La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una estudiante en contra del dictamen de la Contraloría General de la República que prohibió la distribución de la denominada "píldora del día después" en los consultorios municipales.
En fallo dividido, los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Emilio Pfeffer, desestimaron la acción constitucional presentada por la estudiante Pamela Vera Flores.
Según informó el departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, la sentencia de mayoría determina que la Contraloría actuó dentro de sus facultades al interpretar ampliamente el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución del mencionado medicamento en el sistema público de salud.
El fallo argumenta que "las municipalidades son servicios públicos constitucionalmente autónomos que forman parte integrante de la Administración del Estado, lo que las obliga a actuar coordinadamente con los demás órganos públicos y respetar sus respectivas competencias, pues aún cuando se trata de órganos descentralizados, funcional y territorialmente, que no se encuentran sometidos a un vínculo jerárquico o de dependencia respecto del Presidente de la República ni de los ministerios, sus actuaciones se encuentran limitadas por el ordenamiento jurídico".
Y agrega que el ente contralor se ha limitado a interpretar el ordenamiento legal y reglamentario, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunas normas del Ministerio de Salud.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382424 (El Mercurio)
jueves, 29 de octubre de 2009
Gobierno advierte que habrá tensión si Contraloría indaga a ministros por actos políticos
El contralor Ramiro Mendoza estaba ayer en la mañana en la base Cerro Moreno, en Antofagasta, invitado por la FACh para observar la fase final del ejercicio militar "Salitre 2009". A esa misma hora, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, formulaba una dura advertencia a la Contraloría.
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
miércoles, 28 de octubre de 2009
Cámara rechaza suspender la dieta parlamentaria de Marco Enríquez-Ominami
La comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados rechazó la petición del candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, quien había solicitado la suspensión de su sueldo de parlamentario en los meses en que estará abocado a su campaña.
"No tenemos atribuciones legales, carecemos de las facultades y competencias para acceder a la solicitud de no pagar las remuneraciones de los diputados. No podemos tomar esa decisión", explicó el presidente del la Corporación, Rodrigo Álvarez, quien recordó que las remuneraciones de los parlamentarios "están consagradas a nivel constitucional".
Pese a ello, Álvarez dijo que es necesario estudiar esta normativa en el futuro y evaluar si se puede legislar con mayor precisión respecto a este tema, fundamentalmente en lo que dice relación con las candidaturas presidenciales, donde se entiende la ausencia de los legisladores dentro de la Cámara Baja.
Enríquez-Ominami había realizado la solicitud hace dos semanas a través de una carta en la que pedía la completa suspensión de su sueldo como diputado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, bajo el argumento de que la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país le impide asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra.
La negativa de la Cámara se hizo extensiva a las solicitudes de Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Renán Fuentealba y Lily Pérez, quienes se habían sumado a la iniciativa de Enríquez-Ominami.
Todos ellos habían adelantado que si la Cámara rechazaba su petición, tenían resuelto donar el dinero.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382172 (Emol)
"No tenemos atribuciones legales, carecemos de las facultades y competencias para acceder a la solicitud de no pagar las remuneraciones de los diputados. No podemos tomar esa decisión", explicó el presidente del la Corporación, Rodrigo Álvarez, quien recordó que las remuneraciones de los parlamentarios "están consagradas a nivel constitucional".
Pese a ello, Álvarez dijo que es necesario estudiar esta normativa en el futuro y evaluar si se puede legislar con mayor precisión respecto a este tema, fundamentalmente en lo que dice relación con las candidaturas presidenciales, donde se entiende la ausencia de los legisladores dentro de la Cámara Baja.
Enríquez-Ominami había realizado la solicitud hace dos semanas a través de una carta en la que pedía la completa suspensión de su sueldo como diputado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, bajo el argumento de que la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país le impide asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra.
La negativa de la Cámara se hizo extensiva a las solicitudes de Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Renán Fuentealba y Lily Pérez, quienes se habían sumado a la iniciativa de Enríquez-Ominami.
Todos ellos habían adelantado que si la Cámara rechazaba su petición, tenían resuelto donar el dinero.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382172 (Emol)
Despachada ley que elimina cheque en garantía en salud
Sólo falta la firma de la Presidenta para que sea ley el proyecto que flexibiliza la entrega del cheque en garantía ante una atención de salud y le entrega atribuciones para fiscalizar que no se pida este documento a la Superintendencia de Salud.
Esto luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara anoche con 68 votos a favor el proyecto que contempla que un usuario ante atenciones electivas, es decir, aquellas donde el paciente elige dónde atenderse para resolver un problema de salud que no tiene riesgo vital, pueda no dejar un cheque en garantía, sino cambiarlo por una letra de pago, pagaré, el voucher de una tarjeta de crédito o una carta de respaldo del empleador.
En el caso de las urgencias vitales certificadas por un médico, el cheque en garantía está prohibido desde el año 1999, pese a lo cual aún es utilizado en algunos centros de salud.
Para asegurar que esto no ocurra, el proyecto le entrega las atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, la que podrá aplicar sanciones económicas -que van entre los $36.000 y los $36 millones- tanto a hospitales públicos, como a clínicas e incluso a las consultas particulares de los médicos (ver nota relacionada).
De todas formas, quien desee cancelar con cheque o dinero en efectivo podrá hacerlo voluntariamente. Además, se ratifica que en casos de atenciones de emergencia que presenten riesgo vital certificado por un médico no se podrá exigir nunca un documento como garantía para la atención.
Pese a la mayoría obtenida por el proyecto, hubo opiniones divergentes. Entre ellas, la de la diputada RN Karla Rubilar, quien afirmó en la discusión previa a la votación que "lo lógico sería que nuestro seguro -ya sea isapre o Fonasa- fuera el que respondiera ante la clínica y no el usuario el que respondiera ante el prestador. Esa discusión va a quedar en deuda en este proyecto de ley". Concordó la PS Isabel Allende, quien afirmó que "cambiamos una cosa por otra. Es más de lo mismo".
$ 36millones es la multa máxima que podrá aplicar la superintendencia.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
68votos a favor tuvo el proyecto, uno en contra y una abstención.
Qué dice la ley y qué se agregó
CHEQUE EN GARANTÍA
La Ley 19.650, del año 1999, prohíbe la exigencia de un cheque en garantía por las atenciones de urgencia.
Pero la ley no explicitaba a ninguna autoridad para la fiscalización de esta situación, lo que en la práctica se traducía en que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, continuaban exigiendo el documento.
VETO ADITIVO
Con el proyecto despachado ayer por el Congreso se le entrega la fiscalización a la Superintendencia de Salud, a la que se le permite sancionar, de acuerdo con la gravedad de la falta, entre $36.500 y $36 millones.
A clínicas, hospitales y médicos que infrinjan la ley se les podrá sancionar con la eliminación de Fonasa y el AUGE.
Foco de conflicto con las consultas particulares
Es una situación común que muchos pacientes lleguen a las consultas particulares de sus médicos sin el bono de atención, y como solución se les pida una garantía en dinero que asegure que luego volverán a dejar el bono correspondiente.
Sin embargo, esta situación también deberá ser penalizada por esta nueva ley que fiscalizará la superintendencia, por tratarse igualmente de una garantía ilegal, lo que fue cuestionado durante el debate legislativo por el diputado radical Alberto Robles, quien fue apoyado por el UDI Juan Lobos.
"El proyecto está fomentando que el paciente, o lleve siempre su bono o tenga que pagar la consulta como particular, porque el médico se va a exponer a fuertes multas", reprochó el parlamentario.
En efecto, los médicos podrán ser expulsados del registro de prestadores del Fonasa, del AUGE y multados con hasta $36 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/nacional/noticias/DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898.htm?id={DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898} (El Mercurio)
Esto luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara anoche con 68 votos a favor el proyecto que contempla que un usuario ante atenciones electivas, es decir, aquellas donde el paciente elige dónde atenderse para resolver un problema de salud que no tiene riesgo vital, pueda no dejar un cheque en garantía, sino cambiarlo por una letra de pago, pagaré, el voucher de una tarjeta de crédito o una carta de respaldo del empleador.
En el caso de las urgencias vitales certificadas por un médico, el cheque en garantía está prohibido desde el año 1999, pese a lo cual aún es utilizado en algunos centros de salud.
Para asegurar que esto no ocurra, el proyecto le entrega las atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, la que podrá aplicar sanciones económicas -que van entre los $36.000 y los $36 millones- tanto a hospitales públicos, como a clínicas e incluso a las consultas particulares de los médicos (ver nota relacionada).
De todas formas, quien desee cancelar con cheque o dinero en efectivo podrá hacerlo voluntariamente. Además, se ratifica que en casos de atenciones de emergencia que presenten riesgo vital certificado por un médico no se podrá exigir nunca un documento como garantía para la atención.
Pese a la mayoría obtenida por el proyecto, hubo opiniones divergentes. Entre ellas, la de la diputada RN Karla Rubilar, quien afirmó en la discusión previa a la votación que "lo lógico sería que nuestro seguro -ya sea isapre o Fonasa- fuera el que respondiera ante la clínica y no el usuario el que respondiera ante el prestador. Esa discusión va a quedar en deuda en este proyecto de ley". Concordó la PS Isabel Allende, quien afirmó que "cambiamos una cosa por otra. Es más de lo mismo".
$ 36millones es la multa máxima que podrá aplicar la superintendencia.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
68votos a favor tuvo el proyecto, uno en contra y una abstención.
Qué dice la ley y qué se agregó
CHEQUE EN GARANTÍA
La Ley 19.650, del año 1999, prohíbe la exigencia de un cheque en garantía por las atenciones de urgencia.
Pero la ley no explicitaba a ninguna autoridad para la fiscalización de esta situación, lo que en la práctica se traducía en que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, continuaban exigiendo el documento.
VETO ADITIVO
Con el proyecto despachado ayer por el Congreso se le entrega la fiscalización a la Superintendencia de Salud, a la que se le permite sancionar, de acuerdo con la gravedad de la falta, entre $36.500 y $36 millones.
A clínicas, hospitales y médicos que infrinjan la ley se les podrá sancionar con la eliminación de Fonasa y el AUGE.
Foco de conflicto con las consultas particulares
Es una situación común que muchos pacientes lleguen a las consultas particulares de sus médicos sin el bono de atención, y como solución se les pida una garantía en dinero que asegure que luego volverán a dejar el bono correspondiente.
Sin embargo, esta situación también deberá ser penalizada por esta nueva ley que fiscalizará la superintendencia, por tratarse igualmente de una garantía ilegal, lo que fue cuestionado durante el debate legislativo por el diputado radical Alberto Robles, quien fue apoyado por el UDI Juan Lobos.
"El proyecto está fomentando que el paciente, o lleve siempre su bono o tenga que pagar la consulta como particular, porque el médico se va a exponer a fuertes multas", reprochó el parlamentario.
En efecto, los médicos podrán ser expulsados del registro de prestadores del Fonasa, del AUGE y multados con hasta $36 millones.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/nacional/noticias/DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898.htm?id={DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898} (El Mercurio)
Cámara aprueba proyecto de acuerdo en que se reconoce "deuda histórica"
Durante la mañana de ayer, la directiva del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, partió rumbo a Valparaíso. Los dirigentes llegaron al Congreso donde se les sumaron 27 buses con docentes desde la capital. Con esta manifestación de fuerza, los profesores iniciaron una nutrida agenda que incluyó reuniones con las bancadas de todos los partidos políticos y con el presidente de la Cámara de Diputados.
El intenso lobby tuvo sus frutos. En paralelo a las reuniones que sostuvo Gajardo, los congresistas les dieron un concreto apoyo con tres puntos clave para el Gobierno.
El primer golpe lo asestaron en la subcomisión mixta de presupuesto para Educación. Allí, se rechazó la partida para educación. Los aliancistas Carlos Kuschel (RN) y Claudio Alvarado (UDI) votaron en contra de la aprobación, el PS Carlos Montes y el independiente Carlos Ominami se abstuvieron y sólo aprobó el senador DC Hosaín Sabag.
Los integrantes de la instancia que se negaron a dar luz verde a los recursos admitieron que era una medida para presionar el Ejecutivo para que reconozca la existencia de una deuda histórica con los profesores. "El Gobierno debe tener un mínimo de flexibilización en esta materia", sostuvo el diputado Montes. Por su parte, Ominami argumentó su no aprobación como una "defensa a la dignidad del Congreso Nacional que formalmente ha reconocido esta deuda". Esto, en alusión a la comisión especial sobre deuda histórica que concluyó la existencia de ésta y le propuso al Gobierno posibles soluciones para pagarles a los docentes.
El segundo espaldarazo corporativo que recibieron los profesores, y que más dolió al Gobierno, ocurrió a las 13:25 horas. Fue en ese momento cuando se aprobó, sin discusión y por unanimidad de los 78 diputados presentes, el proyecto de acuerdo que pide a La Moneda reconocer la deuda histórica con el magisterio. En el documento, de cinco considerandos, se expresa que "la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile". Junto con ello se solicita que la Presidenta "disponga del cumplimiento de lo señalado" en las conclusiones de la comisión especial y que se haga un reconocimiento tácito de la "deuda moral" con el profesorado.
Pasadas las 15:30 horas, los parlamentarios dieron su golpe final: en la comisión de Educación decidieron prorrogar para una próxima cita la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, proyecto que venía con el visto bueno del Congreso listo para convertirse en ley.
"Lo hicimos en protesta por la actitud del Gobierno, en particular de Hacienda, y por haber postergado en un día la mesa entre el Ejecutivo y los profesores", comentó el diputado PPD Rodrigo González.
La irritación en el Congreso aumentó cuando en la tarde se enteraron de que la reunión fijada para ayer a las 18:00 horas entre La Moneda y el Colegio de Profesores se había postergado por 24 horas. Según les explicaron a los parlamentarios, "por un tope de agenda" de algunos de los interlocutores, en particular del subdere Mahmud Aleuy, que se encontraba en el Congreso. Con este cambio de fecha, el Gobierno hizo también su lobby al subir a la mesa de negociación a los Asociación Chilena de Municipalidades, un actor que los profesores no querían en las conversaciones.
Presupuesto
Con dos votos en contra, dos abstenciones y un voto a favor, la subcomisión mixta del Congreso rechazó aprobar el presupuesto de Educación para 2010, como gesto de molestia ante la negativa del Ejecutivo para solucionar la "deuda histórica".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/politica/noticias/1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC.htm?id={1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC} (El Mercurio)
El intenso lobby tuvo sus frutos. En paralelo a las reuniones que sostuvo Gajardo, los congresistas les dieron un concreto apoyo con tres puntos clave para el Gobierno.
El primer golpe lo asestaron en la subcomisión mixta de presupuesto para Educación. Allí, se rechazó la partida para educación. Los aliancistas Carlos Kuschel (RN) y Claudio Alvarado (UDI) votaron en contra de la aprobación, el PS Carlos Montes y el independiente Carlos Ominami se abstuvieron y sólo aprobó el senador DC Hosaín Sabag.
Los integrantes de la instancia que se negaron a dar luz verde a los recursos admitieron que era una medida para presionar el Ejecutivo para que reconozca la existencia de una deuda histórica con los profesores. "El Gobierno debe tener un mínimo de flexibilización en esta materia", sostuvo el diputado Montes. Por su parte, Ominami argumentó su no aprobación como una "defensa a la dignidad del Congreso Nacional que formalmente ha reconocido esta deuda". Esto, en alusión a la comisión especial sobre deuda histórica que concluyó la existencia de ésta y le propuso al Gobierno posibles soluciones para pagarles a los docentes.
El segundo espaldarazo corporativo que recibieron los profesores, y que más dolió al Gobierno, ocurrió a las 13:25 horas. Fue en ese momento cuando se aprobó, sin discusión y por unanimidad de los 78 diputados presentes, el proyecto de acuerdo que pide a La Moneda reconocer la deuda histórica con el magisterio. En el documento, de cinco considerandos, se expresa que "la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile". Junto con ello se solicita que la Presidenta "disponga del cumplimiento de lo señalado" en las conclusiones de la comisión especial y que se haga un reconocimiento tácito de la "deuda moral" con el profesorado.
Pasadas las 15:30 horas, los parlamentarios dieron su golpe final: en la comisión de Educación decidieron prorrogar para una próxima cita la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, proyecto que venía con el visto bueno del Congreso listo para convertirse en ley.
"Lo hicimos en protesta por la actitud del Gobierno, en particular de Hacienda, y por haber postergado en un día la mesa entre el Ejecutivo y los profesores", comentó el diputado PPD Rodrigo González.
La irritación en el Congreso aumentó cuando en la tarde se enteraron de que la reunión fijada para ayer a las 18:00 horas entre La Moneda y el Colegio de Profesores se había postergado por 24 horas. Según les explicaron a los parlamentarios, "por un tope de agenda" de algunos de los interlocutores, en particular del subdere Mahmud Aleuy, que se encontraba en el Congreso. Con este cambio de fecha, el Gobierno hizo también su lobby al subir a la mesa de negociación a los Asociación Chilena de Municipalidades, un actor que los profesores no querían en las conversaciones.
Presupuesto
Con dos votos en contra, dos abstenciones y un voto a favor, la subcomisión mixta del Congreso rechazó aprobar el presupuesto de Educación para 2010, como gesto de molestia ante la negativa del Ejecutivo para solucionar la "deuda histórica".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/politica/noticias/1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC.htm?id={1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC} (El Mercurio)
martes, 27 de octubre de 2009
Envían al Parlamento proyecto que resta atribuciones a fiscales militares
Aunque cometa un delito contra un uniformado, nunca más un civil será sometido a la justicia militar de aprobarse un proyecto de ley que ayer fue firmado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que además de restringir su ámbito de competencia introduce en la justicia castrense las normas del Código Procesal Penal.
Ello, sin embargo, con modificaciones que responden a la especificidad de la función militar.
"Los civiles que cometan delitos -aunque sean contra militares- van a ser juzgados por la justicia ordinaria; y eso va a poner término a una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tenía la justicia militar sobre los civiles en este país", sentenció el ministro de Justicia, Carlos Maldonado Curti.
El secretario de Estado destacó que además de la restricción del ámbito de competencia, la iniciativa legal "establece un sistema procesal moderno para los militares, para que también cuando ellos cometan infracciones militares puedan ser juzgados con todas las garantías del debido proceso".
En esta materia, se pretenden replicar las principales características de la Reforma Procesal Penal en la justicia castrense, para su modernización.
El proyecto de ley firmado por la Presidenta Bachelet se suma a otra iniciativa que ingresó al Parlamento el 13 de octubre y que establece los delitos militares y sus penas, y a otro proyecto que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal Militares, entre otras.
Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que hoy se enviaría al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal común.
Éste sanciona a quienes amenazan u ofenden de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas o a sus unidades e integrantes.
Además, la iniciativa legal reformula y actualiza definiciones como "tiempo de guerra" (eliminándose la referencia al "estado de sitio") y perfecciona el régimen de órdenes.
Según se explicó, con las modificaciones citadas el Estado de Chile pretende cumplir con lo ordenado por la Constitución y por tratados internacionales ratificados y vigentes en el país.
Distintas señales
MANUEL VALDERRAMAMiembro de la Corte Marcial
"No conozco el proyecto de la reforma a la justicia militar; como ministro de la Corte Marcial, nosotros hemos visto que la justicia militar está funcionando bien, que no hay problema, pero lógicamente se debe adecuar la justicia militar a los cambios y las reformas procesales que ha sufrido el país".
ALBERTO CARDEMILDiputado
"La derogación del delito de desacato es una señal de debilitar el respaldo, sobre todo a Carabineros. Señal equivocada ante el conflicto en la Araucanía. Gran parte de los anuncios del Gobierno por estos días tiene que ver con la campaña, por hacer guiños a sensibilidades de izquierda".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/27/nacional/nacional/noticias/43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40.htm?id={43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40} (El Mercurio)
Ello, sin embargo, con modificaciones que responden a la especificidad de la función militar.
"Los civiles que cometan delitos -aunque sean contra militares- van a ser juzgados por la justicia ordinaria; y eso va a poner término a una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tenía la justicia militar sobre los civiles en este país", sentenció el ministro de Justicia, Carlos Maldonado Curti.
El secretario de Estado destacó que además de la restricción del ámbito de competencia, la iniciativa legal "establece un sistema procesal moderno para los militares, para que también cuando ellos cometan infracciones militares puedan ser juzgados con todas las garantías del debido proceso".
En esta materia, se pretenden replicar las principales características de la Reforma Procesal Penal en la justicia castrense, para su modernización.
El proyecto de ley firmado por la Presidenta Bachelet se suma a otra iniciativa que ingresó al Parlamento el 13 de octubre y que establece los delitos militares y sus penas, y a otro proyecto que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal Militares, entre otras.
Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que hoy se enviaría al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal común.
Éste sanciona a quienes amenazan u ofenden de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas o a sus unidades e integrantes.
Además, la iniciativa legal reformula y actualiza definiciones como "tiempo de guerra" (eliminándose la referencia al "estado de sitio") y perfecciona el régimen de órdenes.
Según se explicó, con las modificaciones citadas el Estado de Chile pretende cumplir con lo ordenado por la Constitución y por tratados internacionales ratificados y vigentes en el país.
Distintas señales
MANUEL VALDERRAMAMiembro de la Corte Marcial
"No conozco el proyecto de la reforma a la justicia militar; como ministro de la Corte Marcial, nosotros hemos visto que la justicia militar está funcionando bien, que no hay problema, pero lógicamente se debe adecuar la justicia militar a los cambios y las reformas procesales que ha sufrido el país".
ALBERTO CARDEMILDiputado
"La derogación del delito de desacato es una señal de debilitar el respaldo, sobre todo a Carabineros. Señal equivocada ante el conflicto en la Araucanía. Gran parte de los anuncios del Gobierno por estos días tiene que ver con la campaña, por hacer guiños a sensibilidades de izquierda".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/27/nacional/nacional/noticias/43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40.htm?id={43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40} (El Mercurio)
Corte Suprema pide más claridad a los jueces a la hora de argumentar sus fallos
Lunes 26 de octubre de 2009
Mejorar la calidad de la justicia, así como su cercanía y comprensión por parte de los usuarios, son los principales objetivos de las resoluciones adoptadas por la Corte Suprema en la duodécima versión de sus jornadas anuales de reflexión, concluida ayer, donde se pidió a los magistrados mayor claridad en la redacción de sus fallos.
"Reconocemos que muchas veces, para el público en general, entender una sentencia por los tecnicismos que ella involucra es complejo", afirmó el vocero del máximo tribunal del país, ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que se ha hecho un gran esfuerzo para superar los atrasos en la tramitación de las causas, y estadísticamente se han dictado muchas más sentencias que en años anteriores, "pero queremos que se refleje también una calidad en el diseño de las sentencias, que estén bien fundamentadas y hacer una fundamentación más comprensible para el público".
En esa línea, el pleno de la Corte Suprema resolvió que las calificaciones de los jueces deben considerar la calidad de la fundamentación de los fallos que han emitido, eso sí, "sin amagar bajo ningún concepto su autonomía jurisdiccional".
Otro punto tratado en las jornadas de reflexión -desarrolladas desde el viernes pasado, en el Hotel Manquehue de la capital- fue el atraso en el agendamiento de audiencias en los tribunales orales de Talca, Ovalle y Arica, donde se instruyó a los ministros visitadores de las cortes de Apelaciones respectivas realizar un diagnóstico de la situación de cada tribunal.
"Puede deberse a que exista efectivamente una gran cantidad de trabajo que hace inmanejable el sistema o puede haber también una falla en la gestión propia de los tribunales", señaló el ministro Juica.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, precisó que si hubiera un problema de diseño habría que reforzar los tribunales con más jueces, "pero esa es una solución por lo menos a mediano plazo porque hay que dictar una ley que cree las plazas, y además hacer todo el procedimiento de nombramiento, que no es fácil".
El magistrado recordó que desde comienzos de año está en trámite un proyecto de ley que permite trasladar transitoriamente jueces de un tribunal a otro para reforzar dotaciones que sean insuficientes, y le han manifestado al Ministerio de Justicia la necesidad de que se apruebe lo antes posible: "Ahí por lo menos podríamos tener una solución a corto plazo".
Otra iniciativa aprobada fue crear un museo con fallos y objetos históricos del Poder Judicial para el Bicentenario.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/26/nacional/nacional/noticias/07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94.htm?id={07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94} (El Mercurio)
Mejorar la calidad de la justicia, así como su cercanía y comprensión por parte de los usuarios, son los principales objetivos de las resoluciones adoptadas por la Corte Suprema en la duodécima versión de sus jornadas anuales de reflexión, concluida ayer, donde se pidió a los magistrados mayor claridad en la redacción de sus fallos.
"Reconocemos que muchas veces, para el público en general, entender una sentencia por los tecnicismos que ella involucra es complejo", afirmó el vocero del máximo tribunal del país, ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que se ha hecho un gran esfuerzo para superar los atrasos en la tramitación de las causas, y estadísticamente se han dictado muchas más sentencias que en años anteriores, "pero queremos que se refleje también una calidad en el diseño de las sentencias, que estén bien fundamentadas y hacer una fundamentación más comprensible para el público".
En esa línea, el pleno de la Corte Suprema resolvió que las calificaciones de los jueces deben considerar la calidad de la fundamentación de los fallos que han emitido, eso sí, "sin amagar bajo ningún concepto su autonomía jurisdiccional".
Otro punto tratado en las jornadas de reflexión -desarrolladas desde el viernes pasado, en el Hotel Manquehue de la capital- fue el atraso en el agendamiento de audiencias en los tribunales orales de Talca, Ovalle y Arica, donde se instruyó a los ministros visitadores de las cortes de Apelaciones respectivas realizar un diagnóstico de la situación de cada tribunal.
"Puede deberse a que exista efectivamente una gran cantidad de trabajo que hace inmanejable el sistema o puede haber también una falla en la gestión propia de los tribunales", señaló el ministro Juica.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, precisó que si hubiera un problema de diseño habría que reforzar los tribunales con más jueces, "pero esa es una solución por lo menos a mediano plazo porque hay que dictar una ley que cree las plazas, y además hacer todo el procedimiento de nombramiento, que no es fácil".
El magistrado recordó que desde comienzos de año está en trámite un proyecto de ley que permite trasladar transitoriamente jueces de un tribunal a otro para reforzar dotaciones que sean insuficientes, y le han manifestado al Ministerio de Justicia la necesidad de que se apruebe lo antes posible: "Ahí por lo menos podríamos tener una solución a corto plazo".
Otra iniciativa aprobada fue crear un museo con fallos y objetos históricos del Poder Judicial para el Bicentenario.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/26/nacional/nacional/noticias/07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94.htm?id={07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94} (El Mercurio)
El Consejo para la Transparencia podrá resolver solicitudes a empresas públicas
Lunes 26 de octubre de 2009
En su primer fallo sobre la materia tras la entrada en vigor de la Ley sobre Acceso a la Información, en abril pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Consejo para la Transparencia tiene competencia para resolver reclamos tras pedidos de información a empresas públicas, lo que le permitiría obligar a dichas reparticiones a que entreguen datos ante solicitudes.
La Corte se pronunció sobre la presentación del abogado Álvaro Pérez Castro, gerente general de Unaco Chile, quien acudió al Consejo luego que BancoEstado le negara información que solicitó invocando la Ley de Transparencia.
El 12 de junio, el Consejo se declaró incompetente, al igual que en un fallo anterior que involucraba a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por estimar que las empresas públicas quedaban eximidas por la ley de la obligación de entregar la información, debiendo sólo cumplir con publicar datos específicos en sus sitios web.
Ante esto, Pérez Castro presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo.
El viernes pasado, la Séptima Sala de la Corte, integrada por los ministros Cornelio Villarroel y Mauricio Silva y el abogado integrante Antonio Barra, resolvió por unanimidad rechazar el recurso por ser presentado en forma "extemporánea".
Sin embargo, en el fallo se plantea que esto se realizó "no obstante haber sido el Consejo para la Transparencia plenamente competente para conocer del reclamo" del recurrente.
Según fuentes del Consejo, esto sienta un precedente para que, ante futuros reclamos, la entidad pueda resolver forzando a las empresas públicas a entregar información que les sea solicitada por particulares. Esto genera un escenario completamente nuevo, pues hasta ahora se entendía que quedaban fuera de esa obligación.
El abogado Pérez Castro se mostró complacido por el fallo, ya que la Corte le reconoció su derecho a solicitar la información al BancoEstado y a acudir ante el Consejo si no recibe los datos. Por eso, anunció que hoy "a primera hora" acudirá hasta las oficinas del banco con una carta en que reiterará su pedido.
Polémica sobre atribuciones
Las competencias del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas -como BancoEstado, TVN, Codelco y Enami- han sido materia de discusión en los primeros meses de la aplicación de la ley. Uno de los fallos más comentados fue el que obligó a TVN a publicar los sueldos de todos sus directivos, lo que está en proceso de apelación ante el Consejo por parte del canal estatal.
Pero, además, los directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) han cuestionado las atribuciones de la entidad. A raíz de las consultas por la emisión de un nuevo instructivo sobre Transparencia Activa, la directora del SEP, Mónica Singer, planteó que el Consejo "no tiene por función ni atribuciones" fiscalizar el cumplimiento de la transparencia en las empresas públicas ni aplicarles sanciones.
Autor: (El Mercurio)
En su primer fallo sobre la materia tras la entrada en vigor de la Ley sobre Acceso a la Información, en abril pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Consejo para la Transparencia tiene competencia para resolver reclamos tras pedidos de información a empresas públicas, lo que le permitiría obligar a dichas reparticiones a que entreguen datos ante solicitudes.
La Corte se pronunció sobre la presentación del abogado Álvaro Pérez Castro, gerente general de Unaco Chile, quien acudió al Consejo luego que BancoEstado le negara información que solicitó invocando la Ley de Transparencia.
El 12 de junio, el Consejo se declaró incompetente, al igual que en un fallo anterior que involucraba a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por estimar que las empresas públicas quedaban eximidas por la ley de la obligación de entregar la información, debiendo sólo cumplir con publicar datos específicos en sus sitios web.
Ante esto, Pérez Castro presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo.
El viernes pasado, la Séptima Sala de la Corte, integrada por los ministros Cornelio Villarroel y Mauricio Silva y el abogado integrante Antonio Barra, resolvió por unanimidad rechazar el recurso por ser presentado en forma "extemporánea".
Sin embargo, en el fallo se plantea que esto se realizó "no obstante haber sido el Consejo para la Transparencia plenamente competente para conocer del reclamo" del recurrente.
Según fuentes del Consejo, esto sienta un precedente para que, ante futuros reclamos, la entidad pueda resolver forzando a las empresas públicas a entregar información que les sea solicitada por particulares. Esto genera un escenario completamente nuevo, pues hasta ahora se entendía que quedaban fuera de esa obligación.
El abogado Pérez Castro se mostró complacido por el fallo, ya que la Corte le reconoció su derecho a solicitar la información al BancoEstado y a acudir ante el Consejo si no recibe los datos. Por eso, anunció que hoy "a primera hora" acudirá hasta las oficinas del banco con una carta en que reiterará su pedido.
Polémica sobre atribuciones
Las competencias del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas -como BancoEstado, TVN, Codelco y Enami- han sido materia de discusión en los primeros meses de la aplicación de la ley. Uno de los fallos más comentados fue el que obligó a TVN a publicar los sueldos de todos sus directivos, lo que está en proceso de apelación ante el Consejo por parte del canal estatal.
Pero, además, los directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) han cuestionado las atribuciones de la entidad. A raíz de las consultas por la emisión de un nuevo instructivo sobre Transparencia Activa, la directora del SEP, Mónica Singer, planteó que el Consejo "no tiene por función ni atribuciones" fiscalizar el cumplimiento de la transparencia en las empresas públicas ni aplicarles sanciones.
Autor: (El Mercurio)
domingo, 25 de octubre de 2009
A casi un año de su elección, alcaldes explican qué pasó con sus proyectos más urgentes
Ha casi un año de su elección, siete alcaldes de las principales ciudades de Chile explicaron a "El Mercurio" qué pasó con sus proyectos prioritarios. Los que habían anunciado que abordarían con decisión en sus primeros meses de trabajo.
En varios casos, problemas de presupuesto y ejecución dificultan los planes enfocados al desarrollo económico y cutural de las comunas. Sin embargo, parte de los proyectos anunciados ya comienza a tomar forma, y algunos ya están concluidos.
En Valparaíso, el alcalde Jorge Castro se comprometió a recuperar cuatro auditorios municipales en los cerros del puerto. Estos pequeños estadios habilitados para hacer deportes y actividades artísticas se deterioraron con los años, y en 2008 se anunció una inversión de casi mil millones de pesos para repararlos. A la fecha, las obras del auditorio de cerro Barón ya concluyeron, y a mediados de noviembre finalizarán las del cerro Florida. La próxima semana empiezan las reparaciones en los otros dos auditorios (cerros O'Higgins y Placeres), y además de lo prometido, el municipio arregló otro recinto en el Cordillera.
Donde también comenzaron los trabajos es en la caleta Tumbes, de Talcahuano. Su alcalde, Gastón Saavedra, ya consiguió $200 millones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para mejorar la cobertura de agua potable. El municipio comenzó un estudio para sanear la caleta, y se espera que en 2010 se vean sus resultados. Con ellos se iniciará el proyecto para fomentar atractivos turísticos que potencien esta localidad de apenas 850 habitantes.
En Temuco, el alcalde Miguel Becker planteó eliminar 600 microbasurales. El municipio ha cumplido su promesa, pero el problema sigue. Este año se cerraron 400 microbasurales, pero surgieron otros 300. "Se eliminan, y al otro día están casi igual", lamenta Becker.
Obstáculos
En Talca, el proyecto de un parque industrial que fomentaría el desarrollo económico sigue sólo en el papel.
El alcalde Juan Castro explica que su plan requiere un terreno de 180 hectáreas que tiene un valor de $6.500 millones. Como el municipio tiene un déficit de más de $5 mil millones, Castro ha intentado conseguir financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la operación aún no se concreta.
En Rancagua, la apuesta del alcalde Eduardo Soto de crear un sistema de alarma entre vecinos a través de celulares en conexión con la municipalidad aún no se concreta. Se había prometido su comienzo para enero, pero el edil explica que en noviembre ya podría comenzar el proyecto, porque ya se compró y probó el sistema computacional.
La alcaldesa de Antofagasta, Marcela Hernando, se comprometió a erradicar a 20 mil perros vagos que deambulan por la ciudad. Si bien los perros siguen paseándose por las calles, la edil asegura que en noviembre se adjudicará la licitación a la empresa que hará las esterilizaciones, y ya se planifica un canil en el sector norte de la ciudad.
En Punta Arenas, Vladimiro Mimica prometió recuperar el parque María Behety. Su proyecto contempla levantar un centro cultural, de arte y deporte. Pero mientras el lugar sigue sin reparaciones, el edil explica que el centro cultural se construirá en otros terrenos luego de una decisión de su antecesor, Juan Morano, y que en 2010 comenzarán las obras en los accesos del parque, ubicado casi en la orilla del Estrecho de Magallanes.
400microbasurales se eliminaron en Temuco, aunque han surgido otros 300.
Cincoauditorios se están arreglando para hacer deporte y otras actividades en Valparaíso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/25/nacional/nacional/noticias/69BA08F9-6DF3-4558-8E3F-DEE4485579BE.htm?id={69BA08F9-6DF3-4558-8E3F-DEE4485579BE} (El Mercurio)
En varios casos, problemas de presupuesto y ejecución dificultan los planes enfocados al desarrollo económico y cutural de las comunas. Sin embargo, parte de los proyectos anunciados ya comienza a tomar forma, y algunos ya están concluidos.
En Valparaíso, el alcalde Jorge Castro se comprometió a recuperar cuatro auditorios municipales en los cerros del puerto. Estos pequeños estadios habilitados para hacer deportes y actividades artísticas se deterioraron con los años, y en 2008 se anunció una inversión de casi mil millones de pesos para repararlos. A la fecha, las obras del auditorio de cerro Barón ya concluyeron, y a mediados de noviembre finalizarán las del cerro Florida. La próxima semana empiezan las reparaciones en los otros dos auditorios (cerros O'Higgins y Placeres), y además de lo prometido, el municipio arregló otro recinto en el Cordillera.
Donde también comenzaron los trabajos es en la caleta Tumbes, de Talcahuano. Su alcalde, Gastón Saavedra, ya consiguió $200 millones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para mejorar la cobertura de agua potable. El municipio comenzó un estudio para sanear la caleta, y se espera que en 2010 se vean sus resultados. Con ellos se iniciará el proyecto para fomentar atractivos turísticos que potencien esta localidad de apenas 850 habitantes.
En Temuco, el alcalde Miguel Becker planteó eliminar 600 microbasurales. El municipio ha cumplido su promesa, pero el problema sigue. Este año se cerraron 400 microbasurales, pero surgieron otros 300. "Se eliminan, y al otro día están casi igual", lamenta Becker.
Obstáculos
En Talca, el proyecto de un parque industrial que fomentaría el desarrollo económico sigue sólo en el papel.
El alcalde Juan Castro explica que su plan requiere un terreno de 180 hectáreas que tiene un valor de $6.500 millones. Como el municipio tiene un déficit de más de $5 mil millones, Castro ha intentado conseguir financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la operación aún no se concreta.
En Rancagua, la apuesta del alcalde Eduardo Soto de crear un sistema de alarma entre vecinos a través de celulares en conexión con la municipalidad aún no se concreta. Se había prometido su comienzo para enero, pero el edil explica que en noviembre ya podría comenzar el proyecto, porque ya se compró y probó el sistema computacional.
La alcaldesa de Antofagasta, Marcela Hernando, se comprometió a erradicar a 20 mil perros vagos que deambulan por la ciudad. Si bien los perros siguen paseándose por las calles, la edil asegura que en noviembre se adjudicará la licitación a la empresa que hará las esterilizaciones, y ya se planifica un canil en el sector norte de la ciudad.
En Punta Arenas, Vladimiro Mimica prometió recuperar el parque María Behety. Su proyecto contempla levantar un centro cultural, de arte y deporte. Pero mientras el lugar sigue sin reparaciones, el edil explica que el centro cultural se construirá en otros terrenos luego de una decisión de su antecesor, Juan Morano, y que en 2010 comenzarán las obras en los accesos del parque, ubicado casi en la orilla del Estrecho de Magallanes.
400microbasurales se eliminaron en Temuco, aunque han surgido otros 300.
Cincoauditorios se están arreglando para hacer deporte y otras actividades en Valparaíso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/25/nacional/nacional/noticias/69BA08F9-6DF3-4558-8E3F-DEE4485579BE.htm?id={69BA08F9-6DF3-4558-8E3F-DEE4485579BE} (El Mercurio)
Los pascuenses aprueban regular la permanencia de visitantes en la isla
Por 678 votos a favor, 26 en contra y 2 blancos, los habitantes de Isla de Pascua aprobaron, mediante una consulta realizada ayer, plantear una reforma constitucional que regule la residencia y la permanencia de los visitantes en ese territorio insular.
La consulta ciudadana adquirió importancia para el Gobierno desde los incidentes protagonizados por algunos ciudadanos de la isla, en septiembre pasado, cuando se tomaron la pista del aeropuerto. Por eso, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, fue enviado por la Presidenta Michelle Bachelet para supervisar las cinco mesas dispuestas en el colegio "Lorenzo Baeza Vega". De hecho, al término de la votación Rosende informó vía telefónica de todos los pormenores a la Mandataria.
Rosende detalló que la reforma se trabajará con la máxima rapidez: "Esperamos que la Presidenta pueda enviar esta reforma constitucional al Congreso en el transcurso de la semana que viene".
Para Mario Tuki, miembro del Parlamento Rapa Nui, este es el primer paso para consolidar una protección efectiva a la isla: "Nuestro pueblo viene esperando este momento desde hace años. Ojalá que en las decisiones finales se tome en consideración la visión de nuestra gente, y no (se resuelva) entre cuatro paredes de Santiago".
Pedro Teao, ex alcalde de Isla de Pascua por un período de 16 años, destacó la importancia de la aprobación: "La cultura viva de la isla se debe cuidar y esta iniciativa es una de las formas en que se resguarde de manera efectiva a este territorio Patrimonio de la Humanidad".
La consulta ciudadana, que abarcó a un universo total de 706 personas de la etnia rapanuí, se realizó en calma. Sólo hubo una pequeña protesta de quienes no estaban de acuerdo con ella.
La isla tiene una población de 4 mil habitantes y 2 mil de ellos pertenecen a la etnia rapanuí. El proceso se inició a las 8 de la mañana, tiempo local, y a esa hora ya había personas dispuestas a emitir su opinión.
La gobernadora de Isla de Pascua, Carolina Hotus, recalcó la tranquilidad con que el pueblo de Rapa Nui aprobó esta reforma. "La gente se acercó desde temprano a apoyar esta iniciativa", explicó.
706
pascuenses votaron en la consulta para regular la permanencia e ingreso a la isla.
Primera consulta tras la vigencia del Convenio 169
Esta es la primera votación ciudadana que se realiza en Chile tras la entrada en vigencia del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio establece que el Gobierno debe consultar a los pueblos originarios cualquier modificación constitucional que los afecte de manera directa. La población de la isla se ha multiplicado en los últimos años, superando las 4 mil personas, especialmente de gente que llega a vivir al territorio insular. Los nativos, que suman 2 mil, consideran que este número, potenciado aún más por los turistas, es peligroso para la preservación cultural y ecológica de la isla.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/25/nacional/_portada/noticias/F1C24736-3B46-4371-959B-60FB679F49F5.htm?id={F1C24736-3B46-4371-959B-60FB679F49F5} (El Mercurio)
La consulta ciudadana adquirió importancia para el Gobierno desde los incidentes protagonizados por algunos ciudadanos de la isla, en septiembre pasado, cuando se tomaron la pista del aeropuerto. Por eso, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, fue enviado por la Presidenta Michelle Bachelet para supervisar las cinco mesas dispuestas en el colegio "Lorenzo Baeza Vega". De hecho, al término de la votación Rosende informó vía telefónica de todos los pormenores a la Mandataria.
Rosende detalló que la reforma se trabajará con la máxima rapidez: "Esperamos que la Presidenta pueda enviar esta reforma constitucional al Congreso en el transcurso de la semana que viene".
Para Mario Tuki, miembro del Parlamento Rapa Nui, este es el primer paso para consolidar una protección efectiva a la isla: "Nuestro pueblo viene esperando este momento desde hace años. Ojalá que en las decisiones finales se tome en consideración la visión de nuestra gente, y no (se resuelva) entre cuatro paredes de Santiago".
Pedro Teao, ex alcalde de Isla de Pascua por un período de 16 años, destacó la importancia de la aprobación: "La cultura viva de la isla se debe cuidar y esta iniciativa es una de las formas en que se resguarde de manera efectiva a este territorio Patrimonio de la Humanidad".
La consulta ciudadana, que abarcó a un universo total de 706 personas de la etnia rapanuí, se realizó en calma. Sólo hubo una pequeña protesta de quienes no estaban de acuerdo con ella.
La isla tiene una población de 4 mil habitantes y 2 mil de ellos pertenecen a la etnia rapanuí. El proceso se inició a las 8 de la mañana, tiempo local, y a esa hora ya había personas dispuestas a emitir su opinión.
La gobernadora de Isla de Pascua, Carolina Hotus, recalcó la tranquilidad con que el pueblo de Rapa Nui aprobó esta reforma. "La gente se acercó desde temprano a apoyar esta iniciativa", explicó.
706
pascuenses votaron en la consulta para regular la permanencia e ingreso a la isla.
Primera consulta tras la vigencia del Convenio 169
Esta es la primera votación ciudadana que se realiza en Chile tras la entrada en vigencia del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio establece que el Gobierno debe consultar a los pueblos originarios cualquier modificación constitucional que los afecte de manera directa. La población de la isla se ha multiplicado en los últimos años, superando las 4 mil personas, especialmente de gente que llega a vivir al territorio insular. Los nativos, que suman 2 mil, consideran que este número, potenciado aún más por los turistas, es peligroso para la preservación cultural y ecológica de la isla.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/25/nacional/_portada/noticias/F1C24736-3B46-4371-959B-60FB679F49F5.htm?id={F1C24736-3B46-4371-959B-60FB679F49F5} (El Mercurio)
sábado, 24 de octubre de 2009
CDE valora precedente en el fallo de Bomberos
Satisfecho quedó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que no acogió el recurso de inaplicabilidad de 14 aseguradoras contra la norma que las obliga a pagar los gastos médicos e indemnizaciones por los accidentes de los bomberos. La consejera que alegó la causa, Paulina Veloso, estima que la resolución servirá en otras causas.
El caso tuvo varias particularidades. Nunca antes el CDE había intervenido en un proceso a solicitud de la Cámara de Diputados, y por primera vez en la historia del TC los alegatos fueron transmitidos por televisión, esta vez a todas las compañías de Bomberos del país.
Para Veloso, el fallo marcó jurisprudencia, porque " hay un análisis respecto a que la Constitución no prohíbe discriminar o no prohíbe diferenciar", como argumentan varios defensores. Lo que prohíbe, sostuvo, es que tal diferenciación sea "arbitraria, injusta, desproporcional". Agregó que el fallo servirá en otros casos donde se alega discriminación.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A.htm?id={BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A} (El Mercurio)
El caso tuvo varias particularidades. Nunca antes el CDE había intervenido en un proceso a solicitud de la Cámara de Diputados, y por primera vez en la historia del TC los alegatos fueron transmitidos por televisión, esta vez a todas las compañías de Bomberos del país.
Para Veloso, el fallo marcó jurisprudencia, porque " hay un análisis respecto a que la Constitución no prohíbe discriminar o no prohíbe diferenciar", como argumentan varios defensores. Lo que prohíbe, sostuvo, es que tal diferenciación sea "arbitraria, injusta, desproporcional". Agregó que el fallo servirá en otros casos donde se alega discriminación.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A.htm?id={BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A} (El Mercurio)
Fiscal Chahuán: "La solución a las críticas no pasa por modificar el Procedimiento Penal
Un año y siete meses cumplió en su cargo el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Coincidió la fecha con el décimo aniversario de la puesta en marcha del organismo que dirige.
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
Transparencia da la razón a Subsecretaría de Carabineros
El Consejo para la Transparencia acogió los argumentos de la Subsecretaría de Carabineros para no entregar los nombres completos de las personas que realizaron reclamos o denuncias por diligencias policiales el año pasado.
La solicitud había sido realizada por el abogado Pedro Anguita, quien apeló al citado consejo al pedir una investigación sumaria contra la subsecretaria Javiera Blanco.
La subsecretaría argumentó que la entrega de los nombres de los denunciantes podía afectar la vida privada de aquéllos. Además, notificar a los denunciantes (que llegaban a 315) su derecho de oponerse a esa solicitud habría afectado las funciones de esa repartición, sin personal suficiente.
El consejo reconoció que la divulgación de los nombres de todos los reclamantes podría inhibir futuras denuncias, como la del funcionario a quien se le denegaría su reincorporación por su orientación sexual.
El consejo revisó los 315 reclamos y concluyó que sólo 120 denuncias se referían a presuntos procedimientos mal adoptados. Además, distinguió si la denuncia provenía de una autoridad pública o de un particular. En el caso de las autoridades, la identidad debe ser revelada sin más. Así, mantuvo el requerimiento de la notificación a los particulares, al ser un universo más reducido.
Luis Manuel Rodríguez, asesor jurídico de la subsecretaria, valoró el fallo, destacando la jurisprudencia que antepone el derecho a la privacidad sobre el deber de la transparencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E.htm?id={CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E} (El Mercurio)
La solicitud había sido realizada por el abogado Pedro Anguita, quien apeló al citado consejo al pedir una investigación sumaria contra la subsecretaria Javiera Blanco.
La subsecretaría argumentó que la entrega de los nombres de los denunciantes podía afectar la vida privada de aquéllos. Además, notificar a los denunciantes (que llegaban a 315) su derecho de oponerse a esa solicitud habría afectado las funciones de esa repartición, sin personal suficiente.
El consejo reconoció que la divulgación de los nombres de todos los reclamantes podría inhibir futuras denuncias, como la del funcionario a quien se le denegaría su reincorporación por su orientación sexual.
El consejo revisó los 315 reclamos y concluyó que sólo 120 denuncias se referían a presuntos procedimientos mal adoptados. Además, distinguió si la denuncia provenía de una autoridad pública o de un particular. En el caso de las autoridades, la identidad debe ser revelada sin más. Así, mantuvo el requerimiento de la notificación a los particulares, al ser un universo más reducido.
Luis Manuel Rodríguez, asesor jurídico de la subsecretaria, valoró el fallo, destacando la jurisprudencia que antepone el derecho a la privacidad sobre el deber de la transparencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E.htm?id={CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E} (El Mercurio)
Candidatos aprueban autonomía económica del Poder Judicial y difieren en críticas a los jueces
La posibilidad de obtener la anhelada autonomía financiera del Poder Judicial fue una de las propuestas que plantearon tres de los candidatos presidenciales y sus representantes durante su exposición en las jornadas de reflexión de la Corte Suprema.
Los abanderados Jorge Arrate y Sebastián Piñera, además del abogado Ciro Colombara, que asistió en representación de Marco Enríquez-Ominami, proponen esta autonomía.
Arrate -tras su intervención de 20 minutos al Pleno de la Suprema en que expuso sus propuestas judiciales- afirmó que es partidario de cambiar la Constitución y darle total autonomía al Poder judicial de los otros poderes del Estado, "con plena autonomía financiera".
Colombara, en representación de Enríquez-Ominami, quien está en Ecuador, se mostró partidario de la "independencia económica", mientras Sebastián Piñera planteó la "flexibilización del presupuesto para que los ministros puedan decidir en qué gastar sus recursos".
Una postura diferente tiene el candidato Eduardo Frei, quien no asistió porque se encontraba en Valdivia. Según aseguraron los abogados que lo representaron, Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz Tagle, quieren una nueva Constitución.
"En ningún momento hemos pensado que el Poder Judicial debe ser enteramente autónomo. Se trata de un poder que junto a un poder Ejecutivo y Legislativo, deben construir la democracia", dijo Ruiz Tagle.
Agregó que el presupuesto de los jueces, FF.AA. y servicios públicos "debe ser resuelto en el Parlamento".
El presidente de la Suprema, Urbano Marín, se mostró conforme con las visiones de los candidatos. "Reconocieron la autonomía judicial, lo esencial de nuestro sistema democrático de derecho". Sobre la autonomía financiera, reconoció que es un tema importante, pero que "hasta ahora no han tenido problemas con el presupuesto".
Sobre los cuestionamientos a la labor de los jueces y la llamada "puerta giratoria", hubo distintas posturas entre los candidatos.
El más crítico fue el abanderado de la Alianza. "Algunos jueces privilegian más las garantías de los delincuentes que los derechos de las víctimas y los inocentes, por lo tanto en nuestro gobierno vamos a perfeccionar la ley para evitar que la puerta giratoria siga girando", dijo Sebastián Piñera.
Hermosilla se mostró preocupado por la mirada que "ha instalado la derecha de que no hay justicia en Chile, que los jueces se dedican a liberar delincuentes". El representante de Frei señaló que "si bien la justicia debe ser mejorada, se debe acercar más a la gente", y que no se pueden "construir conceptos como el de 'puerta giratoria', que básicamente está minando la confianza de la ciudadanía en los jueces".
El representante de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, abogó por la "reinserción y prevención como temas clave", la capacitación de los jueces y el uso del brazalete electrónico.
Por su parte, Arrate coincidió en su "preferencia por desarrollar políticas de prevención y rehabilitación más que por poner el acento en las políticas de represión" enfocándose en un "candado a las desigualdades".
Al respecto, Marín afirmó "que siempre hay gente que no está de acuerdo con lo que hacen los tribunales. Pero siempre también hay posibilidades que las decisiones judiciales sean revisadas por otros jueces".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A.htm?id={AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A}
(El Mercurio)
Los abanderados Jorge Arrate y Sebastián Piñera, además del abogado Ciro Colombara, que asistió en representación de Marco Enríquez-Ominami, proponen esta autonomía.
Arrate -tras su intervención de 20 minutos al Pleno de la Suprema en que expuso sus propuestas judiciales- afirmó que es partidario de cambiar la Constitución y darle total autonomía al Poder judicial de los otros poderes del Estado, "con plena autonomía financiera".
Colombara, en representación de Enríquez-Ominami, quien está en Ecuador, se mostró partidario de la "independencia económica", mientras Sebastián Piñera planteó la "flexibilización del presupuesto para que los ministros puedan decidir en qué gastar sus recursos".
Una postura diferente tiene el candidato Eduardo Frei, quien no asistió porque se encontraba en Valdivia. Según aseguraron los abogados que lo representaron, Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz Tagle, quieren una nueva Constitución.
"En ningún momento hemos pensado que el Poder Judicial debe ser enteramente autónomo. Se trata de un poder que junto a un poder Ejecutivo y Legislativo, deben construir la democracia", dijo Ruiz Tagle.
Agregó que el presupuesto de los jueces, FF.AA. y servicios públicos "debe ser resuelto en el Parlamento".
El presidente de la Suprema, Urbano Marín, se mostró conforme con las visiones de los candidatos. "Reconocieron la autonomía judicial, lo esencial de nuestro sistema democrático de derecho". Sobre la autonomía financiera, reconoció que es un tema importante, pero que "hasta ahora no han tenido problemas con el presupuesto".
Sobre los cuestionamientos a la labor de los jueces y la llamada "puerta giratoria", hubo distintas posturas entre los candidatos.
El más crítico fue el abanderado de la Alianza. "Algunos jueces privilegian más las garantías de los delincuentes que los derechos de las víctimas y los inocentes, por lo tanto en nuestro gobierno vamos a perfeccionar la ley para evitar que la puerta giratoria siga girando", dijo Sebastián Piñera.
Hermosilla se mostró preocupado por la mirada que "ha instalado la derecha de que no hay justicia en Chile, que los jueces se dedican a liberar delincuentes". El representante de Frei señaló que "si bien la justicia debe ser mejorada, se debe acercar más a la gente", y que no se pueden "construir conceptos como el de 'puerta giratoria', que básicamente está minando la confianza de la ciudadanía en los jueces".
El representante de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, abogó por la "reinserción y prevención como temas clave", la capacitación de los jueces y el uso del brazalete electrónico.
Por su parte, Arrate coincidió en su "preferencia por desarrollar políticas de prevención y rehabilitación más que por poner el acento en las políticas de represión" enfocándose en un "candado a las desigualdades".
Al respecto, Marín afirmó "que siempre hay gente que no está de acuerdo con lo que hacen los tribunales. Pero siempre también hay posibilidades que las decisiones judiciales sean revisadas por otros jueces".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A.htm?id={AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A}
(El Mercurio)
Alcaldes presentan recurso de protección en contra de profesores en paro
Vieres 23 de Octubre de 2009
Tal como lo había anunciado, la Asociación Nacional de Municipios (AChM) interpuso esta mañana un recurso de protección en contra del Colegio de Profesores por el paro indefinido que comenzó a regir hoy en todo el país.
El presidente de la entidad, Claudio Arriagada, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, en compañía de los ediles de la capital y en el lugar indicó que ésta es la cuarta paralización del año, por lo que la acción judicial se basa en el derecho constitucional de los estudiantes a la educación.
El máximo dirigente de los alcaldes explicó que si el recurso es acogido tendrán más herramientas para actuar en caso de que el paro se radicalice. En ese sentido, añadió que si los docentes impiden la entrada de los alumnos a clases, los ediles podrán recurrir a la fuerza pública e incluso contratar profesores de reemplazo.
Arriagada recordó que los colegios aún están recuperando las clases perdidas a raíz del paro por el bono SAE, y que ahora se inicia el proceso de la PSU, la devolución de los portafolios de la evaluación docente, las graduaciones, las matrículas y la planificación del año 2010.
Por último, advirtió que los municipios se mantendrán firmes en su postura de no pagar los días no trabajados, independiente de la opinión del Mineduc.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381450(El Mercurio)
Tal como lo había anunciado, la Asociación Nacional de Municipios (AChM) interpuso esta mañana un recurso de protección en contra del Colegio de Profesores por el paro indefinido que comenzó a regir hoy en todo el país.
El presidente de la entidad, Claudio Arriagada, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, en compañía de los ediles de la capital y en el lugar indicó que ésta es la cuarta paralización del año, por lo que la acción judicial se basa en el derecho constitucional de los estudiantes a la educación.
El máximo dirigente de los alcaldes explicó que si el recurso es acogido tendrán más herramientas para actuar en caso de que el paro se radicalice. En ese sentido, añadió que si los docentes impiden la entrada de los alumnos a clases, los ediles podrán recurrir a la fuerza pública e incluso contratar profesores de reemplazo.
Arriagada recordó que los colegios aún están recuperando las clases perdidas a raíz del paro por el bono SAE, y que ahora se inicia el proceso de la PSU, la devolución de los portafolios de la evaluación docente, las graduaciones, las matrículas y la planificación del año 2010.
Por último, advirtió que los municipios se mantendrán firmes en su postura de no pagar los días no trabajados, independiente de la opinión del Mineduc.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381450(El Mercurio)
Antofagasta: prohíben subir la voz en la calle
Viernes 23 de Octurbe de 2009
El concejo municipal de esta ciudad aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una ordenanza sobre "control y regulación de ruidos molestos" en que se prohíbe conversar en voz alta en la vía pública pasadas las 23 horas.
El incumplimiento será calificado como una falta grave. Los infractores serán citados al juzgado de policía local y se exponen al pago de una multa de dos UTM ($72.996).
La ordenanza indica en el artículo 17 que "queda especialmente prohibido después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en alta voz sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía en general, ya sea de ejecutantes a pie o en vehículo".
La normativa impide además que "el pregón de mercaderías y objetos de toda índole, rifas, billetes de lotería (...) la propaganda de cualquier condición desde el interior de los locales a la vía pública, sea hecha de viva voz o por aparatos productores o difusores de sonido".
La alcaldesa Marcela Hernando señaló que ésta entrará en vigencia el próximo mes.
El concejal Félix Acori que votó en contra de esta ordenanza, la calificó de "maquillaje". En su opinión, "no soluciona el problema de fondo de la contaminación acústica en la segunda ciudad más ruidosa después de Santiago, según estudios recientes".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/nacional/noticias/2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8.htm?id={2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8} (El Mercurio)
El concejo municipal de esta ciudad aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una ordenanza sobre "control y regulación de ruidos molestos" en que se prohíbe conversar en voz alta en la vía pública pasadas las 23 horas.
El incumplimiento será calificado como una falta grave. Los infractores serán citados al juzgado de policía local y se exponen al pago de una multa de dos UTM ($72.996).
La ordenanza indica en el artículo 17 que "queda especialmente prohibido después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en alta voz sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía en general, ya sea de ejecutantes a pie o en vehículo".
La normativa impide además que "el pregón de mercaderías y objetos de toda índole, rifas, billetes de lotería (...) la propaganda de cualquier condición desde el interior de los locales a la vía pública, sea hecha de viva voz o por aparatos productores o difusores de sonido".
La alcaldesa Marcela Hernando señaló que ésta entrará en vigencia el próximo mes.
El concejal Félix Acori que votó en contra de esta ordenanza, la calificó de "maquillaje". En su opinión, "no soluciona el problema de fondo de la contaminación acústica en la segunda ciudad más ruidosa después de Santiago, según estudios recientes".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/nacional/noticias/2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8.htm?id={2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8} (El Mercurio)
Suprema detecta doce deficiencias en Ley Penal Adolescente y propone soluciones
Viernes 23 de Octube de 2009
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
jueves, 22 de octubre de 2009
Municipios evalúan presentar recurso de protección para garantizar clases
Ante el paro indefinido que anunciaron los profesores a partir de este viernes, el presidente de la Asociación de Municipalidades, Claudio Arriagada, señaló que estudian presentar un recurso de protección para garantizar las clases.
"Hemos estado analizando la posibilidad de instalar un recurso de protección para dotarnos de instrumentos más consistentes aun que los que nos dispone la actual norma, que nos permita tomar medidas alternativas, (algo) que no quisiéramos que ocurriera", señaló Arriagada.
El edil indicó que el recurso se presentaría mañana en caso de que la mesa tripartita, que comenzará a funcionar hoy –entre los profesores, el Gobierno y los municipios– no diera resultados.
Dicha acción podría permitir el acceso fluido de los alumnos a los colegios, garantizar su alimentación y "contar con personal docente que pueda asumir la tarea de aquéllos que están en paro", el cual, a su juicio "es muy difícil frenar".
"Si no avanzamos a la solución y se mantienen las posiciones intransigentes de todos los lados, no nos podemos quedar como meros espectadores", explicó Arriagada a radio Cooperativa.
Añadió que "nosotros tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un derecho constitucional, que se cumpla la obligación que tiene el Estado de entregar educación pública básica, gratuita y obligatoria".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381269 (Emol)
"Hemos estado analizando la posibilidad de instalar un recurso de protección para dotarnos de instrumentos más consistentes aun que los que nos dispone la actual norma, que nos permita tomar medidas alternativas, (algo) que no quisiéramos que ocurriera", señaló Arriagada.
El edil indicó que el recurso se presentaría mañana en caso de que la mesa tripartita, que comenzará a funcionar hoy –entre los profesores, el Gobierno y los municipios– no diera resultados.
Dicha acción podría permitir el acceso fluido de los alumnos a los colegios, garantizar su alimentación y "contar con personal docente que pueda asumir la tarea de aquéllos que están en paro", el cual, a su juicio "es muy difícil frenar".
"Si no avanzamos a la solución y se mantienen las posiciones intransigentes de todos los lados, no nos podemos quedar como meros espectadores", explicó Arriagada a radio Cooperativa.
Añadió que "nosotros tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias para garantizar un derecho constitucional, que se cumpla la obligación que tiene el Estado de entregar educación pública básica, gratuita y obligatoria".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381269 (Emol)
Profesores se retiran de mesa tripartita y confirman paro indefinido
Sin acercar posiciones concluyó la reunión de negociación tripartita entre los profesores, los alcaldes y el ministerio de Educación que se reunió con urgencia esta mañana para analizar los problemas del gremio, en vísperas del paro indefinido que, según confirmó el magisterio, se iniciará en todo el país este viernes.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dio por concluida la cita, argumentando que no había nada que negociar, puesto que el gobierno no reconoce la deuda histórica del gremio.
"Nosotros llevamos una propuesta y cuando se negocia las cosas tienen que ir así, una propuesta, una contrapropuesta, pero desgraciadamente la autoridad traía cero propuesta y dice que ese tema de la reparación de la deuda histórica no está en agenda y dan fundamentos jurídicos, históricos y morales y creo que ahí quedamos atrapados", dijo Gajardo, al tiempo que no reconoció responsabilidad en los efectos que tendrá la pérdida de clases en la educación pública.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, insistió en que el gobierno sólo está dispuesto a negociar el bono SAE y no reconoció la deuda histórica, recordando que tanto Justicia como la Contraloría han fallado siempre en contra de la demanda de los profesores y que eso crea jurisprudencia.
Martínez aseguró que el Mineduc adoptará medidas de contingencia para minimizar los impactos del paro. Por ello, llamó a los padres a enviar a sus hijos a clases, ya que los almuerzos y desayunos estarán garantizados y habrá además actividades extraprogramáticas.
Sin embargo, reconoció que de prolongarse el paro, éste tendría repercusiones en el Simce, pues los docentes se niegan a aplicarlo. Tras ello, aseguró que no se les pagarán los días no trabajados.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, calificó como desastroso el resultado de la reunión y aseguró que la educación municipal "ya no resiste otra paralización", pues recién están recuperando las clases de paros anteriores.
En vista de lo anterior, confirmó que presentarán un recurso de protección para garantizar las realización de las clases.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381291 (Emol)
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dio por concluida la cita, argumentando que no había nada que negociar, puesto que el gobierno no reconoce la deuda histórica del gremio.
"Nosotros llevamos una propuesta y cuando se negocia las cosas tienen que ir así, una propuesta, una contrapropuesta, pero desgraciadamente la autoridad traía cero propuesta y dice que ese tema de la reparación de la deuda histórica no está en agenda y dan fundamentos jurídicos, históricos y morales y creo que ahí quedamos atrapados", dijo Gajardo, al tiempo que no reconoció responsabilidad en los efectos que tendrá la pérdida de clases en la educación pública.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, insistió en que el gobierno sólo está dispuesto a negociar el bono SAE y no reconoció la deuda histórica, recordando que tanto Justicia como la Contraloría han fallado siempre en contra de la demanda de los profesores y que eso crea jurisprudencia.
Martínez aseguró que el Mineduc adoptará medidas de contingencia para minimizar los impactos del paro. Por ello, llamó a los padres a enviar a sus hijos a clases, ya que los almuerzos y desayunos estarán garantizados y habrá además actividades extraprogramáticas.
Sin embargo, reconoció que de prolongarse el paro, éste tendría repercusiones en el Simce, pues los docentes se niegan a aplicarlo. Tras ello, aseguró que no se les pagarán los días no trabajados.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, calificó como desastroso el resultado de la reunión y aseguró que la educación municipal "ya no resiste otra paralización", pues recién están recuperando las clases de paros anteriores.
En vista de lo anterior, confirmó que presentarán un recurso de protección para garantizar las realización de las clases.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381291 (Emol)
Sename: ex guardadores no podrán adoptar a Matilde
Categórico fue el director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Eugenio San Martín, a la hora de cerrar toda opción a Eduardo Porter y Marcela Castillo de adoptar a Matilde, la pequeña de ocho meses que cuidaron durante cinco meses como guardadores de la Fundación Chilena de la Adopción.
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
"Esa intención que ellos tienen de poder adoptar a Matilde no es posible. No hay cómo hacer excepciones y el Sename no va a hacer excepciones en este caso, porque ella ya tiene otros padres elegidos por el tribunal de familia", explicó San Marín a "El Mercurio".
Según el director del Sename, ello se les planteó "de manera clara" a Porter y Castillo en la reunión que sostuvieron ayer con la encargada del área de adopción del Sename, Raquel Morales.
Sin embargo, al término de la cita, Marcela Castillo insistió en que pretenden iniciar los trámites para optar a la adopción de Matilde y que en paralelo seguirán por la vía judicial.
Antes de ir al Sename, el matrimonio llegó hasta la Fiscalía Oriente para reunirse con el fiscal César Moya, e informar que habían hecho entrega de la menor.
Corte no admite recurso
Pese a esto, la investigación iniciada tras la denuncia de la Fundación Chilena de la Adopción contra la pareja sigue en curso, y el fiscal debe definir si formaliza o si propone alguna salida alternativa.
En tanto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección presentado por los guardadores, quedando pendiente sólo la apelación al rechazo del Cuarto Tribunal de Familia a dejar sin efecto la orden de entrega como una medida de protección para la niña, que se vería la próxima semana en el tribunal de alzada.
En la Fundación Chilena de la Adopción afirmaron que Matilde está al cuidado de otro matrimonio de guardadores desde antenoche y ha estado de muy buen ánimo. Explicaron que la pareja de cuidadores es una de las más antiguas en el sistema, y que tienen hijos y nietos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/22/nacional/nacional/noticias/9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C.htm?id={9D6A6F3A-0904-4A69-B394-11DB5ABBCA6C} (El Mercurio)
miércoles, 21 de octubre de 2009
Abogada de guardadores: Intentamos mediar con la Fundación pero ésta no quiso
Luego de que los padres guardadores de Matilde, la familia Porter Castillo, la Fundación Chilena de la Adopción hizo un llamado para que el matrimonio desistiera de las acciones legales para quedarse con la niña, petición que rechazó la abogada defensora de la pareja, Porzia Sprovera.
“Nosotros hemos reclamado en los tribunales desde el 9 de octubre y vamos a continuar con las acciones legales”, aseguró la abogada, quien además, precisó que esta situación pudo haber evitado si es que la directora de la casa de acogida de la menor, María Elena González, hubiese accedido a sentarse a conversar con el matrimonio.
“Esta situación la pudieron haber previsto mucho antes. Antes de iniciar todas las acciones legales llamamos a la directora de la Fundación, para pedirle que nos sentáramos a conversar para ver cómo podíamos solucionar esto y su respuesta fue ‘no sé de qué tengo que conversar con ustedes’”, afirmó Sprovera.
Además, precisó que la denuncia por vulneración se presentó a principios de octubre y que sólo cuando se les otorgó un recurso de apelación al matrimonio de guardadores, “ahora la Fundación dice que le estamos haciendo daño a la niña”.
“La Fundación manda un mensaje a través de la prensa, muy sensible, con el objeto de parezca que estos papás son los ‘malos’ (...), pero es la Fundación la que ha vulnerado los derechos de Matilde”, dijo la abogada.
Sprovera comentó que una vez que entregaron a la niña, no han sabido nada de ella, “nosotros la dejamos en la PDI”, y que esta mañana el matrimonio se reunió con las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), para evaluar la idoneidad de ellos como padres adoptivos.
“Esta situación anteriormente la negó el Sename. Cuando se contactó por primera vez Marcela Castillo con el Sename y con el departamento de adopción, le dijeron que por ningún motivo, que no podían siquiera aceptar el trámite” para quedarse con la niña.
Según Sprovera, le negaron la adopción de la menor porque la Fundación no acepta que la guardadoras adopten a los niños.
En tanto, precisó que ayer entró a la Corte, el recurso de apelación, y que es posible que su alegato sea el próximo miércoles; además está pendiente uno de protección.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381123 (El Mercurio)
“Nosotros hemos reclamado en los tribunales desde el 9 de octubre y vamos a continuar con las acciones legales”, aseguró la abogada, quien además, precisó que esta situación pudo haber evitado si es que la directora de la casa de acogida de la menor, María Elena González, hubiese accedido a sentarse a conversar con el matrimonio.
“Esta situación la pudieron haber previsto mucho antes. Antes de iniciar todas las acciones legales llamamos a la directora de la Fundación, para pedirle que nos sentáramos a conversar para ver cómo podíamos solucionar esto y su respuesta fue ‘no sé de qué tengo que conversar con ustedes’”, afirmó Sprovera.
Además, precisó que la denuncia por vulneración se presentó a principios de octubre y que sólo cuando se les otorgó un recurso de apelación al matrimonio de guardadores, “ahora la Fundación dice que le estamos haciendo daño a la niña”.
“La Fundación manda un mensaje a través de la prensa, muy sensible, con el objeto de parezca que estos papás son los ‘malos’ (...), pero es la Fundación la que ha vulnerado los derechos de Matilde”, dijo la abogada.
Sprovera comentó que una vez que entregaron a la niña, no han sabido nada de ella, “nosotros la dejamos en la PDI”, y que esta mañana el matrimonio se reunió con las autoridades del Servicio Nacional de Menores (Sename), para evaluar la idoneidad de ellos como padres adoptivos.
“Esta situación anteriormente la negó el Sename. Cuando se contactó por primera vez Marcela Castillo con el Sename y con el departamento de adopción, le dijeron que por ningún motivo, que no podían siquiera aceptar el trámite” para quedarse con la niña.
Según Sprovera, le negaron la adopción de la menor porque la Fundación no acepta que la guardadoras adopten a los niños.
En tanto, precisó que ayer entró a la Corte, el recurso de apelación, y que es posible que su alegato sea el próximo miércoles; además está pendiente uno de protección.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381123 (El Mercurio)
Corte rechaza recurso que pretendía impedir entrega de bebé para adopción
La corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo que pretendía dejar sin efecto la resolución del Cuarto Juzgado de Familia, la cual ordena que el matrimonio Castillo-Porter entregue a la menor de ocho meses a quien cuidaron como guardadores.
“La acción, presentada por las abogadas Porzia Sprovera y Lisete Cortes-Vieria, no puede ser acogida a tramitación”, determinó la Corte en una resolución dada a conocer esta tarde.
En ella, la corte argumentó que los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen la denuncia de un hecho específico que corresponda a los que, según el artículo 21 de la Constitución Política, hacen admisible una acción legal como la presentada por las abogadas.
En el recurso de amparo se planteaba, en alusión a la menor, que “pretender separarla de quien es su figura materna, sin ni siquiera escucharla, importa pasar por encima de los derechos a la libertad, no considerándola una persona, sino más bien un objeto que pasa de mano en mano".
La resolución de rechazo al requerimiento fue pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones integrada por los ministros Raúl Rocha, Jessica González y el abogado Emilio Pfeffer.
El caso de la pequeña Matilde, a quien sus guardadores se niegan a entregar, ha generado un amplio debate respecto de esta función y de lo que les toca vivir cuando deben entregar a los menores que estaban bajo su cuidado.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381010 (El Mercurio)
martes, 20 de octubre de 2009
Con un amparo buscan impedir entrega de bebé para adopción
Con un recurso de amparo, dos abogadas pretenden dejar sin efecto la decisión en que el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago ordenó al matrimonio de Marcela Castillo y Eduardo Porter entregar a Matilde, la menor de ocho meses que cuidaron como guardadores, para entregarla a sus padres adoptivos.
El requerimiento -que es a nombre de las profesionales, y no de la citada pareja- se suma a un recurso de protección presentado el viernes pasado por las mismas profesionales en representación del matrimonio, que se niega a entregar a la menor.
Una de las abogadas, Porzia Sprovera, explicó que solicitan que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem; es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el requerimiento se plantea, aludiendo a Matilde, que "el pretender separarla de quien es su figura materna, sin ni siquiera escucharla, importa pasar por encima de los derechos a la libertad, no considerándola una persona, sino más bien un objeto que pasa de mano en mano".
Por esto, afirman que la medida del tribunal de familia amenaza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, e incluyen una orden de no innovar, pidiendo que ésta se suspenda de inmediato
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/_portada/noticias/853DE9FD-
C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F.htm?id={853DE9FD-C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F} (El Mercurio)
El requerimiento -que es a nombre de las profesionales, y no de la citada pareja- se suma a un recurso de protección presentado el viernes pasado por las mismas profesionales en representación del matrimonio, que se niega a entregar a la menor.
Una de las abogadas, Porzia Sprovera, explicó que solicitan que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem; es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el requerimiento se plantea, aludiendo a Matilde, que "el pretender separarla de quien es su figura materna, sin ni siquiera escucharla, importa pasar por encima de los derechos a la libertad, no considerándola una persona, sino más bien un objeto que pasa de mano en mano".
Por esto, afirman que la medida del tribunal de familia amenaza el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, e incluyen una orden de no innovar, pidiendo que ésta se suspenda de inmediato
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/_portada/noticias/853DE9FD-
C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F.htm?id={853DE9FD-C527-4583-998C-C3F2B7FC3A5F} (El Mercurio)
Fallos en contra consideran que beneficios se extinguieron por traspaso de docentes
Desde 1994 datan los primeros casos en los que la Corte Suprema falló sobre la deuda histórica.
Así lo constató el informe de la comisión especial de Deudas Históricas de la Cámara de Diputados que durante seis meses recabó información sobre la materia y propuso una compensación económica para los docentes. Posteriormente, esta iniciativa fue presentada ante la Sala y finalmente se aprobó por unanimidad.
En la mayoría de los casos se trata de profesores que fueron traspasados en 1981 desde el "Estado Docente" -donde el Estado brindaba la educación pública y los profesores se regían por el Estatuto Administrativo- a municipalidades o corporaciones sin fines de lucro.
Casos
En 1980 se dictó un decreto que establecía una "asignación especial no imponible" para los profesores, que podía ascender incluso al 90% de los sueldos de los docentes. Según el texto, la idea era "solucionar los detrimentos económicos que habían sufrido los profesores". Pero el pago nunca llegó.
El primer fallo registrado fue un rechazo a la demanda de profesores contra la Corporación Municipal de Renca en 1994. El argumento principal para negar el recurso fue que tuvieron presente el artículo 15 de la Ley N°18.196, "en el sentido que al personal traspasado desde el sector público al municipal, le serán aplicables las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado, y que no le serán aplicables las normas de la legislación actual o futura que rijan las remuneraciones del sector público". La misma resolución precisa que restablecer el beneficio "del que fueron privados por ley", sería "claramente improcedente y francamente inconstitucional".
Un argumento similar es esgrimido por el dictamen que rechaza el recurso de los profesores contra la Munipalidad de Chanco (1994); docentes contra la Municipalidad de Los Vilos (1997); contra la Municipalidad de Antuco (1997); y contra el municipio de La Cisterna (2001).
Otro planteamiento que utilizó la Corte Suprema para negar el pago es que la deuda ya está prescrita. En el fallo de los profesores contra la Municipalidad de Constitución (1997) se acogió la prescripción de la acción.
No obstante, hubo casos, aunque menores, que fueron acogidos, como el de los profesores contra la Corporación Municipal de Antofagasta (1994).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/nacional/noticias/E4A4F13B-B6C7-
4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF.htm?id={E4A4F13B-B6C7-4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF} (El Mercurio)
Así lo constató el informe de la comisión especial de Deudas Históricas de la Cámara de Diputados que durante seis meses recabó información sobre la materia y propuso una compensación económica para los docentes. Posteriormente, esta iniciativa fue presentada ante la Sala y finalmente se aprobó por unanimidad.
En la mayoría de los casos se trata de profesores que fueron traspasados en 1981 desde el "Estado Docente" -donde el Estado brindaba la educación pública y los profesores se regían por el Estatuto Administrativo- a municipalidades o corporaciones sin fines de lucro.
Casos
En 1980 se dictó un decreto que establecía una "asignación especial no imponible" para los profesores, que podía ascender incluso al 90% de los sueldos de los docentes. Según el texto, la idea era "solucionar los detrimentos económicos que habían sufrido los profesores". Pero el pago nunca llegó.
El primer fallo registrado fue un rechazo a la demanda de profesores contra la Corporación Municipal de Renca en 1994. El argumento principal para negar el recurso fue que tuvieron presente el artículo 15 de la Ley N°18.196, "en el sentido que al personal traspasado desde el sector público al municipal, le serán aplicables las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado, y que no le serán aplicables las normas de la legislación actual o futura que rijan las remuneraciones del sector público". La misma resolución precisa que restablecer el beneficio "del que fueron privados por ley", sería "claramente improcedente y francamente inconstitucional".
Un argumento similar es esgrimido por el dictamen que rechaza el recurso de los profesores contra la Munipalidad de Chanco (1994); docentes contra la Municipalidad de Los Vilos (1997); contra la Municipalidad de Antuco (1997); y contra el municipio de La Cisterna (2001).
Otro planteamiento que utilizó la Corte Suprema para negar el pago es que la deuda ya está prescrita. En el fallo de los profesores contra la Municipalidad de Constitución (1997) se acogió la prescripción de la acción.
No obstante, hubo casos, aunque menores, que fueron acogidos, como el de los profesores contra la Corporación Municipal de Antofagasta (1994).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/20/nacional/nacional/noticias/E4A4F13B-B6C7-
4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF.htm?id={E4A4F13B-B6C7-4C4C-A68D-9DB7CEED5AAF} (El Mercurio)
No es prioridad cambiar la Ley Antiterrorista
Siempre revisamos la legislación que debemos aplicar y siempre hay análisis de distintos aspectos", respondió ayer el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, respecto a posibles cambios o mejoras a la Ley Antiterrorista.
Pero, descartó que La Moneda esté pensando en presentar una propuesta que modifique la actual legislación. "No es prioridad del Gobierno, no hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley para modificar la Ley Antiterrorista", afirmó.
Reconoció que hay peticiones de distintos tipos para introducir cambios, incluso de organismos internacionales, pero por ahora la ley seguirá como está.
El subsecretario Rosende explicó que al comparar el precepto legal chileno con otras de origen europeo, como España, Alemania o Inglaterra, "esas son leyes mucho más duras que la nuestra".
Pero, avanzar en algún innovación "está lejos de las prioridades que nosotros tenemos como Gobierno en los próximos cuatro meses".
Respecto de la tensión que se vive en Ercilla por la formalización de cuatro activistas mapuches, el subsecretario afirmó que esperan que la cordura y la calma se restablezcan porque "estamos en presencia de la acción del Ministerio Público y de los tribunales de Garantía".
La acusación formal que pesa contra los supuestos involucrados en actos de violencia "debe investigarse y adoptarse las resoluciones que corresponda", advirtió la autoridad."No hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley".
Pero, descartó que La Moneda esté pensando en presentar una propuesta que modifique la actual legislación. "No es prioridad del Gobierno, no hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley para modificar la Ley Antiterrorista", afirmó.
Reconoció que hay peticiones de distintos tipos para introducir cambios, incluso de organismos internacionales, pero por ahora la ley seguirá como está.
El subsecretario Rosende explicó que al comparar el precepto legal chileno con otras de origen europeo, como España, Alemania o Inglaterra, "esas son leyes mucho más duras que la nuestra".
Pero, avanzar en algún innovación "está lejos de las prioridades que nosotros tenemos como Gobierno en los próximos cuatro meses".
Respecto de la tensión que se vive en Ercilla por la formalización de cuatro activistas mapuches, el subsecretario afirmó que esperan que la cordura y la calma se restablezcan porque "estamos en presencia de la acción del Ministerio Público y de los tribunales de Garantía".
La acusación formal que pesa contra los supuestos involucrados en actos de violencia "debe investigarse y adoptarse las resoluciones que corresponda", advirtió la autoridad."No hay ningún grupo específico ni de asesores externos ni equipos nuestros que estén trabajando formalmente en la elaboración de un proyecto de ley".
lunes, 19 de octubre de 2009
Ley obligará a remodelar 5 mil ascensores en Santiago en los próximos 12 meses
Largos tiempos de espera, paradas en pisos equivocados y peligro de quedar atascados en cualquier momento en los elevadores es lo que viven a diario los vecinos de las Torres Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia. En este edificio, que data de 1970, sus instalaciones ya están obsoletas, en una situación que no sólo es molesta para los vecinos, sino también insegura.
Es una realidad que, según las principales empresas de ascensores del país, se repite en cerca de 5 mil elevadores sólo en la Región Metropolitana. La mayoría de ellos son antiguos y necesitan remodelarse con urgencia antes de que comience a operar la nueva Ley de Instalación, Mantención e Inspección de Ascensores, que regirá para edificios residenciales y públicos.
Es un tema de importancia si se considera que del total de viviendas que se construyen actualmente, el 70% son edificaciones en altura. Además, se calcula que en el país hay cerca de 100 mil inmuebles con ascensores.
Si bien la norma fue promulgada en octubre del año pasado, recién comenzará a operar en 2010. Desde esa fecha funcionarán empresas certificadoras que entregarán un sello a los edificios con la lectura "Instalación operativa" o "Instalación no operativa", tal como ocurre con los sellos verdes, rojos y amarillos de las instalaciones de gas.
Los municipios deberán crear un registro con la situación de cada edificio de su comuna, y en los casos de aquellos que no pasen la prueba se notificará al Juzgado de Policía Local y se cobrarán multas que pueden llegar a las 150 unidades de fomento (más de $3,1 millones).
Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica: "La certificación se renovará cada dos años;, sin embargo, a los edificios construidos antes de la entrada en vigencia de la ley se les exigirá una certificación inicial antes de un año".
La nueva ley viene a llenar un vacío legal, pues hasta el momento no hay fiscalización externa de la calidad de los ascensores, y realizar las mantenciones -que deben hacerse mensualmente-- queda a criterio de los dueños de los edificios.
El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre, explicó: "Son los propietarios o copropietarios los responsables de la mantención y certificación de los ascensores, por lo que las multas irán dirigidas a ellos directamente".
Qué dicen los afectados
PAOLA CARRASCO
Vive en la Torre 31 de Carlos Antúnez en Providencia y dice que subir a su ascensor es una odisea. "Puedes pasar fácilmente 15 minutos esperando el ascensor y cuando te subes nunca sabes dónde va a parar. Yo me bajo en cualquier piso y de ahí uso las escaleras. Tenemos miedo porque ya se han quedado atascados y podría ocurrir un accidente fatal"
PATRICIA ANDERSON
Es la administradora de una de las Torres de Carlos Antúnez y está consciente del problema de los elevadores. "Estos edificios van a cumplir 40 años y ya ni siquiera encontramos los repuestos para remodelarlos. Para cumplir con la nueva ley vamos a tener que invertir casi $ 95 millones para cubrir los cuatro ascensores que tenemos".
SANDRA RIDD
Vive en las Torres San Borja, en la comuna de Santiago, y asegura que siempre tiene problemas con al menos uno de los dos ascensores disponibles en su edificio. "Hace poco vinieron a arreglar uno, pero no va a pasar mucho tiempo y el otro se va a echar a perder. Siempre pasa lo mismo. Ya ha pasado que gente se ha quedado atrapada en los ascensores y han tenido que rescatarla. Yo no sé si aquí se hacen las mantenciones, pero están incluidas en nuestros gastos comunes".
El caso del accidente en el Palacio Riesco
En la Fiscalía Centro Norte se reactivó hace unos meses la indagatoria por la muerte de la estudiante Priscila Guzmán Valdés (24), quien quedó atrapada al interior de un montacargas en el Palacio Riesco. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2006, cuando la joven trabajaba como garzona durante un matrimonio que se celebraba en el lugar. Desde aquella fecha, la investigación penal no ha tenido resultados, pese a que un sumario sanitario estableció que la muerte se produjo por "grave inobservancia de las normas de seguridad". La joven murió por asfixia, al quedar atrapada entre los fierros laterales. De hecho, fueron multadas la empresa dueña del palacio y la empresa banquetera que contrató a la estudiante de parvularia. Esto se debe a que el montacargas no tenía acrílicos laterales ni condiciones mínimas de seguridad, lo que no fue advertido por los responsables.
En julio pasado, el abogado de la familia Guzmán, José Luis Andrés, solicitó a la fiscalía que formalice la investigación por cuasidelito de homicidio, después de tres años. Esto, en contra de las dos personas encargadas del recinto. La decisión podría ser determinada en los próximos días por el fiscal Patricio Cooper.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/19/nacional/nacional/noticias/0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB.htm?id={0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB} (El Mercurio)
Es una realidad que, según las principales empresas de ascensores del país, se repite en cerca de 5 mil elevadores sólo en la Región Metropolitana. La mayoría de ellos son antiguos y necesitan remodelarse con urgencia antes de que comience a operar la nueva Ley de Instalación, Mantención e Inspección de Ascensores, que regirá para edificios residenciales y públicos.
Es un tema de importancia si se considera que del total de viviendas que se construyen actualmente, el 70% son edificaciones en altura. Además, se calcula que en el país hay cerca de 100 mil inmuebles con ascensores.
Si bien la norma fue promulgada en octubre del año pasado, recién comenzará a operar en 2010. Desde esa fecha funcionarán empresas certificadoras que entregarán un sello a los edificios con la lectura "Instalación operativa" o "Instalación no operativa", tal como ocurre con los sellos verdes, rojos y amarillos de las instalaciones de gas.
Los municipios deberán crear un registro con la situación de cada edificio de su comuna, y en los casos de aquellos que no pasen la prueba se notificará al Juzgado de Policía Local y se cobrarán multas que pueden llegar a las 150 unidades de fomento (más de $3,1 millones).
Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explica: "La certificación se renovará cada dos años;, sin embargo, a los edificios construidos antes de la entrada en vigencia de la ley se les exigirá una certificación inicial antes de un año".
La nueva ley viene a llenar un vacío legal, pues hasta el momento no hay fiscalización externa de la calidad de los ascensores, y realizar las mantenciones -que deben hacerse mensualmente-- queda a criterio de los dueños de los edificios.
El presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre, explicó: "Son los propietarios o copropietarios los responsables de la mantención y certificación de los ascensores, por lo que las multas irán dirigidas a ellos directamente".
Qué dicen los afectados
PAOLA CARRASCO
Vive en la Torre 31 de Carlos Antúnez en Providencia y dice que subir a su ascensor es una odisea. "Puedes pasar fácilmente 15 minutos esperando el ascensor y cuando te subes nunca sabes dónde va a parar. Yo me bajo en cualquier piso y de ahí uso las escaleras. Tenemos miedo porque ya se han quedado atascados y podría ocurrir un accidente fatal"
PATRICIA ANDERSON
Es la administradora de una de las Torres de Carlos Antúnez y está consciente del problema de los elevadores. "Estos edificios van a cumplir 40 años y ya ni siquiera encontramos los repuestos para remodelarlos. Para cumplir con la nueva ley vamos a tener que invertir casi $ 95 millones para cubrir los cuatro ascensores que tenemos".
SANDRA RIDD
Vive en las Torres San Borja, en la comuna de Santiago, y asegura que siempre tiene problemas con al menos uno de los dos ascensores disponibles en su edificio. "Hace poco vinieron a arreglar uno, pero no va a pasar mucho tiempo y el otro se va a echar a perder. Siempre pasa lo mismo. Ya ha pasado que gente se ha quedado atrapada en los ascensores y han tenido que rescatarla. Yo no sé si aquí se hacen las mantenciones, pero están incluidas en nuestros gastos comunes".
El caso del accidente en el Palacio Riesco
En la Fiscalía Centro Norte se reactivó hace unos meses la indagatoria por la muerte de la estudiante Priscila Guzmán Valdés (24), quien quedó atrapada al interior de un montacargas en el Palacio Riesco. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2006, cuando la joven trabajaba como garzona durante un matrimonio que se celebraba en el lugar. Desde aquella fecha, la investigación penal no ha tenido resultados, pese a que un sumario sanitario estableció que la muerte se produjo por "grave inobservancia de las normas de seguridad". La joven murió por asfixia, al quedar atrapada entre los fierros laterales. De hecho, fueron multadas la empresa dueña del palacio y la empresa banquetera que contrató a la estudiante de parvularia. Esto se debe a que el montacargas no tenía acrílicos laterales ni condiciones mínimas de seguridad, lo que no fue advertido por los responsables.
En julio pasado, el abogado de la familia Guzmán, José Luis Andrés, solicitó a la fiscalía que formalice la investigación por cuasidelito de homicidio, después de tres años. Esto, en contra de las dos personas encargadas del recinto. La decisión podría ser determinada en los próximos días por el fiscal Patricio Cooper.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/19/nacional/nacional/noticias/0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB.htm?id={0AB6ABCC-DD87-4A8A-AD5E-420E720698AB} (El Mercurio)
Se triplica ingreso de traficantes bolivianos con ovoides de droga por el aeropuerto internacional
Entre enero y agosto pasado, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió a 51 traficantes con ovoides con cocaína de alta pureza en su cuerpo, en los vuelos que aterrizaron en el aeropuerto internacional de Santiago.
Se trata de un incremento de 183% en la detención de los llamados "correos humanos". En el mismo período del año pasado se habían registrado 18 casos.
El "perfil" de los traficantes es similar en más del 80% de los detenidos: son ciudadanos bolivianos, en su mayoría de Cochabamba, descubiertos con una cantidad cercana a las 100 cápsulas con droga.
El fiscal jefe de la comuna de Pudahuel, Emiliano Arias, quien pesquisa los delitos en el terminal desde 2006, afirmó: "Nos hemos percatado de un aumento bastante explosivo en los 'correos humanos' de esa nacionalidad, que traen droga en su propio cuerpo".
Explicó, además, que "esta es la modalidad que ha crecido, las otras se han mantenido en los niveles normales. Dicha alza se hizo notoria en julio último, cuando hubo 17 detenidos".
A juicio del fiscal Arias, en el incremento de los ingresos de los microtraficantes inciden dos factores objetivos que se presentan, y la lógica indica que estarían asociados.
El fiscal Arias argumenta: "La Organización de las Naciones Unidas reconoció que el gobierno de Colombia dio cuenta de una disminución en la producción (de droga) y que, por el contrario, han aumentado las plantaciones de coca en Bolivia. Es un hecho objetivo que revela la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes".
Agrega: "En el año también se produce la salida de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) desde Bolivia, que es un hecho público y notorio. Esos dos hechos objetivos es lógico vincularlos con un aumento de 'co-rreos humanos' de droga en ovoides; es como sumar dos más dos", asegura Arias.
Tras detectar el incremento en este tipo de tráfico, la Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación y ofició a los detectives de la Brigada Antinarcóticos en el aeropuerto para establecer un plan de contingencia tendiente a ampliar la fiscalización en los vuelos provenientes desde países productores de droga y las ciudades chilenas que comparten sus fronteras con ellos.
"Estamos verificando factores comunes del origen de la droga, de determinados pueblos en Bolivia y los destinos en Chile", señaló Arias.
El comisario Leandro Morales, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, sostuvo que inmediatamente fortalecieron el control en personas con un "perfil de riesgo".
Planteó que "se detectó que los detenidos tenían características en común: provenían de ciertos lugares, una edad entre 25 y 30 años y poseían una condición económica muy baja".
"Éstos, además, se ven ansiosos, pues saben que portan droga en su cuerpo y pueden morir. Ellos demoran unas 12 horas en tragar unas 100 cápsulas y no pueden ingerir alimentos, sólo líquidos; entonces, manifiestan un estado especial. Incluso, tienen un olor peculiar", concluyó Morales.
142 kilosde cocaína han sido incautados en el terminal aéreo este año.
"Plantaciones de coca están al doble de lo que permite la ley"
Desde Cochabamba, el cientista político José Luis Scotto afirma que "las hectáreas de plantaciones de coca, según informaciones recientes, han crecido, y se calcula que están en más de 40 mil". Explica que "la ley vigente desde hace ya casi 20 años señala que (las plantaciones) no pueden superar las 12 mil hectáreas. De acuerdo con distintos estudios, esto se podría flexibilizar hasta 18 mil o 20 mil hectáreas. Pero ya estamos al doble, en un 220% más de lo que debe haber de coca cultivada permitida".
Según Scotto, la expulsión de la Oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha permitido el ingreso de "carteles de México y Colombia en Bolivia. Es más, ya no hay tantos 'pisacocas' (método artesanal para elaborar cocaína); se hace todo el procedimiento tecnificado y sofisticado".
El analista sostiene que las organizaciones narco "ahora usan containers en que montan fábricas (laboratorios) en medio de la nada, con la tecnología más avanzada. Todo esto es mexicano o colombiano. Esto no era algo típico en el país, siempre fue más rústica y elemental la forma de procesar la coca".
Consultado sobre si la salida de la DEA ha incidido en el incremento de las redes de tráfico, Scotto responde que "hay una relación directa. Por ejemplo, en Tarija, que no es un departamento productor (de coca), en un año se descubrieron unos 14 laboratorios. Antes, si se detectaron dos o tres era mucho, en un espacio temporal diez veces más grande. Su retiro ha permitido un crecimiento del cultivo, el acopio y el narcotráfico".
Scotto sostiene que "hay una sobreproducción que supera el consumo tradicional, que se utiliza para mates de coca, champús y otros productos procesados transparentes".
"El gobierno dio a conocer que, faltando dos meses para el término del año, había alcanzado la meta de erradicación de 5.500 hectáreas. El problema es que erradican 6 mil hectáreas y, por el otro lado, hay 20 mil más en lugares donde nunca había eso", concluye Scotto.
Se trata de un incremento de 183% en la detención de los llamados "correos humanos". En el mismo período del año pasado se habían registrado 18 casos.
El "perfil" de los traficantes es similar en más del 80% de los detenidos: son ciudadanos bolivianos, en su mayoría de Cochabamba, descubiertos con una cantidad cercana a las 100 cápsulas con droga.
El fiscal jefe de la comuna de Pudahuel, Emiliano Arias, quien pesquisa los delitos en el terminal desde 2006, afirmó: "Nos hemos percatado de un aumento bastante explosivo en los 'correos humanos' de esa nacionalidad, que traen droga en su propio cuerpo".
Explicó, además, que "esta es la modalidad que ha crecido, las otras se han mantenido en los niveles normales. Dicha alza se hizo notoria en julio último, cuando hubo 17 detenidos".
A juicio del fiscal Arias, en el incremento de los ingresos de los microtraficantes inciden dos factores objetivos que se presentan, y la lógica indica que estarían asociados.
El fiscal Arias argumenta: "La Organización de las Naciones Unidas reconoció que el gobierno de Colombia dio cuenta de una disminución en la producción (de droga) y que, por el contrario, han aumentado las plantaciones de coca en Bolivia. Es un hecho objetivo que revela la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes".
Agrega: "En el año también se produce la salida de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) desde Bolivia, que es un hecho público y notorio. Esos dos hechos objetivos es lógico vincularlos con un aumento de 'co-rreos humanos' de droga en ovoides; es como sumar dos más dos", asegura Arias.
Tras detectar el incremento en este tipo de tráfico, la Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación y ofició a los detectives de la Brigada Antinarcóticos en el aeropuerto para establecer un plan de contingencia tendiente a ampliar la fiscalización en los vuelos provenientes desde países productores de droga y las ciudades chilenas que comparten sus fronteras con ellos.
"Estamos verificando factores comunes del origen de la droga, de determinados pueblos en Bolivia y los destinos en Chile", señaló Arias.
El comisario Leandro Morales, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, sostuvo que inmediatamente fortalecieron el control en personas con un "perfil de riesgo".
Planteó que "se detectó que los detenidos tenían características en común: provenían de ciertos lugares, una edad entre 25 y 30 años y poseían una condición económica muy baja".
"Éstos, además, se ven ansiosos, pues saben que portan droga en su cuerpo y pueden morir. Ellos demoran unas 12 horas en tragar unas 100 cápsulas y no pueden ingerir alimentos, sólo líquidos; entonces, manifiestan un estado especial. Incluso, tienen un olor peculiar", concluyó Morales.
142 kilosde cocaína han sido incautados en el terminal aéreo este año.
"Plantaciones de coca están al doble de lo que permite la ley"
Desde Cochabamba, el cientista político José Luis Scotto afirma que "las hectáreas de plantaciones de coca, según informaciones recientes, han crecido, y se calcula que están en más de 40 mil". Explica que "la ley vigente desde hace ya casi 20 años señala que (las plantaciones) no pueden superar las 12 mil hectáreas. De acuerdo con distintos estudios, esto se podría flexibilizar hasta 18 mil o 20 mil hectáreas. Pero ya estamos al doble, en un 220% más de lo que debe haber de coca cultivada permitida".
Según Scotto, la expulsión de la Oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha permitido el ingreso de "carteles de México y Colombia en Bolivia. Es más, ya no hay tantos 'pisacocas' (método artesanal para elaborar cocaína); se hace todo el procedimiento tecnificado y sofisticado".
El analista sostiene que las organizaciones narco "ahora usan containers en que montan fábricas (laboratorios) en medio de la nada, con la tecnología más avanzada. Todo esto es mexicano o colombiano. Esto no era algo típico en el país, siempre fue más rústica y elemental la forma de procesar la coca".
Consultado sobre si la salida de la DEA ha incidido en el incremento de las redes de tráfico, Scotto responde que "hay una relación directa. Por ejemplo, en Tarija, que no es un departamento productor (de coca), en un año se descubrieron unos 14 laboratorios. Antes, si se detectaron dos o tres era mucho, en un espacio temporal diez veces más grande. Su retiro ha permitido un crecimiento del cultivo, el acopio y el narcotráfico".
Scotto sostiene que "hay una sobreproducción que supera el consumo tradicional, que se utiliza para mates de coca, champús y otros productos procesados transparentes".
"El gobierno dio a conocer que, faltando dos meses para el término del año, había alcanzado la meta de erradicación de 5.500 hectáreas. El problema es que erradican 6 mil hectáreas y, por el otro lado, hay 20 mil más en lugares donde nunca había eso", concluye Scotto.
Presentan recurso de amparo para que guardadores no entreguen bebé
Domingo 18 de Octubre de 2009
Esta mañana un grupo de abogados presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de la pequeña Matilde, de ocho meses, cuyos guardadores se niegan a entregarla a la Fundación Chilena de la Adopción.
El matrimonio integrado por Marcela Castillo y Eduardo Porter se rehúsa a ceder a la menor, con la que se encariñaron, pese a que una resolución del Cuarto Tribunal de Familia los obliga a entregarla a sus padres adoptivos.
Los abogados -que presentaron la acción judicial actuaron por iniciativa propia y no a nombre de los guardadores- plantearon la necesidad de que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem, es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el recurso se solicita también una orden de no innovar, que paralice de inmediato la orden del Cuarto Juzgado de Familia y se plantea que, al haber estado seis meses con los guardadores, la menor ha desarrollado vínculos de apego, por lo que se vería perjudicada con la separación.
El viernes pasado, los mismos abogados presentaron un recurso de protección en representación de los guardadores de la menor, planteando que estaba en riesgo su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
Ambos requerimientos deberían ser vistos en los próximos días por la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá si los acoge o no a trámite.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=380808 (Emol)
Esta mañana un grupo de abogados presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de la pequeña Matilde, de ocho meses, cuyos guardadores se niegan a entregarla a la Fundación Chilena de la Adopción.
El matrimonio integrado por Marcela Castillo y Eduardo Porter se rehúsa a ceder a la menor, con la que se encariñaron, pese a que una resolución del Cuarto Tribunal de Familia los obliga a entregarla a sus padres adoptivos.
Los abogados -que presentaron la acción judicial actuaron por iniciativa propia y no a nombre de los guardadores- plantearon la necesidad de que la menor sea representada por un abogado que ejerza como curador ad litem, es decir, que resguarde sus derechos, independientemente de los intereses de las partes en el caso.
En el recurso se solicita también una orden de no innovar, que paralice de inmediato la orden del Cuarto Juzgado de Familia y se plantea que, al haber estado seis meses con los guardadores, la menor ha desarrollado vínculos de apego, por lo que se vería perjudicada con la separación.
El viernes pasado, los mismos abogados presentaron un recurso de protección en representación de los guardadores de la menor, planteando que estaba en riesgo su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
Ambos requerimientos deberían ser vistos en los próximos días por la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá si los acoge o no a trámite.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=380808 (Emol)
Sábado 17 de Octubre 2009
El 5 de marzo pasado, Carlos Rafael Felip Imperatore viajó de Canadá a nuestro país para sentarse a declarar en contra de su ex pareja, María del Pilar Pérez. La misma que, según su testimonio, lo mandó a matar con un presunto sicario llamado William Martínez.
Este episodio, ocurrido hace siete años, era una prueba de contexto de los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo que no podrá ser incluida en el juicio oral en contra de la mujer y José Ruz Rodríguez, por los crímenes de Providencia.
Y es que el juez Daniel Aravena acogió la petición de Gonzalo Castro y Bárbara Antivero, abogados de Ruz, de excluir este testimonio, que fue presentado en una audiencia pública por Felip.
¿La razón?, es un hecho ajeno a los crímenes de Diego Schmidt-Hebbel y del ex marido de Pérez López, Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo. El testimonio de Martínez también fue desechado. La fiscalía apelará de esta decisión, una vez que termine la preparación del juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/nacional/noticias/CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3.htm?id={CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3} (El Mercurio)
El 5 de marzo pasado, Carlos Rafael Felip Imperatore viajó de Canadá a nuestro país para sentarse a declarar en contra de su ex pareja, María del Pilar Pérez. La misma que, según su testimonio, lo mandó a matar con un presunto sicario llamado William Martínez.
Este episodio, ocurrido hace siete años, era una prueba de contexto de los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo que no podrá ser incluida en el juicio oral en contra de la mujer y José Ruz Rodríguez, por los crímenes de Providencia.
Y es que el juez Daniel Aravena acogió la petición de Gonzalo Castro y Bárbara Antivero, abogados de Ruz, de excluir este testimonio, que fue presentado en una audiencia pública por Felip.
¿La razón?, es un hecho ajeno a los crímenes de Diego Schmidt-Hebbel y del ex marido de Pérez López, Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo. El testimonio de Martínez también fue desechado. La fiscalía apelará de esta decisión, una vez que termine la preparación del juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/nacional/noticias/CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3.htm?id={CFD92B78-DFD0-49F9-9FB1-F62CEE53FDD3} (El Mercurio)
Corte Suprema: "No están dadas las condiciones" para la Ley Penal Juvenil
Sábado 17 de Octubre de 2009
Su preocupación por la forma en que se ha implementado la reforma a la justicia penal adolescente planteará la Corte Suprema en un informe ad hoc que le solicitó el Parlamento, según adelantó ayer el vocero del máximo tribunal, Milton Juica.
Para elaborar el documento, los ministros recibieron opiniones de jueces penales que plantearon sus dificultades con el sistema, en especial cuando hay que internar a los jóvenes. En esos casos, explicó Juica, "no están dadas las condiciones materiales para que pueda esta ley operar de alguna manera".
"Como Corte Suprema nos preocupa el tema, y hemos prestado nuestra colaboración para informar, para ver que de alguna manera se obtengan más recursos, se obtengan más nombramientos para que esta ley funcione en el sentido originario de que sea una ley preventiva, una ley que trate de encausar a los jóvenes en situación delincuencial", apuntó.
El magistrado agregó que "hasta ahora hemos observado que (la ley) ha tenido solamente un fin más bien represivo, que sólo interesan el encarcelamiento y la condena de estos jóvenes".
El pleno del máximo tribunal ya había hecho ver sus aprensiones respecto de la aplicación de la Ley Penal Adolescente al término de las jornadas de reflexión realizadas en octubre del año pasado en Santa Cruz. En esa ocasión acusaron deficiencias de infraestructura para tratamientos preventivos y rehabilitadores.
Además, apuntaron a las deficiencias de algunos coordinadores regionales del Sename, la sobrepoblación de los centros de internación provisoria y la insalubridad de varios de ellos.
Según cifras del Poder Judicial, el año pasado 17.031 jóvenes fueron condenados en el marco de la citada ley. La mayoría de ellos (5.041) tuvo que brindar servicios a beneficio de la comunidad, 3.670 se sometieron a la libertad asistida especial y 2.546 fueron amonestados.
Autor: (El Mercurio)
Su preocupación por la forma en que se ha implementado la reforma a la justicia penal adolescente planteará la Corte Suprema en un informe ad hoc que le solicitó el Parlamento, según adelantó ayer el vocero del máximo tribunal, Milton Juica.
Para elaborar el documento, los ministros recibieron opiniones de jueces penales que plantearon sus dificultades con el sistema, en especial cuando hay que internar a los jóvenes. En esos casos, explicó Juica, "no están dadas las condiciones materiales para que pueda esta ley operar de alguna manera".
"Como Corte Suprema nos preocupa el tema, y hemos prestado nuestra colaboración para informar, para ver que de alguna manera se obtengan más recursos, se obtengan más nombramientos para que esta ley funcione en el sentido originario de que sea una ley preventiva, una ley que trate de encausar a los jóvenes en situación delincuencial", apuntó.
El magistrado agregó que "hasta ahora hemos observado que (la ley) ha tenido solamente un fin más bien represivo, que sólo interesan el encarcelamiento y la condena de estos jóvenes".
El pleno del máximo tribunal ya había hecho ver sus aprensiones respecto de la aplicación de la Ley Penal Adolescente al término de las jornadas de reflexión realizadas en octubre del año pasado en Santa Cruz. En esa ocasión acusaron deficiencias de infraestructura para tratamientos preventivos y rehabilitadores.
Además, apuntaron a las deficiencias de algunos coordinadores regionales del Sename, la sobrepoblación de los centros de internación provisoria y la insalubridad de varios de ellos.
Según cifras del Poder Judicial, el año pasado 17.031 jóvenes fueron condenados en el marco de la citada ley. La mayoría de ellos (5.041) tuvo que brindar servicios a beneficio de la comunidad, 3.670 se sometieron a la libertad asistida especial y 2.546 fueron amonestados.
Autor: (El Mercurio)
Tribunal de familia emite orden de entrega inmediata a matrimonio de guardadores
Sábado 17 de Octubre de 2009
Efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones llegaron ayer en la tarde al lugar de trabajo de Eduardo Porter (54), con la orden de entrega inmediata de la menor que, junto a su esposa Marcela Castillo (52), tienen bajo su cuidado desde mayo gracias al programa de la Fundación Chilena de la Adopción "Niño y Sistema de Familia Guardadora".
La orden -emitida por el 4º Tribunal de Familia de Santiago- permite a los funcionarios policiales descerrajar y allanar moradas, y en el caso de que el matrimonio no cumpla incurriría en un desacato.
Minutos después de que la PDI le notificara a Porter que debía entregar a Matilde, el jefe de hogar se mostró desolado por la noticia. "Para mí, la Matilde fue fantástica, eso es todo lo que tengo que decir. Yo tuve una niña tan rica, tan cariñosa... Tengo 54 años, y aunque tengo otros tres hijos, levantarse en la mañana cuando pegaba la primera llorada a las 7 y entregaba esa sonrisa maravillosa, era algo que me alegraba todo el día", dijo entre lágrimas Eduardo Porter.
Eduardo Porter y Marcela Castillo pololearon cuando eran jóvenes. Él se casó con otra mujer, con quien tuvo tres hijos que actualmente viven en la V Región. Tras poner fin a su relación, se reencontró con Marcela, con quien convivió durante estos últimos tres años. En octubre, él terminó los trámites de divorcio y se casaron.
En marzo pasado, ambos tuvieron la inquietud de participar en el programa "Niño y Sistema de Familia Guardadora", de la Fundación Chilena de la Adopción, con el objetivo de recibir a un niño por un período determinado, mientras se definía si el menor volvía a manos de su familia biológica o si era entregado a una adoptiva. Luego de dos meses de capacitación y exámenes para determinar si eran compatibles, les dieron a su cuidado a la menor de dos meses, Matilde.
Tras un semestre de convivencia con el bebé, un asistente social de la fundación les comunicó el martes pasado que era momento de entregar a la menor, ya que habían encontrado a la familia que la adoptaría.
Sin embargo, el vínculo que conformaron con Matilde fue tan fuerte que la pareja decidió consultar a la sicóloga Ana María Arón, para que determinara los efectos de una eventual separación. La profesional, luego de examinar al bebé, diagnosticó que el término del vínculo podría ser muy perjudicial: "Mi recomendación, basada en un trabajo de décadas con niños vulnerados y adultos que fueron vulnerados en su infancia, en situaciones similares a la de Matilde, es que la niña permanezca con sus padres de acogida (...) A juzgar por su desarrollo actual, los padres sociales han logrado establecer un vínculo seguro para la niña, que ha podido reparar las vulneraciones anteriores".
Horas antes de que la policía llegara con la orden de entrega inmediata, la abogada de la pareja, Ghislaine Blanche, había interpuesto un recurso de protección a favor de la menor, por considerar que los derechos de la niña fueron violados. La acción judicial fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones.
"Las leyes deberían tener más corazón. Se escriben entre cuatro paredes, pero a lo mejor habría que ponerles más sentimiento".
EDUARDO PORTER
Hace tres años hubo un caso similar, con un final feliz
En 2006, Luisa San Martín y su esposo también se acercaron hasta la Fundación Chilena de la Adopción, con el objetivo de participar en el programa de guardadores.
El matrimonio -que ya tenía dos hijos- luego de someterse a los exámenes preliminares acogió a una niña de un mes de vida. Debido al fuerte vínculo que la pareja desarrolló con ella, el matrimonio decidió pedirle a la fundación la adopción definitiva al cuarto mes de cuidado. Luisa afirma que la situación habría generado la molestia de la institución, que negó la solicitud; no obstante, siguieron siendo los guardadores.
Luego de once meses, la fundación les notificó que habían encontrado a una familia para la menor. Luisa y su esposo acudieron a la reunión en la que debían entregar la niña a la familia adoptiva, pero fueron sin ella. Luisa indicó que luego de tanto tiempo, el apego era evidente.
El caso fue conversado con la directora de la fundación y lograron un acuerdo extrajudicial y la pareja adoptó a la pequeña. "Después de cinco meses ves cómo te empiezan a decir mamá, papá. Les decía hermanos a mis hijos. Yo creo que nuestro sistema debiese tener un pequeñísimo cambio y de una vez por todas pensar en el niño", concluye San Martín.
La inquietud de la fundación
La Fundación Chilena de la Adopción lleva 24 años efectuando el programa "Niño y Sistema de Familia Guardadora". La directora de la institución, María Elena González, explica que es la primera vez que tienen un problema tan serio como este, en el que no saben dónde está físicamente uno de los niños.
Para ser guardador se requiere ser mayor de 30 años, tener buena salud física y psicológica. Para eso, quienes estén interesados son sometidos a exámenes y terapias grupales.
A juicio de la directiva de la fundación, el apego que tienen los menores con las familias guardadoras es un elemento que les permitirá relacionarse mejor con el cariño definitivo que les darán sus padres adoptivos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/_portada/noticias/43E4B312-1351-4654-8122-D8732D50C924.htm?id={43E4B312-1351-4654-8122-D8732D50C924} (El Mercurio)
Efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones llegaron ayer en la tarde al lugar de trabajo de Eduardo Porter (54), con la orden de entrega inmediata de la menor que, junto a su esposa Marcela Castillo (52), tienen bajo su cuidado desde mayo gracias al programa de la Fundación Chilena de la Adopción "Niño y Sistema de Familia Guardadora".
La orden -emitida por el 4º Tribunal de Familia de Santiago- permite a los funcionarios policiales descerrajar y allanar moradas, y en el caso de que el matrimonio no cumpla incurriría en un desacato.
Minutos después de que la PDI le notificara a Porter que debía entregar a Matilde, el jefe de hogar se mostró desolado por la noticia. "Para mí, la Matilde fue fantástica, eso es todo lo que tengo que decir. Yo tuve una niña tan rica, tan cariñosa... Tengo 54 años, y aunque tengo otros tres hijos, levantarse en la mañana cuando pegaba la primera llorada a las 7 y entregaba esa sonrisa maravillosa, era algo que me alegraba todo el día", dijo entre lágrimas Eduardo Porter.
Eduardo Porter y Marcela Castillo pololearon cuando eran jóvenes. Él se casó con otra mujer, con quien tuvo tres hijos que actualmente viven en la V Región. Tras poner fin a su relación, se reencontró con Marcela, con quien convivió durante estos últimos tres años. En octubre, él terminó los trámites de divorcio y se casaron.
En marzo pasado, ambos tuvieron la inquietud de participar en el programa "Niño y Sistema de Familia Guardadora", de la Fundación Chilena de la Adopción, con el objetivo de recibir a un niño por un período determinado, mientras se definía si el menor volvía a manos de su familia biológica o si era entregado a una adoptiva. Luego de dos meses de capacitación y exámenes para determinar si eran compatibles, les dieron a su cuidado a la menor de dos meses, Matilde.
Tras un semestre de convivencia con el bebé, un asistente social de la fundación les comunicó el martes pasado que era momento de entregar a la menor, ya que habían encontrado a la familia que la adoptaría.
Sin embargo, el vínculo que conformaron con Matilde fue tan fuerte que la pareja decidió consultar a la sicóloga Ana María Arón, para que determinara los efectos de una eventual separación. La profesional, luego de examinar al bebé, diagnosticó que el término del vínculo podría ser muy perjudicial: "Mi recomendación, basada en un trabajo de décadas con niños vulnerados y adultos que fueron vulnerados en su infancia, en situaciones similares a la de Matilde, es que la niña permanezca con sus padres de acogida (...) A juzgar por su desarrollo actual, los padres sociales han logrado establecer un vínculo seguro para la niña, que ha podido reparar las vulneraciones anteriores".
Horas antes de que la policía llegara con la orden de entrega inmediata, la abogada de la pareja, Ghislaine Blanche, había interpuesto un recurso de protección a favor de la menor, por considerar que los derechos de la niña fueron violados. La acción judicial fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones.
"Las leyes deberían tener más corazón. Se escriben entre cuatro paredes, pero a lo mejor habría que ponerles más sentimiento".
EDUARDO PORTER
Hace tres años hubo un caso similar, con un final feliz
En 2006, Luisa San Martín y su esposo también se acercaron hasta la Fundación Chilena de la Adopción, con el objetivo de participar en el programa de guardadores.
El matrimonio -que ya tenía dos hijos- luego de someterse a los exámenes preliminares acogió a una niña de un mes de vida. Debido al fuerte vínculo que la pareja desarrolló con ella, el matrimonio decidió pedirle a la fundación la adopción definitiva al cuarto mes de cuidado. Luisa afirma que la situación habría generado la molestia de la institución, que negó la solicitud; no obstante, siguieron siendo los guardadores.
Luego de once meses, la fundación les notificó que habían encontrado a una familia para la menor. Luisa y su esposo acudieron a la reunión en la que debían entregar la niña a la familia adoptiva, pero fueron sin ella. Luisa indicó que luego de tanto tiempo, el apego era evidente.
El caso fue conversado con la directora de la fundación y lograron un acuerdo extrajudicial y la pareja adoptó a la pequeña. "Después de cinco meses ves cómo te empiezan a decir mamá, papá. Les decía hermanos a mis hijos. Yo creo que nuestro sistema debiese tener un pequeñísimo cambio y de una vez por todas pensar en el niño", concluye San Martín.
La inquietud de la fundación
La Fundación Chilena de la Adopción lleva 24 años efectuando el programa "Niño y Sistema de Familia Guardadora". La directora de la institución, María Elena González, explica que es la primera vez que tienen un problema tan serio como este, en el que no saben dónde está físicamente uno de los niños.
Para ser guardador se requiere ser mayor de 30 años, tener buena salud física y psicológica. Para eso, quienes estén interesados son sometidos a exámenes y terapias grupales.
A juicio de la directiva de la fundación, el apego que tienen los menores con las familias guardadoras es un elemento que les permitirá relacionarse mejor con el cariño definitivo que les darán sus padres adoptivos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/17/nacional/_portada/noticias/43E4B312-1351-4654-8122-D8732D50C924.htm?id={43E4B312-1351-4654-8122-D8732D50C924} (El Mercurio)
viernes, 16 de octubre de 2009
Abogado de Transbank cuestiona a la fiscalía tras fuga de clonadores
Gran preocupación manifestó el abogado de Transbank y Redbanc, Alfredo Morgado, por la fuga de los colombianos Jesús Eulises Muñoz Suárez (53) y Gustavo Adolfo Sáenz Ríos (36), quienes habrían huido del país luego de ser detenidos y formalizados tras ser sorprendidos con identidades falsas -portaban pasaportes estadounidenses adulterados- al solicitar un avance en efectivo de $2 millones 800 mil con una tarjeta del Bank of America clonada.
Aunque en una primera instancia el 4º Juzgado de Garantía sólo dictó las medidas cautelares de arraigo y arresto domiciliario en su contra, luego que Transbank apelara el tribunal de alzada capitalino ordenó su prisión preventiva.
Sin embargo, cuando personal de la PDI fue a buscar a los imputados al domicilio que habían entregado ante el tribunal, éstos ya no estaban.
A juicio de Morgado, en este caso el primer inconveniente fue que existió una "formalización insuficiente", ya que sólo se les imputó el ilícito por el que fueron detenidos -una operación por 2,8 millones de pesos, que correspondía a un robo frustrado- pese a que según él en la investigación había antecedentes que los vinculaban a 60 operaciones, que sumaban cerca de $150 millones.
"(La formalización) no fue rigurosa. La problemática está en que al formalizarlos por un solo ilícito, por el que fueron aprehendidos, la penalidad que arriesgan es menor y eso llevó al tribunal de garantía a no dictar su prisión preventiva", explicó el abogado.
Recordó que sólo Transbank apeló a dicha decisión -el Ministerio Público no lo hizo-, y que cuando la Corte ordenó la detención de los sujetos, considerándolos un peligro para la sociedad, éstos ya estaban inubicables.
"Nos preocupa sobremanera, porque este tipo de medida cautelar (arresto domiciliario), tratándose de extranjeros, quienes son sorprendidos portando pasaportes falsos, extranjeros que no tienen ningún arraigo, que vienen al país exclusivamente a defraudar, no es más que una vía para que estas personas eludan el accionar de la justicia", planteó Alfredo Morgado.
Agregó que "resultaba evidente y claro que ambos imputados iban a eludir el accionar de la justicia", y que "si más encima no se controla el cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria, es una medida completamente insuficiente" que lleva a que se burle la justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/nacional/noticias/81AF7ADC-5653-4A9B-B2C0-FA23BBC0815A.htm?id={81AF7ADC-5653-4A9B-B2C0-FA23BBC0815A} (El Mercurio)
Aunque en una primera instancia el 4º Juzgado de Garantía sólo dictó las medidas cautelares de arraigo y arresto domiciliario en su contra, luego que Transbank apelara el tribunal de alzada capitalino ordenó su prisión preventiva.
Sin embargo, cuando personal de la PDI fue a buscar a los imputados al domicilio que habían entregado ante el tribunal, éstos ya no estaban.
A juicio de Morgado, en este caso el primer inconveniente fue que existió una "formalización insuficiente", ya que sólo se les imputó el ilícito por el que fueron detenidos -una operación por 2,8 millones de pesos, que correspondía a un robo frustrado- pese a que según él en la investigación había antecedentes que los vinculaban a 60 operaciones, que sumaban cerca de $150 millones.
"(La formalización) no fue rigurosa. La problemática está en que al formalizarlos por un solo ilícito, por el que fueron aprehendidos, la penalidad que arriesgan es menor y eso llevó al tribunal de garantía a no dictar su prisión preventiva", explicó el abogado.
Recordó que sólo Transbank apeló a dicha decisión -el Ministerio Público no lo hizo-, y que cuando la Corte ordenó la detención de los sujetos, considerándolos un peligro para la sociedad, éstos ya estaban inubicables.
"Nos preocupa sobremanera, porque este tipo de medida cautelar (arresto domiciliario), tratándose de extranjeros, quienes son sorprendidos portando pasaportes falsos, extranjeros que no tienen ningún arraigo, que vienen al país exclusivamente a defraudar, no es más que una vía para que estas personas eludan el accionar de la justicia", planteó Alfredo Morgado.
Agregó que "resultaba evidente y claro que ambos imputados iban a eludir el accionar de la justicia", y que "si más encima no se controla el cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria, es una medida completamente insuficiente" que lleva a que se burle la justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/nacional/noticias/81AF7ADC-5653-4A9B-B2C0-FA23BBC0815A.htm?id={81AF7ADC-5653-4A9B-B2C0-FA23BBC0815A} (El Mercurio)
Contraloría cuestiona atraso en declaración de patrimonio del director de la PDI
La Contraloría General de la República cuestionó en una auditoría a la Policía de Investigaciones la falta de declaración de intereses y patrimonio de varios de sus funcionarios, entre ellos la de su actual director, Marcos Vásquez. En el primero de los casos, la entidad precisa que tras hacer la observación, las declaraciones fueron enviadas. Pese a ello, la Contraloría solicitó aplicar las multas por el atraso a los funcionarios aludidos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/politica/noticias/619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917.htm?id={619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/16/nacional/politica/noticias/619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917.htm?id={619D4B60-9CDA-41AC-8B1A-3CC1BDA42917} (El Mercurio)
La inteligencia policial detecta una fase de violencia de mayor impacto en la Araucanía
Jueves 15 de Octubre de 2009
Violencia visible en rutas y sectores más urbanos, donde cause mayor impacto, es el nuevo objetivo de los grupúsculos violentistas de la Araucanía.
Así lo señalan las más actualizadas informaciones de la inteligencia policial remitidas a La Moneda, que además consignan que ha ingresado al país un grupo de activistas extranjeros que vienen a reentrenar a los elementos más radicalizados de la citada zona de conflicto para que desplacen sus acciones desde el ámbito rural. Incluso ahora podría haber blancos de ataques en las ciudades.
Fuentes de Carabineros e Investigaciones aseguran que dentro de esta dinámica se inscriben los ataques en puntos "más urbanos y ya no en predios perdidos en la inmensidad del terreno" ocurridos recientemente.
Estas acciones, según las fuentes, han abierto un espacio en el panorama de la violencia en la Araucanía que han aprovechado también individuos ligados a la delincuencia común. De esta manera, los ataques con un supuesto fin "político" se han visto acompañados de acciones propias del hampa. Ello ocurrió, por ejemplo, en la plaza de peaje de Quino, en la zona de Temuco, donde el fin de semana un grupo de encapuchados llegó gritando consignas pro mapuche, pero además robaron la recaudación del puesto de cobro.
Las mismas fuentes aseguraron que se indaga si esta fase más urbana y delictiva de la violencia en la Araucanía -que no necesariamente descarta nuevos ataques a predios, sino que podría sumarse a ellos- tiene apoyo de ideólogos anarquistas y financiamiento foráneo.
Asimismo se indicó a este medio que el modus operandi de estas "cuadrillas violentistas" es un tanto diferente a las asonadas contra predios. En efecto, actúan grupos no superiores a los diez o quince individuos y operan dejándose ver para causar mayor impacto con sus acciones denominadas reivindicatorias.
Para intentar frenar las acciones antes descritas, los mandos centrales de ambas policías han instruido a sus oficiales operativos para que acentúen la labor de obtención de información de inteligencia en casos con mandato judicial incluso con más uso de herramientas investigativas similares a las usadas en casos de narcotráfico. Entre ellas, la infiltración, escuchas telefónicas y seguimientos.
Pérez Yoma: autores de últimos ataques están identificados
La existencia de nuevos actores que usan mayor violencia en la Araucanía fue reconocida ayer por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. La autoridad afirmó en Concepción: "Tenemos claramente una acción concertada de grupos que están identificados, pero todavía no contamos con las pruebas suficientes como para llevarlos frente a la justicia".
Pérez Yoma precisó que "últimamente hay un grupo más chico, que es el que ha estado operando en la Ruta 5 Sur y contra el cual hemos invocado la Ley Antiterrorista".
"No sabemos si son de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)", aseguró la autoridad y agregó: "Nunca hemos dicho que ésta está desarticulada, sino que de los 16 dirigentes máximos de la CAM son 14 los que están presos, que es bastante importante".
Respecto a las medidas de seguridad en la Ruta 5 Sur, entre Collipulli y Victoria, explicó que hay un patrullaje policial constante en ese tramo y "de hecho, en los últimos ataques, la policía ha llegado a los pocos minutos de que se han producido". A su juicio, el recrudecimiento de los hechos de violencia en los últimos días se debió a la proximidad del 12 de octubre.
Aseguró que la solicitud de invocar la Ley Antiterrorista no interferirá con el diálogo que el Gobierno impulsa con comunidades en la zona, "porque con los que estamos conversando son la gran cantidad de comunidades pacíficas y aquellas personas que están por exacerbar el conflicto van a recibir todo el peso de la ley", recalcó.
Mientras, en Angol, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, defendió la solicitud por parte del Gobierno de aplicar la Ley Antiterrorista, pues si bien la Presidenta Bachelet expresó en su momento que no la invocaría, ello fue en relación a la reivindicación de tierras. "Estos hechos (los últimos ataques) no tienen nada que ver con el conflicto indígena (...) ¿Quién dice que estos grupos sean mapuches?", se preguntó.
En ese sentido restó credibilidad a un e-mail enviado por la CAM a la prensa, en la que se adjudica la quema de un camión en la Ruta 5 Sur.
En Victoria, en tanto, el Gobierno se querelló ayer por asociación ilícita, homicidio frustrado, robo con intimidación e incendio, todos delitos terroristas, por los atentados de la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hoy se sumará otra querella.
LEY ANTITERRORISTA
Gobierno presentó ayer querella por cuatro delitos terroristas, debido a los hechos violentistas ocurridos el pasado fin de semana en la Araucanía.
El Gobierno promete televigilancia en rutas
Mayor dotación de Carabineros, instalación de áreas de descanso con cámaras de televigilancia y de contenedores con servicios higiénicos en las tenencias policiales, además de información en peajes sobre hechos sospechosos, son parte de las medidas que ayer acordaron el gremio de camioneros y el Gobierno, con el fin de evitar nuevos atentados en la Araucanía.
En una reunión realizada en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y su subsecretario Patricio Rosende se reunieron con el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, ante quien se comprometieron a ejecutar algunas de estas medidas, como la habilitación de áreas de descanso, a contar del lunes. Otras, como el aumento de dotación de Carabineros, serán a corto plazo. Araya dijo que uno de los aspectos más importantes es "estudiar con las aseguradoras un seguro para este tipo de siniestros, porque ahora cuando a un colega le queman un camión, queda en la calle". El tema se discutirá mañana en Santiago.
El presidente de la Corporación de la Madera en Biobío, Jorge Serón, acotó que apoyarán las medidas adoptadas en favor de los transportistas que trabajan para empresas forestales en las VIII y IX Región.
En tanto, en el lago Lleulleu, en Tirúa, 14 encapuchados armados se tomaron el fundo del agricultor Eduardo Campos. Fueron desalojados por Carabineros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/15/nacional/nacional/noticias/6B376B76-AAE3-4FDF-8F84-690140D55D27.htm?id={6B376B76-AAE3-4FDF-8F84-690140D55D27} (El Mercurio)
Violencia visible en rutas y sectores más urbanos, donde cause mayor impacto, es el nuevo objetivo de los grupúsculos violentistas de la Araucanía.
Así lo señalan las más actualizadas informaciones de la inteligencia policial remitidas a La Moneda, que además consignan que ha ingresado al país un grupo de activistas extranjeros que vienen a reentrenar a los elementos más radicalizados de la citada zona de conflicto para que desplacen sus acciones desde el ámbito rural. Incluso ahora podría haber blancos de ataques en las ciudades.
Fuentes de Carabineros e Investigaciones aseguran que dentro de esta dinámica se inscriben los ataques en puntos "más urbanos y ya no en predios perdidos en la inmensidad del terreno" ocurridos recientemente.
Estas acciones, según las fuentes, han abierto un espacio en el panorama de la violencia en la Araucanía que han aprovechado también individuos ligados a la delincuencia común. De esta manera, los ataques con un supuesto fin "político" se han visto acompañados de acciones propias del hampa. Ello ocurrió, por ejemplo, en la plaza de peaje de Quino, en la zona de Temuco, donde el fin de semana un grupo de encapuchados llegó gritando consignas pro mapuche, pero además robaron la recaudación del puesto de cobro.
Las mismas fuentes aseguraron que se indaga si esta fase más urbana y delictiva de la violencia en la Araucanía -que no necesariamente descarta nuevos ataques a predios, sino que podría sumarse a ellos- tiene apoyo de ideólogos anarquistas y financiamiento foráneo.
Asimismo se indicó a este medio que el modus operandi de estas "cuadrillas violentistas" es un tanto diferente a las asonadas contra predios. En efecto, actúan grupos no superiores a los diez o quince individuos y operan dejándose ver para causar mayor impacto con sus acciones denominadas reivindicatorias.
Para intentar frenar las acciones antes descritas, los mandos centrales de ambas policías han instruido a sus oficiales operativos para que acentúen la labor de obtención de información de inteligencia en casos con mandato judicial incluso con más uso de herramientas investigativas similares a las usadas en casos de narcotráfico. Entre ellas, la infiltración, escuchas telefónicas y seguimientos.
Pérez Yoma: autores de últimos ataques están identificados
La existencia de nuevos actores que usan mayor violencia en la Araucanía fue reconocida ayer por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. La autoridad afirmó en Concepción: "Tenemos claramente una acción concertada de grupos que están identificados, pero todavía no contamos con las pruebas suficientes como para llevarlos frente a la justicia".
Pérez Yoma precisó que "últimamente hay un grupo más chico, que es el que ha estado operando en la Ruta 5 Sur y contra el cual hemos invocado la Ley Antiterrorista".
"No sabemos si son de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)", aseguró la autoridad y agregó: "Nunca hemos dicho que ésta está desarticulada, sino que de los 16 dirigentes máximos de la CAM son 14 los que están presos, que es bastante importante".
Respecto a las medidas de seguridad en la Ruta 5 Sur, entre Collipulli y Victoria, explicó que hay un patrullaje policial constante en ese tramo y "de hecho, en los últimos ataques, la policía ha llegado a los pocos minutos de que se han producido". A su juicio, el recrudecimiento de los hechos de violencia en los últimos días se debió a la proximidad del 12 de octubre.
Aseguró que la solicitud de invocar la Ley Antiterrorista no interferirá con el diálogo que el Gobierno impulsa con comunidades en la zona, "porque con los que estamos conversando son la gran cantidad de comunidades pacíficas y aquellas personas que están por exacerbar el conflicto van a recibir todo el peso de la ley", recalcó.
Mientras, en Angol, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, defendió la solicitud por parte del Gobierno de aplicar la Ley Antiterrorista, pues si bien la Presidenta Bachelet expresó en su momento que no la invocaría, ello fue en relación a la reivindicación de tierras. "Estos hechos (los últimos ataques) no tienen nada que ver con el conflicto indígena (...) ¿Quién dice que estos grupos sean mapuches?", se preguntó.
En ese sentido restó credibilidad a un e-mail enviado por la CAM a la prensa, en la que se adjudica la quema de un camión en la Ruta 5 Sur.
En Victoria, en tanto, el Gobierno se querelló ayer por asociación ilícita, homicidio frustrado, robo con intimidación e incendio, todos delitos terroristas, por los atentados de la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hoy se sumará otra querella.
LEY ANTITERRORISTA
Gobierno presentó ayer querella por cuatro delitos terroristas, debido a los hechos violentistas ocurridos el pasado fin de semana en la Araucanía.
El Gobierno promete televigilancia en rutas
Mayor dotación de Carabineros, instalación de áreas de descanso con cámaras de televigilancia y de contenedores con servicios higiénicos en las tenencias policiales, además de información en peajes sobre hechos sospechosos, son parte de las medidas que ayer acordaron el gremio de camioneros y el Gobierno, con el fin de evitar nuevos atentados en la Araucanía.
En una reunión realizada en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y su subsecretario Patricio Rosende se reunieron con el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, ante quien se comprometieron a ejecutar algunas de estas medidas, como la habilitación de áreas de descanso, a contar del lunes. Otras, como el aumento de dotación de Carabineros, serán a corto plazo. Araya dijo que uno de los aspectos más importantes es "estudiar con las aseguradoras un seguro para este tipo de siniestros, porque ahora cuando a un colega le queman un camión, queda en la calle". El tema se discutirá mañana en Santiago.
El presidente de la Corporación de la Madera en Biobío, Jorge Serón, acotó que apoyarán las medidas adoptadas en favor de los transportistas que trabajan para empresas forestales en las VIII y IX Región.
En tanto, en el lago Lleulleu, en Tirúa, 14 encapuchados armados se tomaron el fundo del agricultor Eduardo Campos. Fueron desalojados por Carabineros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/15/nacional/nacional/noticias/6B376B76-AAE3-4FDF-8F84-690140D55D27.htm?id={6B376B76-AAE3-4FDF-8F84-690140D55D27} (El Mercurio)
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