Expertos advierten que igualdad salarial podría afectar contratación de mujeres

La nueva ley que busca introducir igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que ayer fue promulgada por la Presidenta Bachelet, es valorada unánimemente por economistas, representantes gremiales y asesores laborales que fueron consultados por "El Mercurio", principalmente por el cambio cultural que puede producir en la sociedad para ir desterrando prácticas discriminatorias.Con igual intensidad, los expertos también advierten que la nueva norma presenta una serie de complejidades operativas que a la larga podrían terminar afectando el empleo femenino.Las grandes empresas ya están analizando junto con sus asesores jurídicos los efectos y alcances de la nueva normativa. La ley establece que deberá haber igualdad de remuneraciones en cargos similares. Aquí comienza el primer problema pues, según advierten los expertos, definir un cargo en el papel es simple, pero en la práctica puede ocurrir que una persona en un cargo similar tenga responsabilidades distintas. Esta calificación de roles podría generar controversias y obligará a las empresas a definir muy bien los cargos y así evitar multas o juicios. "Esto es complejo, ya que la ley otorga el mismo tratamiento tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, y estas últimas no siempre tienen acceso a buena asesoría", señala Mauricio Peñaloza, abogado laboral y socio de Ernst & Young.

Judicialización

Peñaloza también nota que la norma podría complicar la administración de las remuneraciones. "Si a esto sumamos que bajo el nuevo procedimiento laboral (que ahora es oral) sólo uno de cada diez fallos favorece a las empresas, puede terminar desincentivando la contratación de mujeres".Una posible mayor judicialización de las relaciones laborales es precisamente una de las principales inquietudes. Huberto Berg, director de Berg Consultores, advierte que si a través de la norma se empieza a ver una suerte de aumento de denuncias de mujeres que se sienten discriminadas, hará que muchas empresas disminuyan su contratación de mujeres para evitarse problemas. No sólo eso. La obligación de hacer una completa descripción de cargos, y ponerla en un reglamento interno, presentará dificultades. "Cada vez que en la empresa se necesite hacer cambios en la estructura habrá que someterlo a la consideración de varias partes, con lo que se vuelve a una situación propia de los años 60", advierte.Desde el mundo gremial también se escuchan algunas inquietudes. Carlos Eugenio Jorquiera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, si bien valora la iniciativa, señala que las empresas estarán atentas a las instrucciones que se dicten sobre el particular, "debido a que no debe ser fácil distinguir cuando un empleador puede hacer una discriminación entre un cargo y otro". Prevé que cuando se dé mayor remuneración a un hombre en razón de idoneidad, en la práctica podría ser algo difícil de calificar. "Esperemos que eso no se traduzca en una fuente conflictiva de interpretaciones y termine esto en una cantidad de denuncias inimaginables. Esto puede atentar contra la contratación de las mujeres".

Efectos en el trabajo

Entre economistas también hay aprensiones. Para el experto en economía laboral de la Universidad de Chile David Bravo, la aplicación de la ley será muy compleja de llevar a cabo, y hay riesgo de judicialización, en particular a la hora de demostrar que las diferencias salariales responden a factores objetivos. Según Bravo, estudios realizados por este plantel muestran que las razones para explicar diferencias laborales obedecen más bien a la discontinuidad en el mercado del trabajo o la elección de carreras.Una visión compartida por Claudio Sapelli, profesor del Instituto de Economía de la U. Católica: "El comparar hombres con mujeres de igual edad es difícil, porque normalmente la mujer tiene una vida laboral que está interrumpida por los años en que tiene guagua. Implica menor acumulación de experiencia laboral", y advierte que si se complica la contratación, éstas tendrán menos posibilidades de cambiarse de trabajo, lo que rigidiza el mercado.

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Fiscal pide 5 años de cárcel para mujer que apedreó dos autos

En el Tribunal Oral de Viña del Mar se inició ayer el juicio en contra de una mujer de 22 años que en noviembre pasado lanzó piedras contra dos vehículos en movimiento, provocando lesiones a un menor que viajaba en uno de los automóviles.Se trata de Alejandra Reyes Valencia, contra quien el Ministerio Público pidió una pena de cinco años y un día de prisión.La imputada reconoció su participación en el apedreo, pero aseguró que no recuerda detalles porque actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas.En la audiencia se expuso que Reyes apedreó a dos automóviles que viajaban por la avenida Padre Hurtado, en Viña del Mar. Mientras el primero sólo sufrió daños menores, al segundo se le rompió el parabrisas trasero, alcanzando al menor F.P.C., quien sufrió una fractura grave en el cráneo.

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El "debut" del podio en la Cámara de Diputados

Es una de las nuevas normas acordadas para mejorar la imagen y el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y también una de las más visibles. Desde la sesión de ayer, los parlamentarios que intervengan en los debates de los proyectos de ley y de acuerdo en la sala no lo hacen desde sus asientos, sino que desde un podio ubicado bajo la testera.Así, los diputados debieron acudir hasta el estrado para expresar sus planteamientos. En la foto, se ve a uno de los primeros en intervenir con el nuevo sistema: Carlos Recondo, de la UDI.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/03/nacional/politica/noticias/B8E52C25-E483-46AB-B8B1-EDD79F039B96.htm?id={B8E52C25-E483-46AB-B8B1-EDD79F039B96} (El Mercurio)

Maldonado pide a Gendarmería que revise las cárceles

"Los parlamentarios que nos critican apoyaron a un gobierno dictatorial que no hizo nada en materia penitenciaria", aseguró ayer el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, ante los cuestionamientos que los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) hicieron contra el sistema carcelario tras escuchar un informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.Consultado sobre los otros tres penales -la ex Penitenciaría y las cárceles de Puente Alto y San Miguel- donde además del penal de Colina II habría privilegios para condenados por narcotráfico, el ministro aseguró que el director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, le informó que no hay tales regalías, y que la segregación de los internos es por motivos de seguridad.Igualmente, el ministro le pidió a Jiménez que haga "un chequeo exhaustivo de la situación respecto de cada una de las denuncias, una segunda revisión, por si hubiera cualquier situación que pudiera parecer anómala".Según el ministro, las críticas de los senadores son "frases sonoras", con propósitos políticos, en un año electoral."Yo les preguntaría a los ciudadanos ¿prefieren una cárcel o prefieren 500 viviendas nuevas? ¿Prefieren un hospital nuevo o una cárcel nueva? Hay que priorizar, pues. Se está invirtiendo mucho en cárceles, pero nadie puede pedir que en Chile destinemos todo el presupuesto del próximo año a hacer cárceles", señaló el ministro a "El Mercurio".En tanto, el director nacional de Gendarmería aseguró que la carencia de agua en cárceles como la de Arica responde a problemas de suministro que afectan tanto a los internos como a los funcionarios, y que las mejoras son graduales.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/03/nacional/_portada/noticias/4D947F06-FD8F-4D62-8A45-585B61ADF75C.htm?id={4D947F06-FD8F-4D62-8A45-585B61ADF75C} (El Mercurio)

Policías critican a fiscales por los casos "okupas" y bombazos

Las críticas a la actuación del Ministerio Público marcaron ayer la sesión de la Comisión de Control de Inteligencia de la Cámara de Diputados a la que fueron convocados representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para informar sobre el fenómeno "okupa", luego que el 22 de mayo pasado un joven ligado a ese movimiento, Mauricio Morales, muriera al estallar la bomba que llevaba.Según coincidieron varios de los asistentes, los expertos en inteligencia de ambas policías aseguraron que han logrado recolectar gran cantidad de información sobre los "okupa" y, por extensión, del centenar de bombazos registrado desde el 18 de enero de 2005.Sin embargo, añadieron, los fiscales del Ministerio Público no estarían actuando con la celeridad que requiere la materia.Otro reparo vertido en la cita fue que, en ocasiones, se entregan órdenes duplicadas a Carabineros e Investigaciones, cuyos efectivos se han topado haciendo la misma diligencia.En ese plano, esbozaron la necesidad de que exista una unidad de fiscales ad hoc que se dedique ciento por ciento al tema, de manera de concentrar de mejor forma los esfuerzos para perseguir a los responsables.En el encuentro expusieron el director de la ANI, Gustavo Villalobos; el director de Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos, y el jefe nacional de Inteligencia de la PDI, Osvaldo Rubilar. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en tanto, planteó la preocupación del Gobierno porque en el país se están fabricando bombas a muy bajo costo.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/03/nacional/_portada/noticias/2F34F80D-5356-47FA-97E8-5E75A3FDB9AA.htm?id={2F34F80D-5356-47FA-97E8-5E75A3FDB9AA} (El Mercurio)