Los jueces del tribunal de juicio oral de Arica atienden dos y tres juicios orales al día, programan audiencias los sábados e incluso los domingos, pero aún ese ritmo de trabajo no les alcanza para cumplir los plazos exigidos por el Código Procesal Penal.
Actualmente, las audiencias se están fijando para abril de 2010, lo que supera largamente el plazo máximo de 60 días que establece la ley para realizar el juicio, contados desde el momento en que la causa pasa del tribunal de garantía al oral.
"Obviamente es ilegal no cumplir las normas, pero es por una situación de absoluta sobrecarga del tribunal (...) Es una situación crítica para todo el sistema, que también afecta la labor de fiscales y defensores", admite el presidente del tribunal oral, Héctor Gutiérrez.
La situación se arrastra desde 2008, pero se agravó este año porque el tribunal oral redujo de 6 a 4 sus integrantes (un juez jubiló y otro se trasladó a la Corte), mientras el número de causas ingresadas aumentó en 45%. Al 31 de agosto había 257 causas para juicio oral, frente a 177 en igual período de 2008.
Gutiérrez asegura que esta crisis era previsible, ya que el diseño de la nueva justicia penal en Arica consideró sólo el tamaño de su población, pero no el rol estratégico que su carácter fronterizo juega en el tráfico de drogas. El número de causas en juicio oral este año en Arica sólo es superado por San Miguel, Concepción y Valparaíso, jurisdicciones que cuentan con más de 12 jueces orales cada una.
Un diagnóstico similar realizó el defensor regional, Claudio Gálvez, pero agregó otra causa: la política del Ministerio Público de desestimar salidas alternativas, como juicios abreviados, aún en aquellos casos en que se cumplen los requisitos para ello. Agrega que mientras en el resto de Chile se dan de dos a tres juicios abreviados por cada juicio oral, en Arica la proporción es de uno a uno.
El fiscal regional Jorge Valladares declinó referirse al tema.
La próxima semana la defensoría regional interpondrá recursos de amparo a favor de los 60 reos que están prolongando su prisión preventiva, en espera del juicio oral por más tiempo de lo que permite la ley.
Además, pedirá el traslado de jueces desde Iquique para descongestionar el sistema.
Según la Defensoría, el Estado se expone a ser denunciado por incumplir el Pacto de San José sobre DD.HH., y los condenados podrían, incluso, reclamar la nulidad de su juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/nacional/noticias/73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5.htm?id={73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5} (El Mercrio)
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