El embargo de siete inmuebles de propiedad de María del Pilar Pérez López quedó asegurado el lunes ad portas de la realización del juicio oral en su contra por ser la presunta autora intelectual de los crímenes de Providencia.
Y es que la Corte de Apelaciones confirmó el lunes pasado la decisión del 8º Juzgado de Garantía de prohibir la celebración de actos y contratos sobre sus bienes raíces, que estarían avaluados en unos $400 millones.
El abogado de la imputada, Mario Palma, había solicitado al tribunal de alzada la revocación de estas medidas, por ser "agraviante a los derechos de mi representada", según consignó en el recurso de apelación.
Pero con esta decisión refuerza la idea del fiscal Carlos Gajardo, quien pretende asegurar la reparación a los familiares de las víctimas, en el evento de que Pérez López sea condenada.
De hecho, en el marco del proceso penal, tanto Pérez López, como José Ruz, autor material de los crímenes, enfrentan demandas civiles de parte de los familiares de Francisco Zamorano, ex marido de la mujer, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo; además de la familia del economista Diego Schmidt-Hebbel.
Los primeros fueron asesinados en su domicilio de Infante 1020 el 23 de abril de 2008, y el joven economista en la puerta de entrada de Seminario 97, en la casa de su polola, María Belén Molina, sobrina de la imputada.
Si fueran condenados, ambos podrían enfrentar demandas por más de mil millones de pesos.
Para ello, Pérez López debiera echar mano de los departamentos 41 y 32 de Seminario 96, frente al lugar donde Schmidt-Hebbel fue asesinado; y los inmuebles 31, 42 y 21 del mismo edificio, pero que pertenecen a la sociedad Galiza, en la que Pérez López posee el 90%. También se cuentan una residencia que la mujer adquirió en Talagante y su casa de Seminario 95.
En tanto, la causa debe llegar en los próximos días al Tercer Tribunal Oral en Lo Penal, que tiene un plazo de entre 15 y 60 días para fijar la fecha del inicio del juicio oral en que ambos acusados arriesgan presidio perpetuo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/14/nacional/_portada/noticias/608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C.htm?id={608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C} (El Mercurio)
miércoles, 14 de julio de 2010
lunes, 12 de julio de 2010
Suprema aprueba ampliar recurso de apelación en materia laboral
El Pleno de la Corte Suprema resolvió informar favorablemente un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, que de ser aprobado introducirá una importante modificación en materia laboral: la ampliación del recurso de apelación en sentencias definitivas.
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
lunes, 14 de junio de 2010
Suprema rechazó reclamo de jueces por reprobar curso
El Pleno de la Corte Suprema rechazó la reposición en contra de la Academia Judicial que presentaron cinco de siete jueces, que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Los jueces, primero, presentaron una reclamación la que fue rechazada sólo por un voto de los 12 ministros presentes de 21 magistrados que integran la Suprema. Luego, recurrieron con una reposición por el rechazo a la reclamación, y antes de resolver el máximo tribunal solicitó un informe a la Academia Judicial, en el que esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para revisar la presentación.
En la resolución, la Suprema sostiene que "no existiendo antecedentes o elementos de juicio que permitan alterar la decisión de 7 de abril pasado, no ha lugar a lo solicitado".
El conflicto se originó luego que los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, Ana María Hernández, como las juezas de familia Ángela Arap y Vanessa Vaccaro rindieran un examen de derecho civil, en el que obtuvieron una nota inferior a 5.
Ésta era la primera vez que los 15 jueces postulantes al curso rendían una prueba de derecho civil, además de derecho penal y derecho constitucional.
Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 en las pruebas, no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
Al Pleno de ayer no ingresaron el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/12/nacional/nacional/noticias/0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F.htm?id={0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F} (El Mercurio)
Los jueces, primero, presentaron una reclamación la que fue rechazada sólo por un voto de los 12 ministros presentes de 21 magistrados que integran la Suprema. Luego, recurrieron con una reposición por el rechazo a la reclamación, y antes de resolver el máximo tribunal solicitó un informe a la Academia Judicial, en el que esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para revisar la presentación.
En la resolución, la Suprema sostiene que "no existiendo antecedentes o elementos de juicio que permitan alterar la decisión de 7 de abril pasado, no ha lugar a lo solicitado".
El conflicto se originó luego que los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, Ana María Hernández, como las juezas de familia Ángela Arap y Vanessa Vaccaro rindieran un examen de derecho civil, en el que obtuvieron una nota inferior a 5.
Ésta era la primera vez que los 15 jueces postulantes al curso rendían una prueba de derecho civil, además de derecho penal y derecho constitucional.
Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 en las pruebas, no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
Al Pleno de ayer no ingresaron el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/12/nacional/nacional/noticias/0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F.htm?id={0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F} (El Mercurio)
viernes, 11 de junio de 2010
Rechazan ministro en visita por maremoto
Por considerar que aún no se ha establecido la existencia de un hecho punible que deba ser conocido por la justicia naval, la Corte Marcial de la Armada declaró improcedente, "por ahora", la designación de un ministro en visita extraordinario por las muertes ocurridas como consecuencia del maremoto del 27 de febrero. Estableció que el caso debe seguir siendo investigado por la justicia penal ordinaria y la fiscal Solange Huerta. El abogadoO Raúl Meza impugnará la resolución en la Corte Suprema.
Autir: http://diario.elmercurio.com/2010/06/11/nacional/nacional/noticias/490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91.htm?id={490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91} (El Mercurio)
Autir: http://diario.elmercurio.com/2010/06/11/nacional/nacional/noticias/490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91.htm?id={490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91} (El Mercurio)
jueves, 10 de junio de 2010
5 jueces reprobados en curso de ministro recurren a la Suprema
Una inédita presentación ante la Corte Suprema en contra de la Academia Judicial realizaron cinco de siete jueces que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
La "renuncia no voluntaria" de tres ministros de Bachelet
Ayer, el Diario Oficial consignó en sus páginas el decreto por el que todos los ministros de Michelle Bachelet presentaron su renuncia el pasado 11 de marzo.
Si bien la publicación sólo venía a ratificar el trámite administrativo correspondiente, un elemento llamó la atención: tres de los secretarios de Estado aparecían con una indicación al costado de sus nombres que señalaba que su renuncia era "no voluntaria": Mariano Fernández (Relaciones Exteriores), Paula Quintana (Ministerio de Planificación) y Carmen Andrade (Servicio Nacional de la Mujer).
¿Cuáles son los efectos de dicha situación? Según expertos en la materia, la diferencia entre una renuncia voluntaria y una no voluntaria se presenta fundamentalmente en temas de previsión e imposiciones. Por lo tanto, quienes se acogen a la segunda alternativa reciben algunos beneficios adicionales, que están también vinculados con la antigüedad de su carrera funcionaria en el sector público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/politica/noticias/AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073.htm?id={AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073} (El Mercurio)
Si bien la publicación sólo venía a ratificar el trámite administrativo correspondiente, un elemento llamó la atención: tres de los secretarios de Estado aparecían con una indicación al costado de sus nombres que señalaba que su renuncia era "no voluntaria": Mariano Fernández (Relaciones Exteriores), Paula Quintana (Ministerio de Planificación) y Carmen Andrade (Servicio Nacional de la Mujer).
¿Cuáles son los efectos de dicha situación? Según expertos en la materia, la diferencia entre una renuncia voluntaria y una no voluntaria se presenta fundamentalmente en temas de previsión e imposiciones. Por lo tanto, quienes se acogen a la segunda alternativa reciben algunos beneficios adicionales, que están también vinculados con la antigüedad de su carrera funcionaria en el sector público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/politica/noticias/AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073.htm?id={AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073} (El Mercurio)
miércoles, 9 de junio de 2010
Senado aprueba en general el proyecto de financiamiento para la reconstrucción
Por 33 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó hoy en general el proyecto de financiamiento para la reconstrucción.
Tal como se esperaba, el senador Eduardo Frei (DC) se abstuvo de aprobar la idea de legislar, al igual que sus pares Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guido Girardi (PPD).
De esta manera, el texto presentado por el Gobierno quedó en condiciones de ser analizado en particular a partir de la próxima semana.
Uno de los puntos de la iniciativa que ha concitado mayores reparos es el alza de impuestos a las grandes empresas durante dos años, ya que para la Concertación no es un plazo suficiente.
Al respecto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que a pesar de que está abierto a conversar con la oposición, el Ejecutivo no modificará el carácter transitorio del aumento de los tributos.
En la extensa sesión de este miércoles, el senador Frei afirmó que no ha visto "señales claras" por parte de La Moneda durante los tres días de debate en la Cámara Alta y recordó que el próximo viernes vence el plazo fijado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda para presentar las indicaciones correspondientes.
En ese momento, según dijo, se sabrá si existen las condiciones para "establecer un diálogo profundo como lo han pedido especialmente los senadores de las zonas afectadas, de tal manera de financiar el proyecto de reconstrucción y ver el financiamiento completo del Gobierno para los próximos cuatro años".
"Creo que todos sentimos que tenemos una responsabilidad frente al país y creo que el país espera que tengamos la capacidad de entendernos, de buscar los acuerdos y de sacar un buen proyecto en la parte de la reconstrucción y en general para los próximos años", añadió al justificar su voto de abstención, que ya había emitido el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Hacienda.
Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD) pidió al Ejecutivo que recoja las modificaciones que plantea la Concertación para enriquecer el proyecto, como eximir del pago de timbres y estampillas a las personas y pequeñas empresas, o la aplicación de un royalty.
"El ministro (Larraín) nos oye pero no nos escucha, la vocera de Gobierno ha señalado que existe disposición para escuchar, pero no hay ninguna sola señal de que estén disponibles para acoger ninguna de las iniciativas que hemos plateado", acusó, al tiempo que indicó que en las actuales condiciones el proyecto hace que "los más pobres ayuden a los más pobres", en circunstancias que "quienes tienen que ayudar más, naturalmente tienen que ser los de mayores ingresos".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=418082 (Emol)
Tal como se esperaba, el senador Eduardo Frei (DC) se abstuvo de aprobar la idea de legislar, al igual que sus pares Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guido Girardi (PPD).
De esta manera, el texto presentado por el Gobierno quedó en condiciones de ser analizado en particular a partir de la próxima semana.
Uno de los puntos de la iniciativa que ha concitado mayores reparos es el alza de impuestos a las grandes empresas durante dos años, ya que para la Concertación no es un plazo suficiente.
Al respecto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que a pesar de que está abierto a conversar con la oposición, el Ejecutivo no modificará el carácter transitorio del aumento de los tributos.
En la extensa sesión de este miércoles, el senador Frei afirmó que no ha visto "señales claras" por parte de La Moneda durante los tres días de debate en la Cámara Alta y recordó que el próximo viernes vence el plazo fijado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda para presentar las indicaciones correspondientes.
En ese momento, según dijo, se sabrá si existen las condiciones para "establecer un diálogo profundo como lo han pedido especialmente los senadores de las zonas afectadas, de tal manera de financiar el proyecto de reconstrucción y ver el financiamiento completo del Gobierno para los próximos cuatro años".
"Creo que todos sentimos que tenemos una responsabilidad frente al país y creo que el país espera que tengamos la capacidad de entendernos, de buscar los acuerdos y de sacar un buen proyecto en la parte de la reconstrucción y en general para los próximos años", añadió al justificar su voto de abstención, que ya había emitido el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Hacienda.
Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD) pidió al Ejecutivo que recoja las modificaciones que plantea la Concertación para enriquecer el proyecto, como eximir del pago de timbres y estampillas a las personas y pequeñas empresas, o la aplicación de un royalty.
"El ministro (Larraín) nos oye pero no nos escucha, la vocera de Gobierno ha señalado que existe disposición para escuchar, pero no hay ninguna sola señal de que estén disponibles para acoger ninguna de las iniciativas que hemos plateado", acusó, al tiempo que indicó que en las actuales condiciones el proyecto hace que "los más pobres ayuden a los más pobres", en circunstancias que "quienes tienen que ayudar más, naturalmente tienen que ser los de mayores ingresos".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=418082 (Emol)
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