miércoles, 8 de abril de 2009

El Ministerio Público y Carabineros admiten errores de procedimiento

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Eduardo Muñoz, admitieron ayer deficiencias en la investigación de la veintena de hurtos y asaltos de que ha sido víctima el matrimonio de comerciantes Bulboa Jaddour en San Bernardo, y comprometieron a sus respectivas instituciones para mejorar los procedimientos.Ambos concurrieron a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, invitados para exponer sobre las eventuales debilidades en la aplicación de las leyes destinadas a controlar la delincuencia y proteger a las víctimas."Valoro el reconocimiento que hicieron el fiscal Chahuán y el general Muñoz de las serias deficiencias en la persecución penal de un caso emblemático", señaló el senador Alberto Espina (RN), presidente de la comisión.La pareja integrada por Jorge Bulboa y Sara Jaddour, dueños de una distribuidora de abarrotes, ha sufrido 21 robos, hurtos y asaltos en los últimos 15 años, seis de ellos durante la vigencia del nuevo sistema penal, sin que ninguno haya sido aclarado.El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, también invitado, dijo que por una situación puntual no se puede juzgar todo el trabajo realizado por dos instituciones que han contribuido a bajar en 11% la tasa de denuncias por robos en el último año.En la reunión, el fiscal Chahuán entregó a los parlamentarios el proyecto de ley presentado por el Ministerio Público al Gobierno para aumentar la planta en 800 funcionarios, entre ellos 106 fiscales para delitos de alta connotación social y 25 para crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

Amenazas y cumplimiento de las penas

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó la idea de penalizar las amenazas por internet que reciben los fiscales, tanto en el territorio nacional como desde el exterior, por la frecuencia con que están siendo hostilizados por el crimen organizado.Ya tienen sanción las amenazas verbales o telefónicas que reciben los representantes del Ministerio Público.La comisión también aprobó la idea de legislar para hacer efectivo el cumplimiento de las penas alternativas a la privación de libertad, como son la reclusión nocturna, la libertad vigilada y la remisión condicional de la pena.Algunos condenados incumplen la pena y eluden a la justicia. Luego se presentan y los tribunales están obligados a dar por cumplida la pena, atendido el tiempo transcurrido.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/08/nacional/nacional/noticias/76B618C0-D9B3-4BCB-B4FB-0B397A6034A5.htm?id={76B618C0-D9B3-4BCB-B4FB-0B397A6034A5} (El Mercurio)

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