Juzgado civil condena a Cámara de Diputados por despido de edecán

La titular del 1.er Juzgado Civil de Valparaíso, Patricia Montenegro, condenó en primera instancia a la Cámara de Diputados a pagar $319 millones como indemnización al ex edecán de esa corporación, coronel (r) de Ejército Jaime Krauss Rusque.Luego de tres años de tramitación, la magistrada falló una demanda interpuesta por Krauss. Esto, luego que en 2004 el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, pidiera la renuncia al edecán luego que éste fuera sometido a proceso en una causa de derechos humanos, por su presunta participación en la muerte de detenidos en Pisagua el año 1974.El abogado Mario Cortés Cevasco, cuyo estudio representó al ex militar, indicó que la demanda se basa tanto en perjuicios como en daño moral.El profesional explicó que Krauss -hermano del ex ministro Enrique Krauss- debió ser reintegrado en su puesto en 2006, cuando se anuló el auto de procesamiento, y que fue objeto de humillaciones, ya que Lorenzini envió un chofer a la casa del edecán a buscar en forma perentoria su renuncia.El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, calificó la resolución como "la primera de un procedimiento muy largo", agregando que "nos parece lógico que si se ha sostenido una tesis se agoten todas las instancias judiciales para defender esa tesis, y luego de eso ver quién tenía la razón".Álvarez agregó que esta materia no la lleva la Cámara sino que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y que esperan recibir "pronta información" de éste.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/30/nacional/politica/noticias/73AF0D22-8271-4C78-92A1-D2B4F942CDB0.htm?id={73AF0D22-8271-4C78-92A1-D2B4F942CDB0} (El Mercurio)

Aprueban norma que fija límites a actividades de campaña para ministros y alcaldes

La unanimidad con que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado la norma que restringe la participación en actividades de campaña de ministros y alcaldes, entre otras autoridades, no anticipó la discusión de horas más tarde, cuando los parlamentarios miembros de la instancia explicaron los alcances de la iniciativa.La alerta en el oficialismo se encendió cuando los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) calificaron la medida -que quedará plasmada en la Constitución- como un "triunfo" para la Alianza."Es un triunfo para la Alianza, pero también para Chile el que en forma unánime se haya aprobado esta norma", señaló Espina. "Las autoridades van a tener que ser especialmente cuidadosas y adoptar precauciones de que su participación en un acto no esté determinada ni sea invocada como el cargo público que detenta", agregó Chadwick.En términos concretos, la norma aprobada establece que los funcionarios públicos y municipales, incluidos los de confianza del Presidente, estarán impedidos de hacer "cualquier actividad política" de carácter proselitista durante su jornada de trabajo. La prohibición es tajante en el caso de que se utilicen recursos o bienes fiscales y también se inhabilita a las autoridades a incurrir en gastos de publicidad distintos a la entrega de información sobre la forma de acceder a las prestaciones de su cartera.Las declaraciones de parlamentarios de la Alianza obligaron al senador José Antonio Gómez (PRSD) -uno de los que dieron la unanimidad a la iniciativa en la comisión- a aclarar los alcances de la nueva norma constitucional. Explicó que "hasta ahora se consideraba intervención el solo hecho de estar presente en un lugar determinado, pero a raíz de esta norma una persona puede estar presente sin invocar su calidad de funcionario público o municipal".Con ello, Gómez intentó desvirtuar la idea de que las autoridades quedan, en la práctica, totalmente impedidas de participar en actividades de campaña.Las eventuales transgresiones, en todo caso, serán determinadas por la Contraloría, previa presentación de una denuncia, y las sanciones incluyen, incluso, la destitución del cargo.Si el Senado aprueba la próxima semana el proyecto de calidad de la política, podrá ser promulgado.

Contraloría llama a uso "responsable" de Ley de Transparencia

El contralor Ramiro Mendoza hizo ayer un llamado a la ciudadanía y, en especial, a los protagonistas de la "actividad política", a usar "responsablemente" la Ley de Transparencia, advirtiendo que su mal empleo puede ocasionar una "crisis" en el organismo fiscalizador. "Si la actividad política no tiene la prudencia necesaria respecto al requerimiento y fundamento de las denuncias que nos formula, nos puede producir un problema como nos ocurrió el año pasado, cuando tres meses antes de las elecciones municipales se nos generó un incremento de denuncias cruzadas entre actores políticos", dijo Mendoza

Puerta a puerta fines de semana y fotos con candidatos

Aunque las eventuales transgresiones a la norma sólo podrán ser falladas por la Contraloría, previa presentación de una denuncia, los senadores de la Alianza y la Concertación coincidieron en varios ejemplos que delimitan el campo de acción de ministros, funcionarios públicos y alcaldes en época electoral.En esta línea, una autoridad está autorizada para hacer puerta a puerta los fines de semana y fuera de su horario de trabajo o, incluso, sacarse una foto con un candidato, pero debe hacerlo a título personal y sin que se explicite su cargo. Sin embargo, estaría en el margen de las prohibiciones que la misma autoridad participe activamente en los actos de proclamación de un postulante. También será sancionada en caso de que realice anuncios propios de su cartera; entregue subsidios o beneficios a los eventuales adherentes del candidato, o llame a votar por una determinada persona en actos asociados a su gestión.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/30/nacional/politica/noticias/EDD2CC6B-DCDB-4962-829C-D3C8D58DF367.htm?id={EDD2CC6B-DCDB-4962-829C-D3C8D58DF367} -(El Mercurio)