Buena parte del gabinete ministerial arribará mañana a Valparaíso para reforzar la labor del Ejecutivo en la discusión de varios proyectos en el Congreso. Uno de ellos será el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, quien llegará al Parlamento con una misión clave: consolidar durante esta semana un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para otorgar el voto a los chilenos en el exterior.
En los últimos días, el ministro sostuvo una serie de reuniones privadas con los presidentes de los partidos de la Concertación y de la Alianza, reactivando así el interés del Gobierno por impulsar las reformas políticas anunciadas por Sebastián Piñera en su discurso del 21 de mayo.
La primera de ellas permite que los conciudadanos avecindados en el exterior puedan votar en la elección presidencial. La propuesta del Ejecutivo establece como requisito una permanencia en Chile de al menos nueve meses -que podrán acumularse- en los 10 años previos a los comicios electorales.
Además, el Gobierno está abierto a incluir un reglamento especial para todas aquellas personas que acrediten su condición de exiliado durante el gobierno militar, ya sea por las comisiones Rettig o Valech o la Ley de exonerados políticos.
Esto último ha generado rechazo entre los parlamentarios de la UDI, quienes insisten en que los exiliados también deben acreditar algún vínculo con el país.
Por ello es que Larroulet -junto al subsecretario Claudio Alvarado- espera reunirse cuanto antes con los representantes del oficialismo para explicar la propuesta del Ejecutivo y contar con su apoyo.
Como respaldo, el Gobierno utilizará el informe entregado por la comisión técnica liderada por el experto electoral UDI Andrés Tagle, y que incluye las características de las distintas comunidades de chilenos en el extranjero.
Concertación dividida
En la oposición, el tema ha sido largamente analizado en el Senado, donde los parlamentarios DC Soledad Alvear y Patricio Walker -miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Alta- han liderado las conversaciones con el Ejecutivo.
Al interior del bloque sostienen que el requisito de nueve meses es "prácticamente imposible" de cumplir. Sin embargo, existen dos posiciones respecto a cómo destrabar este punto.
Una parte de los senadores -que incluye a algunos miembros de las bancadas del PPD y de la DC- es partidaria de llegar a un consenso para rebajar el período de acreditación de la vinculación a seis meses o menos.
Un segundo grupo, encabezado por parlamentarios del PS, insiste en rechazar cualquier condición para los chilenos que viven en el exterior, idea que es defendida al interior del conglomerado como una demanda histórica de la Concertación.
"Queremos que el proyecto sea lo más amplio posible; pero si hay que llegar a un consenso, vamos a buscar un punto de encuentro", afirmó el senador DC Andrés Zaldívar.
Agenda
El titular de la Segpres encabezará una semana clave para el Ejecutivo en el Congreso, en que retomará la agenda programática y defenderá el proyecto de Presupuesto 2011.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/politica/noticias/89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68.htm?id={89C44A7B-E22D-4755-9644-59DC351E2D68}(El Mercurio)
lunes, 25 de octubre de 2010
Supremos acuerdan poner fin a figura de abogados integrantes
Tras un intenso debate, el pleno de la Corte Suprema se mostró por primera vez partidario de eliminar la figura de los abogados integrantes, quienes cumplen la función de reemplazar a los ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones cuando éstos no pueden asistir a las salas para revisar causas.
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial
que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA,
Presidente de la Corte Suprema
95
son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
12
años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
Trayectoria de una función con problemas
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/25/nacional/nacional/noticias/577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B.htm?id={577D3759-3F36-4DCB-90FB-CE65B7CA4C8B} (El Mercurio)
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