Una fuga masiva y sostenida durante los últimos siete años se ha producido desde los colegios municipales a los particulares.
Las escuelas municipales del país perdieron 326 mil alumnos entre 2002 y 2008, según cifras del Ministerio de Educación.
En 2003 se fueron 32 mil estudiantes, en relación con el año anterior, pero después del "Pingüinazo" de 2006, se aceleró la caída a 72 mil alumnos en 2007, y a más de 77 mil en 2008.
Desde 2007, los colegios particulares subvencionados superaron en matrícula a los municipales, con más de un millón 717 mil estudiantes -equivalentes al 48 por ciento del total de la matrícula nacional-, contra un millón 548 mil - el 43%- alumnos que estudian en los liceos públicos.
En los últimos siete años, los colegios subvencionados crecieron en 355 mil alumnos, y los particulares perdieron 53 mil estudiantes.
Los municipios han dejado de recibir más de $133.878 millones por menores subsidios del Ministerio de Educación, pero los costos se han mantenido igual o han subido.
Otro fenómeno es que la capacidad de las escuelas y el personal están subutilizados, porque algunos funcionan hasta el 50% de su capacidad.
Así ocurre en las escuelas de Santiago, Fernando Alessandri y México, con capacidad para 700 alumnos y estudian 400, y en el Liceo Isaura Dinator de Guzmán se matricularon 500 y hay cupo para mil.
Efecto de paros
Pablo Zalaquett, alcalde de Santiago y presidente de la comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), explicó que la fuga se explica por el crecimiento económico y el ascenso social de los padres, quienes exigen un mejor servicio educativo.
Los mejores resultados académicos en el Simce son otro factor, aunque Zalaquett aclara que los liceos tienen mejor rendimiento en el 20% de la población de menores recursos.
Los paros reiterados de profesores y alumnos con años escolares perdidos terminan por "cansar a los apoderados". También el incremento de la violencia intraescolar y el estatuto docente, que impide remover a los profesores mal evaluados.
El alcalde sostiene que los colegios pagados tienen, en su mayoría, mejor infraestructura, recursos y profesores.
Su propuesta es traspasar la administración de los colegios a corporaciones con giro único, despolitizadas y descentralizadas de los alcaldes, entregar una mayor subvención y flexibilizar el estatuto docente. En cambio, Mario Olavarría, alcalde de Colina, mantiene sus matrículas con una fuerte inversión en infraestructura y tecnología, y compite con los subvencionadas.
"Todos los años se pierde entre 1,5 y 2% de la matrícula municipal. Si no se toman medidas de fondo, en 10 años o menos caerá al 25%".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/24/nacional/nacional/noticias/B7EAB598-FFF8-48B6-97A2-23DABFE50691.htm?id={B7EAB598-FFF8-48B6-97A2-23DABFE50691} (El Mercurio)
lunes, 24 de agosto de 2009
Contraloría permitirá a juntas de vecinos recibir a candidatos en sus sedes
Finalmente, las juntas de vecinos podrán albergar visitas de candidatos en sus sedes durante esta campaña.
Pese a que la Contraloría General de la República emitió el 19 de junio pasado un dictamen prohibiendo el uso de sus inmuebles para actos político-partidistas, la entidad que dirige Ramiro Mendoza hará esta semana una aclaración de dicha medida que les permitirá a esas organizaciones recibir a postulantes.
En el organismo confirmaron a "El Mercurio" que la nueva resolución precisará el alcance de la prohibición contenida en la Ley 19.418 -que norma a las juntas de vecinos- y que impide "toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias".
La resolución 32.289 de junio señalaba que "considerando que la ley ha vedado expresamente la posibilidad de que las juntas de vecinos participen en actividades político-partidistas, los inmuebles que éstas administran se encuentran igualmente afectos a esa prohibición".
Pero la idea de la aclaración, según explican en la Contraloría, es puntualizar que lo que está vedado es que las juntas intervengan activamente a favor de un candidato, pero no que faciliten su sede para que exponga sus propuestas a la comunidad.
Así, se reabrirá la posibilidad de que las organizaciones puedan recibir a postulantes en sus inmuebles, sin que ello sea considerado como un "acto de proselitismo" en sí mismo.
Con esta interpretación, en la práctica quedará anulado el punto más polémico del dictamen de junio pasado, que generó críticas por parte de diversos sectores políticos, y en especial desde la Concertación, encabezados por el candidato presidencial Eduardo Frei.
Éste había manifestado que "quitarles atribuciones a las juntas de vecinos y dejarlas prácticamente como organizaciones de buena voluntad es atentar contra la participación de los chilenos".
Tanto el candidato presidencial Alejandro Navarro como la bancada de diputados de la DC, liderada por Gonzalo Duarte, se entrevistaron con el contralor Ramiro Mendoza para manifestar su preocupación por el tema, mientras que otros grupos también hicieron gestiones ante el organismo.
De todas formas, en diversos sectores hay preocupación ante el eventual uso político que se puede dar a las juntas de vecinos en tiempos de campaña.
19 de juniola Contraloría emitió el primer dictamen que prohibía las visitas políticas a las juntas de vecinos.
Pese a que la Contraloría General de la República emitió el 19 de junio pasado un dictamen prohibiendo el uso de sus inmuebles para actos político-partidistas, la entidad que dirige Ramiro Mendoza hará esta semana una aclaración de dicha medida que les permitirá a esas organizaciones recibir a postulantes.
En el organismo confirmaron a "El Mercurio" que la nueva resolución precisará el alcance de la prohibición contenida en la Ley 19.418 -que norma a las juntas de vecinos- y que impide "toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias".
La resolución 32.289 de junio señalaba que "considerando que la ley ha vedado expresamente la posibilidad de que las juntas de vecinos participen en actividades político-partidistas, los inmuebles que éstas administran se encuentran igualmente afectos a esa prohibición".
Pero la idea de la aclaración, según explican en la Contraloría, es puntualizar que lo que está vedado es que las juntas intervengan activamente a favor de un candidato, pero no que faciliten su sede para que exponga sus propuestas a la comunidad.
Así, se reabrirá la posibilidad de que las organizaciones puedan recibir a postulantes en sus inmuebles, sin que ello sea considerado como un "acto de proselitismo" en sí mismo.
Con esta interpretación, en la práctica quedará anulado el punto más polémico del dictamen de junio pasado, que generó críticas por parte de diversos sectores políticos, y en especial desde la Concertación, encabezados por el candidato presidencial Eduardo Frei.
Éste había manifestado que "quitarles atribuciones a las juntas de vecinos y dejarlas prácticamente como organizaciones de buena voluntad es atentar contra la participación de los chilenos".
Tanto el candidato presidencial Alejandro Navarro como la bancada de diputados de la DC, liderada por Gonzalo Duarte, se entrevistaron con el contralor Ramiro Mendoza para manifestar su preocupación por el tema, mientras que otros grupos también hicieron gestiones ante el organismo.
De todas formas, en diversos sectores hay preocupación ante el eventual uso político que se puede dar a las juntas de vecinos en tiempos de campaña.
19 de juniola Contraloría emitió el primer dictamen que prohibía las visitas políticas a las juntas de vecinos.
Sernatur afina propuesta para el cobro por ingreso a Isla de Pascua
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) prepara una propuesta que presentará en los próximos días al Gobierno para el cobro de una "ecotasa" por el ingreso a Isla de Pascua, impuesto que se aplicaría a los turistas que lleguen a la zona y donde lo recaudado sería destinado a la conservación y preservación del patrimonio de la isla.
A este planteamiento se suma la idea de fijar un tiempo límite de estadía para los visitantes de la isla, tomando como ejemplo para ambos items la legislación existente en Ecuador para las islas Galápagos, que recauda cerca de US$ 12 millones al año por el cobro de ingreso a turistas.
Galápagos recibe cerca de 85 mil turistas al año y los extranjeros deben pagar un impuesto de US$ 100 por el ingreso, mientras que los visitantes provenientes de la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur US$ 25, y los turistas ecuatorianos, US$ 6.
La propuesta para negociar con los rapanui, tras la toma de la pista del aeropuerto Mataveri, fue adelantada por el director del Sernatur, Óscar Santelices, quien irá en la delegación que arriba mañana a Isla de Pascua, y que está encabezada por el subsecretario de Interior, Patricio Rosende.
Allí Santelices aprovechará de alistar su proposición con los propios isleños, ver qué alternativas son legales, qué se puede hacer por la vía de decretos o por trámite legislativo, para luego presentarla al Ministerio de Interior.
"Es importante que adoptemos una medida migratoria, que busquemos alguna fórmula legal que permita el cobro de esta "ecotasa", que se puede reinvertir en la isla y posibilite que se hagan planes de manejo mucho más específicos para el uso de estos espacios públicos patrimoniales", explica Santelices.
La futura aplicación de estas medidas tiene un amplio respaldo en la Cámara de Turismo de Isla de Pascua. Su presidente, Edgard Hereveri, dice que hoy no se cobra más de $5 mil a los turistas por el ingreso al parque, muy poco como para cuidar su riqueza arqueológica.
"En los últimos cinco años no ha habido una inversión del Estado para mejorar los sitios arqueológicos. Todo lo que se ha mejorado ha sido hecho por organismos extranjeros", asegura el presidente del gremio.
Hereveri propone que la "ecotasa" se distribuya tanto en la conservación del parque como en aspectos sociales, como la educación y la protección de la lengua rapanui, argumentando que la cultura viva de los isleños es una de sus principales atracciones. Por eso, agrega, el gremio turístico también está por limitar la permanencia de "continentales" y turistas.
"En Chile, la ley dice que los extranjeros deben permanecer en el territorio un plazo máximo de tres meses. Ese mismo concepto se debe aplicar en la isla no sólo a los extranjeros, sino también al visitante nacional, porque viene como turista. Hay gente que viene a trabajar en la isla y se va quedando, y este es un territorio con un espacio, recursos y capacidad de inversión limitados", finaliza.
Autor: El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) prepara una propuesta que presentará en los próximos días al Gobierno para el cobro de una "ecotasa" por el ingreso a Isla de Pascua, impuesto que se aplicaría a los turistas que lleguen a la zona y donde lo recaudado sería destinado a la conservación y preservación del patrimonio de la isla.
A este planteamiento se suma la idea de fijar un tiempo límite de estadía para los visitantes de la isla, tomando como ejemplo para ambos items la legislación existente en Ecuador para las islas Galápagos, que recauda cerca de US$ 12 millones al año por el cobro de ingreso a turistas.
Galápagos recibe cerca de 85 mil turistas al año y los extranjeros deben pagar un impuesto de US$ 100 por el ingreso, mientras que los visitantes provenientes de la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur US$ 25, y los turistas ecuatorianos, US$ 6.
La propuesta para negociar con los rapanui, tras la toma de la pista del aeropuerto Mataveri, fue adelantada por el director del Sernatur, Óscar Santelices, quien irá en la delegación que arriba mañana a Isla de Pascua, y que está encabezada por el subsecretario de Interior, Patricio Rosende.
Allí Santelices aprovechará de alistar su proposición con los propios isleños, ver qué alternativas son legales, qué se puede hacer por la vía de decretos o por trámite legislativo, para luego presentarla al Ministerio de Interior.
"Es importante que adoptemos una medida migratoria, que busquemos alguna fórmula legal que permita el cobro de esta "ecotasa", que se puede reinvertir en la isla y posibilite que se hagan planes de manejo mucho más específicos para el uso de estos espacios públicos patrimoniales", explica Santelices.
La futura aplicación de estas medidas tiene un amplio respaldo en la Cámara de Turismo de Isla de Pascua. Su presidente, Edgard Hereveri, dice que hoy no se cobra más de $5 mil a los turistas por el ingreso al parque, muy poco como para cuidar su riqueza arqueológica.
"En los últimos cinco años no ha habido una inversión del Estado para mejorar los sitios arqueológicos. Todo lo que se ha mejorado ha sido hecho por organismos extranjeros", asegura el presidente del gremio.
Hereveri propone que la "ecotasa" se distribuya tanto en la conservación del parque como en aspectos sociales, como la educación y la protección de la lengua rapanui, argumentando que la cultura viva de los isleños es una de sus principales atracciones. Por eso, agrega, el gremio turístico también está por limitar la permanencia de "continentales" y turistas.
"En Chile, la ley dice que los extranjeros deben permanecer en el territorio un plazo máximo de tres meses. Ese mismo concepto se debe aplicar en la isla no sólo a los extranjeros, sino también al visitante nacional, porque viene como turista. Hay gente que viene a trabajar en la isla y se va quedando, y este es un territorio con un espacio, recursos y capacidad de inversión limitados", finaliza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/08/24/nacional/_portada/noticias/59840CEE-D8C5-4088-B481-D0F982057DE2.htm?id={59840CEE-D8C5-4088-B481-D0F982057DE2} (El Mercurio)
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