La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo en prisión preventiva a la líder de la red de corrupción judicial y policial, Margarita Cuadros, quien permanece detenida desde hace más de 10 meses.
La misma suerte corrieron otros dos integrantes de esta red, el ex detective de la PDI Óscar Contreras y la ex funcionaria del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago Uberlinda Elizondo.
A esta última el Séptimo Juzgado de Garantía le había concedido el arresto domiciliario y el arraigo, lo que fue revocado.
El fiscal Víctor Vidal, que sustancia la investigación, se mostró satisfecho con la resolución y sostuvo que la decisión se debe a la "cantidad de delitos de los involucrados, la asignación y atribución que prestaba cada uno en esta organización y por el peligro de fuga".
Todos ellos están formalizados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público, y delitos informáticos, por favorecer a diversos delincuentes para obtener rebajas de condena y eliminar contraórdenes de detención.
15 AÑOS DE CÁRCELpedirá la Fiscalía Centro Norte para la líder de esta red, Margarita Cuadros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/nacional/noticias/53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA.htm?id={53A5E6A8-3C8C-48EB-86E1-699A768C69EA} (El Mercurio)
jueves, 10 de septiembre de 2009
Suprema ordena pago a estudiantes de carrera de perito forense
La Corte Suprema ratificó que la Corporación Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y La Cultura debe cancelar una multa al fisco, e indemnizaciones a estudiantes de la carrera de perito forense, por publicidad engañosa.
Los ministros Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates rechazaron el recurso de queja presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había acogido la denuncia por Ley del Consumidor en contra del Instituto Santo Tomás. Mientras que los ministros Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, fueron voto de minoría.
En la resolución se condenó a la entidad a pagar una indemnización de 50 UTM ($1.832.250) en beneficio fiscal. Además de $500 mil a cada uno de los 85 demandantes por concepto de daño moral.
En el fallo se afirma que existió publicidad engañosa al ofrecer una carrera sin el campo laboral ofertado, y sin que se realizaran "estudios, investigaciones o consultas previas de factibilidad o de mercado que permitiesen a la Corporación demandada probar, como lo exige el Art. 33 de la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, "la veracidad de la información contenida en la publicidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/nacional/noticias/FF0E8E49-1962-4B35-8754-336E0301B10E.htm?id={FF0E8E49-1962-4B35-8754-336E0301B10E} (El Mercurio)
Los ministros Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates rechazaron el recurso de queja presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había acogido la denuncia por Ley del Consumidor en contra del Instituto Santo Tomás. Mientras que los ministros Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, fueron voto de minoría.
En la resolución se condenó a la entidad a pagar una indemnización de 50 UTM ($1.832.250) en beneficio fiscal. Además de $500 mil a cada uno de los 85 demandantes por concepto de daño moral.
En el fallo se afirma que existió publicidad engañosa al ofrecer una carrera sin el campo laboral ofertado, y sin que se realizaran "estudios, investigaciones o consultas previas de factibilidad o de mercado que permitiesen a la Corporación demandada probar, como lo exige el Art. 33 de la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, "la veracidad de la información contenida en la publicidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/nacional/noticias/FF0E8E49-1962-4B35-8754-336E0301B10E.htm?id={FF0E8E49-1962-4B35-8754-336E0301B10E} (El Mercurio)
Valparaíso: Corte ordena incluir los ascensores en red de transporte
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la seremi de Transportes y a la municipalidad local que fijen un sistema de regulación de funcionamiento de los ascensores de los cerros porteños, y que éstos sean incluidos en el Registro del Transporte Público de Pasajeros del ministerio del ramo.
En un fallo unánime, el tribunal acogió un recurso de protección de un grupo de vecinos de la ciudad que reclamaban porque los ascensores no estaban sujetos a regulación alguna en cuanto a su funcionamiento.
En Valparaíso existen 15 ascensores en operaciones, de los cuales cinco son municipales y el resto pertenece a un grupo de operadores privados.
El seremi de Transportes de Valparaíso, Mauricio Candia, dijo que se estudiará el fallo, "por cuanto no tenemos facultades para modificar un decreto supremo e incluir en el registro de transportes un sistema que no está contemplado".
Para el vocero de la Agrupación de Usuarios de Ascensores, Abel Gallardo, el problema radicaba en que aun cuando los funiculares son el medio de transporte tradicional para miles de habitantes de los cerros, "no existe una regulación legal que fije tarifas, horarios de atención y que permita su fiscalización".
El fallo fue calificado como positivo por el gerente de la compañía de ascensores particulares, Juan Esteban Cuevas, ya que éste permitirá fijar normas a todos los funiculares. "Hasta ahora se decía que éramos medios turísticos. Ahora sabemos que somos transporte público y con qué autoridad tenemos que entendernos", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/EA6CD952-3C99-4528-9396-72D619FF1F75.htm?id={EA6CD952-3C99-4528-9396-72D619FF1F75} (El Mercurio)
En un fallo unánime, el tribunal acogió un recurso de protección de un grupo de vecinos de la ciudad que reclamaban porque los ascensores no estaban sujetos a regulación alguna en cuanto a su funcionamiento.
En Valparaíso existen 15 ascensores en operaciones, de los cuales cinco son municipales y el resto pertenece a un grupo de operadores privados.
El seremi de Transportes de Valparaíso, Mauricio Candia, dijo que se estudiará el fallo, "por cuanto no tenemos facultades para modificar un decreto supremo e incluir en el registro de transportes un sistema que no está contemplado".
Para el vocero de la Agrupación de Usuarios de Ascensores, Abel Gallardo, el problema radicaba en que aun cuando los funiculares son el medio de transporte tradicional para miles de habitantes de los cerros, "no existe una regulación legal que fije tarifas, horarios de atención y que permita su fiscalización".
El fallo fue calificado como positivo por el gerente de la compañía de ascensores particulares, Juan Esteban Cuevas, ya que éste permitirá fijar normas a todos los funiculares. "Hasta ahora se decía que éramos medios turísticos. Ahora sabemos que somos transporte público y con qué autoridad tenemos que entendernos", dijo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/EA6CD952-3C99-4528-9396-72D619FF1F75.htm?id={EA6CD952-3C99-4528-9396-72D619FF1F75} (El Mercurio)
Defensoría Penal Pública detecta retrasos en juicios orales en otras dos regiones del país
No sólo la Región de Arica y Parinacota presenta retrasos en los juicios que deben ejecutar los tribunales orales. Coquimbo y del Maule también muestran notorias demoras, que salen de los márgenes permitidos por la ley, según detectó durante el primer trimestre de este año la Defensoría Penal Pública (DPP).
Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios del organismo, advirtió que las consecuencias son preocupantes, pues en los juicios orales alrededor del 20% de los imputados que permanecen en prisión preventiva a la espera del proceso, finalmente son absueltos.
"La ley dice que estos juicios deben realizarse no antes de 15 días y no después de 60", afirma Medina, quien agrega que la explicación para estos retrasos sería la falta de dotación.
En la Región de Coquimbo, por ejemplo, los juicios orales demoran en promedio entre 145 y 200 días, mientras que en el Maule llega a 139 días.
El abogado Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, tiene dos visiones. Una ellas dice relación con la distribución geográfica de los jueces, que para el diseño de la reforma se tomó como base el sistema antiguo. "A estas alturas sería oportuno hacer algunas correcciones: suprimir o reducir el personal en juzgados en los cuales no hay tanta necesidad y reforzar aquellos en los cuales hay más casos de lo que se esperaba", recomienda.
Como segundo análisis, Riego estima que hay causas en que no se justifica el juicio oral. "Aparentemente, hay un número de casos muy importantes que están yendo a juicio oral donde no hay una controversia", dice, lo que no corresponde y provoca el colapso del sistema. Como solución, propone una reforma legal que amplíe el requisito para el procedimiento abreviado.
El abogado Mauricio Duce, quien también trabajó en el diseño de la reforma, está de acuerdo con Riego respecto de la necesidad de revisar la actual distribución de los jueces.
Pero dice que no hay que desestimar la posibilidad de que existan problemas de gestión. Para Duce, es necesario revisar también el sistema de programación de audiencias y la cantidad de suspensión de éstas.
La respuesta de Justicia
El Ministerio de Justicia respondió ayer que "no existen deficiencias en el número global de jueces orales en el país".
No obstante, reconoció que efectivamente hay diferencias en la distribución de esta carga, para lo cual se llegó, con acuerdo de la Corte Suprema, al convencimiento de que el modo más eficiente de resolución de este problema sea a través del Proyecto de Flexibilización en la destinación de los jueces, "para lograr los equilibrios que el actual funcionamiento del sistema demanda".
Respecto del tribunal oral de Arica, se señaló que se cubrieron las dos vacantes pendientes, con lo que se solucionaría la sobrecarga de ese tribunal.
Coquimbo y del Maule exceden largamente los plazos
Al igual que el colapso del tribunal de Arica, revelado ayer por "El Mercurio", las regiones de Coquimbo y del Maule también están fijando juicios orales en plazos que exceden largamente los 60 días legales.
El defensor regional de Coquimbo, Jaime Camus, reconoció que los Tribunales Orales de La Serena y Ovalle presentan complicaciones debido al gran número de causas que tramitan. En la primera ciudad, los juicios se están programando para octubre, y en Ovalle para septiembre de 2010.
Para el fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, el atochamiento de los tribunales de ambas ciudades "es casi de público conocimiento. Lo de Ovalle viene arrastrándose desde el 2000".
La situación en Talca es aún más grave, asegura el fiscal regional del Maule, Juan Pablo Kinast. El tribunal de juicio oral de esa ciudad acumula 206 juicios, agendados incluso hasta marzo de 2011.
"El colapso es total, no existe ninguna realidad en Chile que sea comparable con lo que está pasando con este tribunal", asegura Kinast.
En Talca, las audiencias de juicio pendientes datan de 2007. La situación mantiene a decenas de reos en prisión preventiva sin que aún sean juzgados. "Está en jaque la reforma procesal penal, cuyo sentido era agilizar los procesos", agrega el fiscal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1.htm?id={238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1} (El Mercurio)
Gonzalo Medina, jefe del Departamento de Estudios del organismo, advirtió que las consecuencias son preocupantes, pues en los juicios orales alrededor del 20% de los imputados que permanecen en prisión preventiva a la espera del proceso, finalmente son absueltos.
"La ley dice que estos juicios deben realizarse no antes de 15 días y no después de 60", afirma Medina, quien agrega que la explicación para estos retrasos sería la falta de dotación.
En la Región de Coquimbo, por ejemplo, los juicios orales demoran en promedio entre 145 y 200 días, mientras que en el Maule llega a 139 días.
El abogado Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, tiene dos visiones. Una ellas dice relación con la distribución geográfica de los jueces, que para el diseño de la reforma se tomó como base el sistema antiguo. "A estas alturas sería oportuno hacer algunas correcciones: suprimir o reducir el personal en juzgados en los cuales no hay tanta necesidad y reforzar aquellos en los cuales hay más casos de lo que se esperaba", recomienda.
Como segundo análisis, Riego estima que hay causas en que no se justifica el juicio oral. "Aparentemente, hay un número de casos muy importantes que están yendo a juicio oral donde no hay una controversia", dice, lo que no corresponde y provoca el colapso del sistema. Como solución, propone una reforma legal que amplíe el requisito para el procedimiento abreviado.
El abogado Mauricio Duce, quien también trabajó en el diseño de la reforma, está de acuerdo con Riego respecto de la necesidad de revisar la actual distribución de los jueces.
Pero dice que no hay que desestimar la posibilidad de que existan problemas de gestión. Para Duce, es necesario revisar también el sistema de programación de audiencias y la cantidad de suspensión de éstas.
La respuesta de Justicia
El Ministerio de Justicia respondió ayer que "no existen deficiencias en el número global de jueces orales en el país".
No obstante, reconoció que efectivamente hay diferencias en la distribución de esta carga, para lo cual se llegó, con acuerdo de la Corte Suprema, al convencimiento de que el modo más eficiente de resolución de este problema sea a través del Proyecto de Flexibilización en la destinación de los jueces, "para lograr los equilibrios que el actual funcionamiento del sistema demanda".
Respecto del tribunal oral de Arica, se señaló que se cubrieron las dos vacantes pendientes, con lo que se solucionaría la sobrecarga de ese tribunal.
Coquimbo y del Maule exceden largamente los plazos
Al igual que el colapso del tribunal de Arica, revelado ayer por "El Mercurio", las regiones de Coquimbo y del Maule también están fijando juicios orales en plazos que exceden largamente los 60 días legales.
El defensor regional de Coquimbo, Jaime Camus, reconoció que los Tribunales Orales de La Serena y Ovalle presentan complicaciones debido al gran número de causas que tramitan. En la primera ciudad, los juicios se están programando para octubre, y en Ovalle para septiembre de 2010.
Para el fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, el atochamiento de los tribunales de ambas ciudades "es casi de público conocimiento. Lo de Ovalle viene arrastrándose desde el 2000".
La situación en Talca es aún más grave, asegura el fiscal regional del Maule, Juan Pablo Kinast. El tribunal de juicio oral de esa ciudad acumula 206 juicios, agendados incluso hasta marzo de 2011.
"El colapso es total, no existe ninguna realidad en Chile que sea comparable con lo que está pasando con este tribunal", asegura Kinast.
En Talca, las audiencias de juicio pendientes datan de 2007. La situación mantiene a decenas de reos en prisión preventiva sin que aún sean juzgados. "Está en jaque la reforma procesal penal, cuyo sentido era agilizar los procesos", agrega el fiscal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/10/nacional/_portada/noticias/238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1.htm?id={238669DB-F8EF-454E-ABBF-AFF210D7DAE1} (El Mercurio)
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