martes, 17 de marzo de 2009

Reformalizan a ejecutivos de B. Braun, y hoy deciden si hay un juicio abreviado

Hoy será el día clave para las víctimas de las partidas defectuosas del suplemento alimenticio ADN Nutricomp, pues durante esta jornada el tribunal de garantía de San Bernardo resolverá si habrá procedimiento abreviado -como pretende la fiscalía- o si el caso se resolverá mediante un juicio oral, lo que implicaría que los cinco imputados podrían arriesgar penas mayores.Si el tribunal resuelve la primera opción, se iniciará de inmediato un juicio abreviado, en el que el Ministerio Público pedirá las penas de cinco años para Roberto Oetiker (gerente general de la empresa), Juan Costa (director y gerente de exportaciones) y Reinaldo Torres (product manager del ADN), y de cuatro para Egon Hoffman (jefe de planta) y Ezzio Olivieri (jefe de control de calidad). La diferencia de penas se debe a la colaboración de estos dos últimos en la investigación.De optar por el juicio oral, las penas que arriesgan los ejecutivos y ex funcionarios del laboratorio se amplían a los 15 años.En la jornada de ayer, la fiscal Marisa Navarrete aprovechó de reformalizar a los imputados por el delito de atentado contra la salud pública con resultado de muerte, por 14 de las 23 víctimas fatales que consumían ADN. También se investigan otras 48 víctimas, totalizando 71.También se conoció de las dificultades de parte de la fiscalía para acceder a los informes clínicos de algunos de los hospitales que atendieron a las víctimas, como es el caso del Hospital Calvo Mackenna, donde se llegó a emitir una orden de detención en contra de su director, Osvaldo Artaza. La misma quedó desactivada luego que llegara el documento a manos de la fiscalía en diciembre pasado.

Polémica
Al término de la audiencia, algunos de los familiares de las víctimas reclamaron porque la Fiscalía Occidente los contactó la semana pasada para darles a conocer los montos indemnizatorios ofrecidos por el laboratorio -desde los $120 millones, en caso de muerte, a los 50 mil pesos, si es que no hubo secuelas tras el consumo-, situación que a juicio de ellos era irregular. La fiscalía respondió que es parte de su labor defender los intereses de las víctimas y que sólo funcionó como "comunicadora" de la indemnización, y no como intermediadora.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/17/nacional/nacional/noticias/65A2210A-1B80-46E7-952F-4FF55F784A87.htm?id={65A2210A-1B80-46E7-952F-4FF55F784A87} (El Mercurio)

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