El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió este lunes a la impresión que él y algunos de los máximos jueces del país tienen respecto a la justicia militar. Esto a propósito de las modificaciones que se enviaron al Congreso en vías a abrir el diálogo con comuneros mapuche en huelga de hambre, quienes han repudiado que se lleve a civiles a estos tribunales.
"Es un avance que se saquen a los civiles de la justicia militar en un proyecto que creo va a quedar obsoleto porque creo que el Ejecutivo presentará un segundo", dijo Juica, respecto a las modificaciones a la norma enviadas por el Gobierno la semana pasada.
El presidente del máximo tribunal sostuvo que "hay un grupo más o menos importante de ministros que están por eliminar completamente la justicia militar, ya no se justifica en un Estado moderno como ahora, muchos países europeos no la tienen".
Juica agregó que la si la idea es transformar todo el sistema de justicia militar "hay que transformarlo completamente y no hacer transformaciones a media".
Consultado si está por eliminar la judicatura castrense, el supremo respondió que él cree que hay que eliminar la justicia militar "porque creo que el proceso nuevo y oral es más garantista que todo y no hay especialidades tan importantes como para que no lo puedan hacer".
Autor:http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291618-9-presidente-de-la-corte-suprema-hay-que-transformar-la-justicia-militar.shtml (La Tercera)
lunes, 13 de septiembre de 2010
Formalizan a ex jefe policial que alteró informe para beneficiar a imputados
A fines de 2004, ex directivos de la Fundación Oscar y Elsa Braun comenzaron a ser investigados por la justicia, a raíz de supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y apropiación indebida que afectaba el patrimonio de la institución.
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
La fundación fue creada para apoyar a través de becas a estudiantes de Medicina. Sin embargo, controles internos detectaron que los dineros de la entidad habrían sido desviados en favor de los ex directivos.
El caso fue indagado por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago que, en 2007, y tras recibir un peritaje contable realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI que descartaba anomalías, optó por cerrar el caso.
Meses más tarde, los abogados de la Fundación Oscar y Elsa Braun descubrirían una serie de vicios en el informe evacuado por el jefe del departamento de contabilidad de Lacrim, comisario Juan Silva, que terminaron por favorecer a los querellados.
Los peritos concluyeron que por falta de antecedentes contables no se podía establecer la existencia de delitos y omitieron información sobre la forma en que los bienes y acciones de la fundación fueron invertidos en tres sociedades anónimas, vinculadas a los involucrados.
A tres años del cierre de la investigación contra los ex directivos, la fiscalía Centronorte determinó que existían antecedentes que configuraban irregularidades cometidas por el ex jefe del departamento de contabilidad de Lacrim y hoy lo formalizó por falso testimonio en el Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se mencionó la existencia de al menos cinco borradores realizados por los peritos, que dejaban en evidencia que los directivos no respetaron los estatutos de la entidad y realizaron inversiones con el patrimonio de la fundación. Esos antecedentes fueron excluidos por Silva, haciendo cómplice de esta acción a la funcionaria Marta Guerino, quien también fue imputada.
Mientras el ex jefe policial quedó con firma mensual y la imposibilidad de salir del país, en el caso de Guerino será sometida a una salida alternativa en noviembre próximo.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291637-9-formalizan-a-ex-jefe-policial-que-altero-informe-para-beneficiar-a-imputados.shtml (La Tercera)
Sociedad Interamericana de Prensa condena maltratos a periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la "violencia desatada" contra la prensa de Chile el pasado sábado durante las manifestaciones realizadas por el aniversario de los 37 años del golpe militar de 1973.
Aguirre en un comunicado expresó que "espera que las autoridades investiguen y sancionen a los causantes de tales hechos, como lo ha anunciado el propio gobierno".
Los hechos se desataron cuando una marcha pacífica y autorizada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos llegó a las puertas del Cementerio General y "una turba de encapuchados emergió de sorpresa, asaltando los móviles de los canales de televisión".
"A los que intentaron volcar, quebrándole los vidrios y lanzando piedras y bombas de humo contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, que tuvieron que abandonar el lugar", informó la Sociedad Interamericana de Prensa.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291654-9-sociedad-interamericana-de-prensa-condena-maltratos-a-periodistas.shtml(La Tercera)
Aguirre en un comunicado expresó que "espera que las autoridades investiguen y sancionen a los causantes de tales hechos, como lo ha anunciado el propio gobierno".
Los hechos se desataron cuando una marcha pacífica y autorizada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos llegó a las puertas del Cementerio General y "una turba de encapuchados emergió de sorpresa, asaltando los móviles de los canales de televisión".
"A los que intentaron volcar, quebrándole los vidrios y lanzando piedras y bombas de humo contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, que tuvieron que abandonar el lugar", informó la Sociedad Interamericana de Prensa.
Autor: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291654-9-sociedad-interamericana-de-prensa-condena-maltratos-a-periodistas.shtml(La Tercera)
Justicia deja sin efecto acusación por "ofensas al pudor" contra diputado Alinco
La Justicia decidió dejar sin efecto la denuncia efectuada por Carabineros contra el diputado PPD René Alinco por “ofensas al pudor”, luego que fuera sorprendido al interior de su vehículo con una mujer en el sector de Tejas Verdes, región de Aysén.
Así lo decidió el juez de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, quien sostuvo que Carabineros no protegió "la vida privada y la honra" del parlamentario.
El documento del tribunal, que está en el sitio web del Poder Judicial, detalló que "el hecho que un hombre y una mujer, adultos los dos, permanezcan en el interior de un vehículo particular, sea que realicen o no un acto sexual, en un sitio eriazo y alejado de la circulación de público, y sin otro observador que los carabineros que se acercan al lugar, no puede considerarse bajo ningún respecto una ofensa al pudor que sea de conocimiento de los Tribunales de Justicia".
"Este error de apreciación, ha llevado a formular una denuncia sin fundamentos, que tiene como consecuencia insospechada y grave, la afectación de una garantía constitucional de las personas denunciadas, como lo es el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
"Es decir, se trata de una intromisión indebida en la esfera de la intimidad de las personas, cuya limitación a la Policía, está claramente establecida en la Constitución y las leyes", concluyó el escrito judicial.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=587242(La Segunda)
Así lo decidió el juez de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud Ojeda, quien sostuvo que Carabineros no protegió "la vida privada y la honra" del parlamentario.
El documento del tribunal, que está en el sitio web del Poder Judicial, detalló que "el hecho que un hombre y una mujer, adultos los dos, permanezcan en el interior de un vehículo particular, sea que realicen o no un acto sexual, en un sitio eriazo y alejado de la circulación de público, y sin otro observador que los carabineros que se acercan al lugar, no puede considerarse bajo ningún respecto una ofensa al pudor que sea de conocimiento de los Tribunales de Justicia".
"Este error de apreciación, ha llevado a formular una denuncia sin fundamentos, que tiene como consecuencia insospechada y grave, la afectación de una garantía constitucional de las personas denunciadas, como lo es el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
"Es decir, se trata de una intromisión indebida en la esfera de la intimidad de las personas, cuya limitación a la Policía, está claramente establecida en la Constitución y las leyes", concluyó el escrito judicial.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=587242(La Segunda)
Seguridad municipal: no hay estudios que constaten que la alta inversión en vigilancia rebaje los delitos
Aunque varios municipios invierten cuantiosos recursos en mantener servicios de seguridad ciudadana, el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades reconocen que no hay estudios técnicos que avalen una baja en la criminalidad en los territorios en que hay despliegue de estos servicios.
Sólo se sabe que impacta positivamente en la percepción de los vecinos, que sienten menos temor frente al delito, según los resultados que arroja la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Los municipios reconocen esta falencia. El presidente de la comisión de seguridad de la asociación, y alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, señala que "sabemos que tanto o más importante que la implementación de medidas para prevenir los delitos es el hecho de evaluar el impacto de nuestras acciones".
Dice que recién hace cinco años los municipios comenzaron a gestar los departamentos de seguridad, por lo que aún no hay equipos para estudiar sus impactos. "Además, hay un tema de recursos. La realidad de cada comuna es muy distinta. Tal vez algunas podrían hacer evaluaciones, pero otras no. Por ahora, no hay nada que nos diga que nuestras medidas son efectivas", explica.
Los expertos de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior estiman que la disuasión que busca la seguridad municipal puede verse afectada si no actúan coordinadamente con Carabineros para producir un efecto amedrentador.
La presencia persuasiva no es suficiente para el delincuente, pues éste sabe que el guardia de seguridad tiene una actuación limitada territorialmente y menos atribuciones para desplazarse. "Hay que necesariamente incorporar medidas de control y de persecución inteligente, en conjunto con las policías, para desbaratar a las bandas y grupos delictuales que están operando en el territorio", señala un experto gubernamental.
El jefe de la División de Seguridad Ciudadana, Jorge Nazer, detalla que hacia ese objetivo apunta el nuevo plan antidelincuencia diseñado por el Gobierno. Los servicios municipales suman, dice, pero lo importante es que exista "una buena coordinación, un buen liderazgo y un buen foco para manejar estos servicios adicionales".
Nazer cita experiencias comparadas, como las de España (Barcelona) o de Estados Unidos (Los Angeles), donde la seguridad privada es un gran aporte porque posee una estructura bien regulada.
Sin embargo, el jefe de la División aclara que no está en los planes del Gobierno otorgar mayores atribuciones, como armar a estos guardias municipales. "No soy partidario de fomentar el uso masivo de armas; al contrario, soy partidario de restringirlo", dijo.
Las experiencias desarrolladas por algunos alcaldes
Son municipios con dinero que invierten en planes de seguridad, vehículos de patrullaje, casetas y cámaras de vigilancia.
Pero "los recursos pueden ser infinitos y los resultados cero si no se trabaja en una etapa previa de vigilancia compartida con los vecinos", explica el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza.
En el caso de Santiago, el alcalde Pablo Zalaquett enfatiza que "lo importante es el trabajo coordinado de nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana con Carabineros. Hacemos operativos permanentes en conjunto, lo que nos ha traído buenos resultados".
Providencia, según explica el alcalde Cristián Labbé, optó por compartir con Carabineros los datos que recoge su gente. Ello permite diseñar planes coordinados en contra de la delincuencia.
Y el edil de Lo Barnechea, Felipe Guevara, pide modificaciones legales para coordinar esta información a nivel local con las policías.
Pero el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, advierte que "nosotros tenemos un Carabinero por cada 1.830 habitantes. Este número es insuficiente y no puede ser que la seguridad privada llegue a reemplazar a la fuerza pública".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/13/nacional/nacional/noticias/AF31749E-7E81-4310-A3DE-92AC7866BA09.htm?id={AF31749E-7E81-4310-A3DE-92AC7866BA09} (El Mercurio)
Sólo se sabe que impacta positivamente en la percepción de los vecinos, que sienten menos temor frente al delito, según los resultados que arroja la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Los municipios reconocen esta falencia. El presidente de la comisión de seguridad de la asociación, y alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, señala que "sabemos que tanto o más importante que la implementación de medidas para prevenir los delitos es el hecho de evaluar el impacto de nuestras acciones".
Dice que recién hace cinco años los municipios comenzaron a gestar los departamentos de seguridad, por lo que aún no hay equipos para estudiar sus impactos. "Además, hay un tema de recursos. La realidad de cada comuna es muy distinta. Tal vez algunas podrían hacer evaluaciones, pero otras no. Por ahora, no hay nada que nos diga que nuestras medidas son efectivas", explica.
Los expertos de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior estiman que la disuasión que busca la seguridad municipal puede verse afectada si no actúan coordinadamente con Carabineros para producir un efecto amedrentador.
La presencia persuasiva no es suficiente para el delincuente, pues éste sabe que el guardia de seguridad tiene una actuación limitada territorialmente y menos atribuciones para desplazarse. "Hay que necesariamente incorporar medidas de control y de persecución inteligente, en conjunto con las policías, para desbaratar a las bandas y grupos delictuales que están operando en el territorio", señala un experto gubernamental.
El jefe de la División de Seguridad Ciudadana, Jorge Nazer, detalla que hacia ese objetivo apunta el nuevo plan antidelincuencia diseñado por el Gobierno. Los servicios municipales suman, dice, pero lo importante es que exista "una buena coordinación, un buen liderazgo y un buen foco para manejar estos servicios adicionales".
Nazer cita experiencias comparadas, como las de España (Barcelona) o de Estados Unidos (Los Angeles), donde la seguridad privada es un gran aporte porque posee una estructura bien regulada.
Sin embargo, el jefe de la División aclara que no está en los planes del Gobierno otorgar mayores atribuciones, como armar a estos guardias municipales. "No soy partidario de fomentar el uso masivo de armas; al contrario, soy partidario de restringirlo", dijo.
Las experiencias desarrolladas por algunos alcaldes
Son municipios con dinero que invierten en planes de seguridad, vehículos de patrullaje, casetas y cámaras de vigilancia.
Pero "los recursos pueden ser infinitos y los resultados cero si no se trabaja en una etapa previa de vigilancia compartida con los vecinos", explica el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza.
En el caso de Santiago, el alcalde Pablo Zalaquett enfatiza que "lo importante es el trabajo coordinado de nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana con Carabineros. Hacemos operativos permanentes en conjunto, lo que nos ha traído buenos resultados".
Providencia, según explica el alcalde Cristián Labbé, optó por compartir con Carabineros los datos que recoge su gente. Ello permite diseñar planes coordinados en contra de la delincuencia.
Y el edil de Lo Barnechea, Felipe Guevara, pide modificaciones legales para coordinar esta información a nivel local con las policías.
Pero el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, advierte que "nosotros tenemos un Carabinero por cada 1.830 habitantes. Este número es insuficiente y no puede ser que la seguridad privada llegue a reemplazar a la fuerza pública".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/13/nacional/nacional/noticias/AF31749E-7E81-4310-A3DE-92AC7866BA09.htm?id={AF31749E-7E81-4310-A3DE-92AC7866BA09} (El Mercurio)
Familias rapanuís se abren a diálogo con el Gobierno
Con ocupaciones más simbólicas que reales se encontraron ayer los subsecretarios de Interior, Rodrigo Ubilla, y de Bienes Nacionales, Carlos Llancaqueo, al arribar a Isla de Pascua en busca de soluciones al conflicto de reivindicación de tierras ancestrales que reclaman los isleños.
El subsecretario Llancaqueo aseguró que se escuchará a todos quienes hayan depuesto las ocupaciones, de acuerdo con la condición que fijó respecto del tema el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, la situación más conflictiva sigue siendo la ocupación del hotel Hanga Roa por parte de la familia Hito, que se agravó tras el desalojo judicial de la semana pasada y su inmediata recuperación por parte de cuarenta isleños.
Marisol Hito, vocera del clan Hito, dijo que las relaciones con la familia Schiess -propietaria del hotel- están cortadas, por lo que no se producirá el diálogo que se esperaba entre ambas partes para terminar con la ocupación del recinto turístico.
La familia Hito se reunió anoche con el subsecretario de Interior, a quien reiteraron que la única forma de terminar la toma es que exista un reconocimiento por parte del Gobierno de que el Estado enajenó ilegalmente los terrenos pertenecientes al clan -según asegura el grupo-, al venderlos a personas ajenas a la etnia rapanui. Es en esas tierras donde actualmente está emplazado el hotel Hanga Roa.
Desde el viernes y hasta mañana, una comisión de abogados permanece en la isla tomando declaraciones a las familias que reclaman terrenos por razones étnicas y jurídicas.
A la vez, se adelantó el trabajo respecto de un loteo de 850 hectáreas para solucionar las demandas de aproximadamente 400 familias. Lo que se iba a realizar en 18 meses se hará en un plazo de 90 días.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/13/nacional/nacional/noticias/DAE662CC-EA0A-4E57-9762-FAB1B27DDDD8.htm?id={DAE662CC-EA0A-4E57-9762-FAB1B27DDDD8}(El Mercurio)
El subsecretario Llancaqueo aseguró que se escuchará a todos quienes hayan depuesto las ocupaciones, de acuerdo con la condición que fijó respecto del tema el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, la situación más conflictiva sigue siendo la ocupación del hotel Hanga Roa por parte de la familia Hito, que se agravó tras el desalojo judicial de la semana pasada y su inmediata recuperación por parte de cuarenta isleños.
Marisol Hito, vocera del clan Hito, dijo que las relaciones con la familia Schiess -propietaria del hotel- están cortadas, por lo que no se producirá el diálogo que se esperaba entre ambas partes para terminar con la ocupación del recinto turístico.
La familia Hito se reunió anoche con el subsecretario de Interior, a quien reiteraron que la única forma de terminar la toma es que exista un reconocimiento por parte del Gobierno de que el Estado enajenó ilegalmente los terrenos pertenecientes al clan -según asegura el grupo-, al venderlos a personas ajenas a la etnia rapanui. Es en esas tierras donde actualmente está emplazado el hotel Hanga Roa.
Desde el viernes y hasta mañana, una comisión de abogados permanece en la isla tomando declaraciones a las familias que reclaman terrenos por razones étnicas y jurídicas.
A la vez, se adelantó el trabajo respecto de un loteo de 850 hectáreas para solucionar las demandas de aproximadamente 400 familias. Lo que se iba a realizar en 18 meses se hará en un plazo de 90 días.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/13/nacional/nacional/noticias/DAE662CC-EA0A-4E57-9762-FAB1B27DDDD8.htm?id={DAE662CC-EA0A-4E57-9762-FAB1B27DDDD8}(El Mercurio)
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