Hace más de ocho meses, el fiscal de Calama Cristián Aliaga y su familia están custodiados por Carabineros: un grupo de escoltas les brindan protección las 24 horas por una amenaza de muerte en su contra.
En febrero pasado, una red de narcotraficantes que opera en las ciudades del Norte Grande habría elaborado un plan para atentar contra el persecutor.
El Ministerio Público adoptó las medidas de seguridad luego de confirmar la intimidación con antecedentes y declaraciones de imputados, que surgieron en otra investigación. Tras ello, se reforzó la seguridad del persecutor y de su entorno con carabineros que controlan sus desplazamientos.
El fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar confirmó las amenazas e informó que Aliaga ha continuado con normalidad sus investigaciones contra los narcotraficantes.
El caso de Aliaga no es nuevo para el Ministerio Público. Otros fiscales han recibido amenazas o sufrido ataques de criminales: Mario Elgueta, quien indagó causas del conflicto mapuche en el Biobío, sufrió lesiones por perdigones en una emboscada; Miguel Orellana, que logró condenar a traficantes vinculados a las FARC, recibió amenazas para que abandonara la causa, y Víctor Ávila, en Iquique, que fue golpeado por un imputado cuando se dirigía a un tribunal.
Medidas activadas
Tras corroborar la existencia de una amenaza contra un fiscal, sus superiores inmediatamente ofician a Carabineros o a la PDI para extremar su seguridad. Una de las primeras medidas es designar un equipo de escoltas para éste y su familia. Luego se modifican sus rutinas para evitar seguimientos o facilitar las acciones de los antisociales.
En tribunales, tras una coordinación previa con Gendarmería, los fiscales transitan por vías restringidas para el público, por las zonas interiores de los juzgados, y cuando su integridad ha estado en peligro, se ha dispuesto el uso de chalecos antibalas.
A raíz de las amenazas, algunos han debido abandonar sus hogares y vivir en hoteles con identidades falsas, mientras que otros han sido destinados a una unidad distinta.
Otros persecutores intimidados
El fiscal Mario Elgueta fue víctima de un ataque armado perpetrado por miembros de la CAM en Tirúa. Cuando las policías detectaron que corría peligro, éste fue trasladado de Cañete a Coronel y, luego, destinado a Talcahuano. Si bien ahora ya no indaga los ataques de grupos mapuches radicalizados, aún cuenta con medidas de protección.
El fiscal Miguel Ángel Orellana recibió amenazas de muerte cuando investigaba una internación de unos 500 kilos de cocaína colombiana al país. Durante la indagatoria, él y su familia dejaron su hogar y se mudaron a un hotel. Allí vivían con identidades falsas y bajo estrictas medidas de seguridad. Más tarde, el persecutor dejó la fiscalía Metropolitana Centro Norte y fue destinado a Talca.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/08/nacional/nacional/noticias/32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7.htm?id={32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7} (El Mercurio)
domingo, 8 de noviembre de 2009
Corte Suprema preocupada por retraso en la tramitación de las causas de la justicia militar
Tras analizar un informe preliminar de la ministra Sonia Araneda, el Pleno de la Corte Suprema se mostró preocupado por el retraso en la tramitación de las causas de la justicia militar.
La magistrada realizó una visita a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, donde se detectó que un número importante de asuntos que se tramita son de antigua data, lo que va en contra de la filosofía de la Corte Suprema de despachar a la brevedad los distintos asuntos.
Así lo aseguró ayer el presidente (s) del máximo tribunal y vocero, el ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que el pleno resolvió "realizar un estudio más acabado y un diagnóstico para evaluar eventuales medidas respecto de la aceleración en la tramitación de esas causas".
El nuevo informe se evaluará además en conjunto con la discusión sobre el proyecto de ley que modifica la justicia castrense, y le quita atribuciones a la fiscalía militar.
Este proyecto se suma a otros dos que están en el Congreso: el que establece los delitos militares y sus penas, y el que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales Militares en lo Penal. Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que se envió al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8.htm?id={6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8}(El Mercurio)
La magistrada realizó una visita a la Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, donde se detectó que un número importante de asuntos que se tramita son de antigua data, lo que va en contra de la filosofía de la Corte Suprema de despachar a la brevedad los distintos asuntos.
Así lo aseguró ayer el presidente (s) del máximo tribunal y vocero, el ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que el pleno resolvió "realizar un estudio más acabado y un diagnóstico para evaluar eventuales medidas respecto de la aceleración en la tramitación de esas causas".
El nuevo informe se evaluará además en conjunto con la discusión sobre el proyecto de ley que modifica la justicia castrense, y le quita atribuciones a la fiscalía militar.
Este proyecto se suma a otros dos que están en el Congreso: el que establece los delitos militares y sus penas, y el que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales Militares en lo Penal. Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que se envió al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8.htm?id={6C4DBB57-9CBD-45F7-BFDB-E077EBC1CDF8}(El Mercurio)
Acusan a defensores públicos por disfrazar a un acusado
Sábado 07 de Septiembre de 2009
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
El lunes pasado, los gendarmes sentaron a Claudio Monroy Valenzuela (25) en el banco de los acusados del 6º Tribunal Oral de Santiago. Lo miraron con extrañeza, pues a diferencia de jornadas anteriores del juicio, no llevaba puestos jeans ni polerón, sino que vestía un elegante traje gris. En vez de ser acusado por robo con intimidación, parecía abogado, y eso fue quizás lo que confundió a la víctima del ilícito, quien durante su testimonio en la sala reconoció como su agresor... al defensor de Monroy.
Esto motivó que el fiscal Marcos Emilfork, de la Fiscalía Metropolitana Sur, decidiera presentar una queja disciplinaria en contra de los defensores públicos Diana Correa Gaudio y Cristián Urquieta Robles.
El investigador pidió que ambos profesionales sean sancionados por el tribunal con una multa por vulnerar la buena fe de la litigación penal, pues la víctima se habría confundido con la maniobra. La presentación se hizo ayer, luego de la lectura de la sentencia que condenó a Monroy a una pena de cinco años de cárcel efectiva por el robo a un taxista en la comuna de La Granja.
Emilfork obtuvo del tribunal el video de las cámaras de seguridad de la sala, que registraron la audiencia. El investigador mostró ayer este registro, en el que se aprecia que el lunes pasado el acusado llegó vestido con un traje, pero sin corbata. Al inicio, sólo estaban Monroy y su defensora Diana Correa, además de la fiscal Claudia Castro y los jueces. El segundo defensor, Cristián Urquieta, se integró minutos después y se sentó junto a su cliente.
En el video se aprecia que Urquieta le entregó a Correa una corbata roja, del mismo color que la suya. Y mientras la fiscal Castro interrogaba a un testigo, la defensora hizo el nudo de la corbata y la guardó. Más tarde, durante un receso, Correa acompañó al acusado al calabozo y le puso la corbata.
Luego vino la declaración de la víctima. Mientras ésta hablaba, Monroy simuló que leía el Código Penal. Urquieta, en tanto, no tenía nada entre sus manos.
Sin darse cuenta de esto, la fiscal le preguntó al taxista si reconocía a su agresor. La respuesta fue dubitativa. La víctima miró al acusado y a su abogado, y optó por este último. Dijo que Urquieta lo había asaltado. Pese a este fallido reconocimiento el tribunal optó por condenar a Monroy, pues existían otras evidencias de su autoría.
Este lunes, los jueces decidirán si acogen o no la queja disciplinaria.
Defensor Regional pide que se regulen los reconocimientos y las ruedas de presos
Ante la seguidilla de errores en casos de reconocimientos fotográficos o ruedas de presos, el jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Leonardo Moreno, advirtió sobre la falta de regulación de este tipo de diligencias. Dice que es el Ministerio Público el que tiene la facultad para crear un reglamento o instrucción estándar para este tipo de actuaciones. Incluso, Moreno propone los requisitos mínimos que deben cumplir.
"Se debe exhibir a la víctima un número importante de fotografías, superior a cinco o seis, y en forma secuencial. Una cuestión básica es que la intervención policial no sea inducida. Que no se le diga a la víctima que el sospechoso está dentro de las posibilidades, sino que se le diga expresamente que puede no estar", explica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/07/nacional/nacional/noticias/193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F.htm?id={193E678F-F9DE-4F79-934D-49DBCB2F538F} (El Mercurio)
Armendáriz presenta queja contra juez que inhabilitó a un fiscal
Viernes 06 de Noviembre de 2009
El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien está resolviendo la preparación del juicio oral en contra de Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
En ese contexto, Aravena acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien investigó el doble homicidio de calle Infante y participó activamente en la causa- declare como testigo en el juicio oral. El Ministerio Público se opuso, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
El magistrado no atendió el planteamiento de la fiscalía, e incluso en la última audiencia, el martes pasado, inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor.
Trascendió que esta resolución molestó profundamente al fiscal regional, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales. Ayer, Armendáriz se limitó a decir que esta decisión "distorsiona" el sistema procesal penal: "Me preocupa que se masifique la idea de que los fiscales pueden ser testigos en sus propias causas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/06/nacional/nacional/noticias/78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409.htm?id={78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409}(El Mercurio)
El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones una queja disciplinaria en contra del magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien está resolviendo la preparación del juicio oral en contra de Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
En ese contexto, Aravena acogió una petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien investigó el doble homicidio de calle Infante y participó activamente en la causa- declare como testigo en el juicio oral. El Ministerio Público se opuso, argumentando que Caroca, pese a no tener actuaciones recientes en el proceso, sigue siendo fiscal en la causa.
El magistrado no atendió el planteamiento de la fiscalía, e incluso en la última audiencia, el martes pasado, inhabilitó a Caroca como fiscal del caso y ofició al propio Armendáriz para que designe a otro prosecutor.
Trascendió que esta resolución molestó profundamente al fiscal regional, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales. Ayer, Armendáriz se limitó a decir que esta decisión "distorsiona" el sistema procesal penal: "Me preocupa que se masifique la idea de que los fiscales pueden ser testigos en sus propias causas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/06/nacional/nacional/noticias/78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409.htm?id={78889F38-F7D2-47A8-A5A9-A8B2D3FA3409}(El Mercurio)
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