Contraloría detecta sobrepago de subsidios por $103 mil millones a cárceles concesionadas

Lunes 22 de Marzo de 2010

Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.


Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)

Dictamen aclara límites de despidos por "fuerza mayor"

Con el fin de aclarar los alcances de la causal de término de contrato de trabajo "por caso fortuito o fuerza mayor" -que ha sido utilizada con mayor frecuencia en las últimas semanas, según reconoce la autoridad-, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que establece los límites y los requisitos para su aplicación.
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.


Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)