El contralor Ramiro Mendoza estaba ayer en la mañana en la base Cerro Moreno, en Antofagasta, invitado por la FACh para observar la fase final del ejercicio militar "Salitre 2009". A esa misma hora, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, formulaba una dura advertencia a la Contraloría.
"Imagínese lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión. Aquí todos los poderes del Estado tienen que actuar armónicamente", dijo, recordando que el organismo contralor no puede emitir juicios ni investigar las conductas o comentarios realizados por los ministros.
Las palabras de Viera-Gallo se produjeron luego de que trascendiera que la Contraloría modificaría su criterio -expresado en dictámenes anteriores- en el sentido de que los secretarios de Estado no son funcionarios públicos, por lo que sus actuaciones exceden la competencia de dicho organismo.
La noticia generó inmediata preocupación en La Moneda, pues ese había sido el argumento principal del Ejecutivo para responder a la denuncia de intervención electoral presentada hace un par de semanas por la Alianza contra cinco ministros, quienes habían realizado declaraciones públicas a favor del candidato oficialista Eduardo Frei.
La molestia fue ratificada por la vocera de Palacio, Carolina Tohá. "Si alguien quiere poner (las normas) en discusión, este no es el momento para hacerlo, cuando están en su plena aplicación en un período de campaña", afirmó.
Ante esto, el contralor descartó ayer por la tarde -en una actividad al llegar a Santiago- que el organismo bajo su cargo vaya a hacer una "revisión política de los ministros" ni pronunciarse sobre "conductas políticas". Sin embargo, dio una fuerte señal de que su próximo dictamen apuntará a establecer que los ministros sí son funcionarios públicos.
"Puedo hacer todo lo que la ley me ordena y me faculta. Y yo, normalmente, no transgredo la ley", planteó. Y agregó que "lo único que yo tengo que ver son dos cosas: la legalidad del gasto público y la situación de ellos desde el punto de vista de su rol como funcionarios de la administración", aludiendo a que el organismo tiene facultades para revisar la conducta de los secretarios de Estado bajo algunos criterios.
Por ejemplo, explican en Contraloría, al reconocerles la calidad de funcionarios públicos, los ministros podrían ser investigados para verificar si cumplieron o no con el instructivo emanado por el organismo que regula el comportamiento durante la época de campaña.
Esto abre la puerta para establecer eventuales responsabilidades ante la denuncia realizada por la Alianza. "Estamos analizando las situaciones de hecho que dieron origen a esas denuncias e iremos a evacuar nuestro dictamen en el más breve plazo", dijo Mendoza. En Contraloría agregan que la resolución será entregada la próxima semana.
La reacción de La Moneda fue cuestionada desde la oposición. El ex diputado PPD y ahora parte de la Coalición por el Cambio -que apoya a Sebastián Piñera-, Jorge Schaulsohn, afirmó que el Gobierno "escogió presionar por la prensa al contralor general de la República, lo que no se veía desde los tiempos de Pinochet".
RN inicia ofensiva fiscalizadora por ministros en campaña
Veintidós oficios dirigidos a cada uno de los ministros de la Presidenta Bachelet despachó el lunes pasado el diputado RN Cristián Monckeberg junto al jefe de bancada, Joaquín Godoy.
El objetivo de los documentos es solicitarles a los secretarios de Estado que den cuenta de las actividades que cada funcionario público ha desarrollado en la campaña del presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei.
Monckeberg explica que esto se debe a que si bien los ministros participan de la campaña del abanderado oficialista fuera de sus horarios de trabajo, la organización de dichas actividades podría ocurrir durante la jornada laboral, a través de teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Para Monckeberg hay dos hitos relevantes que alimentan las desconfianzas en la Alianza: la autorización de la Presidenta para que los ministros apoyen a Frei y la reunión que Pablo Halpern tuvo con Juan Carvajal en La Moneda en horarios laborales.
"Vamos a fiscalizar hasta las últimas consecuencias", afirmó Monckeberg, quien agregó que en caso que las respuestas de los ministros no aclaren las dudas, recurrirá a la Contraloría para que investigue el tema.
Los antecedentes
Dictámenes previos de la Contraloría en períodos anteriores al de Mendoza indican textualmente que "los ministros de Estado no son funcionarios públicos", algo que fue esgrimido por los secretarios de Estado en su respuesta a la entidad ante la acusación del comando de Sebastián Piñera.
La resolución 17.735 de 1975 (en el período de Héctor Humeres) y los dictámenes 44.672 de 1999 y 48.732 de 2001 (bajo la dirección de Arturo Aylwin) contienen esa frase, lo que quedaría anulado con la nueva disposición que daría a conocer el contralor.
Además, cerca de diez dictámenes desde 1973 -incluido uno del 22 de septiembre de este año, en relación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma- plantean que los ministros no están sometidos a las normas sobre responsabilidad administrativa, que es la que le corresponde determinar a la Contraloría.
Ator: http://diario.elmercurio.com/2009/10/29/nacional/politica/noticias/5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4.htm?id={5FB38B24-47CF-48AE-8A82-FAE66D0B2AD4} (El Mercurio)
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