Con un recurso de amparo, dos abogadas pretenden dejar sin efecto la decisión en que el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago ordenó al matrimonio de Marcela Castillo y Eduardo Porter entregar a Matilde, la menor de ocho meses que cuidaron como guardadores, para entregarla a sus padres adoptivos.
El requerimiento -que es a nombre de las profesionales, y no de la citada pareja- se suma a un recurso de protección presentado el viernes pasado por las mismas profesionales en representación del matrimonio, que se niega a entregar a la menor.
Una de las abogadas, Porzia Sprovera, explicó que solicitan que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem; es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el requerimiento se plantea, aludiendo a Matilde, que "el pretender separarla de quien es su figura materna, sin ni siquiera escucharla, importa pasar por encima de los derechos a la libertad, no considerándola una persona, sino más bien un objeto que pasa de mano en mano".
Por esto, afirman que la medida del tribunal de familia amenaza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, e incluyen una orden de no innovar, pidiendo que ésta se suspenda de inmediato
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/_portada/noticias/853DE9FD-
C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F.htm?id={853DE9FD-C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F} (El Mercurio)
martes, 20 de octubre de 2009
Fallos en contra consideran que beneficios se extinguieron por traspaso de docentes
Desde 1994 datan los primeros casos en los que la Corte Suprema falló sobre la deuda histórica.
Así lo constató el informe de la comisión especial de Deudas Históricas de la Cámara de Diputados que durante seis meses recabó información sobre la materia y propuso una compensación económica para los docentes. Posteriormente, esta iniciativa fue presentada ante la Sala y finalmente se aprobó por unanimidad.
En la mayoría de los casos se trata de profesores que fueron traspasados en 1981 desde el "Estado Docente" -donde el Estado brindaba la educación pública y los profesores se regían por el Estatuto Administrativo- a municipalidades o corporaciones sin fines de lucro.
Casos
En 1980 se dictó un decreto que establecía una "asignación especial no imponible" para los profesores, que podía ascender incluso al 90% de los sueldos de los docentes. Según el texto, la idea era "solucionar los detrimentos económicos que habían sufrido los profesores". Pero el pago nunca llegó.
El primer fallo registrado fue un rechazo a la demanda de profesores contra la Corporación Municipal de Renca en 1994. El argumento principal para negar el recurso fue que tuvieron presente el artículo 15 de la Ley N°18.196, "en el sentido que al personal traspasado desde el sector público al municipal, le serán aplicables las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado, y que no le serán aplicables las normas de la legislación actual o futura que rijan las remuneraciones del sector público". La misma resolución precisa que restablecer el beneficio "del que fueron privados por ley", sería "claramente improcedente y francamente inconstitucional".
Un argumento similar es esgrimido por el dictamen que rechaza el recurso de los profesores contra la Munipalidad de Chanco (1994); docentes contra la Municipalidad de Los Vilos (1997); contra la Municipalidad de Antuco (1997); y contra el municipio de La Cisterna (2001).
Otro planteamiento que utilizó la Corte Suprema para negar el pago es que la deuda ya está prescrita. En el fallo de los profesores contra la Municipalidad de Constitución (1997) se acogió la prescripción de la acción.
No obstante, hubo casos, aunque menores, que fueron acogidos, como el de los profesores contra la Corporación Municipal de Antofagasta (1994).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/nacional/noticias/E4A4F13B-B6C7-
4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF.htm?id={E4A4F13B-B6C7-4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF} (El Mercurio)
Así lo constató el informe de la comisión especial de Deudas Históricas de la Cámara de Diputados que durante seis meses recabó información sobre la materia y propuso una compensación económica para los docentes. Posteriormente, esta iniciativa fue presentada ante la Sala y finalmente se aprobó por unanimidad.
En la mayoría de los casos se trata de profesores que fueron traspasados en 1981 desde el "Estado Docente" -donde el Estado brindaba la educación pública y los profesores se regían por el Estatuto Administrativo- a municipalidades o corporaciones sin fines de lucro.
Casos
En 1980 se dictó un decreto que establecía una "asignación especial no imponible" para los profesores, que podía ascender incluso al 90% de los sueldos de los docentes. Según el texto, la idea era "solucionar los detrimentos económicos que habían sufrido los profesores". Pero el pago nunca llegó.
El primer fallo registrado fue un rechazo a la demanda de profesores contra la Corporación Municipal de Renca en 1994. El argumento principal para negar el recurso fue que tuvieron presente el artículo 15 de la Ley N°18.196, "en el sentido que al personal traspasado desde el sector público al municipal, le serán aplicables las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado, y que no le serán aplicables las normas de la legislación actual o futura que rijan las remuneraciones del sector público". La misma resolución precisa que restablecer el beneficio "del que fueron privados por ley", sería "claramente improcedente y francamente inconstitucional".
Un argumento similar es esgrimido por el dictamen que rechaza el recurso de los profesores contra la Munipalidad de Chanco (1994); docentes contra la Municipalidad de Los Vilos (1997); contra la Municipalidad de Antuco (1997); y contra el municipio de La Cisterna (2001).
Otro planteamiento que utilizó la Corte Suprema para negar el pago es que la deuda ya está prescrita. En el fallo de los profesores contra la Municipalidad de Constitución (1997) se acogió la prescripción de la acción.
No obstante, hubo casos, aunque menores, que fueron acogidos, como el de los profesores contra la Corporación Municipal de Antofagasta (1994).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/nacional/noticias/E4A4F13B-B6C7-
4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF.htm?id={E4A4F13B-B6C7-4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF} (El Mercurio)
No es prioridad cambiar la Ley Antiterrorista
Siempre revisamos la legislación que debemos aplicar y siempre hay análisis de distintos aspectos", respondió ayer el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, respecto a posibles cambios o mejoras a la Ley Antiterrorista.
Pero, descartó que La Moneda esté pensando en presentar una propuesta que modifique la actual legislación. "No es prioridad del Gobierno, no hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley para modificar la Ley Antiterrorista", afirmó.
Reconoció que hay peticiones de distintos tipos para introducir cambios, incluso de organismos internacionales, pero por ahora la ley seguirá como está.
El subsecretario Rosende explicó que al comparar el precepto legal chileno con otras de origen europeo, como España, Alemania o Inglaterra, "esas son leyes mucho más duras que la nuestra".
Pero, avanzar en algún innovación "está lejos de las prioridades que nosotros tenemos como Gobierno en los próximos cuatro meses".
Respecto de la tensión que se vive en Ercilla por la formalización de cuatro activistas mapuches, el subsecretario afirmó que esperan que la cordura y la calma se restablezcan porque "estamos en presencia de la acción del Ministerio Público y de los tribunales de Garantía".
La acusación formal que pesa contra los supuestos involucrados en actos de violencia "debe investigarse y adoptarse las resoluciones que corresponda", advirtió la autoridad."No hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley".
Pero, descartó que La Moneda esté pensando en presentar una propuesta que modifique la actual legislación. "No es prioridad del Gobierno, no hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley para modificar la Ley Antiterrorista", afirmó.
Reconoció que hay peticiones de distintos tipos para introducir cambios, incluso de organismos internacionales, pero por ahora la ley seguirá como está.
El subsecretario Rosende explicó que al comparar el precepto legal chileno con otras de origen europeo, como España, Alemania o Inglaterra, "esas son leyes mucho más duras que la nuestra".
Pero, avanzar en algún innovación "está lejos de las prioridades que nosotros tenemos como Gobierno en los próximos cuatro meses".
Respecto de la tensión que se vive en Ercilla por la formalización de cuatro activistas mapuches, el subsecretario afirmó que esperan que la cordura y la calma se restablezcan porque "estamos en presencia de la acción del Ministerio Público y de los tribunales de Garantía".
La acusación formal que pesa contra los supuestos involucrados en actos de violencia "debe investigarse y adoptarse las resoluciones que corresponda", advirtió la autoridad."No hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley".
lunes, 19 de octubre de 2009
Ley obligará a remodelar 5 mil ascensores en Santiago en los próximos 12 meses
Largos tiempos de espera, paradas en pisos equivocados y peligro de quedar atascados en cualquier momento en los elevadores es lo que viven a diario los vecinos de las Torres Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia. En este edificio, que data de 1970, sus instalaciones ya están obsoletas, en una situación que no sólo es molesta para los vecinos, sino también insegura.
Es una realidad que, según las principales empresas de ascensores del país, se repite en cerca de 5 mil elevadores sólo en la Región Metropolitana. La mayoría de ellos son antiguos y necesitan remodelarse con urgencia antes de que comience a operar la nueva Ley de Instalación, Mantención e Inspección de Ascensores, que regirá para edificios residenciales y públicos.
Es un tema de importancia si se considera que del total de viviendas que se construyen actualmente, el 70% son edificaciones en altura. Además, se calcula que en el país hay cerca de 100 mil inmuebles con ascensores.
Si bien la norma fue promulgada en octubre del año pasado, recién comenzará a operar en 2010. Desde esa fecha funcionarán empresas certificadoras que entregarán un sello a los edificios con la lectura "Instalación operativa" o "Instalación no operativa", tal como ocurre con los sellos verdes, rojos y amarillos de las instalaciones de gas.
Los municipios deberán crear un registro con la situación de cada edificio de su comuna, y en los casos de aquellos que no pasen la prueba se notificará al Juzgado de Policía Local y se cobrarán multas que pueden llegar a las 150 unidades de fomento (más de $3,1 millones).
Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica: "La certificación se renovará cada dos años;, sin embargo, a los edificios construidos antes de la entrada en vigencia de la ley se les exigirá una certificación inicial antes de un año".
La nueva ley viene a llenar un vacío legal, pues hasta el momento no hay fiscalización externa de la calidad de los ascensores, y realizar las mantenciones -que deben hacerse mensualmente-- queda a criterio de los dueños de los edificios.
El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre, explicó: "Son los propietarios o copropietarios los responsables de la mantención y certificación de los ascensores, por lo que las multas irán dirigidas a ellos directamente".
Qué dicen los afectados
PAOLA CARRASCO
Vive en la Torre 31 de Carlos Antúnez en Providencia y dice que subir a su ascensor es una odisea. "Puedes pasar fácilmente 15 minutos esperando el ascensor y cuando te subes nunca sabes dónde va a parar. Yo me bajo en cualquier piso y de ahí uso las escaleras. Tenemos miedo porque ya se han quedado atascados y podría ocurrir un accidente fatal"
PATRICIA ANDERSON
Es la administradora de una de las Torres de Carlos Antúnez y está consciente del problema de los elevadores. "Estos edificios van a cumplir 40 años y ya ni siquiera encontramos los repuestos para remodelarlos. Para cumplir con la nueva ley vamos a tener que invertir casi $ 95 millones para cubrir los cuatro ascensores que tenemos".
SANDRA RIDD
Vive en las Torres San Borja, en la comuna de Santiago, y asegura que siempre tiene problemas con al menos uno de los dos ascensores disponibles en su edificio. "Hace poco vinieron a arreglar uno, pero no va a pasar mucho tiempo y el otro se va a echar a perder. Siempre pasa lo mismo. Ya ha pasado que gente se ha quedado atrapada en los ascensores y han tenido que rescatarla. Yo no sé si aquí se hacen las mantenciones, pero están incluidas en nuestros gastos comunes".
El caso del accidente en el Palacio Riesco
En la Fiscalía Centro Norte se reactivó hace unos meses la indagatoria por la muerte de la estudiante Priscila Guzmán Valdés (24), quien quedó atrapada al interior de un montacargas en el Palacio Riesco. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2006, cuando la joven trabajaba como garzona durante un matrimonio que se celebraba en el lugar. Desde aquella fecha, la investigación penal no ha tenido resultados, pese a que un sumario sanitario estableció que la muerte se produjo por "grave inobservancia de las normas de seguridad". La joven murió por asfixia, al quedar atrapada entre los fierros laterales. De hecho, fueron multadas la empresa dueña del palacio y la empresa banquetera que contrató a la estudiante de parvularia. Esto se debe a que el montacargas no tenía acrílicos laterales ni condiciones mínimas de seguridad, lo que no fue advertido por los responsables.
En julio pasado, el abogado de la familia Guzmán, José Luis Andrés, solicitó a la fiscalía que formalice la investigación por cuasidelito de homicidio, después de tres años. Esto, en contra de las dos personas encargadas del recinto. La decisión podría ser determinada en los próximos días por el fiscal Patricio Cooper.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/19/nacional/nacional/noticias/0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB.htm?id={0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB} (El Mercurio)
Es una realidad que, según las principales empresas de ascensores del país, se repite en cerca de 5 mil elevadores sólo en la Región Metropolitana. La mayoría de ellos son antiguos y necesitan remodelarse con urgencia antes de que comience a operar la nueva Ley de Instalación, Mantención e Inspección de Ascensores, que regirá para edificios residenciales y públicos.
Es un tema de importancia si se considera que del total de viviendas que se construyen actualmente, el 70% son edificaciones en altura. Además, se calcula que en el país hay cerca de 100 mil inmuebles con ascensores.
Si bien la norma fue promulgada en octubre del año pasado, recién comenzará a operar en 2010. Desde esa fecha funcionarán empresas certificadoras que entregarán un sello a los edificios con la lectura "Instalación operativa" o "Instalación no operativa", tal como ocurre con los sellos verdes, rojos y amarillos de las instalaciones de gas.
Los municipios deberán crear un registro con la situación de cada edificio de su comuna, y en los casos de aquellos que no pasen la prueba se notificará al Juzgado de Policía Local y se cobrarán multas que pueden llegar a las 150 unidades de fomento (más de $3,1 millones).
Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica: "La certificación se renovará cada dos años;, sin embargo, a los edificios construidos antes de la entrada en vigencia de la ley se les exigirá una certificación inicial antes de un año".
La nueva ley viene a llenar un vacío legal, pues hasta el momento no hay fiscalización externa de la calidad de los ascensores, y realizar las mantenciones -que deben hacerse mensualmente-- queda a criterio de los dueños de los edificios.
El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre, explicó: "Son los propietarios o copropietarios los responsables de la mantención y certificación de los ascensores, por lo que las multas irán dirigidas a ellos directamente".
Qué dicen los afectados
PAOLA CARRASCO
Vive en la Torre 31 de Carlos Antúnez en Providencia y dice que subir a su ascensor es una odisea. "Puedes pasar fácilmente 15 minutos esperando el ascensor y cuando te subes nunca sabes dónde va a parar. Yo me bajo en cualquier piso y de ahí uso las escaleras. Tenemos miedo porque ya se han quedado atascados y podría ocurrir un accidente fatal"
PATRICIA ANDERSON
Es la administradora de una de las Torres de Carlos Antúnez y está consciente del problema de los elevadores. "Estos edificios van a cumplir 40 años y ya ni siquiera encontramos los repuestos para remodelarlos. Para cumplir con la nueva ley vamos a tener que invertir casi $ 95 millones para cubrir los cuatro ascensores que tenemos".
SANDRA RIDD
Vive en las Torres San Borja, en la comuna de Santiago, y asegura que siempre tiene problemas con al menos uno de los dos ascensores disponibles en su edificio. "Hace poco vinieron a arreglar uno, pero no va a pasar mucho tiempo y el otro se va a echar a perder. Siempre pasa lo mismo. Ya ha pasado que gente se ha quedado atrapada en los ascensores y han tenido que rescatarla. Yo no sé si aquí se hacen las mantenciones, pero están incluidas en nuestros gastos comunes".
El caso del accidente en el Palacio Riesco
En la Fiscalía Centro Norte se reactivó hace unos meses la indagatoria por la muerte de la estudiante Priscila Guzmán Valdés (24), quien quedó atrapada al interior de un montacargas en el Palacio Riesco. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2006, cuando la joven trabajaba como garzona durante un matrimonio que se celebraba en el lugar. Desde aquella fecha, la investigación penal no ha tenido resultados, pese a que un sumario sanitario estableció que la muerte se produjo por "grave inobservancia de las normas de seguridad". La joven murió por asfixia, al quedar atrapada entre los fierros laterales. De hecho, fueron multadas la empresa dueña del palacio y la empresa banquetera que contrató a la estudiante de parvularia. Esto se debe a que el montacargas no tenía acrílicos laterales ni condiciones mínimas de seguridad, lo que no fue advertido por los responsables.
En julio pasado, el abogado de la familia Guzmán, José Luis Andrés, solicitó a la fiscalía que formalice la investigación por cuasidelito de homicidio, después de tres años. Esto, en contra de las dos personas encargadas del recinto. La decisión podría ser determinada en los próximos días por el fiscal Patricio Cooper.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/19/nacional/nacional/noticias/0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB.htm?id={0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB} (El Mercurio)
Se triplica ingreso de traficantes bolivianos con ovoides de droga por el aeropuerto internacional
Entre enero y agosto pasado, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió a 51 traficantes con ovoides con cocaína de alta pureza en su cuerpo, en los vuelos que aterrizaron en el aeropuerto internacional de Santiago.
Se trata de un incremento de 183% en la detención de los llamados "correos humanos". En el mismo período del año pasado se habían registrado 18 casos.
El "perfil" de los traficantes es similar en más del 80% de los detenidos: son ciudadanos bolivianos, en su mayoría de Cochabamba, descubiertos con una cantidad cercana a las 100 cápsulas con droga.
El fiscal jefe de la comuna de Pudahuel, Emiliano Arias, quien pesquisa los delitos en el terminal desde 2006, afirmó: "Nos hemos percatado de un aumento bastante explosivo en los 'correos humanos' de esa nacionalidad, que traen droga en su propio cuerpo".
Explicó, además, que "esta es la modalidad que ha crecido, las otras se han mantenido en los niveles normales. Dicha alza se hizo notoria en julio último, cuando hubo 17 detenidos".
A juicio del fiscal Arias, en el incremento de los ingresos de los microtraficantes inciden dos factores objetivos que se presentan, y la lógica indica que estarían asociados.
El fiscal Arias argumenta: "La Organización de las Naciones Unidas reconoció que el gobierno de Colombia dio cuenta de una disminución en la producción (de droga) y que, por el contrario, han aumentado las plantaciones de coca en Bolivia. Es un hecho objetivo que revela la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes".
Agrega: "En el año también se produce la salida de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) desde Bolivia, que es un hecho público y notorio. Esos dos hechos objetivos es lógico vincularlos con un aumento de 'co-rreos humanos' de droga en ovoides; es como sumar dos más dos", asegura Arias.
Tras detectar el incremento en este tipo de tráfico, la Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación y ofició a los detectives de la Brigada Antinarcóticos en el aeropuerto para establecer un plan de contingencia tendiente a ampliar la fiscalización en los vuelos provenientes desde países productores de droga y las ciudades chilenas que comparten sus fronteras con ellos.
"Estamos verificando factores comunes del origen de la droga, de determinados pueblos en Bolivia y los destinos en Chile", señaló Arias.
El comisario Leandro Morales, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, sostuvo que inmediatamente fortalecieron el control en personas con un "perfil de riesgo".
Planteó que "se detectó que los detenidos tenían características en común: provenían de ciertos lugares, una edad entre 25 y 30 años y poseían una condición económica muy baja".
"Éstos, además, se ven ansiosos, pues saben que portan droga en su cuerpo y pueden morir. Ellos demoran unas 12 horas en tragar unas 100 cápsulas y no pueden ingerir alimentos, sólo líquidos; entonces, manifiestan un estado especial. Incluso, tienen un olor peculiar", concluyó Morales.
142 kilosde cocaína han sido incautados en el terminal aéreo este año.
"Plantaciones de coca están al doble de lo que permite la ley"
Desde Cochabamba, el cientista político José Luis Scotto afirma que "las hectáreas de plantaciones de coca, según informaciones recientes, han crecido, y se calcula que están en más de 40 mil". Explica que "la ley vigente desde hace ya casi 20 años señala que (las plantaciones) no pueden superar las 12 mil hectáreas. De acuerdo con distintos estudios, esto se podría flexibilizar hasta 18 mil o 20 mil hectáreas. Pero ya estamos al doble, en un 220% más de lo que debe haber de coca cultivada permitida".
Según Scotto, la expulsión de la Oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha permitido el ingreso de "carteles de México y Colombia en Bolivia. Es más, ya no hay tantos 'pisacocas' (método artesanal para elaborar cocaína); se hace todo el procedimiento tecnificado y sofisticado".
El analista sostiene que las organizaciones narco "ahora usan containers en que montan fábricas (laboratorios) en medio de la nada, con la tecnología más avanzada. Todo esto es mexicano o colombiano. Esto no era algo típico en el país, siempre fue más rústica y elemental la forma de procesar la coca".
Consultado sobre si la salida de la DEA ha incidido en el incremento de las redes de tráfico, Scotto responde que "hay una relación directa. Por ejemplo, en Tarija, que no es un departamento productor (de coca), en un año se descubrieron unos 14 laboratorios. Antes, si se detectaron dos o tres era mucho, en un espacio temporal diez veces más grande. Su retiro ha permitido un crecimiento del cultivo, el acopio y el narcotráfico".
Scotto sostiene que "hay una sobreproducción que supera el consumo tradicional, que se utiliza para mates de coca, champús y otros productos procesados transparentes".
"El gobierno dio a conocer que, faltando dos meses para el término del año, había alcanzado la meta de erradicación de 5.500 hectáreas. El problema es que erradican 6 mil hectáreas y, por el otro lado, hay 20 mil más en lugares donde nunca había eso", concluye Scotto.
Se trata de un incremento de 183% en la detención de los llamados "correos humanos". En el mismo período del año pasado se habían registrado 18 casos.
El "perfil" de los traficantes es similar en más del 80% de los detenidos: son ciudadanos bolivianos, en su mayoría de Cochabamba, descubiertos con una cantidad cercana a las 100 cápsulas con droga.
El fiscal jefe de la comuna de Pudahuel, Emiliano Arias, quien pesquisa los delitos en el terminal desde 2006, afirmó: "Nos hemos percatado de un aumento bastante explosivo en los 'correos humanos' de esa nacionalidad, que traen droga en su propio cuerpo".
Explicó, además, que "esta es la modalidad que ha crecido, las otras se han mantenido en los niveles normales. Dicha alza se hizo notoria en julio último, cuando hubo 17 detenidos".
A juicio del fiscal Arias, en el incremento de los ingresos de los microtraficantes inciden dos factores objetivos que se presentan, y la lógica indica que estarían asociados.
El fiscal Arias argumenta: "La Organización de las Naciones Unidas reconoció que el gobierno de Colombia dio cuenta de una disminución en la producción (de droga) y que, por el contrario, han aumentado las plantaciones de coca en Bolivia. Es un hecho objetivo que revela la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes".
Agrega: "En el año también se produce la salida de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) desde Bolivia, que es un hecho público y notorio. Esos dos hechos objetivos es lógico vincularlos con un aumento de 'co-rreos humanos' de droga en ovoides; es como sumar dos más dos", asegura Arias.
Tras detectar el incremento en este tipo de tráfico, la Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación y ofició a los detectives de la Brigada Antinarcóticos en el aeropuerto para establecer un plan de contingencia tendiente a ampliar la fiscalización en los vuelos provenientes desde países productores de droga y las ciudades chilenas que comparten sus fronteras con ellos.
"Estamos verificando factores comunes del origen de la droga, de determinados pueblos en Bolivia y los destinos en Chile", señaló Arias.
El comisario Leandro Morales, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, sostuvo que inmediatamente fortalecieron el control en personas con un "perfil de riesgo".
Planteó que "se detectó que los detenidos tenían características en común: provenían de ciertos lugares, una edad entre 25 y 30 años y poseían una condición económica muy baja".
"Éstos, además, se ven ansiosos, pues saben que portan droga en su cuerpo y pueden morir. Ellos demoran unas 12 horas en tragar unas 100 cápsulas y no pueden ingerir alimentos, sólo líquidos; entonces, manifiestan un estado especial. Incluso, tienen un olor peculiar", concluyó Morales.
142 kilosde cocaína han sido incautados en el terminal aéreo este año.
"Plantaciones de coca están al doble de lo que permite la ley"
Desde Cochabamba, el cientista político José Luis Scotto afirma que "las hectáreas de plantaciones de coca, según informaciones recientes, han crecido, y se calcula que están en más de 40 mil". Explica que "la ley vigente desde hace ya casi 20 años señala que (las plantaciones) no pueden superar las 12 mil hectáreas. De acuerdo con distintos estudios, esto se podría flexibilizar hasta 18 mil o 20 mil hectáreas. Pero ya estamos al doble, en un 220% más de lo que debe haber de coca cultivada permitida".
Según Scotto, la expulsión de la Oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha permitido el ingreso de "carteles de México y Colombia en Bolivia. Es más, ya no hay tantos 'pisacocas' (método artesanal para elaborar cocaína); se hace todo el procedimiento tecnificado y sofisticado".
El analista sostiene que las organizaciones narco "ahora usan containers en que montan fábricas (laboratorios) en medio de la nada, con la tecnología más avanzada. Todo esto es mexicano o colombiano. Esto no era algo típico en el país, siempre fue más rústica y elemental la forma de procesar la coca".
Consultado sobre si la salida de la DEA ha incidido en el incremento de las redes de tráfico, Scotto responde que "hay una relación directa. Por ejemplo, en Tarija, que no es un departamento productor (de coca), en un año se descubrieron unos 14 laboratorios. Antes, si se detectaron dos o tres era mucho, en un espacio temporal diez veces más grande. Su retiro ha permitido un crecimiento del cultivo, el acopio y el narcotráfico".
Scotto sostiene que "hay una sobreproducción que supera el consumo tradicional, que se utiliza para mates de coca, champús y otros productos procesados transparentes".
"El gobierno dio a conocer que, faltando dos meses para el término del año, había alcanzado la meta de erradicación de 5.500 hectáreas. El problema es que erradican 6 mil hectáreas y, por el otro lado, hay 20 mil más en lugares donde nunca había eso", concluye Scotto.
Presentan recurso de amparo para que guardadores no entreguen bebé
Domingo 18 de Octubre de 2009
Esta mañana un grupo de abogados presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de la pequeña Matilde, de ocho meses, cuyos guardadores se niegan a entregarla a la Fundación Chilena de la Adopción.
El matrimonio integrado por Marcela Castillo y Eduardo Porter se rehúsa a ceder a la menor, con la que se encariñaron, pese a que una resolución del Cuarto Tribunal de Familia los obliga a entregarla a sus padres adoptivos.
Los abogados -que presentaron la acción judicial actuaron por iniciativa propia y no a nombre de los guardadores- plantearon la necesidad de que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem, es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el recurso se solicita también una orden de no innovar, que paralice de inmediato la orden del Cuarto Juzgado de Familia y se plantea que, al haber estado seis meses con los guardadores, la menor ha desarrollado vínculos de apego, por lo que se vería perjudicada con la separación.
El viernes pasado, los mismos abogados presentaron un recurso de protección en representación de los guardadores de la menor, planteando que estaba en riesgo su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
Ambos requerimientos deberían ser vistos en los próximos días por la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá si los acoge o no a trámite.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=380808 (Emol)
Esta mañana un grupo de abogados presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de la pequeña Matilde, de ocho meses, cuyos guardadores se niegan a entregarla a la Fundación Chilena de la Adopción.
El matrimonio integrado por Marcela Castillo y Eduardo Porter se rehúsa a ceder a la menor, con la que se encariñaron, pese a que una resolución del Cuarto Tribunal de Familia los obliga a entregarla a sus padres adoptivos.
Los abogados -que presentaron la acción judicial actuaron por iniciativa propia y no a nombre de los guardadores- plantearon la necesidad de que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem, es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el recurso se solicita también una orden de no innovar, que paralice de inmediato la orden del Cuarto Juzgado de Familia y se plantea que, al haber estado seis meses con los guardadores, la menor ha desarrollado vínculos de apego, por lo que se vería perjudicada con la separación.
El viernes pasado, los mismos abogados presentaron un recurso de protección en representación de los guardadores de la menor, planteando que estaba en riesgo su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
Ambos requerimientos deberían ser vistos en los próximos días por la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá si los acoge o no a trámite.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=380808 (Emol)
Sábado 17 de Octubre 2009
El 5 de marzo pasado, Carlos Rafael Felip Imperatore viajó de Canadá a nuestro país para sentarse a declarar en contra de su ex pareja, María del Pilar Pérez. La misma que, según su testimonio, lo mandó a matar con un presunto sicario llamado William Martínez.
Este episodio, ocurrido hace siete años, era una prueba de contexto de los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo que no podrá ser incluida en el juicio oral en contra de la mujer y José Ruz Rodríguez, por los crímenes de Providencia.
Y es que el juez Daniel Aravena acogió la petición de Gonzalo Castro y Bárbara Antivero, abogados de Ruz, de excluir este testimonio, que fue presentado en una audiencia pública por Felip.
¿La razón?, es un hecho ajeno a los crímenes de Diego Schmidt-Hebbel y del ex marido de Pérez López, Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo. El testimonio de Martínez también fue desechado. La fiscalía apelará de esta decisión, una vez que termine la preparación del juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/nacional/noticias/CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3.htm?id={CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3} (El Mercurio)
El 5 de marzo pasado, Carlos Rafael Felip Imperatore viajó de Canadá a nuestro país para sentarse a declarar en contra de su ex pareja, María del Pilar Pérez. La misma que, según su testimonio, lo mandó a matar con un presunto sicario llamado William Martínez.
Este episodio, ocurrido hace siete años, era una prueba de contexto de los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo que no podrá ser incluida en el juicio oral en contra de la mujer y José Ruz Rodríguez, por los crímenes de Providencia.
Y es que el juez Daniel Aravena acogió la petición de Gonzalo Castro y Bárbara Antivero, abogados de Ruz, de excluir este testimonio, que fue presentado en una audiencia pública por Felip.
¿La razón?, es un hecho ajeno a los crímenes de Diego Schmidt-Hebbel y del ex marido de Pérez López, Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo. El testimonio de Martínez también fue desechado. La fiscalía apelará de esta decisión, una vez que termine la preparación del juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/nacional/noticias/CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3.htm?id={CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3} (El Mercurio)
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