Sigilosamente y sin la publicidad que le han dado otras reparticiones de Gobierno al tema, la subsecretaría de Salud Pública prepara para diciembre la transformación más profunda que se haya hecho en los últimos veinte años en relación a las licencias médicas.
Desde esa fecha comenzará a operar el pago de los subsidios en todas las sucursales del BancoEstado, lo que vendrá asociado a una reducción a casi la mitad del tiempo que hasta ahora deben esperar los cotizantes para la visación de sus dineros.
El próximo mes, el compromiso es que este modelo esté funcionando en la Región Metropolitana, pero ya en enero del próximo año deberá estar operativo en todo el país. Este cambio es posible luego que esta subsecretaría decidiera asumir el pago de los subsidios, que hasta ahora eran financiados directamente por medio de la Superintendencia de Seguridad Social (que paga las licencias de pre y posnatal) y el Fonasa (que cancela el resto de las licencias por enfermedades comunes), pero que a partir de ahora transferirán los dineros a la subsecretaría para que ésta efectúe el pago.
La magnitud del cambio se muestra al considerar que cada año el órgano encargado del análisis y pago de licencias médicas, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), efectúa el pago de 3,9 millones de licencias que corresponden sólo al sector público (cerca del 80% del total), y funciona como segunda instancia cuando una isapre rechaza la licencia de uno de sus cotizantes.
En términos prácticos, ya la gente no tendrá que ir al Compin, salvo si es citado para algún peritaje médico, puesto que también se levantará antes de marzo de 2010 una plataforma web donde se podrá consultar el estado de la tramitación de la licencia, y que complementará el "Fono Compin", que actualmente entrega una fecha estimada de pago a los cotizantes (ver nota relacionada).
Consultada sobre la lógica que quiere entregar la autoridad de salud al sistema, la subsecretaria de Salud Pública, Jeannette Vega, expresó que "queremos hacer efectivo el derecho de los trabajadores a recibir su previsión social cuando corresponda, de manera que enfermarse no implique un apuro económico para las familias, porque también así se garantiza el derecho al reposo".
Además de las mejoras de gestión, habrá avances en infraestructura que se completará con $2.200 millones durante 2010.
3,9millones de licencias tramitaron durante 2008 las diferentes Compin a lo largo de Chile.
Tresremodelaciones de Compin hubo en 2009: Illapel, Santiago Sur Oriente y Magallanes.
Nuevesedes de Compin se proyectan renovar durante los próximos años.
15 milllamados mensuales ya recibe el "Fono Compin", que entrega el estado de avance del trámite.
Seguimiento vía web y teléfono
Los cambios al sistema de tramitación de las licencias médicas también incluirán la posibilidad de hacer el seguimiento para la aprobación del subsidio. Así es como Salud ya dispone del "Fono Compin" en la Región Metropolitana, que con 15 mil llamadas al mes aporta los datos respecto de en qué paso está la licencia y cuál es la fecha estimada de pago.
Una situación similar se espera echar a andar antes de marzo de 2010, e incluso la licitación para proveer el desarrollo informático que permita a los usuarios revisar en línea su situación está pronto a ser licitado en el portal de Chilecompra.
Pero la plataforma web también servirá para obtener certificados "en línea" de otros trámites que también realiza la Compin. Entre ellos se cuentan los dictámenes de invalidez, la reposición de licencias médicas rechazadas a cotizantes de Fonasa, la certificación de discapacidad y reclamos en contra de Isapres, entre otros trámites que buscan descongestionar las compines.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/15/nacional/nacional/noticias/65F39660-0C5D-42BC-B88E-414DC5B255B2.htm?id={65F39660-0C5D-42BC-B88E-414DC5B255B2} (El Mercurio)
domingo, 15 de noviembre de 2009
Fiscal Nacional: "El sistema está obligado a reconocer ciertas garantías"
Sábado 14 de Noviembre de 2009
El sistema está obligado a reconocer ciertas garantías, como la presunción de inocencia de toda persona", declaró ayer el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a propósito de la polémica instalada respecto de la existencia de una suerte de "puerta giratoria" de delincuentes que entran y salen del sistema.
En la víspera, la Corte Suprema dio a conocer cifras que demuestran que los jueces sí cumplen con su labor al decretar casi el 90% de las prisiones preventivas que les son solicitadas.
El jefe de los persecutores no quiso referirse a esta postura en particular, pero advirtió que "el sistema reconoce garantías porque no es la inquisición, como era el antiguo sistema".
El fiscal nacional apuntó que si "por 'puerta giratoria' se entiende que hay ciertos casos en que la medida cautelar o la condena no satisface a la sociedad, ese es un tema que pasa por una modificación legal del Código Penal". Pero no para aumentar las penas, sino que para hacerlo concordante. "Por ejemplo, no puede ser que un homicidio simple tenga la misma pena que el robo de una gallina", planteó.
Chahuán enfatizó que "los fiscales siempre vamos a pedir las condenas más rigurosas (...) otra cosa es si esa condena apareja o no presidio efectivo, porque eso depende de la ley y de lo que aprecien los jueces, que es su labor primordial".
Para la defensora nacional, Paula Vial, las cifras entregadas por la Corte Suprema son concordantes con las que maneja el organismo que dirige.
"Claro que estos números no son para enorgullecerse de nuestro sistema porque me parece que éste debiera de proveer de alternativas eficaces o soluciones que logren una ecuación más perfecta entre seguridad y respeto de derechos".
Reiteró que el concepto de "puerta giratoria" no existe y que es un mito. Y que "hay un uso excesivo de la prisión preventiva", en especial en el caso de los jóvenes y la internación provisoria.
"Nos preocupa que sobre el 80% de los jóvenes que han estado en internación provisoria, que es el equivalente a la prisión preventiva, luego son absueltos o condenados a penas no privativas de libertad", planteó.
"Debe reforzarse el control del cumplimiento de las medidas altenativas".
SABAS CHAHUÁN
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D.htm?id={9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D} (El Mercurio)
El sistema está obligado a reconocer ciertas garantías, como la presunción de inocencia de toda persona", declaró ayer el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a propósito de la polémica instalada respecto de la existencia de una suerte de "puerta giratoria" de delincuentes que entran y salen del sistema.
En la víspera, la Corte Suprema dio a conocer cifras que demuestran que los jueces sí cumplen con su labor al decretar casi el 90% de las prisiones preventivas que les son solicitadas.
El jefe de los persecutores no quiso referirse a esta postura en particular, pero advirtió que "el sistema reconoce garantías porque no es la inquisición, como era el antiguo sistema".
El fiscal nacional apuntó que si "por 'puerta giratoria' se entiende que hay ciertos casos en que la medida cautelar o la condena no satisface a la sociedad, ese es un tema que pasa por una modificación legal del Código Penal". Pero no para aumentar las penas, sino que para hacerlo concordante. "Por ejemplo, no puede ser que un homicidio simple tenga la misma pena que el robo de una gallina", planteó.
Chahuán enfatizó que "los fiscales siempre vamos a pedir las condenas más rigurosas (...) otra cosa es si esa condena apareja o no presidio efectivo, porque eso depende de la ley y de lo que aprecien los jueces, que es su labor primordial".
Para la defensora nacional, Paula Vial, las cifras entregadas por la Corte Suprema son concordantes con las que maneja el organismo que dirige.
"Claro que estos números no son para enorgullecerse de nuestro sistema porque me parece que éste debiera de proveer de alternativas eficaces o soluciones que logren una ecuación más perfecta entre seguridad y respeto de derechos".
Reiteró que el concepto de "puerta giratoria" no existe y que es un mito. Y que "hay un uso excesivo de la prisión preventiva", en especial en el caso de los jóvenes y la internación provisoria.
"Nos preocupa que sobre el 80% de los jóvenes que han estado en internación provisoria, que es el equivalente a la prisión preventiva, luego son absueltos o condenados a penas no privativas de libertad", planteó.
"Debe reforzarse el control del cumplimiento de las medidas altenativas".
SABAS CHAHUÁN
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D.htm?id={9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D} (El Mercurio)
Crece polémica en tribunales por citación de fiscal como testigo en caso de "La Quintrala"
Sábado 14 de Noviembre de 2009
Mientras el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte de Apelaciones aún no se pronuncian sobre la contienda de competencia y la queja presentadas, respectivamente, por el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, contra la decisión del juez de garantía Daniel Aravena de "inhabilitar en los hechos" al fiscal Patricio Caroca en una audiencia preparatoria del caso de "La Quintrala", en los pasillos del Palacio de Tribunales y en los del Centro de Justicia la polémica cada vez cobra más fuerza.
A la presentación de la presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata, al presidente del tribunal de alzada Jorge Dahm, ayer se sumó la de la máxima dirigenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, quien impugnó la decisión del juez Aravena de aceptar la solicitud de la defensa de María del Pilar Pérez y José Ruz de incluir como testigo al fiscal Caroca, quien indagó y pidió la formalización de Claudio Soza, absuelto más tarde tras determinar su inocencia.
Muñoz aseguró que los fiscales "no tienen ningún problema ni temor a presentarse a declarar", siempre que no sea en casos que ellos han indagado, porque ello "pervierte" el sistema, y si se acepta dicha práctica, "se podría dar el absurdo de yo, como fiscal, me sentara en el estrado a contarles a los jueces los detalles de la investigacion. Ni siquiera sería necesario que se presentaran testigos presenciales".
La dirigenta destacó que en el actual sistema, "cada uno tiene un rol", y el de los fiscales "es recabar la prueba; por lo tanto, no me puedo constituir yo como fiscal en un medio de prueba".
Declaraciones que encontraron inmediata respuesta de parte de la jueza Zapata, quien señaló que de ser cierto lo que afirman los fiscales, "la Ley Orgánica del Ministerio Público es perversa, pues su artículo 63 regula expresamente la comparecencia de los fiscales como testigos respecto de hechos de que hubieren tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones".
Además, llamó "a los fiscales a no dramatizar", y recordó casos en los que habiendo sido citados a declarar como testigos los prosecutores, "no han provocado esta batahola inexplicable". Entre ellos, el del fiscal regional de Coquimbo, quien declaró hace poco como testigo presentado por la defensa.
Pero los fiscales no sólo han declarado citados por la defensa de los imputados. El propio Ministerio Público, en 2002, citó a la en ese entonces fiscal Sandra Toro -hoy asesora de Armendáriz- para exponer en un juicio oral en Calama sobre la falta de credibilidad del testimonio de la supuesta víctima, en una causa que ella investigó, donde habían decidido no perseverar.
"De tolerar lo que dice el señor Armendáriz, quedaría al arbitrio del Ministerio Público decidir cuándo un fiscal tiene o no el estatus de testigo, y eso es ir en contra de la Constitución y la ley".
JUEZ DANIEL ARAVENA,EN INFORME ANTE EL TC
"La existencia de este conflicto de competencias se produjo a raíz de la invasión de atribuciones en que incurre el señor magistrado, pues su resolución no hace sino atentar contra el principio de legalidad".
JAVIER ARMENDÁRIZ,EN INFORME ANTE EL TC
Fiscal y Defensora nacionales entran al debate por el rol de un fiscal como testigo
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no es procedente que un fiscal sea citado a declarar como testigo de una investigación que haya tenido a su cargo.
"Eso es incongruente e incoherente con el sistema de justicia criminal vigente en Chile", dijo el personero.
Para fundamentar sus argumentos, Chahuán dijo a este diario que "a nadie se le ocurriría que yo citara a declarar a un juez de garantía que durante la investigación, por ejemplo, controla la detención de un sujeto, después decide sobre la prisión preventiva de éste y eventualmente cita a una audiencia para recibir la declaración judicial del imputado. Y eventualmente accede a lo que pide la Defensoría y le sugiere al fiscal -porque no puede ordenarle- realizar diligencias en la investigación".
"Y con posterioridad -añadió- el fiscal o la defensa, al acusar y llevar a juicio oral esa causa, piden que el juez de garantía sea citado a declarar como testigo de una investigación que él controló".
Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial, reconoció que es un tema complejo resolver la intervención de un fiscal como testigo, tema que lo tienen en estudio.
Pero respecto del caso particular del fiscal Patricio Caroca, dijo que "es bastante sorprendente la actividad del Ministerio Público, por un lado, porque obviamente pretendieron, a través de la intervención en la última audiencia del fiscal, que éste tuviera ese carácter, en circunstancias que no había actuado como investigador en esta causa en particular. Pero, por otro lado, porque ellos también en otras ocasiones lo han logrado y han intentado presentar fiscales o asistentes de fiscales como testigos".
El mail que preocupa a los investigadores
El martes pasado, un correo electrónico muy particular les llegó a todos los jueces del Centro de Justicia. Se trataría de una misiva en la que se critica duramente la actitud que habrían tomado los fiscales que impetraron los sendos recursos judiciales que paralizaron el juicio oral en contra de Pilar Pérez y José Ruz.
El correo electrónico fue enviado a una casilla institucional que los reenvía a todos los jueces de los juzgados de garantía de Santiago.
El texto fue ampliamente conocido en círculos judiciales, tanto que su contenido incluso habría llegado hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional.
Las críticas contenidas en el mail generaron profunda molestia al interior de la institución, donde afirman que la contienda esgrimida se habría "distorsionado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830.htm?id={3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830} (El Mercurio)
Mientras el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte de Apelaciones aún no se pronuncian sobre la contienda de competencia y la queja presentadas, respectivamente, por el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, contra la decisión del juez de garantía Daniel Aravena de "inhabilitar en los hechos" al fiscal Patricio Caroca en una audiencia preparatoria del caso de "La Quintrala", en los pasillos del Palacio de Tribunales y en los del Centro de Justicia la polémica cada vez cobra más fuerza.
A la presentación de la presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata, al presidente del tribunal de alzada Jorge Dahm, ayer se sumó la de la máxima dirigenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, quien impugnó la decisión del juez Aravena de aceptar la solicitud de la defensa de María del Pilar Pérez y José Ruz de incluir como testigo al fiscal Caroca, quien indagó y pidió la formalización de Claudio Soza, absuelto más tarde tras determinar su inocencia.
Muñoz aseguró que los fiscales "no tienen ningún problema ni temor a presentarse a declarar", siempre que no sea en casos que ellos han indagado, porque ello "pervierte" el sistema, y si se acepta dicha práctica, "se podría dar el absurdo de yo, como fiscal, me sentara en el estrado a contarles a los jueces los detalles de la investigacion. Ni siquiera sería necesario que se presentaran testigos presenciales".
La dirigenta destacó que en el actual sistema, "cada uno tiene un rol", y el de los fiscales "es recabar la prueba; por lo tanto, no me puedo constituir yo como fiscal en un medio de prueba".
Declaraciones que encontraron inmediata respuesta de parte de la jueza Zapata, quien señaló que de ser cierto lo que afirman los fiscales, "la Ley Orgánica del Ministerio Público es perversa, pues su artículo 63 regula expresamente la comparecencia de los fiscales como testigos respecto de hechos de que hubieren tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones".
Además, llamó "a los fiscales a no dramatizar", y recordó casos en los que habiendo sido citados a declarar como testigos los prosecutores, "no han provocado esta batahola inexplicable". Entre ellos, el del fiscal regional de Coquimbo, quien declaró hace poco como testigo presentado por la defensa.
Pero los fiscales no sólo han declarado citados por la defensa de los imputados. El propio Ministerio Público, en 2002, citó a la en ese entonces fiscal Sandra Toro -hoy asesora de Armendáriz- para exponer en un juicio oral en Calama sobre la falta de credibilidad del testimonio de la supuesta víctima, en una causa que ella investigó, donde habían decidido no perseverar.
"De tolerar lo que dice el señor Armendáriz, quedaría al arbitrio del Ministerio Público decidir cuándo un fiscal tiene o no el estatus de testigo, y eso es ir en contra de la Constitución y la ley".
JUEZ DANIEL ARAVENA,EN INFORME ANTE EL TC
"La existencia de este conflicto de competencias se produjo a raíz de la invasión de atribuciones en que incurre el señor magistrado, pues su resolución no hace sino atentar contra el principio de legalidad".
JAVIER ARMENDÁRIZ,EN INFORME ANTE EL TC
Fiscal y Defensora nacionales entran al debate por el rol de un fiscal como testigo
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no es procedente que un fiscal sea citado a declarar como testigo de una investigación que haya tenido a su cargo.
"Eso es incongruente e incoherente con el sistema de justicia criminal vigente en Chile", dijo el personero.
Para fundamentar sus argumentos, Chahuán dijo a este diario que "a nadie se le ocurriría que yo citara a declarar a un juez de garantía que durante la investigación, por ejemplo, controla la detención de un sujeto, después decide sobre la prisión preventiva de éste y eventualmente cita a una audiencia para recibir la declaración judicial del imputado. Y eventualmente accede a lo que pide la Defensoría y le sugiere al fiscal -porque no puede ordenarle- realizar diligencias en la investigación".
"Y con posterioridad -añadió- el fiscal o la defensa, al acusar y llevar a juicio oral esa causa, piden que el juez de garantía sea citado a declarar como testigo de una investigación que él controló".
Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial, reconoció que es un tema complejo resolver la intervención de un fiscal como testigo, tema que lo tienen en estudio.
Pero respecto del caso particular del fiscal Patricio Caroca, dijo que "es bastante sorprendente la actividad del Ministerio Público, por un lado, porque obviamente pretendieron, a través de la intervención en la última audiencia del fiscal, que éste tuviera ese carácter, en circunstancias que no había actuado como investigador en esta causa en particular. Pero, por otro lado, porque ellos también en otras ocasiones lo han logrado y han intentado presentar fiscales o asistentes de fiscales como testigos".
El mail que preocupa a los investigadores
El martes pasado, un correo electrónico muy particular les llegó a todos los jueces del Centro de Justicia. Se trataría de una misiva en la que se critica duramente la actitud que habrían tomado los fiscales que impetraron los sendos recursos judiciales que paralizaron el juicio oral en contra de Pilar Pérez y José Ruz.
El correo electrónico fue enviado a una casilla institucional que los reenvía a todos los jueces de los juzgados de garantía de Santiago.
El texto fue ampliamente conocido en círculos judiciales, tanto que su contenido incluso habría llegado hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional.
Las críticas contenidas en el mail generaron profunda molestia al interior de la institución, donde afirman que la contienda esgrimida se habría "distorsionado".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830.htm?id={3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830} (El Mercurio)
El insólito error en tribunales que hizo levantar restricción horaria a conocido restaurante
Viernes 13 de Noviembre de 2009
Poco les duró la celebración a los dueños del restaurante "Ana María", ubicado en el barrio República: El lunes la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones acogió una orden de no innovar con la que los eximía de tener que cumplir con la ordenanza del municipio de Santiago que restringe sus horarios, pero al día siguiente dejó sin efecto la decisión por un "error de hecho".
¿Qué había pasado? Según la resolución dictada el martes, el día anterior la relatora asignada a la Cuarta Sala -funcionaria que organiza las causas y expone sus principales aspectos a los magistrados- puso entre las órdenes de no innovar (ONI) incluidas en recursos de protección contra isapres la de la presentación del restaurante, "sin dar cuenta de la misma y del contenido de su solicitud".
Según fuentes de tribunales, como los ministros de esa sala ya tienen fijada su postura de acoger las ONI en los recursos contra isapres -siempre con el voto en contra del ministro Juan Escobar-, sin saber que se trataba de otra materia, votaron de la misma manera y firmaron la resolución que favoreció a los locatarios.
"El relator se equivocó en la forma de plantear los antecedentes y eso indujo a que el tribunal tomara una resolución errónea", explicó ayer el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, quien reconoció que el caso será analizado por el pleno del tribunal de alzada, sin descartar eventuales sanciones.
Al preguntársele si fallas de ese tipo son habituales, el magistrado afirmó que "los jueces somos humanos, y nos equivocamos. Tratamos de minimizar eso al máximo, pero cuando nos sucede tenemos que reconocerlo y obrar en consecuencia".
El "Ana María" insistirá
El abogado del restaurante "Ana María", Julio Ignacio Ahumada, anunció que hoy presentará un recurso de reposición, luego que el lunes la Corte acogiera una orden de no innovar incluida en el recurso de protección presentado por el local y un día después la anulara. Los dueños del tradicional recinto no quieren someterse a la ordenanza municipal que los obliga a cerrar de 16 a 19 horas, y a no vender alcohol más allá de las 23. Inicialmente, Santiago instauró esta norma para terminar con los desórdenes en los barrios Universitario y República, pero recientemente el alcalde Pablo Zalaquett dijo que será corregida para no perjudicar a los restaurantes, y sí aplicar mano dura en bares ilegales y botillería.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/nacional/noticias/B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75.htm?id={B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75} (El Mercurio)
Poco les duró la celebración a los dueños del restaurante "Ana María", ubicado en el barrio República: El lunes la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones acogió una orden de no innovar con la que los eximía de tener que cumplir con la ordenanza del municipio de Santiago que restringe sus horarios, pero al día siguiente dejó sin efecto la decisión por un "error de hecho".
¿Qué había pasado? Según la resolución dictada el martes, el día anterior la relatora asignada a la Cuarta Sala -funcionaria que organiza las causas y expone sus principales aspectos a los magistrados- puso entre las órdenes de no innovar (ONI) incluidas en recursos de protección contra isapres la de la presentación del restaurante, "sin dar cuenta de la misma y del contenido de su solicitud".
Según fuentes de tribunales, como los ministros de esa sala ya tienen fijada su postura de acoger las ONI en los recursos contra isapres -siempre con el voto en contra del ministro Juan Escobar-, sin saber que se trataba de otra materia, votaron de la misma manera y firmaron la resolución que favoreció a los locatarios.
"El relator se equivocó en la forma de plantear los antecedentes y eso indujo a que el tribunal tomara una resolución errónea", explicó ayer el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, quien reconoció que el caso será analizado por el pleno del tribunal de alzada, sin descartar eventuales sanciones.
Al preguntársele si fallas de ese tipo son habituales, el magistrado afirmó que "los jueces somos humanos, y nos equivocamos. Tratamos de minimizar eso al máximo, pero cuando nos sucede tenemos que reconocerlo y obrar en consecuencia".
El "Ana María" insistirá
El abogado del restaurante "Ana María", Julio Ignacio Ahumada, anunció que hoy presentará un recurso de reposición, luego que el lunes la Corte acogiera una orden de no innovar incluida en el recurso de protección presentado por el local y un día después la anulara. Los dueños del tradicional recinto no quieren someterse a la ordenanza municipal que los obliga a cerrar de 16 a 19 horas, y a no vender alcohol más allá de las 23. Inicialmente, Santiago instauró esta norma para terminar con los desórdenes en los barrios Universitario y República, pero recientemente el alcalde Pablo Zalaquett dijo que será corregida para no perjudicar a los restaurantes, y sí aplicar mano dura en bares ilegales y botillería.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/nacional/noticias/B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75.htm?id={B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75} (El Mercurio)
Suprema revela que jueces han rechazado sólo el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas
Viernes 13 de Noviembre de 2009
En medio de la polémica generada por las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la existencia de la llamada "puerta giratoria", la Corte Suprema divulgó ayer cifras que revelan que el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público han sido rechazadas por los jueces de garantía, desde que se inició la Reforma Procesal Penal, en 2000, hasta 2009.
En estos nueve años han ingresado a los tribunales dos millones 416 mil 805 causas. La cifra de imputados con control de detención es de 870 mil 194 y la de formalizados es de 822 mil 896.
Según estos antecedentes, en 653 mil 900 casos los fiscales han solicitado alguna medida cautelar. Entre ellas, la prisión preventiva ha sido pedida a los jueces de garantía en 103 mil 592 casos, lo que representa el 15,8% del total de medidas cautelares.
Los magistrados han decretado 92 mil 907 de esas prisiones, mientras que han rechazado 10 mil 685; es decir, el 10,3%.
Los fiscales han apelado al rechazo de 2.436 de estas prisiones y las cortes han acogido el 45%, mandando tras las rejas a 1.095 imputados.
Según el vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, hay que distinguir entre quienes cometen delitos graves y menos graves. "Se dice que los violadores, los narcotraficantes, los homicidas hacen uso de la puerta giratoria. Eso hay que comprobarlo. ¡Eso no es cierto!".
En el mismo plano, la presidenta metropolitana de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, afirmó que "el Poder Judicial ha sacado cifras contundentes, con lo cual ha demostrado a la ciudadanía que quien afirma que la puerta giratoria existe, miente o simplemente se equivoca".
La Defensoría Penal Pública, en tanto, observa una tendencia al alza en la prisión preventiva para delitos de la agenda corta, como secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con sorpresa y robo en lugar no habitado. Hace 18 meses, detalla, el porcentaje de prisiones preventivas por estos ilícitos era de 45%, y en junio, de 53%.
La entidad agrega que el porcentaje de imputados que son absueltos al concluir el proceso, pero que han permanecido en prisión durante la tramitación de la causa, es alto: 20,48%.
Expertos de Paz Ciudadana y Flacso: cifras no reflejan la realidad
La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana (FPC), Francisca Werth, estima que las cifras reveladas por la Corte Suprema dejan en evidencia que casi el 90% de las prisiones preventivas solicitadas a los jueces finalmente se concede.
"La pregunta que uno debiera hacerse es sobre la disminución que hay entre las medidas cautelares que se solicitan y cuántas de esas son prisiones preventivas. En el fondo, el tema se enfocaría en el sentido de si los fiscales están o no pidiendo las suficientes prisiones preventivas", señala la experta.
Werth recordó que los jueces no son quienes decretan este tipo de medidas, sino que es el Ministerio Público el que tiene las atribuciones para pedir prisiones preventivas. "Y eso es lo que están demostrando los jueces con esas cifras", explicó.
Sin embargo, la directora de FPC hizo notar que la mayoría de los casos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad, en los que no se justificaría pedir prisión preventiva, la que debe ser una medida excepcional.
"La pregunta básica no es si estamos pidiendo pocas prisiones preventivas. El punto es qué control le estamos dando al otro número de personas que queda con o sin medida cautelar", expresó Werth.
La directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, estima que tanto las estadísticas mostradas por la Corte Suprema como las que entregan el Ministerio Público y el Ministerio del Interior "son cifras parciales".
¿Quién tiene la culpa?
Según Dammert, "lo que dicen (las estadísticas) es una parte mediana o pequeña de la película" que no permite explicitar "si hay puerta giratoria o no, si hay aumento de la sensación de impunidad o si las policías no entregan todas las pruebas o tienen falencias en la investigación que no permite formalizar a los autores".
Para la experta de Flacso, es importante que las cifras salgan a la luz pública, "pero no pueden servir para el juego de 'yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el del lado'".
Estima que es necesario "ponerse bastante más serios" y comenzar a analizar los números desde un nivel más riguroso y cualitativo. "La única forma de derribar todos estos mitos, es comenzar a integrar la información con criterios de calidad" entre las instituciones involucradas.
En el Ministerio Público declinaron comentar las cifras mostradas.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/_portada/noticias/C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126.htm?id={C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126} (El Mercurio)
En medio de la polémica generada por las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la existencia de la llamada "puerta giratoria", la Corte Suprema divulgó ayer cifras que revelan que el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público han sido rechazadas por los jueces de garantía, desde que se inició la Reforma Procesal Penal, en 2000, hasta 2009.
En estos nueve años han ingresado a los tribunales dos millones 416 mil 805 causas. La cifra de imputados con control de detención es de 870 mil 194 y la de formalizados es de 822 mil 896.
Según estos antecedentes, en 653 mil 900 casos los fiscales han solicitado alguna medida cautelar. Entre ellas, la prisión preventiva ha sido pedida a los jueces de garantía en 103 mil 592 casos, lo que representa el 15,8% del total de medidas cautelares.
Los magistrados han decretado 92 mil 907 de esas prisiones, mientras que han rechazado 10 mil 685; es decir, el 10,3%.
Los fiscales han apelado al rechazo de 2.436 de estas prisiones y las cortes han acogido el 45%, mandando tras las rejas a 1.095 imputados.
Según el vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, hay que distinguir entre quienes cometen delitos graves y menos graves. "Se dice que los violadores, los narcotraficantes, los homicidas hacen uso de la puerta giratoria. Eso hay que comprobarlo. ¡Eso no es cierto!".
En el mismo plano, la presidenta metropolitana de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, afirmó que "el Poder Judicial ha sacado cifras contundentes, con lo cual ha demostrado a la ciudadanía que quien afirma que la puerta giratoria existe, miente o simplemente se equivoca".
La Defensoría Penal Pública, en tanto, observa una tendencia al alza en la prisión preventiva para delitos de la agenda corta, como secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con sorpresa y robo en lugar no habitado. Hace 18 meses, detalla, el porcentaje de prisiones preventivas por estos ilícitos era de 45%, y en junio, de 53%.
La entidad agrega que el porcentaje de imputados que son absueltos al concluir el proceso, pero que han permanecido en prisión durante la tramitación de la causa, es alto: 20,48%.
Expertos de Paz Ciudadana y Flacso: cifras no reflejan la realidad
La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana (FPC), Francisca Werth, estima que las cifras reveladas por la Corte Suprema dejan en evidencia que casi el 90% de las prisiones preventivas solicitadas a los jueces finalmente se concede.
"La pregunta que uno debiera hacerse es sobre la disminución que hay entre las medidas cautelares que se solicitan y cuántas de esas son prisiones preventivas. En el fondo, el tema se enfocaría en el sentido de si los fiscales están o no pidiendo las suficientes prisiones preventivas", señala la experta.
Werth recordó que los jueces no son quienes decretan este tipo de medidas, sino que es el Ministerio Público el que tiene las atribuciones para pedir prisiones preventivas. "Y eso es lo que están demostrando los jueces con esas cifras", explicó.
Sin embargo, la directora de FPC hizo notar que la mayoría de los casos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad, en los que no se justificaría pedir prisión preventiva, la que debe ser una medida excepcional.
"La pregunta básica no es si estamos pidiendo pocas prisiones preventivas. El punto es qué control le estamos dando al otro número de personas que queda con o sin medida cautelar", expresó Werth.
La directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, estima que tanto las estadísticas mostradas por la Corte Suprema como las que entregan el Ministerio Público y el Ministerio del Interior "son cifras parciales".
¿Quién tiene la culpa?
Según Dammert, "lo que dicen (las estadísticas) es una parte mediana o pequeña de la película" que no permite explicitar "si hay puerta giratoria o no, si hay aumento de la sensación de impunidad o si las policías no entregan todas las pruebas o tienen falencias en la investigación que no permite formalizar a los autores".
Para la experta de Flacso, es importante que las cifras salgan a la luz pública, "pero no pueden servir para el juego de 'yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el del lado'".
Estima que es necesario "ponerse bastante más serios" y comenzar a analizar los números desde un nivel más riguroso y cualitativo. "La única forma de derribar todos estos mitos, es comenzar a integrar la información con criterios de calidad" entre las instituciones involucradas.
En el Ministerio Público declinaron comentar las cifras mostradas.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/_portada/noticias/C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126.htm?id={C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126} (El Mercurio)
Crímenes de Providencia: las jugadas clave de uno de los juicios más largos de la Reforma
Jueves 12 de Noviembre de 2009
Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)
Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)
Crímenes de Providencia: las jugadas clave de uno de los juicios más largos de la Reforma
Jueves 12 de Noviembre de 2009
Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)
Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)
Conama estudia norma para rebajar índice de contaminación acústica de autos y motos
Jueves 12 de Noviembre de 2009
La Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) trabaja en la elaboración de una norma ambiental de "emisión de ruidos para vehículos livianos, medianos y motocicletas", que permitirá un máximo de ruido.
Los valores en decibeles se darán a conocer durante el primer semestre de 2010, cuando se publique el anteproyecto en el Diario Oficial, que luego se someterá a la participación ciudadana.
Hans Willumsen, jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama, reveló a "El Mercurio" que actualmente se realizan los estudios de definiciones técnicas, de costos y beneficios, metodología y fiscalización, pero no aventuró cuándo entrará en vigencia la normativa.
A diciembre de 2008, en el país había 1,7 millón de automóviles y casi 88 mil motos, según el INE.
"Todos los vehículos que se importen después de la vigencia de la norma tienen que cumplirla. Pero no es retroactiva y no se aplicará a los autos en circulación", explicó la autoridad.
El funcionario admitió que el organismo no contempla ninguna regulación acústica para los 147 mil camiones del país.
No obstante, la Conama también elabora un decreto para los ruidos generados por la construcción.
Hans Willumsen adelantó que "podría haber variación" en el horario actual permitido para las obras -de 7:00 a 21:00 horas- y que se incentivarán las "buenas prácticas" para disminuir el ruido.
Actualmente, sólo hay normativa para los ruidos de emisiones fijas y del transporte público.
El organismo también diseña un mapa de ruido piloto en las comunas de Providencia y Antofagasta, que delimitará las zonas por contaminación acústica.
El objetivo es incorporarlas en planos reguladores para definir los usos de suelo.
Ley ambiental
La nueva institucionalidad ambiental quedó ayer en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo -previo examen por parte del Tribunal Constitucional- luego que la Cámara de Diputados aprobara los cambios que al proyecto había introducido el Senado, tras un acuerdo político Gobierno-oposición.
"La discusión parlamentaria está concluida y la ley podrá ser promulgada durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet", resaltó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/_portada/noticias/6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4.htm?id={6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4}(El Mercurio)
La Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) trabaja en la elaboración de una norma ambiental de "emisión de ruidos para vehículos livianos, medianos y motocicletas", que permitirá un máximo de ruido.
Los valores en decibeles se darán a conocer durante el primer semestre de 2010, cuando se publique el anteproyecto en el Diario Oficial, que luego se someterá a la participación ciudadana.
Hans Willumsen, jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama, reveló a "El Mercurio" que actualmente se realizan los estudios de definiciones técnicas, de costos y beneficios, metodología y fiscalización, pero no aventuró cuándo entrará en vigencia la normativa.
A diciembre de 2008, en el país había 1,7 millón de automóviles y casi 88 mil motos, según el INE.
"Todos los vehículos que se importen después de la vigencia de la norma tienen que cumplirla. Pero no es retroactiva y no se aplicará a los autos en circulación", explicó la autoridad.
El funcionario admitió que el organismo no contempla ninguna regulación acústica para los 147 mil camiones del país.
No obstante, la Conama también elabora un decreto para los ruidos generados por la construcción.
Hans Willumsen adelantó que "podría haber variación" en el horario actual permitido para las obras -de 7:00 a 21:00 horas- y que se incentivarán las "buenas prácticas" para disminuir el ruido.
Actualmente, sólo hay normativa para los ruidos de emisiones fijas y del transporte público.
El organismo también diseña un mapa de ruido piloto en las comunas de Providencia y Antofagasta, que delimitará las zonas por contaminación acústica.
El objetivo es incorporarlas en planos reguladores para definir los usos de suelo.
Ley ambiental
La nueva institucionalidad ambiental quedó ayer en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo -previo examen por parte del Tribunal Constitucional- luego que la Cámara de Diputados aprobara los cambios que al proyecto había introducido el Senado, tras un acuerdo político Gobierno-oposición.
"La discusión parlamentaria está concluida y la ley podrá ser promulgada durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet", resaltó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/_portada/noticias/6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4.htm?id={6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4}(El Mercurio)
La reforma del Sename incluye crear un Consejo para la Adopción
Miércoles 11 de Noviembre de 2009
Crear un Consejo para la Adopción, instaurar nuevos cargos ejecutivos y dar mayores atribuciones a los directores regionales son las principales novedades del anunciado proyecto de reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename) que impulsa el Ministerio de Justicia, y que aún está en elaboración.
A la división del servicio en dos nuevos organismos, uno de protección de los derechos de la infancia y adolescencia y otro de responsabilidad penal adolescente, se suma la constitución de un Consejo de Licitaciones a nivel nacional y comités de adjudicación regionales.
El viernes pasado culminó en Santiago un seminario realizado por el Ministerio de Justicia, la Fundación Paz Ciudadana y Unicef en el que participaron jueces de la zona central del país, expertos y representantes de Carabineros y de organismos vinculados a la infancia y adolescencia para debatir respecto de la nueva institucionalidad para este sector.
Este encuentro se suma a otro realizado hace unas semanas en Iquique, donde expusieron representantes de la zona norte del país, y le seguirá otra cita, el 16 de noviembre, en Valdivia.
"Necesitamos que todos se sumen a poder dar su punto de vista. Este es un debate abierto, no entre cuatro paredes", destacó el subsecretario de Justicia, Jorge Frei.
La reforma involucra que tanto en el organismo de protección de derechos como en el de responsabilidad penal -cada uno de los cuales tendrá un director nacional- se establezcan además dos nuevos cargos: el de subdirector ejecutivo nacional y subdirector ejecutivo regional.
El primero será el encargado de organizar y supervisar las unidades administrativas del servicio, sobre la base de instrucciones generales del director nacional. Lo mismo hará en el nivel regional el subdirector ejecutivo regional.
Y dentro del Servicio Nacional de Derechos de la Infancia y Adolescencia, se creará un Consejo para la Adopción, cuya función será entregar opinión de los planes y programas en estas materias y responder las consultas del director nacional para cumplir con las obligaciones legales y los compromisos internacionales.
Eso significa que se modificarán tanto las atribuciones como la composición del actual Consejo Consultivo.
"La idea es tener un consejo que permita sumar a todos los actores que hoy trabajan en tema de adopción, jueces, organismos colaboradores, expertos, y tener una instancia paralela", precisó el subsecretario de Justicia.
Aunque aún no hay estimación del costo total de los cambios, el subsecretario de Justicia asegura que no habría problemas con el financiamiento, sobre todo considerando que "éste es un compromiso de Presidenta de la República".
Si bien el proyecto de ley respectivo podría ser enviado al Parlamento este año, la puesta en marcha de los cambios será materia del próximo gobierno, una situación que, según Jorge Frei, no debería poner en riesgo la iniciativa. "Hay consenso político y académico, así como hubo para la Reforma Procesal Penal, que tomó tres gobiernos", argumentó.
Eso sí, no se comprometió con plazos para el envío del proyecto de ley al Congreso: "Tenemos sentido de urgencia, pero también queremos ser claros en que no deseamos actuar bajo apresuramiento", explicó, por lo que continuarán con las evaluaciones en seminarios y en encuentros con expertos.
45 milniños atiende el Sename en todo Chile. De ellos, 12 mil son infractores de ley.
1.152menores deberán ser atendidos en 2011 en régimen cerrado.
Experto alemán recomienda un régimen de justicia juvenil totalmente separado del de adultos
El ex juez civil, ex juez de garantía (criminal) y ex juez de ejecución de condena de Alemania, Dierk Helmken, es consejero en justicia juvenil de la Unicef, OCDE, Comisión Europea e IRZ en su país, Azerbaidjan, Kosovo, Serbia y Montenegro.
Vino a Chile invitado por el Ministerio de Justicia para el seminario sobre reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Y es tajante al momento de señalar lo que hay que hacer para tener un buen sistema de procedimiento penal juvenil: "Hay que tener un régimen totalmente separado de los adultos".
A su juicio, la mentalidad del juez juvenil "es fundamentalmente diferente de los que trabajan en derecho penal de adultos" porque la reacción de estos últimos "es siempre castigar y sancionar". En cambio, "un juez juvenil busca el apoyo, la educación, la formación, la capacitación, la rehabilitación. El hecho punible que cometió el menor es sólo un motivo para examinar qué deficiencias tiene ese niño en su entorno familiar, en su colegio, en la población donde vive, de tal manera de que la sociedad se aboque compensar esas falencias", afirma.
Según el experto, es un error exigir a los jueces o profesionales que actúan en el proceso penal adulto participar en los dos sistemas. "Eso lleva a una situación esquizofrénica; el juez y el fiscal tienen que partirse en dos", dice. Un sistema penal juvenil separado necesita especialistas entrenados para tratar con menores. "Hablo de una policía para infractores juveniles, de fiscales especiales para menores, juez de menores y un organismo auxiliar que recibe órdenes e instrucciones del tribunal, pero que no es parte de él", argumenta.
En Chile, explica Helmken, el Sename "recién actúa o interviene cuando el joven ha sido condenado por un tribunal". Un cambio importante que sugiere para el organismo es ampliar su rango de acción para que se haga cargo del joven infractor desde el momento que es detenido y se aboque a reunir sus antecedentes socioeconómicos y psicológicos que le permitan recomendar al juez la medida a aplicar para facilitar su rehabilitación.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705.htm?id={82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705} (El Mercurio)
Crear un Consejo para la Adopción, instaurar nuevos cargos ejecutivos y dar mayores atribuciones a los directores regionales son las principales novedades del anunciado proyecto de reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename) que impulsa el Ministerio de Justicia, y que aún está en elaboración.
A la división del servicio en dos nuevos organismos, uno de protección de los derechos de la infancia y adolescencia y otro de responsabilidad penal adolescente, se suma la constitución de un Consejo de Licitaciones a nivel nacional y comités de adjudicación regionales.
El viernes pasado culminó en Santiago un seminario realizado por el Ministerio de Justicia, la Fundación Paz Ciudadana y Unicef en el que participaron jueces de la zona central del país, expertos y representantes de Carabineros y de organismos vinculados a la infancia y adolescencia para debatir respecto de la nueva institucionalidad para este sector.
Este encuentro se suma a otro realizado hace unas semanas en Iquique, donde expusieron representantes de la zona norte del país, y le seguirá otra cita, el 16 de noviembre, en Valdivia.
"Necesitamos que todos se sumen a poder dar su punto de vista. Este es un debate abierto, no entre cuatro paredes", destacó el subsecretario de Justicia, Jorge Frei.
La reforma involucra que tanto en el organismo de protección de derechos como en el de responsabilidad penal -cada uno de los cuales tendrá un director nacional- se establezcan además dos nuevos cargos: el de subdirector ejecutivo nacional y subdirector ejecutivo regional.
El primero será el encargado de organizar y supervisar las unidades administrativas del servicio, sobre la base de instrucciones generales del director nacional. Lo mismo hará en el nivel regional el subdirector ejecutivo regional.
Y dentro del Servicio Nacional de Derechos de la Infancia y Adolescencia, se creará un Consejo para la Adopción, cuya función será entregar opinión de los planes y programas en estas materias y responder las consultas del director nacional para cumplir con las obligaciones legales y los compromisos internacionales.
Eso significa que se modificarán tanto las atribuciones como la composición del actual Consejo Consultivo.
"La idea es tener un consejo que permita sumar a todos los actores que hoy trabajan en tema de adopción, jueces, organismos colaboradores, expertos, y tener una instancia paralela", precisó el subsecretario de Justicia.
Aunque aún no hay estimación del costo total de los cambios, el subsecretario de Justicia asegura que no habría problemas con el financiamiento, sobre todo considerando que "éste es un compromiso de Presidenta de la República".
Si bien el proyecto de ley respectivo podría ser enviado al Parlamento este año, la puesta en marcha de los cambios será materia del próximo gobierno, una situación que, según Jorge Frei, no debería poner en riesgo la iniciativa. "Hay consenso político y académico, así como hubo para la Reforma Procesal Penal, que tomó tres gobiernos", argumentó.
Eso sí, no se comprometió con plazos para el envío del proyecto de ley al Congreso: "Tenemos sentido de urgencia, pero también queremos ser claros en que no deseamos actuar bajo apresuramiento", explicó, por lo que continuarán con las evaluaciones en seminarios y en encuentros con expertos.
45 milniños atiende el Sename en todo Chile. De ellos, 12 mil son infractores de ley.
1.152menores deberán ser atendidos en 2011 en régimen cerrado.
Experto alemán recomienda un régimen de justicia juvenil totalmente separado del de adultos
El ex juez civil, ex juez de garantía (criminal) y ex juez de ejecución de condena de Alemania, Dierk Helmken, es consejero en justicia juvenil de la Unicef, OCDE, Comisión Europea e IRZ en su país, Azerbaidjan, Kosovo, Serbia y Montenegro.
Vino a Chile invitado por el Ministerio de Justicia para el seminario sobre reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Y es tajante al momento de señalar lo que hay que hacer para tener un buen sistema de procedimiento penal juvenil: "Hay que tener un régimen totalmente separado de los adultos".
A su juicio, la mentalidad del juez juvenil "es fundamentalmente diferente de los que trabajan en derecho penal de adultos" porque la reacción de estos últimos "es siempre castigar y sancionar". En cambio, "un juez juvenil busca el apoyo, la educación, la formación, la capacitación, la rehabilitación. El hecho punible que cometió el menor es sólo un motivo para examinar qué deficiencias tiene ese niño en su entorno familiar, en su colegio, en la población donde vive, de tal manera de que la sociedad se aboque compensar esas falencias", afirma.
Según el experto, es un error exigir a los jueces o profesionales que actúan en el proceso penal adulto participar en los dos sistemas. "Eso lleva a una situación esquizofrénica; el juez y el fiscal tienen que partirse en dos", dice. Un sistema penal juvenil separado necesita especialistas entrenados para tratar con menores. "Hablo de una policía para infractores juveniles, de fiscales especiales para menores, juez de menores y un organismo auxiliar que recibe órdenes e instrucciones del tribunal, pero que no es parte de él", argumenta.
En Chile, explica Helmken, el Sename "recién actúa o interviene cuando el joven ha sido condenado por un tribunal". Un cambio importante que sugiere para el organismo es ampliar su rango de acción para que se haga cargo del joven infractor desde el momento que es detenido y se aboque a reunir sus antecedentes socioeconómicos y psicológicos que le permitan recomendar al juez la medida a aplicar para facilitar su rehabilitación.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705.htm?id={82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705} (El Mercurio)
Avanza la nueva institucionalidad ambiental tras la aprobación de la Sala del Senado
Miércoles 11 de Noviembre de 2009
Sorpresivamente, la Sala del Senado aprobó ayer en segundo trámite legislativo la nueva institucionalidad ambiental del país, votación que implica un nuevo diseño y reforma y cuyos alcances el Gobierno calificó como la más trascendental del sector.
En mayo pasado, la iniciativa del Ejecutivo había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
La aprobación implica la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, una superintendencia del ramo y un Servicio de Evaluación Ambiental. La nueva cartera tendrá facultades en materia de política y normativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental será la instancia a cargo de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Mientras, la superintendencia tendrá como misión fiscalizar el respeto por la normativa y para ello contará con amplias facultades y dotada de un abanico de sanciones para los infractores.
Se aprobó la creación de un Tribunal Ambiental, con características de panel de expertos por su composición mixta. Para el Gobierno ello requerirá un proyecto separado, a presentarse el 28 de octubre de 2010. "A este tribunal podrán acceder además de los regulados los directamente afectados dando mayores garantías a ciudadanos e inversionistas, a todos", destacó la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
"Es la reforma ambiental más trascendente para Chile, pues los avances no tienen precedentes para el medio ambiente chileno", dijo, al presenciar la votación.
Tras el despacho por voto de mayoría de las normas, los senadores Pablo Longueira -presidente de la Comisión de Medio Ambiente-, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear y Camilo Escalona defendieron el acuerdo político con el Gobierno del 26 de octubre, que facilitó la aprobación, por considerar que es positiva para el país.
Refutaron las críticas un sector parlamentario, encabezado por el senador Guido Girardi, y ambientalistas. Girardi -quien no votó ayer por estar integrando la comitiva presidencial a Corea del Sur- había rechazado el pacto por quedar fuera contenidos esenciales.
Corresponde ahora un último trámite en la Cámara de Diputados.
EXPORTACIONES
El 64% de las ventas de Chile al exterior de los últimos 20 años proviene de recursos naturales.
Nuevo hito ambiental tras Ley de Bases Generales de 1994
El avance legislativo de la nueva institucionalidad ambiental es un hito, expresaron autoridades gubernamentales.
Ello tras la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 que definió para el país las primeras pautas en materia de preservación de la flora y fauna del país.
Sin embargo, en el ámbito ejecutivo, las decisiones están actualmente en un Consejo de Ministros -14 en total-, lo que implicaba dificultades de diverso orden, razón que obligaba a la creación de una cartera de Estado, su Superintendencia para fiscalizar y el nuevo servicio de evaluación.
Y fue así como el Gobierno fijó tales prioridades hasta presentar en junio 19 de 2008 el proyecto respectivo en la Cámara de Diputados. El 5 de mayo de 2009 la Cámara aprobó el proyecto por unanimidad. Mientras, el Senado por su parte lo aprobó en general el día 19 de agosto de 2009 y fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de esa Cámara el pasado 27 de octubre, tras el acuerdo político logrado el día anterior, compromiso que el Ejecutivo valoró por el país en orden a contar con nuevas reglas del juego claras para los actores involucrados en medio ambiente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F.htm?id={CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F} (El Mercurio)
Sorpresivamente, la Sala del Senado aprobó ayer en segundo trámite legislativo la nueva institucionalidad ambiental del país, votación que implica un nuevo diseño y reforma y cuyos alcances el Gobierno calificó como la más trascendental del sector.
En mayo pasado, la iniciativa del Ejecutivo había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
La aprobación implica la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, una superintendencia del ramo y un Servicio de Evaluación Ambiental. La nueva cartera tendrá facultades en materia de política y normativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental será la instancia a cargo de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Mientras, la superintendencia tendrá como misión fiscalizar el respeto por la normativa y para ello contará con amplias facultades y dotada de un abanico de sanciones para los infractores.
Se aprobó la creación de un Tribunal Ambiental, con características de panel de expertos por su composición mixta. Para el Gobierno ello requerirá un proyecto separado, a presentarse el 28 de octubre de 2010. "A este tribunal podrán acceder además de los regulados los directamente afectados dando mayores garantías a ciudadanos e inversionistas, a todos", destacó la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
"Es la reforma ambiental más trascendente para Chile, pues los avances no tienen precedentes para el medio ambiente chileno", dijo, al presenciar la votación.
Tras el despacho por voto de mayoría de las normas, los senadores Pablo Longueira -presidente de la Comisión de Medio Ambiente-, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear y Camilo Escalona defendieron el acuerdo político con el Gobierno del 26 de octubre, que facilitó la aprobación, por considerar que es positiva para el país.
Refutaron las críticas un sector parlamentario, encabezado por el senador Guido Girardi, y ambientalistas. Girardi -quien no votó ayer por estar integrando la comitiva presidencial a Corea del Sur- había rechazado el pacto por quedar fuera contenidos esenciales.
Corresponde ahora un último trámite en la Cámara de Diputados.
EXPORTACIONES
El 64% de las ventas de Chile al exterior de los últimos 20 años proviene de recursos naturales.
Nuevo hito ambiental tras Ley de Bases Generales de 1994
El avance legislativo de la nueva institucionalidad ambiental es un hito, expresaron autoridades gubernamentales.
Ello tras la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 que definió para el país las primeras pautas en materia de preservación de la flora y fauna del país.
Sin embargo, en el ámbito ejecutivo, las decisiones están actualmente en un Consejo de Ministros -14 en total-, lo que implicaba dificultades de diverso orden, razón que obligaba a la creación de una cartera de Estado, su Superintendencia para fiscalizar y el nuevo servicio de evaluación.
Y fue así como el Gobierno fijó tales prioridades hasta presentar en junio 19 de 2008 el proyecto respectivo en la Cámara de Diputados. El 5 de mayo de 2009 la Cámara aprobó el proyecto por unanimidad. Mientras, el Senado por su parte lo aprobó en general el día 19 de agosto de 2009 y fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de esa Cámara el pasado 27 de octubre, tras el acuerdo político logrado el día anterior, compromiso que el Ejecutivo valoró por el país en orden a contar con nuevas reglas del juego claras para los actores involucrados en medio ambiente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F.htm?id={CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F} (El Mercurio)
Tribunal Constitucional paraliza preparación de juicio oral contra "La Quintrala" y sicario
Miércoles 11 de Noviembre de 2009
La preparación del juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia, quedó paralizada debido a una determinación del Tribunal Constitucional (TC).
El organismo acogió a tramitación el recurso que presentó el lunes por la mañana el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, con el que intenta evitar que el fiscal Patricio Caroca declare como testigo en el juicio.
El TC deberá resolver una contienda de competencia entre el fiscal Armendáriz y el magistrado del 8° Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, quien acogió la petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Caroca -que indagó el doble homicidio de calle Infante y participó en la causa- declare como testigo en el juicio oral.
En la última audiencia, hace una semana, el juez inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor. A su vez, la fiscalía sostiene que solamente el fiscal metropolitano oriente tiene la atribución de sacar al fiscal de la causa.
El TC, en consecuencia, también pidió un informe al magistrado.
Armendáriz, asimismo, presentó una queja disciplinaria en contra del juez, y la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, suspendiendo la resolución que dejaba fuera de la investigación a Caroca. Además, solicitó un informe al juez.
"Los que me juzgaron deben estar intranquilos, no yo"
"Nunca participé. Ellos sabrán por qué lo están haciendo (inculparla). Lo tienen que demostrar (...) Tengo esperanzas de salir libre. Las personas que me han juzgado antes de tiempo son las que tienen que estar intranquilas, no yo".
Así termina la extensa entrevista a María del Pilar Pérez López, más conocida como "La Quintrala", que mostró, en su edición de anoche, el programa "Informe Especial" de TVN.
La imputada negó todas las acusaciones que le refieren la Fiscalía Metropolitana Oriente y su familia completa en torno a su participación como autora mediata de los crímenes del economista Diego Schmidt-Hebbel, el de su ex marido Francisco Zamorano y el de la pareja de este último, Héctor Arévalo.
"Yo no puedo opinar sobre lo que ellos piensan de mí. Ellos pueden opinar lo que quieran", aseguró Pilar Pérez.
La mujer agregó que es imposible que haya querido eliminar a toda su familia.
"Nunca he sentido odio, porque es mi familia, es mi sangre, son mis hermanas, es mi madre. (...) No soy agresiva ni tampoco tengo trastornos. Soy una persona pacífica, no soy violenta, odio la violencia bajo cualquier forma".
Al preguntarle por la declaración del sicario José Ruz, quien aseguró que Pilar Pérez le ofreció $10 millones por cada integrante asesinado, la imputada respondió tajante: ¿De dónde saco esa plata?, no se me habría ocurrido jamás realizar una cosa así. No están dentro de mis principios ni de mi ética las cosas en ese tipo de circunstancias".
Respecto a la disputa por la herencia, "La Quintrala" señala que "ellos (su familia) fueron los que produjeron el quiebre, porque no estaban de acuerdo con lo que mi padre dejó en su testamento. Si él sentía alguna diferencia entre nosotras, se lo llevó en silencio".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/_portada/noticias/4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83.htm?id={4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83} (El Mercurio)
La preparación del juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia, quedó paralizada debido a una determinación del Tribunal Constitucional (TC).
El organismo acogió a tramitación el recurso que presentó el lunes por la mañana el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, con el que intenta evitar que el fiscal Patricio Caroca declare como testigo en el juicio.
El TC deberá resolver una contienda de competencia entre el fiscal Armendáriz y el magistrado del 8° Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, quien acogió la petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Caroca -que indagó el doble homicidio de calle Infante y participó en la causa- declare como testigo en el juicio oral.
En la última audiencia, hace una semana, el juez inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor. A su vez, la fiscalía sostiene que solamente el fiscal metropolitano oriente tiene la atribución de sacar al fiscal de la causa.
El TC, en consecuencia, también pidió un informe al magistrado.
Armendáriz, asimismo, presentó una queja disciplinaria en contra del juez, y la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, suspendiendo la resolución que dejaba fuera de la investigación a Caroca. Además, solicitó un informe al juez.
"Los que me juzgaron deben estar intranquilos, no yo"
"Nunca participé. Ellos sabrán por qué lo están haciendo (inculparla). Lo tienen que demostrar (...) Tengo esperanzas de salir libre. Las personas que me han juzgado antes de tiempo son las que tienen que estar intranquilas, no yo".
Así termina la extensa entrevista a María del Pilar Pérez López, más conocida como "La Quintrala", que mostró, en su edición de anoche, el programa "Informe Especial" de TVN.
La imputada negó todas las acusaciones que le refieren la Fiscalía Metropolitana Oriente y su familia completa en torno a su participación como autora mediata de los crímenes del economista Diego Schmidt-Hebbel, el de su ex marido Francisco Zamorano y el de la pareja de este último, Héctor Arévalo.
"Yo no puedo opinar sobre lo que ellos piensan de mí. Ellos pueden opinar lo que quieran", aseguró Pilar Pérez.
La mujer agregó que es imposible que haya querido eliminar a toda su familia.
"Nunca he sentido odio, porque es mi familia, es mi sangre, son mis hermanas, es mi madre. (...) No soy agresiva ni tampoco tengo trastornos. Soy una persona pacífica, no soy violenta, odio la violencia bajo cualquier forma".
Al preguntarle por la declaración del sicario José Ruz, quien aseguró que Pilar Pérez le ofreció $10 millones por cada integrante asesinado, la imputada respondió tajante: ¿De dónde saco esa plata?, no se me habría ocurrido jamás realizar una cosa así. No están dentro de mis principios ni de mi ética las cosas en ese tipo de circunstancias".
Respecto a la disputa por la herencia, "La Quintrala" señala que "ellos (su familia) fueron los que produjeron el quiebre, porque no estaban de acuerdo con lo que mi padre dejó en su testamento. Si él sentía alguna diferencia entre nosotras, se lo llevó en silencio".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/_portada/noticias/4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83.htm?id={4394192D-E956-47A8-9419-0C627C05DF83} (El Mercurio)
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