martes, 17 de noviembre de 2009

Magistrados presentan amparo a favor de juez por polémica en caso "La Quintrala"

La Asociación Nacional de Magistrados presentó hoy un amparo gremial a favor del juez Daniel Aravena ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que desestime la queja disciplinaria interpuesta por el fiscal Xavier Armendáriz contra la decisión del magistrado de inhabilitar al fiscal Patricio Caroca en una audiencia preparatoria del caso "La Quintrala".
De acuerdo a la entidad gremial, el libelo no apunta a los hechos que motivaron la acción del jefe de la fiscalía oriente, sino que tiene por objeto que el tribunal de alzada deseche la queja, argumentando que "es condición de la necesaria independencia interna de los jueces el que no sean sancionados disciplinariamente por sus actuaciones jurisdiccionales".
Según el presidente de la Asociación, Leopoldo Llanos, "la cuestión que motivó la indebida queja de que fue objeto el juez Aravena es opinable desde el punto de vista del derecho y aún por tratarse de una decisión jurisdiccional que pudiere haber causado agravio a alguno de los intervinientes, la ley franquea otras vías procesales para impugnar éstas (decisiones), que no atenten contra nuestra independencia al actuar en el proceso".
La polémica se inició luego que Aravena aceptara la solicitud de la defensa de María del Pilar Pérez y José Ruz -acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo- de incluir como testigo al fiscal Caroca y luego lo inhabilitara "en los hechos".
La resolución molestó profundamente a Armendáriz, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales.
Tras ello, el fiscal recurrió de queja contra el juez y presentó una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional, lo que significó la paralización del juicio oral contra la mujer y su sicario.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=385356 (Emol)

Juez presenta un video en nuevo capítulo de su disputa con fiscales

Quienes defienden la actuación del juez Daniel Aravena están decididos a demostrar que los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo se habrían quedado intencionalmente fuera de la polémica audiencia en que el magistrado inhabilitó al fiscal Patricio Caroca en el caso "La Quintrala".
En su defensa, Aravena hizo llegar ayer a la Corte de Apelaciones -donde se tramita un recurso de queja presentado en su contra por la fiscalía oriente- un informe requerido junto a un video en que se observaría a Fodich y Gajardo conversando con Caroca antes de que éste entrara solo a la audiencia en que se daría lectura al auto de apertura del juicio oral, y donde según el juez y la defensoría el fiscal se limitó a alegar contra su inclusión como testigo de la defensa de los imputados.
Tras la conversación, los dos fiscales, quienes habían asistido sin Caroca a todas las audiencias preparatorias anteriores, se habrían quedado en el pasillo esperando y atentos al desarrollo de la audiencia, lo que mostraría el video. Esto a juicio de quienes respaldan al juez Aravena demostraría una "concertación" para hacer aparecer a Caroca como fiscal de la causa e impedir su citación como testigo.
En un escrito presentado ante el tribunal de alzada capitalino, el defensor regional metropolitano norte, Leonardo Moreno, asegura que "el fiscal Caroca no es fiscal de la causa (...) Es evidente y así lo corroboró el juez de garantía consultando el sistema de seguimiento de causas del Poder Judicial, que el fiscal Caroca había dejado hace ya casi un año la investigación".
Moreno recuerda que Caroca inició la investigación y formalizó a Claudio Soza Zamorano, quien luego fue absuelto, y que tras esto se abrió otra investigación, "la cual fue asumida por los fiscales Fodich y Gajardo".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/157E32F2-0F5C-476C-80FF-AC6DA53A3CE3.htm?id={157E32F2-0F5C-476C-80FF-AC6DA53A3CE3} (El Mercurio)

Demandó a Unesco Santiago, pero organismo es inmune a tribunales

G.R.Q. es una geógrafa de 40 años. Tras trabajar cerca de un año y medio en Unesco Santiago -como consultora y encargada de finanzas- terminó por auto despedirse el 1 de septiembre pasado acusando una serie de hostigamientos que se desencadenaron tras denunciar por acoso sexual a su jefe directo.
G.R.Q., madre de tres hijos y con una pareja estable, está decidida a exigir una investigación al interior del organismo y obtener una respuesta, pese a todas las dificultades que se le han presentado. La principal es que en la entidad se amparan en su inmunidad de jurisdicción como organismo internacional. Bajo ese principio, Unesco Santiago impidió el ingreso de la Inspección del Trabajo cuando quisieron indagar su denuncia de acoso sexual.
La afectada presentó un reclamo formal en mayo ante el director de la sede de la Unesco en Santiago, Jorge Sequeira, por acoso sexual, acoso laboral y malas prácticas laborales. También notificó lo sucedido a la oficina central de Unesco París, que recién anoche le informó que inició una indagatoria, sólo por su denuncia de acoso.
La geógrafa dice tener pruebas concretas de éste, entre ellas un mail de su ex jefe -quien según dice debía evaluarla mensualmente para que le pagaran el sueldo- y notas que asegura él escribió en su presencia en las que le dice "tengo ganas de comerte" y "me encantan tus senos, ¡disculpa!".
"Los escribía delante mío y me los entregaba. El acoso fue paulatino, empezó como en diciembre (de 2008) y en marzo (de 2009) la cosa se puso insostenible, porque además estaba mezclada con acoso laboral", recuerda la profesional, que terminó con un diagnóstico de "trastorno depresivo reactivo" por "disfunción laboral" y una licencia que se extendió por tres meses, de los cuales sólo le pagaron el primero, tras reclamar.
Primero le habían señalado que no le pagarían el sueldo del primer mes de licencia -pese a que había trabajado 14 días-, argumentando que por su contrato no tenía derecho a hacer uso de este recurso.
Luego de reclamar ante la Inspección del Trabajo le pagaron el primer mes, pero en los dos siguientes no le recibieron las licencias médicas, y le informaron que si no se presentaba a trabajar al 31 de julio se pondría término anticipado a su contrato, que duraba hasta diciembre de 2009.
Casi dos meses después le dijeron que no se aplicaría esa advertencia. "Era un nivel de chacota", recuerda la mujer, quien reclama que tampoco le pagaron cotizaciones previsionales y de salud durante su relación laboral. Precisa que le hicieron "fee contract", que es para consultores independientes y que no generaban vínculo laboral con Unesco, porque pese a que ella sí tenía dependencia laboral, trabajaba media jornada.
Por ello, a su "fee contract" se le agregó un anexo en que se establecían sus horarios, y la supervisión y subordinación directa en el organismo.
"Lo que a mí no me dijeron nunca es que yo no tenía ningún derecho", reclama. Por ello presentó una demanda laboral en los nuevos juzgados del trabajo por "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo". En ella exige el pago de los meses que estuvo con licencia, lo que restaba de su contrato desde que dejó de trabajar y las cotizaciones previsionales y de salud adeudadas.
Ya tuvieron audiencia preparatoria, a la que Unesco Santiago no se presentó, y la próxima cita es el 27 de noviembre.
Seguirá el proceso, aunque sabe que de existir una condena, la justicia chilena no puede exigir su cumplimiento al organismo.
"Para mí no es un problema de plata, es un problema de dignidad", sentencia. Su abogado, Álvaro Gallegos, añade: "Ellos se amparan en su inmunidad, pero el problema es que inmunidad no es impunidad".
Consultados por "El Mercurio", en Unesco Santiago informaron que se trata de un tema privado, que se está tratando internamente y existe un "proceso" en curso, sin precisar cuándo habría resultados.
Ministerio de Relaciones Exteriores: no están sometidos a la jurisdicción de nuestros tribunales
El Ministerio de RR.EE. informó que la Unesco y el jefe de la oficina, el jefe adjunto de dicha oficina y los funcionarios superiores de la misma que tengan un grado equivalente o superior al grado máximo de la categoría profesional del organismo, gozan de inmunidad de jurisdicción y ejecución en materia laboral en este país, de acuerdo al Tratado Internacional entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). "Lo anterior implica que no están sometidos a la jurisdicción de los tribunales chilenos", señaló la respuesta oficial entregada a solicitud de "El Mercurio".
Según el ministerio, sin perjuicio que los convenios internacionales aplicables en este caso no contemplan mecanismos de reclamos para los empleados locales, "estimamos que la interesada podría recurrir a la Sede Central de la Unesco en París o directamente a Naciones Unidas". Al mismo tiempo, expresó que la afectada también puede hacer llegar todos los argumentos que fundan su denuncia a la Cancillería, para que ésta pida a Unesco un informe detallado "de todas las acciones e investigaciones que dicha organización haya emprendido respecto de la denuncia".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/063EB197-72D2-4037-A390-4D2A55A8A7D6.htm?id={063EB197-72D2-4037-A390-4D2A55A8A7D6}(El Mercurio)

Fallos del TC contra isapres apuran discusión para reforma

Un escenario que puede poner en jaque el sistema de salud privada es el que podría generarse por los cotizantes de isapres que han recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el alza de sus planes por la "tabla de factores de riesgo".
Ésta permite a las aseguradoras subir el precio de los planes cuando los usuarios alcanzan ciertos tramos de edad. Cada isapre actualmente ocupa dos tablas de factores, y en total en el sistema son 14.
El TC ya falló como inconstitucionales tres requerimientos de cotizantes, y a dos de ellos se les dejó sin efecto el alza. En el tercer caso, la Corte Suprema expuso que el contrato de la cotizante era anterior a la última reforma a la ley de isapres, del año 2005, por lo que no era aplicable la decisión del TC.
Sin embargo, la postura de anular las alzas por tabla de factores del TC ante estos tres casos puede llevar a dicha instancia a aplicar la facultad que posee de derogar el artículo impugnado de la ley de isapres.
Para que esto ocurra, deben estar de acuerdo los 4/5 del tribunal; es decir, ocho de sus diez miembros.
A ello se suma un requerimiento interpuesto en julio de este año por un grupo de parlamentarios de la Concertación que pidieron un pronunciamiento al TC sobre la constitucionalidad de la aplicación de la tabla a los cotizantes de isapres.
La última votación de los 10 ministros del TC fue de 7 votos contra 2 y 1 ausencia, por lo que la posibilidad de alcanzar los 4/5 en los próximos fallos es alta. Según la autoridad de salud, existen unos 40 casos tramitándose hoy en esta instancia.
A negociar
La posibilidad entonces de que se afecte el sistema de reajustabilidad que tienen las isapres y que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema privado es alta, por lo que en el Gobierno ya se ponen en el escenario de que esta situación pudiese pasar.
De ahí que la Superintendencia de Salud anunciara ayer, en el marco del congreso de Superintendencias de Salud de Latinoamérica, que se prolongará hasta hoy, que dentro de la mesa de negociación con las isapres, que se retomaría en 10 días, se pondrán sobre la mesa las alternativas a la tabla de factores para reajustar el plan.
La opción que aparece como probable para zanjar el problema es la aplicación de un fondo de compensación, tal como el que se ocupa actualmente dentro del plan AUGE, y que con unos $29 mil millones al año pueda cubrir las diferencias de riesgo.
La Asociación de Isapres se abstuvo de opinar de los dichos del superintendente.
____________
40
requerimientos tramita el TC sobre la constitucionalidad de la tabla de factores.
Dos
Grupos
son afectados por estas alzas: adultos mayores y mujeres en edad fértil.
$29
mil millones
podría tener el fondo de compensación propuesto por la superintendencia.
Tres
fallos del TC
han declarado ya inconstitucional el alza por la tabla de factores.
______________
''(Se deben) regular de mejormanera las discriminaciones deriesgo que hoy viven los afiliados".MANUEL INOSTROZASUPERINTENDENTE DE SALUD

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A.htm?id={56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A} (El Mercurio)

Senado aprueba proyecto del Gobierno que elimina las coremas

Lunes 16 de Noviembre de 2009

Tras la aprobación que obtuvo en la sala del Senado el martes de la semana pasada, el Gobierno logró suprimir las Comisiones Regionales de Medio Ambiente -denominadas coremas- para evitar el voto político por sobre las consideraciones técnicas en la aprobación de los proyectos de inversión en las regiones del país, lo que implica excluir de dichas instancias a los gobernadores y consejeros regionales.
En su reemplazo, el proyecto de ley -que quedó listo para su promulgación una vez que su texto sea revisado por el Tribunal Constitucional- consagra como parte de la nueva institucionalidad ambiental la creación de una comisión de diez secretarios regionales ministeriales (seremis) de diversos sectores, además del intendente de la región respectiva donde se realizará la inversión.
Consideración final
La máxima autoridad regional fue integrada a último minuto tras la negociación del Gobierno con los senadores de oposición, a fines de octubre pasado, lo que facilitó la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo que incluía la eliminación de las coremas.
El tema de la supresión de las coremas cobró significación, pues esta materia no pudo quedar zanjada en la Cámara de Diputados.
El articulado del proyecto de ley del Ejecutivo define la nueva instancia destinada a aprobar los proyectos públicos y privados en cada región vía una Comisión Evaluadora.
"Los proyectos serán calificados por una comisión presidida por el secretario regional ministerial (seremi) del Medio Ambiente e integrada por los secretarios regionales ministeriales de Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Planificación, y el director regional del servicio, quien actuará como secretario". Y a ello sumado el intendente de cada región.
Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Roberto Sepúlveda (RN), no es posible "despolitizar" las votaciones que aprueban o rechazan los proyectos ambientales. "La Concertación y sus partidos quieren que el sistema siga determinado por el factor político. No veo a las autoridades preservando el medio ambiente, en que los servicios públicos miran para un lado a la hora de votar los proyectos como sucedió con El Tatio", acusa.
Coincide el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano, Félix Viveros (RN), quien no ve factible lograr la despolitización, porque los funcionarios de Gobierno de turno seguirán en mayoría en dichas instancias.
"Hoy en la Corema Metropolitana hay 17 funcionarios públicos y sólo cuatro consejeros regionales", acota. Sin embargo, tras la votación en el Senado no quedará ninguno de estos últimos.
Comisión evaluadora
No obstante, tras la aprobación en el Senado, los senadores Pablo Longueira (UDI), Soledad Alvear (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Andrés Allamand (RN) explicaron que previo a la votación de la Comisión Evaluadora operará un comité técnico, cuyos informes consolidados serán vinculantes u obligatorios, de forma que es una garantía de hacer primar el mérito técnico.
El senador Carlos Ominami (ex PS) expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente encargado de votar los proyectos ambientales.
Ambientalistas: visiones encontradas
Posiciones opuestas tienen los ambientalistas en cuanto a la eliminación de las coremas para buscar despolitizar las decisiones a la hora de ser aprobadas o rechazadas por la Comisión Evaluadora.
Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, hay avances, pues existirá un comité técnico que deberá evacuar previamente un informe consolidado que tendrá un carácter vinculante para dicha comisión que deberá votarlo.
Reconoce que la incorporación última del intendente a esta instancia final no es lo que se esperaba, pues operará como un "infiltrado" del Gobierno central desde La Moneda. "Pero hay garantías de que el informe consolidado sea vinculante, que de no cumplirse, sirva como vacío esencial a ser presentado judicialmente. Hay un avance respecto de lo que había antes", destaca.
Consultada por casos en los que, a su juicio, hay notoria discrecionalidad política por sobre factores técnicos, Larraín mencionó Celco, El Tatio, Ralco, Alto Maipo, la planta de Peñalolén y Campiche en Quintero, entre otros.
Difiere totalmente el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, pues considera que no hay ninguna posibilidad de "despolitizar" las votaciones. "Los seremis son funcionarios públicos designados por el Gobierno y los intendentes son funcionarios colocados por el Ministerio del Interior. Tras una transaca de último minuto, hay un retroceso ostensible y no hay opción de desterrar el voto politizado sobre el mérito técnico", dijo.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/16/nacional/nacional/noticias/D5B7F8A6-5207-41E8-BCA9-795EF2FC66C0.htm?id={D5B7F8A6-5207-41E8-BCA9-795EF2FC66C0} (El Mercurio)