Lunes 22 de Marzo de 2010
Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)
lunes, 22 de marzo de 2010
Dictamen aclara límites de despidos por "fuerza mayor"
Con el fin de aclarar los alcances de la causal de término de contrato de trabajo "por caso fortuito o fuerza mayor" -que ha sido utilizada con mayor frecuencia en las últimas semanas, según reconoce la autoridad-, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que establece los límites y los requisitos para su aplicación.
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.
Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.
Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)
sábado, 21 de noviembre de 2009
Suprema pide juzgado para Alto Hospicio
La preocupación del máximo tribunal del país por el "gran menoscabo" en el acceso a la justicia que sufren los habitantes de la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, planteó ayer el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien cuestionó que dicha localidad de 85 mil habitantes no cuenta "siquiera con un juez de policía local".
"Es una comuna que necesita de tribunales de justicia", afirmó el magistrado, a quien como visitador de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique le correspondió palpar en terreno la problemática situación de Alto Hospicio.
Juica recordó que esta es la tercera vez que plantean su inquietud por esta situación al Ministerio de Justicia.
"Alto Hospicio merece un tribunal, con un número suficiente de jueces, porque a veces se cree que con un juez se soluciona el tema", apuntó.
El ministro destacó además que Alto Hospicio representa cerca del 30% del movimiento jurisdiccional de Iquique y que "gente que es de escasos recursos, tiene que gastar en movilización para ir a tribunales (sobre todo en materias penales y de familia). Y muchas veces la gente no va, porque no puede costear el pasaje o la estadía en Iquique". Agregó que "hemos reiterado la necesidad urgente de solucionar el tema".
Durante su visita, el vocero se reunió con la alcaldesa de Iquique y el intendente de Tarapacá, quienes le transmitieron la preocupación por la falta de tribunales y cómo esto afecta a la ciudadanía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54.htm?id={C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54} (El Mercurio)
"Es una comuna que necesita de tribunales de justicia", afirmó el magistrado, a quien como visitador de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique le correspondió palpar en terreno la problemática situación de Alto Hospicio.
Juica recordó que esta es la tercera vez que plantean su inquietud por esta situación al Ministerio de Justicia.
"Alto Hospicio merece un tribunal, con un número suficiente de jueces, porque a veces se cree que con un juez se soluciona el tema", apuntó.
El ministro destacó además que Alto Hospicio representa cerca del 30% del movimiento jurisdiccional de Iquique y que "gente que es de escasos recursos, tiene que gastar en movilización para ir a tribunales (sobre todo en materias penales y de familia). Y muchas veces la gente no va, porque no puede costear el pasaje o la estadía en Iquique". Agregó que "hemos reiterado la necesidad urgente de solucionar el tema".
Durante su visita, el vocero se reunió con la alcaldesa de Iquique y el intendente de Tarapacá, quienes le transmitieron la preocupación por la falta de tribunales y cómo esto afecta a la ciudadanía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54.htm?id={C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54} (El Mercurio)
Desde ayer rige ley que elimina el cheque en garantía
Ayer fue publicada en el Diario Oficial la ley que prohíbe el cheque en garantía a todos los prestadores de salud, tanto hospitales públicos como centros de salud privados.
Con esto comienza a regir la nueva normativa, que contempla multas de entre 10 y 1.000 unidades tributarias mensuales (entre $360 mil y $36 millones, aproximadamente) a aquellos centros que condicionen la atención de salud a sus pacientes al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
La ley, en todo caso, permite a los prestadores la posibilidad de "garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, letras de cambio o pagarés".
Es decir, la ley amplía los métodos que tienen los pacientes para garantizar el pago, y establece por primera vez dentro de la legislación chilena el derecho de los prestadores de salud de pedir dicha garantía, por lo que la eliminación del cheque en garantía sólo entrega un espectro más amplio de opciones para los usuarios.
De hecho, la nueva legislación también permite a los pacientes entregar voluntariamente dinero en efectivo o un cheque.
En las atenciones de urgencia, en tanto, se impide la solicitud de cualquier documento, según la ley de urgencia.
$36millones es la multa máxima que podrá aplicar la Superintendencia de Salud, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED.htm?id={E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED} (El Mercurio)
Con esto comienza a regir la nueva normativa, que contempla multas de entre 10 y 1.000 unidades tributarias mensuales (entre $360 mil y $36 millones, aproximadamente) a aquellos centros que condicionen la atención de salud a sus pacientes al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
La ley, en todo caso, permite a los prestadores la posibilidad de "garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, letras de cambio o pagarés".
Es decir, la ley amplía los métodos que tienen los pacientes para garantizar el pago, y establece por primera vez dentro de la legislación chilena el derecho de los prestadores de salud de pedir dicha garantía, por lo que la eliminación del cheque en garantía sólo entrega un espectro más amplio de opciones para los usuarios.
De hecho, la nueva legislación también permite a los pacientes entregar voluntariamente dinero en efectivo o un cheque.
En las atenciones de urgencia, en tanto, se impide la solicitud de cualquier documento, según la ley de urgencia.
$36millones es la multa máxima que podrá aplicar la Superintendencia de Salud, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED.htm?id={E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED} (El Mercurio)
Corte Suprema llama a la "cordura" tras polémico correo
Un llamado a la "cordura" hizo el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, por la polémica generada entre jueces de garantía luego que la Fiscalía Oriente presentara una queja disciplinaria y recurriera al Tribunal Constitucional para evitar que uno de sus fiscales declarara como testigo en juicio oral de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz, por los crímenes de Providencia, y fuera inhabilitado en la causa.
Juica reconoció que "desde el punto de vista jurisdiccional no nos han parecido bien las actuaciones de algunos jueces de reprochar las decisiones de otras autoridades que no pertenecen al Poder Judicial", aludiendo al correo electrónico enviado por el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, en el que calificó de "matonaje" las actuaciones de la Fiscalía Oriente.
"En realidad, han tomado opinión no los que son verdaderamente interesados en el tema; salieron apoderados que han provocado este conflicto jurídico respecto de la procedencia de una determinada prueba. No nos gusta que los jueces defiendan, ataquen, critiquen sus resoluciones porque para eso están los mecanismos legales pertinentes. Hay que poner cordura en estas cosas", sostuvo.
Agregó que a la Suprema "le interesa tener el mayor diálogo y cordialidad con otros estamentos que están relacionados con el sistema procesal penal y que los jueces deben adoptar la conducta de concretar el tema a la cuestión puramente jurídica". Chahuán respeta postura de fiscalía y elogia a juez
Por primera vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la polémica entre la Fiscalía Oriente y jueces de garantía. "Es un tema procesal, de opinión jurídica y debemos centrarlo ahí. Hay una posición clara de la fiscalía. Y si no es compartida por los tribunales, tendremos que atenernos a ello. Yo creo que debe ser respetada la posición jurídica de la fiscalía, pero ir más allá me parece que es una exageración". Respecto del correo del magistrado Eduardo Gallardo, afirmó "que como él mismo lo dice, fue una imprudencia, una equivocación", pero insistió en que "es un juez destacado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/_portada/noticias/B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87.htm?id={B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87} (El Mercurio)
Juica reconoció que "desde el punto de vista jurisdiccional no nos han parecido bien las actuaciones de algunos jueces de reprochar las decisiones de otras autoridades que no pertenecen al Poder Judicial", aludiendo al correo electrónico enviado por el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, en el que calificó de "matonaje" las actuaciones de la Fiscalía Oriente.
"En realidad, han tomado opinión no los que son verdaderamente interesados en el tema; salieron apoderados que han provocado este conflicto jurídico respecto de la procedencia de una determinada prueba. No nos gusta que los jueces defiendan, ataquen, critiquen sus resoluciones porque para eso están los mecanismos legales pertinentes. Hay que poner cordura en estas cosas", sostuvo.
Agregó que a la Suprema "le interesa tener el mayor diálogo y cordialidad con otros estamentos que están relacionados con el sistema procesal penal y que los jueces deben adoptar la conducta de concretar el tema a la cuestión puramente jurídica". Chahuán respeta postura de fiscalía y elogia a juez
Por primera vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la polémica entre la Fiscalía Oriente y jueces de garantía. "Es un tema procesal, de opinión jurídica y debemos centrarlo ahí. Hay una posición clara de la fiscalía. Y si no es compartida por los tribunales, tendremos que atenernos a ello. Yo creo que debe ser respetada la posición jurídica de la fiscalía, pero ir más allá me parece que es una exageración". Respecto del correo del magistrado Eduardo Gallardo, afirmó "que como él mismo lo dice, fue una imprudencia, una equivocación", pero insistió en que "es un juez destacado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/_portada/noticias/B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87.htm?id={B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87} (El Mercurio)
Juez reconoció "imprudencia" por el correo contra Fiscalía Oriente
Viernes 20 de Noviembre de 2009
En un informe de dos páginas, el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, reconoció que incurrió "en una imprudencia" y que usó "términos impropios" en el polémico correo enviado a sus pares en el que califica de "matonaje" las últimas actuaciones de la Fiscalía Oriente.
En el documento -que envió al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm- escribió que se trató de "una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas, en especial considerando que la publicación referida, de una u otra manera, podría haber afectado la imagen de nuestra judicatura".
El polémico correo fue enviado por Gallardo luego de conocer la decisión del jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz, por los crímenes de Providencia.
El juez Gallardo sostiene que el mail fue enviado "en el marco de la profunda incomodidad y molestia motivadas por la situación puntual que un colega se encontraba enfrentando, a propósito de la queja disciplinaria interpuesta en su contra (Aravena)", aunque admitió que "no pretendo en caso alguno justificar mi proceder, que reconozco inadecuado".
El magistrado explicó que se trató de una discusión entre colegas enviada a un grupo de correo perteneciente al Poder Judicial.
En su argumentación, se refirió a la privacidad de sus declaraciones: "Si bien mi actuación pudiera ser ingenua, en el sentido de pretender una mayor expectativa de privacidad, en atención al número de destinatarios, es importante destacar que la opinión vertida pretendía mantenerse en el ámbito de una discusión entre colegas".
El próximo lunes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este informe del magistrado, y resolverá si abre un sumario administrativo.
Ese mismo día se verá la queja de la Fiscalía Oriente en contra del juez Aravena, quien también envió su informe a la Corte.
DISCULPAS
"Se trató de una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/20/nacional/nacional/noticias/1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC.htm?id={1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC}(El Mercurio)
En un informe de dos páginas, el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, reconoció que incurrió "en una imprudencia" y que usó "términos impropios" en el polémico correo enviado a sus pares en el que califica de "matonaje" las últimas actuaciones de la Fiscalía Oriente.
En el documento -que envió al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm- escribió que se trató de "una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas, en especial considerando que la publicación referida, de una u otra manera, podría haber afectado la imagen de nuestra judicatura".
El polémico correo fue enviado por Gallardo luego de conocer la decisión del jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz, por los crímenes de Providencia.
El juez Gallardo sostiene que el mail fue enviado "en el marco de la profunda incomodidad y molestia motivadas por la situación puntual que un colega se encontraba enfrentando, a propósito de la queja disciplinaria interpuesta en su contra (Aravena)", aunque admitió que "no pretendo en caso alguno justificar mi proceder, que reconozco inadecuado".
El magistrado explicó que se trató de una discusión entre colegas enviada a un grupo de correo perteneciente al Poder Judicial.
En su argumentación, se refirió a la privacidad de sus declaraciones: "Si bien mi actuación pudiera ser ingenua, en el sentido de pretender una mayor expectativa de privacidad, en atención al número de destinatarios, es importante destacar que la opinión vertida pretendía mantenerse en el ámbito de una discusión entre colegas".
El próximo lunes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este informe del magistrado, y resolverá si abre un sumario administrativo.
Ese mismo día se verá la queja de la Fiscalía Oriente en contra del juez Aravena, quien también envió su informe a la Corte.
DISCULPAS
"Se trató de una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/20/nacional/nacional/noticias/1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC.htm?id={1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC}(El Mercurio)
Corte pide informe a magistrado antes de resolver si abre sumario
Jueves 19 de Noviembre de 2009
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)
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