La sala del Senado rechazó una iniciativa que, entre otras medidas, permitía que los fiscales del Ministerio Público pudieran solicitar a las compañías telefónicas, sin autorización judicial previa, datos sobre el tráfico de llamados de sus clientes. Los parlamentarios estimaron que se vulneraba la garantía constitucional del derecho a la intimidad y privacidad de las personas. El proyecto facultaba a los fiscales para requerir directamente a las concesionarias la localización y los datos de tránsito de las comunicaciones, el número de origen y destino y la duración de éstas. Para ello, las empresas debían conservar, al menos por un año, la información y datos citados.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/nacional/noticias/5233696D-6C58-46D4-BC12-AFB5EDC58B4B.htm?id={5233696D-6C58-46D4-BC12-AFB5EDC58B4B} (El Mercurio)
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