miércoles, 28 de octubre de 2009

Cámara rechaza suspender la dieta parlamentaria de Marco Enríquez-Ominami

La comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados rechazó la petición del candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, quien había solicitado la suspensión de su sueldo de parlamentario en los meses en que estará abocado a su campaña.
"No tenemos atribuciones legales, carecemos de las facultades y competencias para acceder a la solicitud de no pagar las remuneraciones de los diputados. No podemos tomar esa decisión", explicó el presidente del la Corporación, Rodrigo Álvarez, quien recordó que las remuneraciones de los parlamentarios "están consagradas a nivel constitucional".
Pese a ello, Álvarez dijo que es necesario estudiar esta normativa en el futuro y evaluar si se puede legislar con mayor precisión respecto a este tema, fundamentalmente en lo que dice relación con las candidaturas presidenciales, donde se entiende la ausencia de los legisladores dentro de la Cámara Baja.
Enríquez-Ominami había realizado la solicitud hace dos semanas a través de una carta en la que pedía la completa suspensión de su sueldo como diputado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, bajo el argumento de que la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país le impide asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra.
La negativa de la Cámara se hizo extensiva a las solicitudes de Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, Renán Fuentealba y Lily Pérez, quienes se habían sumado a la iniciativa de Enríquez-Ominami.
Todos ellos habían adelantado que si la Cámara rechazaba su petición, tenían resuelto donar el dinero.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=382172 (Emol)

Despachada ley que elimina cheque en garantía en salud

Sólo falta la firma de la Presidenta para que sea ley el proyecto que flexibiliza la entrega del cheque en garantía ante una atención de salud y le entrega atribuciones para fiscalizar que no se pida este documento a la Superintendencia de Salud.
Esto luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara anoche con 68 votos a favor el proyecto que contempla que un usuario ante atenciones electivas, es decir, aquellas donde el paciente elige dónde atenderse para resolver un problema de salud que no tiene riesgo vital, pueda no dejar un cheque en garantía, sino cambiarlo por una letra de pago, pagaré, el voucher de una tarjeta de crédito o una carta de respaldo del empleador.
En el caso de las urgencias vitales certificadas por un médico, el cheque en garantía está prohibido desde el año 1999, pese a lo cual aún es utilizado en algunos centros de salud.
Para asegurar que esto no ocurra, el proyecto le entrega las atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Salud, la que podrá aplicar sanciones económicas -que van entre los $36.000 y los $36 millones- tanto a hospitales públicos, como a clínicas e incluso a las consultas particulares de los médicos (ver nota relacionada).
De todas formas, quien desee cancelar con cheque o dinero en efectivo podrá hacerlo voluntariamente. Además, se ratifica que en casos de atenciones de emergencia que presenten riesgo vital certificado por un médico no se podrá exigir nunca un documento como garantía para la atención.
Pese a la mayoría obtenida por el proyecto, hubo opiniones divergentes. Entre ellas, la de la diputada RN Karla Rubilar, quien afirmó en la discusión previa a la votación que "lo lógico sería que nuestro seguro -ya sea isapre o Fonasa- fuera el que respondiera ante la clínica y no el usuario el que respondiera ante el prestador. Esa discusión va a quedar en deuda en este proyecto de ley". Concordó la PS Isabel Allende, quien afirmó que "cambiamos una cosa por otra. Es más de lo mismo".
$ 36millones es la multa máxima que podrá aplicar la superintendencia.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.
68votos a favor tuvo el proyecto, uno en contra y una abstención.
Qué dice la ley y qué se agregó
CHEQUE EN GARANTÍA
La Ley 19.650, del año 1999, prohíbe la exigencia de un cheque en garantía por las atenciones de urgencia.
Pero la ley no explicitaba a ninguna autoridad para la fiscalización de esta situación, lo que en la práctica se traducía en que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, continuaban exigiendo el documento.
VETO ADITIVO
Con el proyecto despachado ayer por el Congreso se le entrega la fiscalización a la Superintendencia de Salud, a la que se le permite sancionar, de acuerdo con la gravedad de la falta, entre $36.500 y $36 millones.
A clínicas, hospitales y médicos que infrinjan la ley se les podrá sancionar con la eliminación de Fonasa y el AUGE.
Foco de conflicto con las consultas particulares
Es una situación común que muchos pacientes lleguen a las consultas particulares de sus médicos sin el bono de atención, y como solución se les pida una garantía en dinero que asegure que luego volverán a dejar el bono correspondiente.
Sin embargo, esta situación también deberá ser penalizada por esta nueva ley que fiscalizará la superintendencia, por tratarse igualmente de una garantía ilegal, lo que fue cuestionado durante el debate legislativo por el diputado radical Alberto Robles, quien fue apoyado por el UDI Juan Lobos.
"El proyecto está fomentando que el paciente, o lleve siempre su bono o tenga que pagar la consulta como particular, porque el médico se va a exponer a fuertes multas", reprochó el parlamentario.
En efecto, los médicos podrán ser expulsados del registro de prestadores del Fonasa, del AUGE y multados con hasta $36 millones.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/nacional/noticias/DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898.htm?id={DCB38B6D-F0D9-40DB-ABDD-77CFD033B898} (El Mercurio)

Cámara aprueba proyecto de acuerdo en que se reconoce "deuda histórica"

Durante la mañana de ayer, la directiva del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, partió rumbo a Valparaíso. Los dirigentes llegaron al Congreso donde se les sumaron 27 buses con docentes desde la capital. Con esta manifestación de fuerza, los profesores iniciaron una nutrida agenda que incluyó reuniones con las bancadas de todos los partidos políticos y con el presidente de la Cámara de Diputados.
El intenso lobby tuvo sus frutos. En paralelo a las reuniones que sostuvo Gajardo, los congresistas les dieron un concreto apoyo con tres puntos clave para el Gobierno.
El primer golpe lo asestaron en la subcomisión mixta de presupuesto para Educación. Allí, se rechazó la partida para educación. Los aliancistas Carlos Kuschel (RN) y Claudio Alvarado (UDI) votaron en contra de la aprobación, el PS Carlos Montes y el independiente Carlos Ominami se abstuvieron y sólo aprobó el senador DC Hosaín Sabag.
Los integrantes de la instancia que se negaron a dar luz verde a los recursos admitieron que era una medida para presionar el Ejecutivo para que reconozca la existencia de una deuda histórica con los profesores. "El Gobierno debe tener un mínimo de flexibilización en esta materia", sostuvo el diputado Montes. Por su parte, Ominami argumentó su no aprobación como una "defensa a la dignidad del Congreso Nacional que formalmente ha reconocido esta deuda". Esto, en alusión a la comisión especial sobre deuda histórica que concluyó la existencia de ésta y le propuso al Gobierno posibles soluciones para pagarles a los docentes.
El segundo espaldarazo corporativo que recibieron los profesores, y que más dolió al Gobierno, ocurrió a las 13:25 horas. Fue en ese momento cuando se aprobó, sin discusión y por unanimidad de los 78 diputados presentes, el proyecto de acuerdo que pide a La Moneda reconocer la deuda histórica con el magisterio. En el documento, de cinco considerandos, se expresa que "la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile". Junto con ello se solicita que la Presidenta "disponga del cumplimiento de lo señalado" en las conclusiones de la comisión especial y que se haga un reconocimiento tácito de la "deuda moral" con el profesorado.
Pasadas las 15:30 horas, los parlamentarios dieron su golpe final: en la comisión de Educación decidieron prorrogar para una próxima cita la aprobación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, proyecto que venía con el visto bueno del Congreso listo para convertirse en ley.
"Lo hicimos en protesta por la actitud del Gobierno, en particular de Hacienda, y por haber postergado en un día la mesa entre el Ejecutivo y los profesores", comentó el diputado PPD Rodrigo González.
La irritación en el Congreso aumentó cuando en la tarde se enteraron de que la reunión fijada para ayer a las 18:00 horas entre La Moneda y el Colegio de Profesores se había postergado por 24 horas. Según les explicaron a los parlamentarios, "por un tope de agenda" de algunos de los interlocutores, en particular del subdere Mahmud Aleuy, que se encontraba en el Congreso. Con este cambio de fecha, el Gobierno hizo también su lobby al subir a la mesa de negociación a los Asociación Chilena de Municipalidades, un actor que los profesores no querían en las conversaciones.
Presupuesto
Con dos votos en contra, dos abstenciones y un voto a favor, la subcomisión mixta del Congreso rechazó aprobar el presupuesto de Educación para 2010, como gesto de molestia ante la negativa del Ejecutivo para solucionar la "deuda histórica".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/28/nacional/politica/noticias/1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC.htm?id={1B6F96A6-182C-4C28-BE04-2E3FB2A5B3FC} (El Mercurio)