Pese a que la Contraloría General de la República emitió el 19 de junio pasado un dictamen prohibiendo el uso de sus inmuebles para actos político-partidistas, la entidad que dirige Ramiro Mendoza hará esta semana una aclaración de dicha medida que les permitirá a esas organizaciones recibir a postulantes.
En el organismo confirmaron a "El Mercurio" que la nueva resolución precisará el alcance de la prohibición contenida en la Ley 19.418 -que norma a las juntas de vecinos- y que impide "toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias".
La resolución 32.289 de junio señalaba que "considerando que la ley ha vedado expresamente la posibilidad de que las juntas de vecinos participen en actividades político-partidistas, los inmuebles que éstas administran se encuentran igualmente afectos a esa prohibición".
Pero la idea de la aclaración, según explican en la Contraloría, es puntualizar que lo que está vedado es que las juntas intervengan activamente a favor de un candidato, pero no que faciliten su sede para que exponga sus propuestas a la comunidad.
Así, se reabrirá la posibilidad de que las organizaciones puedan recibir a postulantes en sus inmuebles, sin que ello sea considerado como un "acto de proselitismo" en sí mismo.
Con esta interpretación, en la práctica quedará anulado el punto más polémico del dictamen de junio pasado, que generó críticas por parte de diversos sectores políticos, y en especial desde la Concertación, encabezados por el candidato presidencial Eduardo Frei.
Éste había manifestado que "quitarles atribuciones a las juntas de vecinos y dejarlas prácticamente como organizaciones de buena voluntad es atentar contra la participación de los chilenos".
Tanto el candidato presidencial Alejandro Navarro como la bancada de diputados de la DC, liderada por Gonzalo Duarte, se entrevistaron con el contralor Ramiro Mendoza para manifestar su preocupación por el tema, mientras que otros grupos también hicieron gestiones ante el organismo.
De todas formas, en diversos sectores hay preocupación ante el eventual uso político que se puede dar a las juntas de vecinos en tiempos de campaña.
19 de juniola Contraloría emitió el primer dictamen que prohibía las visitas políticas a las juntas de vecinos.
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