El 53% de los 601 negocios registrados en la "3ª Medición de Victimización del Comercio" fueron víctimas de algún delito o falta en el primer semestre de 2009: se trata de un alza de tres puntos porcentuales en relación con las estadísticas de los últimos seis meses del año anterior.
La encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) entrevistó telefónicamente a los propietarios o encargados de tiendas por departamentos, supermercados, farmacias, estaciones de servicio, hoteles y otros establecimientos, en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío y Tarapacá, entre julio y agosto pasado.
La medición revela que el 23,6% de los afectados señala haber sufrido un hurto, que el 15,3% experimentó un hurto del tipo "hormiga" y que el 11,8% encontró sus locales rayados con "graffitis".
Asimismo, el 63% de los consultados percibe que aumentó la violencia de los delincuentes en el último año y el 16% menciona que establecimientos de su sector se cerraron por causa de la delincuencia.
Los encuestados manifiestan que, por sobre el 89% de los casos, los antisociales operan junto a grupos organizados de dos o más personas. Sólo casi el 6% señala que los antisociales actuaron solos.
Entre las conclusiones destaca, además, que menos de la mitad de los afectados (46%) avisó del hecho delictivo a las policías o a la fiscalía. "El 53% de los encuestados no hace nada... La principal razón tiene que ver con que no confían en la eficacia del sistema o de la denuncia porque es perder el tiempo", explicó Sandra Barba, gerente de la empresa Adimark GfK, a cargo de la encuesta.
Agregó que "un 24% no denuncia porque no tiene pruebas o testigos y un 23,9% no denunció porque eran robos de bajos montos, que no los tomaron en cuenta porque no es delito, sino que una falta".
Mientras el presidente de la CNC, Carlos Jorquiera, afirmó que "los delitos generan un fuerte impacto en la moral de los trabajadores y también provocan un daño en la imagen de los establecimientos".
"Uno no saca nada con arengar a los trabajadores para que las cosas marchen y, a los dos minutos, aparecen los delincuentes... Posteriormente, por la puerta giratoria, salen en libertad con facilidad", concluyó Jorquiera.
53%de los encuestados no denuncia los delitos.
33%de los consultados piensa que un asalto baja la moral de los trabajadores.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/nacional/noticias/E7BEF89C-E792-42CA-BC22-DDDBE5DF05C7.htm?id={E7BEF89C-E792-42CA-BC22-DDDBE5DF05C7} (El Mercurio)
miércoles, 14 de octubre de 2009
A dos años de la tragedia en centro del Sename de Puerto Montt aún no hay responsables
El 21 de octubre se cumplen dos años del incendio en el Centro de Internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (Sename), que costó la vida a ocho menores. Otros dos fallecieron horas más tarde, pero aún no hay responsables penales, administrativos ni civiles.
Ni la causa judicial que lleva el Ministerio Público, que en abril de 2008 formalizó a 6 funcionarios del Sename a cargo del recinto, ni el sumario del Sename sobre diez funcionarios han arrojado resultados.
Tampoco avanza la demanda civil contra el fisco, que pide una indemnización por más de $7 mil millones para familiares de 9 de las víctimas.
Los familiares sienten decepción y abandono: "No hay justicia. Nadie está preso, a nadie lo han castigado, nadie ha pagado", dice Viviana Beroíza, madre de Ángel Carrasco.
"Se van a cumplir dos años que nuestros hijos están bajo tierra, pero nada. El abogado (Jaime Gatica, que los representa en la demanda civil) vino y se fue. No sabemos qué pasará", dice.
El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, dijo en Puerto Montt hace unos días que en el sumario hay incidentes presentados por los imputados y prefieren privilegiar llegar a la verdad por sobre el plazo de la investigación. Y aunque hay imputados que ya no están en el Sename, descarta que queden sin sanción: "No, porque su sanción podría implicar que no vuelvan al servicio público", asegura Frei.
En el Sename, una vez más, se dijo a "El Mercurio" que no se referirán al sumario. "Es reservado", se explicó. Tampoco fue posible hablar con el director, Eugenio San Martín.
El fiscal de los Lagos, Alberto Ayala, dijo, en una entrevista, que es un caso complejo, con muchas aristas, pero aseguró que están prontos a terminar "y no tenemos la decisión de ir necesariamente a un juicio".
Recordó que hay salidas alternativas en el Código Procesal Penal, "que es una posibilidad concreta en el caso" y, de no concretarse, "lo más probable es que lleguemos a juicio. Pero eso lo vamos a determinar este año".
Sólo seis imputados
El fiscal penal José Veizaga formalizó por homicidio culposo a Iván Agüero, Julio Mayorga, Rubén Franco, Filomena Rebolledo, Marcos Iglesias y Lorena Navarro. "Dispusieron de más 3 horas desde el inicio (...) para controlar la situación y no lo hicieron". Y detalló: a las 20 horas era un incidente, a las 22 un motín y a las 23:10 un incendio, sin que aplicaran plan de emergencia para motines.
Autr: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/E541B664-9183-4D60-BC06-8516AC4A067A.htm?id={E541B664-9183-4D60-BC06-8516AC4A067A} (El Mercurio)
Ni la causa judicial que lleva el Ministerio Público, que en abril de 2008 formalizó a 6 funcionarios del Sename a cargo del recinto, ni el sumario del Sename sobre diez funcionarios han arrojado resultados.
Tampoco avanza la demanda civil contra el fisco, que pide una indemnización por más de $7 mil millones para familiares de 9 de las víctimas.
Los familiares sienten decepción y abandono: "No hay justicia. Nadie está preso, a nadie lo han castigado, nadie ha pagado", dice Viviana Beroíza, madre de Ángel Carrasco.
"Se van a cumplir dos años que nuestros hijos están bajo tierra, pero nada. El abogado (Jaime Gatica, que los representa en la demanda civil) vino y se fue. No sabemos qué pasará", dice.
El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, dijo en Puerto Montt hace unos días que en el sumario hay incidentes presentados por los imputados y prefieren privilegiar llegar a la verdad por sobre el plazo de la investigación. Y aunque hay imputados que ya no están en el Sename, descarta que queden sin sanción: "No, porque su sanción podría implicar que no vuelvan al servicio público", asegura Frei.
En el Sename, una vez más, se dijo a "El Mercurio" que no se referirán al sumario. "Es reservado", se explicó. Tampoco fue posible hablar con el director, Eugenio San Martín.
El fiscal de los Lagos, Alberto Ayala, dijo, en una entrevista, que es un caso complejo, con muchas aristas, pero aseguró que están prontos a terminar "y no tenemos la decisión de ir necesariamente a un juicio".
Recordó que hay salidas alternativas en el Código Procesal Penal, "que es una posibilidad concreta en el caso" y, de no concretarse, "lo más probable es que lleguemos a juicio. Pero eso lo vamos a determinar este año".
Sólo seis imputados
El fiscal penal José Veizaga formalizó por homicidio culposo a Iván Agüero, Julio Mayorga, Rubén Franco, Filomena Rebolledo, Marcos Iglesias y Lorena Navarro. "Dispusieron de más 3 horas desde el inicio (...) para controlar la situación y no lo hicieron". Y detalló: a las 20 horas era un incidente, a las 22 un motín y a las 23:10 un incendio, sin que aplicaran plan de emergencia para motines.
Autr: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/E541B664-9183-4D60-BC06-8516AC4A067A.htm?id={E541B664-9183-4D60-BC06-8516AC4A067A} (El Mercurio)
Caso Rojo: sobreviviente y otros 100 testigos en juicio contra madre
Ciento un testigos y treinta peritos presentará la Fiscalía de Puente Alto en el juicio oral contra Jeanette Hernández, única detenida y procesada tras la violenta golpiza contra sus hijos Esteban (7) y Pablo Rojo (15) -el primero falleció y el segundo sobrevivió, pero quedó con severas lesiones y secuelas-, hecho ocurrido a mediados de enero de 2008.
Así se informó ayer en la audiencia de preparación de juicio oral contra Hernández, instancia que debería comenzar la primera quincena de diciembre y en la que prestará testimonio el propio Pablo Rojo.
Junto a las personas que entregarán su testimonio, habrá también expertos psiquiatras, psicólogos, grafólogos y de análisis de pruebas químicas y orgánicas.
Según los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara, Jeannette Hernández atacó con un martillo a sus dos hijos. Posteriormente, el lugar del ataque fue modificado para simular un asalto.
Para demostrar esta tesis, los investigadores presentarán además pruebas tales como fotografías forenses, imágenes del sitio del suceso, esquemas de desplazamiento y ubicación de vecinos del lugar donde ocurrió la agresión, además de elementos planimétricos. Esto último es de alta relevancia, dado que los fiscales y la Policía de Investigaciones han logrado establecer el escenario espacio-temporal detallado en que ocurrió el hecho. No sólo en lo que compete al domicilio en que se materializó, pasaje Punta Arenosa N° 1675, Villa La Capilla, de la comuna de Puente Alto, sino que también en lo relacionado con la ubicación de los testigos y otros medios probatorios de interés criminalístico.
Las penas solicitadas contra Hernández son de presidio perpetuo simple por la muerte de Esteban Rojo y de 12 años de prisión por el parricidio frustrado contra Pablo Rojo.
La tesis de la defensa
"Yo no creo que haya sido ella (Jeanette Rojo). No, eso no fue así. La gran duda que me queda es quién fue. Ella no es capaz de hacer algo así", señaló ayer Pablo Rojo, pareja de la única formalizada en el caso.
Ayer por la mañana, la procesada fue llevada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se dieron a conocer las diversas pruebas y testimonios que se presentarán en su contra. Lucía visiblemente más delgada que cuando fue formalizada a principios de este año.
Su defensora, Ximena Silva, aseguró a "El Mercurio" que las líneas que trabajará son "primero probar que ella es inocente. Posteriormente, aportaremos los antecedentes respecto de que ella padece una enfermedad mental". Con esto último, Silva dejó abierta la posibilidad de que se pueda solicitar la inimputabilidad de Hernández.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148.htm?id={1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148} (El Mercurio)
Así se informó ayer en la audiencia de preparación de juicio oral contra Hernández, instancia que debería comenzar la primera quincena de diciembre y en la que prestará testimonio el propio Pablo Rojo.
Junto a las personas que entregarán su testimonio, habrá también expertos psiquiatras, psicólogos, grafólogos y de análisis de pruebas químicas y orgánicas.
Según los fiscales Pablo Sabaj y Patricio Vergara, Jeannette Hernández atacó con un martillo a sus dos hijos. Posteriormente, el lugar del ataque fue modificado para simular un asalto.
Para demostrar esta tesis, los investigadores presentarán además pruebas tales como fotografías forenses, imágenes del sitio del suceso, esquemas de desplazamiento y ubicación de vecinos del lugar donde ocurrió la agresión, además de elementos planimétricos. Esto último es de alta relevancia, dado que los fiscales y la Policía de Investigaciones han logrado establecer el escenario espacio-temporal detallado en que ocurrió el hecho. No sólo en lo que compete al domicilio en que se materializó, pasaje Punta Arenosa N° 1675, Villa La Capilla, de la comuna de Puente Alto, sino que también en lo relacionado con la ubicación de los testigos y otros medios probatorios de interés criminalístico.
Las penas solicitadas contra Hernández son de presidio perpetuo simple por la muerte de Esteban Rojo y de 12 años de prisión por el parricidio frustrado contra Pablo Rojo.
La tesis de la defensa
"Yo no creo que haya sido ella (Jeanette Rojo). No, eso no fue así. La gran duda que me queda es quién fue. Ella no es capaz de hacer algo así", señaló ayer Pablo Rojo, pareja de la única formalizada en el caso.
Ayer por la mañana, la procesada fue llevada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se dieron a conocer las diversas pruebas y testimonios que se presentarán en su contra. Lucía visiblemente más delgada que cuando fue formalizada a principios de este año.
Su defensora, Ximena Silva, aseguró a "El Mercurio" que las líneas que trabajará son "primero probar que ella es inocente. Posteriormente, aportaremos los antecedentes respecto de que ella padece una enfermedad mental". Con esto último, Silva dejó abierta la posibilidad de que se pueda solicitar la inimputabilidad de Hernández.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/14/nacional/_portada/noticias/1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148.htm?id={1933000E-9054-431E-98D9-342345B53148} (El Mercurio)
martes, 13 de octubre de 2009
Suprema aprueba pedir extradición de Alejandro Shayman a Bolivia
La Segunda Sala de la Corte Suprema aprobó hoy solicitar a Bolivia la extradición del publicista Alejandro Shayman, condenado a cadena perpetua calificada por el parricidio de su hija Tamara.
Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y los abogados integrantes, Benito Mauriz y Luis Bates, resolvieron unánimemente acoger la solicitud del abogado querellante Carlos Cortés, quien la fundamentó en el tipo de delito, la pena que tiene asignada y el hecho de que Chile y Bolivia tienen vigente un tratado de extradición.
La resolución ya había sido aprobada por la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, quien en su informe argumentó que "se cumplen todos los requisitos" para proceder a la extradición.
En la actualidad está vigente una orden de búsqueda y detención internacional contra el publicista.
Hace unos meses, la PDI obtuvo las direcciones de las casas donde Shayman podría residir actualmente e informó de éstas a Interpol Bolivia.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=379981 (Emol)
Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y los abogados integrantes, Benito Mauriz y Luis Bates, resolvieron unánimemente acoger la solicitud del abogado querellante Carlos Cortés, quien la fundamentó en el tipo de delito, la pena que tiene asignada y el hecho de que Chile y Bolivia tienen vigente un tratado de extradición.
La resolución ya había sido aprobada por la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, quien en su informe argumentó que "se cumplen todos los requisitos" para proceder a la extradición.
En la actualidad está vigente una orden de búsqueda y detención internacional contra el publicista.
Hace unos meses, la PDI obtuvo las direcciones de las casas donde Shayman podría residir actualmente e informó de éstas a Interpol Bolivia.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=379981 (Emol)
Fiscal Nacional: Podría haber formalizaciones en caso de irregularidades parlamentarias
El fiscal Nacional Sabas Chahuán confirmó hoy que en al menos una arista del caso de la investigación por irregularidades de parlamentarios debería haber formalizaciones por parte del fiscal jefe de Valparaíso, Jorge Abbott.
La ratificación se realizó en medio de un desayuno con medios de prensa capitalinos, aunque declinó referirse de qué parlamentario se trataba.
"Según me ha informado el fiscal Abbot en líneas generales, debería heber novedades en un plazo relativamente corto. Creo que en al menos una investigación, según tengo claro en líneas generales y en el estado actual de la investigación, debería formalizarse" señaló el jefe de los fiscales.
La indagatoria del fiscal jefe de Valparaíso apunta al uso indebido de asignaciones parlamentarias en que habrían incurrido varios diputados.
Respecto a plazos de estas diligencias y si ellas podrían concretarse antes de diciembre de este año, Chahuán se limitó a decir que "es la idea, a menos que las diligencias lo impida".
Sobre la investigación Chahuán sostuvo que "no diría que ha sido lenta ni dificultosa, no por falta de cooperación de parte de las autoridades involucradas, sino por la forma en que se deben investigar este tipo de denuncias, en donde hay muchos antecedentes que deben ser descartados o confirmados".
Acerca de las supuestas presiones que ha recibido Abbott en las indagaciones, planteó que la Fiscalía es un ente independiente y autónomo, y no me parece que ha habido presiones, lo que ha habido son opiniones respecto a que se apure la investigación y "no se inicie una caza de brujas".
Chahuán además anunció "un cambio de marca" respecto de lo que se conoce hasta ahora del logo del Ministerio Público. Se cambiará la frase "Ministerio Público", que estaba en letras grandes por la palabra "Fiscalía" y en letras más pequeñas "Ministerio Público de Chile", lo que ya se puede ver en la página web de la entidad.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=379980 (Emol)
La ratificación se realizó en medio de un desayuno con medios de prensa capitalinos, aunque declinó referirse de qué parlamentario se trataba.
"Según me ha informado el fiscal Abbot en líneas generales, debería heber novedades en un plazo relativamente corto. Creo que en al menos una investigación, según tengo claro en líneas generales y en el estado actual de la investigación, debería formalizarse" señaló el jefe de los fiscales.
La indagatoria del fiscal jefe de Valparaíso apunta al uso indebido de asignaciones parlamentarias en que habrían incurrido varios diputados.
Respecto a plazos de estas diligencias y si ellas podrían concretarse antes de diciembre de este año, Chahuán se limitó a decir que "es la idea, a menos que las diligencias lo impida".
Sobre la investigación Chahuán sostuvo que "no diría que ha sido lenta ni dificultosa, no por falta de cooperación de parte de las autoridades involucradas, sino por la forma en que se deben investigar este tipo de denuncias, en donde hay muchos antecedentes que deben ser descartados o confirmados".
Acerca de las supuestas presiones que ha recibido Abbott en las indagaciones, planteó que la Fiscalía es un ente independiente y autónomo, y no me parece que ha habido presiones, lo que ha habido son opiniones respecto a que se apure la investigación y "no se inicie una caza de brujas".
Chahuán además anunció "un cambio de marca" respecto de lo que se conoce hasta ahora del logo del Ministerio Público. Se cambiará la frase "Ministerio Público", que estaba en letras grandes por la palabra "Fiscalía" y en letras más pequeñas "Ministerio Público de Chile", lo que ya se puede ver en la página web de la entidad.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=379980 (Emol)
Alertan sobre colapso en tribunales de Talca
La Corte de Apelaciones de Talca planteó preocupación ante la falta de jueces en los Tribunales de Juicio Oral y de Garantía de esta ciudad, carencia que ha causado el retraso de juzgamientos en casi tres años, con la consiguiente vulneración de la Constitución y el Código Penal.
En Talca las audiencias pendientes datan del año 2007. Se han acumulado más de 200 juicios, fijados incluso hasta marzo de 2011, pese a que el artículo 281 del Código Penal establece que no deben trascurrir más de 60 días para iniciar el proceso.
"Mientras no se aumente la dotación de jueces, nosotros estimamos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados", afirmó con preocupación el ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Meins, coordinador de la Unidad de Apoyo a la Reforma Procesal Penal en la Región del Maule.
A la fecha, en la Cárcel de Talca hay más de 150 personas esperando enjuiciamiento.
Según cifras nacionales de la Defensoría Penal Pública, en los juicios orales, casi el 20% de los imputados en prisión preventiva terminan siendo absueltos.
El fiscal regional, Juan Pablo Kinast, criticó que las dotaciones de magistrados no se ajustan a la realidad. El Tribunal Oral de Talca registra 221 ingresos al año y tiene seis jueces, al igual que Curicó y Linares; no obstante que estos juzgados poseen sólo 79 y 98 ingresos anuales. Según Kinast, el retraso de juicios genera desinterés de las víctimas y testigos por prestar declaración que ayude a los procesos.
97juicios orales han sido realizados en lo que va corrido del año.
330causas están proyectadas para diciembre próximo, según cifras del Poder Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/13/nacional/nacional/noticias/FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54.htm?id={FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54} (El Mercurio)
En Talca las audiencias pendientes datan del año 2007. Se han acumulado más de 200 juicios, fijados incluso hasta marzo de 2011, pese a que el artículo 281 del Código Penal establece que no deben trascurrir más de 60 días para iniciar el proceso.
"Mientras no se aumente la dotación de jueces, nosotros estimamos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados", afirmó con preocupación el ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Meins, coordinador de la Unidad de Apoyo a la Reforma Procesal Penal en la Región del Maule.
A la fecha, en la Cárcel de Talca hay más de 150 personas esperando enjuiciamiento.
Según cifras nacionales de la Defensoría Penal Pública, en los juicios orales, casi el 20% de los imputados en prisión preventiva terminan siendo absueltos.
El fiscal regional, Juan Pablo Kinast, criticó que las dotaciones de magistrados no se ajustan a la realidad. El Tribunal Oral de Talca registra 221 ingresos al año y tiene seis jueces, al igual que Curicó y Linares; no obstante que estos juzgados poseen sólo 79 y 98 ingresos anuales. Según Kinast, el retraso de juicios genera desinterés de las víctimas y testigos por prestar declaración que ayude a los procesos.
97juicios orales han sido realizados en lo que va corrido del año.
330causas están proyectadas para diciembre próximo, según cifras del Poder Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/13/nacional/nacional/noticias/FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54.htm?id={FF457424-979A-4876-8365-26F6FBB26E54} (El Mercurio)
lunes, 12 de octubre de 2009
Abogados en la mira de la justicia por estafas o engaños a sus clientes
Son depositarios de la confianza de sus clientes. Les resuelven los problemas legales. Pero, a veces se transforma en un verdadero lío. Con la Reforma Procesal Penal se han hecho visibles los casos de abogados que estafan a sus clientes, y cometen delitos en el ejercicio de su profesión. Son condenados, pero a penas bajas y con amplias posibilidades de seguir ejerciendo.
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)
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