Tras el colapso total del edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, y sumando los daños severos registrados en la infraestructura de los tribunales de las comunas de Constitución, Cauquenes y Curicó, el poder judicial maulino lidera el ranking de pérdidas a nivel nacional tras el terremoto del 27 de febrero.
Así lo estableció un informe oficial elaborado por la corporación administrativa del Poder Judicial.
El documento se elaboró luego que una comisión de expertos, encabezada por el director nacional de dicha entidad, Miguel Sánchez, recorriera seis regiones desde Valparaíso a Temuco. La evaluación concluyó que los daños a nivel nacional bordean los 12 mil millones de pesos.
En este sentido, la evaluación indica que, en el caso de la jurisdicción del Maule, las pérdidas son de tres mil 550 millones de pesos, cifra que incluye casi en su totalidad el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, además de las pérdidas en infraestructura de los juzgados de otras tres comunas.
Se trata, en definitiva, de la cifra más alta de todo el país, seguida por Concepción, Santiago y Valparaíso. De hecho, según el mismo informe en el caso de Talca el avalúo de los recursos que se exigirán en faenas de reparación mayor es de dos mil 860 millones de pesos; en reparaciones medias es de 415 millones; y en reparaciones menores alcanza a 275 millones de pesos.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Talca, Cristóbal Peña, señaló que basta una apreciación visual en los principales edificios judiciales de Talca y de la región para constatar daños muy cuantiosos, subrayando que “las señales que hemos percibido, específicamente de la Corte Suprema, es que los daños estaban concentrados en Santiago, lo mismo que un informe de operatividad que se publicó en la página web del poder judicial".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=405696 (El Mercurio)
lunes, 29 de marzo de 2010
Condenan a Unesco por incumplimiento de contrato laboral
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo condenó a Unesco Santiago por incumplimiento grave de contrato en el caso de la geógrafa G.R.Q. (40), quien tras trabajar cerca de un año y medio en el organismo, como consultora y encargada de finanzas, terminó por autodespedirse el 1 de septiembre pasado luego de denunciar acoso sexual de parte de su jefe en el organismo, y no pago de sus cotizaciones previsionales, hechos que fueron acreditados a juicio del tribunal.
El fallo ordena a Unesco Santiago pagar remuneraciones adeudadas a la profesional por cerca de $2.200.000, y como indemnización por lucro cesante alrededor de $4.400.000, por todos los sueldos que habría recibido hasta el término de su contrato. Asimismo, se condena al organismo a cubrir todas las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía de la mujer, que nunca se pagaron durante la relación laboral.
Unesco Santiago no contestó la demanda y tampoco se presentó para intentar una conciliación.
El juzgado se había declarado incompetente en la causa, acogiendo la tesis de la inmunidad de jurisdicción del organismo internacional, pero la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB.htm?id={15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB} (El Mercurio)
El fallo ordena a Unesco Santiago pagar remuneraciones adeudadas a la profesional por cerca de $2.200.000, y como indemnización por lucro cesante alrededor de $4.400.000, por todos los sueldos que habría recibido hasta el término de su contrato. Asimismo, se condena al organismo a cubrir todas las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía de la mujer, que nunca se pagaron durante la relación laboral.
Unesco Santiago no contestó la demanda y tampoco se presentó para intentar una conciliación.
El juzgado se había declarado incompetente en la causa, acogiendo la tesis de la inmunidad de jurisdicción del organismo internacional, pero la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB.htm?id={15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB} (El Mercurio)
Ministra Benítez retira los decretos que crean cartera de Medio Ambiente y encara polémica
El miércoles 17 de marzo, a una semana de su asunción en la Conama, la ingeniera María Ignacia Benítez dio instrucciones de retirar de la Contraloría los decretos dejados por la administración Bachelet que daban curso a la instalación del Ministerio de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Era la primera autoridad en hacer algo así y no pasó inadvertido para la oposición. Los más indignados fueron los parlamentarios de oposición, entre ellos, el DC Patricio Vallespín y el PPD Enrique Accorsi, quienes vieron en la medida un intento por alterar y retrasar la normativa dejada por el gobierno saliente.
"Aquí -se defiende Benítez- no hay falta de transparencia. Los decretos los retiré porque era inviable, post terremoto, que en 30 días pudiéramos instalar el ministerio, las 15 seremías regionales, el Servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia en la parte que tiene que asumir, porque hay otra que está supeditada al funcionamiento del Tribunal Ambiental. Obviamente que con los múltiples problemas que dejó el terremoto -a nosotros nos dejó una serie de oficinas regionales inhabilitadas para operar- no estábamos en condiciones de armar todo este engranaje en tan poco tiempo".
-Las suspicacias son múltiples. La acusan de querer cambiar lo hecho por la administración Bachelet y de incumplir una iniciativa que pasó el cedazo del Congreso, tras un acuerdo entre la Concertación y la Alianza.
"Las suspicacias por el retiro de los proyectos son absolutamente infundadas. ¿Qué más puedo querer yo, que ser la ministra de Medio Ambiente? Es lógico. Pero quiero que las cosas se hagan bien y no bajo presión en un plazo tan acotado".
-¿No hubo razones políticas para el retiro de los decretos?
"En lo absoluto. Sí era necesario establecer la estructura que va a tener el Ministerio, cómo van a ser las divisiones temáticas del mismo, al igual que para el Servicio de Evaluación Ambiental. Estas divisiones deben replicarse en regiones a través de las seremías y de los Servicios de Evaluación regionales".
-¿Los decretos habían sido aprobados por la Contraloría?
"No, los decretos no habían sido aprobados por Contraloría; es más, tenían reparos de la Contraloría, por lo que en estos momentos el equipo jurídico de nuestro ministerio está trabajando con la Dirección de Presupuesto y con la Contraloría para resolverlos".
-¿Qué tipo de reparos?
"Son reparos técnicos y jurídicos en orden a que las plantas que fija ese decreto no calzan con las que existen en la Conama".
-En la Concertación se teme que la revisión de plantas apunta a sacar a funcionarios que venían de la administración Bachelet.
"En lo absoluto, porque las plantas no tienen nombre; sólo se establece el número de grados de planta para cada una de las instituciones. Pero sí debo reconocer que hay mucha incertidumbre en la Conama sobre lo que va a pasar con la gente que trabaja, porque cuando llegué acá me encontré con que no tenían idea dónde iban a quedar. Nadie les explicó. Porque entre los muchos cambios se separa el ministerio de lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que va a quedar como un servicio técnico con personalidad jurídica propia".
-Uno de los más duros ha sido el diputado DC Patricio Vallespín, quien la acusó de estar actuando con "intencionalidad política".
"No he actuado con intencionalidad política. Yo hablé hoy con el doctor Enrique Accorsi, quien también ha sido crítico. Lo invité a conversar conmigo esta semana, cuando él quisiera. También hablé con el diputado Vallespín para que también viniera, para explicarle las razones".
-Vallespín dijo que no le extrañaba su actitud, porque cuando usted fue asesora del senador UDI Pablo Longueira nunca estuvo de acuerdo con una serie de puntos del proyecto.
"En la tramitación del proyecto hubo un acuerdo político y lo que salió fue lo que consensuamos. Por lo tanto, no puedo estar en desacuerdo".
-Con este retraso, ¿cuándo puede partir el ministerio?
"Estamos intentando resolver a la brevedad los reparos de la Contraloría para poder reingresarlos. Esperamos estar funcionando como ministerio, ojalá en el primer semestre de este año".''Se está elaborando un catastro sobre el daño provocado por el terremoto en flora y fauna. De aquí al miércoles esperamos tener una información preliminar".MARÍA IGNACIA BENÍTEZMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Lo que viene en calidad del aire
-El 1 de abril parte el plan de gestión de episodios críticos. ¿Cuál va a ser su plan de acción?
"Hemos tenido dos reuniones de coordinación y nos falta una tercera para terminar de definir el plan de acción sobre el cual en todo caso no tengo mucha movilidad, porque el sistema ya estaba fijado cuando asumí. No obstante, igual quiero cambiar la lógica de cómo opera el plan de los episodios críticos".
-¿Cómo?
"Nuestra estrategia apunta a medidas estructurales, con el uso de instrumentos económicos, para disminuir las concentraciones de PM 2,5, el material particulado fino que impacta en la salud. Hay que destacar que los logros en la Región Metropolitana en la reducción de este contaminante en los últimos años han sido muy buenos, y el énfasis de nuestra gestión apuntará en ese sentido".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2.htm?id={089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2} (El Mercurio)
"Aquí -se defiende Benítez- no hay falta de transparencia. Los decretos los retiré porque era inviable, post terremoto, que en 30 días pudiéramos instalar el ministerio, las 15 seremías regionales, el Servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia en la parte que tiene que asumir, porque hay otra que está supeditada al funcionamiento del Tribunal Ambiental. Obviamente que con los múltiples problemas que dejó el terremoto -a nosotros nos dejó una serie de oficinas regionales inhabilitadas para operar- no estábamos en condiciones de armar todo este engranaje en tan poco tiempo".
-Las suspicacias son múltiples. La acusan de querer cambiar lo hecho por la administración Bachelet y de incumplir una iniciativa que pasó el cedazo del Congreso, tras un acuerdo entre la Concertación y la Alianza.
"Las suspicacias por el retiro de los proyectos son absolutamente infundadas. ¿Qué más puedo querer yo, que ser la ministra de Medio Ambiente? Es lógico. Pero quiero que las cosas se hagan bien y no bajo presión en un plazo tan acotado".
-¿No hubo razones políticas para el retiro de los decretos?
"En lo absoluto. Sí era necesario establecer la estructura que va a tener el Ministerio, cómo van a ser las divisiones temáticas del mismo, al igual que para el Servicio de Evaluación Ambiental. Estas divisiones deben replicarse en regiones a través de las seremías y de los Servicios de Evaluación regionales".
-¿Los decretos habían sido aprobados por la Contraloría?
"No, los decretos no habían sido aprobados por Contraloría; es más, tenían reparos de la Contraloría, por lo que en estos momentos el equipo jurídico de nuestro ministerio está trabajando con la Dirección de Presupuesto y con la Contraloría para resolverlos".
-¿Qué tipo de reparos?
"Son reparos técnicos y jurídicos en orden a que las plantas que fija ese decreto no calzan con las que existen en la Conama".
-En la Concertación se teme que la revisión de plantas apunta a sacar a funcionarios que venían de la administración Bachelet.
"En lo absoluto, porque las plantas no tienen nombre; sólo se establece el número de grados de planta para cada una de las instituciones. Pero sí debo reconocer que hay mucha incertidumbre en la Conama sobre lo que va a pasar con la gente que trabaja, porque cuando llegué acá me encontré con que no tenían idea dónde iban a quedar. Nadie les explicó. Porque entre los muchos cambios se separa el ministerio de lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que va a quedar como un servicio técnico con personalidad jurídica propia".
-Uno de los más duros ha sido el diputado DC Patricio Vallespín, quien la acusó de estar actuando con "intencionalidad política".
"No he actuado con intencionalidad política. Yo hablé hoy con el doctor Enrique Accorsi, quien también ha sido crítico. Lo invité a conversar conmigo esta semana, cuando él quisiera. También hablé con el diputado Vallespín para que también viniera, para explicarle las razones".
-Vallespín dijo que no le extrañaba su actitud, porque cuando usted fue asesora del senador UDI Pablo Longueira nunca estuvo de acuerdo con una serie de puntos del proyecto.
"En la tramitación del proyecto hubo un acuerdo político y lo que salió fue lo que consensuamos. Por lo tanto, no puedo estar en desacuerdo".
-Con este retraso, ¿cuándo puede partir el ministerio?
"Estamos intentando resolver a la brevedad los reparos de la Contraloría para poder reingresarlos. Esperamos estar funcionando como ministerio, ojalá en el primer semestre de este año".''Se está elaborando un catastro sobre el daño provocado por el terremoto en flora y fauna. De aquí al miércoles esperamos tener una información preliminar".MARÍA IGNACIA BENÍTEZMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Lo que viene en calidad del aire
-El 1 de abril parte el plan de gestión de episodios críticos. ¿Cuál va a ser su plan de acción?
"Hemos tenido dos reuniones de coordinación y nos falta una tercera para terminar de definir el plan de acción sobre el cual en todo caso no tengo mucha movilidad, porque el sistema ya estaba fijado cuando asumí. No obstante, igual quiero cambiar la lógica de cómo opera el plan de los episodios críticos".
-¿Cómo?
"Nuestra estrategia apunta a medidas estructurales, con el uso de instrumentos económicos, para disminuir las concentraciones de PM 2,5, el material particulado fino que impacta en la salud. Hay que destacar que los logros en la Región Metropolitana en la reducción de este contaminante en los últimos años han sido muy buenos, y el énfasis de nuestra gestión apuntará en ese sentido".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2.htm?id={089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2} (El Mercurio)
Pastora aimara lleva 3 años en prisión preventiva
Una aimara de 26 años, que no terminó 6º básico y que ha pasado la mayor parte de su vida pastoreando llamas en el inhóspito altiplano fronterizo con Perú, es la imputada que más tiempo ha permanecido en prisión preventiva desde que partió el nuevo sistema penal en Chile. Gabriela Blas permanece detenida desde el 30 de julio de 2007 bajo los cargos de abandonar a su hijo en la inhóspita puna, con el objetivo de matarlo. El largo proceso vivirá una nueva etapa a partir del lunes 5 de abril, cuando comience el juicio en el que arriesga 15 años de cárcel.
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)
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