La Cámara de Diputados aprobó el llamado proyecto "bodas de oro", que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 50 años de matrimonio. La aprobación en general tuvo 96 votos a favor y una abstención, y posteriormente, en la votación en particular, se aprobó con 95 votos a favor una indicación que extiende de seis a doce meses el plazo para impetrar el beneficio ante el Instituto de Previsión Social.
La Comisión de Familia aprobó el otorgamiento del bono de 250 mil pesos a los matrimonios que pertenecen a los cuatro quintiles de menores ingresos, pero que cumplan 50 ó 60 años de casados a partir del 1 de enero de 2010, sin límite de tiempo hacia adelante, como asimismo a los que cumplan 61 o más años de casados durante el presente año.
De este modo, se beneficiará a todas las parejas que cumplan esos requisitos dentro del presente año y no sólo a partir de la aprobación de la ley. El beneficio que originalmente se extinguiría el año 2013 se hizo permanente y se otorgaría desde este año hasta el 2020, a los cónyuges que cumplan 50 y 60 años de matrimonio, respectivamente, cubriéndose así gradualmente un stock que no podría cubrirse de una sola vez dado que ello irrogaría un gasto superior a los 70 millones de dólares.
Las personas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir del 1 de enero de este año no tendrán derecho a este bono.
El bono se reajustará el 1 de octubre de cada año en el 100% de la variación que experimente el IPC. También se establece que podrán ser beneficiarios los cónyuges que cumplan con los requisitos exigidos en un segundo o posterior matrimonio.
Los beneficiarios del bono serán 30 mil personas por año entre las que cumplen 50 años de casadas a partir del 1 de enero de 2010; 14 mil por año entre las que cumplen 60 años de casadas desde esa misma fecha en adelante, y 40 mil entre las que cumplen 61 o más años de vida en común durante el año en curso, llegándose a un total de 84 mil personas beneficiadas el primer año de vigencia de la ley.
La estimación de costos de la iniciativa asciende a 19,6 millones de dólares para el año 2010; a 10,3 millones de dólares entre 2011 y 2019, y a poco más de 7 millones de dólares desde 2020 en adelante, suponiendo que para entonces se habrán beneficiado todas las parejas que cumplan entre 51 y 59 años de matrimonio a partir de este año.
Para cobrar el bono, que se pagará por mitades a cada cónyuge, éstos deberán concurrir en forma conjunta, personalmente o representados, a solicitarlo al Instituto de Previsión Social y acreditar el cumplimiento de los requisitos, dentro de un plazo de doce meses, tras el cual se entiende que el beneficiario ha renunciado al mismo.
Son acreedores al beneficio los matrimonios civiles legalmente celebrados o inscritos en Chile, excluyéndose por tanto aquellos contraídos sólo en ceremonia religiosa y los realizados en el extranjero que no hayan sido acreditados en nuestro país.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=439949(Emol)
miércoles, 6 de octubre de 2010
Senado aprueba proyecto que modifica límites de la justicia militar
Permitir que los civiles sean juzgados por la justicia ordinaria y que los militares por los tribunales castrenses, es el objetivo central del proyecto que modifica el sistema de justicia militar que fue aprobado en forma unánime por la Sala del Senado.
No obstante, los senadores rechazaron con 5 votos a favor y 13 en contra y 4 abstenciones, una indicación presentada por el senador Alejandro Navarro que buscaba que en los casos de coautoría de civiles y militares en la comisión de delitos comunes, sean competentes los tribunales ordinarios.
Cabe recordar que con esto, la iniciativa que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo como una forma de colaborar al término del conflicto con comuneros mapuche, quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
Durante el debate de este proyecto, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Patricio Walker, Jaime Quintana y Hernán Larraín, además de los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa Jaime Ravinet.
Discusión
La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien informó sobre los alcances de la iniciativa y el trabajo que realizaron en conjunto las Comisiones de Constitución y Defensa Unidas.
En tal sentido, destacó que se estableciera explícitamente que a los menores de 18 años sólo se les aplique la ley de responsabilidad penal juvenil y no la justicia militar.
Asimismo, explicó que en los casos de co autoría y co participación de civiles y militares, serán competentes respecto de los civiles los juzgados ordinarios y respecto de los militares los juzgados castrenses.
También se estableció que las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares y deben ser resueltas por la Corte Suprema y al mismo tiempo se señaló que en esos casos el auditor militar quede excluido de la composición de esa sala.
En tanto, el Ministerio Público debe señalar en su acusación los medios de pruebas rendidos en el tribunal militar para que no se pierda la prueba, lo que según la senadora era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtió el Fiscal Nacional.
A su turno, el senador Navarro manifestó la voluntad positiva de avanzar en este proyecto que obedece a un acuerdo político que se buscó para avanzar en el término de la huelga de hambre de comuneros, pero lamentó que no se considerara una modificación más profunda que permitiera que los tribunales castrenses sólo tuvieran competencia para juzgar a militares que cometen delitos de índole militar y no comunes.
El senador Patricio Walker precisó que está disponible a avanzar en esa línea, antes de que el Ejecutivo envíe un proyecto, pues ya existe una iniciativa parlamentaria que apunta a que los tribunales castrenses conozcan de causas militares por delitos militares y no por delitos comunes.
En tanto, el senador Quintana manifestó que la iniciativa permite avanzar en la situación de los mapuche pero también terminar con el doble procesamiento. Agregó que en un sistema democrático no se sostiene un sistema como éste, más aun cuando una gran cantidad de los delitos que se ve en los tribunales militares no son delitos castrenses sino que comunes.
A su turno, el Ministro Bulnes agradeció el trabajo “rápido y eficaz” realizado en el Senado pues ello permitió realizar una serie de perfeccionamientos a la iniciativa.
Por su parte, el Ministro Ravinet reiteró el compromiso del Ejecutivo para impulsar una reforma más amplia y más profunda en materia de competencias; modificar el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales militares para asimilarlos a los de la reforma procesal penal y hacer una profunda revisión de los denominados delitos militares con el fin de adaptarlos al principio moderno del derecho.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=440008(Emol)
No obstante, los senadores rechazaron con 5 votos a favor y 13 en contra y 4 abstenciones, una indicación presentada por el senador Alejandro Navarro que buscaba que en los casos de coautoría de civiles y militares en la comisión de delitos comunes, sean competentes los tribunales ordinarios.
Cabe recordar que con esto, la iniciativa que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo como una forma de colaborar al término del conflicto con comuneros mapuche, quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
Durante el debate de este proyecto, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Patricio Walker, Jaime Quintana y Hernán Larraín, además de los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa Jaime Ravinet.
Discusión
La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien informó sobre los alcances de la iniciativa y el trabajo que realizaron en conjunto las Comisiones de Constitución y Defensa Unidas.
En tal sentido, destacó que se estableciera explícitamente que a los menores de 18 años sólo se les aplique la ley de responsabilidad penal juvenil y no la justicia militar.
Asimismo, explicó que en los casos de co autoría y co participación de civiles y militares, serán competentes respecto de los civiles los juzgados ordinarios y respecto de los militares los juzgados castrenses.
También se estableció que las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares y deben ser resueltas por la Corte Suprema y al mismo tiempo se señaló que en esos casos el auditor militar quede excluido de la composición de esa sala.
En tanto, el Ministerio Público debe señalar en su acusación los medios de pruebas rendidos en el tribunal militar para que no se pierda la prueba, lo que según la senadora era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtió el Fiscal Nacional.
A su turno, el senador Navarro manifestó la voluntad positiva de avanzar en este proyecto que obedece a un acuerdo político que se buscó para avanzar en el término de la huelga de hambre de comuneros, pero lamentó que no se considerara una modificación más profunda que permitiera que los tribunales castrenses sólo tuvieran competencia para juzgar a militares que cometen delitos de índole militar y no comunes.
El senador Patricio Walker precisó que está disponible a avanzar en esa línea, antes de que el Ejecutivo envíe un proyecto, pues ya existe una iniciativa parlamentaria que apunta a que los tribunales castrenses conozcan de causas militares por delitos militares y no por delitos comunes.
En tanto, el senador Quintana manifestó que la iniciativa permite avanzar en la situación de los mapuche pero también terminar con el doble procesamiento. Agregó que en un sistema democrático no se sostiene un sistema como éste, más aun cuando una gran cantidad de los delitos que se ve en los tribunales militares no son delitos castrenses sino que comunes.
A su turno, el Ministro Bulnes agradeció el trabajo “rápido y eficaz” realizado en el Senado pues ello permitió realizar una serie de perfeccionamientos a la iniciativa.
Por su parte, el Ministro Ravinet reiteró el compromiso del Ejecutivo para impulsar una reforma más amplia y más profunda en materia de competencias; modificar el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales militares para asimilarlos a los de la reforma procesal penal y hacer una profunda revisión de los denominados delitos militares con el fin de adaptarlos al principio moderno del derecho.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=440008(Emol)
Médico de Gendarmería confirma que Pilar Pérez quiso suicidarse
Hay días en que María del Pilar Pérez pasa inadvertida en el juicio en su contra. Pero ayer fue distinto. La mujer -quien junto a su supuesto sicario, José Ruz, está acusada de tres homicidios- estuvo especialmente intranquila, sobre todo con dos elementos de la audiencia.
El primero, el testimonio del psiquiatra de Gendarmería Rafael Vizuete, cuyas afirmaciones ella negaba con la cabeza. El segundo, mientras veía imágenes del interior de su casa de Seminario. Por primera vez en el proceso, lloró.
Pero a juicio del Ministerio Público, el mayor valor probatorio de la novena jornada del juicio estuvo en el testimonio de Vizuete. Éste señaló que Pérez le reconoció que quiso suicidarse con pastillas tras el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel y antes de su detención. "Dijo que estaba sobrepasada, que sentía que tocó fondo y que su idea era quitarse la vida", declaró Vizuete. Su testimonio contradice la defensa de Pérez, que argumenta que ella nunca pretendió quitarse la vida. El informe del doctor (al que tuvo acceso este diario) describe a la mujer como narcisista, fría y distante.
Además, revela una sospecha de la acusada: "Refiere que le hicieron magia negra, porque su hijo cambió mucho, era su brazo derecho, que su nuera le hizo brujería, por eso le salió todo mal y perdió la relación con su hijo". Pérez se refiere así a los problemas con su hijo Juan José, luego que éste decidiera casarse con Montserrat Hernando.
Contacto en un café
El Ministerio Público podría citar hoy al estrado de los testigos al comerciante Marcos Silva Ruz, primo de José Ruz y dueño de locales "café con piernas" en el centro de Santiago. Para los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, este hombre es clave para explicar cómo se generó el nexo entre Pilar Pérez y el presunto sicario.
Según la indagatoria, Silva y Ruz eran socios, y fue el primero quien presentó al segundo con Pérez. Ésta asesoraba a la organización de cafeteros en la remodelación de los locales, para que cumplieran con los requerimientos impuestos por la municipalidad. Hoy también prestarían declaración más peritos relacionados con el homicidio de Schmidt-Hebbel.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/06/nacional/nacional/noticias/E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83.htm?id={E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83} (El Mercurio)
El primero, el testimonio del psiquiatra de Gendarmería Rafael Vizuete, cuyas afirmaciones ella negaba con la cabeza. El segundo, mientras veía imágenes del interior de su casa de Seminario. Por primera vez en el proceso, lloró.
Pero a juicio del Ministerio Público, el mayor valor probatorio de la novena jornada del juicio estuvo en el testimonio de Vizuete. Éste señaló que Pérez le reconoció que quiso suicidarse con pastillas tras el homicidio de Diego Schmidt-Hebbel y antes de su detención. "Dijo que estaba sobrepasada, que sentía que tocó fondo y que su idea era quitarse la vida", declaró Vizuete. Su testimonio contradice la defensa de Pérez, que argumenta que ella nunca pretendió quitarse la vida. El informe del doctor (al que tuvo acceso este diario) describe a la mujer como narcisista, fría y distante.
Además, revela una sospecha de la acusada: "Refiere que le hicieron magia negra, porque su hijo cambió mucho, era su brazo derecho, que su nuera le hizo brujería, por eso le salió todo mal y perdió la relación con su hijo". Pérez se refiere así a los problemas con su hijo Juan José, luego que éste decidiera casarse con Montserrat Hernando.
Contacto en un café
El Ministerio Público podría citar hoy al estrado de los testigos al comerciante Marcos Silva Ruz, primo de José Ruz y dueño de locales "café con piernas" en el centro de Santiago. Para los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, este hombre es clave para explicar cómo se generó el nexo entre Pilar Pérez y el presunto sicario.
Según la indagatoria, Silva y Ruz eran socios, y fue el primero quien presentó al segundo con Pérez. Ésta asesoraba a la organización de cafeteros en la remodelación de los locales, para que cumplieran con los requerimientos impuestos por la municipalidad. Hoy también prestarían declaración más peritos relacionados con el homicidio de Schmidt-Hebbel.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2010/10/06/nacional/nacional/noticias/E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83.htm?id={E74775ED-768C-4AC2-BC48-B283F75E5D83} (El Mercurio)
Fiscalía indaga nexos con sirio, pasaportes falsos y videos con armas en ''caso paquistaní''
La identificación del sirio Salah Eddin Ale-Al-Hallak (47) como el dueño de una mochila con alta concentración de trazas de TNT, incautada en la residencia de calle Erasmo Escala donde vivía el paquistaní Saif Khan, abrió una nueva arista en la investigación que la Fiscalía Sur lleva en contra de Khan, quien fuera detenido el 10 de mayo en la embajada de Estados Unidos por presentar trazas de explosivos.
Tal hallazgo fue el principal motivo de la Fiscalía Sur para solicitar ayer, en audiencia, ampliar el plazo de la investigación.
Según este organismo, el sirio y Khan se hicieron 96 llamadas telefónicas entre el 21 de enero y el 10 de mayo. Sin embargo, Gabriel Carrión, abogado del paquistaní, declaró que "no hay ningún vínculo. No se conocen".
De acuerdo con fuentes de la investigación, la mochila encontrada en Erasmo Escala tenía en su interior un pasaje de bus a La Serena con fecha 7 de enero de 2010, anterior a la llegada del paquistaní a Chile, el 14 de ese mismo mes. El boleto fue descubierto por un peritaje de la Fiscalía Sur, que asumió el caso de Khan el 17 de junio. Tras indagar en la empresa de buses, se determinó que el dueño del pasaje era Salah, porque fue él quien viajó ese día desde Santiago a La Serena.
Sin embargo, los investigadores indican que aún no han podido determinar en qué momento Salah le pasó la mochila a Khan. Se cree que habría sido entre enero y marzo de este año
Otro elemento que levantó sospecha fue que el sirio, al ser contactado por la PDI a principios de junio -cuando aún no se conocía la pista de la mochila-, dijo que conoció a Khan en la mezquita y que trabajaba como comerciante ambulante. Pero los análisis de inteligencia indican que Salah ha viajado por todo el mundo.
Tanto así, que cuando la fiscalía quiso contactarlo de nuevo, se estableció que se había ido "fugazmente" del país. Según la indagatoria, terceros le compraron desde Los Angeles, EE.UU., un pasaje de US$ 3 mil para volar desde Chile con destino a Damasco, capital de Siria, el 19 de junio, junto a su esposa. Se espera que vuelva a Chile el 8 de noviembre. Allí será interrogado.
Otros hallazgos
El Ministerio Público dio cuenta en la audiencia de ayer de la existencia de cuatro pasaportes adulterados en el computador de Khan, y de un video de dos minutos, donde aparece manipulando un fusil de guerra.
Tras pesquisar más de 300 mil archivos de imagen y audiovisuales desde el computador de Khan, se encontró un video donde el imputado tiene en su poder un fusil AK-47. De fondo se escuchan disparos, e instruye a terceros sobre cómo usarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA.htm?id={4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA}(El Mercurio)
Tal hallazgo fue el principal motivo de la Fiscalía Sur para solicitar ayer, en audiencia, ampliar el plazo de la investigación.
Según este organismo, el sirio y Khan se hicieron 96 llamadas telefónicas entre el 21 de enero y el 10 de mayo. Sin embargo, Gabriel Carrión, abogado del paquistaní, declaró que "no hay ningún vínculo. No se conocen".
De acuerdo con fuentes de la investigación, la mochila encontrada en Erasmo Escala tenía en su interior un pasaje de bus a La Serena con fecha 7 de enero de 2010, anterior a la llegada del paquistaní a Chile, el 14 de ese mismo mes. El boleto fue descubierto por un peritaje de la Fiscalía Sur, que asumió el caso de Khan el 17 de junio. Tras indagar en la empresa de buses, se determinó que el dueño del pasaje era Salah, porque fue él quien viajó ese día desde Santiago a La Serena.
Sin embargo, los investigadores indican que aún no han podido determinar en qué momento Salah le pasó la mochila a Khan. Se cree que habría sido entre enero y marzo de este año
Otro elemento que levantó sospecha fue que el sirio, al ser contactado por la PDI a principios de junio -cuando aún no se conocía la pista de la mochila-, dijo que conoció a Khan en la mezquita y que trabajaba como comerciante ambulante. Pero los análisis de inteligencia indican que Salah ha viajado por todo el mundo.
Tanto así, que cuando la fiscalía quiso contactarlo de nuevo, se estableció que se había ido "fugazmente" del país. Según la indagatoria, terceros le compraron desde Los Angeles, EE.UU., un pasaje de US$ 3 mil para volar desde Chile con destino a Damasco, capital de Siria, el 19 de junio, junto a su esposa. Se espera que vuelva a Chile el 8 de noviembre. Allí será interrogado.
Otros hallazgos
El Ministerio Público dio cuenta en la audiencia de ayer de la existencia de cuatro pasaportes adulterados en el computador de Khan, y de un video de dos minutos, donde aparece manipulando un fusil de guerra.
Tras pesquisar más de 300 mil archivos de imagen y audiovisuales desde el computador de Khan, se encontró un video donde el imputado tiene en su poder un fusil AK-47. De fondo se escuchan disparos, e instruye a terceros sobre cómo usarlo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA.htm?id={4F8EB16E-71A1-4683-9C3E-675612B0CCDA}(El Mercurio)
Fiscalía precisa el calibre del arma homicida
Los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo, quienes llevan el juicio en contra de Pilar Pérez y su supuesto sicario, José Ruz, presentaron ayer una serie de pruebas destinadas a precisar el calibre del arma con la que se dio muerte a Diego Schmidt-Hebbel.
Los representantes del Ministerio Público llamaron a declarar a la perito balístico de la PDI, Solange Bastidas, quien aclaró que la vainilla, el cartucho y el plomo (ojiva) encontrados en el lugar del crimen del profesional corresponden a un calibre 6.35 mm, distinto al de 7.65 mm, señalado en primera instancia (así quedó rotulada la prueba).
El dato no es menor, ya que la munición es correspondiente al arma incautada al supuesto sicario: una Taurus PT. Otro punto relevante es un cañón encontrado al hombre. El tubo es de calibre punto 25 (en pulgadas), aunque en primera instancia fue rotulado como un punto 32. La primera medida también es correspondiente al calibre 6.35 mm, por lo que igual calza a la Taurus. Según la perito, la pistola ensamblada con el cañón es el elemento usado en el crimen. Bastidas argumentó una equivocación al emitir una opinión (a simple vista) por las medidas, pero que luego se precisó científicamente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395.htm?id={4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395} (El Mercurio)
Los representantes del Ministerio Público llamaron a declarar a la perito balístico de la PDI, Solange Bastidas, quien aclaró que la vainilla, el cartucho y el plomo (ojiva) encontrados en el lugar del crimen del profesional corresponden a un calibre 6.35 mm, distinto al de 7.65 mm, señalado en primera instancia (así quedó rotulada la prueba).
El dato no es menor, ya que la munición es correspondiente al arma incautada al supuesto sicario: una Taurus PT. Otro punto relevante es un cañón encontrado al hombre. El tubo es de calibre punto 25 (en pulgadas), aunque en primera instancia fue rotulado como un punto 32. La primera medida también es correspondiente al calibre 6.35 mm, por lo que igual calza a la Taurus. Según la perito, la pistola ensamblada con el cañón es el elemento usado en el crimen. Bastidas argumentó una equivocación al emitir una opinión (a simple vista) por las medidas, pero que luego se precisó científicamente.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/nacional/noticias/4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395.htm?id={4A5FABDE-FEA3-4105-84A8-7692AD92D395} (El Mercurio)
Fallo ordena entregar lista de médicos investigados por excesiva emisión de licencias
En un fallo inédito, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social entregar la lista de los médicos investigados por una excesiva emisión de licencias médicas.
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
En forma unánime acogió un amparo de Julián Alcayaga, un economista y egresado de Derecho, quien se quejó en contra de la superintendencia ante la denegación de los nombres de 16 facultativos -13 de Santiago y 3 de regiones- presentados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por haber emitido unas 120 mil licencias en tres años.
"Solicité el listado sólo para saber si un médico, por un caso que tenemos, entregaba o no este tipo de licencias de complacencia", cuenta Alcayaga.
La respuesta de la superintendencia fue negativa, por considerar que una liberación de los nombres podría entorpecer la investigación. De base tomó el artículo 21, número 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, diciendo que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público fue con el fin de que se investigara la eventual configuración de ilícitos penales producto del otorgamiento, por determinados médicos cirujanos, de licencias médicas en números que exceden con creces los promedios anuales de emisión. Y que en conformidad con el inciso final del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".
El profesional no compartió la argumentación. Y así lo expuso en un nuevo escrito, el 26 de marzo de 2010, en el que hizo hincapié en que no pidió los nombres de médicos querellados, sino que investigados por sobrepasar los promedios anuales de emisión de licencias.
Al no obtener un resultado positivo, recurrió ante el Consejo para la Transparencia el 1 de abril de 2010. Este determinó que si bien el artículo 182 extiende la obligación de reserva en investigaciones o auditorías a requerimiento del Ministerio Público, aclaró que "dicha norma no resulta aplicable respecto de aquellas investigaciones o auditorías que la Superintendencia haya realizado o esté realizando de motu proprio".
Además, enfatizó que la información en poder de los órganos del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, lo que no es el caso. Y otorgó 10 días hábiles para la entrega de la lista.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D.htm?id={5A2C76F5-9E68-410E-B17C-D62D4C74372D}(El Mercurio)
Gobierno recalifica querella por Ley Antiterrorista en contra de los mapuches presos por ataques
El Gobierno inició ayer el proceso de recalificación de las querellas por delitos terroristas contra mapuches, presentadas en la administración de Michelle Bachelet, para cumplir con el acuerdo suscrito el pasado viernes, tras lo cual 28 comuneros presos en las regiones del Biobío y La Araucanía depusieron un ayuno de 82 días.
En el tribunal de Lautaro, Carlos Morales, abogado del Ministerio del Interior, notificó en un "téngase presente" que el Gobierno ya no invocará la Ley Antiterrorista y que desde ahora se exigirá la aplicación de la ley por delitos comunes.
El escrito se presentó durante la audiencia de preparación del juicio oral contra mapuches imputados por delitos violentos, los que se recuperan del prolongado ayuno en el Hospital Regional de Temuco.
La nueva audiencia fue programada para el próximo 3 de noviembre.
El primer caso de recalificación de la querella por parte del Gobierno beneficia a 12 mapuches, que la noche del 12 de enero del año pasado quemaron galpones, maquinaria agrícola y amenazaron de muerte a la familia del cuidador del fundo San Leandro, de propiedad del agricultor Pablo Herdener, ubicado en las inmediaciones de Victoria. En la oportunidad, siete personas estaban en el fundo y fueron amenazadas con armas de fuego mientras se ejecutaba el ataque.
En el texto suscrito el pasado viernes en Concepción, el Gobierno precisó que "no tiene la convicción de que los hechos por los cuales se ha imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Todo ello, tomando en consideración que esta decisión ha sido adoptada desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, por razones de Estado y de bien común".
"Es significativo que el Gobierno reconozca que estos hechos no son terroristas, sino delitos comunes", dijo Jaime Madariaga, uno de los 12 abogados defensores de los indígenas.
"Con estos gestos esperamos hacer entender a algunos comuneros que aún mantienen la huelga en Angol y Victoria", remarcó el intendente Andrés Molina. Diez comuneros de Angol continúan el ayuno tras rechazar el acuerdo de Concepción.
El Gobierno, además, acusará por delito común a 12 imputados por un ataque armado a un Tur Bus, con 53 ocupantes, el 28 de julio de 2008. También decidió recalificar por delitos comunes las acusaciones a otros 12 mapuches, que en octubre del año pasado atacaron con disparos a vehículos en el camino Victoria-Curacautín, asaltaron un peaje y más tarde quemaron un camión en la Ruta 5 Sur.
Ley vigente
No obstante, el Ministerio Público mantuvo los 15 cargos en contra de los acusados, entre ellos homicidio frustrado, incendio y amenazas, todos de carácter terrorista, "porque el Ministerio Público continuará aplicando la ley vigente. La ley no se ha modificado, y por lo tanto se aplicará el mismo criterio", dijo el fiscal Alberto Shiffelle.
AYUNO
Diez comuneros mapuches de Angol mantienen huelga de hambre. Seis están hospitalizados. Molestia en los gremios productivos de zona sur
Los seis gremios productivos reunidos en la Multigremial de La Araucanía (agricultura, forestales, transportes, industria, comercio-turismo y salmonicultura) evaluaban anoche emitir una declaración para dar a conocer su preocupación y molestia por los acuerdos logrados entre el Gobierno y mapuches imputados de actos violentos.
A su vez, el presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, dijo que fue postergada hasta mañana una reunión con las víctimas de los atentados para conocer su opinión. El presidente de los camioneros, José Villagrán, reiteró que solicitarán una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, "por los beneficios legales que se dan a los terroristas".
Al respecto, Piñera dijo comprender muy bien lo que sienten los afectados. "Quiero decirles a las víctimas del terrorismo que el Gobierno trató de resguardar dos valores; primero el de la vida, que es un compromiso moral y constitucional, y, por otro lado, proteger el Estado de Derecho", subrayó.
En tanto, el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, llegó al Hospital de Victoria, donde se encuentran internados 6 de los 10 mapuches que mantienen ayuno. El resto está recluido en Angol. La misión de Vial es facilitar el diálogo y permitir un pronto acuerdo que permita levantar el ayuno.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/10/05/nacional/_portada/noticias/6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339.htm?id={6FB6F130-6466-4D19-A236-519070081339}(El Mercurio)
En el tribunal de Lautaro, Carlos Morales, abogado del Ministerio del Interior, notificó en un "téngase presente" que el Gobierno ya no invocará la Ley Antiterrorista y que desde ahora se exigirá la aplicación de la ley por delitos comunes.
El escrito se presentó durante la audiencia de preparación del juicio oral contra mapuches imputados por delitos violentos, los que se recuperan del prolongado ayuno en el Hospital Regional de Temuco.
La nueva audiencia fue programada para el próximo 3 de noviembre.
El primer caso de recalificación de la querella por parte del Gobierno beneficia a 12 mapuches, que la noche del 12 de enero del año pasado quemaron galpones, maquinaria agrícola y amenazaron de muerte a la familia del cuidador del fundo San Leandro, de propiedad del agricultor Pablo Herdener, ubicado en las inmediaciones de Victoria. En la oportunidad, siete personas estaban en el fundo y fueron amenazadas con armas de fuego mientras se ejecutaba el ataque.
En el texto suscrito el pasado viernes en Concepción, el Gobierno precisó que "no tiene la convicción de que los hechos por los cuales se ha imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Todo ello, tomando en consideración que esta decisión ha sido adoptada desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, por razones de Estado y de bien común".
"Es significativo que el Gobierno reconozca que estos hechos no son terroristas, sino delitos comunes", dijo Jaime Madariaga, uno de los 12 abogados defensores de los indígenas.
"Con estos gestos esperamos hacer entender a algunos comuneros que aún mantienen la huelga en Angol y Victoria", remarcó el intendente Andrés Molina. Diez comuneros de Angol continúan el ayuno tras rechazar el acuerdo de Concepción.
El Gobierno, además, acusará por delito común a 12 imputados por un ataque armado a un Tur Bus, con 53 ocupantes, el 28 de julio de 2008. También decidió recalificar por delitos comunes las acusaciones a otros 12 mapuches, que en octubre del año pasado atacaron con disparos a vehículos en el camino Victoria-Curacautín, asaltaron un peaje y más tarde quemaron un camión en la Ruta 5 Sur.
Ley vigente
No obstante, el Ministerio Público mantuvo los 15 cargos en contra de los acusados, entre ellos homicidio frustrado, incendio y amenazas, todos de carácter terrorista, "porque el Ministerio Público continuará aplicando la ley vigente. La ley no se ha modificado, y por lo tanto se aplicará el mismo criterio", dijo el fiscal Alberto Shiffelle.
AYUNO
Diez comuneros mapuches de Angol mantienen huelga de hambre. Seis están hospitalizados. Molestia en los gremios productivos de zona sur
Los seis gremios productivos reunidos en la Multigremial de La Araucanía (agricultura, forestales, transportes, industria, comercio-turismo y salmonicultura) evaluaban anoche emitir una declaración para dar a conocer su preocupación y molestia por los acuerdos logrados entre el Gobierno y mapuches imputados de actos violentos.
A su vez, el presidente de la Sociedad Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, dijo que fue postergada hasta mañana una reunión con las víctimas de los atentados para conocer su opinión. El presidente de los camioneros, José Villagrán, reiteró que solicitarán una audiencia con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, "por los beneficios legales que se dan a los terroristas".
Al respecto, Piñera dijo comprender muy bien lo que sienten los afectados. "Quiero decirles a las víctimas del terrorismo que el Gobierno trató de resguardar dos valores; primero el de la vida, que es un compromiso moral y constitucional, y, por otro lado, proteger el Estado de Derecho", subrayó.
En tanto, el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, llegó al Hospital de Victoria, donde se encuentran internados 6 de los 10 mapuches que mantienen ayuno. El resto está recluido en Angol. La misión de Vial es facilitar el diálogo y permitir un pronto acuerdo que permita levantar el ayuno.
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