En dependencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se reunieron este lunes el titular de la cartera, Sergio Bitar, y los senadores Mariano Ruíz-Esquide (DC), Guido Girardi (PPD) y Ricardo Núñez (PS), los cuales han desarrollado proyectos para la regulación de las aguas, quienes recibieron la propuesta respecto a la materia.Tras la reunión con los senadores, Bitar manifestó que "quiero agradecer la visita de los senadores Girardi, Ruiz-Esquide y Núñez, quienes han venido a informarse y recoger el proyecto de reforma constitucional, que el comité de ministros de asuntos hídricos -creado por la Presidenta- ha preparado y que se encuentra en revisión definitiva para su envío al Congreso", dijo el secretario de Estado, que estuvo acompañado por el director de Aguas del MOP, Rodrigo Weisner.El ministro Bitar aseveró que el proyecto es esencial para lo que viene en Chile: "No estar dispuesto a discutir sobre el agua es no entender lo que pasa en el mundo ni en Chile. Además, internacionalmente, el debate gira en torno a considerar al agua como derecho humano; todas las informaciones de cambio climático, escasez de agua, aumento de la demanda por agua, agotamiento de acuíferos, la necesidad de medir la situación de los glaciares, las tensiones crecientes entre minería, agro e industria, hacen indispensable también revisar lo que dice la Constitución en Chile", sostuvo.Por tal motivo, aseguró la autoridad, es necesario entrar al Bicentenario con una propuesta de cambio de la Constitución en materia del agua, con el propósito de hacer su distribución más justa y también más eficaz para el desarrollo económico.De acuerdo al Código de Aguas de 1981, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación y a los chilenos y chilenas. Sin embargo, esto no se encuentra explícito en la Constitución.Bitar destacó que "el proyecto de Ley del Ejecutivo no es un proyecto de nacionalización del agua, es un proyecto de mejoramiento, de regulación de un mercado que, a nuestro juicio, está distorsionado. De manera que abre la puerta, y tiene un punto de consenso con los senadores que están presentes y de otros (esperamos la mayor parte), en el sentido de declarar bien nacional de uso público al agua".Sin perjuicio de lo anterior, expresó que "una reforma constitucional requiere de un porcentaje de votos que no tiene la Concertación y es una materia en que nosotros confiamos que los senadores y, después, los diputados, hagan la discusión y se arribe a la forma que cada uno de los senadores estime más pertinente".La semana anterior, el titular del MOP entregó esta propuesta a diversos personeros representantes del mundo empresarial, como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle; el presidente de la Sociedad de Fomento Fabrrl, Andrés Concha; y el secretario general de Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte.Además, el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, encabezó esa misma semana en el MOP una reunión de fondo con una veintena de organizaciones con interés en el tema del agua, los obispos de Copiapó, Gaspar Quintana, y el presidente de Caritas, Juan Luis Ysern; Teresa Sarmiento, de la Federación de Agua Potable Rural de la Región Metropolita; Millaray Paineman, de la Asociación Nacional de Campesinas y etnias de Chile; Sara Larrain, directora del Programa Chile Sustentable; los presidentes de las ONGs Codeff, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política y la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Sanitarias (Fenatraos).
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=377955 (Emol)
martes, 29 de septiembre de 2009
Por cuasidelito de homicidio formalizan al ex director del Hospital de Talca
Como autor de cuasidelito de homicidio por negligencia médica, el Ministerio Público formalizó cargos al ex director (i) del Hospital de Talca, doctor Luis Jaime Gaete, acusado de no asistir oportunamente a un recién nacido con complicaciones respiratorias en la Clínica del Maule, en mayo de 2005. El lactante falleció 15 horas después del parto producto del actuar "negligente" del facultativo, según la fiscalía. "Los peritajes indican que existe estricta relación de causalidad entre la falta de atención adecuada y oportuna, y el resultado fatal", explicó el fiscal Ángel Ávila, afirmando que el deceso era evitable. Tras 10 minutos del parto por cesárea ese día, el neonato comenzó a agravarse con una baja capacidad respiratoria, que no fue tratada con ventilación mecánica, pese a que las complicaciones fueron advertidas a tiempo en la clínica.
El médico descartó una negligencia. "Son situaciones que ocurren. Es lamentable, pero no dependía de mí", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/nacional/noticias/F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257.htm?id={F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257} (El Mercurio)
El médico descartó una negligencia. "Son situaciones que ocurren. Es lamentable, pero no dependía de mí", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/nacional/noticias/F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257.htm?id={F4AA5E95-075A-4F9C-87FC-F0095CEEA257} (El Mercurio)
Madre, hermana, sobrina, cuñado e hijo de Pilar Pérez piden millonaria reparación
Ayer, María del Pilar Pérez y el sicario José Ruz Rodríguez sumaron dos nuevas demandas civiles en su contra por los tres crímenes que ambos habrían planificado y materializado en Providencia en 2008.
El hijo mayor de la imputada, Juan José Zamorano, los demandó por la suma de $200 millones por el crimen de su progenitor -y ex marido de la mujer- Francisco Zamorano Marfull, ocurrido el 23 de abril de ese año en su casa de Infante 1020. Ese día, también fue abatido su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. La acción habría sido ejecutada por José Ruz por encargo de la mujer y con la promesa de un pago de $1 millón por cada uno.
Según el escrito patrocinado por el abogado José Luis Pérez Calaf, los hechos provocaron a Juan José una "profunda aflicción, desasosiego, angustia, dolor e incertidumbre".
Ayer también se consignó la demanda civil de la familia Molina Pérez en contra de los imputados. Agustín Molina, cuñado de Pérez López, encabeza la acción solicitando una reparación de $25 millones, al igual que su esposa Gloria Pérez y María Aurelia López, madre de la acusada.
En tanto, María Belén Molina solicitó $40 millones de reparación, en su calidad de novia del asesinado Diego Schmidt-Hebbel, hecho ocurrido en la puerta de la casa de los Molina Pérez en Seminario 95. Según la imputación, Pérez López le encargó a Ruz matar a toda su familia, pero el plan falló.
La acción civil describe que los Molina Pérez fueron quienes primero pensaron que el ataque a Diego "obedecía a una acción deliberada y concertada, intuyendo en ello la participación de la acusada Pilar Pérez".
Ambos querellantes adhirieron a la acusación del Ministerio Público en la que se pidió presidio perpetuo calificado para los dos acusados.
Pérez y Ruz ya enfrentaban la demanda de los padres de Diego Schmidt-Hebbel, por $490 millones, y la de la hija menor de la mujer, Rocío Zamorano, por $171 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/_portada/noticias/0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0.htm?id={0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0} (El Mercurio)
El hijo mayor de la imputada, Juan José Zamorano, los demandó por la suma de $200 millones por el crimen de su progenitor -y ex marido de la mujer- Francisco Zamorano Marfull, ocurrido el 23 de abril de ese año en su casa de Infante 1020. Ese día, también fue abatido su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. La acción habría sido ejecutada por José Ruz por encargo de la mujer y con la promesa de un pago de $1 millón por cada uno.
Según el escrito patrocinado por el abogado José Luis Pérez Calaf, los hechos provocaron a Juan José una "profunda aflicción, desasosiego, angustia, dolor e incertidumbre".
Ayer también se consignó la demanda civil de la familia Molina Pérez en contra de los imputados. Agustín Molina, cuñado de Pérez López, encabeza la acción solicitando una reparación de $25 millones, al igual que su esposa Gloria Pérez y María Aurelia López, madre de la acusada.
En tanto, María Belén Molina solicitó $40 millones de reparación, en su calidad de novia del asesinado Diego Schmidt-Hebbel, hecho ocurrido en la puerta de la casa de los Molina Pérez en Seminario 95. Según la imputación, Pérez López le encargó a Ruz matar a toda su familia, pero el plan falló.
La acción civil describe que los Molina Pérez fueron quienes primero pensaron que el ataque a Diego "obedecía a una acción deliberada y concertada, intuyendo en ello la participación de la acusada Pilar Pérez".
Ambos querellantes adhirieron a la acusación del Ministerio Público en la que se pidió presidio perpetuo calificado para los dos acusados.
Pérez y Ruz ya enfrentaban la demanda de los padres de Diego Schmidt-Hebbel, por $490 millones, y la de la hija menor de la mujer, Rocío Zamorano, por $171 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/29/nacional/_portada/noticias/0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0.htm?id={0116B357-CE98-4F93-A860-B07DFD6A1FD0} (El Mercurio)
lunes, 28 de septiembre de 2009
Gobierno convertirá la División de Seguridad Pública en una subsecretaría
El Gobierno comenzó los preparativos para reconvertir la actual División de Seguridad Pública en la futura Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pronto a aprobarse en el Congreso.
La propuesta legislativa se verá mañana en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cuando será votada en sala.
Tras la salida de la jefa de la División, Gloria Requena (PS), quien debió presentar su renuncia al cargo el 17 de septiembre, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que ya inició la búsqueda de quien deberá asumir las tareas de subsecretario de la nueva cartera.
Aunque no quiso adelantar el perfil de la persona, dijo que deberá estar capacitado para reorganizar completamente su estructura.
El pasado lunes 21 fue nombrado como jefe de División interino el sociólogo Antonio Frey Valdés, pero trascendió que éste no aceptó el ofrecimiento que le hicieran para que asumiera el cargo en calidad de titular.
La idea de nombrar a Frey era apoyada por los institutos dedicados al estudio del problema de la delincuencia, pues en ese círculo es considerado como un profesional capaz de asumir con éxito esta misión. Sin embargo, el profesional optó por continuar adelante con sus planes personales, de partir a Europa en las próximas semanas para realizar un diplomado relacionado con su especialidad.
De acuerdo con lo informado por el propio Rosende, "en el contexto de esa nueva reestructuración se hace necesario proyectar al nuevo Ministerio del Interior con una subsecretaría de Prevención que va a reemplazar al programa de seguridad y participación ciudadana con un perfil distinto". Según la autoridad, lo que busca el Gobierno "es dar un vuelco para iniciar una nueva etapa con una institucionalidad completamente distinta".
Consultado el subsecretario Rosende por qué no se esperó tener al reemplazante definitivo de Gloria Requena antes de pedirle la renuncia, declinó dar explicaciones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F.htm?id={FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F} (El Mercurio)
La propuesta legislativa se verá mañana en la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, cuando será votada en sala.
Tras la salida de la jefa de la División, Gloria Requena (PS), quien debió presentar su renuncia al cargo el 17 de septiembre, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, informó que ya inició la búsqueda de quien deberá asumir las tareas de subsecretario de la nueva cartera.
Aunque no quiso adelantar el perfil de la persona, dijo que deberá estar capacitado para reorganizar completamente su estructura.
El pasado lunes 21 fue nombrado como jefe de División interino el sociólogo Antonio Frey Valdés, pero trascendió que éste no aceptó el ofrecimiento que le hicieran para que asumiera el cargo en calidad de titular.
La idea de nombrar a Frey era apoyada por los institutos dedicados al estudio del problema de la delincuencia, pues en ese círculo es considerado como un profesional capaz de asumir con éxito esta misión. Sin embargo, el profesional optó por continuar adelante con sus planes personales, de partir a Europa en las próximas semanas para realizar un diplomado relacionado con su especialidad.
De acuerdo con lo informado por el propio Rosende, "en el contexto de esa nueva reestructuración se hace necesario proyectar al nuevo Ministerio del Interior con una subsecretaría de Prevención que va a reemplazar al programa de seguridad y participación ciudadana con un perfil distinto". Según la autoridad, lo que busca el Gobierno "es dar un vuelco para iniciar una nueva etapa con una institucionalidad completamente distinta".
Consultado el subsecretario Rosende por qué no se esperó tener al reemplazante definitivo de Gloria Requena antes de pedirle la renuncia, declinó dar explicaciones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F.htm?id={FDD8435D-C722-48F1-8028-F5B3CD253A8F} (El Mercurio)
Padres de Diego Schmidt-Hebbel demandan a Pilar Pérez y sicario
El viernes a última hora, los padres del economista Diego Schmidt-Hebbel presentaron una demanda civil en juicio penal en contra de los dos acusados por el crimen de su hijo: María del Pilar Pérez López y el sicario José Mario Ruz Rodríguez.
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Esta acción se enmarca dentro de la adhesión de la familia Schmidt-Hebbel, querellante en la causa, a la acusación presentada por el Ministerio Público. El órgano persecutor solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para ambos imputados por el homicidio ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en calle Seminario, Providencia.
El abogado Juan Domingo Acosta patrocinó esta acción reparatoria, que fue estimada en $490 millones, por daño moral en contra de los padres de la víctima, Klauss Schmidt-Hebbel y Greta Niehaus.
La demanda contempla un pago individual por parte de los acusados, por lo que, de ser condenados y acogida la acción civil, Pérez y Ruz deberán pagar a cada uno la suma estipulada.
Según comentaron cercanos a la familia, de conseguirse esta reparación, los dineros podrían ser donados a una fundación o entidad de beneficencia.
Hija demanda
Hoy se vence el plazo para que los querellantes adhieran a la acusación fiscal o presenten una acusación particular. Por esta razón, Rocío Zamorano, hija de la imputada, también definió estas acciones. Francisco Cox, su abogado, acusó particularmente a Pérez y Ruz, y pidió la misma pena que el Ministerio Público: presidio perpetuo calificado para ambos por el asesinato del padre de la querellante y ex marido de la imputada, Francisco Zamorano Marfull.
Este último fue asesinado de un tiro en el cuello en su casa de calle Infante 1020 el 23 de abril de 2008. Junto a él fue muerto su pareja gay, Héctor Arévalo Olivares. Para los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, José Ruz ejecutó este "doble crimen" por encargo de la mujer.
Por lo mismo, Rocío Zamorano presentó una demanda civil en contra de su madre y el sicario por la suma de $171 millones. La acción considera el daño moral a esta última por $150 millones y $21 millones corresponden a lucro cesante; esto es, el dinero que habría dejado de percibir la víctima de haber seguido con vida.
De ser acogido este requerimiento deberá ser cancelado solidariamente entre los dos acusados.
Sólo falta que se sume a estas acciones la familia Molina Pérez, quienes eran presuntamente el objeto del encargo que derivó en la muerte de Diego Schmidt-Hebbel. Esto es, Agustín Molina, cuñado de Pérez López, Gloria, su hermana, su madre María Aurelia López, y su sobrina María Belén Molina, novia de la víctima.
José Luis Pérez Calaf, querellante por la familia, preparaba hasta última hora de ayer el requerimiento, que será presentado hoy.
Esto significa su adhesión a la acusación del Ministerio Público y una demanda indemnizatoria en juicio penal.
La fiscalía mantiene con embargo una serie de inmuebles, en su mayoría departamentos de Pilar Pérez por $400 millones. El próximo 13 de octubre será la audiencia de preparación de juicio oral.
$ 490 millonespodrían pagar Pilar Pérez y José Ruz a los padres de Diego Schmidt-Hebbel.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/28/nacional/nacional/noticias/0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00.htm?id={0F502A22-FDC7-4D3D-8E65-E0206FD8FC00} (El Mercurio)
Salud opta por concesionar la "construcción y operación" de cinco nuevos hospitales
A través del documento ordinario Nº 2995 del Ministerio de Salud, el titular de éste, Álvaro Erazo, le informó a su par de Obras Públicas, Sergio Bitar, cuáles serán los hospitales que serán priorizados para ser remodelados o construidos bajo la modalidad de concesiones durante los próximos años.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Según el documento, fechado el 14 de septiembre recién pasado, se busca construir por esta vía el complejo que formarán los hospitales del Salvador y Geriátrico, correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y la remodelación del Hospital Sótero del Río, del Servicio Metropolitano Sur Oriente. Además, la construcción de "un nuevo hospital general de mediana complejidad dotado de camas críticas en la comuna de Quilicura, y de un CRS (Centro de Referencia en Salud) en la comuna de Colina, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Norte", y también un nuevo recinto de mediana complejidad, que contará con camas críticas, en el área poniente de Santiago.
¿Gestión de salud?
Aparte de las prioridades, llama la atención en el documento que Salud pide a Obras Públicas "asumir las tareas necesarias para la licitación vía concesiones de la construcción y operación de los mencionados establecimientos", sin aclarar si esto implicará la gestión clínica de los recintos. De ser así, la decisión de Salud rompería con todos los esquemas establecidos hasta ahora, ya que el Partido Socialista, al que pertenece Erazo, y en especial su facción, la Nueva Izquierda, liderada por Camilo Escalona, se han opuesto tenazmente a esta opción.
Esto, porque según algunos sectores, la concesión de la operación de los hospitales implicaría una privatización en los hechos de la salud pública del país.
Hasta el momento, los únicos dos hospitales que serán construidos por esta vía (de Maipú y La Florida) serán concesionados sólo en su construcción, que luego será restituida al consorcio San José Tecnocontrol, que se adjudicó la construcción de ambos recintos, por unos US$ 230 millones de inversión, por medio de la concesión sólo de los servicios no clínicos (como estacionamientos, alimentación y seguridad) de dichos establecimientos, proyectados para que entren en operaciones a fines de 2012.
Por medio de este documento, Erazo solicita "una coordinación formal para la redacción del convenio de mandato que permita a su Ministerio (de OO.PP.) asumir las tareas necesarias para la licitación". Por medio de éste, será el MOP el encargado de hacer los estudios preinversionales para conocer el detalle del valor de cada uno de los recintos.
Lo que se sabe hasta el minuto es que los cinco proyectos que Salud busca concesionar suman un total aproximado de US$ 700 millones (más de $381 mil millones). Sólo el complejo Salvador-Geriátrico tiene un costo estimado de US$300 millones.
Este recinto es la inversión hospitalaria más grande que Salud se aprestaba a hacer con recursos fiscales bajo la administración de la ex ministra María Soledad Barría, pero la administración de Álvaro Erazo en la cartera cambió su postura.
"El Mercurio" intentó conseguir la versión de este último sobre las nuevas concesiones, pero no estuvo disponible.5son los hospitales priorizados por Salud.
3 recintosserán completamente nuevos, en Quilicura, Colina y en el sector poniente de Santiago.
Dosserán ampliamente remodelados: el Sótero del Río y el Salvador-Geriátrico.
US$ 700millones tienen como valor aproximado los hospitales que Salud busca concesionar.
Fiscalía pidió que menor violada en La Reina constatara lesiones en el Servicio Médico Legal
Domingo 27 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
El lunes pasado, la madre de la menor J.J.F.C. (14) -que fue brutalmente violada en La Reina- reclamó en contra de Carabineros por haberla obligado a llevar a su hija a constatar lesiones al Servicio Médico Legal (SML), y no a la Clínica Alemana, como prefería. Dijo que la niña recibió una "fría" atención.
Pero la petición de llevarla al SML, más que una mera forma de constatar lesiones, fue una diligencia solicitada expresamente por la Fiscalía Oriente, para lograr aislar de inmediato los rastros biológicos del ilícito.
Aunque la ley no establece exclusividad en este tipo de procedimientos (ver recuadro), los fiscales tienen preferencias.
"Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al Servicio Médico Legal. Por la experiencia de este servicio, por ejemplo, en la toma de muestras vaginales, anales, bucales, o de sangre, que no las puede hacer cualquier doctor", dice el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Para el investigador hay que distinguir entre la atención médica que debe recibir la víctima y las pericias biológicas que se deben realizar en estos casos.
"Las personas se pueden atender en cualquier centro o recinto particular. Lo que nosotros estamos pidiendo es la realización de una diligencia inmediata. No sabemos quién toma las muestras en una clínica particular, no conocemos su expertise ni metodología. Yo sé que el SML hace correctamente los exámenes desde el punto de vista investigativo. Es un tema delicado, porque si las muestras se pierden o fueron mal tomadas, no hay vuelta", explica Armendáriz.
También asegura que los médicos de una clínica particular están enfocados en lo clínico, mientras que en el SML se hace un trabajo investigativo.
"Nuestros médicos son clínicos, porque saben hacer tratamientos, pero además son médicos forenses, tienen una especialización. Por ello, las autoridades judiciales recurren preferentemente a nosotros", agrega el director del SML, Patricio Bustos.
Además, existe jurisprudencia de que los informes del SML tienen mayor aceptación en los jueces que resuelven casos penales por diversos delitos.
"Hay una valoración directa de nuestros informes, y es que nos siguen enviando gente. Pero hay otro tipo de valoración en el sentido de que hay casos en que se han presentado peritajes particulares, y las autoridades judiciales nos han pedido realizar exámenes complementarios", admite Bustos.
Para un delito de esta naturaleza, a nosotros nos interesa que la víctima concurra al SML, por su expertise en el tema".
XAVIER ARMENDÁRIZFiscal Regional Oriente
Hay casos en que se han presentado peritajes privados, y las autoridades judiciales nos piden complementarlos".
PATRICIO BUSTOSDirectordel SML
8.000personas al año son atendidas por el Servicio Médico Legal (SML) en todo el país.
50%del total de atenciones a víctimas se concentran en la Región Metropolitana.
80%de las víctimas atendidas corresponde a menores de edad.
Lo que dice la normativa penal
El sábado 19 de septiembre pasado, José Luis Sáez Gallardo (29) asaltó a J.J.F.C. (14) y su pololo D.C.O.G. (15) en la calle Sánchez Fontecilla, en la comuna de La Reina. Al primero lo desnudó y amarró, en tanto que a la menor la violó. A.F., el padre de esta última, reveló que fue la propia niña quien se convenció de asistir al Servicio Médico Legal, en virtud de que sería una diligencia efectiva para atrapar al autor del brutal ataque.
Aunque su madre prefería llevarla a la Clínica Alemana, A.F. reveló a "El Mercurio" que fue la propia menor quien decidió concurrir al servicio.
Fue una instrucción de la fiscalía, en aras de lograr mejores resultados en la investigación. Pero la ley no establece exclusividades.
El artículo 198 del Código Procesal Penal estipula que en caso de delitos sexuales los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, están capacitados para practicar los exámenes médicos, reconocimientos y pruebas biológicas que permitan acreditar los ilícitos o identificar al autor de los mismos.
Esto cuenta, además, para delitos menores, como lesiones.
Los exámenes de alcoholemia también se pueden realizar en recintos públicos o privados. Sólo en casos de muerte, la única entidad autorizada para realizar exámenes y autopsias es el Servicio Médico Legal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/27/nacional/nacional/noticias/0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB.htm?id={0349C9E4-0929-48AD-992E-0837C65869FB} (El Mercurio)
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