lunes, 5 de abril de 2010

SML inicia sumario por traslado de restos de niña vía encomienda

A primera hora de ayer, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, citó a su oficina al director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, a quien instruyó realizar un sumario administrativo para indagar el traslado de restos óseos de la menor Juana Rafaela Carey Moring (3 años) -encontrada en Pichilemu tras el terremoto y posterior maremoto- desde el SML de Rancagua hasta el SML de Santiago, a bordo de un bus como servicio de encomienda.
Bustos calificó la situación de "lamentable" y aseguró que la indagatoria se hará con toda celeridad. De hecho, ayer mismo se trasladó a Rancagua el fiscal Hernán Rojas Caro, abogado del departamento de asesoría jurídica del SML, quien entrevistó a los funcionarios del lugar para investigar lo ocurrido.
"Es una situación que hubiésemos querido que no hubiera ocurrido, hasta este momento no explicable dentro de un contexto de emergencia", planteó el director del SML.
Ayer, Bustos se reunió con la familia de la menor, cuyo padre es el abogado Guillermo Carey Claro, para entregarles los restos de la pequeña y explicarles lo ocurrido. "El dolor de una familia que se ve acrecentado producto de esta situación, obviamente que es lo más doloroso y lo que más lamentamos en el plano institucional y humano", afirmó el director del SML antes del encuentro.
Bustos explicó que el SML tiene desde 1998 un convenio para transporte de evidencias, que incluso contempla en algunos casos transporte aéreo, y que otras veces se han hecho traslados de restos óseos o sanguíneos disecados en bus, aunque no es algo habitual.
"Tenemos que tener algún tipo de recurso, aparte de los 50 vehículos de que disponemos para nuestras 38 sedes", dijo.
Pero, agregó, "ninguna emergencia puede justificar una eventual transgresión de las normas que corresponden a estas situaciones tan dolorosas".
En Rancagua, en tanto, el fiscal regional Roberto Díaz descartó cualquier responsabilidad del Ministerio Público, mientras que el intendente Rodrigo Pérez calificó los hechos como "una falta de criterio". Agregó, además, que se revisarán los protocolos de cada uno de los servicios "para que cosas como éstas no vuelvan a ocurrir".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/31/nacional/_portada/noticias/B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810.htm?id={B969DB10-5A00-49FD-B304-23D88FE42810} (El Mercurio)

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