban en contra de los siete encausados del caso. Esto, al cambiarse el delito por obstrucción a la investigación, el que se comete sólo ante un fiscal del Ministerio Público.
5 El 8 de mayo de 2007 Fabián Flores, supuesto vedetto de la discoteca, se autoinculpó de la golpiza y traslado del cuerpo de Matute. Tres días después, el juez dijo que todo fue mentira y que el testigo actuó por su "malura de cabeza". El 16 de mayo de 2008 sobreseyó el caso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/26/nacional/nacional/noticias/E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963.htm?id={E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963} (El Mercurio)
El ministro en visita citó a declarar para la próxima semana a Cristián Araos, vocero de los ex procesados por obstrucción a la justicia en este caso y quien afirmó en una entrevista a la revista "Nos" que en la desaparición y muerte de Matute participó una red de narcotráfico que impidió llegar a la verdad.
Anoche, Araos detalló su denuncia en una entrevista radial. Afirmó que la red de narcotráfico que operaba en la discoteca "La Cucaracha" y que impidió resolver el caso estaba integrada por policías, funcionarios públicos, gente ligada a jueces y abastecía de drogas, entre otros, a tres políticos que identificó como dos ex ministros de Estado y un ex diputado.
Según aseguró luego a "El Mercurio", en el propio expediente, foja 10815, un teniente que investigó el caso declaró que una testigo secreta -pareja de un narcotraficante- dijo que un oficial de Carabineros de Concepción era quien entregaba droga a los políticos aludidos.
Sus dichos llevaron a los abogados de la familia Matute Johns a solicitar el martes la reapertura del caso. Ayer, Rubilar resolvió reabrir el sumario "para el solo objeto de interrogar a la periodista Sonnia Mendoza (autora del reportaje) y a Cristián Araos, respecto de lo que habría expresado en la entrevista, en cuanto pudiera proporcionar nuevos antecedentes distintos a los ya investigados". Agrega que "lo demás se resolverá en su oportunidad".
El abogado de la familia, Fernando Saenger, valoró la celeridad del ministro para acoger la solicitud. "Es lógico que primero tiene que interrogarse a la persona que hizo la declaración y a la periodista, pero el ministro nos deja las puertas abiertas para que se resuelva el resto de las 24 diligencias que pedimos, que dicen relación con comprobar lo que dijo Cristián Araos", señaló.
Entre estas solicitudes está la identificación, con nombre y apellido, de quienes habrían impedido conocer la verdad, quién del alto mando de Carabineros habría ordenado romper la cadena de custodia de una muestra de sangre hallada en el sótano de "La Cucaracha", quiénes habrían asesinado a un carabinero y a un bombero que habría conocido los hechos, y con qué antecedentes cuenta Cristián Araos para afirmar que la primera jueza del caso, Flora Sepúlveda, obstruyó la investigación.
Saenger afirmó que "la reapertura del sumario es positiva, porque es el comienzo de una nueva etapa de la investigación que nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice que tiene".
Jorge Matute Matute, padre del fallecido, explicó que confía "en que el juez Rubilar, en esta oportunidad, llegue al fondo (del caso). Por la verdad o por las mentiras, pero las mentiras también tienen que ser castigadas, porque se estaría jugando con el dolor de una familia y el prestigio de las instituciones".
"La reapertura del sumario nos puede llevar a descubrir la verdad, si es que esta persona está aportando antecedentes tan valiosos como los que dice tener".
FERNANDO SAENGERABOGADO DE LA FAMILIA MATUTE JONES600personas fueron interrogadas.
$1.000millones fue el costo de la investigación.
40tomos tiene el expediente del caso.
Dosjueces investigaron.
Los hitos que han marcado la investigación por la muerte de Jorge Matute Johns
1 Jorge Matute desapareció desde la discoteca "La Cucaracha" de Talcahuano la madrugada del 20 de noviembre de 1999. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero de 2004 en la ribera del río Biobío, a la altura del km 22,6 de la ruta que une Concepción con Santa Juana.
2 El 28 de septiembre de 2001 la PDI entregó su informe y responsabilizó de la muerte de Matute y del ocultamiento de su cuerpo a los procesados por obstrucción a la justicia Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Araos, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados.
3 El 23 de enero de 2002, el entonces mayor de Carabineros Andrés Ovalle plantea al tribunal que en la muerte de Matute participaron Bruno Betanzo, dueño de la discoteca, y su personal. Agrega que en la desaparición actuaron "agentes externos", sin identificarlos.
4 En mayo de 2006 se dejaron sin efecto los procesamientos por obstrucción a la justicia que pesaban en contra de los siete encausados del caso. Esto, al cambiarse el delito por obstrucción a la investigación, el que se comete sólo ante un fiscal del Ministerio Público.
5 El 8 de mayo de 2007 Fabián Flores, supuesto vedetto de la discoteca, se autoinculpó de la golpiza y traslado del cuerpo de Matute. Tres días después, el juez dijo que todo fue mentira y que el testigo actuó por su "malura de cabeza". El 16 de mayo de 2008 sobreseyó el caso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/26/nacional/nacional/noticias/E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963.htm?id={E9DE5D02-ABC9-4C07-8459-A4F8FDE39963} (El Mercurio)
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