Jueves 03 de Septiembre de 2009
En un fallo cuyos alcances se extienden a todas las reparticiones públicas, el Consejo para la Transparencia ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de la Vivienda la entrega de las calificaciones de todos sus funcionarios en el período que va de 2003 a 2008, acogiendo un amparo presentado en ese sentido.
Ante la solicitud presentada por Miguel Rojas Zúñiga a ambas reparticiones, y que fue igualmente denegada, él decidió llevar los casos al Consejo, argumentando que "las calificaciones de personal no pueden constituir una información reservada si la propia Ley de Transparencia declara públicos los sueldos, que son un dato más sensible".
Las calificaciones que realiza cada institución son la base para confeccionar el escalafón de planta, según el Estatuto Administrativo que rige a los órganos del Estado. Es un proceso que se realiza anualmente y que mide el período entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
En dos resoluciones fechadas el 31 de julio pasado, la entidad le dio la razón a Rojas.
Argumentos
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad", señalan ambos fallos, firmados por el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, y los consejeros Roberto Guerrero y Raúl Urrutia. El cuarto consejero, el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, se inhabilitó.
Los argumentos que entregaron ambas reparticiones a Rojas para rechazar su pedido fueron diferentes. En el caso de Fonasa, la repartición de gobierno argumentó que satisfacer el pedido implicaría "distraer indebidamente" a funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Además de lo anterior, el Minvu arguyó causales de reserva, y en una segunda instancia también argumentó la inexistencia de la información en formato Excel, que era el solicitado.
Sin embargo, el Consejo rechazó las argumentaciones, señalando que los datos solicitados ya estaban sistematizados, pues el escalafón de mérito se debe enviar a la Contraloría cada vez que termina el proceso de calificaciones.
En cuanto a la identificación de los funcionarios, el Consejo ordenó que se les debe individualizar con nombre, tipo de contrato, estamento al que pertenece, sexo, puntaje, lista de calificación y año, pero dictaminó que no se diera a conocer el RUT de los trabajadores.
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad".
"Se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de labores públicas, no a la esfera privada de los funcionarios".
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Ministras explican a la Contraloría uso de autos fiscales en acto de campaña
Las ministras de Trabajo, Claudia Serrano, y de Cultura, Paulina Urrutia, deberán explicar a la Contraloría, a través de un informe, las razones por las que el 19 de agosto pasado, se retiraron en autos fiscales de un acto de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en el Círculo Español. Ello, pese a existir una prohibición explícita a funcionarios públicos de hacer uso de recursos estatales para participar de actos de campaña.
Así lo solicitó el contralor Ramiro Mendoza a través de un oficio enviado a ambas autoridades el 28 de agosto.
Las respuestas servirán a la Contraloría para definir la procedencia de una investigación sumaria, luego que el diputado RN Cristián Monckeberg recurriera al organismo para denunciar el hecho, que incluso fue catalogado por La Moneda como "un error" de las ministras.
Serrano y Urrutia tienen un plazo de cinco días para enviar sus argumentos.
Resolución establece que el RUT es "secreto o reservado"
Los fallos del Consejo para la Transparencia sobre Fonasa y el Minvu también dictaminan otro tema relevante sobre la protección de datos personales: la entidad indicó explícitamente que la información que entreguen las instituciones estatales no debe incluir el RUT de las personas. "Es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública, y no directamente en un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado", se puntualiza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/03/nacional/politica/noticias/A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29.htm?id={A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29} (El Mercurio)
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